Labor Parlamentaria

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 164, de 1991, del Ministerio de Obras Públicas, en relación con el sistema de concesión de obras públicas, con segundo informe de la Comisión de Obras Públicas.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 21a, en 7 de enero de 1993.

Informes de Comisión:

Obras Públicas, sesión 39a, en 6 de abril de 1993.

Obras Públicas (segundo), sesión 1a, en 1o de junio de 1993.

Discusión: .

Sesión 45a, en 21 de abril de 1993 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En el informe de la Comisión se deja constancia, para los efectos de lo prescrito por el artículo 124 del Reglamento, de que las disposiciones del artículo único que no fueron objeto de indicaciones son los números 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12.

-Se dan por aprobados.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, corresponde pronunciarse sobre una indicación renovada de los Honorables señores Otero, Feliú, Mc-Intyre, Siebert, Fernández, Piñera, Letelier, Prat, Ríos y Pérez que tiene por objeto reemplazar, en el número 3.- del artículo único, el artículo 7° propuesto por el siguiente:

"Artículo 7°.- La licitación de la obra materia de la concesión se decidirá evaluando las ofertas técnicamente aceptables, de acuerdo a las características propias de las obras, atendido uno o más de los siguientes factores, según el sistema de evaluación que el Ministerio de Obras Públicas establezca en las Bases de Licitación:

"-Estructura tarifaria.

"-Plazo de concesión.

"-Subsidio del Estado al oferente.

"-Pagos ofrecidos por el oferente al Estado.

"-Ingresos garantizados por el Estado.

"-Grado de compromiso de riesgo que asume el oferente durante la construcción de la obra, tales como caso fortuito o fuerza mayor.

"-Grado de compromiso de riesgo que asume el oferente durante la explotación de la obra, tales como caso fortuito o fuerza mayor.

"-Fórmula de reajuste de las tarifas y su sistema de revisión.

"-Puntaje obtenido en la calificación técnica.

-"Calificación de otros servicios adicionales, útiles y necesarios.

"Las tarifas ofrecidas, con su correspondiente reajuste,"...

El señor SIEBERT.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SIEBERT.-

Sólo deseo ilustrar a los señores Senadores en el sentido de que, respecto al listado de factores, la indicación renovada lo único que dejó de lado fue la rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos del concesionario. Digo lo anterior con el objeto de que los Honorables colegas puedan seguir la lectura que está haciendo el señor Secretario .

El señor ZALDIVAR.-

Así es.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Ese elemento se elimina en la indicación renovada.

La señora FELIU.-

Exactamente.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

El texto continúa en los siguientes términos:

"Las tarifas ofrecidas, con su correspondiente reajuste, serán entendidas como tarifas máximas, por lo que el concesionario podrá reducirlas.

"La definición de estos factores y su forma de aplicación será establecida por el Ministerio de Obras Públicas en las Bases de Licitación, privilegiándose, por sobre los pagos ofrecidos por el oferente al Estado, la estructura tarifaria que irrogue menor costo para los usuarios.

"El Director General de Obras Públicas , con visto bueno del Ministro de Obras Públicas , podrá solicitar a los oferentes, hasta antes de la apertura de la oferta económica, aclaraciones, rectificaciones por errores de forma u omisiones y la entrega de antecedentes, con el objeto de clarificar y precisar el correcto sentido y alcance de la oferta, evitando que alguna sea descalificada por aspectos formales en su evaluación técnica.".

La señora FELIU.-

Señor Presidente, la indicación se renovó, tal como lo ha expresado el Honorable señor Siebert, en los mismos términos que la primitiva, de modo que comprende dos aspectos. Uno de ellos es el relativo a eliminar, al considerarse la adjudicación de la obra, el examen de la rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos del concesionario, y el otro, el atinente a privilegiar, por sobre los pagos ofrecidos al Estado, la estructura tarifaria.

La verdad es que quienes renovamos esta indicación solicitamos dividir su votación, con el objeto de dejar incluido en ella sólo el primer aspecto, pues estimamos inconveniente ese elemento de la rentabilidad que está considerado en el proyecto del Ejecutivo. Todos los antecedentes que se ponderan respecto de quién debe adjudicarse la obra llevan a tener en cuenta la bondad de la oferta presentada. Al mediar, como un rubro más, el factor en que reparamos, se entra a premiar al más ineficiente.

La rentabilidad para el oferente -futuro concesionario- está determinada por el costo de construcción de la obra, por el costo de financiamiento y por el costo de operación de la concesión. Si, se establece una rentabilidad en abstracto, como un elemento más, ello significa premiar -repito- al más ineficiente, porque el más eficiente obtendrá una mayor rentabilidad sobre la base de una mejor estructura en el financiamiento de la obra y de una mejor operación y evaluación del proyecto, el que, por la frecuencia de su uso, importará un óptimo rendimiento.

Por las razones expuestas, quienes renovamos esta indicación solicitamos al Senado rechazar, como uno de los factores por considerar en la adjudicación de una propuesta pública, el de la rentabilidad.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, la verdad es que aquí caben dos mecanismos alternativos. Uno de ellos -que, efectivamente, se utiliza en algunos países- consiste en que el concesionario, al hacer su oferta, y más allá de las calificaciones técnicas de aquellas que compiten, determina una rentabilidad sobre el capital o los activos en los cuales tendrá que invertir. A partir de ese instante, lo único que se halla fijado es esa rentabilidad que aquél le exige al capital. Todos los demás elementos son inciertos. Y, normalmente, se escoge a aquel concesionario que aspira a la menor rentabilidad, porque eso significaría el menor costo para los usuarios, el Estado y la sociedad. Pero este mecanismo lleva en la práctica a que una vez formulada la oferta desaparezcan absolutamente todos los incentivos para que el concesionario optimice la obra, es decir, para que minimice los costos o maximice el servicio, puesto que se halla sujeto a la rentabilidad sobre el capital.

Es cierto que en algunos proyectos eléctricos opera una forma equivalente, pero no idéntica, porque ellos no se miden en función de la rentabilidad de la empresa en particular, sino de la rentabilidad normal para uno que es óptimo. Por lo tanto, sobre la base de ese proyecto modelo se determina la tarifa. Y la mayor o menor eficiencia respecto de éste se traduce en que los accionistas de la empresa ganan o pierden. De este modo se mantiene un claro incentivo para hacer eficiente la gestión privada de la concesión. Ese es un modelo: el eléctrico.

El otro modelo, entonces, es aquel en que solamente se pide una rentabilidad sobre el capital, caso en el que desaparece todo incentivo para el empresario, además de todos los problemas que origina el precisar cuál es el capital y cuáles son los activos efectivamente involucrados en la gestión.

En consecuencia, estos dos esquemas no son los que iluminan la filosofía del proyecto sobre licitación de concesiones, en el que, básicamente, los intereses de los terceros afectados dicen relación, en primer lugar, a la tarifa que el concesionario ofrece cobrar -que es una tarifa máxima que, naturalmente, puede reducir-- y, en segundo término, al subsidio que el concesionario pide al Estado o los pagos que le ofrece a éste. De esa forma están considerados los usuarios y el Estado. Dados esos dos factores que afectan a terceros, mientras más eficiente sea la empresa, mayor será la rentabilidad.

Por lo tanto, si deseamos incorporar este último elemento, la primera pregunta que me formularía es la relativa a en qué sentido lo haremos. ¿Vamos a estimar como positiva una rentabilidad alta o una baja? Si consideráramos positiva una baja rentabilidad -como lo sugiere el señor Ministro -, estaríamos diciendo que, dado el trato que el concesionario ofrece a los usuarios y al Estado, mientras más ineficiente él mismo promete ser, mayor probabilidad tendrá de adjudicarse la licitación. En consecuencia, habría que definir, en primer lugar, qué es lo positivo: rentabilidades altas o rentabilidades bajas.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, agradezco la aclaración del señor Ministro.

Sin embargo, quiero seguir razonando en estricta lógica, comprendiendo perfectamente lo que está en discusión, puesto que aquí no hay ninguna confusión, sino pareceres distintos.

Y debo decir lo siguiente. Es cierto que en algunos proyectos de largo plazo existe un elemento de incertidumbre básicamente respecto de dos puntos: del costo de la inversión necesaria para proveer el servicio y del volumen de demanda que ese servicio tendrá hacia el futuro, ya que los demás elementos (tarifas, subsidio, aporte al Estado) se encuentran claramente determinados en la licitación.

Es verdad que el elemento de incertidumbre dificulta la concesión. Pero volvamos al de la rentabilidad máxima. Aquí caben dos alternativas: o la empresa nunca llega a esa rentabilidad máxima (en cuyo caso esta discusión sería irrelevante, porque no operaría este mecanismo protector de que hablaba el señor Ministro), o bien, efectivamente alcanza dicha rentabilidad. Si esa empresa logró la rentabilidad máxima -y, si es máxima, quiere decir que cualquier excedente deberá ser transferido al Estado-, no tendrá incentivo alguno a partir de ese punto...

El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-

No totalmente, señor Senador.

El señor PIÑERA.-

Entonces, no sería rentabilidad máxima. Y estaríamos hablando no de rentabilidad máxima, sino de participación del Estado en la rentabilidad que exceda un determinado monto. Eso no es rentabilidad máxima, señor Ministro .

Ahora, cuando estas licitaciones se efectúan, las empresas deben estimar el costo de la inversión y la demanda por el servicio que van a proveer. Y para ello tienen acceso a toda la información disponible, y las distintas empresas compiten, como sucedió en la última licitación. Y es perfectamente factible que las empresas tengan valores esperados respecto de ello. Y, por tanto, la licitación indudablemente se otorgará a la que haya ofrecido la menor tarifa o el mayor subsidio por aporte al Estado.

Empero, la fijación de una rentabilidad máxima tiene dos alternativas: o es irrelevante, o es perniciosa. Es irrelevante cuando la empresa no llega a la rentabilidad máxima, porque la norma no opera; y perniciosa, si alguna logra esa rentabilidad máxima -que es la terminología utilizada en el proyecto-, porque a partir de ese instante no hay ningún incentivo para que esa empresa mantenga óptimos patrones de eficiencia.

En consecuencia, pienso que el problema de los proyectos de largo plazo, de gran envergadura y mucha incertidumbre, se resuelve en el proceso de licitación, porque las empresas deben competir en cuanto a ofrecer las mejores condiciones tanto al usuario como al Estado. Pero el concepto de rentabilidad máxima puede llevar a las empresas, una vez que la alcancen, simplemente a maximizar los costos, para no transferir excedentes al Estado. Y en esa maximización de costos puede haber transferencias a ellas mismas, a través de múltiples mecanismos. Y, por consiguiente, se requeriría una fiscalización por parte del Estado de cada uno de los ítem de gastos, que en el fondo significará una coadministración de la concesión, que no es el espíritu que ilumina a la Ley de Concesiones. Por lo tanto, tal como una empresa, por constituir la mejor oferta, puede tener una buena oportunidad de negocio, en otros casos puede ocurrir justamente lo contrario: que otras empresas hagan un mal negocio por ofrecer condiciones demasiado favorables. Es el mercado el que regula.

Pero este elemento de incertidumbre mencionado por el señor Ministro es el mismo que aparece en todos los grandes proyectos y que deben asumir las empresas tanto públicas como privadas. Y por eso existen los mecanismos de evaluación del proyecto en base a la mejor información, y es la competencia entre distintas empresas la que va a maximizar el beneficio tanto del usuario como del Estado.

Esta norma -repito- puede ser irrelevante, o perniciosa, y, por ello apoyo la indicación renovada.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, en primer lugar, debemos situarnos en la materia que estamos legislando: las licitaciones para obras de concesión. Y su mecanismo, que ya aprobamos y se encuentra establecido en una ley, tratamos ahora de rectificarlo, después de las experiencias tomadas en el último tiempo, Y, al respecto, las autoridades nos proponen algunas modificaciones, que están contenidas en la iniciativa que hoy discutimos. Y dentro de las normas del proyecto se encuentra el artículo 7°, en el cual se detallan los elementos que deberán tomarse en cuenta para resolver sobre las ofertas que se reciban en una propuesta de concesión.

Como muy bien señaló el señor Ministro, esta iniciativa no es el fruto de la imaginación o de la inventiva de quienes hoy la proponen al Senado, sino el resultado -como hemos visto- de la legislación comparada con las de otros países, donde se ha hecho marcha blanca en este tipo de operaciones.

Y en todos ellos se contemplan factores como los enumerados en el artículo 7°, y no sólo se trata de la rentabilidad.

La indicación en debate tiene por objeto -se dice- eliminar uno de esos factores, no el determinar, y es uno de los que el Ministerio puede tomar en cuenta, de acuerdo con las premisas expresadas por el señor Ministro, quien deberá preocuparse también de resguardar el interés público, y no solo el del concesionario. Y ello deberá hacerlo considerando con realismo las características de la obra o concesión que se esté presentando, las que pueden ser muy diversas.

Hoy día, la concesión -como lo dije en una oportunidad- ya no es sólo construir un túnel, o hacer un camino, o una autopista; puede consistir en una obra más compleja que ésas, donde la rentabilidad no esté circunscrita al peaje. En aquella ocasión señalé que si el día de mañana se pensara realizar una obra de concesión en la ruta de Entre Lagos, para estimular el turismo, sería perfectamente factible que el proyecto pertinente presentado por el eventual concesionario lograra una alta rentabilidad, no sólo en base al uso de la ruta por los vehículos, sino por toda el área de servicios o proyectos de urbanización e instalaciones mobiliarias que de ella derivarían.

Hace algunos días estudiamos con un grupo de empresarios y personeros de Ferrocarriles y del Metro una idea en ese sentido, con relación al Metrotrén que uniría Santiago con Melipilla. Y los empresarios privados que allí participaban nos expresaron que el negocio no consistía solo en el hecho de usar el riel e instalar el Metro, sino que involucraba los terrenos adyacentes a las estaciones, los cuales serían aportados para negocios inmobiliarios que formarían un capital para obras de gran impacto en la zona metropolitana. En ese sentido debe dársele la facultad al Ministerio. Y por eso toda la enumeración del artículo 7° es mucho más que un factor; son doce diferentes. Creo que la indicación renovada -y que fue analizada en la Comisión- equivoca el objetivo, porque no se pretende tocar lo relativo a la rentabilidad. Y si atendemos a la fundamentación que dio el Presidente de la Comisión, el Honorable señor Siebert, veremos que, en su concepto, sobre el pago ofrecido por el oferente al Estado, se debe tratar de privilegiar la estructura tarifaria que irrogue menor costo para los usuarios.

En consecuencia, el tema que debemos dilucidar con toda claridad es qué queremos y cómo proceder.

El señor ZALDIVAR.-

Estoy de acuerdo en eso, pero mi argumentación apunta a otra cosa.

Se adujo como razón para eliminar el factor rentabilidad la de que tal objetivo podría lograrse por la vía de que el menor costo se tradujera en tarifas más bajas y no por la de fijarlas más altas y entregar el excedente al Estado. Es un tema que es necesario discutir y ver qué es lo más conveniente.

Si en un momento dado se resuelve, por ejemplo, la concesión del túnel El Melón, y un oferente ofrece pagar al Fisco cierta cantidad de dinero al año, comprometiéndose a determinado tipo de tarifas y condiciones, y otros no están dispuestos a cancelar ese valor y proponen uno inferior, ¿qué hace el Ministerio de Obras Públicas en tales circunstancias? Opta en un sentido o en otro, teniendo en vista lo mejor para el desarrollo y el éxito de la concesión. En este caso, lo está haciendo por un sistema de determinación de tarifas o de condiciones incluidas en el contrato que se firmará al efecto, que significarán al país ingresos absolutamente necesarios, si lo que se desea es aumentar la inversión en infraestructura que, como todos sabemos y afirmamos, es del todo insuficiente.

Se podrá argüir que se cobrarán mayores tarifas, pero ello se debe simplemente a que en el tema de la concesión hay una norma básica, según la cual el usuario no estará obligado a utilizar siempre un servicio, porque habrá una ruta alternativa que evitará el pago del peaje, de otro modo, no puede haber concesión. Y el día de mañana será él mismo el que determinará si le conviene más hacer uso del túnel Los Libertadores -ac-tualmente existente- o el de baja altura que se construya en Juncal. Si por aquél paga una tarifa de 10 -en este caso, el Estado no recibe ingresos-, y por éste, una de 50, con entradas para el Fisco, será el usuario el que decida si utiliza uno u otro, norma esencial de la libertad de elección.

A mi modo de ver, cuando se pretende eliminar el factor rentabilidad, no se toca lo relativo al pago del oferente al erario, que son dos cosas perfectamente vinculadas.

Por otra parte, no estoy de acuerdo con lo señalado por la Honorable señora Feliú y el Senador señor Piñera en cuanto a que el factor de mayor rentabilidad está absolutamente enraizado o conectado con la menor eficiencia. ¿Por qué? Si con mayor rentabilidad sobre el patrimonio o activos del concesionario puede haber máxima eficiencia. Por supuesto que es importante saber dónde ingresan esos recursos y en qué forma lo hacen: si los trasladamos en su totalidad o en parte al usuario por la vía de tarifas; parcialmente al Estado mediante el pago del oferente, o de igual forma al concesionario a través de la rentabilidad de la obra objeto de concesión.

Esos argumentos me inclinan a respaldar la tesis sustentada por el señor Ministro y a mantener la disposición tal cual fue planteada por el Ejecutivo .

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, ahora sí que estamos confundiendo los términos del debate. Una cosa -muy legítima- es plantearse cómo se debiera optar en el caso de dos oferentes que, prácticamente, presentan similar grado de eficiencia, sólo que uno ofrece una tarifa menor y ningún pago al Estado, y el otro, una mayor, con ingresos para el Fisco. Es cierto que se podría hacer un gran análisis acerca de que, posiblemente, la mejor fórmula desde el punto de vista económico sea la de que los costos marginales determinen el cobro al usuario, porque de esa forma se optimiza el bienestar para la sociedad, ya que es muy posible que, por hacer un aporte al Fisco y ofrecer una tarifa mayor, se reduzca el tráfico óptimo por esa obra. Pero ése no es el tema objeto de discusión en este instante. Lo que estamos debatiendo es si debe o no ser un factor la "Rentabilidad sobre el patrimonio o los activos de la concesionaria", como consigna el proyecto, y que la indicación propone eliminar.

El señor Ministro ha planteado una teoría nueva: la de la rentabilidad máxima. Y no sólo eso, sino también una especie de coparticipación -como insinuó- cuando la rentabilidad exceda ese monto máximo.

Sin embargo, la iniciativa en estudio consigna algo muy distinto: que entre los factores que se deben considerar figura, entre otros, la rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos de la concesionaria.

En consecuencia, en dos proyectos idénticos, que ofrecen o piden el mismo pago al Estado e igual tarifa al usuario, resulta que en uno de ellos el retorno sobre el capital o los activos del concesionario es mayor que en el otro. Aparentemente, lo que insinúa el proyecto -no el señor Ministro, que señala algo diferente- es que se preferirá el de menor rentabilidad. En otras palabras, entre dos empresarios que ofrecen iguales condiciones a los usuarios y al Estado de Chile, se elegirá al que presenta mayores costos, ya sea en la inversión o en la explotación del proyecto.

Por lo tanto, tal como está...

El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor PIÑERA.-

Perdón, señor Ministro, hay una cosa que deseo aclarar: usted está planteando...

El señor HURTADO ( Ministro de Obras Públicas ).-

Su Señoría está confundiendo el sentido de mis afirmaciones.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ruego evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.

El señor PIÑERA.-

Voy a terminar de inmediato, para luego conceder la interrupción al señor Ministro.

Aquí se han planteado tres cosas distintas, una de las cuales es la que establece el proyecto, en el sentido de que, para los efectos de la concesión, se considerará la rentabilidad sobre el patrimonio o los activos de la concesionaria. Eso es lo que estamos discutiendo. Las otras son las dos fórmulas nuevas sugeridas por el señor Secretario de Estado. La primera consigna que, para los efectos de la licitación, se tomará en cuenta la rentabilidad máxima a que aspira el concesionario. Incluso dijo que no era la rentabilidad máxima, sino, sobre ésta, la oferta de coparticipación.

Como puede advertirse, son tres los temas que hay sobre la mesa. Pero la indicación se refiere a lo que establece el proyecto: que se considerará para la licitación la rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos de la concesionaria.

Por lo tanto, en el caso hipotético que señalé, de dos proyectos idénticos para el Estado y los usuarios -sólo que uno tiene mayor rentabilidad que el otro-, da la impresión, por lo manifestado en la Sala, que se preferiría el de menor rentabilidad, lo cual significa, si aplicamos la lógica, que se optaría por el de mayores costos.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, el tema en debate ha despertado interés y se ha realizado un importante análisis a su respecto. Digo que es así, porque recién se inicia un proceso en el sistema de concesión, que deseamos consolidar y desarrollar en términos amplios, respecto de lo cual, naturalmente, debemos ser muy cuidadosos y no equivocarnos, para evitar en el futuro falta de equidad en la decisión y que los peajes que deban pagar los usuarios sean extraordinariamente elevados.

Hemos leído la prensa y escuchado los análisis hechos respecto del túnel El Melón. Personalmente, me impuse con preocupación de problemas relacionados con la rentabilidad y los aspectos monetarios involucrados en la licitación, y de lo cual creo necesario recoger experiencias.

Cuando se debatió el asunto, planteé algo atinente a esta discusión: la necesidad de realizar una evaluación de los proyectos de largo plazo y muy complejos. Y lo son, por estar ubicados, no en zonas urbanas, sino en lugares donde es muy difícil predecir o prever con cierta claridad ese tipo de situaciones.

Se mencionó el caso del túnel La Dormida, que hemos impulsado porque realmente tiene una importancia vital. Pregunto de qué manera se podría prever la frecuencia de tránsito por ese túnel. Va a ser muy difícil evaluar ese dato en la primera etapa. Me parece importante buscar una fórmula adecuada, porque no dejo de estimar razonable el planteamiento de los Senadores señora Feliú y señor Piñera . Sin embargo, es del todo conveniente colocar en un cierto pie de igualdad los proyectos de largo plazo, que son de difícil predicción, y los urbanos, que normalmente corresponden a la Capital y cuyas características son más fáciles de valorizar, ya que todos los antecedentes se hallan a la mano. Y, en esa comparación, temo -y lo señalé en el debate anterior- que paulatinamente vayan siendo marginados grandes proyectos no urbanos para dar prioridad a los de más simple predicción, alta rentabilidad y, además, sin factores de riesgo.

Menciono este punto porque, dado el gran interés y relevancia de todo lo que aquí se ha escuchado, me parece necesario conciliar las posiciones. Rescato dentro de este análisis el hecho de que estamos frente a proyectos de largo plazo y de difícil medición, circunstancias que deben tenerse presentes.

El Senador señor Piñera me ha pedido una interrupción, que concedo con la venia de la Mesa.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, haré una proposición para ver si podemos encontrar un punto de acuerdo en esta materia.

En primer lugar, es indudable que la rentabilidad de un proyecto no se conoce en el momento de la licitación, y, por lo tanto, cuando el artículo 7° incluye entre los factores que se considerarán para evaluar las ofertas técnicamente aceptables la "Rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos de la concesionaria", no se está reflejando, aparentemente, ni la intención del Ejecutivo ni tampoco el espíritu de lo expuesto por el señor Ministro de Obras Públicas.

Haré un planteamiento basado en la lógica para después formular una proposición.

Supongamos que hay dos concesionarios: uno ofrece una tarifa más baja y un pago mayor al Estado; el otro, tarifa más alta y pago menor al Estado. Sin embargo, el segundo se satisface con una rentabilidad menor. Si esta última sobrepasa los dos elementos favorables del primer concesionario, se estará adjudicando la licitación a alguien dispuesto a trabajar con tarifas más altas y con pagos menores al Estado.

Muy distinto es lo que ha planteado el señor Ministro -que es un camino por explorar-, y no es tampoco lo que señala el proyecto en el sentido de que se considere como factor en el otorgamiento de la concesión el hecho de que el oponente esté dispuesto a compartir con el Estado excedentes por encima de una rentabilidad máxima. ¿Por qué? En primer lugar, no puede ser fija la rentabilidad máxima, porque, en ese caso, y llegado a ese punto, que es el relevante, los incentivos desaparecen absolutamente. Lo que va a ocurrir es que nadie llegará a él. Pero si consignamos en el proyecto que se considerará factor de evaluación el estar dispuesto a compartir excedentes con el Estado a partir de una cierta rentabilidad máxima, me parece que estamos encontrando una fórmula que nos permite reducir los riesgos de esta incertidumbre, pues siempre existirá para el empresario un incentivo para seguir siendo eficiente y compartir con el Estado o con los usuarios ese exceso de rentabilidad. Por consiguiente, miro con mucha simpatía esa fórmula, que no es la contenida en el proyecto. Habría que estudiar una indicación nueva que incorpore correctamente esta idea en el texto.

Me parece bien esa proposición, pero señalo al señor Ministro que ella presenta un problema: obligaría al Estado a meterse en la contabilidad de las empresas y, como éstas pueden ejecutar simultáneamente muchos proyectos, su rentabilidad global no será la de alguno de ellos en particular. Tendrá que entrarse, entonces, a establecer un sistema contable distinto del que exige el Servicio de Impuestos Internos y del que emplean las empresas en general y que se basa en la rentabilidad como un todo. Será necesario aplicar una contabilidad por proyectos, lo que llevará a discutir si el sueldo del gerente general de la empresa equis que ganó la concesión, si los sueldos del departamento de contabilidad, los costos de los vehículos, los intereses financieros o determinado préstamo están asociados a este proyecto o a otro. Es decir, será en el fondo un mecanismo que nos va a obligar también a normar la contabilidad al interior de la empresa para poder determinar la rentabilidad por proyectos, lo que hoy no existe en la legislación.

Sin perjuicio de esa dificultad técnica -muy grave y que dificultará enormemente conocer la rentabilidad de los proyectos, dando lugar a una discusión eterna entre la empresa, que asignará la mayor parte de sus gastos fijos a uno de ellos de manera de no alcanzar la rentabilidad máxima que la obliga a compartir los excedentes con el Estado, y éste, que, a su vez, querrá que los impute también a otros para obtener participación-, me parece que, teóricamente, lo que dispone el proyecto es equivocado.

La modalidad expuesta por el señor Ministro es interesante en el sentido de minimizar los riesgos y compartir beneficios. Por lo tanto, si pudiéramos modificar la norma -entiendo que requiere aprobación unánime para hacerlo mediante una nueva indicación-, eventualmente se encontraría una fórmula mejor que la del proyecto que merecería el apoyo total del Senado.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, iba a decir que la sola mención de rentabilidad máxima estimada no es determinante. No quiero repetir la argumentación, pero coincido exactamente con el pensamiento del Senador señor Piñera. Si al factor señalado en el artículo 7° relativo a "Rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos de la concesionaria" se suman los aportes al Estado y las tarifas, se llega necesariamente a ineficiencias, por todo lo que aquí se ha señalado. El señor Ministro ha propuesto algo distinto que no está comprendido en el artículo 7°. La sola mención de "rentabilidad máxima estimada" no lleva a ninguna consideración diferente, salvo que lo que se sugiere sea eso: una participación a futuro en lo que exceda a la rentabilidad máxima estimada.

Por lo anterior, reemplazar "rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos de la concesionaria" por "rentabilidad máxima esperada" no va a conducir absolutamente a nada.

He dicho.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente, el debate está bastante agotado, por lo que pienso que debiéramos votar.

Soy partidario de mantener la disposición tal como está propuesta, porque la adición que ha sugerido el señor Ministro tampoco está siendo aceptada por los patrocinadores de la indicación.

Insisto: aquí se está incurriendo en una confusión. El Senador señor Piñera se ha referido a un tema, el de la contabilidad, no consignado en esta parte del artículo 7o, sino en otra atinente al pago ofrecido al Estado. Y ahí se dirá: "Mire, yo le ofrezco al Estado chileno, por la explotación de esta obra, tal cantidad, tal participación en la utilidad o en mi rentabilidad, etcétera". Lo relativo a la rentabilidad está regulado dentro de una serie de requisitos que se considerarán para los efectos de la definición de la concesión.

Seguir el debate no nos llevará a ninguna conclusión, ni vamos a convencernos unos a otros. Lo lógico es que se vote la indicación propuesta.

El señor PIÑERA.-

Mi intervención será muy breve, señor Presidente. 

Obviamente, la cuestión del pago al Estado se aborda en otra parte del artículo 7°; pero, en todo caso, lo que mencionó el señor Ministro sobre considerar la rentabilidad máxima estimada es absolutamente irrelevante, porque será sólo un número que se pondrá en un papel que no permitirá tomar decisión alguna: simplemente se va a declarar como tal la que el señor Ministro quiera.

Propongo sustituir "Rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos de la concesionaria", por "Propuesta de la concesionaria de aportes extraordinarios al Estado o de reducciones de tarifas a los usuarios cuando la rentabilidad del proyecto exceda una cifra máxima predeterminada.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Cabe hacer presente que la indicación renovada -que está en conocimiento de los señores Senadores-, con la modificación a que se dio lectura, debe ser aprobada en esta parte en forma unánime.

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobada.

Es del caso destacar que en esta misma indicación renovada se presenta otra diferencia respecto de la disposición que aparece en el primer informe, la que dará a conocer el señor Secretario .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo al desarrollo de proyectos industriales para el recurso jurel en la Octava Región, con segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los señores Cantuarias, Frei (don Arturo), Ríos y Ruiz-Esquide).

En primer trámite, sesión 5a, en 20 de octubre de 1992.

Informes de Comisión:

I. Marítimos y Pesca (nuevo), sesión 27a, en 20 de enero de 1993.

I. Marítimos y Pesca (complementario), sesión 41a, en 13 de abril de 1993.

I. Marítimos y Pesca (segundo), sesión 2a, en 2 de junio de 1993.

Discusión:

Sesiones 28a, en 21 de enero de 1993 (se aplaza su discusión); 36a, en 24 de marzo de 1993 (vuelve a Comisión); 50a, en 11 de mayo de 1993 (se aprueba en general).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, efectivamente, la mayoría de las indicaciones presentadas tienen relación con la disposición transitoria del proyecto, la que, a su vez, modifica el texto del artículo 3° transitorio del decreto supremo N° 430.

La Comisión acogió la indicación pertinente, con una enmienda de fecha -como señaló el señor Presidente -, y desestimó su parte final, la que fue renovada ahora. Hay tres informes: el primero, uno complementario y el segundo, su texto figura en el segundo informe.

De acuerdo con el análisis realizado por la Secretaría de la Comisión, esta proposición renovada perfecciona la redacción del proyecto y no contraviene el propósito ni el espíritu de lo resuelto en aquélla.

En consecuencia, tengo el deber de informar a la Sala que, habiendo votado en principio en contra de la incorporación de la letra c) en el artículo transitorio, ahora acojo el análisis y las conclusiones a que llegó la Secretaría -entiendo que junto con la Subsecretaría de Pesca- en el sentido de que la indicación perfeccionaría el texto y no cambiaría el sentido de lo que, en su oportunidad, aprobó la Comisión.

Por lo tanto, estimo que debe aprobarse la indicación renovada.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, estimo conveniente aclarar un poco más este proyecto.

Efectivamente, en el segundo informe se trataron tres aspectos relevantes, todos referidos a plazos.

Por otra parte, se aclaró oportunamente la situación de las empresas de Talcahuano.

Respecto de los plazos, hay uno que es muy importante. Algunos armadores estaban preocupados porque se hallaban ligeramente atrasados en cuanto a las fechas estipuladas en la ley vigente, estimando que si se les fijaba un lapso de 90 días estarían más o menos en condiciones de cumplirlas. Sin embargo, en la Comisión se decidió otorgar un poco más de 90 días, y se estableció como plazo fatal el 31 de diciembre de 1993, con lo que se resuelve el problema de los astilleros, para los cuales se solicitaba su extensión.

Otro plazo se refiere a la terminación de las plantas, lo que constituye una preocupación preferente de las empresas de San Antonio.

Varios Parlamentarios -incluso el señor Vicepresidente del Senado- visitamos las instalaciones de ese puerto, donde se están construyendo 15 fábricas que representan una inversión de más de 200 millones de dólares, en un esfuerzo digno de alabar. Sin embargo, los trabajos en algunas plantas están levemente atrasados. Y ello es efectivo. En general, todas las obras están bastante avanzadas, y la demora no sería muy grande.

Según la información de la Subsecretaría de Pesca, en septiembre de este año estarían todas las plantas terminadas. Pero si así fuese los gastos resultarían enormes. La situación actual de la pesquería en Chile no justifica que se realicen gastos considerables, en forma apresurada, en circunstancias de que se puede dar mayor plazo. En ese sentido, la Comisión fijó hasta el 31 de diciembre de este año como fecha máxima para terminar la construcción de las fábricas.

Los industriales de San Antonio que tienen sus plantas en construcción hicieron presente que para concluir sus propias naves necesitarían, tal vez, más plazo del que fija la ley, que es de 24 meses a partir de la resolución pertinente. Ellos solicitaron, en cambio, que tal lapso rija a partir de la fecha de término de la construcción de la planta. La Subsecretaría de Pesca no estuvo de acuerdo con esa petición, y, además, señaló que dispone de la facultad para conceder un año más de plazo a las empresas, si hay causas justificadas para ello. Por lo tanto, la solicitud fue rechazada en la Comisión.

No he leído la indicación que presentó el señor Vicepresidente; el señor Secretario de la Comisión no me la ha presentado, y tampoco me ha informado que la Subsecretaría esté de acuerdo con ella.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, fui uno de los que suscribieron la indicación que modifica el artículo transitorio, donde se establece como plazo el 31 de diciembre de 1993.

Estoy plenamente de acuerdo con la proposición y creo que cubre las necesidades de los astilleros nacionales. De manera que la votaré favorablemente.

-Se aprueba el artículo transitorio en la forma propuesta por la Comisión, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 26 señores Senadores votaron a favor.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Sobre este artículo hay una indicación renovada, que consta de tres letras. Dos de ellas se aprobaron en la Comisión con enmiendas, y queda pendiente la parte final, que dice; "Agrégase un nuevo inciso quinto, en el artículo tercero transitorio, pasando el actual al final, en los siguientes términos: "El plazo para el ingreso efectivo de las naves, autorizadas de conformidad a los incisos tercero y cuarto precedentes, será de veinticuatro meses a contar de la fecha en que se haya completado la instalación de la capacidad autorizada de la planta respectiva.".

La indicación renovada está suscrita por los Senadores señores Urenda, Soto, Cantuarias, Valdés, Ruiz De Giorgio, Navarrete, Cooper, González, Sule y Huerta.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En votación la indicación renovada.

-Se rechaza (21 votos por la afirmativa y 5 por la negativa), por no haber alcanzado el quórum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Díaz, Feliú, Fernández, Frei (doña Carmen), Huerta, Lagos, Larre, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, Otero, Páez, Prat, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esqui-de, Siebert, Urenda y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Díez, Gazmuri, Núñez, Piñera y Vodanovic.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Queda, por lo tanto, despachado el proyecto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 163 del Código Tributario, con nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 2a, en 8 de octubre de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Constitución (nuevo), sesión 1a, en 1o de junio de 1993.

Discusión:

Sesión 37a, en 30 de marzo de 1993 (queda pendiente su envío nuevamente a Comisión).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La iniciativa tuvo su origen en una moción del Diputado señor Raúl Urrutia. Se aprobó con enmiendas en la Comisión, lo que dio lugar a un debate en la Sala, solicitándose nuevo informe, el cual, en definitiva, propone aprobar el artículo único con diversas modificaciones.

El Senador señor Díez hizo una distinción entre las figuras delictivas a que se refiere el número 4o del artículo 97 del Código Tributario, y la Comisión resolvió regular en la letra f) del artículo 163 de dicho Código tres casos diferentes para los efectos de determinar la fianza necesaria para la excarcelación:

1.- Primeramente se sienta el criterio general de que, cuando proceda la excarcelación en procesos por delitos tributarios, el juez fijará su monto.

2.-A continuación, se consagra una primera excepción para los delitos del inciso segundo del número 4o del artículo 97 del Código Tributario -maniobras maliciosas para pagar cantidades menores por concepto de impuestos de retención o de recargo-, conservándose la actual norma, que fija la fianza en una suma no menor al 30 por ciento de los impuestos evadidos, reajustable y calculada por el Servicio de Impuestos Internos.

3.- Por último, se establece otra excepción para los delitos del inciso tercero del número 4o del artículo 97 del Código Tributario -se refiere a la obtención de devoluciones indebidas-, caso en el cual también se conserva la regla contenida en el párrafo segundo de la letra f) del artículo 163 del mismo Código, esto es, la fianza deberá ser un depósito de dinero no inferior al total de lo obtenido fraudulentamente, según los antecedentes que presente el Servicio y más reajuste e intereses.

En otro orden de cosas, la Comisión deja constancia, también, de que la garantía constitucional del debido proceso queda suficientemente asegurada con la nueva redacción.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En la discusión general y particular

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, luego de analizar el informe de la Comisión de Legislación y en conocimiento del debate que hubo en ella, a mi juicio se ha alcanzado un buen resultado, el cual obvia todas las observaciones que, en su oportunidad, se formularon al proyecto al discutirse en general.

Como muy bien ha señalado el señor Secretario, se establecen tres figuras de delitos tributarios para la determinación de la fianza que deberá pagar el afectado a fin de obtener su libertad provisional: el delito tributario simple que se comete sin dolo específico, cuya fianza se rige por la normativa general; el delito con dolo específico -en él existe evasión maliciosa e intencionada por parte del contribuyente-, para el cual se establece una fianza no menor al 30 por ciento de los impuestos evadidos, y el delito que se comete por fraude al Fisco -esto es, cuando el contribuyente obtiene de éste la entrega de dineros o fondos por actividades que no ha realizado-, caso en el cual se mantiene la disposición vigente que determina una fianza equivalente al 100 por ciento del fraude.

Por otra parte, se superó el problema constitucional.

En suma, señor Presidente, teniendo presente que la Comisión aprobó la iniciativa por unanimidad, luego de un trabajo que estimo muy meritorio, propongo acogerla sin mayor trámite.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, participé en una fase de la segunda discusión en que se logró la unanimidad; pero dejé constancia de que, en mi concepto, subsistían las razones esgrimidas con motivo del primer informe -en mérito de las cuales se estimaba de dudosa constitucionalidad el proyecto-, y de que, además, no se habían entregado nuevos antecedentes ni elementos de juicio que permitieran llegar a una conclusión contraria.

Por tal motivo, me abstendré en la votación de esta iniciativa, reiterando lo que me permití señalar en la Comisión en el sentido de que el giro del debate y la forma en que había sido planteado por autoridades públicas coartan, en mi concepto, la libertad de juicio del Senado para pronunciarse sobre ella. En efecto, una vez aprobado el primer informe, se dio a conocer a través de los medios de comunicación una batería de argumentaciones que contraponían la esencia del proyecto con valores o atributos de orden fiscal y de recaudación fiscal, los cuales, a mi juicio, nada tenían que ver con el punto en debate. Este no era sino la definición de los límites de la libertad provisional en el caso de los delitos tributarios. Creo que no existe razón alguna para entender que un delito de esta naturaleza justifica una libertad provisional aun más dificultosa que la de un homicidio. Lo pensaba ayer y lo sigo pensando hoy. Y distinguidos juristas comparten mis apreciaciones. Tengo en mis manos un informe del señor Marcos Magasich , profesor de Derecho Tributario de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, donde abunda en razones que permiten concluir que tanto las disposiciones originarias sobre la materia como las que ahora se modifican son inconstitucionales por coartar el derecho al debido proceso y afectar la esencia del derecho a la libertad provisional, la igualdad ante la ley y la independencia del órgano jurisdiccional.

Para concluir, el catedrático mencionado señala que "si bien el proyecto constituyó un avance al momento de ser presentado a tramitación"... "al proponer la eliminación del inciso final de la letra "f" del Art. 163 del Código Tributario"... "aún mantiene, aunque en menor grado, la misma disposición existente respecto de las otras situaciones, por lo cual las críticas antes expuestas son totalmente válidas a su respecto.

"Además, de aprobarse actualmente este proyecto en la forma en que se presentó, podría hacer variar la jurisprudencia actualmente existente, la cual ha reaccionado acertadamente contra la injusticia que importa la aplicación de tal norma.

"Por lo anterior, se considera que el proyecto debería modificarse disponiendo derechamente la derogación de los preceptos allí aludidos. De esta forma se permitiría que el Juez del Crimen encargado del conocimiento del proceso por delito tributario, pueda aplicar las reglas generales relativas a la fianza establecidas en el Código de Procedimiento Penal y en la Constitución Política del Estado, las cuales son uniformes para la generalidad de los delitos. Actuando así se subsanarían las injustas deficiencias que acarrea la actual disposición.".

Recuerdo que el primer informe aprobaba la derogación de toda la norma que, en el fondo, hace inexcarcelable o restringe severamente la excarcelación en estos delitos tributarios.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, voy a tratar de ser muy breve.

En verdad, personalmente, coincido con las expresiones del Senador señor Vodanovic. A mi juicio, aquí se está faltando a una disposición constitucional, porque se establece un requisito básico indispensable para el otorgamiento de la fianza, lo cual no va a depender del criterio del juez. Es extremadamente grave, pues se hace una distinción entre la defraudación en contra del Fisco y la realizada en contra de particulares u otras instituciones que pueden encontrarse en una situación mucho más perjudicada que aquél.

Por otro lado -como dijo claramente el Senador señor Vodanovic-, en otros delitos que son bastante más graves para la sociedad, no se exige dicho requisito y sí, lisa y llanamente, se permite que el juez sea quien determine el monto de la fianza.

Sin embargo, lo extraordinariamente grave es que, en el fondo, el tributario se convierte en un delito inexcarcelable. ¿Por qué? Porque en uno de estos casos la fianza deberá ser un depósito de dinero equivalente a todos los impuestos evadidos, según el Fisco -incluso antes de que se dicte sentencia-, más reajuste e intereses. Eso supone...

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite hacer una aclaración, señor Senador ?

El señor OTERO .-

Por supuesto. Si me va a rectificar, Su Señoría podrá apreciar en el número 3 de la página 5 del informe de la Comisión...

El señor ZALDIVAR.-

Quiero hacer una aclaración en cuanto al alcance semántico de las palabras, porque, a lo mejor, ellas pueden inducirnos a confusión.

El caso señalado por Su Señoría no se refiere a evasión tributaria, sino a impuestos a las exportaciones no integrados en arcas fiscales, es decir, a la obtención indebida de dineros públicos mediante una supuesta operación de comercio exterior. La devolución de impuestos a las exportaciones suman alrededor de mil 200 millones de dólares anuales.

Por consiguiente, el tema no es tan simple. No se trata de una persona que defrauda a otra, sino de dineros pertenecientes a todos los chilenos sustraídos mediante una maquinación fraudulenta y que están en poder de quien cometió el delito. Sólo se le está pidiendo que lo vuelva a depositar para obtener la libertad.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, no existe causa alguna que justifique este tipo de excepciones frente a la norma constitucional. Además, hay un hecho muy claro: se trata de un delito -el cual es gravísimo- que debe ser perseguido y condenado. Sin embargo, mientras no se dicte sentencia, la libertad provisional representa un derecho consagrado en la Constitución. Aquí se obliga a una persona a depositar como fianza todo el dinero supuestamente percibido en forma indebida, más reajuste e intereses. ¿Y qué sucede si la persona no tiene los fondos? Que mientras dure el proceso y hasta que se encuentre ejecutoriada la sentencia, permanecerá en prisión preventiva. Y eso no es lo que quiere la Carta Fundamental.

No pretendo hacer una defensa ni promover un debate sobre si quienes defraudan al Fisco deben salir en libertad o no. Aún más: he presentado un proyecto de ley para hacer muy difícil la excarcelación de quienes cometen robo con violencia en las personas, pues hoy quedan en libertad a los 5, 10 ó 15 días, lo cual está poniendo en serio peligro la seguridad ciudadana. No obstante, dedicamos un tiempo extraordinario al estudio de esta iniciativa -que implica un problema patrimonial- y no nos hemos preocupado con la misma intensidad de la actividad de los delincuentes, que en la actualidad cuentan con todo tipo de facilidades para obtener su libertad bajo fianza, pues es un derecho constitucional.

Por consiguiente, cuando están en juego valores que garantizan mucho más la seguridad de las personas que el interés patrimonial, deberíamos también proceder de la misma manera.

No deseo que alguien crea que estoy pretendiendo -¡en modo alguno!- eludir la responsabilidad, o hacerla más fácil, de quienes defraudan al Fisco, porque defraudan a todos los chilenos. Pero, a mi juicio, las normas de Derecho deben ser parejas. Eso es lo que exige la ley. Y, en mi concepto, la forma establecida en el proyecto para resguardar precisamente un interés patrimonial del Fisco no se ajusta a los términos constitucionales. Asimismo, me parece que si éste es el criterio que está inspirando al legislador, también deberíamos considerar, con la misma diligencia, la iniciativa legal que impida efectivamente que quienes cometen robo con violencia en las personas puedan salir en libertad a los 5, 10 ó 15 días, realidad ésta derivada de defectos de carácter procesal.

Por eso, señor Presidente, manifiesto mi completo acuerdo con los argumentos de Derecho expuestos por el Senador señor Vodanovic. Para mí, éste no es un problema político, sino estrictamente de Derecho, y, desde este punto de vista, estoy en desacuerdo con la conclusión del informe.

El señor DIEZ.-

Señor Presidente, los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han efectuado afirmaciones acerca de la constitucionalidad del proyecto en discusión.

En verdad, estamos ante una circunstancia muy grave, porque, conforme a lo establecido en el proyecto, hay varias situaciones judiciales distintas. Una de ellas se refiere a la persona que, dolosamente, evade impuestos o hace maniobras para no pagarlos o disminuirlos. Ese es un tipo de delito, al cual se le aplica la regla común del Código de Procedimiento Penal y el juez es quien fija el monto.

En seguida, existe otro tipo de delito distinto: el que dice relación a quien recolecta impuestos -como el de retención o el IVA-, que es un depositario que recibe dineros fiscales y no los ingresa al Erario. En este caso, la libertad provisional la concede el juez y fija como monto de la fianza el 30 por ciento de una suma cierta perteneciente al Fisco que la persona retuvo.

Existe un tercer caso: el de quien, lisa y llanamente, estafa al Fisco y obtiene fraudulentamente una devolución a la cual no tenía derecho. Aquí el juez va a fijar como fianza el valor actual del fraude.

En esos casos, vamos a aplicar la Constitución. El artículo 19, número 7o, letra e) de la Carta Fundamental, dice: "La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario" -no es el caso- "o para la seguridad del ofendido o de la sociedad.". Este es el caso: la seguridad de la sociedad; no se refiere a su seguridad física, pues no puede ser muerta o herida. ¿En qué consiste la seguridad de la sociedad? En que sus dineros no sean estafados. Y el delincuente tributario, evidentemente, es peligroso para la seguridad de la sociedad; por lo tanto, el juez puede denegar su libertad bajo fianza. Si el magistrado la concede en estos casos, debe hacerlo previo pago de una parte del total de la fianza claramente fijada: 30 por ciento de los impuestos de retención evadidos o 100 por ciento de las devoluciones obtenidas fraudulentamente. Si existe alguna duda, ¿qué dispone la Constitución? Que la ley establecerá los requisitos y modalidades para obtener la libertad provisional. Tratándose de una defraudación al Fisco, el requisito es que la fianza asegure a éste el reembolso -a veces parcial y, a veces, total- de las cantidades sustraídas. Y la seguridad de la sociedad, sin duda alguna, está cubierta en la medida en que ésta y la ley velen por que los intereses fiscales queden cautelados en el proceso.

Todos estamos de acuerdo en que el sistema vigente para la libertad provisional debe ser modificado -tengo también algunas indicaciones formuladas al respecto-, para precisar cuándo la detención o la prisión preventiva es necesaria para la seguridad del ofendido o de la sociedad, sobre la base de los requisitos y condiciones que la Constitución fija a la ley para que lo haga.

Por esa razón, señor Presidente, voto absolutamente tranquilo por la defensa de los intereses fiscales frente a situaciones del todo inconvenientes e inmorales que la ley debe sancionar de hecho y no de palabra, con mucha fuerza, porque sabemos qué sucede a menudo con la libertad provisional cuando hay mucho dinero de por medio.

Por eso, voto que sí.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto brevemente, porque creo conveniente dejar una constancia sobre el tema de la constitucionalidad.

Si uno analiza toda la historia de la Carta Fundamental, de las Actas Constitucionales en su tiempo, de las normas constitucionales elaboradas por la Comisión Especial de Estudio de la Constitución Política de la República, que terminaron con la dictación de la Carta Fundamental de 1980 y con el texto que hoy tenemos a la vista, no hay ningún fundamento para determinar que la legislación vigente peca de inconstitucionalidad. Porque, como muy bien ha dicho el Honorable señor Díez , la letra e) del número 7o del artículo 19 de la Constitución expresa que "La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.". Y esta iniciativa no está haciendo otra cosa que fijar los requisitos y modalidades para obtener la libertad provisional.

Se podrá discutir si esos requisitos o modalidades son convenientes o no. Ello podría llevarnos a un debate bastante interesante, y a decir que si acaso no hubiera una disposición de resguardo -como la que estamos manteniendo, que está vigente y que consiste en el depósito del ciento por ciento de los dineros defraudados por personas que no han ejecutado actos de exportación o han falsificado actos de esa naturaleza- podríamos echar por tierra todo el sistema económico chileno existente en materia de exportaciones abiertas. Lo anterior significaría revisar cada exportación, lo que hoy no se hace, porque se parte de la base del principio de la buena fe.

Ahora, tal vez se me diga que después se podrá determinar la responsabilidad de la persona, porque con los antecedentes de que se dispone, entregados por el Servicio de Impuestos Internos, en todos los casos en que no ha habido detención preventiva, fue necesario dictar sobreseimientos temporales, porque quien ha efectuado la evasión tributaria no ha sido habido. Indiscutiblemente, quien incurre en una evasión tributaria importante no se queda en el país para enfrentar el juicio por el cual se lo desea procesar.

Pues bien, creo que sobre esa base se podría discutir el tema. Pero lo relativo a la constitucionalidad está perfectamente clarificado con la disposición expresa de la Constitución, al decir que "La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.". En este caso, no estamos haciendo otra cosa que modificar y mejorar los requisitos y modalidades para conseguir la libertad provisional.

Voto a favor.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

-Se aprueba en general y particular el proyecto (21 votos por la afirmativa y 2 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Díaz, Díez, Feliú, Fernández, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Huerta, Lagos, Larre, Lavandero, Martin, Mc-Intyre, Navarrete, Páez, Piñera, Romero, Ruiz-Esquide, Siebert y Zaldívar.

Se abstuvieron de votar los señores Urenda y Vodanovic.