Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde continuar la discusión particular del proyecto de la Cámara de Diputados que fija la nueva planta de personal de la Dirección del Trabajo.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 43a, en 14 de abril de 1993.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 5a, en 15 de junio de 1993.

Hacienda, sesión 5a, en 15 de junio de 1993.

Hacienda y Trabajo, unidas (segundo), sesión 11a, en 14 de julio de 1993.

Discusión:

Sesiones 7a, en 30 de junio de 1993 (se aprueba en general); 12a, en 20 de julio de 1993 (queda pendiente su discusión particular).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La iniciativa cuenta con segundo informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y tiene urgencia calificada de "Simple".

Las Comisiones dejan constancia de que los artículos 1°, 6°, 8° y 9° no fueron objeto de indicaciones.

-De acuerdo con el artículo 124 del Reglamento, se dan por aprobados.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Entre las indicaciones figura una del Ejecutivo -que las Comisiones unidas proponen aprobar- que propone un artículo 10, nuevo, cuya aprobación exige quórum calificado de 24 señores Senadores, según lo dispone el artículo 19, número 18°, de la Constitución Política de la República, ya que regula el ejercicio del derecho a la seguridad social.

El informe deja también constancia de la opinión de la Honorable señora Feliú en cuanto a que el artículo 3° debería ser aprobado con quórum dé ley orgánica constitucional, en atención a que modificaría el artículo 13 de la de Bases Generales de la Administración del Estado, criterio que las Comisiones no hicieron suyo.

Éstas proponen, en consecuencia, por la unanimidad de sus miembros, aprobar el texto del primer informe de la Comisión de Hacienda -que tiene varias modificaciones- con el nuevo artículo 10, que dice lo siguiente:

"Las cotizaciones para salud que corresponda efectuar a raíz del aumento de remuneraciones derivado de la aplicación de esta ley, correspondientes al período comprendido entre el 1° de junio de 1992 y la fecha de publicación de este cuerpo legal, respecto de los trabajadores que durante el citado lapso hubieran tenido contrato con alguna institución de salud previsional a que se refiere el Título II de la Ley N° 18.993, incrementarán la cuenta de capitalización individual del afiliado en la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones.

"Respecto de los aludidos trabajadores que revistan la calidad de imponentes del Instituto de Normalización Previsional, las cotizaciones a que se refiere el inciso anterior se destinarán al Fondo de pensiones correspondiente a ese Instituto.

"Los aumentos de remuneraciones derivados de la aplicación de esta ley correspondientes al período comprendido entre el 1° de junio de 1992 y la fecha de su publicación, no darán derecho a la respectiva entidad empleadora a solicitar devoluciones a que se refiere el artículo 12 de la Ley N° 18.196, equivalentes al subsidio por incapacidad laboral del DFL N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en relación a los citados aumentos de remuneraciones durante los lapsos en que durante el período indicado, sus funcionarios hubieren hecho uso de licencia médica.".

Las Comisiones unidas estuvieron integradas por los Senadores señora Feliú, y señores Lavandero, Calderón, Hormazábal, Palza y Zaldívar.

Hay indicación renovada respecto del artículo 2°, número 1, letra c), para sustituir en un segundo párrafo la palabra "encasillar" por "designar", con lo cual quedaría en la siguiente forma:

"c) Para el caso de las Jefaturas grado 9," será requisito detentar un cargo de fiscalizador en el grado tope de este escalafón, con una experiencia laboral de a lo menos diez años en la Dirección del Trabajo, continuos o discontinuos.

"Por única vez, en la forma y plazo establecidos en el artículo 3° de esta ley, el Director del Trabajo podrá designar en estas Jefaturas a personal a contrata que reúna los requisitos señalados en el párrafo precedente.".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, al aprobarse este proyecto en general presenté varias indicaciones a su articulado, las que han sido renovadas en esta oportunidad. Ellas atienden, fundamentalmente, a dos aspectos: precisar que el personal a contrata no puede ser encasillando, sino designado; y excluir del cumplimiento de requisitos la designación del personal de fiscalizadores, siempre que éste se haya encontrado en funciones al 1° de junio de 1992, fecha a contar de la cual rige el encasillamiento.

También se presentó indicación para perfeccionar la norma sobre protección de los derechos de los trabajadores al hacerse sus designaciones o encasillamiento en las nuevas plantas.

Estas indicaciones fueron analizadas en distintas oportunidades con personal de la Dirección del Trabajo y el señor Ministro del ramo. Como fruto de esas conversaciones, quiero plantear la posibilidad de que a las indicaciones que presenté oportunamente -y que fueron renovadas en la Sala para esta segunda discusión- se adicionaran dos aspectos con los cuales estaría de acuerdo el señor Ministro del Trabajo.

Advierto que las indicaciones abarcan toda la normativa, salvo el nuevo artículo 10 propuesto por el Ejecutivo.

Las modificaciones cuya aprobación requiere el acuerdo unánime del Senado, adicionan el texto de las indicaciones renovadas. La primera agrega al artículo 2° un párrafo final nuevo que preceptúa que "tampoco se exigirán los requisitos señalados en el número 3 de este artículo en el caso del nombramiento de aquellos fiscalizadores actualmente en servicio, que hubieren estado desempeñando funciones al 1° de junio de 1992".

Debo hacer presente que esta indicación es, en todo caso, congruente con una situación de excepción de los fiscalizadores para sus designaciones, de acuerdo con el decreto ley N° 3.551.

La segunda indicación cuya enmienda debería ser aprobada por unanimidad, se refiere al inciso segundo del artículo 3° del proyecto, que establece: "En los cargos que permanezcan vacantes, una vez efectuado el encasillamiento a que se refiere el inciso anterior, el Director podrá nombrar, desde el 1° de junio de 1992, sin sujeción a las normas de provisión de cargos establecidas...". Y consiste en intercalar una frase de modo que la norma quede en la siguiente forma: "En los cargos que permanezcan vacantes, una vez efectuado el encasillamiento no procederá el ascenso y el Director podrá nombrar". La idea de agregar "no procederá el ascenso" de todas maneras está clara en la legislación vigente, según la ley N° 19.154, que modificó el Estatuto Administrativo en su número 5, estableciendo que los cargos que se creen siempre deben tener libre provisión; es decir, respecto de ellos no procede el ascenso, que es lo que interesa al señor Ministro del Trabajo que quede absolutamente claro.

En consecuencia, propongo que se aprueben las indicaciones renovadas que presenté oportunamente, con las dos enmiendas a que me he referido, y con las cuales está de acuerdo el señor Ministro del Trabajo y el personal de la Dirección del Trabajo.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Ruego a Su Señoría que haga llegar a la Mesa el texto completo de las nuevas modificaciones.

La señora FELIÚ.-

Muy bien, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, como ha expresado el Honorable señor Palza, los Senadores democratacristianos estamos dispuestos a dar la unanimidad indispensable para introducir en el proyecto, a estas alturas del debate, los cambios señalados aquí por la Senadora señora Feliú y con los cuales ha coincidido el señor Ministro del Trabajo. Pido a los demás señores Senadores otorgar también su asentimiento.

Sin perjuicio de lo expuesto, y basado justamente en esta disposición nuestra, quiero referirme, de manera muy sintética, al acuerdo que se ha mencionado y que considero una buena práctica legislativa.

Como, según he escuchado y visto, contamos con la presencia de gran número de funcionarios de los Servicios del Trabajo, resulta muy importante hacer notar -respetando su legítimo derecho a opinar y actuar- que deberían entender que los Senadores y, en general, la institución Congreso Nacional, también tenemos derecho a hacer uso de nuestras prerrogativas constitucionales y legales.

Las tareas del Parlamento no se regulan por un reloj control, donde se estampe el día y la hora de llegada de un proyecto y éste se tenga que despachar dentro de tal o cual plazo.

En este mismo Hemiciclo, los funcionarios asistentes han sido testigos de la postergación de un proyecto de ley, y saben muy bien lo que él significa para millones de trabajadores chilenos. En efecto, el informe de la Comisión Mixta respecto de la iniciativa que modifica aspectos sustantivos del Código del Trabajo -con el que ese personal labora-, se tratará el próximo martes. ¿Podría esto ser motivo para que los 4 millones de trabajadores del país declararan un paro contra el Senado, aduciendo que no se tomaron en consideración sus justas expectativas?

¡Llevamos un año y medio en la discusión del proyecto que enmienda, entre otras cosas, el contrato de trabajo! ¿Por qué nos demoramos tanto? ¿Porque los Senadores no concurrimos a las sesiones? ¿Porque tienen que pedirnos graciosamente que cumplamos con nuestro deber constitucional y legal? ¿O porque el Senado de la República y la Cámara de Diputados ejercen sus funciones sobre la base de escuchar las opiniones de los distintos sectores involucrados en cada una de las normativas que se presentan? ¿O quizás es por casualidad que los miembros de las Comisiones especializadas de esta rama del Congreso concurramos a los puertos, a los campos, a las industrias, a los distintos ámbitos de la vida real, donde se desarrolla y desenvuelve la actividad objetiva de la gente que será reglada? ¡Nos demoramos en legislar, porque las futuras leyes tienen que elaborarse con ese conocimiento y en esa perspectiva! ¡La legislación se hace en esa forma!

Hay momentos en que uno entiende que ciertos funcionarios -los cuales muchas veces han trabajado por muchos años y entregado su vocación en un organismo-, ante el retardo de proyectos como el presente, se sientan perjudicados y piensen, con legitimidad, que su caso debería ser el más urgente. Sin embargo, la iniciativa de la Dirección del Trabajo no se trató antes porque estábamos abocados a la legislación indígena, la cual se hallaba pendiente desde hacía bastante más tiempo. ¿Y quiénes son los funcionarios de la Dirección del Trabajo para exigir títulos privilegiados frente a los indígenas? ¡Son cientos de miles los aborígenes chilenos cuya normativa legal tuvimos que considerar, no por despreciar al personal de esa repartición, sino por estimarla un asunto de la máxima urgencia!

Por otro lado, ¡sesenta mil compatriotas esperaban el despacho del proyecto de ley sobre los exonerados políticos! Y muchos funcionarios de la Dirección del Trabajo fueron testigos de lo que significó ese debate. Entonces, ¿pueden sentirse menospreciados porque dimos prioridad a aquella iniciativa? ¿Podría entenderse como un desaire a su función el hecho de que el Senado haya tenido que analizar, por ejemplo, el proyecto sobre medio ambiente? ¡Privilegiamos su despacho, porque en él se halla envuelto un problema de civilización y cultura para el desarrollo de nuestra sociedad!

Señor Presidente , es perfectamente lícito que nuestra tarea sea objeto de crítica o, incluso, que se señale con el dedo a quienes no concurrimos a las sesiones o no estemos presentes al momento de las discusiones. Pero considero un exceso efectuar un paro en contra del Senado, justificándolo con argumentos como los siguientes: "Nos parece algo absurdo que debamos pedir por favor a los Senadores que cumplan con sus obligaciones y que asistan a las sesiones del Senado, y, además, que tengan la bondad de aprobar un proyecto que, en general, se encuentra financiado, ha sido discutido y es beneficioso para un grupo importante de trabajadores públicos".

Repito que eso constituye un exceso y -dicho con franqueza- un abuso del legítimo derecho que tienen las organizaciones y los ciudadanos de criticar a los organismos del Estado, como es el caso de esta Alta Corporación.

¡Ciertamente les urge que se resuelva su problema! Por eso, realizan un paro contra el Senado -según aparece en las publicaciones de los diarios-, en circunstancias de que hemos tardado sólo tres meses en estudiar ese proyecto. ¡Gracias a Dios, no sé que se haya efectuado un paro contra la Cámara de Diputados, donde la iniciativa estuvo siete meses! Allí fue sometida a un examen acucioso, como corresponde a la responsabilidad con que los Diputados ejercen su labor. ¡Bastó su llegada al Senado para que las premuras fueran de tal entidad que se haya recurrido a un paro! Éste constituye un arma legítima del movimiento sindical y yo, que provengo de ese entorno, defiendo su legitimidad; pero estimo que no puede ser invocado abusivamente, considerando elementos ajenos a los que lo justifican.

Señor Presidente, lo que se aprobará aquí -con el voto favorable de los Senadores de la Democracia Cristiana- muestra que la función de legislar es algo distinto. Si hubiésemos aprobado el proyecto en la sesión anterior, probablemente no se habría logrado el acuerdo unánime señalado y que perfecciona el articulado; y si lo hubiéramos hecho en abril, no habríamos incorporado la indicación que el Ejecutivo envió en mayo y que permitió ampliar los cupos en los mandos superiores de la Dirección, a fin de dar un espacio, justo y bien ganado, a funcionarios que no podían ascender, porque los grados altos estaban copados.

En definitiva, cada etapa del proceso legislativo tuvo por objeto mejorar las disposiciones y, por ende, beneficiar a los trabajadores.

Señor Presidente, junto con reiterar nuestro decidido apoyo al proyecto, quiero señalar, fraternal pero claramente, a estos servidores públicos -a quienes admiro, porque conozco su labor- que, en mi opinión, esta vez hubo un abuso, quizá porque muchos son jóvenes; pero como son personas capaces lo podrán rectificar. Porque, por último, ¿quién, en este país, está libre de haber errado y pecado? Yo, por lo menos, no.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, manifiesto mi satisfacción por el acuerdo a que se ha llegado, más difícil de lo que algunos pudieran pensar. Es muy justo, pero la justicia no siempre es fácil.

Creo que las indicaciones formuladas por la Honorable señora Feliú y el cuidadoso esfuerzo realizado por la dicha Senadora para concordar puntos de vista, permiten llegar a una solución que, a mi entender, redundará en que todos los preceptos -con excepción del artículo 10, que procederemos a discutir- tengan un respaldo unánime.

Por tal razón, y como tenemos una tabla sumamente extensa, sugiero a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala -creo que lo hay- a fin de aprobar de inmediato el texto completo, salvo el artículo 10.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente, los Senadores de estas bancas también aprobaremos los artículos a que se ha hecho referencia, excepto el 10.

Voy a analizar el tema desde otro punto de vista.

Efectivamente en el Senado se paralizó la discusión de esta iniciativa por una o dos sesiones. Ello se debió a que en diferentes oportunidades la Honorable señora Feliú formuló indicaciones que no flexibilizaban su aprobación. El proyecto enviado por el Gobierno fue resuelto por unanimidad en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y después por mayoría en la de Hacienda. Pero la señora Senadora persistía en determinadas ideas. Ahora me alegro de que haya cambiado su posición. Son cosas que ocurren. A veces los proyectos se demoran en el Parlamento, porque no se logran las mayorías necesarias. En el caso actual, el criterio fue distinto del aplicado para sancionar las plantas de otras reparticiones.

Luego de esta aclaración, reitero que poyaremos los preceptos mencionados.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, sólo deseo hacer una rectificación de hecho sobre lo planteado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.

En verdad, las indicaciones que formulé al proyecto son concordantes con lo establecido en leyes anteriores sobre la misma materia. Y las planteé precisamente para que existiera uniformidad tanto en cuanto a la terminología empleada en la legislación vigente, como a los derechos de los trabajadores.

Ése fue el sentido de las indicaciones, y no uno distinto.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, seré muy breve, con el propósito de despachar definitivamente este proyecto, posibilitar la solución de los problemas de los empleados de la Dirección del Trabajo y seguir tratando las materias pendientes.

En la sesión en que comenzamos a analizar en particular la iniciativa, y a fin de establecer una especie de compromiso para arreglar la situación, hice presente al señor Ministro del Trabajo mi inquietud -fue compartida por los Senadores señores Lavandero , Palza y Larre - de que en la planta directiva se contemplaran grados distintos para cargos de igual jerarquía y responsabilidades. A mi parecer, los cargos más altos -jefaturas y direcciones- para Santiago, deben ser los mismos para todas las Regiones del país.

Como este punto se planteó durante el segundo informe y no se formularon a tiempo las indicaciones pertinentes -en mi caso, por ignorancia de este artículo en especial-, solicito al señor Ministro del Trabajo que, como alternativa, se estudie a la brevedad una norma legal modificatoria, con el objeto de que los cargos de la Dirección del Trabajo hasta el nivel de directores regionales, tengan similar jerarquía en todo Chile, sin diferencia alguna entre ellos. De esa manera, los funcionarios capacitados e inteligentes que estén desarrollando en buena forma sus responsabilidades en Regiones, tendrán la posibilidad de llegar a ocupar puestos superiores en su propia zona, evitando, así, tener que trasladarse a la Capital.

Quería hacer esta petición -creo que con ella interpreto el sentir de todo el Senado-, a fin de que en un proyecto posterior podamos resolver este asunto, que ya está solucionado en otros servicios para los cuales hemos aprobado normas relativas a su administración.

El señor ZALDÍVAR.-

Me alegro mucho del acuerdo entre el Gobierno y la Senadora señora Feliú en el sentido de compatibilizar posiciones respecto de las indicaciones formuladas por Su Señoría.

Pero, a mi juicio, sería negativo de nuestra parte guardar silencio frente al supuesto de que el trabajo que realizamos en la Comisiones fue absurdo. En ella se generó un interesante debate. Personalmente hice planteamientos en relación con las indicaciones de la Honorable colega. Primero, por que yo no estaba de acuerdo con la utilización del término "designar". De acuerdo a la historia de las leyes, el cambio de posición de un funcionario en la planta se denomina "encasillar". Así lo aprendí y así lo he entendido durante toda mi vida. De modo que se rechazó la proposición. Y creo que tuve razón en mis planteamientos. Sin embargo, a mi entender, carece de importancia el empleo de una u otra expresión si se logra el objetivo.

Lo mismo sucede con las otras indicaciones presentadas por la señora Senadora , por cuanto -y esto que quede claro- no corrigen ni modifican el proyecto en su esencia. Así lo expresó el señor Ministro del Trabajo cuando me planteó la idea de llegar a ese acuerdo. En tal oportunidad, le manifesté que, como en estas materias lo importante era lograr el objetivo y evitar los tropiezos, a mi juicio, no había inconveniente en llegar a estos entendimientos. Y en tal sentido los acepto y los voto; pero no puedo compartir la idea de que en la Comisión, en una actitud torpe nos habríamos opuesto a indicaciones que tenían un significado claro y que la nuestra era una posición que no correspondía.

Si aceptamos el acuerdo, lo hicimos porque el alcance de las modificaciones no cambia el sentido de las normas que habíamos aprobado y en las cuales se utilizaban otras palabras y frases y menciones jurídicas diferentes.

El señor DÍAZ .-

Ayer tuvimos una larguísima discusión respecto del sentido de las palabras. Y creo que éstas debemos entenderlas en función de lo que realmente significan. El término "encasillado" se utiliza siempre en la Administración Pública. Quienes fuimos funcionarios de ella así lo entendemos. Al respecto, quiero dar un ejemplo: en esta Sala hay Senadores elegidos y Senadores designados, pero ninguno "encasillado". Todo el mundo lo entiende así. ¿O podríamos decir que los institucionales están "encasillados"? ¡Eso se prestaría para interpretaciones un poco confusas!

Por lo tanto, pienso que debemos usar las palabras en su recto sentido, y para eso tenemos el Diccionario.

Cuando tratemos el artículo 10 relativo a la retroactividad de las cotizaciones de salud, ruego al señor Presidente dejarme inscrito desde ya.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, seré muy breve. Sólo quiero reafirmar las palabras del Senador señor Ríos, por cuanto en la Comisión de Hacienda hemos aprobado 36 proyectos de ley sobre reajustes para distintos organismos de la Administración Pública. Y en tales iniciativas pudimos apreciar que siempre hubo diferencias de dos o tres grados en perjuicio de los Directores Regionales frente a los de la Región Metropolitana. Pero aquí, además del Director Regional correspondiente existe un Director General y un Subdirector. Vale decir, tres funcionarios que se abocan al mismo trabajo.

¿Y qué ocurre con los Directores Regionales? Consideran que su carrera funcionaria no es sólida ni estable, por lo cual permanecen en el cargo de manera transitoria, pues siempre están aspirando a llegar a la metrópolis para ganar dos o tres grados y una remuneración mayor.

¿Por qué he querido manifestar mi concordancia con lo señalado por el Honorable señor Ríos, lo que se consigna en la página 4 del informe de las Comisiones unidas? Porque, a través de los dos señores Ministros presentes en la Sala, deseamos enviar un mensaje al Gobierno a fin de que sepa que, si remite al Congreso otro proyecto que contenga el mismo "descriterio regional" -lo cual, por lo demás, no se justifica- algunos Senadores nos veremos en la necesidad de rechazarlo.

Se nos han dado diferentes argumentos para justificar la diferencia entre ellos, que en la Región Metropolitana hay más gente. Pero ocurre que en las Regiones los funcionarios deben cumplir las mismas responsabilidades y, tal vez, sean ellos los que contribuyen al desarrollo de las mismas. Sin embargo, con el procedimiento empleado nunca podremos hacerles justicia.

Señor Presidente, reitero que, a través de las autoridades gubernamentales presentes, quiero enviar un mensaje al resto de los señores Ministros y al Gobierno en el sentido de que es muy probable que los futuros proyectos que debamos examinar sobre la misma materia sean rechazados por algunos Senadores en el caso de que sean similares en su contenido al de la iniciativa en debate.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, sólo quiero decir unas pocas palabras. No deseo que en la Sala quede flotando un cargo muy injusto hecho en contra de la Senadora señora Feliú. Su Señoría ha estado defendiendo un asunto en el que, a mi juicio, tiene toda la razón. En efecto, no procede el encasillamiento del personal a contrata, pues éste debe ser designado. El encasillamiento es propio de funcionarios de planta.

En todo caso, no me interesa alargar la discusión del tema; pero quiero expresar que comparto absolutamente el punto de vista de la Honorable señora Feliú, y pido la aprobación unánime del proyecto.

El señor OTERO.-

En nombre de los Senadores de Renovación Nacional, anuncio nuestros votos favorables a las indicaciones de la Honorable colega.

Pero no podemos dejar pasar esta oportunidad sin adherir a las palabras del Senador señor Thayer. Se puede discrepar de las indicaciones que se formulan; sin embargo, no hay duda de que en el aspecto administrativo el encasillamiento sólo se puede hacer respecto del personal de planta y el a contrata debe ser designado. En ese sentido, las observaciones no son un antojo, sino que tienen como objetivo hacer que la ley cumpla todos los requisitos correspondientes para que se produzca el efecto deseado.

Por lo tanto, queremos dejar claramente establecida nuestra posición.

Y como el Honorable señor Hormazábal abordó el problema que afecta al Senado en relación con la tramitación del proyecto, deseamos manifestar que los Senadores de Renovación Nacional adhieren a lo expresado por Su Señoría, aun cuando estamos en bancadas opuestas. Porque no es admisible culpar permanentemente a esta Corporación de dilaciones en el estudio de las iniciativas, menos aún si, después de permanecer en la Cámara de Diputados 6 u 8 meses -a veces, hasta más de un año-, aquí las tenemos que despachar en un plazo de 60 días o en uno inferior. En el caso del proyecto en análisis, debo decir que la Corporación no ha tenido culpa en la demora de su despacho, si es que ha sufrido alguna.

Además, quiero recordar que la iniciativa ingresó a la Cámara Baja sin calificación de urgencia y que el Ejecutivo es quien regula el despacho de los proyectos de ley a través de tal mecanismo. No es el Senado de la República quien lo establece, sino aquél. También es necesario tener presente que, cuando una Comisión se encuentra analizando una determinada iniciativa e ingresa otra con mayor prioridad, está obligada a dar preferencia a determinada materia, de acuerdo a la urgencia que le fije el Ejecutivo .

Por lo tanto, deseamos dejar muy en claro que, en lo que respecta al Senado por lo menos, no ha habido ni demora ni lenidad en el tratamiento de la iniciativa.

Y en cuanto a la situación de la Honorable señora Feliú , debo manifestar que Su Señoría cuenta con nuestro total respaldo por la forma en que ejerce sus funciones.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, me alegro de que el Ejecutivo recogiera la inquietud manifestada en varias oportunidades en el Senado con ocasión de proyectos que concedían reajustes con efecto retroactivo, en lo referente a la cotización para salud, equivalente a 7 por ciento del sueldo imponible.

En todas las iniciativas anteriores ese descuento se entregaba a las ISAPRES, pese a que éstas, durante el período de retroactividad, no estaban obligadas a efectuar prestaciones a los afiliados en cuestión.

El Ejecutivo estudió el asunto y presentó una indicación en virtud de la cual persigue corregir el efecto recién señalado -que en definitiva significa un enriquecimiento sin causa para las instituciones favorecidas- traspasando la retención correspondiente, que antes se destinaba a la ISAPRE pertinente, a la cuenta de capitalización individual del afiliado en la respectiva administradora de fondos de pensiones. Respecto de los trabajadores que revistan la calidad de imponentes del Instituto de Normalización Previsional, el descuento pasará al fondo de pensiones perteneciente a dicho organismo, pues estos funcionarios están sometidos al sistema de un fondo solidario de reparto. No así los primeros, para quienes existe un régimen previsional con cuentas individuales de ahorro.

Según cálculos más o menos gruesos, el mayor costo del proyecto para este año, sin contar el gasto que significa la creación de 80 nuevos cargos de fiscalizadores (que no tiene efecto retroactivo), asciende a una suma aproximada de 650 millones de pesos. Por lo tanto, en caso de no aprobarse la proposición de las Comisiones unidas, se entregaría a las ISAPRES sin justificación -lo que podría llamarse un enriquecimiento sin causa- una cantidad aproximada a los 50 millones de pesos. De ahí que es acertada la indicación del Ejecutivo para que esa cifra vaya en beneficio, no de dichas instituciones, sino de los propios trabajadores, con efecto retroactivo.

Quiero hacer presente que los mismos representantes de las ISAPRES, en reuniones sostenidas con ellos, me han manifestado la inconveniencia de que se les siga entregando un beneficio que no les corresponde, porque entienden que ello trae como consecuencia problemas de transparencia y que dichas entidades sean criticadas por legislaciones de esta naturaleza, las que tales instituciones no han pedido ni perseguido. De manera que también van a estar conformes con que no sigamos legislando en la forma errada como lo hicimos en el pasado y con que, cada vez que se presente un proyecto que reajuste las remuneraciones del sector público con efecto retroactivo, los recursos pertinentes vayan en favor de los propios trabajadores, como lo propone el artículo 10 que se somete a nuestra consideración.

Gracias, señor Presidente.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, hace sólo algunas semanas se discutió el mismo tema y se expresaron opiniones en pro y en contra -me parece que el asunto quedó bastante claro- con motivo del debate del proyecto que otorgaba beneficios a los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076 que trabajan en los servicios de urgencia, una de cuyas normas entregó las cotizaciones para salud con efecto retroactivo en beneficio de las ISAPRES.

Creo que los argumentos se dieron en aquella oportunidad, reforzados ahora por el Honorable señor Zaldívar, por lo cual considero que la proposición que hace el Ejecutivo es la más justa.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Respecto a este punto, tan claramente explicitado por los Honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra, sólo quiero reiterar ante la Mesa que en su oportunidad solicitamos que la autoridad correspondiente (la Superintendencia o el Ministerio respectivo) determinara cuál era el monto equivalente al 7 por ciento para salud que se entregó con efecto retroactivo a propósito de las distintas leyes de similar naturaleza que hemos despachado, donde se produjo la misma situación.

El señor ZALDÍVAR.-

En el caso de esta ley, esos fondos corresponden a 50 millones de pesos.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, termino señalando que se trata de un tema relevante, por lo que significa en sí misma la figura generada, por los montos que están en juego y porque creo que es necesario saber a qué cantidad ascienden los dineros destinados por tal concepto.

El señor RÍOS. -

Señor Presidente, entiendo el entusiasmo que provocará en los trabajadores el despacho del proyecto y comprendo los agradecimientos del señor Ministro , pero queda pendiente lo solicitado por los Senadores presentes con el fin de resolver el problema de los grados inferiores, con responsabilidades iguales, que tienen los funcionarios de cargos directivos en Regiones distintas de la Metropolitana.

Es una inquietud muy importante que queda planteada, y, aunque sabemos que no puede darse una respuesta sobre ella ahora, esperamos un análisis profundo y rápido acerca de esta materia, con el objeto de resolver una dificultad que se presenta, no sólo en organismos dependientes del Ministerio del Trabajo, sino también en otros vinculados con diversas Secretarías de Estado.

Nada más, señor Presidente .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

A continuación, figura en el Orden del Día el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados sobre Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias Funcionales, con segundos informes de las Comisiones de Gobierno, Descentralización y Regionalización y de Hacienda.

En discusión particular el proyecto.

-Los antecedentes sobre el proyecto fisgaran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 45°, en 24 de marzo de 1992.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 50°, en 11 de mayo de 1993.

Hacienda, sesión 50°, en 11 de mayo de 1993.

Gobierno (segundo), sesión 14°, en 3 de agosto de 1993.

Hacienda (segundo), sesión 14°, en 3 de agosto de 1993.

Discusión:

Sesión 2°; en 2 de junio de 1993 (se aprueba en general).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En seguida, figura en el Orden del Día el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en segundo trámite constitucional, que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno y modifica diversas disposiciones legales complementarias, con informes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 1a, en 1° de junio de 1993.

Informes de Comisión:

Derechos Humanos, sesión 12a, en 20 de julio de 1993.

Hacienda, sesión 12a, en 20 de julio de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

El proyecto fue aprobado en general por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos, la que recomienda a la Sala acogerlo con las modificaciones que plantea en su informe.

El proyecto consta de cuatro artículos permanentes y uno transitorio.

La Comisión de Hacienda, por su parte, propone algunas modificaciones.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general el proyecto.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, tocante al requerimiento del Senador señor Jarpa de antecedentes sobre las importaciones de vehículos, debo informar que el Director Nacional de Aduanas concurrió a la Comisión de Hacienda y entregó todos los datos relativos a la internación de automóviles. De modo que ellos están a disposición del Honorable colega en la Comisión. Y, si lo estima conveniente, podemos pedirlos para que le sean entregados.

La citada autoridad aduanera señaló claramente que las internaciones de automóviles de los exiliados tienen el mismo tratamiento tributario y arancelario que las de los diplomáticos y militares, con la diferencia que estos pueden ingresar vehículos de hasta 25 mil dólares, mientras los exonerados pueden hacerlo sólo por vehículos de hasta 10 mil dólares. Entre los antecedentes de que dispone la Comisión, hay una serie de explicaciones que, indudablemente, son las que desea conocer el Senador señor Jarpa .

He dicho.

El señor NUÑEZ.-

Señor Presidente, tengo la impresión que sobre esta materia no debieran existir mayores discrepancias en el Senado.

Cuando se discutió sobre la Oficina Nacional de Retorno, en general hubo bastante acuerdo en la necesidad de otorgar beneficios, mediante la creación de este servicio -y posteriormente, con la dictación de leyes complementarias-, a todos aquellos que sufrieron el exilio.

El exilio es un tema sumamente complejo, y, a mi juicio, tenemos la obligación de estudiarlo un poco más, por cuanto sus secuelas perdurarán indefinidamente en el tiempo. Es muy difícil que podamos señalarle un término exacto. Aun cuando técnicamente ha finalizado, la verdad es que sus consecuencias políticas, culturales, sociales y de otra índole se mantienen.

Por tal motivo, me parece acertada la iniciativa del Gobierno de elaborar una política de migración. Lo concreto es que actualmente más de 1 millón 200 mil chilenos no van a retornar al país, y, ante esa realidad, tenemos que contar con una política que permita ir creando la comunidad chilena en el exterior. En algún momento será preciso analizar, entre otras cosas, la posibilidad de conceder a esos compatriotas el derecho a voto, tal como lo han hecho muchos países del mundo que han vivido estos procesos, ya sea por razones políticas o económicas.

Asimismo, debemos prorrogar el efecto de una norma que ha permitido a muchos chilenos que estuvieron en el exilio recuperar en el país su formación académica o profesional, fruto de determinaciones que tomamos en el Parlamento. No es posible dejarlo expirar. Hay un gran número de jóvenes que aspiran a retornar, pero que se ven impedidos de hacerlo a causa de la precariedad de la ley en vigencia. Muchos de ellos ya tienen títulos profesionales obtenidos en Europa, Estados Unidos, Canadá , Australia, etcétera, pero aguardan la medida a que hago referencia, que les permite compatibilizarlos. Me consta que en este caso se encuentra una cantidad no despreciable de jóvenes de la más alta calificación académica, profesional o científica.

En consecuencia, creo que debemos pronunciarnos pronto sobre el particular, no solamente porque la ley expira en un plazo determinado, sino, también, porque deberemos seguir debatiendo el tema en lo futuro.

Tengo la impresión de que la legislación en comento está abriendo a muchos compatriotas la posibilidad de volver al país con alguna cantidad de medios económicos que les permitan sobrevivir. Ciertamente, sería bueno contar con mayores antecedentes sobre el punto. En ese sentido, la comisión de Hacienda debiera hacernos llegar no solamente las informaciones recabadas respecto de la internación de vehículos, porque muchos retornados también han traído otro tipo de bienes, con los que han podido instalar pequeñas empresas. La ley los autoriza para ingresar un "quantum" determinado de recursos, que pueden invertir en la actividad que elijan como medio de subsistencia. Estoy pensando, específicamente, en los bienes de capital que se hallan en esa situación, los cuales están constituyendo una base tecnológica de medios de producción realmente importante.

Debemos, pues, tener un dato preciso de cuánto se ha internado por esa vía, que corresponde a uno de los beneficios contemplados para esas personas.

Muchas gracias.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, deseo relatar que en la reciente gira del Presidente de la República a los países nórdicos, en la que varios Parlamentarios tuvimos la oportunidad de acompañarlo, junto al Senador señor Páez y a los Diputados señores Concha y Matta pudimos tener reuniones muy amplias con las comunidades chilenas del exilio más numerosas.

Tal es el caso de las radicadas en Suecia y Noruega. La primera de ellas se calcula en 20 mil a 30 mil personas, actualmente, y, según se nos ha dicho, la segunda bordearía las 8 mil personas.

En esas ocasiones se nos representó con mucha fuerza por parte de estos compatriotas su aspiración a que tanto los beneficios que establece la ley como el funcionamiento de la Oficina sean prorrogados.

Ahora bien, en la discusión del proyecto tanto en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía -en la que me tocó participar en reemplazo de la Senadora señora Soto - como en la de Hacienda hubo una amplia unanimidad en torno a la necesidad de que el plazo fuera, incluso, mayor que el propuesto por el ejecutivo. Es punto que me interesa exponer en el debate. Porque debemos entender que el retorno de los exiliados y de sus familias es un proceso no siempre fácil. Existen diversas categorías entre ellos, en efecto: hay personas que salieron en distintas épocas, que tienen distintas edades, y las situaciones familiares difieren. Pero media la aspiración a volver al país. Y creo útil que éste recupere a estos conciudadanos que, por razones ajenas a su voluntad, debieron abandonarlo.

Cabe recordar, además, que a fin de alcanzar un acuerdo se modificó la fecha inicial, que concedía los beneficios sólo a quienes hubieran salido después del 11 de septiembre de 1973, y se extendió a una anterior, con lo cual se incluyó a compatriotas que pudieron haber salido por razones de fuerza mayor, calificación que queda en manos de la Oficina Nacional de Retorno.

Por otro lado, está contemplado en la ley en proyecto el problema de quienes no han concluido sus estudios, así como otras situaciones que retrasan la decisión de volver al país. Daré un ejemplo: actualmente se encuentran en análisis varios convenios, fundamentalmente con países europeos, que permiten trasladar a Chile los fondos provisionales que las personas han acumulado durante sus años en el exterior. Está a punto de firmarse uno con la República Federal de Alemania y se sostienen conversaciones para celebrar otros con los Gobiernos sueco, danés y otros. Y no cabe duda de que para muchas familias el que tales convenios se aprueben y entren en vigencia constituye un dato esencial para tomar la decisión de volver, porque, de esa manera, no perderían el conjunto de imposiciones que han hecho durante años en los países en que han residido.

Por tanto, si efectivamente queremos que la mayor cantidad posible de compatriotas vuelva al país, dentro de su libertad, debemos, por lo menos, aprobar el proyecto en debate, que, en lo personal, considero insuficiente para el caso del retorno del exilio. Reitero en la Sala un juicio que he expresado junto a otros Honorables colegas en la Comisiones: un año para conseguir este propósito me parece un plazo demasiado breve. Ciertamente, como la iniciativa en la materia sólo corresponde al Ejecutivo , voy a aprobar el proyecto tal como está, pero quiero dejar sentada mi opinión en el sentido de que el retorno de las comunidades de exiliados requiere una cierta atención y seguimiento por parte del Estado, así como un Oficina especializada, por un período superior al año con que prácticamente se contaría a partir de este momento, según el proyecto, que fija el 20 de septiembre de 1994 como fecha límite.

Por último, cabe tener presente que, resuelto el problema, hasta donde ello es posible, del retorno de las comunidades del exilio que tuvieron su origen en los acontecimientos que el país vivió en los duros años que siguieron al pronunciamiento militar (o golpe militar, como decimos nosotros), se va a plantear la necesidad -y en este punto recogemos las opiniones del señor Ministro - de que Chile aplique y profundice una política en relación con los compatriotas que viven en el extranjero. Algunas de estas comunidades son históricas y no tienen que ver con el exilio. Tal es el caso de las que existen desde hace muchos años en la República Argentina, y, sobre todo, en la Patagonia. Pero ese fenómeno se ha ampliado, y en la actualidad hay otras en más de 70 u 80 países, de modo que una parte de nuestra nación se va a seguir desarrollando en diversas latitudes de la Tierra. Y es del más alto interés para Chile mantener vinculaciones culturales y económicas con ellas, que son parte de nuestro patrimonio.

En consecuencia, resultará indispensable crear una política respecto de la emigración. Ya no se tratará de exilio, sino de chilenos que, voluntariamente, resuelven no volver, sin perjuicio de que su alejamiento del país no haya sido voluntario. Creo que constituyen ellos un capital humano, cultural y social con el que deben preservarse las vinculaciones de todo tipo. Además, son comunidades que pueden servir enormemente al desarrollo y profundización de nuestras relaciones, en todos los planos, con muchos países del mundo.

Por tanto, tras la aprobación de esta iniciativa quedará pendiente la necesidad de establecer una política respecto de la emigración chilena y los mecanismos del Estado encargados de llevarla a cabo.

Termino mi intervención, señor Presidente, señalando que tanto los beneficios que nos ocupan como el funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno debieran ser prorrogados por más tiempo que el contemplado en el proyecto en debate.

He dicho.

La señora SOTO .-

Señor Presidente, siempre hemos pensado que el Senado no sólo está para elaborar las leyes, sino, también, para debatir los grandes temas que interesan al país y para influir en la sociedad, como líder de opinión, a fin de guiarla en la recuperación de muchos principios que, quizá, se perdieron.

Estimamos que el patriotismo no consiste sólo en cantar la canción nacional o en amar los emblemas nacionales, sino, sobre todo, en amar a nuestros compatriotas, sintiéndolos parte de las raíces que a todos nos unen.

Durante un largo período, mucha gente nuestra sufrió el dolor de vivir fuera de Chile obligadamente, con violencia, con grandes trastornos. Numerosas familias se separaron durante el exilio; muchos hijos sufrieron el abandono o vieron surgir una brecha entre ellos y sus padres. Personalmente, conocí un excelente médico que en Alemania vivía el drama de querer volver al país, sin poder hacerlo con sus hijos, que habían asimilado la cultura europea y que aspiraban a permanecer en ella.

Creo que es nuestra obligación recuperar a estos compatriotas que andan repartidos por el mundo, que han adquirido conocimientos necesarios para Chile y las generaciones futuras. Recuerdo el caso de un político muy importante que, hallándose exiliado en Washington, quedó muy desolado cuando, al querer regresar, su hija de 18 años decidió permanecer en la sociedad en que vivía. No obstante, ella se comprometió a venir un tiempo, a conocer el país y a ver a sus parientes, y resultó que finalmente se reencontró con sus raíces y decidió quedarse en Chile, donde actualmente está terminando sus estudios.

En fin, estimo que debemos a esos compatriotas errantes una retribución, más que en el aspecto material, en el afecto. Éste, como no podemos medirlo en los abrazos que reciban al llegar, puede traducirse en determinados beneficios establecidos en ley. Cuando hemos estado en el extranjero hemos celebrado, también, reuniones al más alto nivel -con la Comunidad Europea, en Francia, por ejemplo-, para ver la posibilidad de que los gobiernos igualmente tomen medidas tendientes a incentivar el que nuestros connacionales en esos países vuelvan a su terruño, y nos entreguen todo su capital espiritual, toda su formación profesional. Y ello se ha obtenido. El señor Ministro de Justicia informa que se ha concretado con Alemania un convenio en esta materia.

Tenemos que dar una mirada, asimismo, a aquellos que emigraron por razones económicas. Cabe recordar que muchos de nuestros compatriotas viven en la Patagonia y usan atuendos de gaucho. Realmente, debiéramos preocuparnos de eso.

Por estas razones, señor Presidente , creo que debemos considerar, el proyecto con ojos más afectuosos y pensar en su contenido no sólo como una necesidad práctica, desde el punto de vista de los beneficios, sino, también, espiritual, de reencontrarnos. Hablamos mucho de reconciliación en estos días, por motivos obvios. Éste es un gesto. Aprobemos el proyecto. Y ojalá que puedan prorrogarse sus términos más allá del plazo que se señala.

Nada más, señor Presidente .

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, soy uno de los Senadores que participaron en la discusión de esta iniciativa en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y, al igual que los Honorable colegas Gazmuri y Martin, he hecho ver la necesidad de que se modifique el plazo que el Ejecutivo estima suficiente para resolver el problema. Expondré la cuestión en la siguiente forma. En mi opinión, es cierto que en algún momento hay que poner término a los beneficios que otorgan estas disposiciones legales y, también, al funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno, lo cual debe ser reemplazado por una política de emigraciones; pero no es menos cierto que debemos considerar algunos hechos, el primero de los cuales lo constituyen las personas que han estado en el exilio. Si bien no he tenido oportunidad de conversar directamente con ellas, a través de la información que me ha entregado el Obispo de Punta Arenas, monseñor Tomás González -quien es el Presidente de la Pastoral de Migración y Retorno, del Episcopado-, me he enterado de que hay muchas que se hallan interesadas en volver.

El problema no sólo radica, sin embargo, en tomar esa decisión sino que también lleva implícita la dificultad de conseguir un trabajo, de poder reinsertarse en el país. Y los beneficios que otorgan las disposiciones legales no son suficientes para que esos compatriotas regresen a Chile y se instalen con una industria o una empresa, o bien, con un pequeño negocio. No es algo tan simple. De manera que un gran número de ellos están esperando que se den las condiciones que requieren.

De allí que, a mi juicio, el plazo establecido en el proyecto no es suficiente. Y, quizás, podríamos aprovechar la coyuntura de que se ha pedido segunda discusión -como se dice "no hay mal que por bien no venga"-, a fin de solicitar al Ejecutivo que revise algunos aspectos sobre el particular.

Estoy de acuerdo en que debe seguir aplicándose una fórmula para resolver este problema y en que ella tiene que contemplar a todos los chilenos que residen en el exterior, ya sea porque sufrieron el exilio o porque se fueron voluntariamente, por razones económicas. Pero hay que hacer, sí, una clara distinción: no es lo mismo haber salido obligadamente del país que haberlo hecho motu proprio. Pienso que, para acogerse a los beneficios de que se trata, la ley debería fijar un plazo bastante mayor que el de funcionamiento de la Oficina de Retorno. Es decir, debería distinguirse entre el período para recabarlos y el de duración de ese organismo.

Evidentemente, debe ponerse término a estas situaciones. Sin embargo, a diferencia de otros hechos que enfrenta el país, el mantener una disposición que permita a los chilenos residentes en el exterior volver y reinsertarse en nuestra patria no provoca tensiones en la sociedad.

Por consiguiente, solicito al señor Ministro de Justicia -presente en la Sala- que estudiemos en conjunto una norma que haga posible que el plazo para recabar los beneficios que otorgan las disposiciones legales se prorrogue más allá del funcionamiento de la Oficina de Retorno, sin perjuicio de que, al mismo tiempo, dicho funcionamiento efectivamente encaje con el inicio de otro tipo de organismo que atienda el tema de las migraciones. Porque tampoco podemos conformarnos con que, para acogerse a las normas de la ley N° 18.994, los interesados deban manifestar su intención de regresar al país dentro del plazo comprendido hasta el 31 de diciembre próximo. Creo que ese término es bastante estrecho: quedan menos de 5 meses para que se exprese tal voluntad.

Me parece, entonces, que sería importante analizar esta situación en todos los aspectos. Debemos aceptar que hoy, a pesar de los beneficios que conceden las disposiciones legales, no es fácil que nuestros compatriotas que residen y trabajan en el exterior retornen al país sin saber si van a encontrar empleo o no. De otro modo, vamos a prolongar la angustia de personas que desean regresar a Chile y no lo pueden hacer.

En consecuencia, no sólo debería aprobarse lo establecido en la iniciativa, sino que, además, tendría que surgir una petición unánime del Senado en el sentido de que se prorroguen los plazos más allá de lo que este texto dispone.

He dicho.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, para los efectos de aclarar más el debate, es necesario precisar algunos conceptos que reiteradamente se han vertido respecto de los plazos.

Se ha expresado que la Oficina Nacional de Retorno se extingue el 20 del mes en curso. Eso no es así. Ella se mantendrá hasta el 20 de noviembre próximo. En efecto, el artículo 11 de la ley N° 18.994 determina que dicho organismo funcionará durante 40 meses, a contar de la fecha de vigencia de la ley. Como esta última fue publicada el 20 de agosto de 1990, significa que el vencimiento del plazo tendrá lugar el 20 de noviembre del presente año.

Eso, en primer término, y para la tranquilidad del Senado. Reitero que el plazo rige hasta el 20 de noviembre de 1993.

En segundo término, nosotros estamos estudiando, también, una modificación a la ley N° 19.074, que autoriza el ejercicio profesional a personas que obtuvieron títulos o grados en el extranjero. Este caso es distinto, en consecuencia. Por mi parte, entregué una indicación a la Mesa a fin de extender este último beneficio, el cual fue otorgado, conforme al sentido y espíritu de la normativa -y como lo han señalado los señores Senadores-, a todos los que tuvieron que salir del país por distintos motivos.

Por otro lado, es muy importante -en la Comisión se analizó profundamente el punto- establecer ciertos períodos en estas materias, para los efectos de la organización interna del país. Ése fue el único motivo o fundamento lógico que imperó en la discusión que sostuvimos.

Ahora, respecto a una cuestión diferente, pero que también provocó debate en el Senado con motivo del proyecto sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias funcionales, el Senador señor Hormazábal expresó hace un momento -con razón- que no era posible discutir esa normativa sin que estuviese presente el señor Ministro del Interior . En verdad, dicho Secretario de Estado , a quien corresponde ese tema, nunca concurrió a la Comisión de Gobierno, lo que no influyó mayormente en el curso del análisis requerido, de modo que podría despacharse ese texto sin ningún problema.

Insisto en que el plazo establecido para la Oficina Nacional de Retorno vence...

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, la aclaración efectuada por el Senador señor Ruiz me ahorra palabras, por cuanto el Honorable señor Ríos se ha equivocado, en parte, al referirse a la afirmación que algunos Senadores han hecho -el que habla fue uno de ellos- en el sentido de que la atención a los beneficiarios vence el 20 de agosto de 1993. Precisamente, una de las modificaciones que incluye el proyecto es la de prorrogar ese plazo hasta el 20 de agosto de 1994, al sustituir el artículo 11° de la ley N° 18.994.

Luego de dilucidar lo anterior, y en vista de la urgencia de que el Senado se pronuncie sobre esta iniciativa, quiero manifestar una opinión acerca del propósito de beneficiar a un grupo de compatriotas que ha debido vivir involuntariamente fuera de su patria, la que hoy le abre las puertas para que pueda retornar.

Tal como se ha señalado por varios señores Senadores que han sido testigos del problema que sufren tantas familias chilenas en diversos países del mundo, el traslado a nuestro país de una persona que ha vivido en el exilio por largo tiempo no depende de su propia voluntad, sino de muchos factores que ya la han enraizado, que la ligan con ciertos "amarres" al lugar donde reside. Es el caso de la educación, la previsión, y muchos otros, como se hizo presente, que le impiden tomar una decisión hoy día.

Actualmente, hay chilenos que saben que cuando puedan jubilar en el exterior -porque no existen convenios previsionales todavía finiquitados- los efectos de esta legislación se habrán extinguido. Es decir, por el hecho de transcurrir un término, a lo mejor no van a poder retornar a nuestro país con los beneficios que deseamos otorgarles.

Por supuesto, este tipo de disposiciones legales no pueden tener un plazo indefinido. Sin embargo, como con posterioridad a la presentación de esta iniciativa el representante del Gobierno hizo ver en la Comisión de Hacienda que se plantearía un proyecto sobre migraciones, quiero pedir al señor Ministro de Justicia que cuando se estudie esa temática se considere la posibilidad de que beneficios como los que nos ocupan -y, principalmente, para ingresar elementos de trabajo- sean otorgados a los chilenos que vuelvan a su patria, cualquiera que fuere el plazo en que lo hagan, y aun cuando se encuentre vencida esta legislación.

Por otra parte, hago mío el planteamiento hecho por el Senador señor Gazmuri en el sentido de que el país no puede olvidar a la colonia chilena que quedará en varios lugares del mundo y tiene que implementar una política, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, para asistir, apoyar y mantener el nexo que la une con su patria. Ésta es otra materia que deberíamos contemplar cuando tratemos el proyecto que nos ha anunciado el Ejecutivo .

Espero que la iniciativa en debate sea aprobada a la brevedad. A mi parecer, ha sido un error que, por un mecanismo de tipo reglamentario, deje de ser votada.

Me informan que el obstáculo ya estaría subsanado, de lo cual me alegro, porque constituiría una muestra de solidaridad, de respeto y de entendimiento hacia un sector de chilenos que lo merece, ya que ha enfrentado una situación difícil de vivir.

He dicho.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, señores Senadores, la Oficina Nacional de Retorno ha desarrollado una labor necesaria y efectiva, destinada a ayudar a la reinserción de los chilenos que vuelven al país luego de haber sufrido el exilio. Durante su ejercicio ha extendido su atención a más de 20 mil personas.

Si bien la labor que le corresponde es, por su naturaleza, transitoria, resulta necesaria una prórroga de los plazos de vigencia establecidos tanto en la ley que la creó como en otras que benefician a la población retornada. Ello, por las siguientes razones principales:

1°) La ley que creó la Oficina Nacional de Retorno fue publicada el 20 de agosto de 1990, pero ese organismo sólo pudo entrar en funciones el 12 de noviembre del mismo año;

2°) En sus primeros meses de funcionamiento, la Oficina ofreció escasas posibilidades a los retornados, por la inexistencia de leyes y de medidas administrativas que los favorecieran; por el desfase en la llegada de los recursos de la cooperación internacional, y por las circunstancias propias que afectan a un servicio nuevo y con una pequeña planta funcionaria;

3°) En Regiones sólo fue posible crear tres agencias a mediados de 1991, y recién en el curso del presente año, algunas otras, debido a factores de carácter financiero;

4°) Existe un flujo de retorno que ha sido relativamente lento pero persistente, y se estima que continuará en el futuro, por lo que pareciera justo que a los chilenos que se encuentran próximos a volver -a los cuales se les ha pedido planificar responsablemente su regreso- se les dé la oportunidad de acogerse a las leyes que los benefician.

Sobre el particular, es dable señalar que, de acuerdo a la manifestación de voluntad expresada por quienes residen en el exterior, podría estimarse hasta en 7 mil 500 el número de titulares que retornarían en 1993 a Chile, lo que equivaldría a un total de 22 mil personas aproximadamente; y

5°) Al cumplirse el plazo original de vigencia de la Oficina, estarán en plena ejecución varios programas sociales financiados por la cooperación internacional, debido a que se iniciaron después de lo previsto, a raíz de los procedimientos burocráticos que rigen la recepción y el uso de esos recursos.

Por las razones expuestas, y acogiendo un acuerdo unánime del Consejo de la Oficina Nacional de Retorno, el proyecto prorroga la vigencia de este Servicio hasta el 20 de septiembre de 1994, haciendo presente que, sin embargo, la atención de público finalizará el 20 de agosto del año indicado.

Considero posible, señor Presidente -y para eso necesitamos la cooperación del Gobierno-, extender aquel plazo más allá de la fecha mencionada.

El mensaje del Ejecutivo se refiere a las modificaciones que se proponen a otras leyes que benefician a los retornados.

En primer término, explica que la ley N° 19.074, que autoriza el ejercicio profesional a los chilenos titulados o graduados en el extranjero y que debieron salir del país por fuerza mayor y que fue publicada en el Diario Oficial de 28 de agosto de 1991, establece que los beneficios que concede sólo podrán recabarse hasta el 1° de marzo de 1994.

Se estima -agrega el mensaje- en 2 mil 500, aproximadamente, el número de eventuales beneficiarios de esa ley que ya residen en Chile. Y destaca que el proceso de presentación de solicitudes ha sido lento, debido al tiempo que requiere reunir la documentación que se exige, lo que ha significado que no más de la mitad de los interesados hayan impetrado su derecho.

Señala que lo anterior, sumado al clamor de muchos exiliados para que se permita acogerse a esta ley a hijos suyos a quienes resta un par de años de estudios en el exterior, amerita prorrogar la vigencia de la ley N° 19.074, armonizándola con la prórroga que se propone para la Oficina Nacional de Retorno.

En cuanto a la ley N° 19.128, que otorga franquicias aduaneras a los retornados, señala el mensaje que se presenta una situación similar, pues el plazo para acogerse a los beneficios de la misma vence el 20 de agosto de 1993.

Sobre el particular, llama a tener presente que la calificación del interesado como exiliado político por la Oficina Nacional de Retorno debe ser objeto de un detenido análisis, por tratarse de una ley de carácter tributario; que el trámite aduanero tampoco es corto, y que la gran mayoría de los retomados requieren de un tiempo prudencial para reunir el dinero que les permita importar los bienes que la ley autoriza.

Las circunstancias anteriores -continúa el mensaje- han significado que hasta la fecha de presentación del proyecto sólo 2 mil 200 titulares, de los más de 6 mil atendidos por la Oficina de Retomo, hayan solicitado el certificado para ser presentado al Servicio Nacional de Aduanas.

Por las consideraciones precedentemente expuestas -concluye-, también parece conveniente una prórroga de la aplicación de esta ley.

Además, indica el mensaje que se propone modificar el artículo 5° de la mencionada ley, con el propósito de hacer posible la libre disposición de las especies amparadas por las franquicias que se establecen.

Finalmente, expresa el mensaje que el proyecto agrega un artículo transitorio destinado a solucionar la situación de las personas que se acogieron a la liberación de derechos, impuestos y gravámenes contemplada en el artículo 1° de la ley N° 19.128 y que, habiendo solicitado la libre disposición de sus mercancías, pagaron el impuesto al valor agregado y los impuestos adicionales pertinentes.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, considero que este proyecto es justo y necesario, y debe ser aprobado por el Senado con la mayor brevedad.

He dicho.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, la Sala del Senado es el mejor lugar para expresar sentimientos y opiniones.

Creo que ningún chileno bien nacido deja de sentir el dolor que experimentó quien tuvo que estar exiliado en el Régimen anterior. Pero no sólo hubo exilio en esa Administración: durante la que la precedió, muchos compatriotas debieron salir al exterior. En ambos casos -y en otros que registra la historia de Chile-, la pérdida, el daño y el problema familiar creados han sido irreparables.

Pensar que la bancada de Senadores de Renovación Nacional está pidiendo postergar una discusión o una votación por razones políticas es tener un muy mal concepto o creer que podemos actuar así en materias en las que no procedemos así.

No deseo citar un refrán. Pero no hay ninguna duda de que, cuando solicitamos segunda discusión, lo hicimos porque en los últimos días recibimos una serie de antecedentes que nos obligaban a pedir más informaciones, a fin de tener una posición clara respecto de todo el articulado de la iniciativa de ley y posibilitar su tramitación con la celeridad que el caso amerita.

Lamentablemente, para algún señor Senador eso no fue adecuado. Y se usaron términos que no son los que empleamos habitualmente en esta Sala para referirnos unos a otros.

Sin embargo, comprendemos el sentimiento que embarga a los Senadores de otras bancadas; algunos de ellos sufrieron el dolor del exilio, y sienten nuestro afecto y simpatía y nuestra comprensión humana. Creo que esos señores Senadores pueden dar testimonio al país de la forma como los representantes de Renovación Nacional hemos estado junto a ellos en muchas oportunidades y nos hemos sentido profundamente afectados por los problemas personales que tuvieron.

Este proyecto de ley, señor Presidente, será aprobado en general con los votos favorables de Renovación Nacional. Y, en nombre de los integrantes de nuestra bancada, anuncio el retiro de la solicitud de segunda discusión. Y la retiraré porque en este acto deseo dejar constancia de que el pensamiento y el sentimiento de los Senadores de Renovación Nacional no difieren de los de quienes integran esta Corporación, pues aquí todos hemos comprendido el anhelo y la necesidad de ir zanjando las diferencias que nos dividieron en el pasado.

Con la misma franqueza, no puedo dejar de protestar enérgicamente por la actuación de un señor Senador que, si bien sufrió en carne propia el exilio, aprovechó la oportunidad para atacar en forma desusada a quien estaba representando un pensamiento legítimo y claramente fundado de una bancada de Senadores que merece el máximo respeto.

Los Senadores de Renovación Nacional nunca descalificamos a nadie. Cuando alguien solicita segunda discusión, respetamos profundamente sus razones, porque siempre creemos que detrás de una petición de esa índole hay un motivo serio y grave. No podemos creer que un señor Senador quiera postergar sin razones fundadas el análisis de un proyecto de ley.

Consta al Senado que los representantes de Renovación Nacional asistimos en forma permanente a las Comisiones y a la Sala del Senado y procuramos agilizar la tramitación de los proyectos. Nunca se nos podrá acusar de retardar o de obstruir el despacho de una iniciativa de ley.

Por eso duele, señor Presidente, que en un momento dado, por una exaltación, pueda ponerse en duda nuestra actitud.

Es evidente que el proyecto contiene preceptos beneficiosos, que votaremos a favor. Pero también tiene disposiciones que deberemos discutir detalladamente en el Senado, por las consecuencias que pueden provocar.

¿Alguien podría negar la importancia y el valor de la educación de los hijos en el extranjero? ¿Alguien podría oponerse a que se prorrogue el plazo para los estudios? Por cierto que no. Nadie puede oponerse a lo que sea legítimo y justo.

Sin embargo, también existe el legítimo derecho a ver hasta dónde y de qué manera pueden extenderse franquicias que ya no son de aquel carácter, sino que tienen un claro sesgo económico. Ahí debemos analizar lo que es más conveniente para el país y para esas personas.

La mayor parte de los exiliados vuelven para radicarse en Chile. Hacen uso de las franquicias, no para negociar y obtener lucro personal, sino exclusivamente para poder reintegrarse a la sociedad.

Es precisamente dentro de ese concepto -del respeto que sentimos por quienes están volviendo al país, porque sabemos a ciencia cierta que la gran mayoría de ellos no pretende usar las franquicias para aprovecharlas en negocios, sino únicamente para radicarse en Chile- que estudiaremos en detalle esta iniciativa de ley y formularemos las indicaciones del caso.

Por las consideraciones expuestas, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, retiro la solicitud de segunda discusión y anuncio formalmente los votos favorables de nuestra bancada a la idea de legislar, haciendo expresa reserva de nuestro derecho a formular indicaciones para que este proyecto realmente corresponda a lo que nosotros entendemos. Y, en tal sentido, pido de inmediato fijar como plazo para presentarlas el 16 de agosto, a las 16.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, el Comité Demócrata Cristiano expresa su satisfacción y agradecimiento al Comité Renovación Nacional por la oportunidad que ha dado para desarrollar este debate y votar en general el proyecto. Creo que su actitud demuestra una vez más que en el Senado hay disposición. Y así como en otras oportunidades eso nos ha correspondido a nosotros, pensamos que es un gesto relevante no enturbiar la discusión con elementos laterales.

Por cierto, debo señalar que a las expresiones que escuchamos sobre el particular no les atribuimos el carácter de injuriosas o de atentatorias contra el legítimo derecho de otros señores Senadores a sustentar opiniones distintas. El Honorable señor Zaldívar recordó un compromiso moral suyo, precisamente por el hecho de haber sido exiliado durante mucho tiempo. Pero las palabras de Su Señoría sólo pueden interpretarse como un gesto de preocupación ante una decisión que el debate posterior demostró que se podía cambiar.

Con legitimidad, un señor Senador de Renovación Nacional solicitó antecedentes que no se habían proporcionado. La discusión permitió demostrar que estaban disponibles. Y el debate que hemos tenido ha sido ejemplar para reiterar que es posible, dentro de las legítimas discrepancias y diferencias, encontrar un procedimiento que haga factible resolver los problemas que se nos plantean.

Señor Presidente, en nombre del Comité Demócrata Cristiano -insisto-, agradezco la posición de Renovación Nacional de permitir discutir y aprobar en general el proyecto en esta sesión.

Por último, concordamos con el plazo que propuso el Honorable señor Otero para presentar indicaciones.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, el tema es muy delicado, y creo que ha sido bien llevado por la Sala. Nadie ha querido afectar los sentimientos ni de las personas que han estado exiliadas, ni los de aquellas que ahora se encuentran en el exterior por problemas bastante ajenos a su voluntad.

Creo que esta iniciativa debe ser analizada sin sensibilidades exageradas, porque dentro de ella hay detalles fácilmente corregibles.

En primer lugar, creo que es inconveniente a estas alturas seguir hablando de "exiliados", pues en el actual período ha habido ya tres años y medio para regresar. Aún más, desde fines o comienzos -no recuerdo bien- de septiembre de 1988 data el término de las últimas restricciones. Es decir, han tenido cinco años y medio para iniciar su retorno.

Indiscutiblemente, se deben respetar sus dificultades, las ansias de regresar al país, que son lógicas. Pero así como tienen esas ganas de volver a Chile, cientos de chilenos más se encuentran en la misma situación.

Recuerdo lo que la Senadora señora Soto señaló respecto a la crisis que varios chilenos vivieron en Israel al no poder salir de ese país. Se pusieron en contacto telefónico con Su Señoría -era un grupo importante de compatriotas que querían regresar; se hallaban en dificultades-, y, gracias a Dios, encontraron a una persona amable que estableció ciertos contactos y los ayudó.

Debemos tener presentes, también, las largas filas formadas alrededor del consulado de Estados Unidos en su gran mayoría por gente que desea salir de Chile para reunir un capital y regresar.

Asimismo, debemos tener en consideración los problemas de una serie de porteños de Valparaíso que contrataron hace tiempo los servicios de determinadas agencias que les ofrecieron el mundo nuevo y moderno de los países escandinavos, pero allá los dejaron botados. Esa gente también quería regresar, tal como los de la Patagonia y todos los que hemos visto en nuestras propias experiencias en el extranjero, que no salieron por razones políticas y programaron su retorno.

Por eso, creo que la iniciativa sobre política de migraciones anunciada por el Ejecutivo será mucho más efectiva.

Al respecto, recuerdo que en el primer año del Gobierno anterior también se adoptó exactamente la misma medida. Mediante una ley aprobada en diciembre, se concedió el plazo de un año (no se prorrogó). Los beneficios consistieron en la internación de un vehículo en condiciones especiales para sólo una persona. Aparte otros bienes en cantidades reducidas. Empero, debo reconocer que, a pesar de todas las medidas tomadas, hubo sinvergüenzura y graves problemas provocados en la Aduana por gente que se aprovechó de la circunstancia.

Ahora, otro detalle que veo en este proyecto -vale la pena mencionarlo- es el tocante a los costos.

El funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno será ampliado hasta septiembre de 1994, a un mayor costo de sobre 800 millones de pesos.

Hace pocos días analizamos una iniciativa bastante larga -me he referido a ella en otras oportunidades-, relativa a la protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, donde el Fondo con que se pretende corregir todas las situaciones producidas en materia de tierras alcanza a mil millones de pesos anuales.

Entonces, debemos tener en cuenta que para los problemas de 500 mil indígenas asignamos mil millones de pesos al menos durante un año, mientras que para ampliar la existencia de la Oficina Nacional de Retorno hasta septiembre de 1994 se destinan sobre 800 millones.

Por consiguiente, pienso que, respetando absolutamente los sentimientos de todas las personas afectadas por el exilio, debemos ser un poco más prácticos y ponderar si las facilidades que se dan y la ampliación planteada mediante la iniciativa en debate son adecuadas.

He dicho.