Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En el primer lugar de la tabla figura el informe de la Comisión Mixta que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, se formó en relación con el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones al decreto ley N° 600, de 1974, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera. La calificación es de "Simple Urgencia".

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 8a, en 7 de julio de 1992.

En tercer trámite, sesión 19a, en 22 de diciembre de 1992.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 20a, en 5 de enero de 1993.

Informes de Comisión:

Economía, sesión 23a, en 8 de septiembre de 1992.

Hacienda, sesión 23a, en 8 de septiembre de 1992.

Mixta, sesión 29a, en 26 de enero de 1993.

Discusión:

Sesiones 24a, en 10 de septiembre de 1992 (se despacha en general y particular); 20a, en 5 de enero de 1993 (pasa a Comisión Mixta).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión Mixta formada para dirimir las divergencias suscitadas entre el Senado y la Cámara de Diputados propone intercalar en el artículo primero, pasando los números 6.-, 7.- y 8.- a ser 7.-, 8.- y 9.-, respectivamente, un nuevo número 6.-, que agrega, como inciso final del artículo 15, el siguiente:

"Asimismo, corresponderá a la Vicepresidencia Ejecutiva la realización de actividades tendientes a difundir y divulgar, en el país y en el extranjero, información destinada a estimular y facilitar la inversión extranjera en Chile.".

Esta proposición fue aprobada en la Comisión Mixta por 5 votos contra 3. Votaron a favor los Senadores señores Hormazábal y Lavandero y los Diputados señores Arancibia, Dupré y Manterola; por la negativa lo hicieron la Senadora señora Feliú, el Senador señor Prat, y el Diputado señor García.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , es indudable que a estas alturas del siglo XX existe una concepción muy favorable respecto de la inversión extranjera, y que la discusión sobre el tema, que durante largo tiempo produjo en nuestro país tanta polémica, ha convergido en un gran acuerdo, en el sentido de que la verdadera libertad económica y la verdadera integración al mundo no sólo deben abarcar los mercados de bienes, sino, también, los de capitales. En consecuencia, Chile ya no debe considerarse, como durante tanto tiempo ocurrió, únicamente un receptor de capital externo; hoy tiene que analizar, asimismo -como lo ha hecho, y con mucho éxito-, su posibilidad de transformarse en inversionista en el exterior.

Sin embargo, en el contexto de una economía en que el papel fundamental en la actividad productiva le corresponde al sector privado, el Estado tiene la obligación de llevar, en primer lugar, un registro de la inversión extranjera, a fin de que, junto con disponer de todos los datos que se requieren, pueda asegurarse de que ella se adecua al texto de la ley.

Pensamos que la tarea de promoción está perfectamente cubierta por la acción que ha estado realizando el Comité de Inversiones Extranjeras, consistente en proporcionar antecedentes de carácter político, legal, económico y social de nuestro país, para que potenciales interesados puedan considerar a éste como una oportunidad de inversión. De hecho, ello se contempla en la Ley de Presupuestos, que otorga un monto determinado de recursos para ese objetivo. Pero el texto propuesto pretende innovar sobre lo ya aprobado en la Ley de Presupuestos, al establecer que el fomento a la inversión extranjera es una tarea del Comité.

A nuestro juicio, la labor de información que cumple en la actualidad ese organismo es perfectamente adecuada; en tanto que la de fomento está, en términos generales, cubierta -y debe estarlo- por el Ministerio de Relaciones Exteriores, particularmente cuando se tiende a incrementar el énfasis de esa Cartera en materias económicas.

Estimamos, en consecuencia, que se plantea una duplicación innecesaria de funciones, aparte que promover la llegada de capitales no debe significar que el Estado vaya a buscar socios específicos, sino informar acerca de la realidad chilena. Creemos que la actual normativa del Comité de Inversiones Extranjeras y la Ley de Presupuestos satisfacen con creces los requerimientos del país en esta materia, de modo que debiera rechazarse la proposición de la Comisión Mixta, con lo cual el texto quedaría tal como esta Corporación lo aprobó en su oportunidad.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , he escuchado atentamente al Senador señor Piñera , y observo que ha incurrido en una contradicción.

Estoy de acuerdo con Su Señoría en que el Comité de Inversiones Extranjeras no debe hacer fomento, sino informar y difundir. Precisamente, lo que ha aprobado la Comisión Mixta es la labor de información y divulgación de lo que se hace en Chile con relación a las inversiones extranjeras.

Como lo afirmé cuando se discutió anteriormente el proyecto, esta facultad ha figurado en todas las disposiciones sobre la materia, desde la creación del Comité. Tal cual lo reconocieron los propios Secretarios Ejecutivos que se desempeñaron en este organismo durante el período anterior, fue un error el que, al modificarse el decreto ley en 1989, determinó que no se repitiera la norma que permite a la Vicepresidencia Ejecutiva (antes Secretaría Ejecutiva) realizar actividades tendientes a "difundir y divulgar". Esto es lo que la Corporación debatió la vez pasada y lo que la Comisión Mixta consideró y volvió a redactar. Es algo que siempre ha estado en la legislación relacionada con el Comité de Inversiones Extranjeras.

¿Y por qué se ha recurrido a la vía de la Ley de Presupuestos, como lo hizo presente el Honorable señor Piñera ? Ello sucedió -y ése es el caso de las Leyes de Presupuestos de los años 1990 y 1991, por ejemplo- porque en 1989 se había suprimido la facultad. Y ésta es la razón por la que se ha incluido una glosa que destina una cantidad de dinero para que el Comité de Inversiones Extranjeras informe y divulgue -o sea, lo mismo que ahora nos ocupa-, no para que fomente.

Pienso que al respecto se ha producido alguna confusión, pues, por un lado, una norma de carácter permanente desapareció, debido a un error, y, por el otro, se intentó subsanar la omisión en las Leyes de Presupuestos de los años siguientes. Lo que ahora se pretende, aprovechando la modificación del decreto ley N° 600 en varias de sus materias, es solamente reparar el error. Por eso, opino que la Comisión Mixta ha procedido correctamente al hacer su planteamiento.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , pienso que habría que reafirmar dos ideas básicas.

La primera es que esta materia, como se desprende de las palabras de mi estimado colega el señor Zaldívar , no tiene fronteras partidarias: se ha planteado con un carácter permanente y en el ánimo de favorecer la recepción de aquellos capitales extranjeros que al país le interesen.

Llama la atención la circunstancia de que en el Senado no se haya formulado reparo alguno acerca de este punto durante el debate sobre el Presupuesto para este año. Tal como se argumentó en la Comisión Mixta, en la glosa 03 del subtítulo 22 se establece, en efecto, que se podrá imputar hasta 74 millones 41 mil pesos -de ellos dispone actualmente la Secretaría Ejecutiva del Comité, que se denominará Vicepresidencia Ejecutiva- para desarrollar iniciativas cuyo objeto sea informar, promocionar, coordinar y ejecutar acciones tendientes a aumentar el ingreso de capitales extranjeros. No obstante, ahora se ha cuestionado el que este proyecto determine expresamente que esa Vicepresidencia Ejecutiva puede realizar las actividades de "difundir y divulgar" información.

¿Y cuál es el sentido de esta medida? ¿Una ampliación burocrática? Cabe advertir que se haya acreditado en los informes que, mientras en México existen para el mismo cometido 250 funcionarios, en Chile hay solamente 11, y que los recursos que se asignan en ningún caso son para ampliar la planta de la repartición.

La segunda idea básica se refiere a lo expuesto en el sentido de que, en realidad, la función podría ser mejor desarrollada en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Me parece una tesis respetable. Probablemente, a su tiempo tendrá que ser puesta en discusión; pero, hasta el momento, la idea del Gobierno del Presidente Aylwin es no producir ese cambio. Y, como consta en el informe de la Comisión, el señor Ministro de Economía manifestó que, objetivamente, si se considera la labor realizada por el Comité de Inversiones Extranjeras, se observa que éste cumple sus funciones en forma adecuada, por lo que no encuentra razón para traspasarlas a la Secretaría de Estado aludida. De modo que, ante una tesis tan respetable como la que ha enunciado el Senador señor Piñera , debe tenerse presente que al Gobierno del Presidente Aylwin, y en tanto dure su mandato -como es obvio, en una nueva Administración podrá debatirse otra vez este aspecto-, le parece más apropiado que el cometido de que se trata, que no fue cuestionado con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos para este año, se mantenga en la Vicepresidencia Ejecutiva, pues el sistema ha operado de una manera satisfactoria y correcta.

Lo anterior adquiere un mayor fundamento, señor Presidente , si compartimos la idea central que aquí ha señalado el Senador señor Piñera : es bueno que venga la inversión extranjera, sí; pero aquella que sirva a los intereses del país. Esa es la razón de que en la Comisión respectiva unánimemente estimáramos que no convenía producir cambios que permitieran, por ejemplo, que los llamados "capitales golondrinas" se aprovecharan de las tasas altas que ocasionalmente se ofrecen en nuestro mercado, para llevarse una ganancia que podría beneficiar, por ejemplo, a depositantes de los fondos de pensiones estadounidenses. En verdad, a pesar de que la tendencia es facilitar al máximo la entrada y salida de capitales -porque una buena política macroeconómica, llevada adecuadamente en el marco de la política social, nos estaría garantizando las posibilidades de no generar desequilibrio-, no cabe duda de que el interés nacional obliga a determinadas limitaciones en cuanto al ingreso de fondos de cierta clase.

No nos interesa el capital que llega de la manera fácil en que acude aquel que los traficantes internacionales buscan blanquear, utilizando recursos que surgen de una actividad tan inmoral y criminal como el tráfico de estupefacientes, para citar un caso.

Señor Presidente , compartimos la premisa de que es bueno que haya capital extranjero en Chile, siempre que sirva a los objetivos de nuestro desarrollo; entendemos que es vital establecer una mínima restricción, para dar señales claras respecto de los flujos de recursos que convienen al país, y estimamos esencial que haya un equipo altamente calificado y profesional para desempeñar las funciones en estudio, sin que pueda olvidarse que en la propia Ley de Presupuestos ya hemos asignado recursos para cumplir tan importante actividad.

En cuanto a la tesis de algunos distinguidos señores Senadores de Oposición consistente en que sería mejor que se hiciera cargo de ese último cometido el Ministerio de Relaciones Exteriores, pido esperar hasta que Sus Señorías puedan concretarla en su programa de gobierno, con motivo del cual, y con la capacidad que se les reconoce, tendrían oportunidad de plantear al país los beneficios de ese cambio.

Es todo, señor Presidente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, corresponde resolver en este momento si la labor de difusión, de información útil a los inversionistas extranjeros, debe o no debe radicarse de manera definitiva en una repartición determinada, a través de la dictación de una norma legal de carácter permanente.

La verdad es que la situación jurídica por el año presupuestario 1993 está perfectamente clara, pues al respecto existe una asignación. Y ésta, contrariamente a lo que se ha dicho en esta Sala, no se despachó sin ser discutida: fue examinada y estudiada en la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, la que concluyó, sobre la base de que también había sido contemplada en el año presupuestario 1992, que era conveniente mantenerla, para dejar el problema de la radicación definitiva de la función a un análisis general de la materia.

Realmente, la oportunidad "procesal" -por decirlo así- para considerar este aspecto en profundidad sería ésta. De otro modo, en la medida en que hoy se establece la función como propia del Comité de Inversiones Extranjeras, sólo cabría que un futuro proyecto de ley privara a este organismo de ella y la asignara en el Ministerio que se juzgase adecuado.

Esta inquietud no es solamente de algunos señores Senadores. En un diario de noviembre recién pasado se informa, por ejemplo, que el Presidente de la República planteó, al regreso de un viaje fuera del país, la conveniencia de reexaminar las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sobre el particular, hizo presente la necesidad de que esa Cartera redefiniera sus cometidos precisamente para que asumiese los que son propios del mundo moderno: los de naturaleza económica.

Por su parte, el señor Canciller subrogante manifestó lo mismo, hace dos o tres días: que tienen que reanalizarse y determinarse los cometidos en materias económicas de esa Secretaría de Estado.

Eso es lo que se ha planteado tocante a esta norma. En consecuencia, no es oportuno radicar ahora esa función, de manera definitiva, en un organismo relacionado con el Ministerio de Economía. Revisemos el problema en su globalidad al abordar la reestructuración de la Cancillería, que -reitero- ha sido anunciada tanto por el Presidente de la República como por el Ministro subrogante de la Cartera .

En la actualidad, nuestro Servicio Exterior no tiene ningún problema para desarrollar tal labor. Además, al aprobarse la asignación de los recursos correspondientes en el proyecto de Ley de Presupuestos, la Comisión Especial dejó claramente establecido que la acogía en la forma propuesta en esa ocasión, pero que quedaba sujeta a un análisis posterior acerca de cuál Secretaría de Estado debía desempeñar de manera permanente un cometido de esta naturaleza.

El señor ZALDÍVAR .-

Señor Presidente , pido una interrupción.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Señora Senadora , el Honorable señor Zaldívar le solicita una interrupción. ¿La concede, Su Señoría?

La señora FELIÚ.-

Sí, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de la interrupción el Senador señor Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR .-

Señor Presidente , a mi juicio, no es conveniente que la señora Senadora base en las palabras del Presidente de la República su argumentación sobre si la labor en cuestión debiera radicarse o no en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Porque la iniciativa en debate se originó, precisamente, en mensaje del Ejecutivo. Entonces, mal puede decirse que el Primer Mandatario está en contra de su propio proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede continuar la Honorable señora Feliú .

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , no he sostenido que el Presidente se haya referido a esta función y planteado que ella debiera ser ejercida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Expresé -lo he dicho en diversas oportunidades- que tenía que estudiarse cuáles deben ser los cometidos de esa Secretaría de Estado.

Las aludidas declaraciones del Primer Mandatario fueron publicadas -si la memoria no me traiciona- en el diario "El Mercurio" del 26 de noviembre, cuando, al regreso de un viaje al extranjero, manifestó que debían estudiarse los cometidos de la Cancillería y encomendársele funciones de carácter económico. Y, naturalmente, éstas deben ser de la especie de las que estamos analizando en estos instantes.

Por todas estas consideraciones, estimo que cabe rechazar el informe de la Comisión Mixta, dejar el asunto tal como hoy se encuentra -es decir, en manos del Comité de Inversiones Extranjeras, al cual se han destinado los fondos necesarios para desarrollar esa labor por el ejercicio presupuestario 1993- y estudiar, en el contexto de una amplia perspectiva de lo que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores, si se incorpora dicha función entre las propias de éste o si se la mantiene permanentemente en el Ministerio de Economía.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , los trámites que ha cumplido este proyecto en el Senado -y en el Parlamento en general- me reafirman una íntima convicción en cuanto a que las autoridades de Gobierno no entienden los resortes que significan un aumento o un deterioro en la inversión extranjera. Porque, si se quiere incentivar ésta, lo apropiado habría sido procurar un despacho más rápido de la iniciativa, que indudablemente la beneficia con las reformas introducidas al decreto ley N° 600, especialmente mediante la reducción de las tasas impositivas. Sin embargo, el último trámite está demorado en alrededor de tres meses por el solo hecho de que el Gobierno ha insistido en que la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras mantenga la facultad de hacer promoción. Pienso que la mejor promoción habría sido renunciar a entregarle esa prerrogativa y avanzar más rápido en la materialización de las mejores condiciones que el proyecto prevé para los capitalistas foráneos.

Se ha dicho aquí que la norma en comento autoriza para difundir y divulgar, y que, por lo tanto, no se trataría de promocionar. Aclaro -leo el texto completo- que el precepto permite "la realización de actividades tendientes a difundir y divulgar, en el país y en el extranjero, información destinada a estimular y facilitar la inversión extranjera en Chile.". Y difundir información destinada a estimular es, exactamente, promocionar.

Lo que debe resolver el Senado -ya dos veces nos hemos pronunciado por el rechazo de la facultad- es si otorga un mandato que, seguramente, representará un aumento del gasto en la próxima Ley de Presupuestos. Es cierto que en la actualmente en vigor se contempla un ítem preciso y estricto para este fin. Pero si damos una orden expresa a la Vicepresidencia Ejecutiva para efectuar la referida tarea, no nos quepa ninguna duda de que en el presupuesto del año venidero la partida pertinente se incrementará en forma apreciable.

El Parlamento tiene que iniciar la discusión del proyecto vinculado a la reforma tributaria -ésta ha posibilitado el financiamiento de un mayor gasto del Estado-, puesto que, en conformidad a lo convenido, la situación debe retrotraerse a la condición impositiva anterior a ella. No obstante, si nosotros mismos creamos funciones que implican gasto, mal podremos decidir con libertad si desde 1994 los impuestos volverán a las tasas previas a la reforma, o, por nuestra propia acción inconsciente de ampliar las labores que conllevan gasto público, nos encontraremos absolutamente inhibidos de poder resolver si los tributos tienen que bajar en Chile o deberán conservarse obligadamente altos.

Por la conveniencia de que la función en comento se radique en el Ministerio de Relaciones Exteriores y por el mejor entendimiento de los resortes que promueven la inversión extranjera, como son el respeto al orden institucional -esto debiera tenerse muy en cuenta-, el avance en la desregulación económica y la generación de espacios a los particulares, recomiendo -y así procederé en lo personal- votar en contra del informe de la Comisión Mixta.

El señor PAPI.-

Seré muy breve, señor Presidente , porque no vale la pena reeditar un debate que ya tuvimos de modo muy extenso.

En primer lugar, cuesta entender el fundamento real de la oposición a esta norma, por cuanto pareciera haber coincidencia en que la facultad respectiva no está claramente radicada en ningún organismo y en que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser reestructurado en sus fines y propósitos.

En segundo término, en la Ley de Presupuestos existe un ítem específico para realizar la tarea en cuestión.

En consecuencia, mientras no dilucidemos el punto relativo a cómo se implementará el cumplimiento de la función, no veo motivo para no asignar esa responsabilidad desde luego, en la forma sugerida. Ello no tiene por qué implicar a futuro el mayor gasto que se supone. Y los Honorables colegas podrán analizar el monto de éste al discutirse el próximo proyecto de Ley de Presupuestos y rechazar la partida, si la consideran excesiva. Tenemos esa opción.

Pero hay otro punto concreto que me resulta más difícil comprender.

Uno de nuestros problemas en materia de inversión extranjera es el de que, si se pretende invertir un capital de mil o dos mil millones de dólares, no es complicado identificar áreas; pero incluso esas áreas -por ejemplo, la minera- están reduciéndose. Y si se trata de invertir 50 ó 100 millones de dólares, también es posible identificar proyectos. Empero, existe toda un área intermedia en que se observa un tremendo desconocimiento y no contamos con organismo alguno que cumpla una tarea de difusión eficaz sobre la materia.

Creo que hay razones superiores de interés nacional, de desarrollo económico del país, que aconsejan acoger la norma, sin perjuicio de que mañana pueda revisarse y asignarse la actividad a otra repartición, como probablemente ocurrirá cuando examinemos la nueva estructuración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por esas consideraciones prácticas; por el reconocimiento que todos hacemos en cuanto a que esta función no se halla radicada en entidad alguna o a que en ninguna parte se está cumpliendo eficazmente; por haberse destinado los recursos para llevarla a cabo, no visualizo fundamentos que impidan aprobar esta disposición, señor Presidente .

He dicho.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente , a veces no entiendo los planteamientos que formulan ciertos señores Senadores que durante muchos años han estado velando por la libre competencia, el libre mercado, la actividad económica desarrollada por la empresa privada, y que nosotros también hemos contribuido a apoyar.

A mi criterio, uno de los aspectos más importantes para atraer inversión extranjera por montos que signifiquen un aporte al desenvolvimiento de la economía nacional es el relativo a difundir y divulgar la información acerca de cuáles son las facilidades y estructuras jurídicas que Chile tiene para que los capitalistas foráneos, que son naturalmente veleidosos, puedan venir al país a invertir con seguridad, con tranquilidad y sabiendo que sus inversiones estarán bien protegidas.

Deseo fervientemente que el capital externo llegue a Chile, porque su inversión en nuestro territorio es parte del desarrollo. Y todos sabemos que no terminaremos con la pobreza si no hay progreso.

Por eso, considero que no podemos rechazar una norma, destinada precisamente a dar tranquilidad a los inversionistas extranjeros, aduciendo que implica crear tres, cuatro, cinco o más cargos en la Administración Pública.

Ese argumento es incongruente y no resiste el más mínimo análisis. Y no entiendo la fundamentación de esa negativa.

En conversaciones sostenidas en Taipei, capitalistas taiwaneses me manifestaron que carecían de antecedentes suficientes como para invertir en Chile. Solicitan mayor información y alguien tiene que proporcionársela. Y si no tenemos capacidad para dar a conocer las condiciones imperantes, no invertirán aquí.

Dada la situación expuesta, y por estimar que la disposición ayudará a cumplir ese objetivo, voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , comparto plenamente lo señalado por el Honorable señor González . Y, del mismo modo, cuando algunos Senadores visitamos el Pabellón chileno en Sevilla, comprobamos que una de las labores más importantes de la Exposición era informar a los inversionistas y empresarios extranjeros. Allí pudimos constatar la absoluta falta de conocimiento existente con relación a las posibilidades de invertir capitales en Chile. Y tal vez uno de los logros más notables que se obtuvieron fue la información clara puesta en conocimiento de los inversionistas foráneos.

Este es un país pequeño que ha comenzado a resurgir con fuerza en una serie de materias económicas. Y como los recursos que se destinan a los efectos señalados son menguados, no podemos reducirlos todavía más.

No entiendo cómo algunos sectores pueden oponerse por prejuicios a un sistema que está dando garantías, resultados y oportunidades en cuanto a las inversiones susceptibles de realizarse en Chile.

Por tal motivo, doy entusiastamente mi voto favorable al informe.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , votaré favorablemente el informe de la Comisión Mixta, teniendo en consideración algunas necesidades de la Región que represento: Tarapacá. He leído en reiteradas oportunidades que sectores de Oposición han manifestado interés por que se promuevan actividades industriales en la Primera Región , señalando que el Gobierno, incluso, debería contratar empresas para divulgar las ventajas comparativas de aquélla y de todo el país a fin de atraer a los inversionistas extranjeros. Y es deseo de nuestra gente estimular su llegada, especialmente de los provenientes del mundo asiático.

Desde ese punto de vista, estimo adecuada la norma contenida en el informe. Por tanto, la aprobaré, basado en que de esa manera entregamos una herramienta apropiada para promover el arribo de inversionistas a las regiones más apartadas de la Capital.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , como en el extranjero hay instancias chilenas que se preocupan del tema, pienso que es innecesario duplicarlas. Lógicamente, no es bueno que se aumenten los presupuestos y las plantas, ni que se promuevan más viajes al exterior utilizando fondos fiscales.

Además, tengo información en el sentido de que la Embajada de Chile en España está en muy buenas manos y ha promovido acertadamente las inversiones de ese país en nuestro territorio. Dicha legación está bien coordinada y dirigida. De manera que tampoco concuerdo con las críticas que al respecto se han hecho en esta Sala.

Voto en contra del informe.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , creo que la función en comento debe quedar radicada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuenta con los agregados comerciales correspondientes. Y si hay algo que justifica la apertura de una oficina, de un consulado o de una embajada, es precisamente facilitar las negociaciones entre los distintos países.

Pienso que esa tarea se ha cumplido. No concuerdo con lo que se ha señalado en cuanto a que no se está estimulando la inversión extranjera. Ello se viene haciendo desde hace muchos años, y gracias a eso hoy día se realizan fuertes inversiones en Chile. Por lo demás, los principales capitales que se invierten acá muchas veces llegan solos, precisamente por las características de nuestro país.

En consecuencia, rechazo el informe.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , aprobaré la proposición de la Comisión Mixta porque me parece que alguien debe preocuparse de promover las inversiones extranjeras en el país, especialmente en las zonas donde no hay interés por parte de los nacionales. Y esta situación -como lo ha planteado el Honorable señor Palza - se da fundamentalmente en las regiones extremas. Recuerdo que aprobamos una ley de excepción respecto de Tierra del Fuego y, sin embargo, aún no hay personas que realicen inversiones allí al amparo de esa normativa.

Debemos procurar que alguien se preocupe de divulgar los instrumentos que facilitan la inversión en Chile. Y creo que el Estado -concretamente, así lo recoge este proyecto- tiene la misión de promover y difundir las informaciones conducentes a incentivar la llegada de capitales foráneos.

Apruebo el informe de la Comisión Mixta.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , las condiciones ofrecidas por el mercado permiten la asignación de recursos. La experiencia vivida por el país en los últimos años ha motivado el interés de los distintos sectores internacionales para invertir en Chile. Prueba de ello es que en las regiones alejadas -es el caso de la que represento- se han hecho inversiones extranjeras gracias a las facilidades que se dan para alcanzar negocios prósperos.

Por lo tanto, si se incrementan la burocracia, por una parte, y el gasto público, por la otra, en lugar de hacer un llamado a la inversión extranjera, el sector privado deberá buscar fórmulas de entendimiento con los inversionistas foráneos para crear nuevas oportunidades de producción y trabajo en el país.

Voto que no.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , tengo a la vista un artículo publicado hoy día en el diario "El Mercurio" que dice: "Señala el "Wall Street Journal": "Chile debe exportar economistas a Estados Unidos.". Pero lo más importante es que se expresa que nuestro país "Pasó a ser recientemente la primera nación latinoamericana que recibió una valoración inversora en su deuda de Standar and Poor's, y las inversiones extranjeras crecieron un 22 por ciento, a 1.380 millones de dólares, el año pasado.".

Eso está demostrando claramente que la acción de Chile para atraer inversiones foráneas no nace de folletos que se puedan repartir, sino de la política económica y de la estabilidad institucional. Nadie invierte en una nación por el hecho de que se envíe un folleto más o uno menos, o porque vaya un funcionario más o uno menos. En muchas oportunidades hemos visto que otros países han invertido fortunas en el exterior para obtener capital extranjero. ¿Y cuál ha sido el resultado? Cero.

Lo que realmente promueve la inversión foránea es lo que está ocurriendo en Chile: la estabilidad política y económica. Y, en gran medida, ello ha ocurrido gracias a la labor desarrollada por los Parlamentarios de Oposición. Ha sido precisamente el trabajo de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, en un enfoque novedoso de lo que debe ser la Oposición, lo que ha permitido lograr esa estabilidad, que es lo que determina que los países inviertan en el exterior.

Los Senadores de estas bancas estamos votando contra el informe de la Comisión Mixta porque, obviamente, aquí se está disgregando una acción que debe ser centrada y unitaria. Si se trata de promover la inversión en Chile, aparte los agregados comerciales que tenemos en las diferentes embajadas, está la Dirección Económica de la Cancillería, que, según nos ha manifestado el propio Ministro a algunos Senadores, es una verdadera entidad independiente dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, situación que esa misma autoridad gubernamental ha criticado claramente y que necesita ser abordada. Además de esa Dirección, existe otro organismo estatal: Pro-Chile. Sin embargo, acá se desea agregar otro, en circunstancias de que debiera haber una coordinación, una política uniforme y una concentración de recursos, con el objeto de procurar el buen éxito de la promoción de la inversión chilena. Pero ella -como dije- no se logra con mayores gastos, sino con una acertada política económica y una adecuada estabilidad institucional, que es lo que los parlamentarios hemos contribuido a conseguir, junto con el Gobierno.

Por esas consideraciones, voto negativamente.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , el atractivo de un país son las condiciones que ofrece para la inversión extranjera. No cabe la menor duda de que quienes invierten acá son personas que tienen un grado de información lo suficientemente amplio como para no buscar fórmulas folletinescas o publicitarias en tal sentido.

Esas condiciones no sólo tienen que ver con un Estatuto del Inversionista Extranjero atractivo y que permita a Chile competir con otros países latinoamericanos, como lo está haciendo actualmente. México se está poniendo a la cabeza de las naciones que, con bastante imaginación y con espíritu creador y moderno, están ejerciendo una atracción basada, no en folletos, sino en el contenido de las políticas que ofrecen a los inversionistas foráneos.

Por otro lado, es importante que el país otorgue otro tipo de informaciones, como la relativa al ambiente donde se desarrollará la inversión. Y, en ese sentido, cobran especial relevancia los aspectos relacionados con las infraestructuras vial y portuaria, es decir, la base de un país para desarrollar una actividad económica.

Quiero poner el acento en este punto, porque creo que debemos definir ese tipo de situaciones, para advertir que no se trata de conseguir recursos, sino de un problema de fondo: determinar cuáles son las características de Chile para competir con otros países y ser receptor de la inversión extranjera.

Por esas razones, y estando en desacuerdo con la duplicidad de esfuerzos que podría significar la participación de otros organismos, voto negativamente el informe de la Comisión Mixta.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , quiero hacer una aclaración.

El número 6) del Artículo Primero del texto propuesto por la Comisión contempla la "realización de actividades tendientes a difundir y divulgar, en el país y en el extranjero, información destinada a estimular y facilitar la inversión en Chile". Y es exactamente la definición que el Diccionario otorga a la palabra "promover".

Esa es una mera referencia al alcance que hizo el Honorable señor Zaldívar respecto de la posible contradicción que habría sobre la materia.

Deseo destacar, además, que detrás de esto hay algo mayor. La fundamentación que se dio en la discusión de la Ley de Presupuestos con motivo de la asignación de 74 millones de pesos para estas actividades fue mucho más allá, por cuanto hizo referencia a "todo tipo de tareas destinadas a informar, promocionar, coordinar y ejecutar toda acción tendiente a aumentar el ingreso y el flujo de capitales extranjeros".

Cuando se analizó el tema en la Comisión respectiva, me manifesté contrario a esa glosa. Y uno de los argumentos que se dieron fue el de que se trataba de algo transitorio, mientras la situación se resolviera en el contexto de la ley, que es permanente. Y ésta, por lo tanto, viene a confirmar, en cierto modo, la idea de la promoción, entendida como una de las tareas que debería tener el Comité de Inversiones Extranjeras.

En mi opinión, señor Presidente , no debiera haber promoción de la inversión extranjera por parte del Estado. El Estado promueve la inversión extranjera manejando bien la economía, exhibiendo una buena estabilidad económica, reglas claras, etcétera. Pero señalar que el Estado podrá hacer todo tipo de tareas tendientes a promocionar, coordinar y ejecutar cualquier acción encaminada a aumentar el flujo de capitales, significa que podría entender este mandato -que ya contempla la Ley de Presupuestos- como una obligación de salir a buscar socios y negociar en forma bilateral, lo que, a mi juicio, está totalmente alejado de una concepción moderna del rol del Estado, de una economía libre, abierta y competitiva.

Por esas razones, señor Presidente , sin haber ninguna contradicción en mi argumentación, creo que, al establecer en una ley permanente la idea de promoción recién descrita, estamos aceptando algo que no corresponde al Estado. Sin embargo, sí estoy de acuerdo -quiero decirlo con mucha claridad- en que el Comité de Inversiones Extranjeras debe proveer y producir la información general del país relevante para los inversionistas extranjeros, la cual ha de ser distribuida, obviamente, a través del mecanismo permanente con que cuenta Chile para relacionarse con el resto de los países, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, voto que no.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , el hecho de que estemos discutiendo un proyecto de tanta importancia como éste en ningún caso debe entenderse que se pretende cercenar o disminuir las potencialidades que otros sectores, fuera del sector público, tienen para promocionar las inversiones extranjeras.

La experiencia concreta de varios señores Senadores que hemos tenido la oportunidad de viajar al exterior en el último tiempo es más o menos la siguiente. Y en ello, creo, ha habido cierto consenso tanto en el viaje que hiciéramos con el Honorable señor Ríos a Europa, acompañando al Presidente de la República , como en la visita que efectuara recientemente el Primer Mandatario al Oriente. Hoy es básico y fundamental que el Estado de Chile aparezca con una política mucho más agresiva en la economía en un mundo altamente competitivo. Lo puede hacer, sin duda alguna, a través del sector privado; pero también es importante que contemos con mecanismos mucho más eficientes que los actuales para los efectos de enfrentar, con cierto éxito, el mundo cada vez más competitivo en el área de las exportaciones, y, en ese sentido, debemos mejorar nuestra capacidad de atraer capitales extranjeros.

Tal es la experiencia que se está viviendo en el país en sectores apartados de la Región Metropolitana y de la zona central. Eso ocurre en varias Regiones adonde no llegan fácilmente los inversionistas extranjeros cuando se trata de proyectos significativos, a menos que exista un verdadero estímulo -o "promoción", como se habla aquí- por parte del Estado y de los organismos públicos.

Por tal motivo, porque la experiencia está indicando la importancia de que el Estado posea una capacidad en este plano de ejecución plena de su función máxima, que es la de velar por que las inversiones extranjeras se realicen conforme a la ley y a las disposiciones que nosotros fijemos para ellas, voto afirmativamente el informe de la Comisión Mixta.

Voto afirmativamente.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , sólo quiero formular dos observaciones.

La primera de ellas es formal, relativa a la objeción a una norma del proyecto en cuanto ésta sería contradictoria con otra aprobada en la Ley de Presupuestos. La verdad es que, si así fuera, ello no tendría la menor trascendencia, toda vez que ésta sería posterior; por tanto, no existe ningún inconveniente en que modifique una precedente.

En segundo término, al leer la disposición de la referida Ley de Presupuestos, vemos que se limita a establecer una partida determinada de dinero para ser gastada con ciertas finalidades, lo que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido del precepto en cuestión.

Por otra parte, quiero asociarme a las palabras pronunciadas por el Senador señor Ruiz De Giorgio en cuanto a que el proyecto, de evidente y obvio interés general, lo es con mucha mayor razón para el estímulo y desarrollo de las inversiones en las regiones extremas, como las de Aysén y Magallanes, que carecen de toda posibilidad de vinculación con los inversionistas extranjeros y para las cuales la necesidad de información amplia y mayor cobertura es mucho más patente que en otras actividades realizadas en otras Regiones.

Por tales razones, voto afirmativamente.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , seré muy breve, con el objeto de no reiterar los argumentos señalados por los Senadores de mi bancada.

Es evidente que las funciones de que se trata no pueden realizarse sobredimensionadamente, al punto que exista dualidad en la materia. Ellas se encuentran radicadas, en la actualidad, en una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. De manera que habría un gasto innecesario y se estaría cercenando la competencia de otra institución que tiene a su cargo dichas labores.

Considero conveniente hacer saber al Gobierno que nos interesa que el ahorro que significa nuestra votación para el Estado -en caso de rechazarse el informe- sea invertido en las Regiones. Suponer que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplen las tareas que tienen a su cargo es un agravio innecesario, a menos que, con el pretexto de promover nuestro comercio internacional, se busque la creación de cargos superfluos o prescindibles.

En consecuencia, voto que no, dejando expresa constancia de que solicito que los dineros que se pretenden dilapidar por esta vía sean destinados, derechamente, a satisfacer las necesidades de las Regiones.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

Resultado de la votación: 17 votos por la negativa, 14 por la afirmativa y 6 pareos.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Queda rechazado el informe de la Comisión Mixta.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, originado en moción de los Diputados señores Aylwin, Bosselin, Concha, Elgueta, Gajardo, Ojeda y Velasco, que modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, en lo relativo a la notificación de las sentencias judiciales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 6 de agosto de 1992.

Informe de Comisión: Constitución, sesión 20a, en 5 de febrero de 1993.

Discusión:

Sesión 22a, en 12 de enero de 1993 (queda para segunda discusión).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Cabe destacar que fue oída la Corte Suprema, en cumplimiento de lo que disponen el artículo 74 de la Constitución Política y el 16 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso.

La Comisión aprobó en general el proyecto por tres votos contra dos. Votaron a favor los Honorables señores Letelier, Pacheco y Vodanovic, y por el rechazo los Honorables señores Diez y Fernández. La misma situación se produjo en la discusión particular.

La iniciativa consta de un artículo único.

En la Comisión, el Honorable señor Letelier "dejó constancia de que el proyecto de ley en informe no impide que, notificado el cúmplase de una sentencia condenatoria al representante del condenado, se libre en contra de éste orden de aprehensión para que dé cumplimiento al castigo, si es la privación de libertad.".

Se designó al Honorable señor Pacheco como Senador informante .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En segunda discusión general y particular.

Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.-

Gracias, señor Presidente.

Como señaló el señor Secretario , el proyecto, que se halla en su segundo trámite constitucional, modifica el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, que dispone que la sentencia definitiva de primera instancia y el cúmplase de la sentencia definitiva de segunda instancia deben ser notificadas personalmente al condenado y no a sus representantes.

La última de esas resoluciones lleva aparejadas, en caso de que falte tiempo por cumplir de la sanción impuesta, la orden de detener al condenado y la de su ingreso a un establecimiento penitenciario, lo cual determina frecuentemente que aquél no se presente y que la resolución judicial quede incumplida, con la consiguiente erosión de la eficacia y el prestigio del sistema de administración de justicia.

Desde otro punto de vista, para solicitar el beneficio del indulto son requisitos, entre otros que fija la ley N° 18.050, que la sentencia condenatoria se encuentre ejecutoriada y que el condenado esté cumpliendo la pena privativa de libertad, si se le hubiere impuesto una de ellas. Esta circunstancia, en concepto de los autores de la moción con que se inició la tramitación de este proyecto, entraba la política de indultos del Gobierno en relación con los presos políticos calificados como tales antes del 10 de marzo de 1990.

El proyecto en informe consta de dos artículos: uno permanente y otro transitorio.

El primero faculta al juez de la causa para disponer que el cúmplase de la sentencia de segunda instancia pueda también ser notificado al representante del condenado -vale decir, a su abogado-, indistintamente.

El precepto transitorio, de carácter imperativo, ordena que dicho cúmplase sea notificado personalmente al reo o a su representante, indistintamente, tratándose de personas procesadas conforme a las leyes N°s 12.927, 17.798, 18.314, 19.027 y 19.047, por hechos acaecidos antes del 10 de marzo de 1990.

Los cuerpos legales citados corresponden a la Ley de Seguridad del Estado, a la Ley sobre Control de Armas y a la ley sobre conductas terroristas, los tres primeros; de los dos últimos, uno modifica la ley N° 18.314, y el otro procura garantizar en mejor forma los derechos de las personas, respectivamente.

La Comisión aprobó en general el proyecto por tres votos contra dos. Votaron por la aprobación los Senadores señores Letelier, Vodanovic y el que habla, y estuvieron por el rechazo los Senadores señores Diez y Fernández .

La mayoría fundó su decisión en que la iniciativa evita que las sentencias condenatorias impuestas por los tribunales queden incumplidas, con el consiguiente debilitamiento de la función jurisdiccional, al mismo tiempo que proporciona un mecanismo eficaz para que quienes van a ser indultados no se vean en la necesidad de recluirse o de reingresar a las cárceles -ya excesivamente pobladas- para el solo efecto de salir de ellas.

La minoría argumentó, en sustento de su posición, que las disposiciones del proyecto contribuirán a minar la efectividad de las resoluciones judiciales y a poner en tela de juicio la institución de la libertad provisional, que por efecto de esta iniciativa pasará a ser una libertad definitiva, cuando reste tiempo por cumplir de la pena impuesta. Además, estuvo por el rechazo porque estimó que al condenado que es candidato a la gracia del indulto debe exigírsele una muestra de aceptación y acatamiento de la pena asignada y de sumisión al orden jurídico en virtud del cual le fue impuesta.

En la discusión particular, la Comisión, con la misma votación anterior, acordó dar igual tratamiento, en materia de estas notificaciones, a todos los condenados, suprimiendo el artículo transitorio que establecerá una diferencia para los presos políticos procesados por hechos anteriores al 10 de marzo de 1990.

Además, siguiendo el criterio general que inspira al proyecto, de simplificar los trámites judiciales que preceden al indulto, decidió hacer imperativa la norma, en lugar de meramente facultativa, como venía concebida desde la Cámara de origen.

Por último, el Senador señor Letelier dejó constancia de que el proyecto de ley no impide que, notificado el cúmplase de una sentencia condenatoria al representante del condenado, se libre en contra de éste orden de aprehensión para que dé cumplimiento al castigo, si es la privación de libertad.

En conformidad con las consideraciones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recomienda aprobar el texto propuesto, que consta de un artículo único que agrega, al artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, el siguiente inciso final:

"No obstante lo establecido en los incisos anteriores, el cúmplase de la sentencia de segunda instancia se notificará al condenado o a su representante, indistintamente.".

Ese es, señor Presidente , el proyecto acogido por mayoría, que la Comisión de Constitución recomienda aceptar.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , junto con el Senador señor Diez nos opusimos a la aprobación de esta iniciativa, por cuanto establece que un condenado puede ser notificado personalmente o a su representante, dejando de cumplir la pena, si aún le resta algún tiempo de ella. No obstante lo anterior, si no han sido notificados ni están cumpliendo sus penas, pueden pedir indulto. Creemos que los condenados que deseen hacerse merecedores de la gracia del indulto que otorga el Presidente de la República deben realizar un gesto de acatamiento al orden jurídico cumpliendo sus sentencias. Con posterioridad, una vez notificados de ellas personalmente, el Jefe del Estado podrá concederles o no la gracia del indulto. De otra manera, señor Presidente , estaríamos en presencia de una norma que transforma la libertad provisional en libertad definitiva, y la notificación se hace al abogado, la que, para todos los efectos legales, se considera como si hubiese sido hecha al condenado, el que goza de libertad y no está cumpliendo el fallo.

Por esta razón, señor Presidente , y con el objeto de evitar que se burle la acción de la justicia y de que se respete el ordenamiento jurídico, votaremos en contra de la idea de legislar.

He dicho.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , me parece que el precepto en debate cumple un propósito exactamente contrario al que ha señalado el Honorable señor Fernández .

En primer término, como deja constancia en el informe el Senador señor Letelier, notificado el cúmplase de una sentencia condenatoria al representante del condenado, ello no obsta a que se libre en contra de éste orden de aprehensión para que dé cumplimiento al castigo, si es la privación de libertad. Vale decir, el titular de esa notificación -sea el condenado o su mandatario- es irrelevante para el efectivo cumplimiento de la sentencia, ya que de todas formas debe librarse la orden de detención en contra del condenado.

En segundo lugar, la circunstancia de que se pueda notificar al representante o mandatario contribuye, precisamente, a dar término al proceso judicial, porque de esa manera éste queda afinado, si no se ejercitan recursos legales. Por el contrario, si es condición fundamental la notificación personal del condenado, subsiste una situación de incertidumbre respecto del proceso, y éste no está afinado o ejecutoriado.

Y, por último, como señala el informe, la opinión de mayoría sostuvo que esta proposición es un elemento eficaz para que, realmente, la gracia del indulto pueda operar sin mayores trabas ni dificultades cuando sea menester.

Es necesario dejar constancia de que la forma en que nuestra Comisión de Constitución ha aprobado por mayoría la iniciativa permite establecer un beneficio y una disposición de carácter general aplicable a cualquier procesado y a cualquier delito, y la sustrae del carácter específico que tenía en el texto original, que otorgaba el beneficio a determinados procesos y procesados de carácter político.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional votaremos en contra de este proyecto, porque nos parece que tiene una finalidad muy clara, establecida tanto en la moción parlamentaria como en el criterio de mayoría de la Comisión de Constitución.

La moción parlamentaria se fundamenta diciendo: "teniendo fundadas expectativas de obtener su indulto" -se refiere a reos que han sido condenados- ", se encuentran, sin embargo, con que para los efectos de tramitar dicho beneficio deban previamente entrar a cumplir la pena, internándose al efecto en el correspondiente recinto de reclusión.".

El informe de la Comisión deja expresa constancia de que "Además, siguiendo el criterio general que inspira al proyecto, de simplificar los trámites judiciales que preceden al indulto, decidió hacer imperativa la norma,". En buenas cuentas, esta iniciativa no tiene por finalidad solucionar un problema de procedimiento, sino permitir algo muy simple: que quien goza de libertad provisional y que ha sido condenado no concurra al tribunal para los efectos de no ser detenido y, de esta manera, pueda impetrar el indulto sin que se de cumplimiento a la sentencia. Estimamos que esto es sumamente grave, porque, obviamente, quien pretende pedir clemencia, indulto, debe demostrar su intención de acatar el fallo. Es inadmisible que quien haya sido condenado y no es habido por la justicia, sea notificado a través de su abogado y no personalmente, y obtenga el indulto sin entrar a cumplir la pena.

Parecería mucho más lógico -y habríamos estado llanos a aprobar una disposición de carácter procesal- señalar que, para los efectos de obtener el indulto, la sentencia debe ser notificada personalmente al condenado. Esto habría sido lo lógico y justo. Pero resulta que la finalidad de lo que se nos propone, tal como acabo de leer, es todo lo contrario: permitir que el condenado, sin cumplir la sentencia, pueda pedir el indulto, haciendo ilusoria entonces la pena que se le ha impuesto. Porque el indulto significa cambio o remisión de la condena. ¿Pero cuándo? Cuando el condenado la está cumpliendo, a menos que el Presidente de la República expresamente lo exceptúe en casos y condiciones muy calificados.

El problema que se nos presenta, señor Presidente , es que toda la estructura del Código de Procedimiento Penal está basada en que ciertas resoluciones, por la trascendencia que tienen, deben ser notificadas personalmente al reo, al inculpado o al acusado. El es quien debe ser notificado y no otra persona. Esto ocurre con el auto de procesamiento, con la acusación y, por eso, en toda nuestra normativa, se pide la notificación personal del inculpado. Y es más: hay ciertas sentencias en las que el fallo debe leerse íntegramente a éste para que pueda conocer realmente cuál es su situación y por qué fue condenado.

Hoy día todo esto se obvia y desaparece. La persona está en prisión preventiva; sale de esa situación mientras se dilucida si es culpable o no; sigue el proceso; se determina que es culpable y, en ese momento, él desaparece de la acción de la justicia y entra su abogado para ser notificado, Automáticamente comienza la gestión de tramitación del indulto, que a veces puede obtenerse por consideraciones de carácter político. La moción presentada en la Cámara de Diputados estaba fundamentada, precisamente, en esas razones. La modificación introducida en la Comisión de Constitución por voto de mayoría fue genérica, porque aquí no primó lo político. Pero, en verdad, quienes han tramitado indultos saben positivamente que en muchas oportunidades es importante la vinculación política para obtenerlo, para acceder a las instancias necesarias que permitan influenciar en el sentido de que sea tramitado oportunamente. Esto no parece adecuado, porque no se ajusta, precisamente, a la igualdad ante la ley.

Por otra parte, queremos dejar constancia de que esta iniciativa no tuvo su origen en el Poder Ejecutivo ; es decir, no la envió el señor Ministro de Justicia ni Su Excelencia el Presidente de la República . Ha sido una instancia política motivada por intereses políticos muy ajenos al tecnicismo que debe prevalecer cuando se modifica el Código de Procedimiento Penal,

Si se hubiese propuesto que se permite la notificación a la parte para los efectos de la interposición de recursos, nosotros lo habríamos entendido perfectamente bien. Sin embargo, la notificación hecha en los términos sugeridos persigue, obvia y claramente, una finalidad política, como lo demuestran los fundamentos de la moción y del informe de mayoría de la Comisión de Constitución. Por esas consideraciones, los Senadores de Renovación Nacional votaremos negativamente este proyecto.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , todos podemos comprender la finalidad de esta iniciativa, claramente manifestada en la fundamentación de la misma y en la corrección sustantiva realizada por la Comisión para hacer genérica su aplicación. También es preciso dejar constancia de que la propia Corte Suprema -que fue oída- manifestó su parecer favorable.

Según la constancia del Honorable señor Letelier en el informe, no se inhabilita al juez para disponer la detención del reo. No se dan razones prácticas, pero entiendo las cargas que pueden haber aquí.

Sin embargo, no sé si la sugerencia del señor Otero podría ser una fórmula tal vez aceptable para quienes presentaron la moción, pues permite la notificación al apoderado para el solo efecto, por ejemplo, de tramitar el indulto correspondiente o la interposición de recursos. De ese modo, daríamos satisfacción al interés inmediato que fundamenta la presentación del proyecto, sin perjuicio de que más adelante pudiera revisarse. Porque iniciativas como ésta, tendientes a agilizar los procesos, especialmente en materia penal, las estimo de alta conveniencia. En muchos casos, realmente resulta absurdo volver a detener al condenado, acrecentando el problema carcelario. Considero necesario revisar esta materia muy en profundidad, incluso en cuanto a dar latitud al juez para los casos en que procede o no procesar, dado que esta situación se ha hecho extensiva. Hay una multiplicidad de casos, especialmente cuando se trata de gente joven, en que no vale la pena, por su naturaleza y circunstancias, agotar la vía judicial. El juez debería tener la suficiente latitud de competencia para determinar si procesar o no, sin perjuicio de adoptar otras medidas de carácter administrativo.

Me parece bien inspirada y orientada esta moción. No obstante, entendiendo las dificultades que puede enfrentar su aprobación y, a la vez, estimando valioso el motivo que la sustenta, podría, si se concreta una proposición formal del Senador señor Otero , buscarse con el Honorable señor Pacheco -que actuó como Senador informante - una fórmula que dé satisfacción y tranquilidad a quienes se oponen al despacho de la iniciativa.

He dicho.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Se ha formulado una indicación de los Honorables señores Diez y Otero para, en caso de que se aprobara el artículo único, agregar la siguiente frase: "Sin embargo, el condenado a pena privativa de libertad no podrá solicitar su indulto sin que previamente se encuentre cumpliendo su condena.".

El señor HORMAZÁBAL .-

Como es obvio, no todos los Senadores hemos podido participar en el detalle de una discusión tan interesante como ésta, ya que su análisis a fondo tuvo lugar en la Comisión respectiva. No obstante, por de pronto tengo la impresión de que esa indicación equivale a decir "no" al proyecto. De manera tal que, más que votarla, correspondería tratar de precisar adecuadamente el sentido de aquél.

Hoy en día, la ley dispone que la persona debe estar privada de libertad para poder solicitar el indulto. Uno de los objetivos de la iniciativa es, precisamente, permitir el acceso al beneficio sin que exista la obligación de reingresar al establecimiento penal para ese fin.

Ahora bien, al margen de la discusión de fondo, me surgen algunas inquietudes que, en un análisis breve del tema, he tratado de resolver. En primer lugar, estamos hablando de alguien que se encuentra, por ejemplo, en libertad provisional. O sea, no de cualquier persona, sino de alguien que ha sido previamente aprehendido, respecto de quien, por fundadas razones, se ha dictaminado que sí tuvo participación en un hecho delictual determinado, por lo que ha estado cumpliendo una pena privativa de libertad, en el caso de ciertos delitos, por cuanto el juez tiene la latitud suficiente para poder concluir si es necesaria o no la privación de libertad del detenido para estos efectos. En suma, estamos hablando de una institución (la libertad provisional) que nuestro proceso legislativo ha ido afinando adecuadamente. No cualquiera puede obtenerla si se trata de delitos graves. Incluso, los diversos puntos de vista -y en esto no hay distinción de Partidos- de técnica jurídico-legislativa coinciden en la conveniencia de dar al magistrado la posibilidad de extender este beneficio, en atención a los requisitos que se establecen.

Recordemos que el artículo 364 del Código de Procedimiento Penal señala: "La libertad provisional se puede pedir y otorgar en cualquier estado del juicio.". Esto puede relacionarse con el artículo 377 del mismo Código, que dice: "Podrá el juez poner término a la libertad provisional por resolución fundada, cuando aparezcan nuevos antecedentes que así lo justifiquen,". Es decir, nos estamos refiriendo a una institución muy particular, que permite al magistrado ponderar hechos nuevos que justifiquen poner fin al beneficio.

¿Cuál es la situación a la que apunta este proyecto? La de un ciudadano que ha sido procesado y cuya sentencia se encuentra en trámite final, quien, por no constituir un riesgo ni para la seguridad, ni para la sociedad, ni para los ofendidos, puede encontrarse disfrutando de un derecho constitucional (la libertad) y habérsele decretado la libertad provisional. Pues bien, de lo que se trata es de que esa persona, cuyo proceso se encuentra en una fase final en la que no ha surgido antecedente alguno que modifique, por ejemplo, su carácter de no peligrosidad, pueda ser notificada del cúmplase de la sentencia definitiva sin tener que volver a la cárcel, donde el magistrado estimó conveniente que no regresara.

Los distinguidos señores Senadores que han defendido la posición de minoría señalaron en la Comisión que al "candidato a la gracia del indulto debe exigírsele una muestra de aceptación y acatamiento de la pena asignada y de sumisión al orden jurídico en virtud del cual le fue impuesta.". Pero esta persona ha acatado el orden jurídico, ha hecho uso de todos los recursos establecidos. Estuvo privada de libertad, que sólo recuperó por la decisión del juez, quien hizo uso de la facultad que le corresponde. No estamos hablando de un reo prófugo, de alguien que eludió la acción de la justicia, sino de alguien que está debidamente cumpliendo con lo que se consigna en la ley. En consecuencia, pedirle una demostración adicional de sometimiento al orden jurídico, que implica volver a cárceles que -como se dijo- están con exceso de población, con problemas de toda naturaleza, me parece realmente una exageración.

Además, la Comisión le ha restado a la norma su carácter excepcional, dándole adecuadamente una aplicación genérica. Porque, gracias a Dios, y a la legislación que hemos dictado, los presos políticos anteriores al 11 de marzo de 1990 constituyen hoy un problema mínimo, debido a que la política de este Gobierno, respaldada por los Partidos de Oposición, ha tendido a solucionar su situación. De modo tal que invito a Sus Señorías a situarse en el caso de un ciudadano chileno que se encuentre en la condición de libertad provisional y que aspire a obtener -mañana, pasado mañana, en uno o en dos años más- el beneficio en cuestión, dejando a un lado el aspecto político, que puede ser históricamente conflictivo para nosotros. Pensemos en un ciudadano común y corriente de nuestro país que pretende hacer uso de una institución que ha sido creada, precisamente, para favorecer las potencialidades de sus derechos y de los de la sociedad.

Adicionalmente, se plantea la preocupación de que la persona podría eludir la acción de la justicia. Pero a eso cabe responder que el artículo 377 citado permanece plenamente vigente: el juez puede, en cualquier momento, poner fin a la libertad provisional y determinar su aprehensión, lo cual es absolutamente coherente con lo que manifestó el Honorable señor Letelier en la Comisión, en el sentido de que el proyecto no impide que se libre en contra del condenado una orden de aprehensión para que dé cumplimiento al castigo, si es la privación de libertad.

Por lo tanto, respecto de la iniciativa en debate debe concluirse lo siguiente. Primero, no es discriminatoria contra ningún chileno, pues el beneficio puede ser impetrado por cualquiera. Segundo, no debemos mirarla desde el punto de vista político, aunque originalmente haya tenido tal carácter. Y, tercero, es necesario tener presente que en ningún caso le niega al magistrado la latitud de la determinación, porque es él quien conoce mejor que nadie las condiciones que se dan en el proceso, a fin de establecer la graduación y consideraciones que debe tomar en cuenta para el otorgamiento de la libertad provisional.

En razón de lo anterior, señor Presidente , y por creer que la iniciativa en comento no conlleva los riesgos que se han señalado durante su discusión, anuncio que la votaré favorablemente.

El señor OTERO .-

Luego de escuchar muy atentamente al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, me da la impresión, por los términos que se emplean, de que existe una confusión respecto de la realidad del proceso penal.

Es un hecho que nadie debe ser privado de la libertad hasta no ser condenado. O sea, nadie puede cumplir una sanción mientras una sentencia ejecutoriada no haya establecido la existencia del delito, el grado de la culpabilidad, e impuesto la sanción. Por tanto, no hay que confundir esta garantía constitucional -que afortunadamente se logró introducir, primero, en el Acta Constitucional número 3, que estableció como un derecho de ese rango la libertad mientras se tramite el proceso- con la libertad provisional. ¿Cuál es la finalidad del proceso? Determinar si hubo delito, cuál fue la participación punible del inculpado -esto es, como autor, cómplice o encubridor- y, además, algo muy importante: las circunstancias atenuantes, agravantes o eximentes que concurren respecto de cada uno de los procesados. Esta es la única manera de que los órganos jurisdiccionales, los tribunales, puedan hacer justicia y aplicar las sanciones que correspondan.

En consecuencia, es perfectamente factible -y, de hecho, ocurre- que personas que han cometido delitos que merecen penas incluso aflictivas -de tres años y un día o más, de reclusión o de presidio- permanezcan 5, 10 ó 30 días detenidas y salgan luego en libertad provisional, porque eso es lo que dispone la Constitución que debe ocurrir hasta tanto no se establezca que realmente hubo delito y se dicte la sentencia.

¿Qué sucede en la práctica? Termina el proceso 2 ó 3 años más tarde, se determina la existencia del delito y esta persona, que estuvo 10 ó 15 días en la cárcel por un delito que merece 3 años y 1 día de presidio o de reclusión, no ingresa a ella nuevamente cuando ha sido condenada de manera definitiva. ¿Y qué es lo que pretende esta iniciativa? Que esa persona, que está en libertad bajo fianza, simplemente no se presente: que se le notifique de la sentencia por su abogado -de acuerdo con la disposición actual, debe presentarse para ser notificada- y, por ende, continúa en libertad provisional. Pero cuando terminó el proceso, se dictó la sentencia final y se la condenó a una pena privativa de libertad, ya no puede seguir estándolo; se extinguió la libertad provisional, y esa persona debe entrar a cumplir la sanción que le dio la sociedad a través del órgano jurisdiccional, del tribunal.

¿Es lógico, entonces, que quien cometió un delito que puede merecer uno, dos o tres años de presidio o de reclusión, y que no ha estado más de cinco o diez días en prisión preventiva, no ingrese nunca más en la cárcel, y, mientras tanto, obtenga el indulto, sin necesidad de siquiera aparecer? Sin duda, no. Lo que corresponde es que se termine el proceso. Si la persona es condenada, ahí debe estar para cumplir la sentencia, para aceptar el veredicto, y en ese momento le nace el derecho de pedir al Presidente de la República el indulto. Es obvio que, como hemos señalado, no hemos estado de acuerdo -ni lo estamos- respecto de la forma en que se ha concedido este beneficio. Estoy cierto de que hoy, especialmente -por eso hemos tocado los aspectos políticos-, muchas personas involucradas en procesos denominados "políticos", a pesar de versar sobre delitos comunes, no serán habidas, ni van a volver nunca más a los tribunales, porque se les va a otorgar el indulto, comunicándoseles la sentencia a través de sus abogados. Esa fue la finalidad de este proyecto.

Comprendo perfectamente las diversas etapas del proceso penal. Y creo que lo mejor para el ordenamiento jurídico es que la persona que ha sido definitivamente condenada -que ya no puede estar en libertad, porque producida la sentencia se acaba la libertad provisional- se presente al tribunal acreditando su voluntad de respetar la sentencia. Considero que sólo en ese momento el Presidente de la República puede hacer uso de la facultad constitucional que le hemos dado para indultar.

De lo contrario, para quienes dispongan de la influencia o de los medios económicos necesarios para contratar buenos abogados, todo será muy fácil, porque, lamentablemente, éstos podrán decir: "Mira, te condenaron a cuatro años, pero olvídate de todo. Escóndete, y, mientras tanto, yo me voy a notificar y a tramitar el indulto". ¿Y qué pasa con el resto?

Señor Presidente , en nuestra opinión, esto no se justifica. Porque son situaciones diferentes. En modo alguno queremos que se piense que estamos en contra de la institución de la libertad provisional. Al contrarío: la defendemos. ¡Ojalá una persona no esté nunca detenida, ni pierda una hora de su libertad mientras no sea condenada! Pero cuando se ha dictado una sentencia, lo menos que puede pedir la sociedad es que el inculpado entre a cumplir la condena antes de que sea liberado. Porque, de no ocurrir así, las sentencias -en especial, las privativas de libertad- pueden transformarse en letra muerta.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , creó que aquí no sólo está en juego la visión discrepante que podamos tener en cuanto a los indultos, y, específicamente, a los aplicados a personas cuyas conductas derivaron de hechos que todos conocemos y respecto de los cuales tal vez nunca nos podremos poner de acuerdo. Lo objetivo es que generaron situaciones que todos queremos ir superando. Hay otra discrepancia de fondo que tampoco parece posible salvar: la que se produce en torno a la naturaleza y al sentido del proceso penal y de la pena.

Es ésta una institución que, aun cuando algunos así la consideren, no puede ser concebida como una venganza social. ¿Cuál es el razonamiento que se hace aquí? Discurramos sobre el ejemplo que se ha dado: estamos en la sentencia, y, por consiguiente, en la condena. Cabe señalar, entonces, en primer lugar, que el proceso no está del todo afinado, pues todavía queda la posibilidad de interponer recursos, y, en segundo término, que estamos frente a un caso en que la persona tiene la facultad de acceder a un indulto. ¿Cómo se razona? "Hagámosle más difícil la vida; traigámoslo de nuevo; que le cueste más; que vuelva a sufrir". Pero el inculpado ya estuvo detenido. ¿Cuánto tiempo? Cinco o seis días, se ha dicho. Quien haya ejercido en materia penal sabe que, por desgracia, lo más frecuente es que en los procesos, aun por los casos más absurdos, la prisión preventiva sea extraordinariamente prolongada. Por eso, tal criterio me resulta inaceptable.

¿Cuál es la idea del proyecto? Ella consiste, simplemente -esto es lo que encuentro valioso; es un punto que nuestra Comisión de Constitución mejoró notablemente-, en ampliar el marco con que el juez puede proceder. Y dice: "podrá disponer". No lo obliga. El magistrado, a la luz de los antecedentes del proceso, en definitiva resolverá de qué manera actúa.

El señor OTERO .-

¿Me permite una interrupción, Su Señoría?

El señor PAPI.-

Sé a dónde va, señor Senador.

Sin embargo, está el otro argumento: puede perfectamente disponer la detención inmediata. De modo que el juez, quien mejor que nadie conoce los antecedentes del proceso, sabe de qué reo y de qué situación se trata.

El señor OTERO .-

¿Me permite una interrupción, para que Su Señoría pueda completar su exposición, que tan brillantemente está haciendo?

El señor PAPI.-

Se la concedo, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , hay otro elemento, y me gustaría mucho que el Senador señor Papi, quien está efectuando sus planteamientos en forma excelente, lo analizara. Desde el momento en que la persona se notifica -ésta pide el indulto- queda ejecutoriada la sentencia, y desde ese instante empieza a correr el término de prescripción de la pena. Si le negaron el indulto y se escondió durante seis años, aquélla se acabó, prescribió. En cambio, ahora, para que comience a transcurrir el plazo de prescripción el condenado debe ser notificado personalmente; así no puede evadir el cumplimiento de la sentencia.

Gracias, señor Senador.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , si nos dedicamos a buscar situaciones extremas -hagamos presente que en ese caso los días corren doblemente-, podemos llegar a encontrar argumentos que harán imposible cualquier tipo de resolución que tienda a humanizar el proceso penal y a cumplir, en definitiva, con la función educativa y reeducadora que debe perseguir.

Pero, en síntesis, a mi juicio, será difícil ponerse de acuerdo, porque aquí, en el fondo, está penando el problema de los indultos. Y hallo lamentable que ese tipo de motivaciones sean las que impidan aprobar normas como ésta, que propende a hacer más civilizado nuestro Derecho Penal.

He dicho.

La señora SOTO .-

Quiero brevemente fundar mi voto.

En verdad, el Código Penal contiene una disposición pro reo -su artículo 18-, que expresa:

"Si después de cometido el delito y antes de que se pronuncie sentencia de término, se promulgare otra ley que exima tal hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa, deberá arreglarse a ella su juzgamiento.

"Si la ley que exima el hecho de toda pena o le aplique una menos rigurosa se promulgare después de ejecutoriada la sentencia, sea que se haya cumplido o no la condena impuesta, el tribunal de primera instancia que hubiere pronunciado dicha sentencia deberá modificarla, de oficio o a petición de parte y con consulta a la Corte de Apelaciones respectiva.".

Tal principio rige para todos los reos y no en la forma rigurosa como aquí se establece. Y estimo que si efectivamente hay posibilidad de indulto, resulta muy grave que, después de que un reo ha obtenido su libertad provisional, se le condene y notifique en la cárcel. Tal procedimiento, a mi juicio, atenta contra el principio a que he hecho referencia.

Naturalmente, algunos reos, actuando con picardía, tratan de eludir la acción de la justicia, pero son la excepción. Y en este sentido cabe recordar que, conforme al artículo 96 del Código Penal, si se paraliza la acción -basta para ello que el delincuente permanezca oculto por tres años, no por seis ni por lo que indican las normas habituales de prescripción-, sencillamente prescribe toda acción en su contra.

Por lo tanto, debemos legislar en pro de la mayoría y en conformidad al principio pro reo.

Voto que sí.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , los argumentos expuestos por el Honorable señor Otero son, a mi juicio, muy importantes, y los comparto plenamente.

Por otra parte, me parece que, contrariamente a lo que estiman algunos, ha habido cierta liberalidad en la concesión de indultos -que muchos no comparten- y, por lo tanto, cualquiera ley que los facilite, a mi juicio, no es conveniente en estos momentos, cuando ha recrudecido la criminalidad y los presuntos implicados por el atentado contra el anterior Mandatario y por el asesinato de un Senador de la República podrían resultar beneficiados si se promulga como ley esta iniciativa.

En consecuencia, voto negativamente.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , primeramente debo dejar constancia de que debemos ser muy cuidadosos al tratar el tema de los indultos, porque éstos han sido usados siempre por quien disfruta del Poder por estimar que tiene un bien mayor que alcanzar.

La práctica del indulto se ha realizado en diversas circunstancias, y no creo que ahora se pueda acusar al Presidente de la República , don Patricio Aylwin , de manejar la política de indultos de manera inadecuada, porque ésta fue formulada por el principal partido opositor, Renovación Nacional, que patrocinó la enmienda del artículo 9o de la Constitución y el establecimiento de la disposición trigesimaprimera transitoria.

En segundo término, cuando la facultad del indulto se ejerce de manera abierta en una sociedad democrática -incluso copia del decreto respectivo se envía, en carácter reservado, al Senado-, la situación es muy distinta. Por ejemplo, algunos chilenos todavía deseamos saber por qué fueron indultados los asesinos del General Schneider, los que ultimaron al Comandante Araya, Edecán Naval del Presidente Salvador Allende , y tantos otros que el Gobierno anterior indultó sin que nadie supiera cómo y por qué. A lo mejor, se hizo en aras del bien común y del bienestar del país. Pero hoy día Chile sabe por qué se indulta, y estamos conscientes de que hay un Presidente que ejerce la autoridad con la prudencia y la mesura que corresponden.

Por lo tanto, al discutir el tema del indulto hagámoslo pensando en el Chile que queremos construir, oyendo los argumentos de carácter jurídico y no tratando de denostar y desvirtuar una atribución que el Primer Mandatario ejerce a cabalidad, ateniéndose a la Constitución, a la ley y a la moral.

Por último, un pequeño recuerdo para quienes tantas veces hacen ostentación de la Ley de Partidos Políticos y de la Constitución.

Hemos escuchado aquí al Honorable señor Otero anunciar que "los Senadores de esta bancada" -refiriéndose a Renovación Nacional- "vamos a votar en contra". Esto contradice, las disposiciones de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos que, en su artículo 32, prohíbe a las distintas colectividades dar órdenes o recomendaciones de partido.

Si los Senadores de Renovación Nacional están dispuestos a modificar dicha norma, yo, por lo menos, los apoyaría en tal sentido por estimar que los partidos son esenciales para el ordenamiento de la sociedad y tienen derecho a dar ciertos criterios en la formulación de políticas. Sin embargo, creo que cuando el Senado actúa como jurado, no debe haber partido alguno que vulnere nuestras conciencias. Y esto, generado por la legislación aprobada por Renovación Nacional, al parecer no lo aplican, ya que no respetan la conciencia de los Senadores, como se ha expresado anteriormente.

Por las razones antes dichas, voto a favor del proyecto.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, hemos dicho en reiteradas oportunidades, incluso en entrevistas, que algunos indultos resultan agraviantes para un importante porcentaje de chilenos.

En cuanto al alcance formulado por un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que la reforma constitucional fue aprobada con los votos de Renovación Nacional, debo insistir en el Senado, y frente al país, que si bien es cierto que así lo hicimos, no lo es menos que se dejó claramente establecido que, primero, no habría indulto para los autores de hechos de sangre; y segundo, que se actuaría con la prudencia que la situación requiriera. Pero, como hemos comprobado que no se ha actuado de acuerdo con estas prevenciones, voto que no.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , cuando se afirma que los indultos no se han otorgado con la prudencia que el caso requiere, se está, en el fondo, calificando de "imprudente" al Presidente de la República , porque él es quien los concede. Rechazo categóricamente tal término por estimar que, al otorgarlos, ha actuado con prudencia, sabiduría y en conocimiento de los antecedentes del caso.

Voto a favor del proyecto.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , opino que es conveniente recordar en esta Sala que cuando oportunamente se trató este tema, el Presidente de la República envió un proyecto al Parlamento para legislar sobre los derechos humanos, y cuyos alcances y limitaciones debieron haber sido estudiados tanto en la Cámara como en esta Corporación. Sin embargo, a proposición de Renovación Nacional, se prefirió transferir la responsabilidad política al Presidente de la República , por la vía de facultarlo para otorgar indultos.

El Primer Mandatario asumió esa responsabilidad y, a nuestro juicio, ha actuado en forma correcta y adecuada. Por lo tanto, no cabe que quienes patrocinaron tal procedimiento vengan hoy día a formular críticas negativas. No me parece procedente y lo considero una inconsecuencia política. Porque, de otra manera, debieron en su oportunidad haber aceptado la responsabilidad, determinando quiénes podrían ser indultados, haber estudiado el proyecto de ley y haber tomado una decisión frente al país.

En consecuencia, rechazo categóricamente los términos aquí expresados, y voto a favor de la iniciativa.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , deseo formular algunas precisiones al fundamentar mi voto.

Ante todo, quiero señalar que los Senadores de Renovación Nacional somos muy respetuosos de la Constitución y las leyes, como quedó demostrado durante la votación de la acusación constitucional, en la cual no hubo órdenes ni consejos ni presión alguna de partido sobre sus Parlamentarios. Y no podría decir lo mismo, por ejemplo, de la uniformidad absoluta de que hicieron gala los Senadores de la Concertación que votaron como "tabla" a favor de la acusación.

Igualmente, cuando en el Senado se tratan materias de interés político -me parece adecuado que lo hagan, pues actúan de acuerdo con su pensamiento-, los Senadores de la Concertación votan de una manera determinada.

Lo que pretendemos explicar es que los Parlamentarios de nuestro partido, en conciencia, estudiamos y analizamos las diversas iniciativas en nuestra Sala, examinando sus conveniencias o inconveniencias. Y cuando estamos de acuerdo, uno o dos de nosotros, para ahorrar tiempo al Senado, hacemos uso de la palabra durante la votación respectiva, dando a conocer las razones por las cuales nos pronunciamos en tal o cual sentido. De manera que esta actitud no debiera llamar mayormente la atención.

En cuanto a los indultos, quisiera aclarar un punto. Precisamente me correspondió desempeñar la vicepresidencia de mi partido cuando se abordó el tema al que hace poco se refirió un señor Senador. Cuando se concedió tal facultad al Jefe del Estado , lo hicimos en el entendido de que no serían indultadas las personas responsables de hechos de sangre, desde lesiones hacia adelante. Todavía más: en una comunicación telefónica con el señor Ministro de Justicia -que se encuentra presente en la Sala-, antes de la votación correspondiente, acordamos que tal atribución sólo podría estar en vigencia durante el mandato presidencial de don Patricio Aylwin , justamente por la garantía que se nos daba de que la normativa no se aplicaría a quienes fueran condenados por hechos que hubieren significado lesiones graves u homicidios.

Tal es la historia de los hechos, y cada uno tiene plena conciencia de sus actuaciones.

Por las consideraciones expuestas, voto que no.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en virtud de la última modificación introducida al Reglamento del Senado por la Corporación, quiero simplemente referirme a lo señalado por el señor Ministro y recordarle que efectivamente todas las conversaciones y compromisos se hicieron sobre la base de que no se indultaría a aquellas personas que hubiesen cometido hechos de sangre.

Además, en la prensa hay declaraciones del propio Presidente de la República sobre la materia. Este es un asunto que no se encuentra en debate en este momento y no vamos a entrar en juicios, porque todo fue publicado en distintas partes. Pero, en todo caso, ése fue el entendido con que concurrimos a este acuerdo. Y me alegro mucho de que el señor Ministro no haya desmentido lo que acabo de decir: llegamos a un acuerdo telefónico, justo antes de la votación, en cuanto a que esta facultad se daba exclusivamente por el período presidencial del Excelentísimo señor Aylwin , en virtud de la confianza que nos daba el compromiso contraído.

También debo señalar muy claramente que no fue un compromiso directo -o de conversación directa- con el Primer Mandatario , sino un acuerdo político por medio del señor Ministro de Justicia .

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , he participado de la crítica hecha en algunas oportunidades cuando, después de fundar el voto, se anuncia finalmente que se está pareado.

Entonces, en primer lugar, declaro que estoy pareado y en seguida quiero decir que en el estudio de esta materia hemos alcanzado otros objetivos y analizado otros temas.

Tanto mi Partido como el Senador que habla, hemos tenido respecto de esta materia actitudes y posturas públicas que bien merecerían una consideración especial en una oportunidad que espero que tengamos pronto en el Senado.

En consecuencia, no me referiré al tema de los indultos ni a la votación en conciencia, porque, habiendo sido tocados en la fundamentación de votos, en verdad nos hacen discurrir por caminos distintos de los planteados en el proyecto en análisis.

Estoy pareado, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

-Se rechaza el proyecto (15 votos por la negativa, 14 por la afirmativa y 7 pareos).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Por haberse producido un desacuerdo total con la Cámara de Diputados, procede designar una Comisión Mixta. Como es costumbre, propongo que los miembros que la integren por parte del Senado sean los de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Aprobado.

Terminado el Orden del Día.

Dejo constancia de que, por acuerdo de Comités, no se procederá a votar la indicación formulada por el Honorable señor Alessandri.