Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Con motivo de conmemorarse su 44° aniversario, algunos señores Senadores rendirán homenaje a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente , señores Senadores, el 10 de diciembre de 1948, en la ciudad de París, se proclamó solemnemente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa fecha es uno de los hitos más trascendentes de la historia contemporánea, cuyas proyecciones aún no terminamos de valorar en todas sus dimensiones.

En ese momento, estaban dramáticamente presentes la devastación, la miseria y el horror producidos por los procesos políticos y sociales impulsados por hombres penetrados de ideologías fundadas en la apología del odio, la propaganda de la guerra y la promoción de la discriminación, la hostilidad y la violencia.

Frente a los crímenes de guerra o contra la paz y la humanidad masivamente producidos, no parecían suficientes la tipificación de los mismos como delitos de lesa humanidad y la aplicación de sanciones a sus autores, pues el daño no sólo vinculaba a pueblos, países y personas, sino que constituía una herida en la conciencia y la razón de la humanidad, y afectaba los fundamentos mismos de la dignidad del ser humano.

Ante los ojos de todos parecía claro que, más allá de condenar el crimen, había que iniciar el proceso de promoción de lo mejor de cada mujer y de cada hombre, del aporte que puedan dar los diferentes pueblos desde su identidad cultural y su potencial creador, a través de su libre determinación.

La prevención de la repetición de tan aberrante experiencia exigía reforzar la solidaridad y corresponsabilidad de todos los pueblos, y para eso había nacido la Organización de las Naciones Unidas, en cuyos propósitos se establecía la búsqueda de la paz y la seguridad internacionales, la libre determinación de los pueblos y el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos.

Se inició, entonces, el largo y difícil camino de crear, jurídica y políticamente, un orden público internacional, que no se fundara en el peligro y el temor, para, bajo ese pretexto, concluir en regímenes que, persiguiendo la seguridad, terminan por devorar la libertad. Por el contrario, recordando la experiencia pasada, el ideario de ese orden nuevo proponía una seguridad que fuera fruto de la libertad.

La Declaración Universal de Derechos Humanos contiene, justamente, esa raíz y ese fundamento, tal como se advierte en las afirmaciones que se comprenden en su Preámbulo, las cuales encierran la filosofía de todo político que desee inspirarse en un humanismo universal y eficaz.

Es así como se nos recuerda que sólo la conciencia activa de la dignidad intrínseca de todo miembro de la familia humana es la fuente que genera la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Luego define como la aspiración más elevada de los seres humanos la construcción de un orden fundado en la libertad, que los libere del temor y la miseria. Y más adelante señala que toda sociedad que desee no verse enfrentada al uso del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión debe procurar construir un Estado de Derecho cimentado en la protección de los derechos humanos.

A fin de que todo ello sea posible, los pueblos deben declararse resueltos a promover el progreso social y la elevación del nivel de vida, dentro de un concepto cada vez más amplio de libertad.

Los treinta artículos de la Declaración contienen las normas que informan un proyecto de sociedad, en la cual, desarrollando las dimensiones inherentes a la dignidad de la persona humana, esas definiciones puedan hacerse realidad.

Desde ese momento, inspirados en esos valores que se identifican con la esencia del ser humano, se va creando un régimen de Derecho que comprende tres sistemas jurídicos: el derecho humanitario, el derecho de los derechos humanos en sentido estricto y el derecho de la paz contra la guerra.

Sin embargo, pese a todo este progreso, el mundo aún sufre de actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, tales como el hambre y la miseria; la tiranía y la opresión; las discriminaciones por razones de nacionalidad, raza, religión, sexo, condición social o política; el desprecio de la vida humana o de la integridad física y psíquica de las personas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido y es la fuente de inspiración para mantener los esfuerzos y los progresos sobre esas situaciones cotidianas.

Una de las grandes debilidades que explican el que los avances no puedan dejarnos satisfechos es no haber penetrado todavía de modo decisivo en nuestras culturas con sus principios y valores.

En 1948, la Declaración nos alertaba acerca de la necesidad de promover "mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos", pues es la razón y la conciencia humana la sede del sujeto moral y de Derecho y de quien construye la historia desde su dignidad trascendente e irrepetible.

Aún nos queda mucho por realizar en este sentido, no sólo a nosotros como chilenos, sino en solidaridad con todos los pueblos. Es imprescindible que, junto con hacer de la Declaración una fuente viva y activa de nuestro quehacer como representantes del pueblo, impulsemos su inspiración en todas nuestras instituciones, desde la familia y la comunidad local hasta los poderes públicos, a fin de que sus contenidos éticos y jurídicos den vida a ese orden público en el cual los seres humanos son efectivamente libres e iguales en dignidad y derechos.

Por ello, ha sido muy acertada la resolución del Presidente de la República , señor Patricio Aylwin , de dictar el decreto supremo N° 861, de 7 de diciembre de 1990, que declara como "Día Nacional de los Derechos Humanos" el 10 de diciembre de cada año.

Hoy no conmemoramos un hecho pasado, un documento histórico y un conjunto de propósitos surgidos del dolor y de la muerte, sino que nos comprometemos, desde una reflexión profunda, con la dignidad de cada niño, joven, adulto o mayor, hombre o mujer, para que su riqueza espiritual pueda dar todo el maravilloso potencial creador del cual nos habla cada uno de los derechos que se derivan de su condición de persona humana.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Martin.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente , señores Senadores, la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, da origen a esta organización internacional. En su Preámbulo, dice que los pueblos están resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas.

El Consejo Económico y Social de la Organización encomendó a su Comisión de Derechos Humanos la elaboración de un Código Internacional de Derechos Humanos, obra que fue terminada con la cooperación de un Comité Especial. Y en un memorable 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que el mundo recuerda hoy como uno de los acontecimientos más admirables de este siglo como sentimiento de solidaridad entre los hombres.

El ideal que inspiró la Declaración y la esperanza que con ella floreció en la concepción amplia y profunda de la humanidad hacia la libertad, la hermandad y la igualdad entre los hombres, y de amistad y paz entre los pueblos, parecieron comprometer al mundo con sentimientos orientados hacia la dignidad y respeto del ser, y hacia la verdad del superior destino del hombre.

Entre sus fundamentos esenciales, la Declaración expresa que "el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;". Y luego proclama, también como fundamento esencial, el ideal común por el que todos los pueblos deben esforzarse: el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones.

Han transcurrido 44 años desde que se formulara esa admirable Declaración, que pareció encender luces de esperanza, de justicia y de paz en un compromiso que debería abrazar al mundo para siempre.

Los hombres y las mujeres oyeron esa voz, plena de la dignidad de existir, de los principios indestructibles de libertad e igualdad y de ese ideal común para todos los hombres y pueblos: el reconocimiento de los derechos fundamentales en la vida de la humanidad.

Los derechos humanos, como atributos esenciales de la persona, son universales y absolutos, pero, en su ejercicio, están sujetos a restricciones. La primera la determina la moral, y ello porque ninguna facultad puede ejercerse si se violentan los marcos que impone la ética; y preciso es repetir, una vez más, que la moral es "el cauce en que se desenvuelve la vida del Derecho". Luego, encontramos las limitaciones que impone la vida en sociedad: el respeto al derecho de los demás. El orden, la paz y la justicia resumen las exigencias del bien común en la convivencia social y representan los intereses generales de la comunidad, limitaciones todas que no menoscaban las prerrogativas del individuo, ni las de éste las de la comunidad.

Estas restricciones, en grado alguno pueden acercarse a límites que pudieran tener como objetivo la supresión de los derechos esenciales, sea por personas o instituciones y ni aun por el Estado. Así, categóricamente, lo dispone el artículo final de la Declaración cuando rechaza todo derecho para "emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta Declaración".

La Declaración, en sus tres primeros artículos, proclama para todos los individuos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona; el nacimiento libre e igual en dignidad y derechos; y asegura a toda persona los derechos y libertades que proclama, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, posición económica o nacimiento.

Esas tres disposiciones contienen un núcleo de derechos humanos básicos que entrega a todas las personas la facultad de exigir el reconocimiento a la plenitud de su naturaleza espiritual, individual y social. En ellas la persona encuentra el derecho a conservar su existencia e integridad física; a exigir un trato igualitario en relación con los demás en análogas situaciones.

Hoy, estos principios esenciales, reconocidos por todos los hombres, han sido incorporados a las legislaciones como propios, y la fuerza moral que ellos irradian ilumina el camino de la libertad, la comprensión y el respeto hacia la persona.

Es evidente el enorme paso que el mundo ha dado hacia el respeto y reconocimiento de los derechos fundamentales. La influencia y autoridad de la Declaración ha sido de tal importancia y trascendencia que es notoria la ampliación en el ámbito que cubren, en su número y en su contenido y en la protección jurídica que las legislaciones les otorgan, la que es necesario ampliar aún más si queremos que la verdad de los derechos humanos tenga plena eficacia jurídica y se proyecte universalmente.

¡Qué hermosa, qué maciza, qué sólida es la Declaración! ¡Cómo ha encontrado lugar en el corazón de los hombres! Sus principios ocupan sitio rector en el ideal de ser de la humanidad e iluminan el camino que guía al hombre hacia una mayor dignidad, más amplia libertad y entera seguridad.

Pero hoy sigue preocupando a la humanidad algo muy distante de ese maravilloso ideal contenido en la Declaración, ideal que pareciera quererse olvidar.

Se proclama el derecho a la vida, y millones de seres humanos mueren en guerras de conquistas, de ambiciones territoriales o personales; otros tantos entregan sus vidas en contiendas fratricidas, raciales o étnicas.

¡Cuántos hombres perecen de hambre, de frío o por abandono, y cuántos sufren epidemias y miserias que el mundo conoce, pero dirige la mirada hacia problemas que no restañan heridas ni impiden la muerte! ¡Cuántos millares de niños exhiben su desnudez y sus desnutridos cuerpecitos como una acusación que el mundo no escucha o no parece comprender!

Se proclama el derecho a la libertad, y en nuestra propia América se conculca ese preciado don y son muchos los que sufren odiosas discriminaciones raciales, económicas o sociales, o son presa del terrorismo demencial que asesina cobardemente a sus hermanos o violenta despiadadamente ese derecho.

Y, así, el mundo ha debido contemplar, con callada humillación, el permanente atropellamiento de los derechos y libertades fundamentales. Las Naciones Unidas llevan su preocupación a todos los lugares en que esos derechos son conculcados, pero no todos los hombres ni todos los pueblos comprenden esa misión.

Confiamos en que esta visión de dolor y sufrimiento llegue a toda la humanidad y, sobre la base de la Declaración Universal y el amparo jurídico de los derechos esenciales, florezca la decisión de respeto y protección de ellos, como objetivo fundamental de todos los pueblos y todas las legislaciones.

Cercano el día del nacimiento de Aquel que trajera al mundo amor y perdón, elevemos los ojos a lo alto y pidamos que una nueva estrella misteriosa guíe hacía Él los pasos de los hombres y podamos oír una vez más el dulce y sublime llamado que estremeciera al mundo:

"Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad".

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , Honorable Senado, la historia del hombre es la historia de la libertad y de la dignidad humanas. La noción de los derechos esenciales está escrita en el corazón colectivo, porque la persona humana no vive sola, sino que requiere de los otros para perfeccionarse.

Mas, por desgracia, los pecados de la dominación y de la violencia hieren al hombre y perturban su marcha hacia los caminos más altos de la espiritualidad. En todos los rincones de la Tierra un hombre, una mujer o un niño son hoy víctimas de apremios a su integridad humana.

Hemos avanzado, es cierto, y se señala que a la muerte de los ideologismos ha surgido la idea de que la democracia es el mejor de los caminos para respetar una dignidad siempre asediada.

Esta última década, en los cambios más vertiginosos de la historia, las máscaras de la violencia han caído y una maduración natural de las sociedades nos pone ante una nueva etapa más humana, en que se diluye lo que nos divide y renace con vigor lo que nos fraterniza y une.

En nuestro país, los signos son elocuentes. Después de una larga noche, en que la incertidumbre y el temor fueron el pan nuestro de cada día, la aurora boreal nos inunda a raudales y el tema de la humanidad está escrito en el alma nacional. Se ha hecho conciencia con responsabilidad; ya no es la palabra vacía la que proclama los derechos humanos, la sociedad ha asumido con decisión y humildad que, si ofendemos la dignidad humana; si mantenemos en condiciones misérrimas a cinco millones de pobres, esta vulneración flagrante constituye una ofensa a todos los chilenos. Si aceptamos el dominio de unos sobre otros, si las torturas morales o físicas son toleradas o permitidas, debemos tener en claro que éstas no sólo son infamantes para quien las sufre, sino también lo son para la sociedad en su conjunto.

Debemos alegrarnos de que el poder político esté al servicio del hombre y de que los usos de todo maquiavelismo estén excluidos de nuestro quehacer. Pero también tenemos que comprender que la dignidad de los seres humanos es de especie y comprende también la igualdad que no segrega ni discrimina.

En un día especial, cobra sentido señalar y protestar con vehemencia porque la mujer carece del reconocimiento de su propia dignidad y de su libertad. La sociedad, la familia y las leyes la hacen un ser aparte, sospechosa de todo pecado. Sobre ella recae con crudeza la mano castigadora que la hace ciudadana de segunda clase, en el sentido lato del término.

Por la fuerza de las cosas, lo más preciado que ella tiene, que es el hijo, se convierte en un gravamen que debe soportar "a solas" sobre sus espaldas. Si el hijo no es habido dentro del matrimonio, éste, que es parte de su vientre y de su alma, resulta discriminado en sus derechos y en sus afectos. Desde la más tierna infancia, ese hijo encuentra las puertas cerradas de colegios o de instituciones, a los cuales su talento o vocación natural lo inclina.

Las madres adolescentes, a su vez, son impedidas de estudiar o de hacer una vida plena a la que el varón, con una paternidad irresponsable, tiene derecho.

Entonces, como corolario de esas violencias que la sociedad acepta o permite, viene la más inaceptable de las violencias: la que termina con la vida de seres inocentes, que no pueden defenderse de una comunidad injusta y opresiva. 150 mil abortos al año no pueden hacernos esconder la cabeza bajo la arena. Con la mano en el corazón debemos preguntarnos: ¿qué haremos para terminar con esta ignominia que atenta contra la dignidad humana? ¿Qué decimos acerca de la brutalidad que las mujeres soportan y aceptan resignadamente a diario?

Miles de ellas son maltratadas en sus hogares, miles son asediadas psicológicamente en su trabajo o vida. Las estadísticas de la agresión nos dan escalofríos: 30 por ciento lo es, por lo menos, una vez al año; 10 por ciento, una vez al mes; 19 por ciento, una vez a la semana, y 7 por ciento, todos los días. El 97 por ciento de ellas sufre brutalidades y violencias físicas con puños y pies; 39 por ciento, es golpeada con algún objeto; 20 por ciento, es agredida sexualmente; 10 por ciento, con arma cortopunzante; y 4 por ciento, con arma de fuego.

¿Cómo podemos dormir con nuestras conciencias tranquilas después de esto? ¿Cómo podemos llamarnos, nosotros mismos, sociedad civilizada y humanista, si la mitad de la especie vive bajo la opresión, el miedo y la ignorancia?

Honorable Senado, también, quiero elevar mi voz, con fuerza y vehemencia, para llenar los ámbitos de la Tierra; para solidarizar e impetrar, con clara decisión, por la libertad de tres mujeres, constituidas en símbolos de toda vulneración a los derechos humanos en el mundo. Más allá de las discusiones que se tengan sobre la legitimidad de sus acciones, lo verdadero es que ellas están apresadas y privadas de todo derecho a causa de sus ideas y de su lucha por la dignidad del ser humano.

En nuestro país, hablamos de Belinda Zubicueta , única mujer encarcelada como preso político y discriminada entonces por su condición femenina. Ella no está acusada por delitos de sangre, sino por encubrimiento que, según saben los ilustrados juristas, es ajeno al delito mismo.

Pedimos libertad para la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, de Birmania, recluida en su domicilio por el Régimen de su país, y para Benazir Bhutto , desterrada y confinada a su hogar debido a su lucha disidente, en Pakistán.

Respecto a la primera de ellas, solicitamos que se oficie a la Excelentísima Corte Suprema, a fin de que instruya a los tribunales militares y los inste a dar pronto término al proceso que aflige a Belinda Zubicueta.

En cuanto a las dos últimas, pido oficiar a la Cancillería para que, en nombre de nuestro Gobierno, defensor irrestricto de los derechos humanos, impetre la libertad para ambas.

Sin embargo, nuestra bancada no quiere dejar pasar esta ocasión, en que se rinde homenaje a la Declaración Universal de Derechos Humanos -y no desea que sean sólo palabras-, para contribuir con un proyecto que regula el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo, del cual haremos entrega en este momento en nombre del Comité Partidos por la Democracia y Socialista.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, en enviarían los oficios solicitados en los términos señalados.

Aprobado.

Tiene la palabra el Senador señor González.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente , Honorables colegas, hace exactamente 44 años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, señalada por muchos como el instrumento jurídico más importante en la historia de la humanidad, en cuanto concitó, sobre aspectos fundamentales para la vida humana, las voluntades concordantes del conjunto de las naciones de la Tierra, expresadas en un texto común pensado para regir en todo el orbe.

No es casualidad que tal Declaración se haya hecho durante el presente siglo, en 1948. Pese a que claramente en este período la humanidad ha sido protagonista de los mayores avances científicos y tecnológicos -tal vez, más que en el conjunto de su historia pasada-, también ha sido un siglo caracterizado por masivas y terribles violaciones de los derechos de las personas, bajo las formas más variadas, pues a estos bastardos propósitos hay quienes han aplicado los avances de la ciencia y la tecnología.

El inconmensurable poder destructor de las armas modernas, las técnicas de propaganda llevadas a su extremo, los adelantos tecnológicos que permiten hurgar y controlar hasta los más íntimos aspectos de la vida de las personas, han servido durante la presente centuria como herramientas que, al servicio de diversos individuos o ideologías, dieron lugar a procesos de sistemática violación de los derechos fundamentales de los seres humanos.

Esa ha sido la secuela negativa de la verdadera revolución científica y tecnológica producida durante el presente siglo.

Pero también hay en ésta muchos aspectos positivos, y, para el propósito que hoy nos ocupa, particularmente uno. Nos lo dijo Mijaíl Gorbachov, hace pocos días, en este mismo edificio: "los propios adelantos de la tecnología y la información hacen necesario abrir cada vez mayores espacios a la libertad y a la creatividad del ser humano. Llega el momento en que la ciencia y la técnica sólo encuentran su razón de ser y espacio natural en una civilización antropogénica, esto es, centrada en el hombre, como fin máximo de las tareas emprendidas por el conjunto de la sociedad.".

Esta ha sido la contradictoria pero valiosa realidad que nos ha tocado vivir en el siglo XX, y en ella se enmarca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy conmemoramos, cuyo artículo 1º, con la simpleza de las grandes cosas, nos recuerda que "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros".

Estas palabras de valor imperecedero, que no sirven para concluir las nuestras, patentizan la firme esperanza que abrigamos al comprobar cómo los últimos lustros del siglo son pródigos en señales de que los aspectos positivos de la contradicción que anotamos están prevaleciendo claramente sobre los negativos. Y pareciera estar en nuestras manos, quizás como nunca antes, la posibilidad cierta de alcanzar un estadio superior de civilización, en el que la dignidad y la libertad de cada uno de los seres humanos sea el supuesto esencial del desarrollo.

Nuestro esfuerzo tiene, en consecuencia, el aliento de los grandes horizontes, de las ilimitadas posibilidades que nos abre una nueva era en la historia de la humanidad; una era en la que esperamos seguir contribuyendo a hacer realidad los postulados siempre vigentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que motiva las expresiones que hemos escuchado en esta oportunidad.

En nombre de la bancada de Senadores radicales y socialdemócratas, adherimos fervorosamente al homenaje que se rinde en este Alto Hemiciclo con motivo de un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Asimismo, como reconocimiento y contribución a esta conmemoración, hemos presentado hoy un proyecto de ley -para el cual solicitaré el patrocinio de las distintas bancadas- con el objeto de erigir un monumento en memoria de don Tucapel Jiménez Alfaro , ex presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales , quien, precisamente por defender los derechos humanos de las personas, se ha transformado en un mártir de los trabajadores.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , en nombre de la Unión Demócrata Independiente y en el mío propio, adhiero, en forma muy sincera y emocionada, al acto en que se recuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En sus brillantes expresiones, los oradores que me precedieron nos han llevado a evocar -en forma muy cabal- los contenidos de dicha Declaración y los profundos valores que ella encierra como expresión del mundo entero.

Deseo agregar a este homenaje un recuerdo muy ligado a nuestra civilización y a nuestro carácter de hijos de España. Si bien es cierto que -como lo destacó el Honorable señor Martin - nada puede expresar mejor la concepción de los derechos humanos que el cristianismo, es indudable que la forma en que España reaccionó a raíz de la conquista de América nos señala, en algunos aspectos, tareas y obligaciones que quizás hasta ahora no hemos sido capaces de cumplir: el Derecho de Indias. La circunstancia de reconocer a todos los hombres y mujeres de las Indias de nuestra América el carácter de personas y de súbditos de la Corona -anticipándose en muchos aspectos a lo que hacía toda Europa- indica algo que nos debe enorgullecer.

Indudablemente, la escuela de Salamanca y el padre Francisco de Vitoria, al incorporar a su Derecho de Gentes la concepción de los derechos humanos; al introducir elementos que hoy aparecen como muy modernos, como lo es que el respeto a tales derechos constituye una obligación de la humanidad entera, y que nadie puede refugiarse en conceptos soberanos para eludir su cabal cumplimiento, es algo justo de recordar en este momento, porque de alguna manera se adelantaron en casi cinco siglos a lo que el mundo de hoy pretende aplicar.

Pero no podemos menos que señalar, con dolor, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por todos los países de la Tierra, no ha sido capaz de llevar todavía la paz a todos, ni ha podido eliminar el abuso, la discriminación, el asesinato o la pasión.

Como lo escuchamos el sábado pasado, en este momento, en que se supone que estaríamos al fin de la historia porque se habrían eliminado los problemas con el desaparecimiento y la caída de los muros, existen, sin embargo, cien conflictos que ensangrientan a la humanidad, muchos de los cuales son tan pequeños que no nos preocupan.

Y, por cierto, como aquí también se señaló, cómo no nos va a golpear el hecho de que, en pocos días, hayan muerto en la India más de 800 personas por luchas religiosas; de que, día a día, cientos de niños perezcan de hambre en Somalia, lo que ha motivado hoy una operación de salvataje que ojalá tenga éxito, y de que en tantas partes veamos que, por desgracia, el respeto a los derechos humanos todavía no ha penetrado lo suficiente en la mentalidad de los hombres.

A este respecto, creo que quizás la causa de ello radique en que no siempre los derechos humanos han sido esgrimidos en su verdadero sentido. Porque no todas las veces hemos sabido apreciar nuestras propias fallas, y constantemente criticamos las de los demás. Y bien hemos notado cómo, en numerosas oportunidades, las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas en estas materias han sido dictadas con fines políticos, condenando en muchas ocasiones a quienes no procedía, y en otras, absolviendo a aquellos que evidentemente violaban los derechos humanos.

Pienso que éstos siempre deben ir acompañados del concepto de las obligaciones humanas. Tales derechos no son un elemento pasivo, sino que constituyen un elemento activo en todos los seres. Y tenemos la obligación de respetar a los demás, de cumplir con nuestro deber en este sentido; y, obviamente, ello comprende saber respetar la vida, a la persona en general y la intimidad de todos.

Por eso, no podemos sentirnos plenamente satisfechos por los resultados de tan maravillosa Declaración. Hay todavía una gran tarea que cumplir. No debemos desanimarnos. Tenemos que seguir luchando de manera activa por que el concepto de los derechos humanos penetre realmente, no sólo en el conocimiento y en el pensamiento de las personas, sino también en sus sentimientos y en su corazón. En la medida en que lo sintamos así; y en que, más que tratar de criticar a los demás, nos preocupemos de cumplir nuestros deberes y de respetar a nuestros semejantes, creo que en la misma medida estaremos logrando los propósitos que predicó Cristo , que revivieron quienes integraron la escuela de Salamanca y que hoy la humanidad entera ha consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hoy recordamos con emoción.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , Honorable Senado, durante este homenaje hemos escuchado discursos muy justificados y profundos.

Sólo quiero adherir sinceramente a los conceptos vertidos aquí, en esta Sala, que creo que todos compartimos. Me parece que insistir en palabras propiamente de homenaje sería sobreabundar respecto de un acontecimiento de la trascendencia del que hoy estamos recordando.

Si hay un hecho que probablemente marca en la historia un elemento que nos permite distinguir si acaso existe o no existe proceso de avance en el criterio moral de los hombres, pareciera ser la Declaración que hoy conmemoramos. Ponerse de acuerdo en la defensa de la dignidad del hombre, por encima de toda otra circunstancia, e, incluso, establecer la superioridad jerárquica y ética del respeto a esa dignidad, por sobre la soberanía de los pueblos, constituye un título de avance que muy merecidamente destaca a la humanidad.

No me queda sino adherir a las palabras que hemos escuchado. Y muy particularmente a las del Honorable señor Martin, quien, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de nuestro Comité Independiente, las ha expresado con mucho brillo, profundidad y acierto en esta Sala.

He dicho.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , Honorables colegas, sin lugar a dudas, los 44 años transcurridos desde la fecha de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no han pasado en vano. Nos han entregado importantes y numerosas lecciones.

Sin embargo, todavía falta muchísimo por hacer. Este siglo nos ha proporcionado logros extraordinarios desde el punto de vista de la cultura, de la investigación, del avance de la ciencia y de la tecnología. Pero también nos ha deparado tremendos sinsabores y grandes horrores. Dos guerras mundiales han enlutado a la humanidad, millones de seres humanos fueron víctimas de la barbarie política colectiva que en un momento determinado obscureció las mentes de los hombres que guiaban a las naciones. Hiroshima y Nagasaki no son sólo mudos testigos, sino que también representan una gran enseñanza, aleccionadora para las generaciones futuras.

Se recordaba que millones de seres humanos ven frustrada su existencia a causa de la práctica masiva del aborto en el mundo. Como señaló una distinguida señora Senadora , 150 mil vidas no llegan a consolidarse precisamente como consecuencia de ello.

En este siglo, nacieron y murieron doctrinas que, en definitiva, fueron grandes causantes de violaciones de los derechos humanos, como el fascismo, el nazismo y el marxismo.

Señor Presidente y Honorables colegas, hoy día, el respeto y la promoción de los derechos fundamentales constituye un campo que cae dentro de la competencia de la comunidad internacional. Ello implica que el principio de no intervención, que ocupa un lugar privilegiado en la vida de relación de las naciones, tiene una importante excepción: no rige en su acepción amplia cuando se trata de proteger a los seres humanos, dondequiera que se encuentren, de la tortura y de los atentados a su vida y a su integridad personal. Lo señalo porque hoy las noticias nos conmueven al ver que en distintos lugares ¿sobre todo, en el continente africano¿ tales derechos son conculcados por doctrinas que, al hacerse cargo del gobierno, han llevado a esos pueblos al hambre y a situaciones difíciles.

Nuestra patria ha tenido una conducta que significó establecer un precedente en la materia. Chile fue uno de los primeros ¿es de lamentar que todavía sean muy pocos¿ en aceptar la competencia internacional para tratar el problema de los derechos humanos. Tradicionalmente, los teóricos que analizan las relaciones entre países han discutido si ellas son sólo relaciones entre Estados, o si el progreso moral debe conducir a considerar a la comunidad internacional como una integrada por hombres y mujeres que comparten ideales y tienen valores comunes.

El reconocimiento de la competencia internacional en materia de derechos fundamentales del hombre representa un avance en esa discusión teórica, dado que, en una comunidad de naciones en que el Estado sigue siendo el protagonista, se reserva una esfera ¿la del respeto a los derechos humanos¿ en que todos los seres se sienten identificados por un mismo ideal y por igual responsabilidad de proteger tales derechos. Este progreso sustantivo y alentador tiene aún un largo camino por recorrer para que esa protección sea real. La institucionalidad creada con tal propósito en el orden internacional adolece de una debilidad sustancial: sus instancias son esencialmente políticas, lo que determina que sea discriminatoria y que no se haya consolidado un mecanismo universal y objetivo en la materia.

Por ello, resulta cada vez más necesario instaurar un Alto Comisionado de los Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas, que garantice que la elevada responsabilidad asumida por la Organización en ese campo se cumpla sin influencias políticas y con prescindencia de intereses subalternos.

En tal sentido, me permito solicitar que se oficie a la Cancillería para que haga llegar esta proposición a la ONU, a fin de que ¿reitero¿ se cree ese Alto Comisionado para la Defensa de los Derechos Humanos.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para enviar el oficio a que se ha hecho referencia.

Acordado.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , conmemoramos hoy los 44 años desde que por primera vez la humanidad entera, en forma global, orgánica y coherente, realizó una manifestación de comprometerse a respetar ciertos derechos esenciales del hombre. Esa resolución, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, fue aprobada sin ningún voto en contra, con el apoyo entusiasta de Chile, y con ocho abstenciones correspondientes a países que, con posterioridad a tal manifestación, tuvieron serios y permanentes problemas de derechos humanos. Algunos ya no existen, como es el caso de las repúblicas de la ex Unión Soviética, que no concurrieron a la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Sin embargo, si uno busca en la historia de estos derechos, encontrará que ha sido un permanente peregrinaje, en el que ha habido pasos hacia adelante y pasos hacia atrás, el primero de los cuales está dado en forma muy clara en el Génesis, en el Antiguo Testamento, cuando se establece que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. En estricto rigor, ello debió haber bastado. No obstante, no ocurrió así. Y la historia humana, a lo largo de los siglos, ha ido demostrando que no son suficientes declaraciones de intenciones, sino que se requieren mecanismos efectivos que permitan que ellas se hagan realidad, y no queden sólo en los textos.

Por ello, todo el progreso habido en la búsqueda de un mecanismo de respeto a los derechos básicos de las personas, que se ha traducido en la elaboración de pactos internacionales de derechos humanos, obligatorios para los Estados firmantes; en el establecimiento de órganos jurisdiccionales encargados de controlar el cumplimiento de esos convenios, y, en general, en la adopción de múltiples medidas internacionales tendientes a que tales declaraciones de principios se materialicen, ha sido gigantesco en los últimos cuarenta años. Y el exhibido últimamente por nuestro país también es digno de destacar.

En materia de derechos fundamentales del hombre hay dos grandes corrientes: una humanista, con una vertiente racional, y otra humanista derivada del cristianismo.

Tal vez, por razones distintas, ambas han coincidido siempre en la idea esencial de la dignidad del hombre.

Tal como señaló el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, el siglo XX ha estado lleno de contrastes. En este período, probablemente el hombre ha obtenido los mayores progresos en la historia de la humanidad en materia de conocimiento, de ciencia y de tecnología: llegó al fondo del mar y a las cumbres de la luna; descubrió los secretos del átomo, las telecomunicaciones, la computación y la biogenética. Pero, al mismo tiempo, fue un siglo en el cual hubo dos guerras mundiales; 60 millones de muertos; la bomba atómica; la división de la humanidad en forma absolutamente irreconciliable, en bloques antagónicos que vivían mutuamente atemorizados. Asimismo, fue un siglo en que surgieron dos de las peores doctrinas, desde el punto de vista de los derechos del hombre, como fueron ¿en mi opinión¿ el nazismo y el comunismo.

Sin embargo, durante estos 100 años, el tema de los derechos humanos se concentró en lo básico: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión. Estoy seguro de que cuando ello esté plenamente logrado, la inmensa mayoría de la humanidad tendrá una expansión en el campo de tales derechos. Mientras tanto, en el mundo existen más de 3 mil millones de seres humanos que no viven en condiciones dignas de su calidad de tales. Y, por consiguiente, en la medida en que se satisfagan los derechos fundamentales de mayor jerarquía, deberá ir ampliándose el ámbito del concepto de éstos hacia los temas relacionados con la pobreza, la ignorancia y la falta de oportunidades.

De allí, señor Presidente , que en un momento en que nuestro país ha logrado en forma ejemplar la recuperación de su democracia, y de manera plena los derechos esenciales de las personas, debemos darnos cuenta de que durante esta década, antes de que termine el siglo, tenemos la gran oportunidad de lograr el total rescate de los otros derechos directamente relacionados con todo aquello que impide la realización integral del ser humano.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En el segundo lugar de la tabla figura el proyecto de la Cámara de Diputados que crea un Fondo para la Capacitación y Formación Sindical, con nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8a, en 7 de julio de 1992.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 7a, en 3 de noviembre de 1992.

Hacienda, sesión 7a, en 3 de noviembre de 1992.

Trabajo (nuevo), sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.

Discusión:

Sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992 (vuelve a Comisión de Trabajo para nuevo informe).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión deja constancia de que no tiene proposiciones que formular diferentes de las ya consignadas en su primer informe, sin perjuicio de las indicaciones que el señor Ministro del Trabajo y Previsión Social anunció que presentará durante la discusión general del proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general la iniciativa.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , el proyecto que discutimos nació de la iniciativa de los señores Diputados integrantes de la Comisión de Trabajo mientras estudiaban lo que hoy es la ley sobre Organizaciones Sindicales y Negociación Colectiva. Por acuerdo unánime, pidieron al Gobierno que presentara un proyecto destinado a financiar y a fomentar la capacitación y formación sindical.

Vale la pena reiterar los fundamentos de esta iniciativa.

El primero es la constatación de las tremendas necesidades educativas del movimiento sindical, que obedecen, fundamentalmente, a cuatro causas:

1) Su importante crecimiento ¿como lo señaló el señor Ministro ¿ y la incorporación de nuevos socios.

En efecto, a fines de 1988 las personas sindicalizadas eran 446 mil; en 1990, la cifra se había elevado a 606 mil; y, a fines de 1991, ya llegaba a 700 mil. Tal número de trabajadores organizados, que significa la agremiación de más de 250 mil individuos en tres años (casi 100 mil sólo en el último), evidencia por sí solo las enormes necesidades de capacitación y formación que tiene hoy el sindicalismo.

2) Los cambios que hemos hecho y estamos haciendo a la legislación laboral. Hemos modificado el término del contrato de trabajo y los Libros III y IV del Código del Trabajo; estamos por ver las enmiendas a los Libros I, II y V. ¿Cómo van a ejercer sus derechos los trabajadores, si no los conocen suficientemente?

Es indudable que estas modificaciones legales implican el surgimiento de nuevas necesidades educativas en los sindicatos.

3) Las complejidades de la economía abierta y sus repercusiones en las empresas.

Chile necesita un movimiento sindical que, conociendo bien a la empresa y respondiendo cabalmente a las necesidades de sus socios, actúe teniendo en cuenta y atendiendo los fenómenos relativos a los mercados, la productividad, la competitividad, el comercio exterior, la innovación tecnológica, etcétera. ¿Cómo adquirir estos complejos conocimientos sin un esfuerzo muy grande en la capacitación y formación de, al menos, los dirigentes sindicales? Aquí hay otra fuente de evidentes necesidades educativas.

4) Por último, la que implica el trabajo de extensión sindical.

A pesar del significativo crecimiento que ha experimentado el movimiento sindical, todavía necesita llegar a muchos más trabajadores. Son alrededor de 3 millones las personas que podrían organizarse sindicalmente y, como hemos visto, sólo lo están poco más de 700 mil. Queda bastante por hacer, y la tarea incluye un componente educativo de vital importancia.

El segundo fundamento es la debilidad económica del movimiento sindical. Como excepción, hay unas pocas entidades que cuentan con algunos recursos, pero la regla general es la escasez de éstos. Los años en que la actividad sindical estuvo en interdicción, en que se le expropiaron bienes e incluso locales; las épocas de altas tasas de cesantía, de disminución del poder adquisitivo de los sueldos, de bajísimas tasas de sindicalización, de disposiciones legales y de actitudes empresariales que dificultaban la cotización a las entidades laborales, todo ello ha contribuido a que se desemboque en esta situación en que el movimiento sindical experimenta enormes necesidades educativas sin contar con medios para atenderlas. Pensamos que mediante las nuevas leyes sobre la materia esta situación se irá superando en el futuro; pero hoy día las circunstancias concretas son las que hemos descrito.

El tercer elemento de fundamentación es el hecho de que la capacitación y formación sindical no sólo beneficia a quienes las reciben, sino que también son útiles a Chile. Un sindicalismo debidamente preparado puede hacer un inmenso aporte al desarrollo económico sostenido de nuestro país, a la distribución más equitativa de los frutos de ese desarrollo, y, con ambas cosas contribuir a la consolidación de la democracia, lo que es bueno para todo Chile.

La conclusión lógica de estas tres consideraciones me parece clara. Si al país le conviene que el sector social que es el movimiento sindical se prepare, se eduque; y si el sindicalismo no tiene recursos para hacerlo, es de Perogrullo deducir que el Estado debe ayudar en esa educación mientras el movimiento sindical no pueda hacerlo por sí solo. Por ello se propone destinar, con carácter transitorio, por sólo cuatro años, recursos a tal fin.

El Diputado señor Fantuzzi , al fundamentar el voto favorable de Renovación Nacional a este proyecto, señaló que las buenas relaciones laborales "se logran cuando la gente a la cual le toca sentarse frente al empresario está en igualdad de condiciones para entender el nuevo esquema que vive el país, abierto al mundo". Y aunque, por cierto, no es el único factor, concuerdo con ese pensamiento. La preparación del movimiento sindical es uno de los elementos importantes para el logro de buenas relaciones laborales, y eso le sirve a Chile, a su economía y a su proyección internacional.

El Diputado señor Orpis , al aprobar, en nombre de la UDI, en general el proyecto, sostuvo que para fomentar el diálogo en el ámbito laboral necesitábamos un sindicalismo moderno y tecnificado. Y señaló textualmente: "Para eso debemos entregar las herramientas que permitan facilitar ese proceso que iniciamos, el que no sólo debe llegar a las cúpulas, sino también a las bases.". Y más adelante agregó: "Aquí no se trata de contribuir al financiamiento de una organización sindical o de las grandes, sino de asegurar la capacitación y formación al movimiento sindical.".

Estoy de acuerdo con el Diputado señor Orpis , y manifiesto la intención de los Senadores de la bancada PPD-PS de introducir durante la discusión particular del proyecto las modificaciones necesarias para asegurar que se cumpla ese objetivo. Por ello, no nos parecieron adecuadas las indicaciones del Senador señor Thayer , pero estamos dispuestos a seguir intentando fórmulas de acuerdo, siempre que ellas no violenten la necesaria autonomía de las organizaciones sindicales y reconozcan las particularidades de la capacitación y formación sindical.

Junto con manifestar nuestra aprobación en general al proyecto, debo dejar constancia de que no estamos de acuerdo con el Consejo Resolutivo que se propone crear (ahora hay una propuesta distinta que recién ha expuesto el señor Ministro ). En primer lugar, creemos en la autonomía de las organizaciones intermedias, y por eso pensamos que el hecho de que el Estado contribuya a financiar actividades educativas del movimiento sindical no justifica que personas ajenas a él interfieran en sus decisiones sobre las materias en que se realizará su capacitación, sobre quién capacita o a quiénes estará dirigida. Por ello nos habría gustado más que, simplemente, la gestión del Fondo hubiera estado a cargo de las propias organizaciones sindicales.

Seguidamente, también creemos en la regionalización y en la importancia de trabajar sistemáticamente en esa dirección, en todos los ámbitos. Por tal razón pensamos que parte de los recursos debe regionalizarse, y que sobre ellos no podría decidir un Consejo Resolutivo de carácter nacional. En este sentido presentaremos indicaciones que apunten a garantizar que la capacitación también llegue a los sindicatos de regiones y provincias.

Terminaré mencionando otro tema que planteó el Diputado señor Fantuzzi con motivo del análisis de este proyecto. El decía que hay empresarios "que todavía hoy no tienen conciencia de que un sindicato les permitirá trabajar en forma ordenada y tranquila. Lo miran más como un enemigo que como un colaborador.". Y señalaba que estas "trancas" del pasado -son sus propias palabras- "hasta hoy subsisten, incluso en niveles altos.".

Confío en que esos empresarios prisioneros de las "trancas" del pasado no tengan representantes en el presente debate, y que, por el contrario, para superar los errores del pasado y proyectarnos mejor hacia el futuro, aprobemos en general la creación del Fondo para la Capacitación y Formación Sindical con la misma unanimidad que el proyecto obtuvo en la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , Honorables colegas:

En la etapa histórica que vive nuestro país, de búsqueda de una completa consolidación de la democracia en todos los ámbitos de la vida nacional, junto con la vigorización de la capacidad competitiva de las empresas a nivel nacional e internacional, la regulación de las relaciones laborales ocupa un papel predominante.

No cabe duda de que los desafíos del mundo sindical y del empresarial no son los mismos de hace algunos años, en que tuvieron posiciones muy encontradas, que han sido dejadas de lado en la búsqueda de acercamientos y de coincidencias.

Así lo han entendido el Supremo Gobierno y el Congreso Nacional al revisar las disposiciones sobre terminación del contrato de trabajo, y sobre organizaciones sindicales y negociación colectiva; al regular las centrales sindicales; y al encontrarse en pleno proceso de estudio de las modificaciones que se introducirán a las normas generales al contrato individual de trabajo, a diversos contratos especiales y al procedimiento laboral, materias estas últimas sobre las cuales esta Corporación se pronunció recientemente en general (estamos esperando las indicaciones para analizarlas en particular).

Ahora bien, para que el indispensable diálogo entre trabajadores y empleadores pueda darse en un marco serio, de igualdad, con bases técnicas y fundamentos sólidos, resulta necesario abrir las vías para la formación de dirigentes sindicales con una preparación moderna, a fin de que en todos los niveles de la estructura sindical se imparta la orientación adecuada a la generación de un nuevo estilo en las relaciones laborales.

Esa necesidad, sin embargo, no está cubierta por los mecanismos vigentes. El Estatuto de Capacitación y Empleo sólo contempla la preparación ocupacional, y, pese a la importante extensión que ha tenido el movimiento sindical, no cuenta con recursos para financiar gastos de capacitación de sus dirigentes, cuya formación queda entregada a sus propias experiencias y al afán de superación personal que los inspire.

Ello no es suficiente si se comparte la idea de que un sindicalismo moderno y tecnificado es un instrumento no sólo útil, sino insustituible en una sociedad participativa e integradora.

Por eso, si bien es cierto que la capacitación sindical debe ser una actividad permanente, el proyecto en debate propone la creación de un Fondo destinado a financiar acciones de capacitación y formación sindical por un plazo de cuatro años, porque en este período de consolidación del proceso democrático es cuando se hace aún más imprescindible robustecer la articulación de los elementos de participación fundada y responsable.

El mencionado Fondo se constituirá con el aporte que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación, y tenía previsto para el año en curso, como límite máximo de gasto, la cantidad de 240 millones de pesos, que si bien resulta modesta para las finalidades que se persiguen, responde a la línea de preocupación a que me he referido.

La iniciativa, con el ánimo de evitar cualquier asomo de injerencia de organismos administrativos en el movimiento sindical, propone que la asignación de los recursos entre las distintas organizaciones sindicales legalmente constituidas que postulen a obtener financiamiento, sea hecha por un Consejo Resolutivo compuesto por personas calificadas en atención a su especialidad y a la representación que invisten, que actuará como jurado, con sujeción a los criterios objetivos que determinará la propia ley.

Sin afectar a la competencia del Consejo Resolutivo, la administración de los demás aspectos del Fondo corresponderá al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo -como se ha manifestado en esta oportunidad, será reemplazado por la Dirección del Trabajo-, ante el cual deberán rendir cuenta documentada las organizaciones sindicales beneficiarias. Como medida adicional de resguardo del buen uso de los recursos fiscales involucrados, se dispone sancionar con las penas correspondientes al delito de estafa a quienes hicieron aplicación indebida de ellos.

En la Comisión se advirtió la necesidad de introducir perfeccionamientos de diversa índole a esta iniciativa; pero la mayoría de sus miembros se inclinó por reservarse el derecho a presentar indicaciones durante la discusión general que se está llevando a cabo, a fin de pronunciarse en el segundo informe, una vez que el proyecto haya sido aprobado en general por el Senado.

En atención a la importancia de la iniciativa, no solamente para el movimiento sindical, sino para la visión de una sociedad participativa, que ¿creo¿ es ampliamente compartida por esta Sala, invito a los distinguidos colegas a votar favorablemente la idea de legislar, y a presentar las indicaciones que estimen conducentes a su mejoramiento, las que serán analizadas con la mejor disposición por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que tengo el honor de presidir.

En seguida, quiero exponer algunos criterios de los Parlamentarios democratacristianos sobre este proyecto que crea el Fondo de Capacitación y Formación Sindical.

Creemos que para ir profundizando la capacitación sindical a lo largo del territorio, es importante que este Fondo no sea manejado en forma centralizada, desde la Capital, sino que debe tener la orientación que el Congreso Nacional y el Supremo Gobierno han manifestado en forma reiterativa. Es preciso introducir las modificaciones pertinentes para que puedan acceder a él las distintas organizaciones, tanto regionales como provinciales y comunales. Nada sería más fatal para el Fondo y para la inspiración que a su respecto existe en el Parlamento ¿espero que también la tenga el Gobierno¿, que permitir su manejo por las cúpulas centralistas y que, lejos de satisfacer las demandas de las organizaciones regionales y provinciales, quede sujeto, como digo, a un arbitrio que frustre las expectativas permanentes de la clase sindical del país.

Por eso, participo plenamente de esta iniciativa y hago presente que formularemos las indicaciones tendientes a posibilitar la participación de las organizaciones regionales y provinciales. Estoy cierto de que con ello podremos profundizar y acelerar la sindicalización de todos los trabajadores. Ya escuchamos esta mañana que ésta no alcanza todavía al 20 por ciento de la masa laboral. Esto debe preocuparnos e impulsarnos a estudiar de qué manera podemos guiar y entregar las herramientas de capacitación indispensables para que todos quienes trabajan tengan la posibilidad de incorporarse a un sindicato o asociación.

Estamos ciertos de que hoy nuestra juventud tiene inquietudes y desea canales de participación. Ya en la normativa pertinente, de 1991, presentamos una indicación ¿que fue aprobada¿ en el sentido de que para ser dirigente sindical no se requiere ser mayor de 21 años, justamente para que los jóvenes intervengan en la dirección del movimiento sindical chileno.

Los Senadores democratacristianos -espero que toda la Sala tenga el mismo espíritu- estamos dispuestos a colaborar para llegar a soluciones consensuales, a través de las indicaciones correspondientes, que permitan encauzar estos propósitos, como asimismo a estudiar la factibilidad de acelerar al máximo el despacho de la iniciativa.

En algunos órganos de prensa se ha criticado a ciertos dirigentes sindicales la postergación que en el Senado de la República han tenido proyectos como éste. Sin embargo, debo precisar que el presente no lleva aún sesenta días en esta Corporación y que fueron personeros responsables de la CUT quienes plantearon la necesidad de aplazar su debate mientras se intentaba llegar a acuerdos con sectores de Oposición para su despacho.

A nuestro juicio, era indispensable detener la tramitación del proyecto estas dos semanas, porque ello permitirá, en esta oportunidad, llegar a acuerdos consensuales con las distintas bancadas y asegurar así la creación del Fondo, a fin de entregar capacitación y formación sindical a los trabajadores del país.

Anuncio los votos favorables de los Senadores democratacristianos y anticipo que más adelante presentaremos las indicaciones del caso para mejorar el proyecto, con el objeto de que, en definitiva, beneficie a cuantos laboran en las distintas Regiones de Chile.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , para la historia de la ley, queremos explicitar los puntos de vista de los Senadores de Renovación Nacional, manifestados en la Comisión de Trabajo y Previsión Social a través del rechazo del proyecto, y dar a conocer las razones jurídicas que tuvimos para oponernos y aquellas que ahora ¿a raíz de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y de otras que se examinarán en la discusión particular nos mueven a cambiar de opinión y a aprobarlo en general.

El inciso tercero del artículo 1o de la Constitución obliga al Estado a garantizar a los cuerpos intermedios "la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos". Y para que éstos revistan la calidad de propios deben ser establecidos por los mismos cuerpos intermedios.

Por lo tanto, en virtud de la autonomía amparada por el constituyente le está vedado al Estado determinar los fines de cualquier cuerpo intermedio, situación que ocurría si el legislador incorporaba entre los integrantes del Consejo Resolutivo a sendos representantes de la mayor Central Sindical y de la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas, puesto que la función de dicho Consejo será asignar los recursos del Fondo, que son públicos. Nos parecía que esa participación voluntaria, desde el momento en que fuere aceptada por la central sindical y por la asociación gremial, violaría disposiciones constitucionales y de rango orgánico constitucional.

En efecto, en conformidad a la garantía consagrada en el número 15° del artículo 19 de la Carta, ninguna de esas entidades puede asumir la representación de todos los trabajadores o de quienes desarrollen la respectiva actividad, pues "Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación.". Esto se encuentra ratificado en el número 16° del mismo artículo, al establecer perentoriamente que "Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo,". Entonces, mal puede una central sindical o una asociación gremial atribuirse una representación genérica y, menos, asignar recursos. Ello constituiría una discriminación arbitraria entre los afiliados a esos organismos y quienes no lo son; significaría otorgar a los primeros el beneficio de contar en el Consejo Resolutivo con un representante que apoyara sus méritos para acceder al financiamiento de sus proyectos de capacitación sindical.

Por otro lado, señor Presidente , a nuestro modo de ver, la capacitación y formación sindical deben insertarse en una política general ¿así tendrá que ser en el futuro¿ sobre capacitación laboral, traducida en disposiciones sobre la materia que conformen un cuerpo orgánico, como el decreto ley N° 1.446, de 1976, sobre Estatuto de Capacitación y Empleo.

El proyecto establece que sólo las organizaciones sindicales legalmente constituidas ¿con un total de 700 mil asociados¿ pueden postular al financiamiento de actividades de capacitación y formación sindical. Esto excluye a más de 3 millones y medio de trabajadores, que no están afiliados a ninguna de ellas y que son quienes más necesitan de preparación para organizarse y defender en mejor forma sus intereses.

A la luz del rol subsidiario del Estado, los fondos públicos deben orientarse hacia las personas que más los necesitan. Y entre destinar recursos fiscales a cuerpos intermedios como las organizaciones sindicales, que tienen patrimonio propio, o a capacitar desempleados que carezcan de medios de subsistencia, optaríamos por lo último. Creo que de esa manera se expresaría mejor la línea de solidaridad inherente al rol subsidiario del Estado.

En todo caso, señor Presidente -esto no significa estar de acuerdo con el texto original-, estimo oportuno agradecer al Senador señor Thayer las gestiones realizadas en orden a buscar un acuerdo, el cual se ha expresado en la indicación presentada hoy por el Ejecutivo para mejorar el proyecto en la discusión particular. Por nuestra parte, también formularemos indicaciones, entre ellas para ampliar el número de las instituciones que imparten este tipo de capacitación, y también para beneficiar con ésta no solamente a las organizaciones sindicales, sino, igualmente, a grupos de trabajadores que pretendan sindicalizarse.

Mediante esas indicaciones, más algunas otras, rectificaremos la posición que tuvimos en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda y, merced al acuerdo a que llegamos con el Gobierno, votaremos favorablemente el proyecto en general.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , dada la nutrida tabla de esta sesión, procuraré ser muy breve en mi intervención, sobre todo considerando que el Senado ha avanzado ya suficientemente en un acercamiento hacia el consenso para acoger en general la iniciativa.

Me parece que todos coincidimos en la idea de que el proyecto será aprobado en general y que se fijará un plazo razonable para formular las indicaciones que lleven a su mejoramiento y -ojalá- a conformar un texto que también merezca una aprobación de consenso en su votación particular.

Pienso que el Senado de la República está cumpliendo exactamente la función que institucionalmente le corresponde desarrollar: intentar la aproximación de puntos de vista para llegar, como vemos hoy, a un criterio común que augura amplias zonas de entendimiento frente a una materia que inicialmente se presentó como muy conflictiva. Debo reconocer la excelente disposición del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social ¿aquí presente¿ para abrir estos caminos, en que todos hemos estado trabajando.

Personalmente, soy muy partidario de la idea general del proyecto. En mi opinión, actualmente en el mundo el sindicalismo enfrenta una transformación sustancial de sus hábitos y sus fines. Durante muchos años un poderoso sector del movimiento sindical jugó como correa de transmisión hacia un objetivo netamente político: la destrucción, por la vía del paro general, de la sociedad burguesa, para establecer la dictadura del proletariado, concepto que campeó por decenios y que tuvo influencia en la historia social de Chile. Pero el avance de las ciencias y la apertura de las fronteras limítrofes y culturales nos han conducido a una realidad donde lo que tiene que manejarse es, esencialmente, el conocimiento en lugar de la desinformación y, al mismo tiempo, el consenso en lugar de la confrontación.

Si la confrontación implica problemas serios, también los conlleva el producir acuerdos entre quienes desean entenderse, pero que desde hace mucho tiempo vienen recorriendo caminos dispares. En asuntos sindicales esta materia es particularmente importante. Si verdaderamente queremos dar cauce a un sindicalismo que, consciente de las nuevas circunstancias históricas, lleve a cabo su papel de ser vehículo de la participación social en una democracia participativa, que es la que se busca en Chile, es absolutamente necesario preocuparse de la adecuada educación y capacitación sindicales.

A fin de cumplir políticamente en libertad lo que señala el artículo 1o de la Constitución referente al papel que juegan en la vida social los llamados "cuerpos intermedios" ¿es decir, aquellos que nacen de la libre asociación de las personas para expresar sus puntos de vista vocacionales o de intereses locales o funcionales¿, es necesario que las sociedades especialmente en desarrollo y que enfrentan actividades económicas muy importantes cuenten con el suficiente consenso de un sector social sindical organizado que permita la representación del sentir auténtico del mundo del trabajo.

Además, esto es algo parecido a lo que acontece con los partidos políticos, porque se actúa representativa y selectivamente. En ninguna parte del mundo el sindicalismo libre agrupa a la inmensa mayoría de los trabajadores. Ocurre lo mismo en las colectividades políticas respecto de los ciudadanos. Son los sectores más selectos, más conscientes y más activos los que constituyen estas organizaciones, y su línea la trata de seguir, de alguna manera, la gran masa laboral o ciudadana, según sea el caso.

Por eso, esta iniciativa, que se encuentra orientada a un proyecto que podría llamarse "piloto", y que asigna ciertos recursos públicos por un plazo determinado, los cuales están destinados a la capacitación sindical, implica un esfuerzo plausible desde todo punto de vista, pero delicado de manejar, y más aún, importante de distinguir.

He escuchado con mucho interés las palabras de mi estimado colega y amigo el Senador señor Calderón , que aludió a las indicaciones que formulé ¿no participa de varias de ellas¿, y me hago cargo de su planteamiento, el cual ciertamente respeto. Pero el criterio que tuve para presentar esas indicaciones -insistiré en ellas con motivo de la discusión particular del proyecto- se fundamenta, sustancialmente, en considerar que debe diferenciarse la libérrima facultad que tienen los organismos sindicales para el manejo de sus fondos provenientes de los aportes de los afiliados, de la facultad, que no les corresponde, en cuanto a la conducción de recursos públicos. Porque si la sociedad asigna este tipo de fondos a una finalidad, no procede que ellos sean manejados por los propios beneficiarios, pues deben operar los organismos técnicos, asegurando el cumplimiento del objetivo perseguido sometiéndolo a cierto control del Estado como representante de la comunidad. Tampoco se trata de administración, sino de fiscalización, por parte de la autoridad pública, para que se cumpla con la finalidad que la ley asigna a determinado Fondo.

A eso apunta, en definitiva, la indicación formulada por el Supremo Gobierno -la acabo de recibir hoy en la mañana de parte del señor Ministro del Trabajo -, y contiene un aspecto sobre el cual concordamos para dar salida a un problema conflictivo que observamos en esta iniciativa de carácter transitorio. Y como se trata, además, de un proyecto "piloto", con una duración limitada, no encontramos dificultad para aceptar que la administración de estos recursos -ella debe asignarse en virtud de proyectos concursables, según la calidad de los mismos- recaiga en determinados nombres de un conjunto de personas capaces de cumplir la función respectiva. Esto no sería razonable para un fondo permanente, pero sí es aceptable como solución para un fondo de carácter transitorio. ¿Y por qué se aceptan personas determinadas y no instituciones particulares específicas? Porque, como lo expresé en más de una oportunidad -y se lo manifesté en su momento al señor Ministro -, estimo mala técnica legislativa integrar cuerpos legales a instituciones privadas que pueden existir, desaparecer o modificar sus estatutos. Si a una asociación gremial o sindical -entidad libre que bien puede existir o no, o modificarse- se le asigna una función en la ley, se crea un elemento de absoluta discordancia entre la permanencia de la norma legal y la movilidad de la disposición jurídica que rige a un estatuto de carácter privado. Hemos buscado una solución que nos despeja el cuadro para la aprobación general del proyecto, que es lo que hoy se pretende. Ahora bien, espero que las indicaciones particulares orientadas a su mejoramiento den sus frutos, traduciéndose en una fuerte posición de consenso. Despejado este principio fundamental, liberado el Senado de la tensión de mover el asunto en un juego de Gobierno y Oposición y procediendo conforme a algo respecto de lo cual todos concordamos, que es hacer factible y eficaz una democracia participativa, creo que no tendremos mucha dificultad para encontrar un texto que satisfaga el pensamiento general de la Corporación.

No quiero extenderme en otros antecedentes, porque estimo que habrá tiempo y oportunidad para ello con motivo de la discusión particular del proyecto. Sólo anuncio mi posición favorable a la aprobación general de la iniciativa, y una vez más agradezco al señor Ministro la deferencia que tuvo en atender mis puntos de vista.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díez. -

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , este proyecto dice relación con la propia filosofía de la Carta Fundamental que nos rige, la cual concibe a nuestra sociedad no sólo formada por individuos, sino también por grupos de personas; reconoce a la familia como la base de aquélla y fomenta la creación de organismos intermedios, cuya autonomía garantiza para constituir este cuerpo social contemporáneo, en donde las personas tienen derecho a actuar, y los organismos constituidos por ellas forman parte de la sociedad y tienen derechos y obligaciones por sí mismos. De manera que mientras va creciendo el número de participantes, también va aumentando el número de las organizaciones que van tomando parte en la responsabilidad de la sociedad.

De acuerdo al orden establecido en la Constitución de 1980, y con la finalidad de dar a todos los partícipes del cuerpo social igualdad de oportunidades, desaparece el erróneo concepto decimonónico del Estado como cabeza de la sociedad. Como diría Maritain , pensar que el Estado es la cabeza de la sociedad es someter todo a su decisión. Y así como en el cuerpo humano no hay acción que no esté guiada por el cerebro, hacer la comparación entre el Estado y la cabeza es, realmente, llegar a una disminución de la libertad. Aquél es una parte importante del cuerpo social, pero la cabeza de éste, quien toma las decisiones dentro del mismo e impone la evolución de él, son los actores sociales, vale decir, las personas y los grupos intermedios que forman los individuos para cumplir las finalidades que ellos mismos se atribuyen. Pero este cuerpo social debe tener autonomía y ser promovido por el Estado.

Por tal motivo, esta ley, que tiende a promover un cuerpo social intermedio de tanta importancia, como es la organización sindical, viene, en el fondo, a dar nueva dimensión y un impulso al cumplimiento de los objetivos del Estado y a la filosofía básica en la que se inspira la Constitución de 1980. Además, la realidad económica contemporánea, que ha transformado a Chile en un país cuyo desarrollo está vinculado de manera determinante al mercado exterior, el cual no sólo nos da divisas e ingresos fiscales, sino que, fundamentalmente, permite el progreso y el trabajo de millones de personas ligadas a la importación, nos genera un nuevo concepto de unidad nacional. Porque nosotros, como nación, debemos tener un sentido de cohesión frente al mundo en el cual colocamos el fruto de nuestra inteligencia y trabajo. Y esta nueva unidad debe construirse con la participación de todos los sectores y, principalmente, del relacionado con el trabajo, el cual debe estar necesariamente organizado para ser más efectivo en sus puntos de vista. De manera que la finalidad de la lucha de clases, señalada a principios de siglo como importante para las organizaciones sindicales, debe ser reemplazada por el concepto de la integración de la entidad gremial dentro de esta nueva unidad nacional, indispensable para el desarrollo de Chile en el mundo contemporáneo.

Por eso, si este proyecto respeta los conceptos de autonomía sindical, de Estado parte -y no cabeza- y de libertad de las organizaciones sindicales, no hay duda alguna de que ello constituye un paso hacia adelante, y nosotros le daremos nuestra aprobación, formulando las indicaciones correspondientes para ir fijando algunos conceptos.

Creo que nosotros -y en esto concuerdo con lo manifestado por el Senador señor Palza - tenemos que buscar una forma efectiva de regionalizar el Fondo de Capacitación Sindical, porque no nos basta la declaración de la ley en el sentido de que se encontrará un modo de administración armónico del mismo, por cuanto esta buena voluntad la hemos tenido en la legislación y en los discursos de siempre, sin que, en realidad, se haya traducido en un mejoramiento de las Regiones. Debemos procurar la regionalización del Fondo y la participación de los gobiernos regionales en su administración.

Por lo tanto, formularemos las indicaciones correspondientes sobre el particular, y esperamos convenir con las demás fuerzas políticas en la idea de lograr una regionalización razonable del Fondo. Hay algunas zonas del país en donde la organización sindical es mucho más atrasada y más incipiente que en otras. De manera que las Regiones de mayor relevancia económica, de mejor participación en el producto y de un importante índice de empresas y trabajo, necesariamente deben disponer de posibilidades para generar sus propios proyectos de capacitación sindical, cuyas realidades, a menudo, son distintas de las que conocen el Gobierno central y las propias organizaciones sindicales centrales.

También, señor Presidente , nos parece indispensable tener el concepto tendiente a promover la formación de entidades gremiales, con recta, ilustrada y preparada dirección y, además, con claridad en las finalidades sindicales. Y vemos que en el proyecto de ley se da un poco lo que sucede en la misa del domingo, en que el sacerdote predica la necesidad de oír misa, precisamente, a quienes asistimos a ella. Y aquí se contempla la necesidad de capacitar a los dirigentes sindicales que ya constituyeron sus organizaciones. No niego que ésta sea una parte importante de la capacitación; pero queremos que vaya más gente a misa.

En consecuencia, debemos permitir que trabajadores sin ligazón sindical presenten proyectos y participen en la repartición de los fondos. La ley tiene que autorizar que grupos de empleados, aunque carezcan de una normativa jurídica establecida, si pertenecen a la misma empresa o a empresas donde no exista organización sindical, o donde, habiéndola, no se hallen afiliados a ella, presenten sus propios proyectos, a fin de ir extendiendo la organización sindical hasta donde sea razonable.

Por tal motivo, en esta materia también presentaremos indicaciones, pues nos parece que deben tener esa posibilidad, no sólo las organizaciones sindicales, sino también grupos de trabajadores, miembros de una misma empresa o de empresas similares, bajo ciertas condiciones. Y la entidad que reciba el subsidio debe ser, a nuestro juicio, o el gobierno regional respectivo, o el órgano que éste señale, o las instituciones que impartan la capacitación.

Lo importante es responder a la filosofía general de perfeccionar las organizaciones intermedias existentes y promover la formación de otras.

Generalmente he concordado con la política que el señor Ministro del Trabajo ha planteado en la discusión de las distintas leyes laborales que hemos estudiado en el Senado. Recuerdo que hace mucho tiempo dicho Secretario de Estado indicó que su presencia en el Ministerio tenía por objeto, fundamentalmente, producir la paz social e impedir la lucha de clases. Creo que ha sido consecuente con esa filosofía, que nosotros compartimos. Por esa razón, no dudo de que los fondos se vayan a usar precisamente para plasmar ese nuevo sentido de integración y de unidad que ponga el desarrollo chileno en su máxima potencialidad.

Yo, incluso, llegaría más allá. Algunas organizaciones gremiales han ido al extranjero a conocer los mercados, las normas de competencia y la organización existente. Creo que falta que nuestros dirigentes sindicales también viajen a otros países para que se impongan de la técnica y sepan que el acceso a ella permite el surgimiento de sociedades económicamente más desarrolladas. Ello debe estar al alcance no sólo de las asociaciones gremiales, sino también de los organismos sindicales, cuya presencia en la decisión y en la formación del proceso productivo chileno, para señalar sólo un área, puede ser muy importante en el futuro. Por ejemplo, el conocimiento del modo como funcionan los sindicatos del cobre y de su organización ¿se trata de un mercado esencialmente internacional¿ en países de la competencia, a nuestro juicio resulta decisivo. También lo es en los sectores agrícola, frutero, pesquero o forestal.

Lo anterior demostraría que la organización sindical chilena puede cooperar, no sólo en la función que le es propia (desarrollo de sus entidades y de sus miembros), sino también en algo que resulta indispensable para solucionar los problemas sociales del país, como son la mantención y, en lo posible, el aumento de los índices de crecimiento.

Señor Presidente , la etapa en que vivimos, donde los diversos actores políticos, por circunstancias históricas, hemos evolucionado todos juntos hacia una finalidad determinada, es un buen momento para que vayamos perfeccionando nuestras instituciones y dando pasos en la modernización de la función de la sociedad y el Estado.

El Estado es subsidiario en algunas materias, pero principal en otras. Es principal en la idea de facilitar fondos para que las asociaciones particulares y las instituciones intermedias tengan su propia formación y capacitación.

Por eso, el principio fundamental del proyecto me parece sumamente adecuado. Sin embargo, espero que se nos dé un plazo razonable para presentar nuestras indicaciones, algunas de las cuales han nacido del análisis de los informes y del propio debate que ha tenido lugar en la Sala.

Creo que las quejas por la lentitud con que el Congreso trata ciertas materias son injustas. En este período legislativo el Parlamento ha despachado leyes esenciales para el desarrollo del país, pero necesita el tiempo y el estudio necesarios y el aporte creador de cada uno de sus miembros. Somos representantes de la soberanía, y tenemos la obligación de dar ese aporte, que proviene no sólo de nuestra preparación, sino también del conocimiento de nuestra respectiva zona, de las opiniones que oímos en ella y de las realidades del país que estamos formando.

Considero que el Senado, en particular, no ha sido renuente sino acucioso en el cumplimiento de sus obligaciones. Los días o semanas que a veces nos tomamos para estudiar un proyecto (en este caso, la iniciativa fue dos veces a primer informe y volverá a la Comisión para tratar las indicaciones que han nacido del debate) corresponden a una sana tradición.

Estamos en una sociedad muy movible; tanto que en los últimos 30 ó 40 años quizás ha experimentado más cambios que en varios siglos. Esto nos obliga a ir adaptando nuestra legislación con un criterio realista. Los caminos de la libertad no se han terminado; están empezando a nacer, y tenemos que asumirlos sin los prejuicios que vienen de experiencias traumáticas anteriores, sino mirando el futuro con los ojos abiertos de la creatividad que el país espera de sus legisladores.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar que la permanente actitud de trabajo en la Comisión especializada es precisamente la de escucharnos con mucho respeto y tratar de encontrar soluciones. Para eso nos ha comisionado el país. Por eso hemos intercambiado puntos de vista respecto de distintos proyectos y en particular sobre éste, sin que ello perjudique ni afecte la relación de respeto que mantenemos entre nosotros. En ese sentido, y antes de exponer dos o tres ideas, deseo señalar públicamente mis agradecimientos por la actitud asumida por el Senador señor Pérez , quien, con ocasión del debate de esta iniciativa y encontrándome yo enfermo, se abstuvo de votar para conservar los equilibrios correspondientes. Esto es una práctica entre nosotros, pero lo quiero hacer presente porque es parte del clima que, creo, debe conocer el país. Se discrepa, pero existe la básica solidaridad y respeto.

Además, deseo aprovechar la oportunidad para dar un aviso. Quiero demostrar a todos mis detractores que en algunos casos tengo remedio: ya me recuperé de esa enfermedad y estoy, pues, en condiciones de opinar sobre este tipo de materias.

En segundo término, señor Presidente , me alegro de haber escuchado la exposición del Honorable señor Díez . Sus citas sobre Maritain me han causado un especial agrado, y también, adicionalmente, su tesis acerca del rol principal y subsidiario del Estado. Creo que eso, nuevamente, nos recuerda viejas formaciones socialcristianas del distinguido Senador de Renovación Nacional, que, a mi juicio, son extraordinariamente gratas a la luz del tiempo nuevo que se anuncia en la sociedad chilena. Porque muchas veces, en materia de dogmas, no hemos querido entender que el Estado, sobre todo en sociedades pobres, tiene un papel principalísimo en distintos aspectos. Y me parece importante destacar aquí que Senadores con visiones diferentes podemos, sin embargo, coincidir en aspectos puntuales relevantes.

No cabe afirmar como dogma que el Estado debe asumir todo, ni menos que debe abjurar del legítimo papel que en determinadas circunstancias tiene que cumplir en la formación de valores y condiciones que hagan posible que los seres humanos se desarrollen con una calidad de vida apropiada para su desempeño en la sociedad.

En consecuencia, considero estupendo el espíritu con que estamos abordando este proyecto, y espero con interés conocer las indicaciones que los Senadores de Renovación Nacional anuncian para el debate en particular, con el fin de cotejarlas con nuestros especiales puntos de vista.

De manera muy puntual, señor Presidente , quiero señalar que, a mi juicio, la iniciativa no adolece del defecto que aquí se ha indicado. Ella está orientada, precisamente, al conjunto de trabajadores chilenos. Me parece pertinente recordar, una vez más, que su artículo 1o dispone que la creación del Fondo tiene por objeto "financiar actividades de capacitación y formación sindical, tales como cursos, seminarios y otras actividades análogas, y cuyos destinatarios serán principalmente" -principalmente- "los socios de las organizaciones sindicales legalmente constituidas.". Por tanto, no se excluye arbitrariamente a los 3 millones o más de trabajadores chilenos que no se encuentran sindicalizados, pues la expresión "principalmente" abre justamente la posibilidad de extender la norma a los sectores no sindicalizados.

Y ello tiene una explicación muy relevante, que fue indicada en las intervenciones de mi colega el Senador señor Palza y del Honorable señor Calderón . Estamos dictando nuevas normas laborales tendientes a prevenir y solucionar la absoluta desigualdad que se generó durante el Régimen pasado. Y no cabe duda de que la legislación en la que hemos venido avanzando, sobre la base de las condiciones políticas existentes, constituye un paso importante para remediar esas graves omisiones. Pero se da un hecho singular: muchas de las leyes promulgadas son todavía desconocidas por buena parte de los trabajadores chilenos. Y ello es tan evidente que incluso se ha llegado a un acuerdo, que valoro y celebro, entre el Gobierno, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio (el sector empresarial), para ayudar a difundir las normas laborales que se han estado dictando, con el objeto de que los trabajadores puedan tener una mejor protección de sus derechos. Por ejemplo, se han promulgado leyes sobre negociación colectiva, sobre organización sindical, sobre creación de centrales sindicales. Y en muchos lugares del país, adonde no llegan los medios de comunicación habituales, existe un gran desconocimiento acerca de derechos ya establecidos en la legislación y que tienen una doble legitimidad: se justifican por las condiciones sociales, económicas y políticas del país y, además, porque han reflejado un amplio consenso en el Parlamento, dada la situación política actual.

Nuestro objetivo es ayudar a fortalecer el movimiento sindical. Y esto es muy valioso, porque el movimiento sindical, que pasó por etapas de proscripción y persecución, es hoy día una entidad legitimada en la sociedad chilena por voluntad de todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional.

Entonces, se trata de elevar, a través del otorgamiento de recursos especiales, la calidad del servicio que presta la organización sindical. Pero deseo señalar que antes de ser Senador fui dirigente sindical, y muchas de nuestras charlas iban orientadas a los trabajadores que no estaban afiliados a una organización sindical, porque una de las tareas que debemos desarrollar es, precisamente, que la gente vuelva a percibir cuál es la función y cuáles los elementos integradores capaces de facilitar la convivencia al interior de la empresa y en el marco de la sociedad global que corresponde al movimiento sindical.

Deseo dejar en claro en la discusión general que el proyecto no establece el monopolio de las organizaciones sindicales, pero sí tiene una orientación definida, que yo defiendo, y que es la siguiente: ya que hemos dado vida, a través de una ley que todos compartimos, a las organizaciones sindicales, démosles también la posibilidad de desarrollarse en el incipiente proceso en que se encuentran. Es notable que, a pesar de que establecimos, en forma transitoria, un quórum bajo de 3 por ciento de los trabajadores para que pudieran crearse centrales sindicales, hasta el momento solamente hay una. No fue el ánimo del constituyente ni del legislador establecer un monopolio. ¿Por qué? Porque así como el país desconoce buena parte de lo que es nuestra tarea parlamentaria, también ignora parte del papel relevante que juegan otros actores, como la organización sindical. Pero, ¿podría esto generar, por ejemplo, la marginación de los trabajadores chilenos que no estén sindicados- Al contrario. Presumo -y, como conozco el movimiento sindical, creo que así será¿ que se establecerán cursos abiertos precisamente para difundir lo valioso de la legislación laboral que hemos ido adoptando en el tiempo.

En esa misma línea, pienso que la idea formulada por el Senador señor Calderón -que hemos compartido en la Comisión con el Honorable señor Palza -, respecto de regionalizar la entrega de estos recursos, obedece, también, a un estudio serio sobre la composición de la población sindicada. En el análisis que en su oportunidad realizamos con el Senador señor Calderón lo señalamos en forma precisa. Pero, para no gastar más tiempo, llamo la atención de mis estimados colegas Senadores para que estudien el nuevo informe de la Comisión, donde se detalla la población sindicada por Regiones y se fundamenta la indicación desde el punto de vista técnico, explicando por qué consideramos esencial que se distribuya 50 por ciento de los recursos en ellas, a modo de estímulo.

Sabemos los Senadores -de la República, pero elegidos por las Regiones- que incluso en nuestras propias áreas, en algunas provincias o comunas principales, se produce concentración. Por lo tanto, ya tendremos la ocasión de ver cómo se facilita la difusión en esos niveles. En todo caso, se trata de un progreso.

Señor Presidente , quiero señalar, además, que esta forma de asignar recursos con participación de los interesados obedece a una concepción de cómo debe realizarse la actividad que el Estado señala. Ya que mi estimado colega el Senador señor Díez mencionó el concepto maritainiano, cabe hacer presente que el Estado integra y reconoce el papel que deben cumplir los distintos actores en la sociedad. Y, dentro de esa función, el Estado-Gobierno, el Estado-Parlamento, establece una cantidad de recursos, así como los marcos globales y las condiciones en que deben distribuirse. Pero un Estado participativo, que reconoce a los cuerpos intermedios un valor tan relevante, no sólo les dice: "Este es el marco", sino, además: "Ustedes tienen, dentro de este marco, la posibilidad de distribuir". En otras palabras, la posibilidad de que los actores interesados participen en la distribución de estos recursos es plenamente coherente con una teoría democrática del Estado.

Por lo demás, éste no es un hecho nuevo. Hay corporaciones educacionales, por ejemplo, que reciben recursos fiscales, las que están formadas por empresarios que participan en la tarea educativa. Y este sistema no produce ningún atentado en contra de la Constitución ni de las leyes, sino que, nuevamente, parte de la concepción a la que hacíamos referencia. Incluso más, el empresario, en particular -llamado el "sostenedor", en materias educativas-, recibe fondos del Estado: la subvención, que administra para pagar a los docentes, los no docentes y el arriendo del local, al igual que otros elementos que debe considerar.

Por consiguiente, este proyecto, además se integra en esta visión colectiva de la participación de los distintos actores relevantes en una sociedad democrática estructurada sobre la base de estos principios.

Señor Presidente , adicionalmente, la iniciativa, que parte del principio cristiano de que todos tenemos el libre albedrío para elegir el bien o el mal -y de que no creemos en la concepción rousseauniana de que la sociedad hace malo al hombre, que por naturaleza es bueno-, establece sanciones fundamentales para quienes alteren las normas de buena fe dictadas por el legislador. Y se trata de penas muy graves, ya que el proyecto asimila los delitos de mal uso de estos recursos a los contemplados en el párrafo sobre "Estafas y otros engaños", del Título IX del Código Penal.

Desde el punto de vista conceptual, de los principios, este proyecto, primero, es coherente con la visión de un Estado democrático, cuyo papel principal radica en el estímulo de valores esenciales y que, además, permite a la comunidad, a sus distintos actores, participar en los intereses de carácter general. En seguida, establece y toma en consideración la función de las Regiones. El país necesita incentivar una vida regional importante, dentro del concepto de unidad del Estado, que es patrimonio del conjunto de los partidos políticos chilenos. Y, por último, consagra las sanciones que pueden aplicarse, en forma drástica, ante un inadecuado uso de estos fondos.

Señor Presidente, con interés esperamos conocer las indicaciones sobre la materia, a fin de cotejarlas con nuestra visión. Estimo conveniente que el Senado pueda despachar con prontitud una iniciativa que parte del reconocimiento de la legitimidad del mundo sindical y que busca, incluso, hacer realidad en la sociedad chilena las leyes que por acuerdos mayoritarios hemos despachado en las actuales circunstancias.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Cantuarias.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , quiero hacer unas breves referencias y reflexiones en torno al proyecto que nos ocupa.

Desde luego, el mandato de la Carta determina, a nuestro juicio, el carácter de ley orgánica constitucional que presentan algunas de estas disposiciones. En efecto, el artículo 38 de la Ley Fundamental establece la forma como se organizará la Administración Pública, en tanto que la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, dispone el conjunto de órganos que la integran y su funcionamiento. En la medida en que el proyecto crea un Consejo Resolutivo para asignar los recursos del Fondo para la Capacitación y Formación Sindical, tal entidad, desde nuestra perspectiva, claramente se enmarca en el tenor del artículo 38 de la Carta y de las disposiciones de la ley orgánica constitucional citada, a la cual aquél se remite.

Adicionalmente, cabe señalar que el Tribunal Constitucional, en la sentencia rol N° 115, de 1990, dictada en relación con el proyecto que modificaba la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, concluyó que organismos de la índole de los consejos tienen que ser creados por normas de carácter orgánico constitucional, y no de ley común. Para ello, efectuó un extenso análisis, haciendo referencia al artículo 60 de la Carta Fundamental.

En consecuencia, opino que la creación del Consejo Resolutivo que administrará los recursos públicos aportados al Fondo deberá ser aprobada por los cuatro séptimos de los Senadores y Diputados en ejercicio, pues se trata de un órgano que se encuadra dentro de los preceptos expresamente contenidos en la Constitución.

Al mismo tiempo, deseo hacer algunas reflexiones tocantes a la eficacia de esta iniciativa. Tengo en mi mano el proyecto del presupuesto del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para 1993, cuyo Capítulo "Servicio Nacional de Capacitación y Empleo" incluye el Programa de Capacitación de Jóvenes. Es bueno tener presente que para este último se contemplan 59 millones 407 mil pesos, ya que se trata del sector de trabajadores que exhibe, lejos, el mayor nivel de desempleo.

Esa cifra la comparo -para mi gusto, desfavorablemente- con los 240 millones de pesos que esta iniciativa, con cargo al Presupuesto de la Nación para 1992, asigna para crear el Fondo de Capacitación Sindical, que tiene como único propósito financiar las actividades de capacitación y formación de los socios de las organizaciones sindicales legalmente constituidas.

Aquí hemos conocido algunos juicios al respecto, y el nuevo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social da cuenta de las proposiciones planteadas para el efecto de cambiar la composición del Consejo Resolutivo. Sin embargo, no estamos resolviendo el tema de fondo, tocante a la asignación de los recursos.

Es importante recordar que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo tiene un sistema de becas que incluso permite financiar traslados, alojamientos y otras prestaciones, en lo relativo a la capacitación de trabajadores sindicados, no sindicados, desempleados, o de quienes buscan trabajo por primera vez, e incluso, de cesantes. Los fondos de que dispone el SENCE -ascendentes a alrededor de 260 millones de pesos en 1991 y a 420 millones en 1992- permiten una comparación, por lo tanto, con lo que aquí se entrega exclusivamente a las organizaciones sindicales.

Desde mi punto de vista, se produce una discriminación arbitraria que merece una reflexión. Se sabe que en nuestro país aproximadamente 10 por ciento de los trabajadores se encuentra sindicado. En consecuencia, considerando la eficacia, la focalización y la correcta asignación de los recursos públicos, opino que los fondos para capacitación debieran destinarse prioritariamente, respecto del universo de los trabajadores, a quienes buscan empleo por primera vez o están cesantes, o, en forma específica, al sector juvenil, que en todos los datos disponibles aparece como el segmento de mayor índice de desempleo.

Comprendo que parte de mi argumentación puede ser utilizada para atribuirme una actitud de oposición a los sindicatos o a los trabajadores. Pero deseo despejar este punto, porque nadie puede ser acusado de enemigo de los trabajadores, o de estar en contra de sus intereses, cuando piensa en 90 por ciento de ellos, en aparente perjuicio de 10 por ciento que se encuentra sindicado.

Al mismo tiempo, expreso mi preocupación por las referencias en el mensaje del Ejecutivo a las normas vigentes en otros países. Y, cuando se nos dice que en el fondo este proyecto considera sistemas de apoyo existentes en Alemania, Francia, España u otras naciones, creo que ésa no es suficiente razón para legislar en esta materia. Lo que obedece a situaciones socioeconómicas, a realidades sociales, a ancestros culturales tan distintos no puede constituir el único elemento determinante para nosotros.

Mi duda respecto de esta iniciativa -que hago presente ahora, en la discusión en general- dice relación con la focalización y la eficacia de un gasto que bien podría robustecer los fondos y los mecanismos que la actual legislación contempla, para ir en apoyo tanto de los trabajadores sindicados como del resto del sector laboral, pues no diviso razón alguna para dedicarlo exclusivamente a los primeros.

He observado con agrado que se hace referencia, con motivo de las modificaciones que se pretende introducir, al tema de la regionalización, tan ausente en el mensaje y en el texto aprobado por la Cámara, en los que todo aparecía centralizado. Desde luego, constituye una corrección conveniente; sin embargo, compartiéndola en forma plena, todavía no me convence de los beneficios que pueda significar para el conjunto de los trabajadores.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la verdad es que hemos escuchado intervenciones muy positivas y muy ilustradoras, no sólo para los miembros de la Corporación, sino, también, para la opinión pública. No obstante, deseo referirme a un aspecto de este proyecto que posiblemente ha sido poco desarrollado.

Cuando se habla de estimular la capacitación de los dirigentes y los asociados sindicales, se está considerando que el sindicato cumple, asimismo, funciones distintas de las que tradicionalmente le han correspondido. Uno de los elementos más importantes que se han tenido presentes es la poca participación del trabajador en las organizaciones sindicales.

Es un hecho, igualmente -y no es materia de polémica-, que en muchas oportunidades los empresarios ven a esas entidades como inconvenientes para el desarrollo de la empresa. Y hemos sabido de numerosas denuncias en el sentido de que cuando se pretende formar un sindicato el sector empresarial trata de impedirlo.

La pregunta que uno tiene que hacerse es por qué ocurre lo anterior. Probablemente, porque la actuación sindical -como decía el Senador señor Hormazábal - ha sido mal comprendida o mal explicitada; pero, de igual modo, tenemos que reconocer y aceptar que su acción ha estado mal orientada o mal encaminada. El sindicato ha sido mirado, habitualmente, como la organización de los trabajadores para defenderse de la empresa, para oponer una fuerza a ésta, olvidándose que en la empresa es tan importante la parte propiamente empresarial como la laboral. Ambas no son antagónicas, sino complementarias, y logran, en conjunto, el desarrollo de la empresa, esta entidad que da trabajo a las personas.

Lo que uno echa de menos es, precisamente, la capacitación de las directivas laborales para usar la organización sindical en materias que signifiquen realmente un beneficio para los asociados; es decir, no sólo para la negociación con la empresa, sino aprovechando una capacidad negociadora de conjunto. En muchas oportunidades, si los dirigentes hubieran tenido los conocimientos adecuados de economía, empresa, desarrollo y legislación, podrían haber enfrentado en muchísimas mejores condiciones las situaciones de interés para los trabajadores. No es lo mismo comprar un elemento que comprar cien. Los sindicatos no sólo pueden obtener una ventaja económica sobre la base de pliegos de peticiones. También la pueden alcanzar a través de un buen manejo de los recursos de los asociados, negociando colectivamente, aprovechando las posibilidades de una economía social de mercado, en la medida en que, con un poder comprador ampliado, pueden lograr mejores condiciones de precio y de pago.

Todos hemos visto cómo, por ejemplo, en materia de salud las empresas pueden lograr mejores condiciones de las ISAPRES. ¿Por qué el día de mañana no pueden ser los sindicatos los que las consigan, por la vía de pactarlas con la entidades y organismos que se preocupan de atender la salud?

Siempre hablamos de la construcción y del problema habitacional. ¿Por qué ello estaría al margen de la fuerza económica que constituye el trabajador sindicado? Aquí también hay un campo claro en que puede utilizarse esta fuerza económica para obtener soluciones mejores y más rápidas.

Es ésta la importancia real que, en mi opinión, tiene este proyecto de ley: ampliar el horizonte de los dirigentes y de los integrantes de los sindicatos, de modo que éstos no sean vistos ya como entidades de lucha o confrontación con el empresariado, sino, muy por el contrario, como centros donde se organicen los trabajadores para aprovechar su fuerza y obtener todas las enormes ventajas que da la negociación colectiva, no solamente en materia laboral, sino, también, comercial o de cualquier otro tipo.

Me parece que en la medida en que se capacite a los dirigentes sindicales, en que éstos perciban una nueva dimensión en las posibilidades de sus organizaciones, indiscutiblemente, se va a ir generando un cambio de actitud, tanto de los trabajadores como de los empresarios, hacia aquéllas. Entonces los sindicatos alcanzarán su debida y respetable dimensión, porque sus dirigentes, debidamente capacitados, podrán llevar a cabo una labor que hasta ahora no se ha hecho en beneficio de sus afiliados.

Señor Presidente , el que he expuesto es uno de los elementos más importantes. Por lo mismo, debemos procurar que los cursos de capacitación no estén dedicados sólo a los sindicatos ya constituidos. He escuchado las observaciones del Senador señor Hormazábal , pero ellas no se compadecen con lo que señala el artículo 5°, que establece los requisitos para poder postular al beneficio, pues la letra a) dispone que esto sólo se puede hacer -no se contempla otra forma- a través de las organizaciones sindicales ya existentes. Aquí, de lo que se trata es de lograr un cambio fundamental en la mentalidad del trabajador, a fin de que entienda lo importante que es su participación y, al mismo tiempo, la unión, no sólo para los pliegos de peticiones, sino, también, para alcanzar los enormes beneficios que puede brindar la economía social de mercado a todo aquel que actúe organizadamente y con conocimiento.

Creemos que a través de este tipo de iniciativas es posible cambiar la imagen que ha tenido la acción sindical hasta ahora, y transformarla realmente en lo que siempre debió ser: una organización que defiende bien a sus afiliados frente a la empresa, pero que, fundamentalmente, promueve su desarrollo, su bienestar económico e intelectual, y su capacitación laboral. El Estado no lo puede hacer todo -estamos de acuerdo-; tampoco las empresas. Pero los sindicatos, en muchas formas, pueden ser empresas destinadas al desarrollo y la promoción del perfeccionamiento de sus afiliados. Y es a esto a lo que apunta este proyecto, a mi juicio, por lo que lo votaré favorablemente.

Muchas gracias.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , del análisis de los porcentajes de sindicación en las diversas Regiones, se advierte que las que exhiben cifra mayores son la Metropolitana, con 50 por ciento, la Octava y la Quinta, es decir, las más industrializadas. Obviamente, en los últimos lugares aparecen aquellas en que predominan las actividades rurales y campesinas. Sobre esto creo necesario hacer una reflexión.

Es indiscutible que aquí se dan dos fenómenos. En primer lugar, las zonas que ya tienen los mejores sindicatos, los más organizados y el mayor número de ellos, quizá necesitarían menores recursos que las demás, por razones obvias. Y, en segundo lugar, existen entidades sindicales que cuentan con una larguísima experiencia -el Senador señor Díez aludió a la de El Teniente, que se constituyó hace más de medio siglo, y que ha tenido capacitados y muy buenos dirigentes-, en circunstancias de que en los sectores rurales no hay absolutamente nada; o sea, existe una relación inversa entre industrialización y ruralidad.

En las Regiones agrícolas, sin embargo, se están necesitando cada día más trabajadores, debido al cambio sustancial que ha experimentado la agricultura en nuestro país: antes era extensiva; hoy es intensiva. Y en muchas partes no se ha reemplazado aún -salvo el caballo por el tractor- la mano de obra, que es indispensable en las labores de poda, limpieza, raleo, cosecha y selección. Estas actividades requieren cada vez más gente, y gente mejor capacitada y preparada.

Hace algunos días asistí, en la comuna de Marchihue, a un curso de capacitación de trabajadores agrícolas y pequeños agricultores, y puedo decir a mis Honorables colegas que existe verdadera hambre por una mayor preparación de parte de dirigentes sindicales y futuros sindicados.

Señor Presidente , estimo ¿y es sólo mi opinión¿ que debería haber una discriminación positiva para los sectores rurales, que requieren mucho mayor apoyo para poder organizarse. Todos conocemos las razones. En nuestro país existe una larga historia de las dificultades que han enfrentado los campesinos en ese proceso. Además, creo que el número de empleados en las industrias será cada vez menor, debido a la mecanización, mientras que en la agricultura, al menos en las Regiones en que predomina la hortofruticultura, aquél se irá incrementando. Esto es lo que motiva mi reflexión, señor Presidente .

Nada más.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , las intervenciones previas ahorran muchos comentarios. Sólo deseo formular dos observaciones a algunas de las argumentaciones que con mayor reiteración se han escuchado en el día de hoy.

Se ha destacado la diferencia que existe entre los montos que se asignan para la capacitación de jóvenes y los que se destinan en este proyecto a la formación y capacitación sindical. Esa crítica olvida que se trata de cuestiones absolutamente distintas. El Estado asigna recursos -a mi juicio, de un modo muy certero- para capacitar jóvenes porque está consciente de una realidad que aquí mismo se ha señalado, esto es, que si bien la cesantía está por debajo de la media histórica, un porcentaje muy alto de ella corresponde, precisamente, a los jóvenes, entre otras razones por la falta de los conocimientos y la capacitación necesarios para encontrar empleo.

El proyecto apunta a algo diferente, sin embargo, que no se reconoce en la otra crítica reiterada. Se dice que el Fondo que se pretende establecer beneficia solamente a los trabajadores organizados. Precisamente: se trata de capacitar dirigentes sindicales, por lo que, naturalmente, se alienta e incentiva a los trabajadores a organizarse. No hay otra manera de que el sector laboral pueda participar eficazmente en la sociedad. El trabajador no organizado, desgraciadamente, no tiene cómo incidir en el destino del conjunto social.

En ese sentido, es obvio que el proyecto fortalece los organismos sindicales. Entonces, no le pidamos otras finalidades que las que persigue, cuales son, alentar tales entidades y capacitar a los dirigentes de éstas. ¿Por qué? Por las razones ya tan claramente señaladas aquí: no cabe duda de que el mundo moderno plantea desafíos que reclaman dirigentes sindicales mejor preparados y capacitados, en condiciones de entender cuáles son las nuevas relaciones con la empresa, qué nuevo concepto de empresa está imperando, cuál es la intervención del Estado, hoy, en este tipo de relaciones. Y todo esto, naturalmente -como bien apuntaba un Honorable colega que me precedió-, requiere que los dirigentes sindicales tengan otra visión, otros conocimientos.

Personalmente, como socialdemócrata, me resulta muy grato poder votar favorablemente una iniciativa como ésta, que, por lo demás, creo que va en la línea correcta. En una sociedad que, como se recordaba aquí, ha vivido experiencias tan traumáticas, al pasar de un extremo en que el desarrollo no resultaba concebible sin el Estado a otro en que el mercado es el supremo orientador, estamos volviendo al sentido común. El problema del desarrollo es -y lo va a seguir siendo- un problema del Estado, pero no en el sentido de la estatización, sino en el de inversión en el recurso humano y en infraestructura. En consecuencia, creo que este proyecto responde a algo que es una realidad en los tiempos modernos, y que lo seguirá siendo en lo futuro.

Muchas gracias.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL.-

Propongo votar de inmediato el proyecto, porque, si bien resta aún una serie de antecedentes por considerar, estamos sólo en la discusión general. Existen dudas, por ejemplo, en torno al tema constitucional, que ha dado origen a diversas posiciones, pero todo ello puede ser abordado debidamente en el segundo informe. De modo tal que, si estamos todos de acuerdo, no veo razón para no aprobar ahora la iniciativa, dejando los temas señalados como dudosos para la discusión particular, junto con las indicaciones que se presenten.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , además de todo lo que se ha dicho en esta mañana, quiero destacar que las disposiciones en debate también encierran, de alguna manera, un incentivo a la organización del movimiento sindical, que en otra época adquirió niveles extraordinarios y masivos. De modo que, al revisar la población sindicada existente en las distintas Regiones del país, uno se encuentra con cifras preocupantes y que no condicen con la tradición de organización que ha tenido el movimiento sindical chileno.

Particularmente, he querido destacar este punto porque en la Novena Región, de la Araucanía, que represento en el Senado, el porcentaje de trabajadores sindicados es uno de los más bajos del país y, por tanto, la distribución regional del Fondo significa una cantidad bastante exigua.

Por eso, pienso que en esa dirección se deben orientar la inquietud y el interés por hacer realidad el proyecto en debate.

Por lo demás, no cabe duda de que la economía chilena, que tiene en la actividad empresarial un sostén muy importante de funcionamiento y desarrollo, requiere de trabajadores con formación y capacitación adecuadas para enfrentar las tareas que les son propias, pero que al mismo tiempo les sirvan como elementos reguladores en sus relaciones con el empresariado.

El sentido moderno con que se acostumbra analizar la situación que vive el país y sus perspectivas también tiene, en mi concepto, directa vinculación con las razones que indujeron al Gobierno a presentar el proyecto.

Señor Presidente , he querido resaltar esos dos aspectos a fin de manifestar mi voto favorable al despacho en general del proyecto, en la esperanza de que en el trámite de segundo informe se puedan incorporar indicaciones que lo perfeccionen para hacer mucho más funcionales los objetivos en él señalados.

He dicho.

--Se aprueba en general el proyecto, por unanimidad.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto sobre modificación del decreto con fuerza de ley N° 1, de 1982, del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios Eléctricos, en lo relativo a las cooperativas de abastecimiento de energía eléctrica, con informe de la Comisión de Minería.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los señores Frei (don Arturo), Frei (don Eduardo), Hormazábal, Lavandero y Páez).

En primer trámite, sesión 25a, en 21 de agosto de 1990.

Observaciones en primer trámite, sesión 9a, en 10 de noviembre de 1992.

Informes de Comisión:

Minería, sesión 22a, en 25 de julio de 1991.

Minería (observaciones), sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.

Discusión:

Sesión 23a, en 6 de agosto de 1991 (se aprueba en general y en particular).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , el informe de la Comisión de Minería fue aprobado por unanimidad, pero debo hacer constar que adolece de algunas carencias.

El proyecto pertinente se originó en una moción presentada por el Senador que habla y los Honorables señores Arturo Frei , Eduardo Frei , Lavandero y Páez . Sin embargo ¿deseo señalarlo, porque es conveniente para la historia de la ley¿, hubo un debate con participación de las cooperativas de abastecimiento y de las empresas eléctricas, lo cual motivó que la Comisión de Minería en su totalidad (los Senadores señora Frei y señores Papi , Alessandri , Pérez y Núñez) hiciera suya la moción, porque la idea original cambió radicalmente. Y los Honorables señores Ruiz , Prat y Fernández , entre otros, plantearon también sus opiniones, que ayudaron a terminar la iniciativa.

He ocupado estos segundos para dejar constancia en la historia de la ley de lo que significa la búsqueda de acuerdos para resolver oportunamente situaciones que plantea la comunidad.

Con las aclaraciones precedentes, pido aprobar por unanimidad las observaciones del Ejecutivo.

--Se aprueba la observación consistente en sustituir, en el inciso primero del artículo único, "30 de junio de 1991" por "30 de octubre de 1992".

--Se aprueba la observación que reemplaza, en el inciso quinto del artículo único, "hasta el 20 de septiembre de 1991" por "de seis meses a contar de la publicación de esta ley en el Diario Oficial.".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica el decreto ley N° 3.058, de 1979, sobre remuneraciones del Poder Judicial , informado favorablemente por las Comisiones de Constitución y de Hacienda (esta última, con modificaciones).

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley;

En segundo trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.

Hacienda, sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , coincidiendo en que la iniciativa se apruebe sin debate, sólo quiero dejar constancia del alcance que tiene el artículo 2o, que fue objeto de nueva redacción, en virtud de una indicación formulada en la Comisión de Hacienda por la Senadora que habla.

De acuerdo con el inciso primero de ese precepto, el mejoramiento de rentas para el personal del Poder Judicial se hace efectivo a contar del 1o de noviembre de 1992. Su inciso segundo regla la situación de quienes ingresaron a ese Poder después de esa fecha, remitiéndose a la de nombramiento. Y, a mi juicio, cabe dejar constancia de que el sentido de la norma es que las personas que ingresaron con posterioridad perciban el incremento desde la misma fecha en que reciban remuneraciones, lo que normalmente ocurre con la asunción de funciones.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTIZ .-

Estoy de acuerdo plenamente en que se mejoren las rentas del personal del Poder Judicial . Sin embargo, las organizaciones gremiales, tanto de los miembros de ese Poder propiamente tal como de los funcionarios que ahí se desempeñan, han hecho sentir su voz. Y ayer y hoy han comentado que sus aspiraciones no fueron debidamente consideradas.

Quiero dejar constancia de que voto favorablemente, pero señalando que el personal del Poder Judicial no queda satisfecho con esta iniciativa.

--Se aprueba en general el proyecto de la Comisión de Hacienda, y, por no haberse formulado indicaciones, queda aprobado también en particular.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional e iniciado en moción del Honorable señor Díez, que establece normas sobre corporaciones y fundaciones, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción del señor Díez).

En primer trámite, sesión 36a, en 5 de septiembre de 1991.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 21a, en 1º de septiembre de 1992.

Constitución (segundo), sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.

Discusión:

Sesión 3a, en 13 de octubre de 1992 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión de Constitución, en su segundo informe, deja constancia de que el artículo 1o no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. Por lo tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, corresponde darlo por aprobado automáticamente.

--Se aprueba.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , con relación a la letra d) del artículo 7°, que sustituye por otro el artículo 559 del Código Civil, quiero formular un alcance.

Dice el nuevo precepto: "Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas, sin la comunicación de la escritura pública de disolución a la autoridad que registró su existencia". Esto aparece como un contrasentido. La redacción debe ser: "Las corporaciones pueden disolverse por sí mismas, previa comunicación de la escritura pública de disolución a la autoridad que registró su existencia". En estos términos, el artículo tendría mayor consistencia.

"Las corporaciones no pueden disolverse por sí mismas". Esa es la regla general. Sin embargo, a continuación dice: "sin la comunicación de la escritura pública de disolución". Si no pueden disolverse, tampoco les resulta factible hacer la escritura pública de disolución.

Por lo tanto, sin estar en contra del precepto, quiero simplemente sugerir una redacción distinta.

El señor DÍEZ.-

Tiene razón el Honorable señor Otero .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Por la unanimidad de la Sala se puede modificar la redacción. Porque estamos en el segundo informe.

Si les parece a Sus Señorías, se aprobará por unanimidad la redacción propuesta por el Honorable señor Otero .

Aprobada.

Ahora, ¿habría que concordar el inciso segundo con el primero?

El señor OTERO .-

Señor Presidente , el inciso primero se refiere a la autodisolución, y el segundo, a la disolución por sentencia judicial o por disolución de ley. De manera que están absolutamente separadas.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En todo caso, el "Pero" parece un poco extraño.

El señor OTERO .-

El "Pero" está de más. "Además, pueden ser disueltas".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Don Andrés Bello no habría puesto ese "Pero".

El señor OTERO .-

Hay que decir: "Además, pueden ser disueltas por sentencia judicial", etcétera.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, y también por unanimidad, se aprobará esa corrección en el inciso segundo.

Aprobada

--Se aprueba, y queda despachado el proyecto en este trámite.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica el Código de Procedimiento Penal para facilitar la investigación y prueba del delito de lesiones, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 51ª, en 14 de abril de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 10ª, en 12 de noviembre de 1992.

Constitución (segundo), sesión 14ª, en 26 de noviembre de 1992.

Discusión:

Sesión 11ª, en 17 de noviembre de 1992 (se aprueba en general).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, sobre notificaciones judiciales, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 6 de agosto de 1992.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 13a, en 24 de noviembre de 1992.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, con informe favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 8a, en 7 de julio de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 13a, en 24 de noviembre de 1992.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión de Relaciones Exteriores propone por unanimidad aprobar el proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El Honorable señor Alessandri está pronto a hacer una aclaración, señor Senador.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , el objetivo del proyecto es aprobar el Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado en la 72a Conferencia General de dicha Organización, efectuada en Ginebra el 24 de junio de 1986.

El Instrumento introduce cuatro modificaciones de fondo a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La primera se refiere a la composición del Consejo de Administración y su elección. Se establece que él se compondrá de 112 puestos, distribuidos en la siguiente forma: 56 para los representantes de los gobiernos, 28 para los representantes de los empresarios y 28 para los representantes de los trabajadores. Asimismo, se consagra que la composición de dicho Consejo deberá ser lo más representativa posible, tomando en cuenta los intereses geográficos, económicos y sociales en los tres grupos -gobiernos, empresarios y trabajadores- que lo constituyen. Para satisfacer dichas exigencias y asegurar la continuidad de los trabajos, se establece un procedimiento especial de distribución de los cupos reservados a los representantes de los gobiernos entre cuatro zonas geográficas: África, América , Asia y Europa.

También se modifica el nombramiento del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, quien será designado por el Consejo de Administración, que lo someterá a la aprobación de la Conferencia Internacional del Trabajo.

En el artículo 17, se consigna la forma de contabilizar el quórum en sus votaciones, norma bastante extensa que considero innecesario explicar, pues en las páginas 6 y siguientes del informe se puede apreciar la diferencia existente entre las disposiciones vigentes al 24 de junio de 1986 y las enmendadas.

Por último, se dispone un mecanismo de modificación de ciertos preceptos fundamentales de la Constitución del organismo. Cabe hacer presente que, en cierta manera, la enmienda propuesta estaría sobrepasada por algunos acontecimientos, al decir que "Los delegados gubernamentales de los Estados de Europa del Oeste y los delegados gubernamentales de los Estados socialistas de Europa del Este formarán colegios electorales separados. Unos y otros se pondrán de acuerdo para repartir entre ellos los puestos que correspondan a la región y designarán de manera separada sus respectivos representantes en el Consejo de Administración.".

Obviamente, la citada norma ha quedado de hecho sin efecto, y habrá que ver la manera en que la Organización Internacional del Trabajo deberá modificarla para ponerla al día.

Por tratarse sólo de la composición del referido organismo internacional y de la forma como será administrado, dando mayor representación a países que antes no la tenían, la Comisión de Relaciones Exteriores estimó que no había inconveniente en aceptar lo propuesto por el Gobierno en este proyecto de acuerdo.

--Se aprueba unánimemente el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto, en segundo trámite constitucional, que excluye al Instituto Forestal de la enumeración establecida en el artículo 1o del decreto ley N° 249, de 1973, que fijó la Escala Única de Remuneraciones.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 21a, en 1 de septiembre de 1992.

Informes de Comisión:

Economía, sesión 13a, en 24 de noviembre de 1992.

Hacienda, sesión 13a, en 24 de noviembre de 1992.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La iniciativa está informada por las Comisiones de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda.

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

Puede hacer uso de ella la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , el Instituto Forestal es una corporación de derecho privado formada por la Corporación de Fomento de la Producción, cuyas funciones son de fomento y de investigación en el área forestal. La entidad se rige por el Código del Trabajo; sin embargo, sus remuneraciones, de acuerdo con el decreto ley N° 249, de 1973, publicado en 1974, se sujetan a la Escala Única aplicable al sector público, condición en que continúa hasta el día de hoy, pese a que otras similares se han excluido de tal régimen.

La presente iniciativa pone término a su permanencia en la Escala Única y establece que las remuneraciones de su personal serán fijadas por una resolución conjunta de los Ministerios de Economía y de Hacienda, en los términos del artículo 9o del decreto ley N° 1.953, mecanismo que rige el sistema remuneracional de los demás institutos tecnológicos dependientes del Estado.

La Comisión de. Economía, junto con aprobar de modo unánime este proyecto, hizo presente al señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción la necesidad de analizar y reestudiar la situación de todos los institutos de esta naturaleza regulado por normas de derecho privado, a fin de ver si realmente se justifica que continúen en esta situación o que se privaticen directamente, se administren como privadas y no se financien con recursos del Estado. Si, por el contrario, se considera que su función es pública, ellas deben convertirse en entidades de derecho público. Mientras ello ocurre, la Comisión estimó unánimemente que era conveniente acoger esta iniciativa.

He dicho.

--Se aprueba en general, y por contar de un artículo único, queda aprobado también en particular.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre los Gobiernos de la República de Chile y el de la República de El Salvador", con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 2°, en 8 de octubre de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 14°, en 26 de noviembre de 1992.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

Puede usar de ella el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , este es un Convenio similar a los que ya Chile ha suscrito, entre otros países, con Venezuela, México , Brasil y Kenya. Consiste, básicamente, en adoptar compromisos de elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación técnica y científica.

Los referidos programas y proyectos considerarán -para los efectos de su ejecución- la participación de organismos y entidades de los sectores públicos y privado de Chile y de El Salvador.

Las Partes convienen en que, para el cumplimiento de los objetivos del Convenio, elaborarán conjuntamente lo que denominan Programas Bienales, los que deben estar en consonancia con las prioridades chilenas y salvadoreñas en cuanto a los respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social.

La cooperación se realizará mediante una serie de medidas que se detallan en el artículo IV del Convenio, tales como realización conjunta de programas de investigación, envío de expertos, envío de equipos y materiales, elaboración de programas de pasantía para entrenamiento profesional, concesión de becas, etcétera.

Las áreas que ambos Gobiernos señalan como de especial interés científico y tecnológico son: planificación y desarrollo, reformas institucionales de la administración pública y otras indicadas, en una larga serie, en el artículo V.

Para el cumplimiento de estos objetivos, las partes acuerdan establecer, como en otros convenios, una Comisión Mixta que se encargará de la coordinación de las acciones y de lograr las condiciones más propicias para su ejecución, y se reunirá cada dos años, alternadamente, en Santiago y en San Salvador. El artículo VI consigna las funciones que corresponde realizar a la Comisión Mixta, que son las usuales en este tipo de convenciones.

Dado que este Convenio no implica ninguna modificación a la legislación interna de Chile y sirve para mejorar las relaciones con El Salvador, la Comisión de Relaciones Exteriores lo aprobó por unanimidad. Sugiero que el Senado adopte igual pronunciamiento.

He dicho.

--Se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto, en primer trámite constitucional, que crea una nueva figura penal, de acción pública, destinada a sancionar a miembros, colaboradores y propagandistas de grupos terroristas, que cuenta con un nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los señores Díez, Jarpa, Otero, Ríos y Siebert).

En primer trámite, sesión 44a, en 16 de abril de 1991.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 12a, en 21 de julio de 1992.

Constitución (nuevo), sesión 14a, en 26 de noviembre de 1992.

Discusión:

Sesiones 22a, en 3 de septiembre de 1992 (queda pendiente en su primera discusión); 23a, en 8 de septiembre de 1992 (vuelve a Comisión de Constitución).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

Puede usar de ella el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , tengo entendido que, de acuerdo con este nuevo informe del proyecto, sencillamente se reducen las penas propuestas en el texto primitivo; es decir, acogió sugerencias formuladas en la Sala. Por consiguiente, pienso que no debiera tener dificultad alguna para ser aprobado en este trámite.

Quizás, algún integrante de la Comisión podría formular una aclaración adicional.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díez.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , durante la discusión de este proyecto en el Senado se hicieron presentes algunas observaciones, lo que originó el nuevo informe de la Comisión. Una de ellas, aprobada por ésta, consiste en rebajar la sanción impuesta en el inciso primero del artículo único¿presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados medios a máximo¿ a presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a medio.

Otra modificación que se introdujo reemplazó la palabra "entenderá" por "presumirá". De esta manera, de acuerdo con las sugerencias que hemos ido oyendo tanto la primera vez que la Comisión estudió el texto como en el debate en la Sala, el delito de propaganda del terrorismo o de grupos u organizaciones terroristas será sancionado con la pena que señala el inciso primero del proyecto. "Se presumirá que incurren en tal infracción" -luego, admite prueba en contrario- "los que, concertadamente, exhiban en lugares públicos armas de fuego, aunque no hagan uso de ellas,". Es decir, la tipificación del delito está en exhibir concertadamente armas de fuego en lugares públicos o desplegar banderas o emblemas que identifiquen a una organización conocida como terrorista. En consecuencia, ¿qué se necesita para incurrir en este delito? Que haya concierto previo y, además, que la finalidad sea efectuar actos de propaganda terrorista. Si estas conductas se llevan a cabo en establecimientos educacionales o religiosos, o en ceremonias litúrgicas, religiosas o educacionales, la pena se eleva en un grado.

La Comisión, por la mayoría de sus miembros, estimó necesario establecer esta sanción, que es menor que la primitivamente propuesta, precisamente para desalentar la propaganda, la prédica y la difusión de movimientos terroristas. Y, así, el proyecto, que al comienzo tenía una connotación distinta, relacionada con la propaganda, con la apología del terrorismo, etcétera, quedó reducido a una sanción penal a quienes en lugares públicos, concertadamente, hagan propaganda a organizaciones terroristas por medio de armas de fuego o de banderas que claramente los identifiquen.

La Comisión, por 3 votos contra uno (el del Senador señor Páez ), acogió la iniciativa. No estaba presente en la Comisión su Presidente , el Honorable señor Vodanovic .

Es todo, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , me abstendré en la votación de este proyecto de ley, por las consideraciones que para fundamentar esta actitud hice valer en la discusión general desarrollada en la Comisión.

Creo que se trata de un texto relativamente inútil, riesgoso y que, como se señaló con anterioridad, contraviene distintos principios del orden jurídico penal, entre otros, el de la tipicidad del debido proceso; se establece una presunción respecto de determinadas conductas y, en fin, tiene una serie de inconvenientes que se hicieron presentes en su oportunidad.

En consecuencia, no habiendo sido esta iniciativa objeto de grandes modificaciones, mantendré el criterio que tuve en la Comisión en el informe anterior y me abstendré.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , deseo entrar un poco al fondo del problema. Este proyecto es similar a un precepto existente ¿como dijimos¿ en la legislación inglesa, pues tiende a crear un delito penal con sanción menor, pero con acción pública, a fin de evitar la ostentación y la propaganda de grupos terroristas. Lo que se pretende es contar con una ley para sancionar, con prontitud y eficacia, a los colaboradores y propagandistas, sólo en el evento de que su conducta no esté tipificada como delito terrorista.

En el texto, como quedó redactado en definitiva, se acogieron muchas sugerencias de los profesores de Derecho Penal que opinaron sobre la materia, y también algunas proposiciones formuladas por colegas Senadores en orden a rebajar la pena. Será una herramienta al alcance de todos para combatir los delitos preparatorios de actos terroristas. Porque en el caso de la figura consagrada en la Ley de Seguridad del Estado, para poner en marcha el procedimiento judicial se precisa de un requerimiento del Poder Ejecutivo , lo que tiene connotaciones políticas, pero éste también puede desistirse de la acción.

Pensamos que es una buena señal de la sociedad castigar tales actos de propaganda con penas razonables, a las cuales se aplicarán todas las causales modificatorias de la responsabilidad penal por medio de una acción pública.

Ese es el propósito del proyecto, que -repito- es similar a la ley vigente en un país europeo.

El señor. VALDÉS ( Presidente ).-

Puede usarla Su Señoría.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , brindaré mi apoyo a esta nueva estructura de la iniciativa, en que se han rebajado las penas, porque me parece que la idea central no sólo es positiva, sino conveniente.

En Chile estamos llevando a cabo una experiencia muy valiosa, pero que tiene sus riesgos. En el Senado se ha insistido, en diversas oportunidades, en que estamos tratando de hacer funcionar la democracia con una activa y amplia participación política. Diría, más bien, con una máxima participación política, propia de las democracias más fuertemente desarrolladas. Sin embargo, dado el escaso nivel cultural de un alto porcentaje de la población, cuando se suscitan debates que denotan contradicciones, diferentes puntos de vista, expresiones o formas violentas de manifestación, los sectores más cultos reaccionan moderadamente, pero los menos habituados al continente propio de la vida democrática lo hacen con virulencia.

Por eso, es indispensable contar con normas o figuras penales que permitan castigar a los colaboradores o propagandistas de grupos terroristas que, con su proceder, pueden fácilmente, y a veces con cierta irresponsabilidad, generar reacciones muy duras, que después la sociedad debe lamentar, como acaba de acontecer en el país.

Por esa razón, y habiéndose rebajado prudentemente las penas, considero que el proyecto debiera ser aprobado, sin perjuicio de que más adelante, en la práctica, veamos si necesita de algún ajuste. Pero no es conveniente dar el mensaje de que en Chile se pueda estimular fácilmente el terrorismo, porque se corre el riesgo de que ese terrorismo se traduzca en acciones de violencia, con consecuencias .muy dolorosas que deplorar.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La tiene, Su Señoría.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , creo que, aunque nos parezca lejano, todos recordamos que tuvimos 16, 17 y 18 años. Y en esa etapa de la vida la juventud es esencialmente idealista y, además, muy sensible a las modas, por lo cual suele adoptar posiciones que, transcurrido el tiempo, con la mesura y equilibrio que proporciona la edad, deja de lado.

Realmente, considero muy peligroso lo planteado en el proyecto, sobre todo a la luz de lo que los jóvenes sostienen hoy: que los adultos no los comprendemos; que no los dejamos expresar su creatividad. Y lo estimo peligroso, porque, como dijo el Senador señor Vodanovic , en su texto aparecen conculcándose garantías procesales mínimas.

En general, en los códigos penales modernos se tiende a hacer desaparecer este tipo de delitos. Me preocupa mucho el contenido de la iniciativa, porque, no obstante que a mi juicio el terrorismo efectivamente es una grave amenaza, la figura delictiva más importante que aparece: exhibir una arma de fuego, en el fondo puede ser totalmente inocua al comprobarse que no estaba cargada. No se especifica que el arma tenga balas, sino que basta exhibirla para configurar el delito. Empero, un muchacho puede haberla cogido y, en un momento de alarde juvenil, la muestra. Yeso es todo.

A nuestro modo de ver, mediante el establecimiento de penas muy altas no se controla el terrorismo. Lograremos controlarlo si hacemos hincapié en los grandes valores; si damos seguridad a la familia, entendida en un sentido lato, o sea no solamente a la formada por el matrimonio, sino también a aquella donde hay mujeres solas con sus hijos, o abuelitas con sus nietos, etcétera.

Como abogada, quisiera disponer de mayores antecedentes sobre el tema. No estuve presente en el análisis completo del proyecto y preferiría dejarlo para segunda discusión, y en ella ojalá que se exponga la opinión de los jurisconsultos que expresaron su pensamiento en el seno de la Comisión.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , deseo formular algunas preguntas, que espero que respondan los Honorables colegas más versados sobre la materia.

En la parte del inciso segundo que dice: "Se presumirá que incurren en tal infracción los que, concertadamente, exhiban en lugares públicos armas de fuego,", ¿por qué no se agrega, por ejemplo, linchacos, armas blancas o cadenas? Porque, indiscutiblemente, si un grupo pretende amedrentar...

El señor FREI (don Arturo) .-

Y hondas.

La señora SOTO .-

Claro, hondas.

El señor DÍAZ .-

Hondas, no. La honda es más rural, más campesina, más poética. Y la verdad es que David venció a Goliat con un hondazo. Pero no creo que se dé el caso nuevamente. En cambio, un linchaco.

El señor DÍEZ.-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor DÍAZ .¿-

Con todo gusto, señor Senador . Sin embargo, me gustaría plantear las preguntas que quiero hacer, con el objeto de que quienes dominan el tema las contesten.

El señor DÍEZ.-

Muy bien.

El señor DÍAZ .-

Un linchaco es altamente peligroso. Más de alguno de nosotros hemos recibido algún linchacazo en la cabeza y sabemos lo que significa. Y las armas blancas y cadenas también pueden ser una evidencia de esa especie.

Además, en el inciso tercero, donde se expresa: "Si las conductas precedentes se llevan a cabo en establecimientos educacionales o religiosos, o en ceremonias litúrgicas, religiosas o educacionales,", ¿por qué no se incluyen las cívicas? Puede estar conmemorándose un 21 de Mayo o un 18 de Septiembre y, en medio de esa trascendental ceremonia cívica, aparecer algunos de estos grupos. Si el sentido de la disposición es evitar tal clase de hechos, me parece que deberían incorporarse los actos cívicos.

Por otra parte, estoy en desacuerdo con lo expresado recién por la Senadora señora Soto . Porque es indiscutible que son los jóvenes los que hacen exhibición de estos elementos. Y son ellos, igualmente, los que en mayor porcentaje cometen actos de terrorismo. Si efectuáramos un análisis acerca de quiénes son los más osados terroristas en Chile y en el extranjero, concluiríamos que esas acciones propiamente tales las realizan jóvenes, aunque las personas que los inducen son, con frecuencia, de más edad.

La mayoría de los individuos que operan de hecho en las acciones violentistas son jóvenes. Tal vez lo hagan por idealismo -podría decirse-, pero profundamente equivocado y malsano. En mi concepto, un idealismo así no es tal: es simplemente un error.

Estas son las consultas que quería formular, señor Presidente, y me gustaría que alguien las respondiera.,

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra, señor Senador .

El señor DÍEZ.-

¿Me permite contestar primero, Honorable colega?

El señor OTERO.-

Señor Presidente , con la venia de la Mesa, concedo una interrupción al Senador señor Díez.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede hacer uso de ella Su Señoría.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente , sólo deseo responder algunas de las interrogantes planteadas por el Honorable señor Díaz .

La verdad es que el conseguir armas blancas o cadenas, o el fabricar linchacos resulta fácil, y el exhibirlos, más que un acto terrorista es uno de provocación o de amotinamiento callejero. Porque las acciones terroristas no se realizan con cuchillos o con linchacos; son delitos criminales que se sancionan de otra manera. Los elementos mencionados son de fácil obtención por los jóvenes. No así las armas de fuego. Esto es distinto que conseguir un cuchillo de cocina de la mamá, recoger un pedazo de cadena en algún lado o fabricar un linchaco. Mostrar un arma de fuego significa que ya se tiene acceso a ellas. Y para que exista la infracción se requiere que concertadamente se exhiban armas de fuego; vale decir, tiene que tratarse de más de una persona, haber conseguido más de un arma de fuego y exhibirlas en forma concertada. Eso sí que es hacer propaganda a organizaciones terroristas, o puede presumirse que lo es.

En cuanto a las ceremonias cívicas, por lo general ellas se efectúan en los establecimientos de enseñanza y tienen el carácter de actos educacionales. Por eso no las incluimos en el texto. Procuramos consignar el agravante sólo respecto de lugares específicos: locales educacionales o religiosos. Ese es el agravante. Si la exhibición de armas de fuego se hace en otra parte, en una concentración política u otra, no tiene tal agravante.

Ese es el delito de propaganda sancionado en el inciso primero.

El señor DÍAZ .-

¿Me permite?

Yo me refería, por ejemplo, a la conmemoración del 18 de Septiembre. Por supuesto que no se trata de una manifestación educacional, ni de una ceremonia religiosa: es un acto cívico.

El señor DÍEZ-

¿ Es un acto educacional. No hay duda alguna al respecto.

El señor DÍAZ .-

¡Por favor! Si para un 18 de Septiembre hay desfile militar en el ex Parque Cousiño, no estamos ante un acto educacional. Y lo mismo ocurre con un homenaje a Arturo Prat .

El señor DÍEZ.-

Bueno, eso es castigado en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero del proyecto.

Ahora estamos hablando de agravantes, que son los típicamente relacionados con la formación de la juventud, o con la práctica religiosa.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede recuperar su derecho el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , me llamó la atención una frase de la distinguida señora Senadora que habló antes: los jóvenes dicen que no los comprenden y que no se les permite expresarse.

He sido profesor universitario durante más de 36 años, he integrado centros de padres, he tenido relación directa con la juventud, y no concibo que los adolescentes se manifiesten a través de este tipo de actos, que realmente son delictivos.

No hay que confundir la expresión normal de los muchachos, que puede ser de alegría, de júbilo -incluso, uno puede entender lo que pasa en ciertos espectáculos musicales, a los que algunos dan el carácter de culturales-, con algo que es absolutamente distinto: concertarse a fin de aparecer en público haciendo propaganda a organizaciones o grupos terroristas.

A mí no me van a decir que impido a la juventud ser natural, si a un muchacho le digo: "Mire, señor, usted no puede hacer propaganda a organizaciones o grupos terroristas", porque, lógicamente, estamos precaviendo el desconocimiento y destrucción de los valores éticos y morales más fundamentales que informan a los jóvenes. Respeto en grado sumo a la juventud chilena y creo que la mayoría de ella posee esos valores. Son pocos los desquiciados que están participando en este tipo de actos. Pero la finalidad se cumple de otra manera: cuando la juventud sabe que puede cometer acciones reñidas con los principios éticos y morales sin que tenga sanción alguna, es muy fácil llevarla a equivocar su proceder. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con los integrantes del Movimiento Juvenil Lautaro? Se les motiva a salir a la calle con banderas y fusiles, delante de Carabineros, y muchas veces ha pasado que disparan al aire. Eso, simplemente, es exacerbar una irresponsabilidad y convertir en héroes a quienes no lo son, porque, por lo contrarío -como muy bien dijo el Senador señor Díaz- , se están proporcionando los medios para que gente adulta haga actuar a los jóvenes, a fin de no asumir ella la responsabilidad.

La idea básica detrás de todo esto -creo que en ello participamos todos los Senadores- apunta a que debe combatirse el terrorismo con todos los medios que haya al alcance. Y no puede quedar como lícito, sin sanción alguna, el hecho de salir a la calle y hacer la apología del terrorismo, usando banderas, sacando armas e incitando, en el fondo, a unirse a la parte terrorista. Porque eso no tiene justificación alguna para los jóvenes.

La señora SOTO.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor OTERO .-

Con la venia de la Mesa, se la concedo con mucho gusto, Su Señoría.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto .

La señora SOTO .-

Señor Senador, me parece que los casos más graves están tipificados en la Ley de Seguridad del Estado De manera que, en el fondo, una disposición de esta naturaleza sería inútil.

El señor DÍEZ.-

Esa normativa legal requiere, para operar, de una acción del Ministerio del Interior, quien puede desistirse de ella. Aquí se trata de una simple denuncia de Carabineros, vale decir, hay una acción pública, y el juzgado del crimen debe proceder de oficio.

La señora SOTO.-

En ese caso puede sospecharse del Ministerio.

El señor DÍEZ.-

Pero eso sería transformar la situación en un hecho político.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ruego a Sus Señorías terminar con los diálogos.

Puede continuar con el uso de la palabra el Senador señor Otero.

El señor OTERO .-

Al respecto, nosotros tenemos una obligación ética y moral, cualquiera que sea el pensamiento político de cada uno, si realmente se posee una concepción democrática. Porque la peor lacra que puede existir en un país es el terrorismo. Y esto debemos condenarlo de manera muy clara y, además, establecer que su promoción y difusión son ilícitas y sancionar al joven que incurre en tales actos. Nadie en esta Sala podría negar el espíritu democrático del pueblo inglés, puesto que en todas partes del mundo -nunca he escuchado lo contrario- se dice que Inglaterra es la cuna de la democracia y del respeto al ser humano y a las libertades. Sin embargo, con motivo de la discusión general del proyecto leí en este Senado las normas de la legislación de ese país, y son muchísimo más severas que las que establece la iniciativa en estudio. Y en esa nación a nadie se le ocurrió decir que se estaba conculcando a la juventud o impidiendo la libre expresión del ímpetu de esa edad.

No creo que la legislación que se pretende consagrar vaya a afectar a la inmensa mayoría de los jóvenes chilenos, porque éstos poseen principios y concepciones éticas y morales y se han desarrollado en un ambiente de democracia y respeto. Por eso, al establecer una sanción, se está impidiendo, precisamente, que terceros extraños se aprovechen de la juventud para embarcarla en este tipo de acciones, cuya finalidad es muy clara: captar nuevos adeptos. Porque, como es obvio, aquéllos apelan a la falta de madurez de las personas que no tienen una línea ética o moral clara para inducirlas a creer que esto es lo bueno, lo lícito y lo que las convierte en prohombres o héroes.

Ese es el objeto de esta legislación. No tiene como finalidad reprimir ni limitar a la juventud. Por el contrario: pretende defenderla y proteger a la democracia y, fundamentalmente, la vida de los chilenos cuando éstos son atacados por las organizaciones terroristas. Con ella estamos frenando un elemento importante: la propaganda, la difusión y el creer que esos grupos son dignos y deben ser publicitados, y a los cuales se invita a la gente a participar. ¡No, señor Presidente ! El terrorismo es una lacra, un crimen, no tiene justificación y debe ser combatido por todos los medios legítimos a nuestro alcance.

Por eso, concurriré a votar favorablemente este proyecto de ley.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , son múltiples las formas en que se puede combatir el terrorismo, y, obviamente, una de ellas es la legal, fuera de la cultural y de la educacional, y de terminar con las condiciones sociales y económicas que puedan hacer viable el hecho de que un grupo terrorista tenga éxito. Ciertamente, las disposiciones legales no resultan suficientes ni son las únicas que permiten combatir ese mal. Si así fuera, creo que la solución del problema sería muy simple: bastaría con legislar y dictar normas, para lo cual este Congreso debería destinar día y noche. Sin embargo, pienso que los preceptos legales, como siempre, permiten ir encauzando determinadas conductas. Y el proyecto en debate -estoy cierto de que, en definitiva, no terminará con el terrorismo¿ es un elemento más que contribuirá a erradicar ese flagelo de nuestro país. ¿Por qué razón- Porque el terrorismo es la máxima expresión de la violación de los derechos humanos, como se consigna en el artículo 9° de la Constitución Política.

La iniciativa en análisis debe ser bien entendida: tiene por objeto evitar la propaganda de ese mal; la que se efectúa en lugares públicos, y no en sitios privados. O sea, la difusión del terrorismo, consistente en hacer presente a aquellos que observan tales hechos las bondades de éste, en invitarlos a adherir a él y también a seguir sus procedimientos. Esa es la propaganda. Vale decir, invitar a quienes ella va dirigida a integrarse al terrorismo, a formar parte de esa asociación, o, en definitiva, a que a través de la difusión sientan simpatía por el movimiento. Por lo tanto, es extraordinariamente grave -además, es una de las cosas que repugna a la conciencia- permitir la realización de propaganda para que esos grupos, finalmente, logren tener éxito en la ejecución de los repudiables delitos que nuestra legislación califica como terroristas. Y el objetivo de este proyecto es impedir tales conductas.

En el inciso segundo del artículo único de la iniciativa se establecen presunciones, es decir, casos en los que se facilita la prueba, y éste es el sentido de ellas. Al respecto, y en relación a lo señalado por el Senador señor Díaz en cuanto a que podrían emplearse otros instrumentos, cabe aclarar que la ley también lo permite. Pero en ese caso no se presume. Naturalmente, si se prueba y acredita el hecho, es posible castigar el uso de otras armas, distintas de las de fuego. La disposición del inciso segundo se refiere a la exhibición de armas de fuego en lugares públicos, lo cual permite facilitar la prueba del delito; pero no excluye, en caso de que la propaganda se realice por otros medios que se acrediten debidamente en el proceso, que la acción pueda ser sancionada con esa norma.

Ahora bien, en cuanto a la observación formulada recientemente, en el sentido de que la normativa perjudica a los jóvenes, porque éstos a los 16 ó 17 años tienen un espíritu romántico que podría invitarlos a adherir a esos actos, debemos tener presente que, conforme lo preceptúan las normas vigentes, la responsabilidad penal comienza a los 18 años. De manera que antes de esa edad el muchacho no estaría sujeto a tal responsabilidad, a menos que el juez de la causa determinara que ha obrado con discernimiento. Por lo tanto, también existe un resguardo en este caso. Así que la iniciativa, al igual como todas las leyes penales, no va dirigida a los menores de 18 años, sino a quienes están por sobre esa edad y hacen propaganda terrorista.

Ese es el sentido del proyecto de ley. Y estamos conscientes de que es un elemento más para contribuir al combate en el que todos nos encontramos empeñados. Porque permitir que las personas hagan propaganda e inviten a adherir o participar en movimientos terroristas, o aplaudir esos actos, en definitiva constituye un hecho extraordinariamente grave, y la ley, naturalmente, debe sancionarlo con las normas que establece la iniciativa en comento.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , entiendo que es segunda vez que discutimos el proyecto, y esta versión es mejor que la anterior, por cuanto las penas han sido rebajadas. Sin embargo, me parece que hay legislación suficiente, o sea, está el marco legal para combatir y desmotivar el terrorismo.

La iniciativa contempla la tipificación de un nuevo delito, el cual resulta bastante vago y puede llevar a la comisión de errores o de abusos. Me refiero al despliegue de banderas o emblemas que identifiquen a una organización conocida como terrorista. Y tengo la impresión de que la aplicación de esta norma puede conducir a situaciones muy confusas, porque, incluso, no sé si se podría considerar como terrorista, por ejemplo, a la gente que ande con la esvástica, lo cual está de moda, Y para mí eso representa uno de los terrorismos más brutales que ha habido en el mundo. Por lo tanto, considero que esta segunda figura es más discutible, ya que la primera está conformada de manera más precisa, en comparación con los proyectos anteriores.

En consecuencia, creo que el punto en discusión no es sobre el terrorismo, sus causas o la necesidad de combatirlo -a mi juicio, sobre esto hay en el país bastante unanimidad-, sino que se trata de un debate acerca de los medios y de los instrumentos que se emplean en acciones de esa índole, y, particularmente, si la normativa en estudio sirve, desde el punto de vista jurídico, para combatir aun más ese flagelo.

En mi opinión, se trata de una iniciativa superflua, y por consiguiente, anuncio mi voto en contra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , a fin de no fundamentar mi voto, deseo anunciar que me pronunciaré en contra de la iniciativa. Y ello, no porque esté favoreciendo el terrorismo.

Acá se ha dicho que deben darse señales. En primer lugar, quiero salir de la presunción fácil de que, cuando un Senador se opone a la ley en proyecto, inmediatamente lo colocan en el otro extremo. A mí no me satisface lo que este texto pretende perseguir. Tengo en mi poder los informes de los especialistas, quienes afirman que describir ciertas conductas o establecer presunciones no se ajusta adecuadamente a las exigencias del Derecho Penal. También se destaca que el propio Congreso Nacional ha derogado otras normas que establecían apologías o presunciones muy poco definidas.

El hecho claro indica que en el país estamos enfrentando el terrorismo como corresponde, con las armas de la democracia, que permiten diversos cambios en la legislación para hacerla más operable. Así hemos procedido y estoy dispuesto a concurrir con mi voto favorable respecto de aquellas iniciativas sobre las cuales esté convencido de que son las correctas. ¡Porque los que nunca hemos empuñado un arma contra alguna persona, los que nunca hemos callado cuando se ha asesinado a otros, quienes nunca hemos permanecido sin hacer lo que corresponda cuando sufre un ser humano, no aceptamos que se nos ponga en una posición distinta!

Por lo tanto, no estoy de acuerdo con este proyecto de ley, porque no es la mejor manera de seguir enfrentando el terrorismo, si se considera el éxito que ha tenido este Gobierno. Y si se trata de mejorar la legislación hacia adelante, aportemos nuevos antecedentes. Recuerdo que la iniciativa primitiva contenía dos artículos, y valoro que sus autores hayan considerado opiniones críticas que se expresaron en su momento. Ahora bien, ¿podría decirse que en este país una persona puede salir con armas a la calle, y permanecer impune? Pienso que no, por cuanto existe la Ley sobre Control de Armas, y se encuentra tipificado el delito relativo a la tenencia de éstas. Y si Carabineros se topa en la vía pública con sujetos que pueden andar portándolas en un acto de cualquier naturaleza, no necesita de la normativa en análisis, porque dispone de la Ley sobre Control de Armas. Además, si se ejerce con amplitud la legislación antiterrorista, ello es perfectamente posible.

Estoy dispuesto a buscar y a aprobar cualquier cambio en la legislación que permita avanzar en ese terreno. Me parece interesante que incluso en el Senado se hayan establecido acuerdos para definir, por ejemplo, las funciones de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones. Eso refleja un amplio consenso en la Cámara Alta, como ya se expresó en la Comisión de Constitución.

Para los que no somos especialistas es útil conocer la opinión de los magistrados.

¿Qué casos existen donde alguien detenido por este tipo de actos haya quedado libre de polvo y paja? Me gustaría saberlo, porque aquí se dice que en el juicio tanto, detenido don Fulano de Tal, por exhibición de banderas y armas, fue imposible imponer un castigo porque no había ley.

Si eso constara, cambiaría mi voto de inmediato. Si en vez de presunciones abstractas, hubiese tal o cual fundamento, aprobaría el proyecto. Pero reclamo mi derecho de hacerlo sólo cuando esté convencido de las ventajas de una iniciativa y de que no tiene carencias.

Si el informe de la Comisión es enriquecido, mejor. Esta materia será debatida nuevamente, y estoy dispuesto a cambiar mi opinión sobre el proyecto. Pero, por ahora, digo clara y respetuosamente que lo rechazo, por no creer que sirva para enfrentar el terrorismo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , voy a formular una observación y una proposición.

La Comisión sostiene que "Se entiende por propaganda la acción de difundir doctrinas y opiniones, con el objetivo de atraer adeptos, y también la asociación formada con tales fines.". Y agrega: "Es apología el discurso de palabra o por escrito hecho en defensa o alabanza de personas o cosas.".

Quiero traer a colación un trozo de la historia.

En una oportunidad un grupo de jóvenes nazis, muchos de ellos estudiantes universitarios, se atrincheró en el Seguro Social, y fueron asesinados por el solo hecho de profesar -a lo mejor, por ser jóvenes- una doctrina equivocada. Todavía lloramos ese episodio.

Estimo peligrosa la forma como se está normando la situación. Pero, en todo caso, por tratarse de un asunto de conciencia, solicito votar en forma secreta.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Entonces, así se hará, de acuerdo con el artículo 144 del Reglamento.

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , sólo deseo rectificar algunos planteamientos que se han hecho.

El delito sancionado en la Ley de Seguridad del Estado, de apología de la violencia, no es igual al que se establece en este proyecto. Aquél es completamente distinto, está tipificado en forma diferente, con sanciones diversas y con un procedimiento y un titular de la acción opuestos. En el primer caso se contemplan penas extraordinariamente severas, muy diferentes de las que propone el proyecto en discusión.

Quiero destacar que la conducta tipificada en esta iniciativa es la "propaganda del terrorismo", no la exhibición de armas, que es una forma mediante la cual se hace propaganda del terrorismo, pero no es la conducta descrita en el proyecto.

Ahora bien, un señor Senador se refirió a los casos en que esas conductas han quedado impunes. Son numerosos. Basta con leer la prensa; en los cementerios, cuando se realizan determinados funerales, normalmente se efectúan actos de propaganda a determinados grupos y organizaciones terroristas. Eso ocurre con bastante frecuencia.

El señor ORTIZ .-

¿ ¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor FERNÁNDEZ. -

Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Ortiz.

El señor ORTIZ . -

Señor Presidente , sólo quería llamar la atención de nuestro colega y amigo el Honorable señor Hormazábal , a quien el Senador señor Fernández está absolviendo sus interrogantes, y no me gustaría que no se diera cuenta de ello.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , agradezco la preocupación del Honorable señor Ortiz , pero estoy en condiciones de escuchar. Ya que estoy con el uso de la palabra, quisiera hacer la siguiente pregunta. En la versión que da el Senador señor Fernández , introducida y no traducida por el Honorable señor Ortiz , de los casos en que se ha producido este tipo de actos, con exhibición de armas, como constaría en fotografías, ¿qué responsabilidad cabe a Carabineros, Investigaciones u otros organismos en no haber hecho cumplir la ley?

Hace poco se detuvo a un señor al que se acusa de ser narcotraficante, a cuyo auto de reo se agregó el hecho de habérsele encontrado un arma. Si esta gente, en algún entierro, desfile o lo que sea, porta armas, infringe la Ley sobre Control de Armas.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Perdón, señor Senador. Estaba con el uso de la palabra el Honorable señor Fernández .

El señor FERNÁNDEZ .-

Lo que pasa, señor Presidente , es que el delito no es portar armas, sino hacer propaganda al terrorismo. Y a eso me estaba refiriendo. El delito, tal como señala el inciso primero del artículo único del proyecto, es realizar "actos de propaganda del terrorismo o de grupos u organizaciones terroristas". Y el inciso segundo del mismo precepto contiene una presunción, esto es, se presume que incurren en tal infracción los que exhiban en lugares públicos armas de fuego. Ya dije que con ello se facilita la prueba, pero la propaganda del terrorismo no se ejercita ni se lleva a cabo solamente mediante el uso de armas, sino en cualquier forma. Y eso no está sancionado en nuestra legislación; en ella sólo se castigan los delitos en contra de la Seguridad Interior del Estado, cuya acción corresponde ejercer, exclusivamente, al Ministro del Interior . De tal manera que, si ha habido casos en que se haya exhibido armas, vulnerándose las normas de la Ley de Seguridad del Estado, no me encuentro en situación de responder por qué no se han iniciado los requerimientos correspondientes conforme al citado cuerpo legal. Pero repito: no es necesaria la exhibición de armas para que se cometa el delito tipificado en el inciso primero del artículo único del proyecto.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER .-

Sólo dos acotaciones, señor Presidente . La primera para manifestar que, como la votación va a ser secreta, quiero dejar constancia de que estoy pareado.

Respecto de la alusión que hizo una distinguida Senadora a los hechos acontecidos el 5 de septiembre en el Seguro Obrero, como soy un poco más viejo -es decir, mucho más viejo que algunos y un poco más viejo que otros-, los recuerdo muy bien.

En realidad, no se trataba de un grupo de jóvenes idealistas. Ahí hubo una conjunción de cosas distintas. Se produjo lo que se llamó entonces un "putsch", un asalto armado contra el Gobierno, y previamente se asesinó a un carabinero que estaba cuidando el edificio del Seguro Obrero. Con posterioridad, hubo un atrincheramiento en la torre de la misma entidad, con una fuerte acción armada, a la que siguieron hechos muy lamentables, entre ellos el asesinato de muchos jóvenes que estaban, sí, involucrados en una acción evidentemente violenta.

Pero sería muy largo examinar ese acontecimiento. Sólo quería precisar que, en mi concepto, no se trató de una manifestación de juventudes que expresaban un ideal; fue una acción sumamente violenta, con un desenlace tremendamente doloroso.

Nada más, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , deseo dejar establecida una cuestión central.

Las leyes tienen su fundamento en las visiones que poseamos sobre las necesidades que se producen en la sociedad. Y en el ámbito de trabajar contra el terrorismo se ha producido hoy día en la sociedad chilena afortunadamente un gran acuerdo, que ha iluminado la forma en que hemos estudiado distintos proyectos de ley.

El que nos ocupa contiene elementos que, a mi juicio, no entregan aportes positivos a la situación descrita. Se ha señalado que es un delito diferente la propaganda del terrorismo. ¡Pero evidente! Lo que yo indiqué es que no puede fundamentarse esta iniciativa en que quien exhiba armas quede impune, porque, aunque no las exhiba y las porte de manera clandestina, está cometiendo el delito sancionado precisamente en la Ley sobre Control de Armas. Se exhiba o no se exhiba el arma, esté cargada o no esté cargada, el delito es el mismo. O sea, la autoridad que conozca de este acto, que vea que hay personas que realizan tal actividad, puede detenerlas. Lo que aquí se dice es que, además de haber responsabilidad en los términos de la Ley sobre Control de Armas, existiría otra característica: se presumiría que son actos de propaganda del terrorismo. ¡Si entiendo que son dos delitos distintos! Pero la forma jurídica en que viene planteada la situación a mí no me satisface. Y no me satisface porque existen opiniones de profesores de Derecho Penal que consideran que ésa no es la mejor manera de enfrentar el punto.

A los jóvenes idealistas les diría -ojalá se mantuvieran idealistas, aunque dejaran de ser jóvenes- que no podemos dar señal alguna de que, por ser jóvenes, pueden usar las armas del terror. Creo que aquí, en el Senado, no hay nadie que discuta eso. No se trata de excusarse en la juventud para usar elementos propios de la destrucción. Al contrario: quizás el mejor llamado a los jóvenes -que por naturaleza sicobiológica siempre aparecen como contestatarios del sistema en el cual recién empiezan a insertarse- sea el de que, si no quieren ser presa de los odios pasados y de los horrores, tienen que aprender que la modalidad correcta no son las armas ni los métodos del terrorismo. De modo que, aplicando las leyes generales existentes sobre el particular, no hay ningún ciudadano chileno que se pueda excusar en la edad para llevar a cabo actos de terrorismo. Eso es un hecho evidente.

Pero insisto en mi punto de vista, por las argumentaciones que he escuchado y porque no hay otros elementos. Si hubiera fallos de tribunales que acreditaran que se deja en la indefensión a la sociedad o que quedan en la impunidad quienes realizan este tipo de actos, estaría dispuesto a cambiar mi posición contraria. Y aprovecho de reiterarlo en público, aunque reconozco el derecho reglamentario de votar en secreto. Creo que corresponde en muchas ocasiones, pero yo digo lo que pienso de cara al país, aceptando desde ya que puedo estar equivocado según la opinión de algunos, pero prefiero ser consecuente con lo que pienso y no con el qué dirán. Gracias, señor Presidente.

La señora FREI.-

Señor Presidente , voy a votar en contra este proyecto. Como se ha pedido votación secreta, lo quiero decir claramente, porque comparto muchas de las apreciaciones del Honorable señor Hormazábal , y además porque no me parece que se pueda mezclar o tipificar de igual forma el uso o porte de armas de fuego que el despliegue de banderas o emblemas.

Muchos fines de semana veo en las esquinas de la Capital a grupos con pendones y capas rojas, los que, a mi juicio, son realmente grupos terroristas. Pese a que usan banderas, insignias y emblemas, nunca han sido calificados como terroristas por muchos Senadores presentes que tal vez comparten la ideas de estas personas de rojo que se paran en las esquinas. Yo no estoy de acuerdo, y los considero tan terroristas como el joven que despliega una bandera o lleva una insignia que lo identifica con un grupo político. No me parece que se puedan mezclar ambas cosas.

Además, como muy bien dijo el Honorable señor Hormazábal , el Gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para combatir el terrorismo. Muchas veces se ha oído en esta misma Sala pedir atribuciones para las Fuerzas Armadas o, como en este caso, para Carabineros, con el fin de que asuman su responsabilidad. A ellos les compete el orden público y a ellos se les están dando facultades para castigar a quienes porten o usen armas de fuego.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Presidente .

Creo que existe consenso sobre varios puntos y, aparentemente, las discrepancias apuntarían, más que al fondo del proyecto, a uno de los incisos de su artículo único, y, al respecto, me gustaría efectuar algunas consultas a los Senadores que estudiaron a fondo el proyecto en la Comisión y en particular a sus autores, para ver si acaso estoy en lo correcto.

En primer lugar, tengo entendido que en Chile no existe legislación que castigue a quienes hacen propaganda al terrorismo. Si así fuere -como creo que ocurre-, estaríamos discutiendo, antes de entrar al tema de las presunciones, si debe haber o no una ley que sancione una acción de esta naturaleza. Actualmente, de acuerdo con mi información, ninguna norma legal condena en forma expresa la propaganda al terrorismo. De manera que, por lógica, todos los que rechacen estas acciones y el terrorismo en sí, deben estar dispuestos a impedir que en forma legal, abierta y pública se haga la apología de algo que todos condenamos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí es efectiva la premisa de que ninguna ley castiga específicamente el delito de hacer propaganda al terrorismo, este proyecto estaría llenando un vacío en la legislación actual.

En segundo término, la iniciativa en estudio no distingue, en lo tocante a sanciones, diferentes formas de efectuar tal propaganda, porque, indudablemente, si bien la categoría misma es en su totalidad condenable, no es igual, en mi opinión, que aparezcan cien personas mostrando metralletas en forma amenazante, a que lo hagan otras cien con banderas y emblemas.

El Senador señor Fernández me está solicitando una interrupción que, con la venia de la Mesa, le concederé.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede usar la palabra el Honorable señor Fernández .

El señor FERNÁNDEZ .-

Gracias, señor Senador.

Solamente para aclarar que el proyecto distingue las distintas sanciones, ya que en el inciso primero de su artículo único se indica que la escala de penas va de presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a medio. Es decir, el juez, por aplicación de las reglas generales de las atenuantes o agravantes, graduará la pena conforme a la importancia del acto. De modo que la distinción está contemplada tanto en el inciso primero como por aplicación de las normas generales del Código Penal.

El señor PIÑERA.-

Obviamente que la pena no es única y el juez puede discriminar respecto de la que aplicará en cada caso particular. Pero en esta iniciativa, a diferencia de otras leyes que sí distinguen la pena dependiendo del delito que se comete, no existe tal definición.

El punto susceptible de discusión ¿y, de hecho, el debate se ha centrado en este aspecto¿ es si las presunciones que aquí se proponen son todas las que debieran estar y si son exhaustivas o excesivas, pero, al parecer, nadie ha cuestionado que debiera haber una norma que, en forma clara, precisa y de comprensión simple y fácil para toda la ciudadanía ¿cosa muy importante en una disposición de esta naturaleza¿ castigue el acto de hacer propaganda al .terrorismo.

Adicionalmente a la existencia de una ley que sancione la tenencia de armas sin los permisos pertinentes, quiero recordar que aquí no se propone castigar a quien las porte, sino algo que va más allá de ese mero hecho -condenado, por lo demás, en la Ley de Control de Armas-, que se plantea como una presunción: el acto de exhibir, en forma concertada, armas de fuego en lugares públicos. Se entiende que detrás de ello existe la voluntad preconcebida de provocar terror en la población.

Por lo tanto ¿siguiendo los argumentos formulados anteriormente por el Senador señor Hormazábal ¿ yo no confundiría el delito de portar armas en forma aislada ¿castigado, como dije, en la Ley de Control de Armas¿ con el de hacer apología, en forma concertada y con el ánimo de provocar temor, del terrorismo de grupos terroristas en lugares públicos, mostrando armas de fuego.

Creo que el proyecto debe ser aprobado por el Senado porque llena un vacío de nuestra legislación y, además, su contenido y mensaje es de meridiana claridad para toda la ciudadanía, a diferencia de los delitos que marginal o tangencialmente podríamos encontrar en otras leyes, y susceptibles de ser tipificados en forma equivalente.

En lo tocante a la presunción, me gustaría que los señores Senadores que participaron en las discusiones de la iniciativa en la Comisión pudieran enriquecer este debate, porque en ella se formularon distintas ponencias sobre la mejor forma de establecerla, y que, indudablemente, no pretende ser exhaustiva. El juez deberá juzgar en conciencia si hubo o no un acto de propaganda al terrorismo.

Pero aquí simplemente se está haciendo presunción respecto de dos maneras de .efectuar propaganda, en circunstancias de que pueden existir muchas otras. Y, por simetría dentro del proyecto, sería interesante saber por qué fueron excluidas otras formas de presunción, según se desprende del informe de la Comisión.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Huerta.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente , Honorables colegas, en dos oportunidades se ha sostenido que en ausencia de normas legales, Carabineros de Chile debe proceder.

Esa Institución no dicta las leyes, sino que le corresponde hacerlas cumplir cuando son de acción pública. En consecuencia, si no existen normas legales sobre una materia, no puede actuar. Pero en asuntos de multas Carabineros está facultado para proceder, y tocante a crímenes y simples delitos, está obligado a hacerlo. Además de ser una facultad legal, se trata de una obligación profesional

Hay personas que poseen armas inscritas y están autorizadas para portarlas. En ese caso Carabineros no puede actuar; sí lo puede hacer cuando se hace mal uso de ellas. Esto complementa y aclara lo señalado por el Senador señor Piñera .

No creo necesario definir lo que se entiende por arma, porque todos conocen su definición. Arma es todo instrumento que sirve para herir, matar, atacar o defenderse. Hay armas blancas, de fuego, químicas, biológicas; es muy larga la lista de los diferentes tipos. Hace poco se mencionó la romántica honda, que se remonta a los tiempos de David, pero que también ha evolucionado, en forma de que hoy día la bolita de acero de un rodamiento, lanzada con un arco metálico y elásticos dobles, ha costado la vida a varios de nuestros hombres o los ha dejado físicamente imposibilitados. De manera que dejémonos de romanticismos y volvamos a la realidad.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , aquí se han dado bastantes argumentos en favor de la iniciativa, pero según un dicho popular "lo que abunda no daña". Si este proyecto viene a llenar un vacío legal ¿que existe, según algunos, y comparto esta opinión¿, es conveniente aprobarlo.

Por otra parte, en la iniciativa se tipifica el delito cuando hay concertación; o sea, cuando varias personas acuerdan juntarse para realizar una manifestación y hacer apología del terrorismo. No se trata de que una o dos personas salgan a la calle a gritar y mostrar un revólver o una escopeta. Es una concertación -y los miembros de la Concertación saben lo que esta palabra significa-, un acuerdo de varios individuos pertenecientes a esos movimientos, y que deciden realizar una manifestación para infundir terror en la población, hacer propaganda y ostentación de su actividad terrorista y de su intención de...

El señor NAVARRETE .-

¡Pero eso no lo hace la Concertación!

El señor ALESSANDRI.-

¡Pero, por favor! ¡No!

Por tales razones, señor Presidente , considero que se justifica plenamente la aprobación del proyecto. Pero tampoco estimo que la persona que vote en contra está haciendo apología del terrorismo. ¡Válgame Dios de pensar una cosa así de uno de mis Honorables colegas! Sencillamente son diferencias de opiniones sobre la conveniencia o no de aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Personalmente, estimo que sí, y por eso la votaré favorablemente.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Lagos.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente , votaré a favor este proyecto de ley porque llena un vacío de nuestra legislación.

Represento a una zona que limita con un país que ha sido víctima del terrorismo ¿materia que hoy analizamos¿, como lo es la República del Perú, donde ya ha habido más de 250 mil muertos. Y precisamente con emblemas y armas atemorizaron a la población; o sea, los resultados de la propaganda del terrorismo se encuentran allí a la vista.

Por eso, de cara al país, votaré que sí.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , no quería dejar pasar esta oportunidad para manifestar mi rechazo por la comparación que se hizo entre jóvenes que visten uniformes con capa y banderas de color rojo con otros que usan atuendos de igual color. Si la señora Senadora se refería a miembros del Partido Comunista, naturalmente que ella no cabe, porque se trata de un partido político, pero si acaso la alusión corresponde a un grupo católico que también utiliza capa roja, es una barbaridad.

Dejo constancia de mi categórica oposición a esa lamentable observación.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , entiendo que este mismo debate se produjo tiempo atrás y fue bastante lato. En esta ocasión, se ha pedido votación secreta, y, por lo tanto, debería mantenerse el sigilo del voto. Sin embargo, varios señores Senadores han expresado sus puntos de vista favorables o negativos al proyecto en estudio. En lo que me atañe, no podré votar por encontrarme pareado con el Senador señor Ríos, lo cual debo respetar, previa confirmación con el Comité de Renovación Nacional, pero creo que la importancia del tema justifica un pronunciamiento al respecto.

Estimo que si se estudia la iniciativa en profundidad, debiera concluirse que es irreprochable. No obstante, hace mucho tiempo que tengo la convicción de que la violencia y la expresión pública del terrorismo tienen raíces más profundas de las que pudieran desprenderse de cualesquiera de estas proposiciones de ley, y me abriga el temor de que, en una democracia que nace, estemos promulgando demasiadas leyes que limitan la expresión de la gente.

Considero que todos hemos dado fe de que el terrorismo es ajeno a nuestro pensamiento. El uso de la fuerza, la violencia, el poder del más fuerte, el abuso de ese poder, la forma de construir una sociedad sobre la base de limitar las opiniones ajenas, no forman parte del sentir, por lo menos, del Senador que habla, porque con relación al tema no existe votación de bancada, sino que cada uno lo hará conforme a su conciencia. Pero a lo largo de los años he aprendido también que no siempre es posible señalar qué es lo bueno o lo malo en esta materia, porque, desgraciadamente, se asume con demasiada frecuencia que quien resuelve al respecto posee la verdad.

Si se estudia la relación directa entre los distintos movimientos que postulan una fórmula de construcción de la sociedad sobre la base de cambios violentos, estoy cierto de que comprobaremos la existencia de diferentes matices en todos ellos.

No me agrada estar limitando la expresión de la gente. Si hay quienes hacen ostentación del terrorismo, deberemos convencerlos de que ése no es el camino y, como sociedad, actuar de tal manera que logremos este objetivo.

Estoy seguro de que muchos de los señores Senadores presentes considerarán esto una utopía, que es una suerte de visión angelical; pero la verdad es que cuando se toma el camino distinto del pensar que es posible coartar toda expresión porque, a juicio de quien tiene el poder, ello es conveniente para la sociedad, hemos llegado a extremos tan peligrosos como los que deseamos evitar. Es lo que ha pasado en nuestra patria y en otros países con distintos signos políticos. Ha sucedido con grupos que buscan la lucha de clases, con quienes sustentan como tesis la soberanía nacional, e incluso sobre la base de ideas religiosas.

Por lo tanto, cuando se discute un proyecto como éste, no sólo tenemos que estudiar exactamente lo que aprobamos, cuáles serán sus efectos, sino también cómo puede repercutir su mal uso sobre la libertad del hombre, a consecuencia de su aplicación arbitraria por algún Gobierno.

En el fondo, estamos ante la vieja discusión acerca de las relaciones entre la autoridad y la libertad. Sé que corremos graves peligros si no aprobamos una legislación -no hablo de este proyecto, sino en general¿ que permita a la sociedad defenderse del terrorismo, pero, en demasiadas oportunidades, hemos visto lo que sucede cuando la autoridad empieza a limitar en exceso la expresión de las opiniones, en lugar de castigar los actos que se cometen en virtud de las mismas y son contrarios al bien común, a la sociedad o al derecho de las personas. Tenemos abundante experiencia en este sentido. El terrorismo espontáneo, de ideas, es muy nefasto, pero el terrorismo de Estado es demasiado fuerte como para que olvidemos sus efectos.

Sé que estamos entrando en un tema muy difícil, pero precisamente la distinta apreciación que se pueda tener respecto de determinadas opiniones -no hablo de conductas, porque el proyecto se refiere a la exposición de ideas- lleva al peligro que estoy señalando. Para algunos señores Senadores cuando se trata de determinadas ideas o colores, cabe hablar de terrorismo, mientras que para otros esas mismas ideas o colores no lo son. Y hay otros Parlamentarios que, a lo mejor, condenamos tanto esas expresiones como otras de distinto signo. Entonces, el problema reside en que con esta iniciativa no se castiga una conducta, aplicando la sanción que debe merecer quien mata o causa un daño con finalidades terroristas, sino la expresión de opiniones que pueden ser discutibles en un sentido o en otro, porque no está claramente definido qué es terrorismo.

Honestamente, creo que algunos llaman "terrorismo" -y lo digo porque lo condeno en todas sus formas- al de inspiración revolucionaria, y otros, al de la opresión que ejerce el orden establecido. Entonces, me preocupa mucho que, por este camino, lleguemos a generar un ámbito de sanción amplísimo y que vayamos envolviendo nuestra democracia de tal manera, con tantas protecciones y corazas, que terminemos, en definitiva, más que protegiéndola, enjutándola o creando una especie de círculo de hierro a su alrededor.

Señor Presidente , tal vez he cansado a mis Honorables colegas con una intervención respecto de una materia sobre la que no me podré pronunciar, porque estoy pareado, pero he creído conveniente exponer estas ideas, sobre todo para que exista claridad en torno a lo que pensamos acerca de un tema tan relevante.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente , mi intención era fundamentar mi posición durante la votación, pero como ésta será secreta, he decidido exponer ahora mis reflexiones.

Entendemos que el terrorismo es la búsqueda de objetivos políticos a través de medios violentos. Si la violencia no se ejerce en prosecución de objetivos de esa índole, se está frente a delitos comunes y corrientes.

Personalmente, no sé si debemos luchar contra este flagelo por la vía de aprobar iniciativas como ésta, la que, como decía el Senador señor Gazmuri , posiblemente sea superflua y no aporte nada a la legislación penal relacionada con este tipo de conductas, o si debemos hacerlo más bien combatiendo la extrema pobreza, las ominosas diferencias económicas y sociales existentes entre ciudadanos de un mismo país, pues son ellas las que generan el terrorismo, esa conducta equivocada de las personas que no ven otro camino para salir de situaciones que son francamente aplastantes para el ser humano.

Además, una legislación de esta naturaleza nos suscita otra reflexión. En la historia de Chile hemos conocido hombres inteligentes, ponderados, hoy brillantes abogados, que en otro tiempo alegaron ante la Corte Suprema y defendieron, incluso a Senadores que forman parte de este Hemiciclo, quienes en su juventud, llevados por sus convicciones, tuvieron actitudes y conductas terroristas. Ellos llamaron a derrocar un Gobierno por la vía de la violencia. Yo escuché ese discurso. Entonces, ¿por qué no habría que perdonar hoy a esos jóvenes que, llevados por el fervor propio de su edad, en un momento determinado tienen estas conductas, que no los hacen caer en la acción material, en el delito tipificado, en circunstancias de que luego, con la madurez y ponderación que brindan los años, podrán cambiar sus apreciaciones y convertirse en ciudadanos respetables?

Podría poner muchos ejemplos, pero no vale la pena hacerlo. Creo que este proyecto de ley es realmente peligroso. Se ha rechazado una indicación que formulamos conjuntamente con el Senador señor Navarrete a fin de que se eliminara el inciso cuarto del artículo único, que establece que la prueba se apreciará en conciencia. Pienso que, con criterio de abogado, es extremadamente riesgoso permitir la apreciación en conciencia en una materia como ésta, pues ello puede crear situaciones muy difíciles de remediar después de producidas.

En consecuencia, por lo expuesto y haciéndome eco de otras intervenciones en esta línea de pensamiento, votaré en contra de este proyecto, el que considero excesivo y superfluo, porque el delito que pretende castigar puede ser sancionado por otras normativas legales vigentes. Y he querido adelantar mi pronunciamiento, pese a que se ha solicitado votación secreta, porque otros ya lo han hecho.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , un proyecto que busque castigar con la mayor prontitud y eficacia a los miembros, colaboradores o propagandistas de grupos terroristas, naturalmente no puede sino concitar el máximo respaldo, por encuadrarse dentro de las necesidades que enfrenta el mundo de hoy, que tiende a una mancomunión ordenada y pacífica de sus miembros. Una iniciativa semejante es, además, especialmente explicable en este momento, cuando el país está saliendo de un largo régimen autoritario y cuando los partidos políticos que representan a las mayorías nacionales y que han demostrado madurez y disposición para trabajar en torno a un proyecto de país, se ven, en ciertas circunstancias -felizmente muy focalizadas y cada vez más distantes-, amenazados por grupos terroristas.

Sin embargo, la parte final del proyecto de algún modo lo desnaturaliza, le introduce vaguedad, de manera que lo deja como una especie de expresión de buenas intenciones. Y si se analizan en el informe las bases que lo animan, se advierte que carece de precisión desde el punto de vista jurídico. Sólo en el evento de que una conducta no esté tipificada como delito terrorista, la iniciativa le asigna una pena mayor. Entonces, uno se pregunta cuándo se podrá hacer esa diferenciación; de qué manera se podrá determinar que la acción de algún miembro, colaborador o propagandista de un grupo terrorista cae dentro del ámbito normado por la ley en proyecto. De aprobarse ésta, -no se estará coartando, más bien, la libertad de expresión y, en general, la del individuo- Francamente, creo que estamos entrando en un terreno en el que conviene asumir una posición muy cuidadosa, si no se desea que se transgredan o violen derechos fundamentales.

En la mañana de hoy hemos escuchado intervenciones de los Comités de esta Corporación en el sentido de poner de manifiesto el interés y la preocupación con que todos celebramos un nuevo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El mundo en que vivimos tal como he señalado- camina en una dirección de mancomunión, de armonía y de paz -eso hace absolutamente necesario introducir elementos que eviten que se puedan desarrollar o promover acciones que alteren esas normas de convivencia-; de ahí que hoy, más que nunca, pone el acento en valores que en algunas etapas de la humanidad han sido violentados, lo cual ha traído consigo grandes traumas y conflictos. Cada vez que se han introducido mecanismos coercitivos que violan estos derechos fundamentales, relativizándolos, el mundo se ha convulsionado y las sociedades, ciertamente, han enfrentado situaciones mucho más críticas que las que se pretendió evitar por su intermedio.

Creo que nadie en este Hemiciclo, ninguna persona que tenga representación popular o que forme parte de los partidos políticos que representan la inmensa mayoría del país puede estar en desacuerdo con un proyecto que busque castigar con celeridad y eficacia a los miembros, colaboradores o propagandistas de grupos terroristas; pero, al mismo tiempo, pienso que nadie que tenga conciencia de la tendencia mundial actual, del propósito que anima a nuestra sociedad, puede estar conteste en introducir mecanismos que aminoren el derecho a la libre expresión o que, de alguna forma, atenúen los derechos fundamentales de las personas. Para los radicales, la libertad es un principio irrenunciable. En el siglo pasado, él inspiró todas nuestras acciones, y, diría, está en la base misma de nuestra existencia. Y pocos son los partidos políticos creados con posterioridad a la época en que surgió el radicalismo que no lo hayan puesto de relieve como valor fundamental. Pero es en presencia de proyectos como éste cuando los principios se ven confrontados con el desafío de hacerse realidad, de ponerse en práctica, de no constituir meras declaraciones semánticas que, muchas veces, se pierden en la práctica política.

Por esa razón, creo que el carácter de vaguedad que se ha atribuido a este proyecto, el peligro de relatividad a que han aludido varios Honorables colegas, lo hacen cuestionable y suscitan una preocupación muy fundada por sus efectos. Naturalmente, son estas reflexiones las que me guiarán cuando, con arreglo al acuerdo adoptado, debamos proceder a votarlo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , se ha pretendido vincular el terrorismo con la pobreza, y resulta que eso no es tan efectivo. Al menos, hay casos evidentes que hacen pensar lo contrario. El Honorable señor Lagos hizo referencia al caso de nuestro país vecino, el Perú, pero se ha comprobado hasta la saciedad que la relación de Sendero Luminoso con la alta aristocracia peruana es estrechísima. De modo que no siempre van unidos.

Quiero recordar que en la década del 60 nacieron los primeros grupos terroristas en Chile, los cuales estaban vinculados a pudientes familias, especialmente de Concepción, e integrados por jóvenes universitarios de gran capacidad intelectual y de muchos recursos económicos, cuyos apellidos todos los señores Senadores recordamos, pues no hace mucho tiempo de ello.

¿Cuándo se originó el terrorismo en Chile en forma casi organizada? Cuando había un Presidente de la República democrático, que no era enemigo del pueblo, no era dictador ni estaba en contra de los pobres: Eduardo Frei Montalva , quien luchó contra la pobreza, instauró la democracia, la perfeccionó y dio organización al pueblo. Sin embargo, en ese entonces comenzó el terrorismo, no para luchar en contra de la pobreza, sino para desestabilizar y derrocar al Régimen instituido. El ex Jefe de Estado , don Eduardo Frei , según las encuestas, fue uno de los Presidentes chilenos que tiene el más alto aprecio y reconocimiento de nuestro pueblo.

Así que esa relación tan estrecha que pretende hacerse entre pobreza y terrorismo, a mi juicio, no es tan así.

Creo que también la idea es poderosa. Por algo dicen que "en el principio era el Verbo". Porque, dentro del terrorismo, hubo quienes fueron verdaderas personas míticas, como Fidel Castro -todavía vigente¿ y el Che Guevara , que inflamaron a las juventudes. Ellos actuaron en escenarios totalmente distintos, y muchos imitadores chilenos, en base a ese mito, tendieron a emular lo que hizo un Fidel Castro en Cuba o un Che Guevara en las sierras de Bolivia. Indiscutiblemente, el caso no era para trasladarlo a Chile, pero de todos modos lo hicieron.

A mi juicio, siendo los escenarios distintos, es conveniente aclarar que no existe tal vinculación permanente, porque cada vez que en Chile se descubre uno de esos cerebros del terrorismo, resulta que no son personas pobres, ni limitadas, ni incapaces, ni tampoco analfabetas, sino gente muy preparada e inteligente y habitualmente de grandes recursos.

Por último, deseo hacer una referencia a la acción que tienen la televisión y la prensa escrita y radial sobre el particular.

Es cierto que un grupo de activistas, propagandistas o apologistas del terrorismo actúa amedrentando a 200, 300 ó 400 personas en un colegio, en un acto cívico o en una población, pero cuando ello se transmite por la televisión y aparecen esos jóvenes como presuntos héroes, indiscutiblemente que el daño efectuado por esa transmisión y esa propaganda es mucho mayor. Y me parece que también en este ámbito debe acentuarse la acción para luchar decidida y frontalmente contra el terrorismo.

Quiero traer a la memoria una frase -no recuerdo el autor- muy pertinente, de una persona que, a propósito de libertad, expresó: "¡Oh, libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!"

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Había pedido la palabra el Honorable señor Pérez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , sólo deseo intervenir para expresar que aquí no está en juego la libertad de expresión de la juventud o de ciertos grupos para dar a conocer sus ideas.

Siempre las libertades humanas tienen restricciones compatibles con su existencia: la de expresión tiene la restricción y la excepción de la injuria; la concerniente a la política, la de ejercer el cohecho, y la económica, la del dumping o el no poder efectuar actitudes monopólicas. Por lo tanto, precisamente para resguardar esas libertades es necesario restringirlas cuando ellas se ven amenazadas por antivalores.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Siebert.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , concurrí con mi firma a patrocinar el proyecto en abril de 1991. Y, en esa oportunidad, expresábamos en la moción que se requería legislar -existía un vacío al respecto-, por la urgente necesidad de sancionar penalmente con prontitud, eficacia y severidad la desafiante conducta de las personas que participaban en los actos a que se refiere el proyecto. Lamentablemente, ha transcurrido un año y medio y todavía debatimos la iniciativa. Hace más o menos dos meses que se trató este tema en la Sala; luego volvió a Comisión, en donde se bajaron las penas, y, en este momento, nuevamente estamos discutiendo -llevamos más de 2 horas- en torno al mismo proyecto.

Desgraciadamente, por haber aceptado un pareo con el Senador señor Zaldívar , no podré expresar mi voto en esta oportunidad, y tampoco me será posible fundamentar mi posición, porque se pidió votación secreta.

Por eso, quiero ratificar mi apoyo a la iniciativa, que tiende a llenar un vacío tremendo de nuestra legislación, y esperar que hoy 10 de diciembre, en que se conmemora el día de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al menos en la primera instancia de la tramitación parlamentaria -que es ésta-, se apruebe el proyecto, porque es un hecho concreto que al Congreso corresponde determinar la forma de reprimir el terrorismo y los actos que conducen a él.

He dicho.

--Se aprueba en general y en particular el proyecto (19 balotas blancas y 5 negras).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República e informado por la Comisión de Relaciones Exteriores, que aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y de los Servicios Postales, suscrito entre las Repúblicas de Chile y la de Túnez el 25 de febrero de 1992.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 7ª, en 3 de noviembre de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 15ª, en 9 de diciembre de 1992.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión de Relaciones Exteriores propone aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.

El texto es el siguiente:

"Artículo único.-

Apruébase el "Acuerdo Marco de Cooperación para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y de los Servicios Postales entre la República de Chile y la República Tunecina", suscrito en Túnez, el 25 de febrero de 1992.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general y particular el proyecto.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Mc-Intyre.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , el proyecto en debate, al igual que el relativo al Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica suscrito entre Chile y El Salvador que aprobamos hace poco rato, es estereotipado, es decir, tiene una serie de puntos concordantes. Por ejemplo, a propósito de este último, cabe señalar que se firmaron otros semejantes con Colombia y Paraguay, y respecto del que ahora discutimos, es dable observar que también hay proyectos similares aprobados con Venezuela y Paraguay.

Túnez es un país bastante pequeño, sólo tiene un poco más de 7 millones de habitantes. La importancia del Acuerdo es directamente proporcional a la capacidad de mantener las comunicaciones entre ambos países.

Las principales disposiciones del Acuerdo establecen lo siguiente:

Las Partes, mediante los medios gubernamentales y empresas reconocidas del sector, procurarán poner en ejecución o continuar explotando servicios de telefonía, telegrafía, télex y otros servicios de telecomunicaciones, así como los servicios postales establecidos en las actas de la Unión Postal Universal.

Los organismos técnicos de enlace de los Gobiernos de Chile y Túnez serán la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el Ministerio de las Comunicaciones, respectivamente.

Estos organismos podrán celebrar todos los acuerdos operativos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos, y aprobar, dentro de las legislaciones internas, los acuerdos que se celebren entre empresas de telecomunicaciones reconocidas, tales como la Empresa de Correos de Chile y la Dirección General de Correos de Túnez.

Las Partes convienen en realizar los mejores esfuerzos para establecer y mantener sus instalaciones de telecomunicaciones.

Las Partes también procurarán concertar acuerdos operativos conjuntos para fortalecer el desarrollo de las telecomunicaciones y de los servicios postales.

Por último, el Acuerdo entrará en vigor en la fecha del canje de los respectivos instrumentos de ratificación.

Es un proyecto de acuerdo sencillo ¿ya se han firmado otros dos muy parecidos¿, acogido por la unanimidad de la Comisión.

--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En el último lugar del Orden del Día figura el proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, que aprueba el Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Tecnológica suscrito en Helsinki entre las Repúblicas de Chile y de Finlandia, el 22 de noviembre de 1991. Esta materia ha sido informada por la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En primer trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 15a, en 9 de diciembre de 1992.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión, por unanimidad, propone aprobar el proyecto de acuerdo, que consta de un artículo único del tenor siguiente:

"Apruébase el "Convenio Básico de Cooperación Económica, Industrial y Tecnológica", suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Finlandia, en Helsinki, en 22 de noviembre de 1991.".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general y particular a la vez.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , éste es uno de la larga serie de convenios sobre cooperación económica, industrial y tecnológica aprobados con otros países. Son bastante vagos. Más bien constituyen declaraciones un poco románticas de buenas intenciones.

El ARTICULO I establece que las Partes Contratantes "procurarán" fomentar y desarrollar el comercio y la cooperación económica, industrial y tecnológica entre los dos países.

El ARTICULO II, a su vez, dispone que "Las Partes Contratantes deberán brindarse recíprocamente, en los campos de la colaboración económica y científico-técnica, el tratamiento más favorable que le permitan las leyes". Para todo esto se crea, como es costumbre, una Comisión Mixta Intergubernamental, que tendrá como primordial objetivo el examen de los intercambios comerciales y las relaciones económicas, industriales y tecnológicas entre Chile y Finlandia.

Asimismo, se establece que el Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación en que las Partes Contratantes se comuniquen recíprocamente haber cumplido todos los trámites internos para la aprobación de los tratados internacionales.

Por estos motivos, y considerándose útil el texto para intensificar posiblemente las relaciones con Finlandia, la Comisión lo acogió por unanimidad. Me permito solicitar al Senado que tome la misma decisión.

He dicho.

--Por unanimidad, se aprueba en general y en particular.