Labor Parlamentaria

El señor VALDES ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de reforma constitucional de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la duración del mandato del Presidente de la República , con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "Suma", y que en sesión pasada quedó para segunda discusión.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 17a, en 11 de agosto de 1993.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 22a, en 7 de septiembre de 1993.

Discusión:

Sesiones 23a, en 8 de septiembre de 1993 (queda pendiente la discusión); 25a, en 14 de septiembre de 1993 (queda pendiente la discusión); 26a, en 15 de septiembre de 1993 (queda para segunda discusión).

El señor VALDES ( Presidente ).-

Hago presente a la Sala que la sesión se prolongará hasta el despacho de esta iniciativa que, de más está decirlo, preocupa a todos los señores Senadores.

En la última sesión ordinaria en que se trató el proyecto, y aunque estaban inscritos para usar de la palabra, no pudieron intervenir en el debate los Honorables señores Thayer y Jarpa por haberse pedido segunda discusión. Pero, dada la naturaleza de la iniciativa en comento, los Comités acordaron permitir la participación de todos los señores Senadores que quieran hacerlo -ojalá en el tiempo más breve-, a fin de llegar a un resultado que refleje fielmente el criterio de esta Corporación.

En consecuencia, ofrezco la palabra al Honorable señor Thayer en la discusión general del proyecto.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, Honorable Senado, participo en este debate con la conciencia de que nos encontramos ante una iniciativa de gran trascendencia para el país, y respecto de la cual la atención de mis estimados colegas -por motivos muy comprensibles- estará dirigida tanto a los esfuerzos que se han estado realizando para lograr un acuerdo político cuanto a la obligación que nos cabe como Senadores de velar por la elaboración de una legislación adecuada a la normativa constitucional y que, aun cuando se trate de un proyecto de reforma de la Carta, sea coherente con los demás preceptos en vigor.

Tengo la convicción de que el debate precedente se ha caracterizado por una gran confusión y dispersión de criterios, provenientes, a mi juicio, de que la iniciativa ha sido presentada en forma del todo extemporánea; es decir, fuera del tiempo en que correspondía discutir un proyecto de reforma constitucional. Y ésta no es una apreciación meramente subjetiva, pues tanto las exigencias propias de una reforma de esa índole como el delicado proceso que significa una elección presidencial son los factores que fijan plazos dentro de los cuales no es razonable alterar un proceso que está en marcha. Recuerdo haber sostenido en alguna oportunidad que cuando en un hipódromo los caballos ya están en carrera no es recomendable empezar a discutir si la distancia a recorrer en el Derby es de 1.800 metros o 2.400.

Mi primera observación -que alcancé a esbozar en la reunión del 14 de septiembre y para la cual me basé tanto en el mensaje como en los textos aprobados por la Cámara de Diputados y la Comisión pertinente del Senado- es que la iniciativa que se nos propone no contiene una mención específica respecto de su entrada en vigor. Y por este hecho, de acuerdo con las normas comúnmente aceptadas por la doctrina en Derecho Político, entraría a regir "in actum", esto es, desde el momento mismo de su publicación en el Diario Oficial.

Tales precedentes están reconocidos además por antiguos y respetables informes de esta propia Corporación.

¿Qué acontece en el caso del proyecto en discusión, y que es una de las causas de la confusión producida? Como la iniciativa original enviada por el Ejecutivo y aprobada por la Honorable Cámara de Diputados contemplaba la reducción del período presidencial de ocho a cuatro años, y como el mandato del Presidente en ejercicio es también de cuatro años, la eventual aprobación del proyecto no iba a afectar al actual Mandatario, aun cuando rigiera "in actum". Pero al acordar la Comisión del Senado, por mayoría de votos, un período presidencial de seis años, sin determinar cuándo esta medida entraría en vigencia, este texto, que regiría -repito- "in actum", prorrogaría automáticamente por dos años el mandato del Presidente Aylwin , lo que ciertamente no está en la intención de quienes han pretendido legislar, pero sí está en la iniciativa que se presenta a nuestra consideración. Y ello necesariamente obliga a dictar una norma especial que subsane tal omisión.

Esa es la primera corrección que de todas maneras debe hacerse al proyecto, y la cual, a mi juicio, es relativamente fácil de efectuar.

No es ésta, sin embargo, la única dificultad a que puede dar lugar la iniciativa. La segunda situación que se presenta, bastante delicada, es que, supuesto el caso de que ella fuera aprobada hoy en general y particular por el Senado y la Cámara de Diputados, y también por el Presidente de la República , siendo publicada de inmediato en el Diario Oficial, el Congreso Pleno debería reunirse entre el 4 o el 5 de diciembre, o sea, prácticamente al comienzo de la semana en que se llevará a cabo la elección presidencial.

Cuando el Jefe del Estado recibe un proyecto aprobado por el Congreso Nacional, debe decidir si lo promulga o le formula observaciones. Y para adoptar esta importante resolución, que ciertamente constituye para él una gran responsabilidad, dispone de un plazo de 30 días. Por consiguiente, si la iniciativa llega a sus manos el 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 de diciembre, contará sólo con cinco, cuatro, tres, dos, uno o ningún día para decidir si está perfecta o merece algunas observaciones. Si opta por vetarla y devolverla al Parlamento, seguramente no habrá reforma sino hasta después de que el Mandatario electo haya asumido tal vez sus funciones, o haya sido proclamado por el Tribunal Constitucional.

Es deber de quienes tenemos responsabilidades políticas y experiencia en estos asuntos, visualizar los hechos y hacernos una composición de lugar, y, en este sentido, abrigamos serios temores respecto de las condiciones en que se va a encontrar el Presidente de la República . ¡Y, por favor, no pensemos en Don Patricio Aylwin , ni en don Eduardo Frei ni en don Arturo Alessandri , sino en que estamos sentando un precedente sobre un procedimiento de reforma de la Carta Fundamental!

Es muy probable que cuando el Primer Mandatario deba decidir si promulga o no la reforma, si la observa y envía al Parlamento, y si, una vez que haya vuelto del Congreso, convoca o no a plebiscito, las elecciones del 11 de diciembre ya se habrán llevado a cabo, supuesto que no haya una segunda vuelta. Ahora, ateniéndonos al esquema más o menos diseñado, si se diera el caso de que se contara con la mayoría respectiva y el Senado aprobara hoy en general el proyecto, y, por consiguiente, deba ser tratado en particular la próxima semana, el Presidente de la República se va a encontrar en la inconfortable situación de que si promulga la reforma antes del 11 de diciembre, o después de esta fecha, lo hará sabiendo en un caso y desconociendo en otro quién ha resultado elegido. Y subsistiría la delicada situación constitucional de que -hay muy buenas razones para sostenerlo- si lo anterior ocurre después del 11, el Presidente elegido lo fue por un período de ocho años, mandato que no podría ser reducido a cuatro años mediante una reforma promulgada cuatro, cinco, seis, o diez días después.

Aparte el problema jurídico-constitucional, debe considerarse la cuestión política.

No deseo hacer un análisis de cada caso, porque muchas situaciones se derivan de ésta. Se elige un Presidente de la República , al cual, de acuerdo con las normas vigentes, se le solicitó que aceptara ser candidato para después gobernar por un período de ocho años. Dicha postulación fue patrocinada o por acuerdos internos de partidos o por elecciones primarias o por la adhesión de 36 mil ciudadanos independientes. Todo operó sobre la base de ese tiempo. Quienes patrocinaron la candidatura lo hicieron considerando los ocho años. Posteriormente, se declaró y se inscribió por el mismo plazo. Y ahora se encuentra en plena vigencia la campaña electoral, oportunidad en la cual, dentro de una democracia informada, el pueblo soberano, según lo dispone el artículo 5° de la Constitución, tiene el deber de conocer quiénes son los candidatos por los cuales ha de votar, qué viabilidad tienen sus planes o proyectos de Gobierno y qué seguridad da el postulante que propone realizar su programa durante ese período. Pero ni el candidato presidencial, ni el pueblo, ni nadie sabrá hasta después de la elección cuánto va a durar en el cargo el Mandatario elegido.

Pues bien, en Chile somos dados a situaciones vertiginosas, a veces, por muy respetables razones. Por eso, la crítica que estoy formulando también me alcanza como ciudadano.

Recuerdo que en 1989 hubo una discusión relativamente parecida a la actual. En esa oportunidad, se discutió y aprobó una reforma constitucional para rebajar el período presidencial, por una sola vez, de ocho a cuatro años. Y sobre esa base conocida, con plazos fijados en los artículos transitorios de la Carta, postularon los candidatos, entre ellos, el actual Presidente de la República , don Patricio Aylwin .

Hoy el problema puede afectar a los Honorables colegas señores Eduardo Frei y Arturo Alessandri . Que yo sepa ninguno de ellos fue conminado previamente en cuanto a que su candidatura sería apoyada si rebajaba el período presidencial a seis, cinco o cuatro años.

La información que he tenido -y me presumo relativamente mejor informado que el promedio del pueblo soberano de ocho millones de ciudadanos-, fue que todo el mundo supo que la elección presidencial, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución vigente, generaba un Mandatario para gobernar por ocho años.

En el mes de marzo de este año se presentó un proyecto de reforma constitucional, al que se le dio urgencia sólo hace muy poco. No quiero precisar cuándo, porque no deseo hacer ninguna intervención que signifique aplicar el refrán "piensa mal y acertarás". Pero a dos distinguidos colegas -lo señalo, porque ellos no lo dirán, aunque sea para desmentirme-, los Honorables señores Arturo Alessandri y Eduardo Frei , se los hizo postular a una opción presidencial. Pero, después que se inscribieron, que hay una campaña en marcha, que las cédulas de votación ya se encuentran en proceso de impresión, inclusive con el orden que cada candidato ocupará en ella, sucede que a la hora undécima, hasta este mismo momento, todavía no saben si, después de ser elegido uno de los dos -me refiero sólo a ellos, porque son nuestros colegas-, van a gobernar por ocho, seis, cinco o cuatro años.

Confieso que lo anterior es muy grave, pero lo sería más el que el pueblo soberano presencie todo un proceso electoral en el que los candidatos, en las distintas presentaciones por televisión, por radio o en forma directa, deban decir: "Miren, señores, aquí estoy de candidato, no sé por cuánto tiempo; pero, en todo caso, quiero ser Presidente . Voten por mí.". ¡Eso no es serio ni tiene presentación posible!

Y si me opongo a la aprobación de este proyecto de reforma constitucional es por estimar que, una vez más, se está colocando -por decir lo menos- la carreta delante de los bueyes.

Si se desea modificar el período presidencial, nadie puede impedir a los postulantes a la Primera Magistratura o a quienes los apoyan, que incluyan en sus programas la correspondiente reforma a la Carta Fundamental. Pero el proceso electoral en marcha no puede ser perturbado. El caso actual es más grave que eso, porque se va a realizar la elección sin que se sepa cuánto va a durar en el cargo el candidato elegido.

Otro aspecto es aún más grave. Son sólo dos las oportunidades en las cuales el "soberano" interviene directamente en las democracias representativas como la nuestra: en los plebiscitos y en las elecciones generales. Y cuando el pueblo manifiesta su voluntad para elegir a determinada persona en un cargo por cierto tiempo, no parece aceptable obscurecer el proceso informativo de este "soberano" múltiple de ocho millones de ciudadanos y se le vende la vista para que, en el momento de sufragar, no sepa con qué responsabilidad lo está haciendo ni qué efectos pueda tener para el país su voto, como consecuencia de una ley aprobada en forma precipitada o, peor que eso, de una reforma cuyos efectos se conocerán después de la elección.

Pero eso no es todo. Quiero salirme un poco del marco de inquietud de los últimos días, cualquiera que sea el Presidente elegido. Y Sus Señorías saben que yo no he hecho misterio en cuanto a mi opción presidencial: mi estimado colega y amigo don Arturo Alessandri Besa . Sin embargo, tengo un profundo respeto por don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , por muchas razones. Ocupé las Carteras de Trabajo y de Justicia durante la Administración de su padre, de lo cual me honro. Por eso no me parece justo lo que se está haciendo al respecto con él ni tampoco con el pueblo de Chile. Y esta injusticia la podríamos estar cometiendo nosotros, si seguimos con la idea de una reforma constitucional "pegada" a la elección presidencial. Y si no es así, ¿qué va a suceder? Supongamos que el proyecto es aprobado aquí en general con la idea de un período presidencial de cuatro años, pero que, al cumplir un nuevo trámite, quede "durmiendo". Entonces, si en 1994 ó 1995 empieza a agitarse de nuevo esta reforma constitucional, ¿en qué condición política de estabilidad se va a encontrar el Presidente elegido para gobernar por ocho años y a quien se le pueda imputar que, por su inactividad o por su influencia, está postergando la reforma para reducir su período a cuatro años? ¡Eso no puede acontecer!

Por esas razones, estimo que el proyecto en debate ni siquiera debe ser aprobado en general. Aún más: formulo expresa reserva acerca de su constitucionalidad, la que haré presente oportunamente al Tribunal Constitucional, en caso de que se insista en la aprobación de una iniciativa -aunque sea en general- en la cual, según lo que se nos ha presentado, se contrarían sus ideas matrices.

El proyecto tiene por lo menos como ideas matrices la simultaneidad de elección de parlamentarios y de Presidente de la República y la reducción del período presidencial. Pero sabemos que no sólo se ha estado negociando, sino que además la propia Comisión del Senado nos ha propuesto, a modo de indicación, el cambio de una de esas bases fundamentales, porque un período presidencial de seis años en una iniciativa que tiene como idea matriz la simultaneidad de elecciones, o se presenta conjuntamente con la duración del período de los Diputados y Senadores, o no hay ninguna posibilidad matemática ni lógica de celebrar al unísono elecciones de Presidente por seis años, y de Diputados y Senadores, por cuatro y ocho años, respectivamente.

Por consiguiente, en su estado actual, la iniciativa es lo suficientemente antitética y contradictoria -podría agregarse la cuestión de la reelección presidencial, materia respecto de la cual también he oído que está en discusión- como para que, con esos elementos morales, podamos prestar aprobación a la idea de legislar, lo cual supone, por lo menos, concordancia con las ideas matrices, las que aparte de ser poco claras, resultan contradictorias.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, aunque interesante, resulta muy discutible la tesis sustentada por el Honorable señor Thayer sobre las cuestiones de constitucionalidad que Su Señoría formularía a propósito del proyecto de reforma constitucional. Hasta ahora, entendemos que las únicas limitaciones a la Carta derivan de los derechos naturales preexistentes al Estado.

Deseo hacerme cargo de un par de observaciones de carácter formal que el señor Senador ha formulado con relación a esta iniciativa.

La primera, para despejar el error que se deriva de sus afirmaciones en torno de la eventual aplicación al actual período presidencial de la reforma ya aprobada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Si se lee el texto del informe y se pudiera hacer lo mismo con el del mensaje, se observaría que se propone reformar el artículo 25 de la Constitución Política (establece la extensión del período presidencial en ocho años) y no la disposición Vigesimanovena transitoria, inciso final, la cual fija el actual período en cuatro años. De tal manera que, en caso alguno, de aprobarse la reforma -cualquiera que fuese la extensión del mandato-, no podría afectarse el actual período presidencial.

El señor THAYER .-

¿Me permite, señor Senador ?

El señor VODANOVIC.-

Con la venia de la Mesa, con todo agrado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer .

El señor THAYER .-

Señor Presidente, respeto mucho la versación jurídica del señor Senador que me concedió la interrupción -Su Señoría lo sabe-, quien, además, es el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Sin embargo, aunque no se modifique expresamente el artículo transitorio, si se cambia la norma y no se hace la salvedad de que la ley rija después, si la vigencia es "in actu", la disposición posterior estaría modificando a la anterior.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).- 

Puede continuar el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, sobre la extemporaneidad del proyecto, creo que vale la pena recordar que el mensaje fue enviado -me parece- a comienzos de agosto; de modo que durante más de dos meses el Parlamento ha tenido ocasión de discutirlo.

Pero en este caso como en otros existe cierta tendencia a la discusión de los grandes temas legislativos fuera del Parlamento y a la aproximación de los criterios dispares igualmente fuera de él, lo que hace que las grandes ocasiones de la vida republicana (como la que ahora transcurre en la presente sesión) se vean amagadas incluso por la posibilidad de reuniones de subcomisiones de Presupuestos. Dicho de otra manera, todo ya se ha discutido, se ha dicho o callado fuera del Senado, y llegamos a pronunciarnos acá -diría- en forma bastante secundaria, sin mayor trascendencia y majestad, y a lo más a explicitar nuestros criterios largamente discurridos fuera del Parlamento en una votación.

Para nadie es un misterio que hoy día la inmensa mayoría de los legisladores coincide en que el período presidencial de ocho años es excesivo; nadie ignora que las encuestas de opinión pública, en su más alta proporción, revelan una conclusión similar: los chilenos, en su gran mayoría, no quieren un ejercicio presidencial de ocho años, según lo establecido actualmente en la Carta Fundamental.

Nos hallamos frente a un tema que a casi todos les provoca una reacción similar. Y la dificultad se ha originado fundamentalmente por interpretaciones, en mi concepto, erradas de los mecanismos de tramitación para una reforma constitucional. Incluso hemos leído editoriales de contenido muy profundo que han llegado a sostener la imposibilidad de que la Cámara revisora siquiera pueda variar en un ápice lo que se apruebe o sancione en la de origen.

Todo ello conduce, finalmente, a encerrar el debate y a hacer que la proliferación de opiniones, la dispersión de éstas, la materialización de una insólita imaginación legislativa, de la cual hemos sido testigos durante tantas semanas, impida llegar a la convergencia o a la coincidencia de criterios. Hoy mismo somos testigos de cómo muchísimos señores Senadores dan expresión a su inalienable derecho a tener una opinión personal acerca de este tema, y lo manifiestan a través de las más distintas proposiciones, no sólo en cuanto a la extensión del período presidencial, sino en lo concerniente a otras materias que eventualmente podrían ser objeto de reforma constitucional y que no se vinculan inmediatamente con la duración de aquel mandato.

Ello lleva, entonces, a que todos, o casi todos, estando de acuerdo en que el período de ocho años debe reducirse, no logremos confluir en una opinión coincidente que nos permita dar cuenta de nuestro deber de materializar esta reforma constitucional. Pienso que uno de los mayores problemas que ha obstaculizado la posibilidad de una convergencia mayor de pareceres en el Senado ha sido la tendencia de algunos sectores a entender que este proyecto de reforma o cualquier otro abre un verdadero "forado" en la Constitución vigente y pavimenta el camino para que ella sea reiterada y sucesivamente modificada.

La realidad política, Honorables colegas, es muy distinta. Digamos, en primer lugar, que la intangibilidad del texto constitucional ha sido puesta a prueba en distintas ocasiones durante el actual período presidencial. Se han sancionado reformas de una gran envergadura, como la que posibilitó las elecciones municipales o la que finalmente ha permitido consagrar la existencia de una de las instituciones más importantes en Chile: los gobiernos regionales. Se ha advertido la dificultad que nace de la aplicación de la Carta a propósito de otros problemas de mucha relevancia en el trámite y en la discusión legislativa, como, por ejemplo, cuando analizamos la Ley de Presupuestos o cuando intercambiamos opiniones respecto a cuál es el límite y extensión de los respectivos presupuestos.

En fin, paulatinamente se han ido advirtiendo -más allá de las posiciones ideológicas en cuanto al origen y contenido de la Constitución - insuficiencias y vacíos.

Hoy mismo se plantea como un instrumento que colaboraría a la sanción de esta iniciativa la necesidad de robustecer la potestad del Parlamento. Lo hemos discutido muchas veces: la Constitución Política consagra un evidente desequilibrio entre los más importantes Poderes del Estado; de tal suerte que a estas alturas pienso que nadie con buena fe podría afirmar su absoluta eficacia en todos los grandes capítulos de ella y, muy por el contrario, honestamente estimo factible convenir en que se ha ido demostrando la necesidad de reformarla parcialmente.

No está, pues, en juego ante nosotros como un tema central la vigencia o reemplazo de la Carta de 1980. La propia vida ha ido conduciendo nuestro desarrollo institucional por determinados derroteros. Y esa vida nos lleva ahora a la conclusión que recién expreso: no se trata de reemplazar la Constitución, ni tampoco de sustituir hoy ni quizás mañana, algunos de sus contenidos principales, que son los que la fundamentan política y filosóficamente. Se trata simplemente de modificar un capítulo que el propio sentido común aconseja su revisión.

Inexorablemente hoy o mañana un período presidencial de ocho años será objeto de la más ardua discusión. Inevitablemente, si no se aprueba la reforma constitucional que ahora conocemos, éste será un tema que a futuro, al asumir el nuevo Presidente de la República , estará colocado delante de nosotros y del país como una de las materias, no sólo de reflexión académica, sino, lo que es peor, de controversia pública, de polémica política y que ciertamente podría conducir a trastornos institucionales.

Pensemos lo que ocurriría el día de mañana con un Presidente de la República elegido por ocho años al cuarto o quinto año de su mandato en ciertas condiciones políticas, si determinados o muchos sectores, o la mayoría del país, comenzaran a replantearse la extensión del mandato que en ese momento está ejerciendo. Tenemos experiencias próximas de naciones vecinas; contamos con lo que es el fruto de una reflexión inspirada en el sentido común: en la historia del siglo en nuestro país jamás ha existido un período presidencial de ocho años consagrado constitucionalmente, aceptado democráticamente por el conjunto de la nación. Y en el resto del mundo, tampoco hay ejemplos que nos puedan ilustrar en el mismo sentido.

Considero que esto se ha discutido bastante; hemos hablado, reflexionado y polemizado mucho sobre el contenido de la reforma; no es el momento de volver a recapitular las argumentaciones de distinta naturaleza que fundamentan el mensaje aprobado en la Cámara de Diputados, y que ahora conocemos.

Los Senadores de esta bancada, a través de quien los representa en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, dimos el acuerdo para que por mayoría se aprobara la reforma fijando la extensión del período en seis años. A mi juicio, ésa no es la solución óptima. Ciertamente, cualquier período inferior es mejor que el de ocho años. Nuestra opinión ha sido y actualmente es adherir al contenido del proyecto original del Gobierno aprobado en la Cámara de Diputados; vale decir, sustentar la necesidad de que la Constitución debe ser reformada para este caso fijando el período presidencial en cuatro años.

Y, al respecto, queremos señalar muy claramente -¡muy claramente!- que así como cuando existía la posibilidad en este país de períodos presidenciales de 16 años divididos artificiosamente en lapsos de ocho, hoy día tampoco nos gustaría períodos presidenciales de ocho años divididos artificiosamente en dos lapsos de cuatro años cada uno. Porque la factibilidad de aprobar una reforma estableciendo el período en cuatro años y la eventual reelección, en el fondo, implica dejar las cosas cómo en la actualidad. Es la misma jeringa, con distinto bitoque. Por cierto, hay una elección entremedio. Pero nadie ignora que -es la experiencia del mundo contemporáneo-, salvo escasísimas excepciones, los Presidentes se reeligen. Es tal la fuerza del Gobierno, el desequilibrio de poderes, el cúmulo de circunstancias contribuyentes a la reelección de un Presidente en ejercicio que lo haya hecho medianamente bien, que la segunda elección pasa a constituir prácticamente una simple fórmula.

Por eso -lo repetimos con mucha claridad-, estamos por la iniciativa del Gobierno, por acortar el período presidencial a cuatro años y sin reelección y, naturalmente, nos hallamos en condiciones de convenir sobre otras materias, que no siendo estrictamente atingentes a este proyecto de reforma constitucional, evidentemente perfeccionan la institucionalidad.

A nosotros nos parece bien, por ejemplo -como se sugiere-, que haya elecciones directas de alcaldes; puede estudiarse la posibilidad de modificar la fecha de las elecciones municipales para hacerlas congruentes con las presidenciales-parlamentarias.

A nosotros siempre nos ha parecido bien robustecer las atribuciones del Parlamento, y muy en particular recuperar las del Senado cercenadas por la Constitución de 1980. Pero todo ello sobre la base de que nos pongamos de acuerdo en lo esencial, que inspira e ilumina a este proyecto: la necesidad -la gran mayoría del país es también intérprete de ella- de que este desusado período presidencial de ocho años sea reducido a cuatro, y sin reelección del Presidente de la República .

Finalmente, deseo señalar que las objeciones que se hacen en cuanto a la extemporaneidad de la reforma y su eventual consagración formal definitiva pocos días antes o después de la elección presidencial del 11 de diciembre próximo, son absolutamente secundarias. Ciertamente en la próxima semana o en la siguiente el Parlamento podrá haber aprobado en sus dos Cámaras una reforma constitucional. Y la ratificación por el Congreso Pleno es, evidentemente, un mero trámite -importante, sí- establecido en la Carta. Pero nadie podría ponerse en la posibilidad siquiera de que el 9, el 13 o el 15 de diciembre ese Congreso Pleno vaya a alterar o a revocar lo que cada una de las ramas aprobó 60 días antes, porque ello, evidentemente, conduciría a un conflicto político-institucional de imprevisibles consecuencias.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, el proyecto que estamos llamados a votar debe ser analizado tanto en su contenido como en cuanto a la oportunidad en que se discute. Respecto de lo primero, se estima que ocho años es excesivo. Y se produce una verdadera estampida de opinión en tal sentido, que impide examinar si ello tiene verdadero fundamento. Se acude a las encuestas, pero sin debate público alguno que permita a la gente contestar informadamente. Tales sondeos debieran ser precedidos de un debate como el que se está realizando en esta Sala, porque, indudablemente -y quien me precedió en el uso de la palabra lo señaló-, rebajar el período presidencial disminuye las atribuciones del Jefe del Estado frente a las del Congreso. Y yo preguntaría cómo se pronunciaría la opinión pública si la misma encuesta planteara este tema. ¿Se inclinaría por diluir las atribuciones del primero o por fortalecer las del segundo? Creo que la ciudadanía, que es marcadamente presidencialista, analizaría este último aspecto antes de pronunciarse sobre aquél.

En todo caso, es muy relativo establecer si el lapso de ocho años es excesivo o no lo es; hay distintos parámetros para considerarlo. Puede resultar curioso tener en cuenta que cuando se discutió la reforma que implantó el período de seis años, en los años 20, la implicancia de dicho lapso en la vida de un ciudadano chileno medio era que transcurrían cinco gobiernos a lo largo de su vida. Hoy día, en los años 90, con un sistema de ocho años, transcurrirían de ocho a nueve administraciones en la vida de ese mismo ciudadano. Por lo tanto, todo es relativo. Y si en ese entonces la esperanza de vida era de 30 años y ahora es de 68, en el caso de los hombres, quiere decir que guardando la proporción, un régimen de doce años no sería excesivo. Si miramos el caso de cuánto estudia una persona en la actualidad y cuánto lo hacía antes, veremos que hoy pasa mucho más tiempo en las aulas, pero que proporcionalmente es quizás lo mismo o menos de lo que era en los años 20.

Por eso, creo que las cosas deben mirarse en el contexto en que se dan. Predomina en este sentido una visión -diría- economicista acerca del papel del gobernante en la vida diaria. Es cierto que actualmente predominan los economistas en quizás demasiadas materias A este respecto, hay quienes sostienen que la velocidad de los cambios exige que también la haya en la alternancia de los gobernantes. Pero ese concepto de la velocidad del cambio está fuera de contexto, pues lo que en realidad se requiere es la combinación armoniosa entre estabilidad y dinamismo. Y hay casos que lo demuestran. Hoy día, el país que más crece en el mundo es China, a un ritmo de 14 por ciento anual. Y está dirigida por un Gobierno de ancianos y de muchos años. En cuanto a Chile, ha mostrado más dinamismo justamente con el Régimen más largo que ha tenido. Se dice que las administraciones se agotan y pierden dinamismo con el paso del tiempo. La que precedió a la actual mostró que el período de mayor actividad fue precisamente el final.

Entonces, no puede señalarse que la velocidad del cambio debe ser aplicada a la sucesión de gobernantes. Es exactamente lo contrario: el justo equilibrio entre estabilidad en el gobierno y dinamismo en la acción de los ciudadanos es lo que trae el progreso general.

Hay quienes postulan que para minimizar la acción de una administración conviene reducir su vigencia en el tiempo. Esa es una visión corta de vista. A fin de lograr eso es necesario reducir las atribuciones que hoy tienen los organismos del Estado para entrometerse en la vida de los ciudadanos, en lugar de que se pase rápidamente por los cargos para que no se alcance a hacer daño, desde ese punto de vista economicista de mirar las cosas.

Otros sostienen que el país ha introducido modernizaciones y que, por lo tanto, ahora requiere gobiernos de administración, papel que está llamado a desempeñar el próximo. En este sentido, creo que se comete el error de querer fijar la rueda del tiempo en las actuales modernizaciones, muchas de las cuales tienden a quedar obsoletas. Que los regímenes sean sólo de administración, es posible por muy corto lapso, pues generar un sistema institucional en tal sentido es el error más profundo que pueda cometerse, ya que lo que hoy constituye modernización mañana será obsolescencia.

Los factores que deben tenerse en cuenta al momento de determinar el mandato presidencial son, a mi juicio, los siguientes: en primer lugar, que su duración favorezca un buen gobierno, es decir, que dé tiempo para conformar y "afiatar" un equipo, y, luego, aprovechar su experiencia. Yo me pregunto si en un régimen de sólo cuatro años es posible lograr ambos objetivos.

En segundo lugar, la duración del período presidencial debe incentivar el abordar los problemas y refrenar la inclinación electoralista de posponerlos para pasárselos al gobierno siguiente.

Estamos terminando un Régimen de administración. Esta mañana hemos tenido visita a las puertas del Congreso: los huelguistas del área de la salud. La semana pasada fueron los de la educación. Hay conciencia de que los problemas estructurales en estos campos de tanta sensibilidad e importancia en el país no se han abordado. Hay percepción y diagnóstico, pero falta la voluntad política de solucionar tales problemas. Es la misma voluntad que se estrella contra el electoralismo, el que hace prevalecer el interés electoral por sobre el interés general.

Hemos visto el fracaso de la llamada "Ley Aylwin" justamente por tramitarse en vísperas de una elección que ha hecho predominar el electoralismo por sobre el bien común.

Entonces, cabe preguntarse si en un período de cuatro años es posible que un gobierno asuma y aplique el bisturí, que siempre provoca dolor, en aquellos problemas que es necesario solucionar.

En un vespertino que tengo a mano viene una entrevista al Subsecretario de Hacienda , el señor Rodríguez Grossi , quien, al preguntársele qué haría para superar la pobreza, responde que "Transformaría el Ministerio de Educación, que debe tener unos 3.000 funcionarios, en una especie de Superintendencia de Educación, con menos personal. Es probable que se pudiera trabajar, con una enorme calidad, con unas mil personas.".

Ese es el diagnóstico de un funcionario de Gobierno. ¿Y por qué no se lleva a cabo? Por haber elecciones de por medio, que hacen predominar el interés electoral por sobre el interés general.

¿Podrá un régimen de cuatro años solucionar los problemas del país? Esta es una pregunta fundamental. Hablamos mucho del drama de los derechos humanos, del drama de la pérdida de la libertad y de la democracia que se produjo durante 17 años, pero nunca nos detenemos a analizar en profundidad por qué llegamos a esa situación. En mi concepto, fue porque el sistema político era inadecuado, y resultó incapaz de dar desarrollo y armonía al país. De ahí derivó la crisis sobre la cual se dejó caer el ideologismo extranjero. Pero el mal vino de un sistema político inadecuado.

Por lo tanto, si modificamos la Constitución, seamos cuidadosos de no caer en un sistema político impropio, incapaz de abordar las dificultades y dar progreso y abrir horizontes, pues de ese modo podremos estar incubando una futura crisis. A mi juicio, el sistema de gobierno debe ser apto para mantener el dinamismo y evitar el anquilosamiento. Este es un argumento que muchas veces se esgrime contra un período de ocho años. Ya señalé que hay experiencias en el mundo -y también en Chile- que indican que al cabo de ese lapso los regímenes no tienen por qué anquilosarse. Y si además, en el intertanto, hay elecciones parlamentarias y municipales que presionan y, de alguna manera, sirven de veredicto de opinión pública a esas administraciones, el riesgo de anquilosamiento en un período de ocho años no es tal como se plantea.

Naturalmente, la duración del régimen debe tener concordancia con el mandato de los Parlamentarios, de modo de realizar una elección sincronizada y evitar los efectos nocivos que los comicios para elegir congresales tienen en las cercanías de una elección presidencial, por el mismo mal del electoralismo, que daña la estabilidad y el apoyo al gobierno de turno. Los casos de los ex Presidentes Jorge Alessandri y Eduardo Frei fueron una clara demostración de ello, en lo relativo a las inconveniencias, tanto de celebrar un comicio parlamentario muy poco después de la elección presidencial, cuanto de realizarlo uno o dos años antes del fin del mandato, lo que significaba su término en forma anticipada. Pero también hay que poner atención en que el período presidencial debe ser medido en lo referente a su repercusión en el sistema político, de manera de permitir una institucionalidad adecuada.

Un régimen presidencial de cuatro años sin reelección, en un país donde la población tiende claramente a aumentar su esperanza de vida, significará , al poco andar del sistema, la existencia de una pléyade de ex Presidentes, con otra pléyade aun mayor de ex colaboradores, que estará siempre impulsando su vuelta al escenario. Ello implicará una desarmonía con el sistema político y con la institucionalidad política.

Hay cuestiones que se plantean respecto del régimen de ocho años. ¿Qué pasa en caso de un mal gobierno? Diría que cuando ha de venir un gobierno así, los efectos desastrosos a veces se producen al tercer año. En Chile hay experiencia al respecto. Acerca de tal punto, me parece más peligroso que un gobierno enfrente problemas cuando está próximo a su término que cuando está lejano a él. Porque, en el primer caso, reaparece el síndrome del electoralismo, consistente en que, en vísperas de una elección, la Oposición tiende a exacerbar las dificultades del gobernante antes que a acercarse a colaborar en su solución. En un régimen sano, con actores bien inspirados, un período largo favorece más que uno corto la superación de los conflictos.

Se habla de que un mandato extenso envuelve el riesgo de corrupción o el de propender a proyectos fundacionales. Pienso que, cuando existe este tipo de proyectos, en primer lugar, ellos pueden ser buenos y sanos, a no ser que estén situados en un contexto de irracionalidad, como sucede a veces en los países. Chile tiene experiencia de proyectos fundacionales que se han querido establecer en tres años, por lo que tanto un período de ocho, como uno de cuatro o de tres años pudiera resultar igualmente pasto de quienes quieren implantarlos.

Respecto de la corrupción, cuando ella ha de llegar lo hará quizás con más velocidad en un mandato corto que en uno largo, porque, si el que quiere abusar dispone de poco tiempo, sólo actuará con mayor rapidez. Son otros los mecanismos para evitar la corrupción: la fiscalización, entre ellos.

De cualquier modo, el período presidencial de ocho años es discutible. No podemos cegarnos al hecho de que tiene bondades y defectos. Hay que saber identificar igualmente las primeras; por ejemplo, la disposición de ánimo de los actores. Seguramente los partidos políticos serán más cuidadosos al elegir a sus candidatos por ese lapso. Sin duda -eso lo identifico claramente-, los electores actuarán más responsablemente cuando deban decidir en el silencio y la solemnidad de las urnas. Siempre prevalecerá el criterio de la máxima seguridad. Y, después de la decisión, tendrán claro que a partir de ese momento, y por largo tiempo, sus vidas y destinos dependerán fundamentalmente de sus propias acciones. Esto tiene un invaluable efecto político en el desarrollo de los países.

Hay otras opciones. El Gobierno ha planteado un mandato de cinco años, ampliando el de los Senadores a diez y el de los Diputados a cinco. Aparte de impresentable en la oportunidad, tal idea es absolutamente inconveniente para la seriedad y la imagen de esta Corporación, al pretender que se aplique y beneficie a quienes ejercen hoy tales cargos; y es, además, incongruente. En efecto, no tendría ningún sentido considerar largo el período presidencial y, por lo tanto, merecedor de acortamiento; y, a la vez, corto el parlamentario, que necesitaría de prolongación.

El período de los seis años, que se ha discutido, tiene el grave defecto de la desincronización (que tanto daño ha traído al país) del mandato presidencial respecto del de los Parlamentarios.

Existe la posibilidad de los cuatro años con reelección. Es una opción posible. Tiene inconvenientes y méritos. Los primeros, porque, si el régimen es más largo, el gobernante, al poco andar, de alguna manera se va desprendiendo de los compromisos que debió asumir para lograr los apoyos necesarios a su candidatura. Ese Mandatario, libre de compromisos, normalmente resulta mejor. La reelección tiene el inconveniente de que hay que volver a contraer nuevos compromisos. En cuanto a las ventajas, he echado de menos en la exposición del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra la mención de que permitir a la ciudadanía pronunciarse al cuarto año sobre la calidad de la gestión presenta un mérito innegable.

Dicen que hay riesgos de intervención, pero estimo que ellos se evitan de otra manera: con mayores facultades fiscalizadoras, con el establecimiento de medidas precautorias, por ejemplo. No sé por qué no se ha planteado la posibilidad de sincronizar los seis años presidenciales con seis años de mandato para los Senadores y tres para los Diputados. Es armónico. Lo que es largo, extenso, excesivo para el Presidente también debiera ser largo, extenso y excesivo para los Parlamentarios. Por eso, creo que es una opción interesante de analizar.

Es cierto que, para los Diputados, un período preelectoral muy extenso sería inconveniente, como en general lo son esos lapsos largos; pero eso tiene una solución -se la he oído al señor Senador que hoy día preside el Senado-: acortar el plazo que media entre la inscripción de las candidaturas y la elección misma. Porque el país cambia en ese lapso, y no antes. Por consiguiente, la modalidad de Diputados con mandato de tres años y con un plazo estrecho entre la inscripción de las candidaturas y la elección misma, sería una solución bastante práctica.

Esta iniciativa es, además, a todas luces inoportuna. Hemos oído una extensa, profunda y completa exposición sobre ello. Nos encontramos a 60 días de la elección sin que haya consenso respecto de la duración del período presidencial. Estamos votando la idea de legislar, y hemos visto que quien la acogió en la Comisión, hoy no está de acuerdo con aquello que aprobó. No hay consenso en cuanto a qué se va a votar.

He leído en la prensa que un señor Senador -de otras bancas- votaría favorablemente la idea en general y no se pronunciaría respecto del proyecto en particular. ¡Estoy cierto de que se trata de un error de prensa! Pero, de todas maneras, el hecho señala que aquí existe indefinición respecto de cómo se va a legislar en particular, lo que es de la mayor inconveniencia para la imagen y la seriedad con que debe trabajar esta Corporación.

Sin duda, efectuar la reforma a estas alturas es la peor señal de inestabilidad que los actores políticos podemos dar a la ciudadanía. Significa falta de confianza en el sistema político, en la capacidad de sostener un Gobierno por ocho años y de superar dificultades, si las hubiere. Significa falta de fe -como decía un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- en las propias candidaturas que hoy se postulan; es la peor demostración de inestabilidad y de falta de confianza en nuestro sistema que nosotros podemos exhibir en este momento.

Señores Senadores, ésta es una decisión trascendental. Un sistema político erróneo culmina fatalmente en crisis social. Hoy día prima en el país un exitismo frente al cual hay que tener cuidado. Chile soporta problemas sociales muy profundos. Si la nación no se activa, no será capaz de solucionarlos. El país reclama modernización muy necesarias. No son producto de ideologismo, de obcecación o de perfeccionismo; son necesidades reales, y si no somos capaces de atenderlas, Chile se va a anquilosar, la tasa de crecimiento decrecerá, y no vamos a dar solución a los problemas de la gente más modesta. Si sembramos la desesperanza, no cabe duda de que sobrevendrá la crisis social, porque siempre hay agentes dispuestos a cosechar la desesperanza para sus arcas.

Por eso, llamo al Congreso, al Senado, a ser especialmente cuidadosos con esta reforma que se está llevando a cabo. Llegar al régimen de cuatro años es a todas luces inconveniente, aparte que la oportunidad elegida para legislar es la peor que pueda darse.

En consideración a lo expuesto, señor Presidente, mi voto será negativo.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, tal como lo han señalado los Honorables colegas, este debate es muy importante para el país, para todos los efectos de participación ciudadana. El problema requiere de un análisis profundo, por cuanto lo que podamos resolver hoy día estará vinculado, con toda evidencia, al proceso natural de participación de las personas en la elección de las más altas autoridades del país.

Sin ánimo de complicar más las cosas, debo expresar, sí, que realmente lamento que la Sala cuente con tan escasa concurrencia de señores Senadores, especialmente de las filas de Gobierno, que se han ausentado seguramente por otras obligaciones. Esto me permite pensar que, tal como lo señalaba el Senador señor Vodanovic al iniciar su intervención (con lo que estoy en absoluta concordancia), parece que de repente surgen acuerdos sin que se discutan en la Sala, sin que las expresiones, las ideas, los aspectos esenciales del debate lleguen al conocimiento público. Es muy importante señalarlo, no para desatar conflictos, sino por ser una realidad. Estamos analizando un aspecto básico referente a la ley fundamental de Chile, que es la Constitución Política de la República.

Tengo temor, también, a los apresuramientos. Este proyecto ingresó al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados, el día 3 de marzo pasado. Han transcurrido varios meses, y perfectamente podríamos haber discutido más a fondo los antecedentes, sin las urgencias que ahora el Ejecutivo establece para realizar una votación prácticamente en el día de hoy.

El 11 de agosto la iniciativa llegó al Senado, y el 7 de septiembre se conoció en la Sala el informe respectivo. Para una reforma constitucional, sin duda éstos son plazos muy breves.

Por las razones y antecedentes que voy a entregar más adelante, me parece importante que nos detengamos brevemente a apreciar la situación, para que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con otras reformas constitucionales, como es el caso de la que posibilitó la creación de gobiernos regionales y, m5ás concretamente, la relativa a la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, con motivo de la cual, y para los efectos de la rapidez en su despacho, los presidentes de todos los partidos políticos firmaron un acuerdo -que se elaboró aquí mismo, en la Sala del Senado- tendiente a establecer un procedimiento para la elección de alcaldes y concejales. Empero, ello se hizo a espaldas del pueblo, porque el país estuvo disconforme con tal fórmula. Y posteriormente fuimos testigos, en alrededor de 60 ó 70 municipalidades, de un dantesco espectáculo de luchas y conflictos por obtener el tan ansiado cargo ejecutivo de alcalde en las respectivas comunas.

Esas fueron situaciones reales y hay que tenerlas presentes.

Ahora bien, con respecto a la idea general del proyecto, es efectivo que la comunidad chilena -así también lo he notado- tiene la impresión de que el mandato presidencial por 8 años es excesivo. Y creo -interpretando, quizás, a la ciudadanía- que esa percepción es correcta, sin perjuicio de que al país no le interesa que el período presidencial sea de 4, 5 ó 6 años. Las discusiones y opiniones sobre el particular son variadas. No hay consenso a este respecto.

Al país tampoco le interesa, o lo estima inoportuno, que se estudie o apruebe una iniciativa por la cual el mandato de los integrantes de una rama del Congreso: del Senado de la República, tenga una duración de 10 años. A mi parecer, éste es un lapso extraordinariamente largo.

En definitiva, desde mi punto de vista, el debate suscitado en torno del período presidencial no se ha desarrollado a cabalidad, por el solo hecho de que se ha pretendido fijar un plazo determinado sin considerar, asimismo, las otras materias que de éste se desprenden.

A mi juicio, por los efectos propios de la ley en proyecto, los temas que deben resolverse son el tiempo del período presidencial, que es el centro de esta discusión, y, en seguida, la fecha de las elecciones parlamentarias, la que dependerá de la decisión anterior; la fecha de los comicios de alcaldes y concejales; el lapso de permanencia de los ex Mandatarios en el Senado. El artículo 45 de la Carta señala claramente que "Los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua," formarán parte del Senado. Por consiguiente, la aprobación de cualquier término inferior a 6 años implicará, sin lugar a dudas, la marginación de esa norma constitucional. Y la situación del ex Primer Mandatario y del actual, señores Pinochet y Aylwin , también deberá considerarse en el caso de la reforma del artículo señalado.

A lo expuesto es preciso agregar otro elemento importante cuando se analiza el tema de la participación ciudadana en un acontecimiento tan relevante como la elección de Presidente de la República y la relación que ésta debe tener con la de parlamentarios: la revisión, en la forma más completa posible, y sobre la base del proceso de regionalización, de la alternativa de realizar pactos políticos regionales.

Como dije, un período presidencial de 4, 5 ó 6 años incide en la oportunidad del resto de las elecciones y en lo estatuido en la Constitución acerca de la permanencia de los ex Jefes del Estado en esta rama legislativa, quienes integran el Senado de la República si han cumplido funciones ejecutivas a lo menos durante seis años. Si dicho mandato se fijare en 5 ó 6 años sin modificar, al mismo tiempo, la duración de los demás cargos públicos de elección popular -parlamentarios y concejales-, los chilenos tendríamos comicios en 15 de los próximos 20 años, situación que nadie podría soportar.

El hecho de que el Ejecutivo haya propuesto un mandato presidencial de 4 años -lapso que muchas personas aceptan- sin contemplar, simultáneamente, la enmienda del artículo relativo a la permanencia de los ex Mandatarios en el Senado, permite suponer que rechaza de plano tal alternativa. En mi concepto, también es preciso examinar esta materia, pero hasta el momento ella ha estado ausente del debate público.

Por otro lado, la mantención del esquema de que los Diputados duren 4 años en sus cargos y 8 años los Senadores, con un período presidencial que igualmente se extienda por ese último lapso, obliga a efectuar los comicios parlamentarios juntamente con los municipales, de modo que se produciría un verdadero festival de elecciones en caso de no hacer las modificaciones correspondientes en forma completa. En virtud de lo anterior, surge la natural inquietud en cuanto a las bondades de un sistema electoral que politizaría aun más las elecciones locales, lo que la opinión pública estima negativo.

Al abordarse el tema electoral concerniente a uno de los estamentos públicos, el de Presidente de la República -y en el entendido, por las razones ya dadas, de que no puede discutirse aisladamente-, de una revisión amplia necesariamente emerge la conveniencia de la separación electoral entre concejales y alcaldes. Esto es aceptado, o, mejor dicho, solicitado por la inmensa mayoría de los chilenos, con el objeto de evitar, entre otras cosas, el espectáculo público que significó, en muchos municipios la designación del jefe comunal.

En resumen, en el análisis del mandato presidencial, cualquiera que sea su duración, deben tenerse presentes los puntos anteriormente citados. No hacerlo implica omitir la consideración de asuntos de enorme trascendencia para la administración del país y la participación ciudadana.

Digo esto, señor Presidente, porque si bien es cierto que hoy el debate se desarrolla en torno a la idea de legislar o no sobre la materia, en un proyecto de artículo único evidentemente se están excluyendo los otros aspectos a que me he referido y que me parecen fundamentales para coordinar la elección de Primer Mandatario con las demás.

Mi opinión es que el período presidencial de 8 años, contemplado en la Constitución, es demasiado extenso. En todo caso, he recogido las expresiones del Senador señor Prat, quien ha entregado una serie de antecedentes de fondo que yo desconocía y que, por la importancia que revisten, requieren ser analizados más detenidamente. Ellos plantean -en especial los contenidos en la primera parte de su intervención- cuestiones de interés, no sólo en lo atinente a la Administración del país, sino, también, a aspectos sustanciales de los ámbitos social, cultural y político, que se encuentran reflejados tanto en el desarrollo de Chile, a lo largo de su historia, como en el de otras naciones.

A mi modo de ver, sería positiva la separación de las elecciones locales, respecto de las que se destinen a llenar cargos de carácter nacional. Si finalmente se aprobare un mandato presidencial de 6 años, obligadamente los comicios municipales tendrían que realizarse en conjunto con los de parlamentarios, lo que se observa como un factor negativo por los chilenos. En cualesquiera de las alternativas, la elección de alcaldes y concejales deberá efectuarse separadamente, sin embargo.

Asimismo, observo positivamente la idea de que los ex Presidentes de la República , al término de su mandato, sean Senadores por el mismo número de años que dure su período. Si éste es de 5 años, serán Senadores por un plazo similar. Para el país y para esta rama del Congreso es importante contar con su concurso. Y, por ello, es necesario considerar la situación de los dos ex Presidentes que el país tendrá en el momento en que eventualmente rija una reforma constitucional como la que nos ocupa.

El período presidencial de 5 años -que también se ha sugerido- obligaría a aumentar a 10 años el de los Senadores, lo que parece excesivo. Si esta última posibilidad se extendiera a quienes en este momento desempeñamos el cargo, los que fuimos elegidos para 8 años cumpliríamos funciones por 9 años. Como esto es impresentable para quienes nos hallamos en esa situación, mi votación sería contraria. Y si finalmente se aceptara, con motivo del estudio general, el período presidencial de 5 años, sostengo enfáticamente que los Senadores no deberían ir a la reelección, lo que apoyaría, incluso, en la condición actual de 8 años.

Señor Presidente, espero que el Ejecutivo tome en cuenta estos aspectos y retire la urgencia al proyecto. Los antecedentes constitucionales nos llevan a manifestar la inquietud -ya expresada por algunos señores Senadores- de que esta reforma sea ratificada por el Congreso Pleno en una fecha demasiado inmediata a las próximas elecciones presidencial y parlamentaria, o con posterioridad a ellas, lo que, en mi concepto, también es negativo, por los motivos que a continuación señalaré.

Es necesario, entonces, que se retire la urgencia al proyecto, con el objeto de que podamos dedicarnos, con calma y responsabilidad, a debatir a fondo todas las alternativas, y sin perjuicio de la conveniencia de invitar a cada candidato a la Presidencia de la República a que emita su opinión. De ese modo, ante la eventualidad de que llegue la fecha de la elección y no se haya dilucidado el problema -lo que a estas alturas es casi una realidad-, el asunto podría ser resuelto con pleno conocimiento de la ciudadanía. Sería vergonzoso que el elector concurriere a sufragar sin que supiera a ciencia cierta la duración del período por el cual se elegirá a la Máxima Autoridad del país, y tampoco -según el contenido de la reforma- la de aquel que corresponderá a los propios Parlamentarios, Diputados y Senadores.

Por último, cabe advertir que el precepto en estudio tendría carácter retroactivo. Si bien en Derecho Público la norma actúa desde el acto de su promulgación, hay que tomar en cuenta que la ley vigente constituye, de hecho, un "contrato público", con reglas del juego claras en sus disposiciones, las cuales fueron conocidas y aceptadas por todos aquellos que participaron previamente en la elección de los candidatos a la Presidencia y al Parlamento, hasta la inscripción de éstos. Como ese efecto retroactivo tampoco se ha sometido a un análisis más profundo, debería incluirse en el debate a que he hecho mención.

Nada más, señor Presidente .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las fundadas exposiciones que han hecho algunos Honorables miembros del Senado acerca de una materia de tanta trascendencia como la que estamos examinando.

Voy a referirme a aspectos -diría- prácticos, relativos a la aplicación de determinadas ideas que aquí se han expresado. Pero, antes, desearía que quien representa -por cierto, con mucha inteligencia- al Ejecutivo en esta Sala me pudiese confirmar si es efectivo que el Gobierno enviará próximamente al Parlamento algunos proyectos de ley, o de reforma constitucional, relacionados con la elección, separada e independiente, de alcaldes; con mayores atribuciones fiscalizadoras para la Cámara de Diputados, materia en la que se rebajarían los quórum que se necesitan para conformar las Comisiones respectivas; con la elección separada de concejales, respecto de las parlamentarias, y con el propósito de efectuar siempre -cualquiera que sea la solución que se dé al problema del mandato del Presidente de la República - conjuntamente las elecciones presidencial y parlamentarias.

Se me ha informado que ésas serían las bases para un acuerdo.

Quisiera saber si, de aprobarse el proyecto en discusión, que reduce el período presidencial, existirá la seguridad de que las enmiendas indicadas también se aprobarán.

Señor Presidente, antes de continuar con el uso de la palabra, me gustaría tener la certeza de que las cosas están planteadas en ese terreno en este momento.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Ministro señor Enrique Correa.

El señor CORREA ( Ministro Secretario General de Gobierno ).-

Señor Presidente, pensaba intervenir al final del debate, para formular algunas consideraciones en nombre del Gobierno. No obstante, las haré ahora, ya que así lo solicita el Senador señor Jarpa .

En primer lugar, coincidimos con el propósito de legislar en favor de la elección directa de alcaldes; segundo, hemos estado siempre -como lo afirmó en esta Sala el Ministro señor Boeninger - por mantener la simultaneidad de las elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios; tercero, nos parece bien- que, al igual como ocurre ahora, los comicios municipales no se realicen al mismo tiempo que los presidenciales y parlamentarios, porque es positivo subrayar el carácter específico del municipio y su diferencia con la naturaleza de la instancias propiamente políticas de nuestro sistema institucional; cuarto, no tenemos objeción y estamos dispuestos a contribuir legislativamente al fortalecimiento de las facultades fiscalizadoras del Congreso Nacional, por cuanto esto es bueno para el prestigio y la transparencia de nuestro sistema político.

Por otro lado, señor Presidente , el Senado conoce bien la opinión del Ejecutivo con respecto a la duración del mandato presidencial, la cual está expresada en la redacción original del proyecto de ley que el Presidente de la República sometió a consideración del Parlamento y que fue defendida en esta Sala por el Ministro señor Boeninger .

He dicho.

El señor VALDES (Presidente).-

Puede continuar con el uso de la palabra el Honorable señor Jarpa.

El señor JARPA.-

Agradezco al señor Ministro que nos haya aclarado estos puntos. Pero no entiendo por qué esas iniciativas están condicionadas a la aprobación del proyecto en estudio, en circunstancias de que son muy interesantes y de que con ellas coincide el Gobierno, al igual que la totalidad de los miembros de esta Corporación, y, tal vez, de la Cámara de Diputados, en lo que se refiere a las atribuciones fiscalizadoras.

Yo pregunto si es necesario que estemos negociando algo que evidentemente sirve al país. Si no se aprueba lo propuesto por el Gobierno en este momento, en el sentido de acortar el período presidencial, ¿podría significar que el Ejecutivo no enviará dichos proyectos, porque deja de considerarlos convenientes para el país?

Me gustaría que el señor Ministro precisara en qué terreno se están planteando estos temas: si estamos frente a una negociación o si constituye una voluntad firme del Gobierno la de llevar adelante aquellos propósitos de bien público.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor CORREA (Ministro Secretario General de Gobierno).-

Señor Presidente, es la misma bancada del Honorable señor Jarpa la que nos ha propuesto sostener conversaciones, a lo que nosotros, naturalmente, hemos estado dispuestos. Como es obvio, nunca accederemos a algo en lo que no estemos de acuerdo.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, espero que lo manifestado por el señor Ministro sea un avance en cuanto a dejar establecido que el Gobierno estima que tales proyectos resultan convenientes, para que luego los veamos en el Congreso.

Ahora bien, con respecto a la reforma para reducir el período presidencial, cabe observar que se han dado todos los antecedentes que demuestran su inoportunidad. No estoy diciendo que sea inconveniente llevarla a cabo -posiblemente es muy necesaria-, sino que objeto el momento en que se plantea, ya que los plazos de que se dispone y todos los requisitos que deben cumplirse antes de que se realice la elección constituyen un problema que me parece imposible superar. Por lo tanto, aparecemos legislando con una urgencia que no tiene explicación para la opinión pública, salvo la de acortar como sea el mandato del próximo Presidente de la República .

Se ha dicho que la inmensa mayoría de los chilenos está de acuerdo con la reforma. Sin embargo, en las encuestas he podido comprobar que entre los diez o quince temas de mayor interés y preocupación para la opinión pública no figura la reducción del período presidencial.

Pienso que lo apropiado es que sean los mismos candidatos -todos, muy respetables- quienes establezcan en su programa si, de ser elegidos, propondrán el acortamiento de su mandato presidencial. El hecho de que resolvamos esta materia nosotros, integrantes de un Congreso próximo al término del período legislativo -salvo el caso de los Senadores que duran 8 años en su cargo-, y cuando el Gobierno se encuentra en las postrimerías, va a sentar un precedente funesto. Porque el día de mañana un Jefe del Estado podría interesarse, si aspirara a ser elegido nuevamente en el futuro, en la reducción del período de su sucesor, con el objeto de volver luego a La Moneda.

Señor Presidente , yo me pregunto qué situación se plantea si en víspera de una elección se le acorta a la mitad el mandato presidencial a un candidato que se sabe que será elegido, ya que cuenta con el apoyo de la gran mayoría de la opinión pública. Creo que eso implica falta de seriedad y atenta gravemente contra la estabilidad que deben tener las disposiciones constitucionales.

Hemos escuchado a un señor Senador notificarnos que no se aceptará ninguna proposición que difiera de los cuatro años para el período presidencial, sin reelección, y que si la reforma no se lleva a cabo ahora, el año próximo podría haber -y lo dijo textualmente- "graves problemas políticos". ¿Qué graves problemas políticos podrán producirse? No lo sé. ¿Habrá una revolución? Lo ignoro. Estas notificaciones no contribuyen a mantener un ánimo constructivo en los debates. Puede haber gente que sienta mucho temor ante una amenaza de ese tipo -no es nuestro caso-, pero creo que tal recurso no constituye un buen argumento.

Finalmente, deseo preguntar qué votaremos ¿Vamos a rechazar el texto propuesto por el informe de la Comisión, que establece un mandato presidencial de 6 años? Hago la consulta porque entiendo que algunos señores Senadores que en la Comisión votaron por ese período hoy día son partidarios de 4 años. ¿Qué pasará en relación con los 6 años, si se nos ha notificado que el Gobierno y determinados colegas no aceptan un mandato por ese lapso?

Señor Presidente , no quiero hablar de falta de seriedad, pero no veo ninguna concordancia entre lo que se está planteando y lo despachado por la Comisión; entre lo que votaremos y lo que se pretende hacer luego de la aprobación en general. Observo que existe una enorme confusión al respecto, y no me extraña que la opinión pública no entienda nada, en definitiva. Porque anteriormente fuimos criticados quienes propusimos un mandato de 6 años, pero ahora ello fue aprobado por la Comisión de Constitución. Y, cuando hay Senadores dispuestos a votar por los 6 años, aquí se nos notifica que el Gobierno no acepta ninguna proposición distinta de la que postula 4 años...

El señor VODANOVIC .-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega, por cuanto he sido aludido por Su Señoría?

El señor JARPA.-

Con mucho gusto, señor Senador, con la venia de la Mesa.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Vodanovic.

El señor VODANOVIC .-

Muchas gracias.

En primer lugar, deseo señalar que del contexto de mi intervención y de mi modesto currículum, en el que no figura el ejercicio de ningún cargo de autoridad ejecutiva, ni menos de orden público, jamás podría presumirse que pretendo amenazar o causar temor al Honorable colega o a algún señor Senador.

En segundo término, quiero aclarar que consta en el informe mi votación favorable a que se consagre un período de 6 años, lo que fundamentalmente ha perseguido el solo efecto de que pudiésemos discutir la idea de legislar. Es algo que he reiterado en el Hemiciclo. Y ciertamente me he permitido exponer que la posición de nuestra bancada se inclina por el proyecto original del Ejecutivo, que contempla un período de 4 años, sin reelección.

El vaticinio de los conflictos políticos institucionales que pudieran generarse no deriva de ninguna particular predisposición a ser "pitoniso", sino de la simple lectura de lo ocurrido en cualquier parte del mundo cuando se recorta un período presidencial en ejercicio.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, agradezco mucho al Honorable colega su aclaración; pero ahora entiendo mucho menos el asunto. ¿Votaremos la proposición de 6 años contenida en el informe? Si es rechazada, ¿tendremos que dejar de lado el estudio del proyecto y esperar que sea tratado el próximo año, con un Gobierno y un Congreso nuevos? ¿Se recurrirá a la vía de las indicaciones para cambiar el período de 6 años por uno de 4 años e incluir todo lo que se estime conveniente? Realmente, no entiendo qué juego se pretende llevar adelante con este sistema.

Por lo tanto, señor Presidente, no me queda más que votar en contra del proyecto, porque creo que en esta materia se advierte una falta absoluta de seriedad.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, el tema fue tratado con seriedad por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Lo digo porque en algunas oportunidades caemos en posiciones que no siempre pueden considerarse objetivas.

En este caso se trata de un asunto controvertible, en el cual caben distintas opiniones, todas ellas perfectamente legítimas, que a mi juicio no afectan a ningún principio esencial de la Constitución Política de la República, sin desconocer su importancia.

La Comisión Política de Renovación Nacional, de la cual formo parte en representación de los Senadores del Partido, se pronunció expresamente acerca del asunto en cuestión, y lo mismo hicieron nuestros Diputados, prácticamente en forma unánime.

Hoy el Senado debe votar la idea de legislar.

Se ha planteado el problema de la oportunidad, con razones de peso. Sin embargo, debemos evaluar qué es más importante: si las circunstancias del tiempo en que estamos legislando -sin duda, ésta no es la ocasión ideal-, o resolver el tema de fondo, cual es determinar si al país le conviene o no un período presidencial prolongado, que la experiencia indica como especialmente desgastador cuando se trata del ejercicio del poder, habida cuenta de lo ocurrido en el campo internacional.

En lo personal, he sostenido desde principio que un período extenso resulta in-conveniente, máxime si el pueblo soberano no escoge bien a su gobernante.

Debo reconocer, sí, que el debate sobre el punto será recurrente, como lo demuestran nuestra historia y nuestra evolución republicana. Hemos tenido todo tipo de experiencias en materia de períodos presidenciales.

Por otra parte, los cambios constitucionales que hemos acordado, e incluso impulsado desde estas bancas, como es el caso de las reformas dirigidas a regionalizar y descentralizar el país, son una expresión de flexibilidad y no de inestabilidad.

Hay reformas y reformas, señor Presidente . Unas constituyen modificaciones esenciales; otras, no. En este caso, a mi juicio, estamos ante una de estas últimas. Sostener lo contrario sería comparar la enmienda que nos ocupa con el reemplazo de todo el sistema político y económico que nos rige y que asegura la Constitución, o con alteraciones en las garantías individuales consagradas en nuestra Carta Fundamental (por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o el derecho de propiedad). Nadie podría efectuar hoy día semejante parangón.

La duración del mandato presidencial es un tema debatible, en el que son perfectamente aceptables las opiniones divergentes.

En mi concepto, para que los gobiernos lleven a cabo obras positivas no se requiere mucho tiempo, sino voluntad y decisión.

Hemos estimado conveniente poner en el tapete planteamientos destinados a perfeccionar nuestra institucionalidad. El señor Ministro ya dio respuesta a las interrogantes que le formuló un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.

Para evitar la inoportunidad, desde hace algún tiempo nos hemos manifestado partidarios de un período de entre cuatro y cinco años. Sin embargo, este último no es presentable. Porque si aceptamos la simultaneidad de la elección presidencial con la parlamentaria, no resulta admisible que estemos autolegislando para prolongar nuestro mandato. Y los cinco años no sólo provocan el problema de la mala presentación: con ellos, además estaríamos faltando gravemente a un valor ético.

Se han colocado en el debate temas extraordinariamente importantes. A mi juicio, no puede ser más relevante que en una democracia participativa los alcaldes sean elegidos en forma directa, en elección simultánea con la de concejales, pero independiente de éstos. Esta idea se ha venido planteando en términos genéricos. Y, para no perder oportunidad -siempre se podrá decir que es inoportuna-, prefiero colocarla hoy en el tapete, con el fin de resolver el punto cuanto antes.

Que las elecciones municipales se realicen siempre en forma separada de las elecciones parlamentarias y de Presidente de la República, en años calendarios distintos, garantiza que no vamos a llevar un problema político al ámbito de la administración comunal, que es eminentemente técnico. Y, como no quiero que el día de mañana se diga que es inoportuno hacerlo, prefiero poner el tema en el debate hoy.

Por otro lado, garantizar que las elecciones parlamentarias y de Presidente de la República se efectúen siempre en forma conjunta es aceptar que hoy, en forma oportuna, nos estamos planteando ante un asunto que será debatido en lo futuro y sobre el cual existen posiciones discrepantes.

Quiero que la opinión pública sepa que este tipo de asuntos se discuten en el Senado de modo transparente y no en un pasillo o detrás de una puerta, porque son cuestiones que deben ponerse encima de la mesa cuando se realizan debates de esta naturaleza.

Empero, hay una materia mucho más importante aún que las ya señaladas, que dice relación a la posibilidad real de otorgar mayor poder de fiscalización a la Cámara de Diputados. Porque si uno analiza las facultades de esa rama del Parlamento en cuanto a la creación de comisiones investigadoras y a los quórum requeridos, no cabe la menor duda de que queda con un sabor amargo al apreciar las limitaciones que tienen al respecto las minorías frente a las mayorías.

Creo que debemos perfeccionar nuestra institucionalidad, lo cual siempre es oportuno. Nunca es inoportuno introducir mejoras al ordenamiento vigente si procuran transparencia y participación real, tanto de los sectores mayoritarios como de los minoritarios.

Señor Presidente, soy partidario de un período presidencial de cuatro años con reelección, pues el de cinco se hace prácticamente imposible, por el ya mencionado problema de la autolegislación. Con un mandato de cuatro años con reelección, en cambio, nadie podría afirmar que estamos cambiando las reglas del juego. Porque si uno de los actuales candidatos a la Primera Magistratura resultara electo y lo hiciera bien, podría gobernar hasta ocho años en el más alto cargo del país.

Si aprobamos un mandato de ocho años y el gobernante resulta malo, ¿cómo lo convencemos de que renuncie a completar el total de su período?

Todos tenemos pleno derecho a mantener posiciones discrepantes en esta materia, y nadie puede aseverar que no gozamos de la independencia y la libertad necesarias para manifestar las opiniones que estamos exponiendo.

Votaré a favor de la idea de legislar, señor Presidente.

El señor HORMAZABAL .-

Señor Presidente, en el interesante debate suscitado a raíz del proyecto se han dado argumentos de distinta índole: históricos, políticos, sociales. Y hemos intentado escucharnos con el fin de cumplir uno de los objetivos esenciales para los cuales se nos eligió: tratar de obtener una legislación que sirva al país reflejando el máximo de acuerdos posible.

Se ha argumentado en cuanto a la oportunidad de modificar la duración del mandato presidencial y al motivo que impulsó al Ejecutivo para pretender hacerlo.

Si uno quisiera recapitular a estas alturas, debería decir, por ejemplo, que el Gobierno realizó una serie de consultas políticas. Las hizo con los partidos de la Concertación, los cuales expresaron su acuerdo.

Las hizo con la Oposición, y sectores importantes de ella dieron su asentimiento.

Este no es sólo un problema de imagen, sino también de realidades. Y consta en los antecedentes que obran en poder de Sus Señorías que los Diputados de la Concertación y los de Renovación Nacional aprobaron sin conflictos el proyecto.

Demostración de mayor espíritu de concertación y de convergencia, ¡dónde! La Cámara de Diputados otorgó un rotundo respaldo a la iniciativa del Ejecutivo. Y, adicionalmente -hubo diversas declaraciones en tal sentido a los medios de comunicación-, la Comisión Política de Renovación Nacional y las direcciones políticas de la Concertación manifestaron su aprobación.

Tanto el Gobierno como los partidos de la Concertación entendieron que se estaba produciendo un primer gran acuerdo, el cual se explicitaba en la votación efectuada en la Cámara Baja.

En el transcurso del debate en la Cámara Alta volvió a traslucirse la actitud responsable con que Senadores de distintas colectividades abordamos el tema. Hubo opiniones diferentes acerca de lo aprobado en la Cámara de Diputados -surgieron, por ejemplo, desde las bancas de la Democracia Cristiana-, como asimismo criterios divergentes de parte de distinguidos señores Senadores de Oposición.

Esto no es novedad, señor Presidente, porque hemos aprendido a reconocernos la capacidad de tener diversas opiniones. Y sería innumerable el relato de las ocasiones en que Senadores de diferentes partidos hemos votado sin considerar nuestra posición geográfica-política respecto del Gobierno.

Sin lugar a dudas, nos hemos demorado -quizás más de lo necesario- en el propósito de lograr un acuerdo sobre el particular, demostrando de nuevo capacidad para entendernos. Durante el debate hemos escuchado argumentaciones muy variadas. Por ejemplo, la propuesta de acortar el período presidencial a cinco años fue formulada por Senadores tanto de Renovación Nacional, como de la Democracia Cristiana y de otras bancas, en el espíritu de buscar acuerdo. Y la opción por ese lapso no fue producto del azar: dicho período se halla inserto en la historia constitucional de Chile. Cuando se estudia desde el primer Estatuto, de 1823, hasta la Carta de 1980, queda claro que durante casi cien años de ordenamiento constitucional existió el mandato presidencial de cinco años; que hasta 1871 hubo la posibilidad de reelección por un período similar, y que a partir de ese año se suprimió dicha posibilidad.

Por consiguiente, pensamos que fue legítimo y bien inspirado el planteamiento hecho por Senadores de nuestro Partido y de otras colectividades en cuanto a buscar un acuerdo sobre el período presidencial de cinco años.

Hemos llegado al final del camino sobre la base de otras propuestas. Pero ellas -lo digo con franqueza- no están fundadas, desde el punto de vista de la Concertación, en la desconfianza. ¿Qué desconfianza vamos a tener los democratacristianos, por ejemplo, quienes, de entre hombres valiosos, escogimos por unanimidad a Eduardo Frei como el mejor para representarnos en este momento histórico? ¿Qué desconfianza vamos a tener luego de que, en un acto hermoso, 500 mil chilenos -¡500 mil!- demostraron su fe en que la Concertación sería capaz de elegir al candidato a la Presidencia de la República de entre hombres idóneos presentados por distintos partidos?

Hay una confianza reiterada, reconocida por un distinguido señor Senador de Oposición qué señala que, tal como van las encuestas y los antecedentes, lo más probable es que tengamos el orgullo de que un Senador de estas bancas y de la Concertación ocupe la Primera Magistratura en el período siguiente.

Y nos estamos planteando en esa perspectiva con la autoridad moral de Eduardo Frei, de sus camaradas de Partido y de sus amigos de la Concertación, preocupados por la gran tarea de cómo seguir manejando Chile en forma compartida.

No existe desconfianza, salvo que se esté pensando utilizar este elemento con fines electorales.

Honorables colegas, les garantizamos -¡les garantizamos!- que, por 8, 7, 6, 5, 4 ó 3 años, Eduardo Frei en la Primera Magistratura será el Presidente de todos los chilenos. Les garantizamos que, cualquiera que sea el período de su mandato, buscará los acuerdos con otros chilenos. Porque las experiencias dolorosas que hemos vivido nos han enseñado que esto no depende del número de años ni del porcentaje de votos obtenidos: ello surge de la convicción más profunda que tenemos en la Concertación de que Chile no nos pertenece sólo a nosotros. Somos una parte relevante de la sociedad, enclavada en el alma del pueblo; pero sin la necesaria colaboración de otros sectores este país no progresa y no da solución a la angustiosa multitud de pobres que todavía claman por respuestas.

Es por confianza en los chilenos, en la capacidad de entendernos con la Oposición, que ahora estamos discutiendo un proyecto de esta naturaleza. Deseamos acercar las decisiones fundamentales a los chilenos; queremos que tengan la oportunidad de resolver, en el período más apropiado posible, lo que estimen mejor para ellos.

Es la actitud que mantendremos hacia el Senador señor Alessandri, a quien distinguimos con nuestra amistad y respeto. Y con cualquier chileno que postule a la Primera Magistratura tendremos una actitud de respeto, aunque dura en los términos para discutir los distintos proyectos que presentemos.

Por lo tanto, se trata de una actitud de confianza en los chilenos, en el hombre y la mujer que han visto alejadas de ellos las decisiones políticas durante demasiado tiempo. Y, aunque el período presidencial dure 4, 5, 6 u 8 años, nos interesa que en el futuro los chilenos elijan a sus autoridades.

No existe, Honorables colegas, desconfianza ni miedo. Estamos llenos de optimismo respecto de lo que será capaz de realizar, en conjunto, la clase política chilena, donde hay hombres y mujeres con honestidad a toda prueba y donde la calidad está repartida por todas partes.

Deseamos un Presidente para todos los chilenos y que éstos puedan participar de la manera más armónica factible en el proceso político, porque eso permitirá enfrentar los grandes desafíos con un pueblo concientizado respecto de ellos.

No nos preocupa que haya paros y huelgas. Son menores. Comparen las cifras, Honorables colegas: en Chile existen menos paros y se pierden menos horas-hombre que en las grandes sociedades desarrolladas de Europa. Lo que nos interesa es que los profesores, los trabajadores de la Salud o cualesquiera sectores en conflicto sepan que su país y su sociedad les dan un cauce para expresarse; que cuando les decimos que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo; y que cuando les manifestamos que no lo estamos, no lo estamos, sin que por ello los consideremos enemigos de la democracia o de Chile.

Las sociedades democráticas, señores Senadores, no impiden los conflictos: los canalizan, los hacen aflorar. Los chilenos que protestan tienen derecho a hacerlo. Y los que critican al Gobierno de la Concertación, a nuestro juicio, están equivocados en muchas cosas y en otras tienen razón; pero deseamos reconocernos con ellos en la tarea democrática común.

En consecuencia, para nosotros la cuestión comienza en cómo estructurar un sistema político que funcione mejor.

Entonces, no nos castiguemos por haber intentado acuerdos. ¡Si esto no es un. negocio! ¡Aquí no estamos en un supermercado! ¡No ha sido una cosa de toma y daca!

Llegamos a un acuerdo por ejemplo, con destacados integrantes de Renovación Nacional. Sabemos que no involucra a todo el Partido, y aceptamos ese hecho. Propusimos la elección directa de los alcaldes. Para concretar ese propósito, Senadores de la Concertación presentamos la indicación correspondiente, y en la Comisión había representantes de Renovación Nacional dispuestos a aprobarla. Pero ello no fue posible.

Entonces, hoy nos damos una nueva oportunidad: sí, elecciones directas de alcaldes.

¿Quién ha negociado o transado para tener de nuevo un punto de convergencia?

Se ha planteado, por ejemplo, mantener los comicios municipales separados. Personalmente, creía conveniente realizar conjuntamente todas las elecciones. Pero hemos escuchado opiniones; entre otras, las de la Asociación Nacional de Municipalidades, que postula la necesidad de no modificar el sistema.

En democracia tienen voz los actores sociales. Y lo que estamos haciendo aquí es recoger distintos pareceres, que comprometen a alcaldes y concejales de la Concertación, de Renovación Nacional y de la UDI.

¿Es un negocio a espaldas del país? ¿O se trata de un reconocimiento de que los cauces creados sirven para canalizar las opiniones de las personas?

Creo que los integrantes de esa Asociación saben que su voz fue oída en el Parlamento. Y, aunque muchos hubiésemos querido hacer otra cosa, un país en democracia debe convenir que diferentes puntos de vista son legítimos.

Hemos planteado que las elecciones parlamentarias y de Presidente de la República se realicen siempre en forma conjunta. Sin embargo, al aprobar la Comisión, por mayoría, el mandato de seis años se pierde la simultaneidad.

Dijimos que dicho período no era dogmático; que cuatro o cinco años podría ser la fórmula; que la simultaneidad podría ser valiosa. Y agradeceremos que, así como nosotros hemos cambiado de opinión respecto de algunas materias, también otros puedan hacerlo a fin de llegar a un acuerdo en tal sentido y estén disponibles para el aprendizaje compartido en cuanto a que es mejor que haya simultaneidad.

Por otra parte, se nos plantea una discusión que teníamos desde hacía mucho tiempo. Quienes representan a la zona sur, especialmente, piensan que para efectuar las elecciones los meses de invierno son los más inadecuados. Y en el norte basta un aguacero para que se corten los caminos: llueve poco, pero cuando cae el agua provoca problemas muy delicados. Entonces ¿no les parece a Sus Señorías que estamos reconociendo una realidad de Chile y no haciendo un negocio burdo?

Otro punto dice relación a la necesidad de fortalecer las atribuciones del Congreso Nacional. Estamos contestes en ello. Y el propio Presidente de la República ha enviado iniciativas para aumentarlas. ¿Acaso no hemos experimentado proyectos conjuntos con Senadores de Renovación Nacional, por ejemplo, para que el nombramiento de embajadores sea con acuerdo del Senado? ¿No hemos planteado iniciativas tendientes a recuperar las facultades de esta Corporación contempladas en la Constitución de 1925, en cuanto al nombramiento de los oficiales superiores? Por supuesto, no habría que volver a la Carta de 1833 para restituir al Senado la facultad de aprobar la proposición del Primer Mandatario para Arzobispo u Obispo, porque, hallándose separada la Iglesia del Estado, no sería pertinente.

O sea, en esa perspectiva, hemos dado pruebas de que estamos llegando a un gran entendimiento con el objeto de mejorar el funcionamiento colectivo.

Y ¿por qué no el sistema de fiscalización? Como decía don Diego Portales , si no existe oposición, hay que inventarla. Porque las sociedades democráticas necesitan de un actor relevante que cumpla las funciones fiscalizadoras. Si parece insuficiente el gran rol desempeñado al respecto por la Cámara de Diputados, que es el órgano especializado, y se piensa mejorarlo, debe estudiarse con los Diputados, pues los Senadores no podemos decidir por ellos en este ámbito. Y es bueno dar una señal en tal sentido para en forma conjunta, dentro del esquema de fortalecimiento de las atribuciones del Congreso, establecer lo más pertinente.

¿Acaso no es cierto que los Senadores de la Concertación, quienes apoyamos al Gobierno, hemos expresado que nos parece inadecuado que los Ministros no contesten adecuada y oportunamente los oficios que les enviamos? Está claro que no podemos fiscalizar; no es ése nuestro papel; existe consenso en el Senado en que no nos corresponde. Pero el ejercicio de nuestra labor requiere respuestas apropiadas y a tiempo.

Honorables colegas, he tratado de demostrar que hay interés por hacer que las cosas sean mejores para los chilenos de carne y hueso. Y si se tratara de la vieja consigna o monserga sobre el club de los políticos, el club cerrado y egoísta que quiere acumular poder, aquí hay una señal distinta, dada por hombres que probablemente dirigirán los destinos de Chile por voluntad popular. Cuando tanto se habla del egoísmo y del afán de poder, tenemos el ejemplo moral y político de don Eduardo Frei Ruiz-Tagle , quien, conociendo la probabilidad de ser elegido Presidente de la República , concurre a esta Sala a votar por una fórmula de acuerdo nacional que significa reducir el período pertinente, ratificando la confianza en sus medios y en su capacidad -cosa que sus camaradas y amigos sabemos de sobra-, y a entregar un testimonio moral y político de que andamos en cosas distintas de aprovecharnos de nuestros cargos con mezquindades y cerrazones. Queremos dar una demostración de confianza y de calidad humana para entendernos con los que piensan diferente y para permitir a hombres y mujeres de carne y hueso seguir definiendo su destino.

Por eso, señor Presidente , nos parece pertinente aprobar la idea de legislar. Y ojalá lleguemos a un gran acuerdo sobre el plazo, las modalidades y las condiciones. Si no, creo que saldríamos rasmillados.

Me temo que existen todavía demasiados temas pendientes en esta materia. Pero si hacemos un esfuerzo extraordinario y no nos dejamos tentar por la hojarasca electoral, el Senado de la República y los partidos políticos darán una demostración más del Chile que es posible al actuar con seriedad y claridad.

He dicho.

El señor RIOS.-

Señor Presidente, he planteado un tema de fondo que, desde mi punto de vista, debe ser analizado en esta discusión.

El Primer Mandatario -tal como recordaba el Senador señor Díez - fundamenta la presentación del proyecto de reforma en la duración del período presidencial, planteando, además, situaciones políticas diversas, como la necesidad de realizar elecciones parlamentarias y presidenciales en forma conjunta y lo problemáticos que para un gobierno que se ha tornado minoritario o impopular resultan los últimos años de un mandato extenso.

Ahora bien, la proposición del Ejecutivo para establecer un período presidencial de cuatro años, con acuerdo mayoritario de los señores Senadores de la Concertación, elimina la alternativa prevista en la Carta respecto de la integración del Senado por los ex Presidentes de la República .

Por tal motivo, en el hecho estamos votando dos cosas: la rebaja del período presidencial y la eliminación del artículo constitucional en virtud del cual los ex Jefes de Estado pueden pasar a formar parte de esta Corporación.

Por último, ante las brillantes expresiones del Honorable señor Hormazábal -es un gran orador-, quien ha recordado que el Senador señor Eduardo Freí , candidato a la Primera Magistratura , se encuentra presente, quiero decir que habría sido bueno que también lo estuvieran los demás Senadores de la Democracia Cristiana, a fin de poder observar bloques claros y precisos al momento de decidir sobre materias tan trascendentes como la en debate.

Sin embargo, en definitiva, lo importante es saber cuál es la opinión del Gobierno y por qué se cree necesario suprimir la posibilidad de que los ex Presidentes sean miembros del Senado.

Nada más, señor Presidente .

El señor RIOS.-

Señor Presidente, seré muy breve; a lo mejor, la respuesta puede ser más extensa.

Es evidente que el Presidente de la República , con su prudencia y la dignidad que ha alcanzado como Jefe de Estado, no presentará un proyecto de ley que lo beneficie a él directamente. Es obvio. Eso queda absolutamente salvado con una norma transitoria que puede comenzar a regir a partir del mandato siguiente. Y esa disposición transitoria es la que, en definitiva, el Parlamento resuelve.

Sin embargo, la verdad de las cosas es que no estamos reformando la Constitución para hoy ni para mañana, sino para un período largo de la historia del país. Y esos son los objetivos que se persiguen en la Carta Fundamental.

Por tal motivo, lo que usted, señor Ministro , manifiesta en el sentido de que no es prudente políticamente resolver un tema referido al actual Presidente de la República -a su eventual permanencia en el Senado-, lo comparto absolutamente. Pero el punto en cuestión es la Constitución Política del Estado, normativa cuya vigencia está pensada para muchos años, y, por lo tanto, no puede servir de base para resolver situaciones actuales o próximas.

Por eso, la consulta que hago -que para mí es muy importante, a fin de resolver cómo voy a votar- es más profunda y tiene un sentido de futuro mucho más extenso.

He dicho.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, voy a pronunciarme a favor del proyecto. Es decir, conforme a lo que ello significa en el Reglamento del Senado y en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, apruebo la idea de legislar, modificando la Carta Fundamental, en cuanto a rebajar el mandato presidencial, a la forma en que se elegirá al Presidente en caso de vacancia, a la concordancia de la Constitución con respecto a la calidad de Senador institucional de los ex jefes de Estado y la duración de ese período. Son todas ideas cuyas concordancias deben buscarse en la discusión particular del proyecto.

Creo que no existe hoy en el mundo un país con un período presidencial de 8 años. A mi juicio, la rapidez de la vida política moderna, y la facilidad cada vez mayor para consultar a la opinión pública hacen mucho más participativa la democracia si dicho mandato es menor que el actual. Además, me parece inconveniente un plazo de esa naturaleza, porque el partido que está en el poder puede caer en la tentación de llevar adelante algún proyecto ideológico que se aparte del concepto y de la función moderna de un Jefe de Estado .

Por esas razones, mi voto es favorable, y no por la circunstancia electoral por la cual estamos atravesando.

Estoy seguro de que las indicaciones y la discusión particular satisfará las dudas de muchos señores Senadores en lo que dice relación a las debidas concordancias en la Carta Fundamental, las que ciertamente no escaparán al estudio de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Voto que sí.

El señor FERNANDEZ .-

Señor Presidente, no era mi intención hacer uso de la palabra, sino que simplemente iba a manifestar mi voluntad en contra del proyecto, por las razones que expuse en su oportunidad, con motivo de la primera discusión del mismo. Sin embargo, ahora me encuentro en la novedad de que no sólo estamos modificando el período presidencial, sino, además, incorporando otros temas, tales como la reelección del Presidente y, lo que es más grave -porque acabo de escucharlo y me ha sorprendido mucho-, la composición del Senado. Es decir, en esta iniciativa vamos también -según acaba de señalar el Honorable señor Díez - a resolver el tema de la composición del Senado.

A mi juicio, señor Presidente , se podrá "estirar" mucho la idea de legislar y tener un criterio muy generoso y amplio, pero entre rebajar el mandato presidencial y entrar a modificar el artículo 45 de la Constitución, que se refiere a la composición del Senado, hay un mundo de diferencia, que realmente me asombra que se plantee a esta altura del debate.

Por otra parte -en esta tarde de tanto asombro-, quiero señalar que aquí se ha hablado con mucha propiedad y seguridad de que se va a garantizar la simultaneidad de la elección presidencial con la parlamentaria y, a su vez -según circula un documento, que supuestamente estaría siendo aprobado por distintos partidos y algunos señores Senadores-, que lo comicios de concejales se harán siempre en fechas distintas.

Me gustaría que algún señor Senador me explicara, en alguna oportunidad -no en ésta-, cómo se garantiza eso en la Constitución. ¿Se hará exigiendo la unanimidad para modificar el Texto Fundamental? No. A mi juicio, es una norma meramente programática, una simple aspiración, porque las disposiciones constitucionales siempre podrán reformarse con la misma mayoría necesaria para aprobar la iniciativa en discusión.

Por esas razones, señor Presidente, he querido intervenir para dejar constancia de las sorpresas ocurridas en esta tarde. En definitiva, estamos resolviendo un tema de gran trascendencia con mucha premura y, además, con muy poco estudio.

Voto que no.

El señor HORMAZABAL.-

Señor Presidente, en forma muy breve declaro tener, a estas alturas de mi vida, capacidad de asombro. Y tendré siempre los ojos bien abiertos y la mente despierta para asombrarse con las cosas buenas.

La fórmula que aquí hemos tratado de proponer materializa la voluntad política de quienes han participado en este proceso para sugerir a los órganos pertinentes los conceptos que permitan concretar las ideas señaladas.

En verdad, me extraña que se declare sorpresa sobre el particular, porque -conforme a lo que se estila en la Cámara Alta-, en la reunión de Comités pertinente, a la que asistieron todos los sectores, di cuenta de lo concordado a los señores Senadores que no participaron en las reuniones. Incluso, les entregué una fotocopia de lo resuelto. El Senado de la República trabaja así: dando a conocer sus opiniones de manera abierta, respetuoso de las discrepancias, y tratando de asombrarnos cada día con la capacidad de construir un país mejor.

Voto a favor.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, desde que se inició la discusión del proyecto he sostenido la conveniencia de estudiar la reducción del mandato presidencial a 6 años.

En el día de hoy mantuvimos varias conversaciones en las cuales convinimos diversos puntos que, a mi juicio, son de alto interés nacional.

Por otra parte, por estimar que la aprobación de la idea de legislar nos permitirá seguir sosteniendo el criterio que hemos venido defendiendo desde hace algún tiempo, voto favorablemente en general el proyecto.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente, al fundar muy sucintamente mi voto y, a pesar de las reiteradas argumentaciones dadas, quiero manifestar que, en mi opinión, esta materia no debió ser debatida cuando se encuentra en juego una muy próxima elección. Menos aún en momentos en que los candidatos inscritos conocen la duración del mandato al que postulan y, en forma intempestiva, ésta se modifica.

Jamás me opondré a tratar cuestiones de tanta trascendencia en épocas en que no incidan en campañas políticas y gestiones próximas a terminar. Aun cuando pudiera existir consenso en la idea de acortar la duración del período presidencial, a mi juicio, no es el momento oportuno para hacerlo.

Por tales motivos, voto que no.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, me ha llamado la atención la preocupación demostrada durante el debate respecto de un mandato de ocho años, y, en especial, de que en tal período el Presidente de la República, por cambios en la situación política, se vea enfrentado a dificultades que puedan conducir a una severa crisis de Gobierno.

Creo que ese análisis es más propio de los gobiernos parlamentarios que de uno presidencial fuerte, como lo es el nuestro. En los países donde existe tal sistema, cuando se producen dificultades se recurre a un voto de confianza, y según el resultado, cambia todo el Congreso, y viene un nuevo Jefe de Gobierno. Pero aquí no estamos hablando de un Jefe de Gobierno, sino de un Jefe de Estado en cuyo período, aun cuando haya situaciones críticas, no habrá votos de confianza y ni él ni el Gobierno dejarán sus funciones.

Por lo tanto, los factores involucrados en la elección de un Presidente de la República son muy distintos de los de un Jefe de Gobierno. El Jefe de Estado debe tener una cualidad muy especial, permanecer en su cargo durante el lapso de su mandato, soportar cualquier crisis y no abandonar sus funciones por una situación de confianza. Es lo que ha sucedido al Presidente Yeltsin en Rusia en estos instantes, y les ha ocurrido a muchos otros.

Las crisis a que podemos vernos enfrentados no son sólo políticas, parlamentarias: pueden presentarse por problemas limítrofes, por motivos económicos, o corresponder a situaciones internas, como ha ocurrido en el pasado.

Por tales consideraciones, voto negativamente.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, es evidente la inconveniencia del tiempo en que estamos discutiendo este proyecto de reforma constitucional, pero también lo es la inconveniencia de un período presidencial de ocho años como el que contempla la Carta Fundamental. Sin embargo, la verdad es que hay que ir al fondo de las cuestiones, más que a los tiempos o a la forma. Y todos los esfuerzos que hagamos para reducir dicho mandato en los términos consignados en la iniciativa del Ejecutivo , y en la medida en que los lapsos constitucionales lo permitan, son positivos. Y, en este sentido, me parece importante aprobar la idea de legislar.

No obstante, al votar favorablemente el proyecto en este trámite, quiero dejar expresa constancia de que no concuerdo con el criterio consignado en el informe de la Comisión, esto es, con la reducción a seis años del mandato y de que tampoco comparto fórmulas alternativas como la de establecer un período de cinco años, lo que implicaría, para hacer coincidir las elecciones presidenciales con las parlamentarias, aumentar la gestión de Diputados y Senadores.

Por consiguiente, al dar mi aprobación a idea de legislar, mantengo mi compromiso con los términos propuestos en la iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso Nacional.

En ese entendido, voto que sí.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, hoy día nos encontramos abocados a resolver uno de los aspectos más fundamentales de la Constitución. Y quiero recordar que cuando en ésta se consignó el período de ocho años, se otorgó al Presidente de la República la facultad de disolver el Congreso, que era muy importante, ya que prácticamente establecía un verdadero plebiscito -porque este carácter asumían, por decirlo así, las elecciones parlamentarias consiguientes- para dirimir las discrepancias que pudieran existir entre el Congreso y el Jefe del Estado.

Por eso, cuando uno examina esta materia, debe hacerlo sin apasionamientos. En este sentido, deseo recoger muchas de las recientes palabras del Honorable señor Hormazábal -y me alegro de haberlas escuchado de Su Señoría- en cuanto a que en este país, por fin, estamos empezando a respetar las opiniones disidentes y a reconocer que los que no piensan como nosotros no lo hacen de mala fe, o por tener un interés electoral comprometido. Debemos aceptar que quienes han jurado, por sobre todas las cosas, mantener la Constitución y luchar por el bien de la República, como es el caso de los Senadores, actúan de buena fe. Comprendo que podamos sustentar distintos criterios, y que estemos en desacuerdo respecto de la oportunidad para efectuar esta reforma, pero ello no nos habilita para descalificar a los que opinan en contrario, y mucho menos para pensar que abrigan intenciones meramente electorales.

Digo esto, señor Presidente, porque los Senadores de Renovación Nacional permanentemente hemos dado un ejemplo en este Senado de acatamiento de la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, que nadie ha modificado, en cuanto a que los Senadores deben votar, de acuerdo con su juramento constitucional, por lo que leal-mente y en conciencia consideran que es mejor para el país, y no en cumplimiento de órdenes de partido. Las colectividades políticas sugieren, y plantean a los Senadores el dilema de optar entre estas recomendaciones, o bien, cumplir su juramento y votar, en conciencia, por lo que sea más favorable a la nación.

Por eso, es normal que en Renovación Nacional existan diferentes opiniones, como sucede hoy día también en esta Sala, y ello lo enriquece y prestigia, porque demuestra de manera clara al país que sus integrantes cumplen cabalmente su compromiso. No significa esto que seamos un partido disociado, y mucho menos una montonera, o que haya facciones o sectores entre nosotros, los que estarían emergiendo en esta votación. No. Simplemente implica lo mismo que sostenía el Honorable señor Hormazábal , refiriéndose al país en general. Tenemos diferencias de criterios, todas legítimas y respetables, pero a cada uno nos guía el mismo propósito: votar por lo que sea mejor para el país; y nadie puede adjudicarse poseer el monopolio de la verdad, la pureza o la honradez.

Quiero dejar constancia de que permanentemente he manifestado que un período presidencial de ocho años es excesivo, Y nuestra historia no los registra. Hubo sí un período de cinco años, con derecho a reelección. ¿Y por qué? Porque en ese caso la ciudadanía juzgaba la conducta del Presidente . Y es muy factible que en las discusiones que se lleven a cabo hasta aprobar en particular el proyecto, se considere también la posibilidad de un mandato de cuatro años, con reelección. ¿Qué se pretende con ello? Que la ciudadanía se pronuncie respecto de la actuación del Jefe del Estado , y no quede amarrada con una decisión que se adopta sin saber siquiera cómo va a desempeñar su cargo. Es muy distinto ser candidato. Es muy diferente ser Senador que Presidente de la República . La nación sólo puede imponerse de la capacidad del gobernante cuando llega al poder. Antes sólo hay expectativas al respecto. Por eso, en muchos países la gestión de gobernantes elegidos mayoritariamente ha culminado en estrepitosos fracasos, precisamente porque ellos no reunían las condiciones que el pueblo les suponía. En Latinoamérica tenemos ejemplos recientes, como el de Alfonsín, el de Alan García, y últimamente, los de los Presidentes de Brasil y de Venezuela. Allí quedó demostrado cómo la ciudadanía se puede equivocar con su votación. Y es obligación nuestra el evitar que un error como ése pueda derivar en un compromiso y en una situación política que termine, lamentablemente, como en esos países, en situaciones de extremismo y de alteración constitucional.

Algunos Senadores de Renovación Nacional consideramos excesivo el plazo y hemos resuelto votar favorablemente la idea de legislar, a fin de estudiar el punto durante este período y, si es posible, llegar a un acuerdo que constituya lo mejor para Chile. Es probable que no se llegue a un consenso, pero eso no significa que no estemos preocupados de la situación y que no queramos verdadera y sinceramente acortar el mandato presidencial.

Y en tal sentido revisten suma importancia ciertos objetivos por los cuales nuestra bancada ha estado luchando. Deben recordar Sus Señorías que fue precisamente el Senador que habla quien, en su calidad de Vicepresidente de Renovación Nacional , ofreció, durante la tramitación de la iniciativa sobre municipalidades, modificar lo ya acordado por la Comisión y permitir la elección directa de los alcaldes. El tiempo nos ha dado la razón, y nos satisface profundamente que el resto de los señores Senadores esté de acuerdo en esta materia.

En esa oportunidad manifestamos también que las elecciones municipales no debían politizarse, y por ello estimamos que éstas no deben coincidir con las presidenciales y parlamentarias que son, por esencia, las elecciones políticas.

Hemos considerado conveniente, asimismo, que estas últimas deben efectuarse simultáneamente. ¿Por qué? Porque nadie podría negar que cuando las elecciones parlamentarias no coinciden con la presidencial, el Presidente en ejercicio dispone de un poder extraordinario para influir en aquéllas.

El señor VALDES (Presidente).-

Señor Senador, ha terminado el tiempo para fundar su voto.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , aun cuando estaba inscrito para intervenir en el debate, retiré mi opción para dar paso a la votación. Por ello, solicito que se me concedan dos o tres minutos para dar término a mis ideas.

El señor VALDES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a esta petición.

Acordado.

Puede continuar Su Señoría.

El señor OTERO .-

Gracias, señor Presidente y Honorables colegas.

En las conversaciones sostenidas con el sector de la Concertación, coincidimos en un punto que para nosotros reviste tanta importancia como el del período presidencial. Me refiero a la acción fiscalizadora de la Oposición. Es indispensable modificar algunas normas constitucionales a fin de que la minoría pueda llevar a cabo una labor de fiscalización de los actos del Ejecutivo. Hoy día la normativa vigente no permite a la minoría -que es la Oposición- formar comisiones investigadoras. Actualmente, no hay sanción para quienes no contestan los oficios.

Señores Senadores, ¿es o no es importante para la República que puedan fiscalizarse de modo efectivo los actos del Ejecutivo ? ¿Es o no relevante para un Gobierno estar sujeto a una acción fiscalizadora que le permita enmendar rumbos si acaso está equivocado? Creo que esto reviste una importancia extrema.

Y, con la misma franqueza y honradez con que estoy hablando, Honorables colegas, debo reconocer la acogida que tuvo esta idea en los señores Senadores de la Concertación. Todos coincidimos en la necesidad de llevarla a cabo.

Por eso, en la búsqueda de este tipo de consensos, vimos que no era posible contestar que no a la idea de legislar respecto de la materia en debate, porque en opinión de algunos de nosotros -erradamente, a lo mejor, pero de buena fe- es conveniente para el país acortar el período presidencial, pues 8 años es un lapso extraordinariamente largo.

Señor Presidente , éstas son las razones que nos movieron a algunos Senadores de Renovación Nacional a aprobar en general el proyecto en análisis. Sinceramente, creemos no tener compromisos ni ataduras de ninguna naturaleza. Muchos de quienes lo estamos votando a favor hemos dado muestras de nuestra lealtad y respeto para con la Constitución y del deseo de que ésta no se modifique en forma innecesaria. Lo hemos hecho de modo permanente y continuaremos en esa senda.

Por las razones expuestas, voto afirmativamente.

El señor RIOS.-

Señor Presidente, con respecto a la iniciativa parlamentaria sobre la eventual integración al Senado del actual Primer Mandatario -tema al que aludió el señor Ministro -, efectivamente, sólo está referida al Presidente don Patricio Aylwin, y no a situaciones que puedan afectar a gobernantes posteriores por un período inferior a seis años, según lo establece la norma constitucional.

Por otra parte, las opiniones sobre esta materia de los candidatos a la Presidencia son muy importantes y trascendentes. El Senador señor Arturo Alessandri, en declaración reciente, expresó estar dispuesto a analizar la reducción del mandato presidencial. Y aquí, ahora, otro de los postulantes a la Primera Magistratura, el Honorable señor Eduardo Frei, también se ha pronunciado, con su voto, a favor de la idea de legislar, para establecer un período presidencial menor. Desconozco la opinión del resto de los candidatos a la Presidencia. En todo caso, lo anterior permite en alguna forma efectuar un análisis más, a fondo sobre la materia en períodos cercanos.

Ahora, también hay dos iniciativas legales que dividen la elección de concejales a fin de posibilitar la elección directa de los alcaldes. Según el listado de proyectos enviado al Congreso por el Ejecutivo , éste resolvió no patrocinar dichas iniciativas. Desde mi punto de vista, esto indica algún grado de falta de interés en analizar el tema, el que con motivo del debate suscitado hoy resulta muy importante, a lo mejor, para todos los Senadores presentes en la Sala.

En cuanto a la presencia de los ex Presidentes de la República en la Cámara Alta, por un período que también deberá estudiarse, tampoco ha habido respuesta del Ejecutivo. Ello es evidente. Lo hemos oído todos.

De lo anterior se desprende que nos enfrentamos a una modificación de parte de la Constitución que afectará también la conformación del Senado de la República. Y en esto debemos ser muy precisos. Si bien es cierto que la población ha estimado necesario ver la posibilidad de reducir el período presidencial, según las encuestas también se ha inclinado por la idea de que los ex Presidentes de la República conformen parte del Senado, a fin de aprovechar y utilizar su experiencia en favor de todo el proceso que a éste le corresponde desarrollar en el cumplimiento de sus altas funciones.

Todos estos elementos hacen suponer que el proyecto de reforma constitucional que nos ocupa tiene un objetivo limitado, además de producir trastornos en el resto de la organización política superior del país.

Entendiendo que los dos candidatos más importantes a la Presidencia se han pronunciado en favor de rebajar el período presidencial, creo oportuno contar con la alternativa de realizar un debate más a fondo sobre la materia en un período cercano, pero no en esta ocasión.

Voto que no.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, nos encontramos ante un proyecto que no sólo nos ha permitido realizar un debate técnico sobre lo que significa la estructura del Estado, sino también exponer los puntos de vista de las distintas colectividades políticas representadas en el Parlamento.

Los democratacristianos hemos asumido una tarea que aspiro a que sea reconocida por la comunidad nacional. Porque, más allá de los intereses partidarios, hemos dicho que éste es un problema de Estado. Hemos valorado lo que significa para el país tener estabilidad y poder continuar el proceso de democratización en un período de tranquilidad y calma, en el que se respeten los derechos de todos los sectores.

Por otra parte, es importante que se reconozca el hecho de que tanto las encuestas como la opinión pública nacional demuestran que el candidato de la Concertación, Senador señor Eduardo Frei, será el próximo Presidente de Chile. Es un hombre de nuestras filas y podríamos legítimamente aspirar a que gobernare por ocho años. Pero consideramos trascendente dar a Chile la oportunidad de establecer un mecanismo que, más allá de los intereses partidarios, garantice la estabilidad del sistema político. Por eso hemos aceptado la búsqueda de mecanismos que recojan la realidad política de la nación. Porque no se pueden imponer normas institucionales contrarias a la tradición democrática de nuestro país, ya que en momentos de crisis ellas pueden significar una valla insalvable, lo que puede terminar con el sistema democrático.

Por esa razón, y no habiendo otro mecanismo para llamar a plebiscito o disolver el Congreso, es importante que exista un período presidencial lo suficientemente corto que, sin dejar de construir un programa de Gobierno, presente una alternativa de salida ante eventuales crisis que puedan producirse.

También hoy, desde el Gobierno y con la certeza de que continuaremos en él, hemos aceptado -porque lo consideramos legítimo- que se estudien normas a fin de que, en una discusión más amplia y con la participación de los señores Diputados, se establezcan mecanismos eficientes de fiscalización, por cuanto eso es de la esencia de un régimen democrático. Y lo hacemos desde el Gobierno, porque creemos que es bueno para el país y que fortalece el sistema democrático.

Por eso, señor Presidente, los acuerdos logrados hoy en esta Sala, que deberán concretarse en los próximos días, son importantes para la consolidación del proceso de democratización de Chile y debieran llevarnos a todos a buscar las fórmulas adecuadas para que podamos, no sólo elegir a un Presidente en diciembre, sino garantizar a los chilenos que la democracia está caminando y que se están resguardando debidamente los intereses superiores del país.

Por las razones expuestas, voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, el debate que hemos sostenido hoy, como otros habidos en el Senado, dan a esta Corporación y a la acción política en general el verdadero sentido que debe tener la conducción, la forma de construir la nación y, sobre todo, el rol que cada una de sus instituciones debe cumplir.

Más allá de los problemas que puedan suscitarse en un momento determinado respecto de la interpretación de las votaciones, esta discusión representa la auténtica inspiración patriótica que tiene hoy el intercambio de opiniones en Chile.

En el debate nacional de hoy, los partidos políticos no son sólo instrumentos de expresión de una forma particular de ver la vida de nuestra patria, el medio para acceder al poder o la manera de llevar de algún modo ventajas a los propios partidarios. La política requiere que el país la entienda como un acto de gran servicio a la nación, que se lleva a cabo con un elevado nivel en cuanto a ideas e intenciones. Y creo que esta discusión demuestra que es así. Porque ni quienes tienen la sensación de triunfar en el futuro, ni aquellos que pudieran no estar motivados por ese aspecto han tenido otro punto de referencia para votar hoy día. Se ha dicho hasta la saciedad que se trata de un asunto de Estado y que lo mejor para Chile es modificar la duración del mandato presidencial.

El segundo punto relevante en las intervenciones que hemos escuchado hoy -reiterado por todos los señores Senadores que han hecho uso de la palabra- es el afán de buscar acuerdos, de encontrar consensos y puntos de convergencia.

Durante muchos años hemos intentado rescatar este afán; durante mucho tiempo también el país estuvo en una política de confrontación muy dura. El consenso no significa renunciar a nuestras propias ideas, ni limitar las opciones políticas con las que soñamos. Significa, sí, entender que las verdades de uno y de otros pueden sumarse con el objeto de obtener algo más que la visión particular de cada uno. Y lo que se ha logrado hoy constituye un avance en esa dirección.

Todos sabemos que hay otros temas en la institucionalidad chilena en los cuales existen puntos de divergencia, tales como la manera de conformar el Senado, la forma de llevar adelante los procesos electorales o el camino para lograr una sociedad más justa. Ellos podrán discutirse más adelante.

Entendemos que la norma constitucional no puede estar modificándose en forma permanente. Eso está claro. Pero también todos comprendemos que ella no es de tal rigidez como para destruir las aspiraciones, los movimientos o las opiniones mayoritarias de un país. Las organizaciones sociales se hacen y las estructuras políticas deben tener la capacidad de conciliar la conducción, el mejor camino para un país, con la flexibilidad suficiente para recoger las opiniones que van surgiendo en toda la nación. Tales estructuras no se han hecho con el objeto de que resulten insalvables en la búsqueda de nuevas fórmulas. El hombre no está al servicio del sábado. Son el sábado y las estructuras los que deben estar al servicio de ese afán de buscar diversos medios para lograr las metas perseguidas.

Por eso, señor Presidente, en el instante en que estamos dispuestos a buscar acuerdos, a confirmar el sentido de elevación de la política, y cuando esperamos llegar muy pronto a un consenso cada vez más sólido respecto de lo que significa la política chilena, votaré favorablemente esta reforma constitucional, porque a nuestro juicio conduce a un mejor camino para Chile.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, retiré mi inscripción para intervenir durante el debate en honor al tiempo; pero, en cambio, fundamentaré ahora brevemente mi voto.

En el Partido al cual pertenezco, se estableció que la duración del mandato presidencial es una materia que no forma parte de las bases fundamentales fijadas en la Constitución de 1980; y, por ende, no afecta la estructura esencial de la institucionalidad del país, que estimamos básico preservar y robustecer. Esto es algo que comparto, pues sustenta la libertad de acción con que adopto mi posición respecto del tema.

Los acuerdos de la Comisión Política de mi colectividad, a los cuales se ha aludido aquí, son orientaciones o sugerencias a los Congresales; las órdenes a éstos -como lo indicó el Senador señor Otero - no existen, están expresamente eliminadas en la Ley de Partidos Políticos, y las decisiones respectivas quedan entregadas a la conciencia de los Parlamentarios, de acuerdo al juramento que prestaron al asumir sus funciones.

En general, soy partidario de Gobiernos con mandatos extensos, por la estabilidad que crean y por las medidas que las duraciones relativamente prolongadas generan y que inciden desde la nominación de los candidatos a Gobiernos y a Presidentes con estabilidad en sus cargos, realizadores y con proyección de estadistas.

Quiero dejar expresada mi reserva con respecto a la oportunidad de la iniciativa. Estimo que, ante la proximidad de las elecciones, estamos poniendo a los ciudadanos chilenos frente a una disyuntiva incierta: la gente no sabe hasta ahora, a sesenta días de las elecciones, si su candidato será elegido para ocupar la Primera Magistratura por ocho, seis, cinco o cuatro años, aun cuando -así lo pienso- su nominación haya sido hecha para lo que la Carta Fundamental señala, o sea, ocho años. Mejor habría sido tal vez -así lo he escuchado en varias intervenciones de esta tarde-, si realmente existe esa voluntad de rebajar el período, que el candidato electo, luego de ser ungido Primer Mandatario, resuelva él, con los partidos que lo apoyaron, patrocinar una iniciativa en tal sentido. Yo apoyaría con el mayor entusiasmo el que nuestros candidatos incluyeran desde ya en sus programas tal modificación.

Señor Presidente, porque creo que la Constitución Política de 1980 debe preservarse y robustecerse y porque en el contexto político en el que estamos viviendo no estimo oportuno contribuir a su modificación, rechazo la idea de legislar sobre la materia.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, sólo deseo reiterar el rechazo que expresé en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a la iniciativa, pues, en resumen, la estimo inoportuna, representa en sí un elemento perturbador para la opinión pública y, lo más importante, crea un elemento de injusticia para quienes ya iniciaron sus campañas como candidatos a la Presidencia de la República con un período de ocho años, como lo establece nuestra Carta Fundamental.

Por las razones expresadas, reitero mi rechazo a la idea de legislar.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, hemos tenido ya un debate muy ilustrativo. Empero, fundamentaré brevemente mi voto, porque quiero dejar algunas constancias.

Esta tarde hemos sentado un número importante de precedentes que constarán en las actas y en la jurisprudencia del Senado. A mí, personalmente, no me inquietan los precedentes, pues incluso me permiten rectificar la opinión que tenía sobre lo que son las ideas matrices de un proyecto. He escuchado al señor Ministro de Justicia y al Secretario del Senado, decir, por ejemplo, que dentro de las ideas matrices se encuentra la de plantear la reelección del Presidente de la República, aunque en la iniciativa no se habla de ello. Es un precedente, y lo acepto.

Pero el precedente que no puedo aceptar, porque lo estimo profundamente funesto -y aspiro a que de ninguna manera vuelva a repetirse-, es el de acordar una reforma constitucional a ciencia y conciencia de que significará rebajar el período presidencial de un candidato ya electo. ¡Es un pésimo precedente!

Por tal motivo, voto que no.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente, en forma breve quiero señalar que votaré por la afirmativa la idea de legislar.

Del debate que hemos escuchado en la Sala, se desprende que la inmensa mayoría de los Senadores -incluso varios de los que votaron en contra- se han manifestado favorables a la tesis de que el actual período presidencial es excesivamente largo. Además, la argumentación del mensaje del Presidente de la República -que no es, necesario repetir-, tanto desde el punto de vista histórico como de la experiencia política nacional e internacional, demuestra que tal período no contribuye en nada al buen funcionamiento del sistema democrático en un régimen presidencial.

El señor Ministro de Justicia, en una argumentación que no comparto, preguntó cuál habría sido nuestra habilidad para modificar dentro del proyecto algo que, a mi juicio, tiene incoherencias, y que podrían solucionarse incluso por iniciativa del propio señor Senador que hizo la observación. Se trata de lo relacionado con el artículo 45, letra a), en cuanto a que el Presidente de la República debe cumplir seis años en el cargo para poder integrar esta Corporación en calidad de Senador vitalicio. Bastaría sólo una indicación -porque tal materia se refiere también al período presidencial, aunque para otros efectos- a fin de cambiar el término "seis años" por "cuatro años". Y eso podría aplicarse incluso al actual Primer Mandatario.

Por ello, salvando esa observación, si es necesario y si se aprueba la idea de legislar, se puede demostrar que existe capacidad en el Senado para incluir esa modificación.

Por todas esas consideraciones, reitero mi votación favorable a la idea de legislar.

El señor GONZALEZ .-

Señor Presidente, me alegra profundamente haber alcanzado a llegar a esta votación.

El tema en debate se analizó en el Partido Radical; y, como Presidente de él, expondré algunas ideas.

Consideramos que un período presidencial de ocho años es anacrónico para los tiempos actuales. En el Derecho Comparado es muy difícil encontrar situaciones similares a ésta. Creemos, además, que tai lapso tiene la gran dificultad de que en determinado momento no provea los caminos institucionales adecuados para solucionar los problemas sociopolíticos de un país y que se presentan cada vez con mayor frecuencia.

Asimismo, pensamos que un mandato presidencial de ocho años impide, de alguna manera, que sea el pueblo quien decida la corrección de los errores que pueda haber cometido en la elección de un Gobierno. Y estimamos que también es demasiado largo para cambiar un Régimen ineficiente o que no cumpla ostensiblemente con los planteamientos hechos durante su campaña.

Por todas estas razones y -por muchas otras, que no voy a repetir, porque creo que ya se han reiterado en las diversas fundamentaciones de voto ya realizadas-, los radicales queremos un período presidencial más corto, sin ninguno de los inconvenientes que he formulado en esta oportunidad.

Nos habría gustado haber llegado a acuerdo con la Oposición no sólo respecto de la idea de legislar para acortar el período presidencial, sino también en lo tocante a cuál será el tiempo que debe durar en su cargo el Presidente de la República en Chile. Tengo entendido que no ha sido así, pese a los esfuerzos de las bancadas de Oposición y de Gobierno. Empero, tenemos confianza en que podamos ponernos de acuerdo en esta materia.

Por esas razones, voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, a mi juicio, pese a que ya han transcurrido tres años y medio del actual Gobierno, aún no ha terminado el período de transición. Porque, aun cuando el país ha avanzado mucho, no se produce todavía la reconciliación ni se logra la suficiente paz y tranquilidad para vivir plenamente nuestra democracia.

Por esa razón creo que el proyecto en análisis es extraordinariamente inoportuno, pues implica reducir el período presidencial, después que los candidatos aceptaron las reglas y sólo a sesenta días de la elección y en plena vigencia de la campaña electoral.

Por otra parte, estimo que un mandato de cuatros años es muy corto e introduce un factor de inestabilidad, como lo hemos podido observar en los últimos días. El Gobierno del Presidente Aylwin ha sido extraordinariamente positivo y bueno para todos los chilenos. Pero a tres años y medio de su gestión, comprobamos que, por motivos electorales se producen diversos paros de, carácter absolutamente político y gesta por los mismos grupos que han recibido dineros extraordinarios en desmedro de algunos de los muchos pobres que todavía no logran gozar de los beneficios que pudiéramos proporcionarles. Esto significa que, en un período presidencial de cuatro años, transcurridos tres siempre habrá presiones contra el Gobierno y se pretenderá condicionarlo frente a una nueva elección presidencial. Por eso me parece que, al menos, debemos optar por un lapso que permita mayor estabilidad.

Después de pensarlo mucho, votaré favorablemente el proyecto, pero con la absoluta certeza de que por ningún motivo apoyaré en la discusión particular un período de cuatro años. Porque como demócrata me repugna lanzar al país a un régimen de permanentes preelecciones, con la secuela de presiones y paros que hemos podido contemplar en estos últimos días. Y si doy mi voto favorable, deseo precisar que, de no llegarse a un acuerdo para un período presidencial de cinco años con elecciones simultáneas de Parlamentarios -lo que significa extender el mandato de algunos Senadores-, también estoy dispuesto a aceptar los seis años, con reducción de la gestión de los Diputados a tres años y la de los Senadores, a seis. Ello con el objeto de que no se afirme -según se desprende de una campaña de prensa y de radio, también de carácter político- que sólo pensamos en extender nuestra permanencia en el cargo, en circunstancias de que estamos actuando con sentido de futuro y más allá de nuestros intereses personales. A mi juicio, no es responsable achacar tales ideas a quienes aspiramos a un período presidencial de cinco años. Ya en una oportunidad se extendió de tres a cuatro años el mandato de los regidores; y el propio General Pinochet intentó alargar el suyo en ocho, después de 17 años en el Poder, sin que nadie reclamara en su oportunidad...

El señor HORMAZABAL .-

¡Cómo que no! ¿Y nosotros?

El señor GAZMURI .-

¡No era muy fácil, pero se hizo!

El señor LAVANDERO .-

¡Si hubo reclamos, fueron tan débiles que no se notaron!

El señor PIÑERA .-

¡Peor todavía!

El señor HORMAZABAL .-

¡Hasta fuimos presos!

El señor LAVANDERO .-

Por las razones señaladas, no creo que se puedan anteponer ciertos criterios que son de la mayor relevancia -lo quiero recalcar-, cuando estamos en vísperas de una elección.

De acuerdo con una recomendación de mi Partido, me veo en la imperiosa obligación de pronunciarme a favor del proyecto, Aporque creo que la disciplina en una colectividad política constituye un valor incluso superior al pensamiento o al gusto personal que pueda tener un Senador.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, deseo fundar el voto en forma muy breve.

En primer lugar, creo que la idea matriz de la iniciativa está claramente establecida en el mensaje del Excelentísimo señor Aylwin , pues se afirma que su objetivo es reducir el período del mandato presidencial. Esa es la idea matriz, pero eso no significa que sea la única, sino la más importante y medular. Igual cosa sucede cuando se aprueba en general un proyecto de carácter tributario, lo cual no quiere decir que la estructura, los montos y las tasas de los impuestos sean irrelevantes. Pero no es eso lo que se discute al estudiar la iniciativa en general.

Sin perjuicio de los muchos otros conceptos de importancia incluidos en el proyecto de reforma, su idea central es reducir el período presidencial de ocho años. Indudablemente que para ser consistentes con la lógica y con el sentido común, de aprobarse la idea matriz, ella debe coordinarse con una serie de otros elementos, por ejemplo el número de años requeridos para que un ex Presidente de la República pueda ser Senador, condición con la cual estoy plenamente de acuerdo. Estimo, además, que su permanencia en el Senado tendría que equivaler a la correspondiente duración del mandato presidencial, pero no que sea de carácter vitalicio.

Si se compara el período de ocho años con la situación internacional, resulta excesivo. No hay país en el mundo que yo conozca con un mandato presidencial de ocho años. Los hay de cuatro, de cinco e incluso de siete, como en el sistema francés. Y desde el ángulo del contexto histórico en nuestro país, también ese lapso aparece demasiado largo. Esto es particularmente importante si se piensa que, con el correr del tiempo, la característica de la modernidad es que las cosas se aceleran y que los cambios suceden con mayor rapidez. Estamos en una época de información instantánea, donde el mundo se ha denominado "la aldea global".

También estimo relevante que el período presidencial debe ser lo suficientemente extenso como para que el Mandatario electo pueda configurar sus equipos, implementar sus políticas y presentar sus proyectos de ley, e igualmente como para evaluar el resultado de su gestión, de forma tal que lo que siembre pueda cosecharlo en el lapso que dure ella y no que sea la consecuencia o resultado de una posterior.

Asimismo, considero que el mandato debe ser lo suficientemente breve como para permitir a los Gobiernos estar permanentemente atentos a la opinión de la ciudadanía y sensibles a las inquietudes de las personas. Por ello, pienso que un período más corto posibilitaría a nuestra democracia vitalizarse, permitiendo a la gente mayor grado de protagonismo, de manera de acercarla a un sistema más participativo y menos representativo, característica de la modernidad que, a mi juicio, debe ser incorporada a nuestro régimen democrático.

Además, creo que una buena Administración puede continuar en el poder si la decisión final del Congreso fuera la de permitir un lapso menor con reelección del Mandatario, si es que lo ha hecho bien. De no haber reelección, tendría que ser alguien que interprete sus ideas y continúe su obra.

Por las razones anteriormente expuestas, opino que la idea matriz de la iniciativa de acortar el período presidencial hace más participativa, vital y viva nuestra democracia, por lo cual la votaré favorablemente.

-Se aprueba en general el proyecto (26 votos contra 11).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Díez, Frei (don Eduardo), Gazmuri, González, Hormazábal, Lagos, Larre, Lavandero, Navarrete, Núñez, Otero, Páez, Palza, Papi, Pérez, Piñera, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Soto, Sule, Valdés, Vodanovic y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Fernández, Huerta, Jarpa, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Prat, Ríos, Siebert, Sinclair y Thayer.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Debo recordar a Sus Señorías que la iniciativa tiene urgencia calificada de "Suma", por lo que deberá ser despachada en particular en la sesiones que se celebrarán el miércoles y jueves de la próxima semana. Y para los efectos de que la Comisión correspondiente, la de Constitución, Legislación y Justicia, disponga de tiempo suficiente para analizar las indicaciones que se formulen, sugiero fijar plazo para presentarlas hasta el lunes 11, al mediodía.

El señor OTERO. -

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente). -

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO. -

Creo que ese lapso resulta demasiado prematuro. Además, el día martes es feriado, por lo que la Comisión no podrá funcionar sino hasta el miércoles en la tarde.

Por ello, sugiero fijar como límite miércoles 13, a las 10, para presentar indicaciones -es un proyecto muy breve-, de modo que la Comisión las estudie en la tarde del mismo día.

El señor HORMAZABAL. -

El miércoles al mediodía.

El señor VODANOVIC. -

Estamos de acuerdo, señor Presidente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se fijará como plazo para formular indicaciones el miércoles, a las 12, debiendo la Comisión analizarlas en su sesión de la tarde, para así despachar el proyecto el jueves.

Acordado.