Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa el estudio del informe de la Comisión Mixta formada en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política, recaído en el proyecto de ley que permite a las instituciones de educación superior realizar actividades en beneficio del desarrollo regional y nacional.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 2ª, en 5 de junio de 1991.

En tercer trámite, sesión 58ª, en 12 de mayo de 1992.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 59ª, en 13 de mayo de 1992. Informes de Comisión:

Educación, sesión 27ª, en 17 de diciembre de 1991.

Educación (segundo), sesión 29ª, en 19 de diciembre de 1991.

Mixta, sesión 4a, en 10 de junio de 1992.

Constitución, sesión 9ª, en 9 de julio de 1992.

Discusión:

Sesiones 27ª, en 17 de diciembre de 1991 (se aprueba en general); 29ª, en 19 de diciembre de 1991 (se despacha en particular); 59ª, en 13 de mayo de 1992 (se rechaza, y pasa a Comisión Mixta); 6ª, en 30 de junio de 1992 (pasa a Comisión de Constitución); 16ª, en 11 de agosto de 1992 (queda pendiente la discusión).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , nuestra Corporación ha analizado en diversas oportunidades este tema, suscitándose distintos puntos de vista durante la tramitación del proyecto.

Como en esta sesión se procederá a la votación final, creo que corresponde señalar aquellas cuestiones que pueden ser compartidas por todos.

En primer lugar, cabe destacar que se trata de una disposición legal que pretende asignar a un grupo de universidades, las cuales tienen el mismo carácter jurídico de otras ya existentes, iguales facultades que las consagradas en los estatutos de diversas casas de estudios superiores. Ese es un hecho no controvertido.

La primera afirmación es la de que existen entidades, como la Universidad de Chile, por ejemplocuyo aniversario celebramos ayer en una sesión muy emotiva, que han logrado desempeñar su funciónlo que es reconocido por todos los sectores de una manera extraordinariamente positiva, disponiendo en sus estatutos de una facultad que, entre otras materias, le permite, según reza la letra b) del artículo 49 del DFL N° 153, de 1981, "crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio".

Unánimemente el Estado de Chile, en un solemne acto, rindió homenaje ayer a esta Universidad por la manera en que había cumplido su papel desde su fundación.

Hay otras universidades, con menos antigüedad y trayectoria que la Universidad de Chilepor ejemplo, las Universidades de Valparaíso, de Tarapacá, de Atacama, de Magallanes, Arturo Prat y del Bío-Bío que no poseen esta facultad, no obstante tener la misma caracterización y naturaleza jurídica que la corporación Universidad de Chile. Ese es el hecho no controvertido.

La cuestión empieza a producir discusiones cuando se afirma que otorgarles esta misma facultad, idénticaninguna más, ninguna menos, puede constituir un elemento contrario a la Constitución Política vigente.

Otro hecho no controvertido, señor Presidente , es el de que diversas universidades contemplan en sus estatutos la misma atribución y se les confirió igual facultad al amparo de normas dictadas bajo la vigencia de la Constitución de 1980, De modo tal que, en el ejercicio del Poder Constituyente y del Poder Legislativo, al dictarse estas normas que concedían a estas universidades las mismas facultades, se tendría que haber incurrido en la misma inconstitucionalidad.

Y la verdad es que en el transcurso de estos años nadie ha alegado tal recurso, nadie ha recurrido ante los tribunales para precisamente establecer que estas facultades son inconstitucionales.

Pero ha surgido un debatenormal y propio del Congreso respecto de lo que es el sentido de esta autorización. Y aquí, entonces, entramos de nuevo en el terreno legítimo y desafiante, en el sentido positivo de las interpretaciones jurídicas.

En el informe de la Comisión Mixta, se ha aducidoy ése ha sido el acuerdo a que se ha llegado que por tratarse de una actividad empresarial, debe cumplirse con los requisitos que nuestra Constitución dispone en dicho ámbito en el número 21° del artículo 19, citado reiteradamente. Es así como en él se habla de "El derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público". Pero, además, dice: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". Es decir, el artículo está definiendo que se trata del Estado y sus organismos; el precepto está definido en esos términos. Y la norma, entonces, exige que se podrán desarrollar estas actividades "sólo si una ley de quórum calificado los autoriza". La expresión "los autoriza" está referida al Estado y sus organismos. Porque si la Constitución requiriera de una ley para autorizar las actividades, se emplearía otro precepto, el relativo a la forma que corresponde a la expresión "actividades". La Constitución exige que los organismos del Estado sean los autorizados, y no que se dicte una ley especial para cada actividad, porque entonces diría "las actividades". Y esto no es una cuestión sencilla, señor Presidente.

Quiero referirme brevemente a los dos elementos que he citado. Personalmente, no comparto la opinión de la mayoría de la Comisión, que estima que ésta es una actividad empresarial de parte de las universidades. No quiero agotar al Senado con una argumentación exhaustiva sobre el tema, pero debo señalar que toda esta autorización se otorga como un elemento básico, complementario de las actividades principales que realizan las universidades en cuanto a ser capaces de crear ciencia y tecnología, y a proponer caminos de desarrollo cultural, espiritual y material, esenciales para el desenvolvimiento de estas altas casas de estudio.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en su artículo 30, dispone: "Las universidades, los institutos profesionales y los centros de formación técnica estatales sólo podrán crearse por ley. Las universidades que no tengan tal carácter, deberán crearse conforme a los procedimientos establecidos en esta ley, y serán siempre corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro para el efecto de tener reconocimiento oficial". En consecuencia, las universidades no se definen por su elemento de lucro, característico, en cambio, de las empresas, que tienen dicho carácter.

Y es así como, por ejemplo, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas sostuvo en 1962 que "La empresa está constituida por una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales, vinculada o dependiente a un sujeto jurídicamente autónomo que persigue de una manera durable un fin económico determinado".

Gracias a Dios, las universidades no siempre se miden por su rentabilidad económica. Los países invierten en educación, considerando que ello permite desarrollar espacios culturales, tecnológicos y de otra naturaleza, que no siempre se miran con la naturaleza contable del haber y del debe.

En cuanto al informe mismo que hemos conocido, con el Honorable señor Vodanovic hicimos presentes también algunas observaciones, ya que el propio Diccionario de la Lengua Española define "empresa", en su acepción más pertinente, como "Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y con la consiguiente responsabilidad".

Pues bien, no puedo dejar de representar esta mañana aquí en el Senado que no me parece posible compartir una opinión respetable que define primero a las universidades como empresas y, luego, les atribuye las mismas exigencias que, por ejemplo, pueden corresponder a ASMAR, FAMAE o CODELCO.

Debo insistir en que afortunadamente, por encima de la pluralidad de opciones, la universidad es algo distinto a una actividad empresarial. Pero no se trata de cuestionar aquí este informe, porque ya nos encontramos en el desafío de tener que pronunciarnos sólo a favor o en contra del texto propuesto por la Comisión Mixta. Sólo deseaba dejar sentado, señor Presidente , que a juicio del Senador que habla no es admisible confundir las universidades con empresas, por las razones que ya he señalado.

En segundo lugar, cuando se autoriza a las universidades para formar sociedades, no cabe duda de que ello es siempre con la limitación establecida en los estatutos de las universidades y en la ley, en cuanto a que se trata simplemente de elementos accesorios a su finalidad principal. Pero lo dejo señalado sólo para los efectos de la historia de la ley.

Ahora, hay otro elemento al que ya me referí. Distinguidos señores Senadores han aducido que se podría producir incluso una inconstitucionalidad o que esto requeriría de una ley especial, por cuanto la norma constitucional exigiría una autorización de cada una de las actividades.

Insisto: se requiere de una ley que autorice al Estado o a sus organismos, pero no para cada una de sus actividades, como lo ha señalado, con justa razón en informes muy serios, el destacado profesor de Derecho Constitucional don Jorge Precht.

Además, como la expresión constitucional que se emplea en el texto es "autorizar", quisiera citar un informe en Derecho, que esta Corporación ya conoció con motivo del tema de CODELCO, por ejemplo, y que en su oportunidad nos hizo llegar don Alejandro Silva Bascuñán , en donde precisamente se refiere al concepto de "autorizar".

El profesor Silva Bascuñán dice que "autorizar" es, en su acepción propia, "dar a uno autoridad o facultad para hacer alguna cosa" y, en otra significación, "permitir". Luego agrega: "Se trata, por lo tanto, de una actuación de los órganos colegisladores que está desprovista de las características propias de la ley, considerada en su carácter sustancial de generalidad.

"En esta especie de ley, de índole, por lo tanto, puramente formal, la función del legislador se reduce a dar paso a un requisito puramente habilitante, destinado a permitir que actúe válidamente y con eficacia el órgano autorizado en la realización de los actos cuya naturaleza describe el constituyente.

"Se trata, por lo tanto"continúa el distinguido tratadista ", en la especie, de una función de coadministración del legislador con el órgano llamado jurídicamente a realizar los actos en relación a los cuales se otorga la autorización.".

Además, sostiene: "Son escasas hoy las materias que según el constituyente son de ley aunque propiamente no revistan tal carácter.".

Y llega a una interesante conclusión:

"No es del caso aquí, por cierto, señalar cómo en el derecho público moderno se llegó a atribuir el rango de ley tan sólo a las normas jurídicas de carácter general, abstracto, predeterminado, principal y permanente, de modo que, consecuentemente, se fue considerando que no correspondía, en el terreno teórico, confiar a la determinación del legislador la tarea, por ejemplo, de otorgar meras autorizaciones.".

El tratadista en cuestión hace, además, un exhaustivo análisis de dispersas disposiciones de la Constitución de 1980, donde demuestra que esta tendencia está fuertemente arraigada en la Carta Fundamental que nos rige. De esta manera, entonces, está claro, según el profesor Silva , que el propósito del Constituyente es el de separar de la función legislativa todo lo que presente los rasgos de simples intervenciones en el proceso administrativo, quedando elocuentemente expresado al recordar que la potestad reglamentaria se ha ampliado en términos extraordinarios en la actual Constitución.

Este sentido de la expresión "autorizar", entonces, es sólo la opinión de un tratadista, lo que en nuestro ordenamiento jurídico no tiene más valor que el que emana de la naturaleza prestigiosa de quien las emite. Pero la verdad es que en el hecho también hay legislación expresa que ha actuado de esta manera, y que citaré brevemente.

En primer lugar, en la ley N° 18.296, que fija la Ley Orgánica de los Astilleros y Maestranzas de la Armada, publicada en el Diario Oficial N° 31.791, de 7 de febrero de 1984, se dispone, en su artículo 2o, que "La actividad principal de ASMAR será reparar y carenar las unidades navales de la Armada. También podrá atender la reparación y carena de naves nacionales y extranjeras". En fin, en esa misma disposición, se concluye que "Para tales efectos, autorízase al Estado para desarrollar y participar en las correspondientes actividades empresariales".

Pues bien, a nadie se le ocurrió en ese momentoy espero que a nadie se le ocurra en este instante decir que ASMAR, ya autorizado para el ejercicio de estas actividades, debería darnos a conocer cada negocio, cada contrato que desea suscribir para el desempeño de su giro principal, establecido adecuadamente en la norma jurídica, y en la envergadura pertinente.

Pero existe otra leydel mar nos vamos a los cielos, que dice relación con la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, en la que también se autoriza al Estado para realizar actividades empresariales que tengan por objeto el desarrollo de una empresa aeronáutica. Y se crea para ello una persona jurídica denominada en la forma indicada. En dicho texto también se señala el objeto de la empresa. Se pueden prestar estas actividades a la Fuerza Aérea o a terceros.

De modo tal, señor Presidente , que de nuevo, no sólo la opinión de un tratadista respetable, sino que, además, la expresión de un legislador cuyas ideas centrales y su metodología no compartí, porque eso ocurrió en el Régimen anterior, en donde no existía Parlamento ni la posibilidad de que otros pudiéramos participar demuestran, entonces, que la intención del Constituyente, tanto en la construcción de la norma constitucional como en el desarrollo de la experiencia legislativa, fue diciendo que la autorización es sólo para el Estado y sus organismos y no para cada una de esas actividades.

En ese mismo sentido interpreté la opinión vertida por la Senadora señora Feliú en el debate de la sesión 40a, del martes 28 de enero de 1992, cuando, refiriéndose a una indicación suscrita por el Senador que habla y otros Honorables colegas para entregar a CODELCO una señal indicativa sobre cómo asociarse, manifestó:

"Creo que este tipo de normas tiende a desfigurar la amplitud de negociación de una empresa del Estado. En este caso, de acuerdo con el mandato del decreto ley N° 1.167, se requiere la autorización del legislador para enajenar; de modo que dicho texto legal constituye ya una limitante. Pero, una vez otorgada esta habilitación" el tema desarrollado por el tratadista Silva Bascuñán "para enajenar, a mi juicio la negociación debe entregarse a CODELCO, como empresa del Estado, con amplia capacidad para negociar en las mejores condiciones posibles.".

Si aprobamos una ley que permite a las universidades emprender actividades complementarias a sus fines principales, ¿por qué no confiar en que sus Juntas Directivas interpretarán adecuada y racionalmente la norma que las faculta para constituir sociedades cuando corresponda? ¿Por qué estarían mejor calificados los Directores de CODELCO que las Juntas Directivas de las Universidades de Valparaíso, de Tarapacá o de Atacama?

Desde ese punto de vista, señor Presidente, deseo destacar que estamos tratando un tema de gran implicancia en lo tocante a cómo se concibe el desarrollo de las instituciones de educación superior.

Invito a mis Honorables colegas a no considerar este punto desde la perspectivanuevamente de que una universidad podría irrumpir en el terreno legítimo de las actividades empresariales que se realizan en el país, generando, así, una competencia inadecuada e impropia con actores del sector privado. Si entregamos esa autorización, ¿estamos dejando a los particulares desprovistos de todo resguardo?

Señor Presidente , deseo advertir que si las universidades quisieran incursionar indebidamente en un terreno tan amplio, y ello afectase derechos del sector privado, está vigente la ley N° 18.971, que establece el recurso especial que indica, publicada en el Diario Oficial del sábado 10 de marzo de 1990 en estos términos:

"La Junta de Gobierno de la República de Chile ha dado su aprobación al siguiente

"Proyecto de ley

"Artículo único.- Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19, número 21, de la Constitución Política de la República de Chile.

"El actor no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.

"La acción podrá intentarse dentro de seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, sin más formalidad ni procedimiento que el establecido para el recurso de amparo, ante la Corte de Apelaciones respectiva, la que conocerá de ella en primera instancia. Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.".

El 10 de marzo de 1990, entonces, justo cuando comenzaba el albor de una nueva etapa democrática en Chile, el legislador estimó pertinente completar el círculo jurídico y abrir una posibilidad a los particulares que pudieran sufrir un detrimento en la situación a que he hecho referencia, diciendo: "Recúrrase ante los tribunales, con un procedimiento especialísimo, para denunciar toda actividad empresarial del Estado que pudiera afectar los intereses del sector privado".

El texto fue sometido, en su oportunidad, al control del Tribunal Constitucional, el que dictaminó que se ajustaba plenamente a la Carta.

Resumiendo, señor Presidente : algunas universidades disponen de la atribución que nos ocupa, en tanto que otras, que tienen la misma calidad y condición jurídica, carecen de ella; sin embargo, una ley de quórum calificado se las conferirá, con lo que se cumple el requisito constitucional. Adicionalmente, si se incurriera en abusos, el ordenamiento jurídico consagra un procedimiento especialísimo, para que los eventuales afectados puedan recurrir ante los tribunales competentes.

En consecuencia, los derechos de terceros no podrían estar más a salvo, y no cabría, a mi juicio, que el Senado optara por negar a universidades respetables una facultad que otras casas de estudios superiores ya poseen.

Ahora, si rechazáramos el informe de la Comisión Mixta, afectaríamos algunas normas constitucionales: la del artículo 1o, que garantiza a los grupos intermedios la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos, y las del artículo 19 que aseguran la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, por cuanto al Estado le corresponde fomentar el desarrollo de esta última en todos sus niveles. Debe tenerse presente que la iniciativa en análisis permite a las universidades avanzar, en estadios crecientes, en su función de servir a las Regiones en las cuales se hallan insertas.

Por otra parte, ha quedado de manifiesto que este tema no corresponde a un debate de política partidista, ni a un enunciado de la tradicional geografía política de Oposición o de Gobierno. Porque en esta Alta Corporación existen abundantes antecedentes de cómo Senadores de distintas bancadas hemos concurrido en defensa del proyecto.

En el acto de homenaje a la Universidad de Chile, celebrado ayer, tuve la oportunidad de conversar con algunos Rectores y, también, con un señor Diputado de Renovación Nacional que fue Rector de una Universidad en Arica, concordando en que esta iniciativa corresponde a un elemento de evidente utilidad y de restablecimiento de la norma constitucional relativa a la igualdad ante la ley, porque, de lo contrario, se produciría un efecto negativo que estoy seguro que el Senado no pretende provocar.

Finalmente, señor Presidente , en el debate habido en la sesión pasada se adujo que el proyecto tendría que pasar a la Comisión de Hacienda, pues podría involucrar gastos, argumento que no comparto. Además, de acuerdo a los antecedentes de que dispongo, en ninguno de sus trámites, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado, fue enviado a la Comisión de Hacienda respectiva.

Sin perjuicio de que no procede desconocer a la señora Senadora que sostuvo esa tesis la posibilidad de exponerla, me parece que si el Senado ha dado a la iniciativa en debate el tratamiento que en derecho correspondía, no resulta pertinente, a estas alturas, dilatar aún más la discusión sobre una materia tan importante, al igual que tan sencilla de resolver, si apreciamos con la debida ponderación el juego de las normas constitucionales y legales pertinentes.

El señor ZALDÍVAR.-

¿Me concede una interrupción, con la venia de la Mesa, señor Senador?

El señor HORMAZÁBAL.-

Con mucho gusto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede usar de la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Sólo deseo precisar algo respecto de la última parte de la intervención del Senador señor Hormazábal.

En cuanto a la reclamación formulada por la Senadora señora Feliú tocante al hecho de que la Comisión de Hacienda no estudió, en ninguno de sus trámites, este proyecto, creo que después de revisarlo y de analizar los antecedentes queda claro que ese requisito era innecesario. Considero que la Presidencia y la Secretaría del Senado procedieron correctamente al no remitirlo a la citada Comisión.

Por otro lado, estimo que, además, el reclamo de la Honorable colega es absolutamente extemporáneo, pues en este momento nos ocupamos en la proposición de la Comisión Mixta. Un planteamiento de esa naturaleza debe hacerse oportunamente, pero no cuando el proyecto está listo para ser despachado. Me parece que se trata de un subterfugio inconveniente para nuestro sistema legislativo.

Gracias, señor Presidente.

El señor CANTUARIAS.-

Muy brevemente, deseo recordar el origen del informe de Comisión Mixta que hoy nos ocupa.

En estricto rigor, en nuestro país existe un trato desigual para algunas universidades que en una época se denominaron "derivadas"; es decir, aquellas que en 1980 y 1981 se constituyeron a partir de sedes regionales de las Universidades de Chile y Técnica del Estado.

Los Estatutos de las Universidades de Talca y de La Serena, entre otras, contienen normas que les permiten formar asociaciones, sociedades y corporaciones, al igual que el Estatuto de la Universidad de Chile. Por el contrario, en forma sorpresiva e injusta, las de Tarapacá, Arturo Prat , de Atacama, de Valparaíso, del Bío-Bío y de Magallanes, así como el Instituto Profesional de Osorno, quedaron privadas de esa facultad.

La cuestión surge cuando, a iniciativa de la Universidad del Bío-Bío, se comienza a requerir la dictación de una norma legal que consagre la misma atribución para los planteles afectados.

En consecuencia, el problema radicacomo se ha dicho en que, entre universidades de igual rango y naturaleza jurídica, unas gozan de una facultad, y otras, no. Estimo importante precisar este hecho, porque el sentido del proyecto no es sino el de propiciar una igualdad de oportunidades ante la ley, lo que me parece esencialmente equitativo y justo.

¿Por qué se requiere este precepto? Y aquí es bueno expresar una reflexión, pues la iniciativa en debate tiene dos alcances. En primer lugar, la norma proporciona a las casas de estudios superiores de que se trata la posibilidad de formar asociaciones, beneficiándose con facilidades de administración de las que en la actualidad carecen. Son múltiples y variados los ejemplos de los complejos trámites burocráticos que deben realizar algunas de ellas para organizar seminarios internacionales, así como para contratar asesorías o consultorías del mismo carácter, por no disponer de la facultad para crear un organismo que les permita operar con agilidad, a diferencia de otras.

En su oportunidad, la Comisión de Educación recibió informaciones de los distintos señores Rectores respecto de los numerosos casos demostrativos de la injusticia que afecta a estos planteles.

Por otro lado, la iniciativa permite la organización de actividades de carácter empresarial y comercial que aportarían recursosésa es la intención, si bien su alcance no es preciso, lo cual representa una limitación de la norma a los siempre escasos presupuestos universitarios. De esa manera, en caso de tener éxito, estas casas de estudios podrían financiar su propio funcionamiento, e inclusive, prestaciones para sus estudiantes.

Cabe tener presente que las facilidades de administración aludidas parecen del todo necesarias y convenientes, pues constituye una carga adicional y una injusticia el hecho de que estén disponibles sólo para algunas universidades.

Cabe tener presente, asimismoy no sólo por la discusión constitucional que ha surgido, que las actividades empresariales pueden proporcionar recursos, pero también provocar pérdidas.

Al respecto, considero oportuno destacar que en la Comisión de Educación recibimos variados antecedentes que permitieron comprobar que ese rubro justamente configuraba una fuente importante de los déficit de operación de algunas universidades las anteriormente conocidas en nuestro medio como "universidades particulares" sometidas a un régimen jurídico distinto de aquellas a que se refiere esta iniciativa. La Universidad Austral, por ejemplono voy a dar la cifra exacta, porque no la recuerdo padeció esta situación precisamente a raíz de las actividades empresariales que con toda seguridad, a fin de dar un apoyo en los planos académico y de investigación, pero también con miras a obtener recursos adicionales para su funcionamiento había emprendido sin éxito. Por lo tanto, lejos de constituir una fuente de ingresos y de mayores posibilidades de desarrollo de sus funciones propias académicas, de investigación y de extensión, le significaron una pérdida.

Es importante tener presente, entonces, que la postura que en su momento apoyó el Senado manifiesta en el informe de la Comisión de Educación tendía a que los planteles de que se trata contaran con las facilidades administrativas necesarias para desarrollar sin burocracias las actividades a que he hecho referencia, pero, además, restringía la formación de asociaciones a entidades sin fines de lucro, como una manera de asegurar que la eventualidad de ganar no se compensara negativamente con la de perder, posibilidad siempre latente cuando se inicia cualquier acción empresarial o comercial.

He querido traer esto a colación a modo de exordio de lo que fue el trámite de Comisión Mixta a que nos vimos forzados por la insistencia de la Cámara de Diputados en otorgar una atribución amplia en la materia. Nosotros estimamos conveniente dar sólo una de las facultades, en cambio, a fin de evitar los riesgos involucrados. Es más: algunos distinguidos Rectores de instituciones de educación superior que cuentan con la facilidad que ahora se extiende a otras me refiero al de la Universidad de Chile y al de la de Talca, quienes participaron en la Comisión del Senado como invitados señalaron derechamente que no requerían la facultad en estudio, por no desarrollar este tipo de actividades. El señor Rector de la Universidad de Talca expresó, adicionalmente, que podía emprenderlas simplemente creando una organización académica interna para tal efecto. Estas opiniones reafirman lo que fue la postura del Senado en su oportunidad.

Sin embargo, estamos en otra instancia: debió reunirse la Comisión Mixta y tenemos que pronunciarnos sobre su informe.

No deseo repetir la ya copiosa y muy versada información que se ha entregado respecto del tema de la constitucionalidad. Por cierto, hemos escuchado con atención tanto las valiosas intervenciones de la sesión pasada, como la de quien me antecedió en el uso de la palabra. En mi opinión, analizado el aspecto desde un punto de vista práctico, no tenemos posibilidades de estimar inconstitucional esta facultad. Porque, de hacerlo, creamos una situación insostenible para los estatutos de, por lo menos, cinco o siete universidades que también disponen de ella, algunas de las cuales, incluso, han organizado sociedades, o participado en asociaciones, utilizándola expresamente. No me parece razonable, pues, descubrir a estas alturas que lo anterior es inconstitucional. Ello sería cuestionar un régimen jurídico que ha venido aplicándose y cuyos resultados hemos visto. Por mi parte, además de ser partidario de la sencillez de procedimiento de las corporaciones sin fines de lucro, habría preferido lo afirmo una vez más dar una señal respecto de la facilidad de administración, porque siempre temo que la organización universitaria tienda a competir, con desventajas, en el mundo empresarial, por la forma de administración que la caracteriza, por el estilo con que se manejan los asuntos en ella. Pero estamos en otra etapa, y creo que, en atención a la igualdad ante la ley, no es posible calificar de inconstitucional una facultad de la que ya gozan universidades que tienen exactamente el mismo origen e idéntico régimen jurídico de aquellas que nos ocupan.

Para tratar de regular esta materia, formulamos en la Comisión Mixta una proposición que, en el fondo, se convirtió en el segundo inciso del artículo único del proyecto, a fin de precisar que "La decisión de crear, participar, asociarse, incorporarse, retirarse, definir el monto de los aportes a las respectivas asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones" deberá adoptarse con determinado quórum en la Junta Directiva y a proposición expresa del Rector. De este modo, creemos, se está entregando un elemento de sana administración que es muy oportuno y que puede constituirse en el contrapeso necesario para el ejercicio de esta función. Sin embargo, es pertinente recordar que las otras universidades, las que en este instante disponen de la facultad es el caso que he expuesto reiteradamente de las Universidades de Chile, de La Serena y de Talca, no tienen esta limitación. En consecuencia, estamos introduciendo una exigencia de quórum propuesta por el Senador que habla en la Comisión Mixta y aprobada por ella que ya implica un factor de desigualdad.

Por todas las razones dadas, señor Presidente , llamamos al Senado a aprobar el informe de la Comisión Mixta, que, en el fondo, conduce a un régimen de trato igualitario entre las casas de estudios superiores que están facultadas para crear asociaciones, corporaciones y fundaciones con el sector privado y aquellas otras radicadas en Regiones que, de modo incomprensible, no dispusieron de una cláusula en ese sentido en sus estatutos.

Por último, quisiera dejar constancia de que, si bien los informes que hemos tenido a la mano hacen referencia reiterada y exclusivamente a los estatutos de la Universidad de Chile, esta situación no sólo se vincula al régimen excepcional que en lo relativo a muchos aspectos se aplica a esa Corporación, sino también al que es propio de otras universidades regionales, todo lo cual fundamenta el trato igualitario que se pretende concretar.

He dicho.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente , para comenzar deseo señalar que siempre ha habido mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado para aprobar este proyecto. Lo que pasa es que en esta rama del Congreso no se ha contado con el quórum que se requiere. De ahí que sea tan importante la decisión de la Sala esta mañana.

Creo que rechazar el informe de la Comisión Mixta sería tremendamente perjudicial para siete universidades regionales. No voy a extenderme sobre el propósito fundamental que se persigue, expresado aquí en diferentes ocasiones y que figura muy claramente en el informe, en el sentido de igualar el trato a las universidades del país. Quiero poner énfasis en la discusión del problema concreto, y he pedido la palabra, sobre todo, para hacer ver algunos criterios que han planteado a esta Corporación dos de las casas de estudios superiores involucradas a nuestros casilleros ha llegado la posición de las siete, a fin de mostrar la utilidad que tiene la presente iniciativa para todas ellas.

El señor Rector de la Universidad de Magallanes manifiesta lo siguiente:

"Resumo"... "los principales proyectos que resultarán de beneficio para la Región y que se podrían implementar con mayores posibilidades de éxito al contar la UMAG con la posibilidad de crear Sociedades o Corporaciones con fines de lucro.

"1) Proyecto Centolla". A nadie escapa la importancia de éste en nuestra Región".

Al respecto, señala:

"Este es un proyecto en que la Universidad con fines propios está trabajando en una suerte de "viveros" de centollas juveniles, obtenidas directamente de las ovas de centollas madres que se han traído a nuestros laboratorios. Evaluando económicamente el proyecto hacia comienzos del próximo año se desea crear una Sociedad con inversionistas privados que asegure que la Universidad recupere la inversión que está haciendo. La carencia en la Región de inversionistas en el área con conocimientos técnicos apropiados hace necesaria nuestra participación hasta asegurar el éxito del proyecto.".

Cabe hacer presente que esta materia se investiga desde hace muchos años, y que la iniciativa recién mencionada se propone repoblar el mar austral con centolla, a fin de favorecer el progreso productivo de la Región.

"2) Proyecto Peonías, Explotación de Flores.

"En un convenio con inversionistas holandeses la UMAG está en una avanzada etapa de desarrollo esperándose una primera exportación de Peonías hacia fines de este año. De nuevo, ésta es un área en la cual debe convencerse a los productores locales de las bondades de incursionar en actividades hoy inexistentes en sus predios y la UMAG debe asegurar que la inversión que ha hecho rinda adecuados excedentes que a su vez posibiliten el financiamiento de otros proyectos novedosos. Se desea crear Sociedades con los productores locales.".

A continuación se refiere a otros dos proyectos.

He querido traer a colación estos planteamientos concretos de la Universidad de Magallanes con el objeto de hacer ver la importancia práctica de la iniciativa en estudio para nuestras universidades regionales. En ese sentido, no creo que sea buena la excesiva ideologización que sufrió el debate en nuestra Comisión, porque eso habla mal de la manera en que estamos abordando los problemas que enfrentamos en la labor legislativa.

Por otro lado, deseo destacar una de las consideraciones generales que nos hizo llegar la Universidad del Bío-Bío, ya que va al fondo del problema. Señala el Rector de esa casa de estudios:

"Nos parece de toda justicia que las Universidades de idéntica naturaleza jurídica, como lo son las Universidades Estatales, tengan un tratamiento jurídico similar para, de este modo, competir en planos de igualdad de oportunidades. En efecto, la aprobación de este Proyecto de Ley pondría a esta Casa de Estudios Superiores en similar situación que la Universidad de Chile, Universidad de La Serena y otras que poseen atribuciones que este Proyecto de Ley eventualmente nos otorgaría.".

Señor Presidente , a mi juicio, no debemos caer en discursos ideologizados en esta materia. Y me refiero especialmente a una señora Senadora que, por desgracia, no se encuentra presente. Lamento tener que señalar esto en su ausencia, pero no es la primera vez que la Honorable colega acaba por ideologizar un debate. Aquí está involucrado un problema de elemental justicia. Como se ha expresado, el proyecto responde a un criterio de igualdad ante la ley y a un anhelo de nuestras universidades, que nos lo han manifestado desde que discutimos la regionalización con motivo de la reforma constitucional respectiva. Los Rectores de las corporaciones involucradas han conversado con la mayoría de nosotros, y nos han hecho llegar sus ideas por escrito, pidiéndonos que apoyemos el esfuerzo regional. Ellos necesitan, para desarrollar sus universidades y fortalecer nuestras Regiones, de elementos legales.

Pregunto: ¿dónde está el criterio descentralizador que hemos expresado en más de una ocasión? Todos nosotros, sin excepción, y al margen de nuestras diferencias, hemos sustentado una posición regionalista acorde con lo que el país requiere en este momento. Pero, ¿se trata sólo de una declaración, o también, de llevar tal propósito a resoluciones prácticas? Porque ésta es precisamente una de ellas. Y si no aprobáramos este proyecto que es de quórum calificado por la ausencia de un señor Senador en la Sala, sería tremendamente perjudicial para las siete instituciones de educación superior en él consideradas.

Aquí se señalaba ayer, incluso por el señor Presidente del Senado , que nuestras universidades regionales constituyen el sistema crítico de la nación. Y lo son.

Llamo a los Honorables colegas a apoyar la iniciativa, para que alcance el quórum correspondiente; de lo contrario, dichos planteles de enseñanza superior no contarán con una legislación que les permita su desarrollo. Y ése, a mi juicio, no es el criterio de ninguno de nosotros.

Aquí reitero hay señores Senadores que se han destacado por la defensa de nuestras Regiones. Y en esta oportunidad se trata de ayudar a las universidades ubicadas en ellas. Debo hacer este llamado, pues considero de elemental justicia respaldar a nuestras instituciones de educación superior y de total injusticia no hacerlo.

Noto que el Honorable señor Letelier me hace venias. Y creo que el fondo del asunto está justamente en las opiniones expresadas por Su Señoría, que figuran en el informe. Ese es el centro de todo esto: es un trato de equidad que debe otorgarse a las universidades.

He dicho.

La señora SOTO.-

Señor Presidente , ayer tuvimos un acto hermoso con motivo de la celebración de los 150 años de la Universidad de Chile. Los discursos fueron todos muy bellos, en el fondo, hacían mucha referencia a su tradición y a lo que ha significado en el pasado. Pero el Rector prefirió como muy bien dijo dejar la retórica y señalar lo que significa hoy dicha Casa de Estudios, haciendo notar sus desafíos presentes y futuros.

Quiero referirme a nuestra Universidad de Valparaíso. En ella tenemos académicos de gran prestigio nacional e internacional. Entre otros, el doctor Chang , quien ha estado haciendo una importante investigación sobre el medio ambiente.

A mi parecer, la universidad no puede quedarse encerrada entre sus cuatro paredes representando sólo el acervo de la inteligencia del país; tiene que estar inmersa en la sociedad.

Quizá no habría sido necesario nombrar una comisión especial que paga grandes sumas de dineros para que terceros realicen estudios tendientes a descontaminar Santiago , pues éstos los tenemos aquí, en la Universidad de Valparaíso, y a mucha honra.

En esta Casa de Estudios Superiores también contamos con especialistas que están investigando la explotación del krill y de otras especies marinas, para enfrentar el siglo XXI, que será de grandes desafíos. Y uno de los retos importantes de hoy y del futuro es precisamente la erradicación de la pobreza.

Pero si dejamos a nuestros académicos recluidos en la universidad, impedidos de sumergirse en la sociedad y sin los instrumentos necesarios para poner sus conocimientos al servicio del país, aquélla no pasará de ser lo que fue en un comienzo. Incluso, en uno de los discursos se dijo, con cierta ironía sutil, que no había que moverse del mismo lugar para acceder a la universidad. Hoy no es así. Todo es muy distinto. Hay caminos que hacer. Y los desafíos que actualmente enfrentamos nos obligan a conceder a las siete entidades de enseñanza superior regionales a que se refiere el proyecto entre ellas figura la de Valparaíso mecanismos flexibles.

Tengo aquí un largo análisis del Rector Squella, de la Universidad de Valparaíso. Pero como ya se acopiaron muchos e interesantes antecedentes en el sentido de que estas corporaciones no persiguen fines de lucro, no son empresas y, en consecuencia, no tienen la limitante del número 21° del artículo 19 de la Constitución Política, y por otra parte se ha sostenido que no se requiere de una ley específica para cada acto que realice la universidad, sólo me cabe señalartambién se dijo claramente que en la Carta existen disposiciones expresas que aseguran la igualdad. Y las anteriores universidades están regidas por el mismo Texto Fundamental. Nada declaró el Tribunal Constitucional al respecto. Por lo tanto, no podemos hoy cerrar el paso a estas universidades regionales, porque sería una grave injusticia.

Sin embargo, también conviene tener presente que aquí un señor Senador habló de "experiencias personales". Y creo que sería bueno para Sus Señorías ser ilustrados sobre el particular. Se hizo referencia a la Editorial Jurídica y a diversas actividades de tipo puramente académico. A mi juicio, es conveniente que nuestro Honorable colega que tiene una experiencia especial nos complete todo el bagaje de antecedentes que necesitamos para decidir hoy.

Lo importante es que no podemos encerrar a nuestros académicos en la universidad. Debemos darles instrumentos flexibles. Los propuestos como se ha señalado acá son constitucionales. Y si en verdad queremos ser los jaguares del Pacífico tenemos que brindarles a nuestros jóvenes y académicos posibilidades ciertas.

Deseo que el Senador señor Thayer conteste a la interrogante que he planteado en el Hemiciclo.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , agradezco mucho la deferencia de la distinguida señora Senadora. Y, como este asunto es particularmente delicado, quiero esclarecer lo que expresé en la sesión pasada. Sin duda alguna, las universidades no son empresas y no están llamadas a autofinanciarse con el precio de los servicios que prestan o de los productos que fabrican. Si tuvieran esa vocación, no podrían ser tales. Les resultaría muy fácil el autofinanciamiento si concentraran su acción en el desarrollo de actividades, por ejemplo, de investigación aplicada de tipo tecnológico, que son muy requeridas por las empresas y que permiten jugosos honorarios a las entidades que prestan servicios de esa índole. Pero ello rompe el cuadro de universidad. La filosofía, la teología, las humanidades y las ciencias básicas no son aptas para generar convenios que otorguen financiamiento universitario; en cambio, sí lo permiten ciertas clases de investigaciones aplicadas.

Ahora bien, cuando la universidad enfrenta su responsabilidad de formar y de crear ciencia y arte en todo el orden académico, puede actuar de dos maneras: con el cuerpo universitario entero, que debe estar muy concatenado y coordinado entre sí, o a veces y es el gran malentendido en la discusión de esta iniciativa, apartando determinados patrimonios o afectando ciertas actividades a un desarrollo administrativo propio o particular, precisamente para evitar la utilización de fondos universitarios (recibidos a veces de aportes privados o del Estado para destinarlos a ciencias básicas o a acciones fundamentales) en, por ejemplo, una editorial o en radio o televisión.

Por eso, para un buen financiamiento y administración y para la mejor tutela de recursos aportados por el Estado y los particulares, es desde todo punto de vista conveniente que cuando la universidad, a fin de completar labores de extensión o de formación, especialmente técnica, aborda actividades de tipo empresarial, llamadas "empresas universitarias", se acoten los patrimonios afectados y se evite, mediante ese procedimiento, el empleo de fondos universitarios destinados a otros propósitos.

En la tabla de hoy figura no sé si se alcanzará a tratar un proyecto de ley referente al desarrollo de actividades televisivas por las universidades. Y hay indicaciones formuladas por señores Senadores muy cercanos a estas bancas donde, por ejemplo, se sugiere que tales actividades adopten la forma de sociedades por acciones, porque así se permite un mejor control.

Sin embargo, ello no siempre es así. Hay actividades que se prestan para desarrollarse como complementarias de la función universitaria y ejercerse adoptando la forma de una empresa de autofinanciamiento, la que podrá o no requerir según sea el caso algún tipo de subvención fiscal. Y existen actividades que no tienen posibilidad de acceder a la fórmula jurídica de empresa de autofinanciamiento y que, sin embargo, requieren para la formación de las personas (por ejemplo, en los ámbitos de la agricultura, la ingeniería forestal, la administración de empresas o la medicina) prácticas en hospitales, empresas u otras entidades.

En este momento debe huirse del concepto fundacionista de Chile. Aquí no estamos partiendo del punto cero, ni empezando a formar una nación como fue hace cinco siglos, cuando la inició Pedro de Valdivia, en el cerro Huelén. Tenemos un largo proceso tras nosotros, y nos encontramos con realidades establecidas que es necesario enfrentar con prudencia y atención.

Si existiera la convicción de que en todo caso y oportunidad es inadecuado que una universidad pueda desarrollar una labor complementaria bajo la forma, por ejemplo, de una sociedad anónima, habría para ser honesto que proponer suprimir tal posibilidad en los actuales planteles de enseñanza superior y legislar para todos de manera pareja (para algo somos un cuerpo legislativo).

Pero ¿qué pasa si aceptamos que continúen en lo que están haciendo y, más aún, si el Congreso Nacional es partícipe de este delito, entre comillas?

Aludió la Honorable Senadora que me precedió en el uso de la palabra a la Editorial Jurídica. Quiero recordar que el Congreso Nacional celebró con la Universidad de Chile, a través de la Facultad de Derecho, un acuerdo, que se concretó posteriormente en ley, para llevar adelante una actividad editorial inspirada en el principio de que los infractores del Derecho pagaran, con un recargo a las multas, la edición de textos que sirvieran para ilustrar la conciencia jurídica de los chilenos. La empresa, que no adoptó la forma de sociedad anónima, sino la de una corporación no lucrativa, no resultó en lo que primitivamente se pensó (crear una gran enciclopedia de Chile), y provocó pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares. Posteriormente, se suprimió ese financiamiento y se la obligó a autofinanciarse. Y hoy día, como Editorial Jurídica de Chile o como Editorial Andrés Bello , presta un servicio sumamente eficiente a la cultura, sin requerir del Estado otro aporte que una compensación por la edición de códigos y otros textos.

¿Qué ocurre, en cambio, con la Editorial Universitaria? Ella adoptó la forma de una sociedad anónima, para lo cual la Universidad de Chile separó de su patrimonio determinado aporte, el cual, sumado a otro que hicieron empresarios privados, sirvió para constituir una empresa que no ha causado ningún tipo de pérdidas a esa Casa de Estudios y que ha significado un aporte gigantesco a la cultura nacional, al igual que la Editorial Andrés Bello.

Por eso, contestando la pregunta formulada por la Senadora señora Soto , quiero decir que es necesario ser abiertos como lo sugiere el informe, porque la universidad, en el cumplimiento de su función académica total, que parte de la ciencia básica y la teología o la filosofía, y termina en la formación práctica de un ingeniero, un abogado o un médico capaz de desenvolverse en la actividad concreta, requiere actuar con toda la formulación que le da el marco del Derecho,

Termino colocando un ejemplo excúsenme por parecer burdo; pero quizá consiga ser expresivo; y lo citaba esta mañana a un señor Senador: es posible, pero no cómodo, sacar a pasear a un niño de pocos meses en un camión con acoplado; para eso es adecuado un coche de guagua.

De lo que se trata es de que, si la universidad debe cumplir una función empresarial específica complementaria de su labor, es mil veces mejor, más claro, eficiente y seguro que constituya una corporación o una sociedad, según sea el caso, con un capital preciso, para evitar que por la vía de esa actividad empresarial se filtren o pierdan fondos asignados por particulares o por el Estado para fines vinculados a las ciencias básicas o a otras áreas de la actividad académica.

He dicho.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente , como se recordó, ayer el Senado celebró un importante acto, en el cual, entre otros oradores, intervino el Rector de la Universidad de Chile. No haré un análisis completo de su discurso. Tan sólo quiero destacar algunos párrafos que me parecen pertinentes a la discusión que estamos desarrollando.

Dijo el Rector: "porque no hay en Chile un acuerdo conceptual real respecto a nuestra participación en el mercado de venta de servicios" no se ha podido definir una situación en este aspecto. Y agregó: "Algunos piensan que por manejar bienes públicos nuestra participación en la obtención de contratos significa una competencia desleal para el sector privado que, naturalmente no tiene subsidios. Esta opinión que en una discusión de principios pudiera aparecer correcta, en la práctica obstaculiza las posibilidades de cumplir con el otro objetivo que paralelamente se nos pide lograr, cual es autofinanciar nuestras actividades al máximo posible.".

Más adelante, señala: "Se trata por otra parte de saber cómo definiremos nuestra condición de Universidad pública de un modo tal que nos permita cumplir la misión que el Estado nos ha confiado, sin obstáculos indebidos que nos impidan alcanzar la eficiencia necesaria para obtener esos propósitos y con la indispensable flexibilidad como para captar en el mercado, los recursos que el mismo Estado no nos ha entregado.".

Esta Universidad, que goza del beneficio que estamos impetrando para otras, estima que él es insuficiente para cumplir con los fines que el Estado y la sociedad le han fijado como institución de educación superior estatal, por lo cual debe buscar mecanismos que le permitan obtener los recursos que aquél no le entrega.

Creo que el debate que estamos desarrollando en esta Sala se origina precisamente por el hecho de que el país carece de los fondos suficientes para que las universidades cumplan la tarea que se espera de ellas.

Es evidente que el Estado chileno, y el Gobierno en particular, debe distribuir los dineros de la nación tratando de atender a las múltiples demandas que surgen de los diferentes sectores de la sociedad. Por ello, es absolutamente imposible que la educación los acapare todos. De allí, entonces, que en la distribución de los recursos las universidades obtengan lo que el país les puede proporcionar, y no más.

No me inmiscuiré en el debate constitucional, por no ser especialista en la materia y porque mis Honorables colegas han hecho gala de sus conocimientos jurídicos y entregado argumentos suficientes para fundamentar nuestra posición Tan sólo deseo plantear el problema desde el punto de vista práctico.

Las universidades, especialmente en Regiones, necesitan incorporarse al desarrollo y a la vida de éstas. Y cuando en el Senado discutimos la necesidad de fortalecer los gobiernos regionales y pretendemos crear una institucionalidad que les entregue las atribuciones que nos gustaría que tuvieran y luchamos para que los recursos de que dispongan sean más que los que incluso la iniciativa de ley pertinente les otorga, debemos poner énfasis en que las universidades entre los organismos coadyuvantes del desarrollo, que a mi juicio pueden jugar un papel muy importante, especialmente en materia de investigación, deben contar con herramientas adecuadas para satisfacer una demanda que es perentoria para el progreso de las Regiones.

Por otra parte, se ha anunciado que para la estructuración de los gobiernos regionales se propondrán las respectivas plantas. Pero no me cabe duda de que la estructura que se cree será absolutamente insuficiente para atender los requerimientos existentes en ese ámbito. Por lo tanto, la participación de las universidades en alguna medida paliará la falta de expertos. No es burocracia como se apunta por ahí lo que queremos fomentar. Nuestro deseo es que muchos profesionales y otra gente que pertenece a la estructura del Estado y que están radicados en Santiago vayan a Regiones.

Pero aún así, serán insuficientes.

Por eso, creo que las Regiones, para promover un desarrollo equitativo, requerirán la importante participación de las instituciones de educación superior.

Como bien decía el Honorable señor Calderón , la Universidad de Magallanes tiene varios proyectos por delante, inclusive el atinente al desarrollo antártico, en el que ha estado participando activamente la Universidad de Chile, con la cual ha suscrito un convenio. Es parte de las demandas que hacemos a las universidades. Pero si no tienen herramientas que les permitan conformar asociaciones, incluso distrayendo parte de sus menguados recursos, para participar en proyectos de desarrollo, creo que eso justifica plenamente el esfuerzo que hemos hecho y el debate habido en el Senado.

Para terminar, deseo decir que, más allá de la discusión constitucional ella ha sido muy interesante, respecto de la cual podemos aceptar que haya interpretaciones diversas, debemos ser capaces de captar cuáles son las demandas reales del país. Y hoy Chile nos está diciendo que sus universidades no reciben los recursos suficientes para cumplir la tarea que les hemos fijado. La iniciativa en debate les entrega una herramienta legítima, legal, que les permitiría paliar en parte las insuficiencias económicas sin tener que gravar en forma excesiva como se está haciendo, y concretamente en la Universidad de Magallanes con matrículas y cuotas mensuales que muchas veces están lejos del alcance de los alumnos de escasos recursos.

Por tanto, llamo a votar favorablemente el informe de la Comisión Mixta, pues implica otorgar a las casas de estudios superiores mencionadas en el proyecto una herramienta que les posibilitará hacer un aporte importante, no sólo a su función específica, sino también al desarrollo de las Regiones donde están insertas.

He dicho.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , el tema que nos preocupa ha sido abordado fundamentalmente en cuanto a las facultades que la ley otorgaría a algunas universidades para desarrollar determinadas acciones y a las normas de la Constitución vinculadas con la actividad empresarial.

Yo quisiera ahondar en lo relativo al financiamiento público de esos planteles, que, a mi juicio, tiene estricta relación con el asunto en debate.

Hoy día, una fuerte proporción del financiamiento a las universidades se aplica al establecimiento mismo y no al objetivo perseguido por él. Son finalidades de la actividad universitaria desarrollar investigación científica y tecnológica, formar profesionalmente al alumnado y realizar extensión y difusión cultural.

Si el financiamiento público se radicara específicamente en las metas de la labor universitaria investigar, formar y difundir y se aplicara en términos de montos por proyectos de investigación, por número de profesionales formados o por ciclos de extensión y de difusión implementados, entonces, para el interés del Estado, sería indiferente que los planteles realizaran actividades productivas, comerciales, empresariales en general. Lo que habría que precaver sería el pago de tributos, al igual que en cuanto al resto de las empresas, y que un mal resultado de las actividades no interrumpiera las funciones financiadas por el erario, con daño para éste.

En el sistema actual, en cambio, donde el financiamiento está mayoritariamente dirigido al establecimiento y no al logro que éste obtenga, debe cuidarse con rigurosidad que el presupuesto universitario que pesa sobre el Fisco no se comprometa en actividades que por su naturaleza involucran un riesgo comercial. El objetivo de investigar, formar profesionales y difundir la cultura que persiguen las actividades empresariales cuyo desarrollo se propone también puede lograrse a través de convenios con entidades productivas, que no comprometen riesgo patrimonial y permiten acceder a una diversidad de experiencias prácticas que favorecen una mejor actualización de la formación de los alumnos y una mayor complejidad de la investigación.

Cabe destacar que existen mecanismos para financiar proyectos de investigación, abordados conjuntamente por universidades y entes productivos, a través del FONDECYT, del FONDEF y del Fondo Nacional de la Cultura. Mediante estas modernas modalidades es posible aplicar financiamiento público para la investigación, el desarrollo de la tecnología, la edición de un libro, la realización de un evento cultural, y sobre todo por medio de tales mecanismos y no de este proyecto, que se nos quiere hacer votar favorablemente se puede integrar de modo efectivo a las universidades con los entes productivos y las fuerzas vivas de las regiones.

La iniciativa, tal como está concebida, tiende a formar compartimientos estancos donde la universidad puede investigar y desarrollar una línea de acción, pero que la desconectan de la realidad productiva de cada Región, fundada, básicamente, en lo que los particulares realizan.

El argumento de que hoy existe la facultad otorgada a universidades y que, por ello, deba extenderse a todas ellas no es válido.

Es común que, al introducirse modernizaciones a través de modificaciones legales, se mantengan, para evitar complejidades mayores, situaciones existentes, aun cuando sean contrarias a las nuevas normas. Es el caso de la Constitución de 1980, que limitó la actividad empresarial del Estado, pero que la conservó en ciertas áreas, como las del Banco del Estado, las empresas sujetas a la ley de la CORFO y otras. Si esas actividades hoy no existieran, legalmente no podrían ser creadas.

Lo que sí debemos considerar es que en general las experiencias de actividades en los campos en que se desea autorizarlas no han sido felices. Seguramente, esto deriva de condiciones de la propia naturaleza humana: es propio de ésta querer expandir el ámbito de su acción y de su poder. Esto la lleva a desear siempre abordar iniciativas más allá de lo inmediatamente debido. Tampoco puede escapársenos que existe en la naturaleza humana una tendencia a eludir la responsabilidad de aquellas acciones cuyo resultado no la compromete. Esta condición pesa fuertemente en el producto final de las iniciativas cuya autorización hoy se quiere extender.

La experiencia no es feliz. Puede ser enojoso señalar ejemplos, pero conocemos los casos de hospitales, canales de televisión, actividades agrícolas, madereras, amparadas en fórmulas legales como la propuesta, en que ella ha sido desafortunada.

El interés del Estado en cuanto a proteger el buen uso de los recursos que destina a la actividad universitaria, la necesidad de favorecer la existencia de nuevas universidades que hoy no tienen financiamiento público y la obligación de velar por el respeto del ámbito de la acción privada en el campo empresarial me llevan a estimar que el informe de la Comisión Mixta debe ser rechazado.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente , Honorables colegas, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile:

En nombre de la bancada Radical-Socialdemócrata, rindo hoy un emocionado homenaje a la Gran Logia de Chile, órgano rector de la Orden Masónica en nuestro país, que ha cumplido recientemente 130 años de existencia desde su formación y solemne instalación en esta ciudad de Valparaíso, el 24 de mayo de 1862.

Se encuentran presentes en las tribunas de esta Corporación los altos dignatarios que integran el Gobierno Superior de la Orden, encabezados por el Gran Maestro de la Gran Logia de Chile, señor Marino Pizarro Pizarro.

La Orden Masónica , fundada oficialmente con sus actuales características en 1717, en Inglaterra, aunque con numerosos antecedentes próximos y remotos, se difundió muy pronto por Europa y, más tarde, por el resto del mundo. Sus principios de libertad, igualdad y fraternidad, y la esforzada tarea de sus miembros en la misión del perfeccionamiento del individuo y la sociedad, ejercieron decisiva influencia en el desarrollo de los principales acontecimientos históricos de los siglos XVIII y XIX, tales como la Revolución Francesa, la Independencia de los Estados Unidos y, posteriormente, la de los países de América Latina.

Los nombres de ilustres masones como George Washington , Benjamín Franklin, La Fayette , Mirabeau , Danton , Montesquieu , Francisco de Miranda , O'Higgins, San Martín y Carrera, ingresados estos últimos durante su permanencia en Europa y los Estados Unidos, bastan para demostrar la certeza de nuestra afirmación.

Aunque activa participación tuvieron en las luchas de la independencia de nuestro país los miembros de la "Logia Lautaro", ésta no funcionó, pese a sus muchas similitudes y notoria inspiración masónica, como un órgano de la Orden regularmente constituido, sino que cumplió más bien tareas específicas en el proceso de emancipación, con posterioridad al cual se autodisolvió.

Por ello, se considera a la "Logia Lautaro" como un antecedente histórico del posterior y formal inicio del trabajo masónico en Chile.

La primera logia regularmente constituida en nuestro país habría sido la llamada "Filantropía Chilena", fundada bajo los auspicios de la Gran Logia de Colombia, en 1827, por un grupo de ilustres ciudadanos encabezados por Manuel Blanco Encalada , Manuel José Gandarillas y Manuel Rengifo. Inspiradora de los principales intentos de organización liberal de nuestra República, languideció y acabó por desaparecer durante los primeros lustros del férreo régimen conservador instaurado a partir de Lircay.

Pero la llama de los principios inspiradores de la Orden Masónica volvería pronto a manifestarse. Y es así como en 1850 un grupo de ciudadanos franceses avecindados en Valparaíso dan nacimiento a la Logia "L'Etoile du Pacifique", a la cual ingresaron también elementos chilenos que fundaron más tarde una Logia netamente nacional llamada "Unión Fraternal", mientras que en el mismo Puerto, en 1854, ciudadanos ingleses y norteamericanos dan vida a la Logia "Bethesda".

Entre 1861 y 1862, nacen, en Concepción, la Logia "Fraternidad"; en Copiapó, la Logia "Orden y Libertad", y en Valparaíso, la Logia "Progreso".

Las cuatro logias propiamente nacionales acordaron dar origen a un ente centralizador, regulador y rector del funcionamiento de la Orden en el país, el que fue solemnemente instalado con el nombre de "Gran Logia de Chile" el 24 de mayo de 1862 en la ciudad de Valparaíso, siendo su primer Gran Maestro el señor Juan de Dios Arlegui , distinguido abogado, Diputado y Senador de la República.

La fértil semilla de la libertad, tolerancia y fraternidad, que propicia la Orden Masónica, se expandió por todo el territorio nacional, hasta sumar 168 logias en la actualidad.

Son muchos y muy ilustres los nombres de los masones que han destacado por sus obras en beneficio de la sociedad chilena, y para comprender por qué es necesario indicar los nombres de algunos de ellos, debe señalarse previamente que la Masonería es una institución consagrada al perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros y, a través de ellos, al perfeccionamiento de la sociedad.

Se fomenta en los templos masónicos el más puro y profundo humanismo; se enseña el cultivo de la razón y las virtudes morales, en un marco de irrestricto respeto a las creencias religiosas y a las simpatías políticas de sus miembros; y se persigue el ideal de la fraternidad universal, por el cual deben esforzarse los masones en su vida en sociedad.

El principio de la igualdad, uno de los fundamentos de la Institución, la llevó a ser la precursora de los grandes cambios sociales registrados en esta materia, pues en sus templos compartían individuos de las más diversas religiones, razas y estratos sociales, cuando ese clima de tolerancia era todavía inimaginable en el resto de nuestra sociedad.

La libertad, en sus múltiples manifestaciones; el mérito y la virtud, como únicos factores válidos de distinción; el énfasis en la educación, como vehículo para la tarea esencial a que debe entregarse el ser humano, que no es otra que la de su propio perfeccionamiento, son todos elementos que marcan profundamente el espíritu de los masones, quienes deben llevar estos principios y valores al medio en que se desenvuelven.

Por ello, al destacar la labor y beneficiosa influencia de la Masonería en nuestro país, no estamos hablando de una labor realizada institucionalmente en la sociedad, sino, como queda explicado, a través de sus integrantes, individualmente considerados.

Desde sus inicios, en la segunda mitad del siglo pasado, acudieron a los talleres de la Orden algunas de las más distinguidas personalidades de la vida nacional, tales como Eduardo de la Barra , Guillermo y Manuel Antonio Matta , Ángel Custodio y Pedro León Gallo , Diego Barros Arana , Ramón Allende Padin , José Francisco Vergara , Enrique Mac-Iver , Aníbal Pinto, Juan Williams Rebolledo, José Tomás Urmeneta , Estanislao del Canto y Emilio Orrego Luco , entre muchos otros.

A través del Club de la Reforma y de los partidos políticos a que pertenecían, los miembros de la Orden influyeron decisivamente en los principales avances que la causa de la libertad registró en nuestro país en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del siglo XX, tales como las reformas que ampliaron el derecho a sufragio, la libertad de cultos, la ley de cementerios laicos, la ley de matrimonio civil, el Registro Civil , la ley de instrucción primaria obligatoria y la definitiva consagración de la libertad de conciencia y de cultos en la Constitución Política de 1925.

Las figuras de Arturo Alessandri Palma , Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos , Gabriel González Videla y Salvador Allende Gossens , iluminan, entre muchas otras, el camino de servicio público que inspira a los miembros de la noble Orden Masónica.

Hoy, su aniversario 130° encuentra a la Gran Logia de Chile dirigiendo los destinos de una Institución Filosófica que conserva su plena vigencia y que se encuentra potenciada para proseguir sus trabajos en el siglo XXI, imprimiéndoles, como lo ha declarado su Gran Maestro, un impulso de revitalización a través de la unidad, la fraternidad, la cultura y la modernización, para hacer más dinámica su fuerza interior, más viva su acción hacia la comunidad y más efectiva la forma de encarar la multiplicidad de problemas de que deben los masones ocuparse, como miembros pensantes de una sociedad en permanente evolución.

El impulso revitalizador se ha reflejado en muchos aspectos, entre los cuales destaca la fecunda labor desarrollada por comisiones de estudio que se han ocupado de temas como educación, salud, obras públicas, justicia y medio ambiente, cuyos trabajos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes como un efectivo aporte a sus labores de bien público. También se han dictado numerosas conferencias abiertas a la comunidad, a través de las cuales se contribuye a la irradiación de los principios masónicos aplicados sobre los principales temas de actualidad nacional.

Hemos citado, Honorables colegas, los nombres de ilustres masones para ejemplificar con ellos las virtudes que la Orden sabe cultivar entre sus miembros, y hemos reseñado sucintamente los esfuerzos desplegados por el Gobierno Superior de la Orden para dar efectivo impulso a sus tareas. Pero no se crea que el objeto de la Masonería se realiza sólo por la destacada acción pública de algunos de sus integrantes o por la acción colectiva o institucional de su Gobierno Superior. La verdadera y principal función de la masonería se cumple a través de cada uno de sus integrantes, a través de cada uno de sus miembros. Todo masón debe ser un obrero infatigable en la tarea de su propio perfeccionamiento, para ser, a la vez, un mejor hombre al servicio de sus semejantes. La Institución le entrega las herramientas para realizar esta labor y lo orienta en su trabajo, enseñándole a despojar su personalidad de todo aquello que no contribuye al logro de este noble objetivo.

La vida de todos y cada uno de los masones, conocidos o anónimos, es un constante aporte a la humanidad, esforzándose por hacerla cada día más fraterna, más justa, más libre y más solidaria. En el partido político, en el club deportivo, en el establecimiento educacional, en el trabajo cotidiano, en cualquier momento y en todo lugar, hay un masón trabajando para ser un mejor hombre y para contribuir a la construcción del gran edificio de la fraternidad universal, cuyos cimientos han de ser la libertad, la igualdad, el humanismo y la tolerancia como sublime expresión del amor del hombre por sus semejantes.

Estos principios y valores, inmutables desde el nacimiento de la Orden Masónica, han inspirado también su fecunda labor en nuestro país, dejando su huella silenciosa pero indeleble en todos aquellos avances de nuestra institucionalizad que significaron abrir amplios espacios a la educación y a la libertad, que fueron y han de ser siempre los insustituibles pilares de la convivencia democrática y del desarrollo nacional.

Con estas sencillas palabras, la bancada Radical-Socialdemócrata del Senado de la República ha querido significar su profundo reconocimiento a la fructífera labor de la masonería en nuestro país y su fraternal saludo al Gobierno Superior de la Orden, la Gran Logia de Chile, representada hoy aquí por sus más altos dignatarios, en su aniversario número 130. Que la salud y la fuerza acompañen sus tareas y les permitan cumplir los objetivos trazados, y que la unión siga siendo su permanente vínculo de hermandad.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, a Chile lo hemos hecho entre todos.

Negar el papel protagónico que tantos masones ilustres (muchos de ellos mencionados por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra) han desempeñado en la causa de la independencia, desarrollo, tolerancia y progreso de nuestro país, sería como negar la historia. No hay quien no tenga vivencias en este orden.

Personalmente, quiero hacer un recuerdo de dos distinguidos masones que ocuparon el alto cargo de Gran Maestro, quienes, en cierta manera, enmarcan mi experiencia de chileno y de hombre muy vinculado a instituciones católicas, como es mi fe y mi convicción. Ellos son Eugenio Matte Hurtado y don Marino Pizarro , aquí presente y a quien saludo.

Por motivos muy diversos, a ambos estuvo estrechamente ligada la insignificante historia de mi vida. Y en este momento quiero acotarlo como una forma de adhesión muy sincera al homenaje que hoy se rinde a una institución protagónica en nuestro proceso cívico.

Yo era un niño, y en mi casa alojaba a menudo, por una vieja amistad, un hombre joven que hablaba extraordinariamente bien, líder de la juventud del año 20 y más tarde fundador de la Nueva Acción Pública y del Partido Socialista y que al mismo tiempo fue Gran Maestro de la Masonería.

Me costó entender, en aquellos años de mi primera juventud, cómo era posible que, habiendo asumido la Presidencia de Chile un masón tan destacado como don Juan Esteban Montero , nuestro amigo, alojado frecuente y admirado contertulio en reuniones de mi familia, Eugenio Matte , hubiera tenido parte tan activa en el desarrollo de sucesos que significaron la caída del Gobierno de Montero. Y recuerdo haber leído en la prensa de entonces los problemas suscitados como consecuencia de estos avatares políticos, que, sin embargo, no debían alterar la respetabilidad y tolerancia entre dos masones que habían decidido seguir caminos contrapuestos, y de repente conflictivos, en la historia.

Esto ha sido así.

Pero las demostraciones de respeto al pluralismo de actitudes y de tolerancia de alguna manera me marcaron. Y fue con gran placer que, años más tarde desgraciadamente, muchos tuve la feliz oportunidad yo, viejo luchador de la Acción Católica de dar, con profunda convicción, mi voto para la incorporación de mi estimado amigo Marino Pizarro a la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales. En esa Academia confraternizamos personas de distintos pensamientos, convicciones e ideas religiosas, pero unidos por el profundo sentido de lo que es la libertad de expresarse, la libertad del pensamiento, la tolerancia y la fraternidad entre nosotros.

Si no tuviera la certidumbre profunda de que la tolerancia, que caracteriza el pluralismo y que hoy vivimos en el Senado, ha tenido el protagonismo de muchos masones, tal vez no habría hecho uso de la palabra.

He hablado con honda convicción y con mucho cariño para tantos amigos que han seguido, o siguen, los principios masónicos, para adherir a un homenaje que estimo justo y oportuno.

He dicho.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , quienes participamos de instancias democráticas, propugnamos la justicia social y estamos contra los privilegios y la intolerancia, tenemos el deber político, moral, intelectual e histórico de reconocer, en la historia de tres siglos de la Masonería especulativa y en los 130 años de la Orden en nuestro país, el espíritu de amor a la libertad que guía a quienes la integran en su búsqueda permanente de la verdad y en los esfuerzos por mantenerse en un lugar de avanzada en los procesos evolutivos e integradores del hombre y de la sociedad.

Debemos reconocer, digo, que a lo largo de la historia de la Masonería se han plasmado hombres que tienen una importancia gravitante en la construcción y existencia de instituciones republicanas. No olvidemos que en nuestra principal Casa de Estudios, la Universidad de Chile a la que ayer rendimos un homenaje en esta Corporación, se forjó con mucha fuerza el pensamiento de defensa de la libertad en muchos hombres que la engrandecieron hasta el nivel que hoy todos le reconocemos.

He querido sumarme a este homenaje porque, como se ha señalado, muchos socialistas que adhirieron desde un principio a la Masonería, fueron connotados integrantes de ella. Y se ha mencionado a Salvador Allende Gossens y también a un hombre que murió muy joven, don Eugenio Matte Hurtado , quien, al fundar el Partido Socialista, era Gran Maestro de la Gran Logia de Chile.

No quisiera dejar pasar la ocasión sin referirme a otros hombres de las filas del Partido Socialista que encontraron en la Orden la posibilidad cierta de seguir trabajando por encontrar la verdad, la justicia, la libertad. Entre ellos, cabe señalar a un gran Senador socialista que iluminó con gran sabiduría el Hemiciclo del Senado, don Eugenio González Rojas , a quien me siento extraordinariamente ligado, pese a pertenecer a distintas generaciones. Fue uno de los hombres que, a partir del pensamiento que sustentamos, y tal vez muy inserto en la ilustración enciclopedista, llegó a ser un gran humanista y al mismo tiempo un gran socialista.

Nuestro Partido siempre ha valorado el enorme respeto que al interior de la Masonería se tiene por las opiniones ajenas. Creo que fueron ellos quienes introdujeron, en el aspecto cultural, la libertad de expresión como parte muy sustantiva de la convivencia civilizada entre los chilenos.

Dicen los masones: "Trabajar por pulir la piedra", figura que nos toca a muchos, aun cuando no necesariamente participemos de la cosmovisión que a ellos los ilumina, porque desde distintas perspectivas de la existencia siempre estamos tratando de pulir la piedra.

Hoy, los socialistas estamos tratando de pulir la piedra en la búsqueda de la verdad, inspirados en la fuente del pensamiento marxista, en la del cristiano y en la del laico y racionalista que representan los masones.

Por eso, señor Presidente , cuando ha renacido la democracia en nuestro país; cuando podemos decir estas cosas con altura de miras, con frescura espiritual; cuando hoy, en este Hemiciclo, podemos rendir homenaje a instituciones tan importantes como la Masonería, la que, cuando no era posible hablar de la verdad, cobijó a muchos socialistas, los que estuvieron dentro de sus muros tratando de mantener en alto la llama de la dignidad, la llama del espíritu creativo, he querido sumarme a este saludo, aprovechando la posibilidad que nos proporciona esta ocasión, porque estamos viviendo instantes particularmente sensibles, complejos y difíciles en la historia de la humanidad. Para enfrentarlos y poder horadar el destino y el porvenir con la máxima prestancia y certeza, requeriremos de pensamientos tan profundos como los que se cobijan en la Orden, a fin de iluminar los momentos que nos tocará vivir en el próximo futuro.

Reitero mi sincera adhesión a este homenaje, y expreso mi disposición de siempre para mantener un diálogo con quienes, desde los distintos puntos de vista que tiene la Masonería, trabajan por el bien común.

Muchas gracias.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , Honorables colegas:

En nombre de Renovación Nacional y en el mío propio, adhiero al justo y merecido homenaje que se rinde en el Senado de la República a la Gran Logia de Chile, órgano rector de la Orden Masónica en nuestro país, cuya labor, en sus 130 años de existencia, ha sido muy fructífera.

Han concurrido aquí, en esta oportunidad, altos dignatarios que integran el gobierno superior de esa Orden, encabezados por el Gran Maestro de la Logia de Chile, don Marino Pizarro.

La Orden Masónica inició sus actividades en 1717, en Inglaterra, y sus concepciones se difundieron muy pronto por Europa y el resto del mundo. Sus banderas fueron la libertad, igualdad y fraternidad, ideas que ejercieron gran influencia en el desarrollo de la historia a contar de esa fecha. El Senador señor González , por la vía del ejemplo, señaló los nombres de ilustres masones que en distintas partes de Chile y del mundo han contribuido al progreso de la humanidad.

En nuestro país, en los tres Poderes del Estado han participado distinguidas personalidades, miembros de la Masonería: en el Ejecutivo , en forma permanente y desde el comienzo de nuestra historia; y en el Legislativo y Judicial hubo y hay gente integrante de esa organización. También han estado presentes en el campo de la intelectualidad y en las diversas actividades relevantes de la vida nacional. Siempre hemos podido constatar que ha existido un generoso aporte de personeros de la masonería.

La FLECH y los clanes universitarios forman a la juventud; se les enseña tolerancia frente a conductas dogmáticas.

Por esas razones, nos asociamos a este justificado homenaje a la Gran Logia de Chile, con motivo de la celebración de su 130° aniversario.

He dicho.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , Honorables colegas, señores dirigentes de la Gran Logia de Chile:

En nombre del Partido Unión Demócrata Independiente, y también a título personal, adhiero al homenaje que el Senado tributa hoy a la Orden Masónica de Chile , con ocasión de cumplir un aniversario más de su fundación aquí, en la ciudad de Valparaíso.

Se ha dichocon razón que la patria la construimos entre todos. Y es indudable que, cualesquiera que sean nuestras convicciones, un examen objetivo de la historia nos hace ver que parte importante en hechos trascendentales acontecidos en Chile ha correspondido a miembros de la Orden.

Tanto en la paz como en la guerra, siempre encontramos la presencia de quienes tienen la calidad de masones. Específicamente, no puedo ignorar, como viñamarino, que era masón no sólo don Juan de Dios Arlegui recordado con el nombre de una calle céntrica de Viña del Mar, sino también el verdadero fundador de esta comuna, don José Francisco Vergara.

Pero, fuera de ellos, como católico y hombre de fe, debo recordar algunos acontecimientos relevantes, que demuestran cómo, en momentos significativos desde el punto de vista de la religión católica, la Masonería procedió con el espíritu que señalan sus principios. No olvidamos el Congreso Eucarístico realizado en 1940, bajo el Gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, cuando diría frente a La Moneda los fieles rendimos homenaje a nuestros principios, en el cual también participó la esposa del Presidente de la República. Evidentemente, ese Congreso, que representó tanto para quienes profesamos la fe, hubiera carecido del brillo que tuvo sin la colaboración y apoyo que el Gobierno le brindó.

Hay algo más, que constituye un recuerdo personal. Como alumno de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso, tuve la suerte de contar con distinguidos profesores que eran masones muy activos, a quienes se atribuía una actitud sectaria. Sin embargo, tengo el orgullo de decir que, en mi calidad de estudiante católico, no fui objeto de discriminación alguna, sino que, más bien, gocé del apoyo y simpatía de maestros como don Ramón Meza y don Salvador Villablanca , los cuales me honraron y apoyaron, no obstante la disparidad de principios que sustentábamos.

Por ello, al tributar este homenaje, lo hago teniendo muy presente el recuerdo de todas esas personas; pensando en el mérito que para mí, como católico, implica que haya tantos y tantos masones que, pese a no tener el privilegio y el don de la fe, han cumplido una tarea tan importante para Chile en todos los aspectos y, muy en especial, en la formación de la juventud, sin que las diferencias que pudiéramos tener afectaran el anhelo común de trabajar por Chile.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , señores Senadores, deseo expresar, en mi nombre y en el de los Senadores democratacristianos, nuestra adhesión al homenaje que rinde la Cámara Alta a la Gran Logia Masónica.

Lo hacemos, en la convicción de que en la perspectiva de un Chile que madura hacia la tolerancia y el respeto, los principios sustentados por la Logia Masónica contribuyen a afianzar este camino.

Lo hacemos, en la seguridad de significar en este homenaje el afán que todos tenemos de comprender en el sentido de nación todos los pensamientos, todas las opciones y todas las filosofías que permitan consolidar el humanismo, la libertad y la paz.

Lo hacemos, entendiendo el pasado que nos dividió y asumiendo el futuro que nos une en esos principios, que cada día se no hacen más consustanciales para posibilitar nuestra humanitariedad.

Lo hacemos, señores Senadores, con la tranquilidad espiritual que nos proporciona la evolución de las instituciones humanas en los últimos decenios. Porque todas aquellas que agruparon a los grandes pensadores con su acervo e iluminación, fueron alejándose de la intolerancia, el integrismo y el maniqueísmo.

Ellas las instituciones y nosotros los hombres hemos entendido que la verdad es multifacética en el conocimiento humano, y que sólo la verdad absoluta (que no está a nuestro alcance) no admite interpretación; que el afán de libertad del librepensador sólo tiene justificación ética cuando acepta, también, la razón y el derecho de aquel hombre de creencias arraigadas; que, a su vez, el hombre de creencias sólo puede sostenerlas si es capaz de combatir el error con toda la fuerza de sus valores y de su percepción, y asimismo, de comprender, de conformidad a la concepción cristiana, al hombre que yerra, y que ambas posiciones se reconocen, sin saberlo, en la expresión tomista: distinguir para unir, pero acentuando la capacidad de acercarse a la verdad compartida, sin confundir la distinción con la exclusión.

Cuando señalo esto en la ocasión en que el Senado rinde homenaje a la Logia Masónica, estoy manifestando el reconocimiento a lo que ella significa en Chile, que puede entregar quien no pertenece a ella.

Nada de esto es relativismo o transigencia de principios. Por el contrario, es el avance hacia nuevas formas de convivencia intelectual y social entre las vertientes del pensamiento humano, después de largas y a veces duras etapas de confrontación.

Excúsenme, señores Senadores, que mencione que crecí en esa confrontación ideológica. Tal vez me hizo bien: me urgió a la racionalidad de mis propios argumentos; me abrió la puerta a templos distintos del saber, y me mostró un mundo más ancho, aunque no penetrara en él. Pero, sobre todo, me enseñó que no es la razón la que debe dividir o no a los hombres, ni su ejercicio, sino la capacidad o incapacidad de respetar los derechos de los otros hombres.

En el tiempo por construir, la Logia chilena tiene un espacio asegurado, porque ese respeto al hombre es parte de su esencia, y de su aplicación ha de surgir esa presencia.

En este aniversario que hoy celebra expresamos nuestro saludo, en la persona del Gran Maestro presente en la Sala, a la Gran Logia de Chile, por su continuidad histórica, puesto que aparece en la época de la Independencia de Chile y se prolonga hasta nuestros días.

He dicho.

El señor DIEZ.-

Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa toca una materia fundamental de nuestra institucionalidad: el carácter subsidiario de la acción del Estado en el ámbito empresarial y el cumplimiento del espíritu y la letra de la Constitución Política a este respecto. Por eso, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, junto con el Senador señor Fernández , votamos por calificar esta iniciativa como contraria al texto de la Carta Fundamental.

En efecto, la disposición del artículo 19, N° 21°, de nuestra Carta, que establece: "El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si una ley de quórum calificado los autoriza.", ha sido objeto de diversas interpretaciones en la Sala.

El análisis del establecimiento de esa norma, desde el memorándum dirigido por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política del Estado al Presidente de la República , en agosto de 1978; el debate habido en sus sesiones, hasta las opiniones manifestadas, absolutamente coincidentes y sin ninguna excepción, por los miembros de ella y de la Subcomisión que participaron en el debate, nos lleva a la conclusión de que la exigencia señalada por la Constitución se refiere a una ley netamente específica.

Esta interpretación está avalada no sólo por la historia fidedigna del establecimiento de la ley, sino además por la gramática. Dice la Carta: "sólo si una ley de quórum calificado los autoriza.". Esa es la excepción, y, en consecuencia, de acuerdo con las normas interpretativas, ella debe ser evidentemente restrictiva.

En seguida, corresponde aplicar las disposiciones constitucionales en el sentido de que éstas no sólo tengan aplicación específica, sino que en su interpretación se respete el principio de la jerarquía constitucional. De lo contrario no tendría sentido que dicha norma estuviese en la Carta. Ahora, si ésta contemplara que una ley de quórum calificado podría autorizar al Estado en general para emprender actividades de carácter económico, se estaría otorgando una facultad para que el texto constitucional pudiera modificarse mediante ley común.

Cuando la Constitución exige que sólo sea una ley especial, de quórum calificado lo cual supone una mayoría más grande y, además, una materia delicada, existe una doble restricción: la materia es delicada y la palabra "sólo" obliga a una aplicación restrictiva.

Toda la normativa constitucional señala el rol subsidiario del Estado en materia empresarial. Y su participación en esta área de la actividad humana es excepcional, y, a nuestro juicio, debe ser específicamente permitida.

Hemos oído a numerosos señores Senadores defender la libertad de las universidades de sus respectivas zonas para crear empresas. Sabemos que planteles análogos gozan de esa facultad, otorgada bajo el imperio de la Constitución de 1980. Pero un mal no justifica otro mal, y un error no valida el error siguiente. Lo lógico sería que nosotros, cuando estudiáramos el proyecto de ley general de las universidades, aplicáramos la correcta teoría constitucional. Y que a las instituciones de educación superior con un estatuto jurídico que no pasó por el control del Tribunal Constitucional y que excede la interpretación de la Carta, les validáramos las empresas que hayan formado y las sometiéramos en el futuro al pleno imperio de la ley.

Sé que la postura no es simpática, porque es muy fácil soñar el progreso con los dineros públicos, sea que los inviertan las universidades, o cualquier otra institución. Pero las enseñanzas de la historia chilena y universal son muy crueles respecto de tales esperanzas. El socialismo real fracasó, precisamente, por basar su sueño y su ilusión en una economía intervenida y manejada por el Estado.

Es cierto que ésta es una materia particular que afecta a actividades determinadas. Pero también lo es que, al sumar éstas a otras anteriores y a unas distintas, se empieza a construir una realidad en la cual el Estado tiene un carácter empresarial, lo que no sólo implica consecuencias perjudiciales en el marco de la libertad y de la libre competencia, sino que también produce efectos perniciosos en el manejo, control, transparencia y administración de los dineros públicos.

Quienes fuimos miembros de la Comisión Mixta de Presupuestos en el pasado no podemos olvidar que, mientras una cantidad de dinero era sometida al Congreso por el Presidente de la República en la iniciativa correspondiente, cifras mucho mayores estaban por fuera del control del Parlamento, e incluso escapaban del conocimiento del Primer Mandatario, a través de las innumerables sociedades en las que el Estado participaba e intervenía, o que administraba, por intermedio de diversos organismos, principalmente de la Corporación de Fomento de la Producción.

Por eso, señor Presidente , creo mi obligación pronunciar estas palabras y dejar constancia de que con proyectos de esta especie, a mi juicio, se está rompiendo la economía basada en la libertad y en la cual el Estado tiene que jugar su propio rol, sin entrar a invadir aquellos que corresponden a los particulares.

Al mismo tiempo, deseo llamar la atención de los señores Senadores en cuanto a que, si la expectativa es que con dineros públicos las universidades emprendan negocios, donde lo aleatorio está siempre envuelto, y la contingencia incierta de ganancia o pérdida es consustancial a las actividades empresariales, nos encontraremos, más temprano que tarde, con la triste realidad de que esos recursos públicos, que debieron destinarse a fomentar la educación universitaria, a formar profesionales o a posibilitar su trabajo, se perdieron en aventuras empresariales, que siempre señalaremos como excepcionales, pero la regla histórica demuestra que, a la larga, no es así.

Por las razones expuestas, señor Presidente, votaré en contra de esta disposición.

Finalmente, me parece grave la tendencia que estamos demostrando en varios proyectos de ley cuando manifestamos defender a ultranza un modelo económico exitoso, en circunstancias de que lo estamos socavando, como quien corta un salame, sistemáticamente, en pequeñas tajadas. Porque mañana vamos a lamentar el haber destruido un sistema que hoy nos complacemos en alabar y del cual nos sentimos satisfechos por su buen resultado.

Gracias, señor Presidente.

El señor PALZA.-

Seré muy breve, señor Presidente. Sólo para lamentar algunas expresiones formuladas esta mañana respecto a la materia en estudio.

Todavía recordamos ese sólido discurso pronunciado ayer en el Congreso por el Rector de la Universidad de Chile, con motivo de homenajear el Senado a tan prestigiado plantel de educación superior, al cumplirse un año más de su creación. Y a través de sus palabras nos damos cuenta del rol, no sólo de esa casa de estudios, sino de todas las universidades del país. Sin embargo, esta labor trascendental hoy día ha sido rebajada a expresiones que la comparan con un "salame", lo que, a mi juicio, significa, disminuir lo que escuchamos en ese acto.

Pienso que no podemos ligar la economía social de mercado con un proyecto de ley que arranca de la petición expresa de las comunidades universitarias de las distintas Regiones del país. Dos universidades pertenecen a la zona que represento: la de Tarapacá y la Arturo Prat, de Iquique, cuyos Rectores estuvieron presentes ayer, incluso compartiendo con nosotros, y nos dieron a conocer lo que ellos esperan de este proyecto, y sus sueños, porque, por último, en la universidad también se sueña, pero con grandeza de espíritu, de lo que se puede hacer en favor de las comunidades.

Reitero lo que expresé en la última sesión sobre el tema: esta disposición legal no entrega nada adicional que no tengan las universidades señaladas, como la de Chile u otras, sino que deja en igualdad de condiciones a todas, para evitar que exista discriminación. Al mismo tiempo, deseo hacer presente a Sus Señorías que para hacer posible la aprobación de la norma se necesita cumplir con el quórum constitucional de 24 votos.

Creo que para el logro de las aspiraciones de los académicos, de las autoridades universitarias y de los propios estudiantes quienes nos han escrito pidiendo precisamente apoyar esta iniciativa, es bueno tener en cuenta y celebrar que, como se ha demostrado en la Comisión y en los discursos pronunciados, el proyecto no involucra un pronunciamiento de orden político, porque, de hecho, a su aprobación concurrirán Senadores de las distintas bancadas.

Por eso, pido a Sus Señorías hablo en nombre de mi Región, la de Tarapacá que nos ayuden a hacer posible esta disposición legal, porque estoy cierto de que la idea es crear asociaciones con particulares, u otros, conforme a lo que determinen las universidades. Jamás se le ocurrirá a la Universidad de Tarapacá, como tampoco a la Arturo Prat, a la de Magallanes, a la de Atacama, a la de Valparaíso, a la de Bío-Bío o al Instituto Profesional de Osorno , de acuerdo con la facultad que se viene otorgando, formar un supermercado, una peluquería o cualquier empresa de ese tipo.

En la sesión anterior señalamos, como también lo han manifestado hoy algunos señores Senadores de las Regiones del extremo sur, que con la norma en análisis se pretende fortalecer la actividad propia de esas instituciones de educación superior y allegar nuevos recursos para mejorar las labores universitarias.

Deseo terminar, señor Presidente , lamentando algunas expresiones formuladas en esta Sala, y solicitando a los Honorables colegas que, por un momento, los integrantes de esta Alta Tribuna, el foro más elevado de la política chilena, traslademos nuestro pensamiento y nos introduzcamos en la universidad, como si estuviéramos conversando con los académicos, los profesores y los estudiantes, para preguntarles qué pretenden concretamente: si convertir un sueño en realidad, o si desean formar una mera empresa mercantilista con fines de lucro. Pienso que no es ése el sentido de lo que se persigue, porque creer eso sería rebajar el espíritu universitario.

Por tal razón, como representante de la comunidad de Tarapacá y como una persona que también pasó un día por la universidad, deseo apelar al criterio de sus Señorías para que hagamos realidad lo que escuchamos y aplaudimos ayer con motivo de celebrarse el 150° aniversario de la Universidad de Chile, a fin de brindar igual oportunidad a esas siete universidades regionales y al Instituto Profesional de Osorno, con el objeto de que algún día también lleguen a alcanzar el nivel que ostenta actualmente dicha casa de estudios superiores.

He dicho, señor Presidente.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , el proyecto que nos ocupa ha sido largamente debatido en esta Corporación, tanto en su discusión general como en la particular, y sigue siéndolo con motivo del análisis del informe de la Comisión Mixta.

Creo que los miembros de este Senado, así como quienes han seguido desde afuera con interés el debate de la iniciativa, tienen clara conciencia respecto de los objetivos que persigue y, al mismo tiempo, de las dificultades que se presentan para su aprobación.

Fundamentalmente, el problema ha surgido en lo referente a la facultad que otorga a siete instituciones de educación superior y al Instituto Profesional de Osorno, con el objeto de asimilarlos a otras universidades que ya gozan de la misma.

Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, y básicamente consiste como dice el texto en la capacidad de crear y organizar, con otras personas naturales y jurídicas, sociedades, corporaciones o fundaciones, con la sola limitación de que los objetivos de las mismas se complementen con los de la universidad o instituto respectivo.

El antecedente más reciente que tenemos acerca del buen uso y de la conveniente aplicación de esta facultad se encuentra en el discurso que escuchamos ayer al Rector de la Universidad de Chile.

Por lo tanto, me parece indiscutible el mérito de aquella facultad, y las universidades específicamente las siete que contempla la iniciativa, así como el Instituto Profesional de Osorno, necesitan de la misma para encarar más eficientemente sus actividades.

Por otra parte, creo que la disposición que nos preocupa no sólo es meritoria por sus fines de igualdad y de equidad, sino también por constituir la manifestación concreta de una voluntad real de contar con una norma que pueda desarrollarse a partir de los preceptos contenidos en el proyecto sobre regionalización, el que, por lo avanzado de su tramitación, esperamos que muy pronto sea ley de la República.

Ciertamente, la iniciativa propende a que las universidades, los establecimientos de enseñanza superior, puedan desplegar capacidades que les permitan vincularse más activamente con las tareas de investigación, y, según el lugar en que se encuentren, con las necesidades productivas de carácter regional. Es decir, que se incorporen de modo participativo y real en las tareas de desarrollo y progreso y contribuyan a superar muchas situaciones de desigualdad y de injusticia social en que se encuentran zonas de nuestro país.

Me parece que tales objetivos deben vincularse a las funciones propias de los establecimientos de enseñanza superior.

He escuchado con interés y atención y cierta preocupación las palabras del señor Senador que hace unos instantes sostuvo que esta iniciativa conspiraba, de alguna forma, contra el modelo económico y el camino de progreso que el país está siguiendo. Más bien, creo lo contrario. Porque al otorgar a los planteles universitarios atribuciones como las contempladas en el proyecto, se los está dotando de la capacidad y posibilidad dinámica de llevar a cabo iniciativas que contribuirán efectivamente a un mayor sostenimiento, ensanchamiento y enriquecimiento del modelo económico que nuestro país hoy está desarrollando en su camino en pos del progreso y del crecimiento.

Nada más contrario a la realidad que el creer que el modelo actual coloca a los particulares en situación distinta de la de otras instituciones del país, con intereses diferentes. Un verdadero modelo de desarrollo debe brindar a todos incluidos los particulares, por cierto los medios y oportunidades para desplegar sus fuerzas en favor de los grandes objetivos del país. Y me parece que esta iniciativa lo hace, y con un carácter específico: zonal, regional. Y ello debe ser reconocido como aporte positivo, no como elemento que limite o entorpezca el actual proceso económico.

Al tenor de lo expresado en el informe de la Comisión Mixta, es posible apreciar ciertos temores ante el hecho de que las atribuciones de que dispondrán, a partir de esta normativa, los establecimientos de enseñanza superior indicados en ella, no cuenten con la autorización de los Ministerios de Hacienda y de Educación.

Ante un reparo de tal naturaleza, debo precisar que estamos en presencia de algo absolutamente ajeno y extraño al espíritu que ha animado al proyecto de regionalización. De lo que se trata, justamente, es de dotar a las instituciones radicadas en las regiones de elementos que eviten su burocratización, para que sus políticas y proyectos puedan llevarse a cabo ágil y efectivamente, con oportunidad, teniendo en consideración, en cuanto al desarrollo y crecimiento, los objetivos de carácter regional.

Otro aspecto que, según el informe de la Comisión Mixta, fue motivo de polémica, es el relativo a los quórum consignado en el inciso segundo del artículo único y que establece que "la decisión de crear, participar, asociarse, incorporarse, retirarse, definir el monto de los aportes a las respectivas asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones o aumento de ellos, se adoptará por la Junta Directiva, a proposición del Rector, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.".

Debo hacer notar que todos los puntos sobre los cuales hubo discrepancia, con la sola excepción del principio de constitucionalidad, no son materias de fondo que pudieran entorpecer el despacho de la iniciativa. Y me parece que lo relativo a tal principiocomo lo señaló el propio Senador señor Diez quedó claramente despejado ante el hecho de que existen otras instituciones que ya gozan de estas atribuciones y que, por cierto, no podrían contar con ellas en la medida en que tales normas fueran inconstitucionales.

Señor Presidente , Honorables colegas, las comunidades universitarias de los establecimientos que hoy no gozan de esos beneficios y que, por lo tanto, son objeto de discriminación, esperan con sumo interés la materialización de este proyecto de ley. Es de justicia que el Senado lo despache para establecer así la equidad y la igualdad requeridas y, al mismo tiempo, para contribuir a las políticas de progreso y crecimiento tan necesarias en las regiones en donde están radicados esos establecimientos de enseñanza superior.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , en mi opinión, el tema constitucional y jurídico sobre la procedencia del proyecto está agotado con los legítimos puntos de vista que ya se han expresado.

Quiero señalar, en seguida, que considero muy respetables los supermercados y las rotiserías, de modo que no tengo objeciones a los ejemplos relativos al salame. Pero no los estimo pertinentes respecto del punto en discusión. Porque si la tesis es el desmantelamiento de una institucionalidad jurídica, ahora que nos encontramos en un estadio democrático, ella no se compadece ni con los hechos ni con el derecho. Porque si uno analiza el DFL N° 153, de diciembre de 1981, que fija las atribuciones de la Universidad de Chile y sus fines, advertirá que su artículo 4o establece que, entre otras cosas, dispone de autonomía económica. Y se entiende por ésta la que permite a los establecimientos de educación superior contar con recursos para satisfacer los objetivos que les son propios. Y el artículo 75 de la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo a la organización de las entidades superiores, prescribe, de nuevo, que "se entiende por autonomía el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por sí mismo". Y su inciso tercero, dice: "La autonomía económica permite a dichos establecimientos disponer de sus recursos para satisfacer los fines que le son propios de acuerdo con sus estatutos y las leyes.".

Hay señores Senadores que tienen pleno derecho a manifestar que su intención es vigilar en qué se gastan los fondos públicos. Sí, y para eso existen mecanismos de control: la Contraloría General de la República, y la fiscalización que ejerce la Cámara de Diputados. Porque se trata de vigilar el uso de los recursos, no a las universidades, porque universidades vigiladas son lo contrario de lo que es una casa de estudios superiores.

Tengo a la mano el informe de la Comisión de Educación, en el cual se consigna que el representante de la Universidad de Talca dio a conocer que el aporte estatal representa sólo el 45 por ciento de sus ingresos, que de la matrícula de los alumnos se obtiene el 40 por ciento, y que el resto es de origen distinto, producto de la búsqueda de nuevos recursos. Es decir, estas universidades reconocen que administran un patrimonio superior al que les otorga el Estado. Entonces, ¿por qué dudar de que lo van a administrar adecuadamente?

Considero legítimo que los señores Senadores deseen cuestionar, a lo mejor, el principio de la autonomía universitaria. Es una opinión respetable, pero no la comparto.

A mi juicio, señor Presidente , ya se ha dilucidado que el proyecto no adolece de problema constitucional alguno, salvo que los que votan en contra mantienen una inconstitucionalidad, ya que a personas jurídicas dotadas del mismo carácter las universidades se les niega un derecho del que otras disfrutan. Y eso afecta lo dispuesto en el número 2o del artículo 19 de la Constitución.

En segundó lugar, aquí se pretende cuestionar un proceso iniciado en el Gobierno anterior, consistente en otorgar a otras universidades facultades que ya tenía la Universidad de Chile. Si ésa es la intención, ¡bienvenidos! ¡De los arrepentidos es el Reino de los Cielos!

Pero, en tercer lugar, si se trata de cuestionar la autonomía, creo que cometen un error, porque ésta no constituye una visión partidaria, sino que obedece a variadas concepciones que, en el seno de las universidades o de la vida política, se expresa reconociendo, precisamente, a entidades del carácter de los establecimientos de educación superior el rol esencial de tal concepto en el cumplimiento de sus fines propios.

Por lo tanto, señor Presidente , llamo a votar en favor del proyecto, el que, como dije, no incurre en problemas de constitucionalidad, de legalidad, ni tampoco conduce a un desmantelamiento de la institucionalidad, sino que permite a otras entidades superiores hacer carne y realidad en mejor forma el pensamiento que don Andrés Bello esculpió hace mucho tiempo quizás en el alma de educandos que él no tuvo oportunidad de conocer: queremos una universidad cuyo norte sea Chile y las necesidades de su pueblo.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , se ha sostenido que la Senadora que habla planteó como un subterfugio la necesidad de que este proyecto vaya a la Comisión de Hacienda. En realidad, nunca ha sido mi intención la de hacer uso de un recurso como ése. Opiné que debía ir a la Comisión de Hacienda por estar convencida de ello. Por lo demás, mal podría ser un subterfugio el pedir el informe ilustrado de una Comisión que preside el Honorable señor Zaldívar.

Me asiste el convencimiento de que debe ir a esa Comisión, porque la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, establece en su artículo 17 que "cada Cámara deberá tener una comisión de hacienda, encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en materia presupuestaria y financiera del Estado," comprende no sólo al Fisco "de sus organismos o empresas. En todo caso, la comisión de hacienda deberá indicar en su informe la fuente de los recursos reales y efectivos con que se propone atender el gasto que signifique el respectivo proyecto, y la incidencia de sus normas sobre la economía del país.".

Por su parte, el artículo 49 del DFL N° 153, de 1981, aplicable hoy a las universidades que se indica, dispone que éstas pueden "crear y organizar", etcétera, "aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio".

En consecuencia, señor Presidente , no cabe la menor duda de que las universidades a quienes se autoriza para hacer este gasto aportarán recursos de su patrimonio, y que sería de competencia de la Comisión de Hacienda determinar ese efecto presupuestario y financiero. Y, además, por la incidencia que las normas del proyecto tendrían en la economía nacional, porque, sin lugar a dudas, si se ejercita esta facultad, se crearán múltiples empresas en el país, y ello, naturalmente, incidirá en nuestra economía.

Voto que no.

El señor MC-INTYRE.-

Deseo fundamentar el voto, señor Presidente.

Debo hacer presente que la larga discusión suscitada en torno de esta iniciativa ha estado ajena a afanes ideológicos, que no hemos debido lamentar en ella expresiones inadecuadas, y que todas las intervenciones de los señores Senadores sólo han tenido en vista el bien de la universidad y no motivos mezquinos. En todas ellas hemos advertido preocupación por la búsqueda de recursos, y la falta de autonomía, temas a los cuales se refirió ayer el Rector de la Universidad de Chile. De modo que no estamos negando fondos, sino pensando en su adecuada administración por los planteles universitarios.

En cuanto a los sueños empresariales que alguien mencionaba, en realidad, no son tales. Los rectores de planteles de educación superior tienen muchas responsabilidades. Por ello comprendemos muy bien al de la Universidad de Chile, quien en la ceremonia de ayer expuso los serios problemas que debía enfrentar.

Hay que pensar en las dificultades de índole empresarial que debe encarar tanto en el caso del canal de televisión de dicha Casa de Estudios como en el del Hospital José Joaquín Aguirre.

Sin embargo, estimo que a las universidades les es posible crear asociaciones que les permitan obtener fondos, pero en menor escala que en una empresa, como hemos podido comprobarlo a través del territorio nacional. Varias de ellas colaboran activamente, en la parte científica y perciben ingresos por ello, con empresas del sector pesquero. En consecuencia, si estamos preocupados por la falta de recursos, no debemos remitirnos a sueños empresariales, sino centrar nuestra atención en el campo de la investigación, donde hay tanto por hacer y para el cual hay fondos previstos.

Voto negativamente.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente , tal como lo señalo en el informe de la Comisión de Constitución, no soy partidario de una norma de esta naturaleza, por las razones de orden constitucional que no es del caso repetir, y que han sido ampliamente debatidas en la Sala.

No obstante, considero importante tener presente el siguiente concepto: si deseamos que las universidades cuenten con mayor financiamiento para cumplir los importantes fines que les son propios, la asociación con privados no es el camino adecuado, sino el de la vía presupuestaria directa.

Las actividades empresariales implican inevitablemente la posibilidad de pérdidas económicas, y como parte de los recursos de las universidades serán destinados a esa área, estarán expuestas a los riesgos consiguientes. Si éstos se tradujeran en pérdidas, querría decir que mediante el sistema propuesto estaríamos disminuyendo el presupuesto universitario. No debemos olvidar que cada vez que tal gestión empresarial resulte deficitaria, se malgastarían fondos fiscales, pero, sobre todo, se limitaría el desarrollo de la respectiva institución de educación superior.

Señor Presidente , soy partidario de contribuir al financiamiento de las universidades, en especial de las regionales, que tienen importantes necesidades de recursos desde ya comprometo mi voto a cualquier iniciativa del Ejecutivo que las beneficie en ese sentido, pero no apruebo que se expongan a aventuras que conllevan la posibilidad de ganancias o pérdidas, que es de la esencia de toda actividad empresarial.

Por tales razones, y por estimar que se atenta gravemente contra el presupuesto de las universidades, voto que no.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, nos encontramos frente a un proyecto de ley que presenta aspectos diversos.

En primer lugar, no parece tan simple el que las universidades puedan invertir recursos del Estado en actividades que, en general, podrían catalogarse de extensión, y de canales de información o de promoción cultural.

La experiencia del canal de televisión de la Universidad de Chile nos demuestra que las inversiones en actividades propias rinden más beneficios que perder grandes sumas de dinero en la administración de una estación televisiva, la que debe competir con otros canales que no se caracterizan generalmente por constituir aportes importantes a la cultura, sino que a veces resultan ser todo lo contrario.

Por otro lado, aquí hay una realidad innegable: existen universidades facultadas para participar en sociedades, corporaciones u otro tipo de empresas dependientes, y, en ese sentido, creo que la ley debe ser igualitaria para todas ellas.

Señor Presidente , considerando que esta situación debe regularse mediante una legislación futura destinada a evitar los problemas que actualmente se suscitan reitero el ejemplo sobre lo que ocurre con el citado canal universitario, votaré afirmativamente, a fin de dejar a todas las instituciones de educación superior en un mismo nivel. Entiendo que ello producirá problemas, pero es peor que sólo algunas gocen de un derecho del que carecen las demás.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , sólo dos palabras para fundar mi voto afirmativo.

Estoy absolutamente convencido de que la mejor forma de tutelar los recursos de las universidades, cuando deben realizar actividades empresariales complementarias, es constituir, precisamente, sociedades de responsabilidad limitada, evitando que fondos destinados a fines universitarios, a las ciencias básicas por ejemplo se traspasen a actividades que puedan implicar algún tipo de riesgo, pero que deben asumir si pretenden entregar una formación completa, desdé lo básico hasta lo práctico, como corresponde a sus funciones.

Voto que sí.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , a mi juicio, es muy válido el argumento de que debe haber igualdad entre todas las universidades.

Por otra parte, en la actualidad estamos llevando a cabo un proceso de regionalización, y hemos hecho presente nuestra confianza en las autoridades provinciales y regionales. Igualmente, confiamos en que las Juntas Directivas de las universidades aplicarán esta ley con racionalidad y prudencia. Por eso, creo que debemos darles la posibilidad de demostrar que, ejerciendo esta facultad en forma adecuada, podrán lograrse beneficios en favor de las casas de estudios superiores, congruentes con sus fines.

Por eso, voto afirmativamente.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , más allá de que pueda haber un debate fundado sobre aspectos constitucionales y legales, aquí, evidentemente, hay envuelto un problema de justicia. Frente a esa disyuntiva, me inclino por la justicia; a fin de que todas las universidades y los institutos de educación superior reciban un trato equitativo.

Cabe recordar, además, que el aporte fiscal para tales instituciones es francamente minoritario en el contexto de su presupuesto, como ocurre no sólo en el caso ya mencionado de la Universidad de Talca, sino también en el de la Universidad Arturo Prat, de Iquique, en donde los recursos fiscales financian únicamente el 30 por ciento del total de sus gastos.

Por esas razones, voto que sí.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente , como no intervine en el debate, fundamentaré muy brevemente mi posición.

En esta oportunidad nos estamos pronunciando sobre varias cosas. Como han señalado algunos señores Senadores, deseamos realizar un acto de justicia y dejar a todas las universidades en igualdad de condiciones respecto de la posibilidad de formar sociedades. También hay involucrado un esfuerzo de regionalización, porque solamente las universidades del centro del país poseen esa facultad que ahora pretendemos proporcionar a los planteles de estudios superiores de todo Chile. Además, en mi opinión, estamos patrocinando, una vez más, una fórmula que, en lo tocante al desarrollo de la economía nacional, permita marchar de acuerdo con los tiempos.

Con mucho orgullo soy Presidente de un Partido que fue el campeón de la estatización, el adalid de la acción del Estado en la creación de empresas y el desarrollo del país, porque entendíamos que en esa época no había otra forma ni manera de conseguirlo. Pero nuestra colectividad racionalista y pragmática, pero no oportunista comprende que en la actualidad el destino y futuro de Chile van por otros caminos. Por ese motivo hemos apoyado iniciativas que promueven el crecimiento por la vía del desarrollo del sector privado. Y así, por ejemplo, hemos votado favorablemente la ley sobre pertenencias mineras, que permite a las empresas del sector privado intervenir en el proceso productivo nacional.

La proposición que ahora se somete a votación faculta a las universidades para asociarse con terceros con fines de desarrollo. De manera que, si deseamos el progreso de Chile, ¿por qué no la vamos a votar positivamente? Por lo demás, se trata de una fórmula que marcha a la vanguardia en la economía mundial, y, al adoptarla, nos incorporamos a un proceso que países más desarrollados que el nuestro hicieron suyo hace 50 años.

En mi opinión, señor Presidente, votar en contra de esta iniciativa constituye una manera "gloriosa" de gritar nuestro subdesarrollo; es decir, nuestra incapacidad para colocarnos a la par con los tiempos. Considero que ello no debe ser así. Y no me explico que quienes permanentemente han defendido a la empresa privada se opongan ahora a que las universidades formen asociaciones con particulares, a fin de realizar negocios que resulten beneficiosos para ambos.

Si algo hemos aprendido, es que las empresas privadas no hacen negocios para perder dinero. Tengo profunda fe en los empresarios chilenos, y la convicción absoluta de que cuando ellos se asocien con las universidades, no lo harán para perder, lo cual será favorable para el crecimiento del país y de la educación.

Reitero: ésta es una fórmula que desde hace más de 50 años se está aplicando en los Estados Unidos y que ha producido un enorme desarrollo tanto en las universidades como en la investigación y en la tecnología.

En consecuencia, señor Presidente , de no mediar la ausencia del Honorable señor Romero , con quien estoy pareado, habría votado que sí.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , en la fundamentación del voto, debo hacerme cargo de algunas expresiones vertidas por una señora Senadora durante la votación.

Al parecer, Su Señoría se sintió ofendida o afectada porque cuando planteé que no había razones que justificaran su petición de que el proyecto pasara a la Comisión de Hacienda, utilicé la palabra "subterfugio". La verdad es que no debería molestarse, porque su sentido no es ofensivo. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española , "subterfugio" significa "Efugio, escapatoria, excusa artificiosa".

El señor GANTUARIAS.-

¡Ahí sí que mejoró la cosa!

El señor ZALDÍVAR.-

Y estimo que la señora Senadora ha dado una excusa artificiosa, por dos razones. Primero, porque fue extemporánea, debido a que su argumentación la relacionó con una posible inconstitucionalidad de la iniciativa. Sin embargo, de lo que conozco de la tramitación del proyecto, en ninguna de sus instancias Su Señoría hizo presente esa observación ni en el primer informe ni en el segundo, sino que lo hace ahora, cuando ha cumplido todos sus trámites, y está concluyendo el de la Comisión Mixta. De manera que eso es algo extemporáneo y, por lo tanto, su argumentación resulta artificiosa.

La señora FELIÚ.-

¿Me permite una interrupción, señor Senador?

El señor ZALDÍVAR.-

No puedo, porque estoy fundamentando el voto.

En segundo término, creo que su excusa es artificiosa, porque no tiene asidero en la base de la interpretación extensiva que pretende hacer del artículo 27 de nuestro Reglamento. A mi juicio, la Mesa ha actuado acertadamente al decidir que en este caso no se requiere el trámite de la Comisión de Hacienda. Si se revisa el proyecto con atención, no se encontrará en ninguna parte un gasto que pueda imputarse a ítem presupuestario o financiero del Estado. Por tanto, no tiene justificación y es un artificio pretender, por la vía de una interpretación amplísima del inciso penúltimo del artículo mencionado, que se realice tal trámite.

La señora FELIÚ.-

Su Señoría no está fundamentando el voto.

El señor ZALDÍVAR.-

La frase en que se funda para ello es la que dice: "y la incidencia de sus normas sobre la economía del país.".

La señora FELIÚ.-

¿Es esto una fundamentación del voto, señor Presidente?

El señor ZALDÍVAR.-

Con una interpretación amplísima de esta norma, podría pensarse que todos y cada uno de los proyectos, cualquiera sea su naturaleza, inciden sobre la economía del país.

En fin, he querido fundamentar mi voto haciendo esta aclaración a la señora Senadora. En ningún caso he tenido la intención de molestarla, ni, menos, de ofenderla al usar esa palabra, que, por lo demás, es de uso común. Creo, sí, que sus argumentos no tienen fundamento, y que pueden ser calificados como una excusa artificiosa.

Voto que sí.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , dentro de las instituciones a las que autoriza esta iniciativa para ejercer actividades empresariales hay una radicada en mi Región, donde tiene varias sedes que vive graves dificultades financieras, y pienso que aprobar el proyecto puede contribuir a mejorar su situación, y, también por qué no decirlo, a que estas universidades ejerzan una acción en beneficio del resto de su Región.

En mi opinión, se trata de una medida que se inscribe dentro del espíritu regionalista con que hemos estado legislando en los últimos meses. Y responde, además, a un problema de justicia, porque si la Universidad de Chile tiene esta facultad y tal como ha dicho el Senador señor González existe una legislación semejante desde hace 50 años en Estados Unidos, estas universidades nuestras también tienen derecho a ella.

Voto que sí.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , antes de fundamentar mi voto, quisiera decir que en este momento se debe defender la tesis que se sustenta, pero, en ningún caso, explicar la razón que se ha tenido para ofender. Y la intención de las palabras de un señor Senador se mide por el tenor de ellas, y no por un sentido que, por la vía del resquicio, pueda buscarse en el diccionario.

En cuanto al proyecto, deseo señalar que, frente al hecho lamentable de que las universidades de Regiones no cuentan con los fondos necesarios para llevar adelante sus proyectos científicos y tecnológicos, estimo indispensable brindarles la posibilidad de crear corporaciones privadas con aportes de terceros, orientadas a maximizar las potencialidades de las Regiones a través de la investigación en esas áreas.

Por esta razón, los Senadores de la Región que represento estamos votando que sí.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente , como Senador por la Primera Región , creo que este proyecto puede ayudar a superar la precaria situación en que se encuentran las Universidades de Tarapacá y Arturo Prat , debido a la falta de recursos. Con motivo de la discusión de la Ley de Pesca, nos pudimos dar cuenta del desaliento existente en esas corporaciones por haber carecido de los recursos necesarios en la investigación científica para haber hecho un mejor aporte.

Voto que sí.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , da la casualidad de que las universidades sobre las que recae este proyecto son de provincia, y parece que se dudara de la capacidad, de la honorabilidad y del conocimiento de las personas que no viven en la capital. Quiero decir que la expresión "mentalidad provinciana" que utilizan algunos personajes no corresponde. Y aprovecho esta ocasión para protestar, porque siempre que escucho hablar de ella o de "provincialismo", de alguna manera lo relaciono con las cumbres de la poesía, con el supremo heroísmo y con el arte más excelente, pues me acuerdo de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral , de Arturo Prat, de Bernardo O'Higgins y de Claudio Arrau. Creo que en provincias hay gente tanto o más capacitada que en Santiago.

De cualquier forma, considero fundamental vincular las casas de estudios superiores con el desarrollo para que realmente exista regionalismo. Y quisiera que las universidades de la Sexta Región reconozco con sana y profunda envidia que no son tan grandes y prestigiosas como las de otras zonas del país; han nacido recién y tienen pocos alumnos tuvieran las mismas posibilidades que las siete que menciona este proyecto de ley.

Por tanto, a fin de tener autoridad el día de mañana para solicitar el mismo beneficio en favor de las Universidades Leonardo Da Vinci y EDUCARES, cuando sean tan importantes como otras, y porque tengo confianza en la gente de provincia, voto que sí.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , en mi opinión, por superar un problema de desigualdad entre las instituciones de educación superior estatales estamos creando una falta de equidad aun mayor entre éstas y las universidades privadas.

En efecto, la facultad que la Comisión Mixta propone entregar a las universidades estatales constituye una discriminación respecto de las que no lo son, pues, a diferencia de éstas, aquéllas tienen la ventaja de recibir aportes directos del Estado. Esto afectará especialmente a las entidades privadas que se dedican a fines similares.

Otorgar la facultad propuesta sin limitarla exclusivamente a los objetivos propios de las entidades de educación superior significa desvirtuar la naturaleza de éstas y alejarse de los fines para los que fueron creadas.

Considero que, a pesar de que las universidades tienen patrimonio propio, distinto del Fisco, en la práctica los problemas financieros que enfrentan son y así ha sido tradicionalmente resueltos por aquél a través de aportes directos. De este modo, la norma propuesta podría generar presiones constantes sobre el presupuesto nacional.

Señor Presidente , en la Comisión Mixta hicimos nuestros mejores esfuerzos por remediar esta situación y encontrar una fórmula de consenso. Como consta a Su Señoría, en la Región que representamos existe una institución de educación superior que podría verse favorecida con este proyecto. Sin embargo, creo que lo planteado en esta Sala por el propio Presidente de la Comisión de Educación merecía un debate más amplio, a fin de llegar a un acuerdo. Como ello no fue posible y por estimar que, tal como está, la iniciativa es inconveniente, voto que no.

--Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (30 votos contra 6, dos abstenciones y un pareo).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley N° 19.118, que otorga beneficios a los adquirentes de predios afectos a la reforma agraria y modifica diversos cuerpos legales.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 10ª, en 14 de julio de 1992.

Informes de Comisión: Agricultura, sesión 16ª, en 11 de agosto de 1992.

Hacienda, sesión 16ª, en 11 de agosto de 1992.

Discusión:

Sesión 16ª, en 11 de agosto de 1992 (se aprueba en general).

El señor GAZMURI.-

Solamente deseo hacer constar que cuando debatimos extensamente este proyecto acordamos que si llegaban las indicaciones del Ejecutivo , las discutiríamos en la Sala, sin informe de Comisión. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es simplemente que cumplamos un acuerdo que ya tomamos en principio en la sesión anterior. Y recuerdo al Senador señor Cantuarias que convinimos en que, si llegaban a tiempo las indicaciones del Ejecutivo que persiguen simplemente la postergación de la fecha (existe consenso al respecto), las discutiríamos sin pasar por el trámite de Comisión. Ese fue, a mi juicio, el ánimo consensual de todos los señores Senadores que participamos en el debate del proyecto.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , deseo respaldar lo señalado por el Honorable señor Gazmuri. Tan así es que se me encomendó que interviniera ante los Ministros de Hacienda y de Agricultura para obtener el apoyo del Gobierno a las indicaciones, entendiéndose que, de todas maneras, el proyecto se despacharía en la sesión ordinaria del jueves 13, en el momento en que éstas llegaran con el patrocinio del Ejecutivo. Y éste le ha dado su iniciativa. Por lo tanto, procede votarlo ahora.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , no voy a contrariar un espíritu generalizado; sin embargo, quiero dejar expresa constancia de mi molestia por la forma de proceder, que está haciéndose consuetudinaria.

Me da la impresión de que nosotros mismos rebajamos el modo y las normas de trabajo, porque de vez en cuando somos extremadamente rigurosos respecto de las exigencias y del cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, y a veces, determinadas personas y Senadores, en particular, se sienten con fuero, título o condición para pautear al Senado y establecer que, toda vez que ellos se consiguen un "papelito" firmado por quien corresponde, la Corporación debe funcionar inmediatamente y dar paso a sus requerimientos.

A mi juicio, si estas indicaciones se reciben hoy y el plazo vence mañana si no se cambia la urgencia al proyecto, el Senado, mal que le pese o le incomode, debiera sesionar mañana. Sin embargo, por salir corriendo a las 14:30 y, presumiblemente, no habrá quórum para una sesión especialmente convocada para la tarde a fin de tratar un tema importante, como ha sucedido, por lo demás, con todas las materias relevantes que la Corporación se ha propuesto analizar, hay que pasar por encima de todo, obviar el Reglamento y los trámites obligatorios de las Comisiones.

Quiero dejar constancia de mi malestar sobre el particular, porque, después cuando se rasgan vestiduras, a mi juicio, no cabe decir que las normas reglamentarias y los acuerdos son para cumplirlos, en circunstancias de que, muchas veces, nosotros mismos, apremiados por la hora y otros motivos, nos saltamos nuestros propios acuerdos y disposiciones reglamentarias.

Retiro mi objeción, pero lo hago reitero dejando expresa constancia del malestar que esto produce. Esta situación significará en el futuro pues, se está haciendo habitual muchísimos problemas, y eso no nos ayuda, ni con la tarea, ni con el clima, ni con la forma en que debemos trabajar.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , creo que la intervención que hemos escuchado no corresponde hacerla en este momento.

Este es un proyecto que se debatió largamente; hicimos la discusión a fondo, y sólo quedó pendiente lo señalado por el Senador señor Gazmuri , que ha sido reiterado por el Honorable señor Zaldívar. Estábamos esperando el patrocinio del Ejecutivo a unas indicaciones que así lo requerían, y acordamos el martes que, si éstas llegaban a tiempo, las votaríamos.

La iniciativa ya fue debatida, y aprobada en general el martes recién pasado. Está pendiente la aprobación de las indicaciones a que se ha hecho referencia, que ya llegaron. De modo que no corresponde la intervención que hemos escuchado acerca de la materia que nos preocupa en esta oportunidad. A mi juicio, el tema es para discutirlo con más tranquilidad. Si el Senado ha tenido una expresión clara y categórica, ha sido la de trabajar con seriedad, acuciosidad, y no con precipitación.

Por consiguiente, lamento mucho las palabras del señor Senador que acaba de hacer abandono de la Sala, y creo que no es el momento de contestarlas ni de referirnos a ellas. Pero, respecto de este proyecto que es lo que me interesa, quiero hacer notar que el acuerdo adoptado el día martes recién pasado era esperar que llegaran las indicaciones con el patrocinio del Ejecutivo y votarlas. Y, por tanto, no hay precipitación ni saltos al Reglamento, y tampoco el propósito de salir corriendo a cualquier parte, sino la intención de cumplir estrictamente lo que se aprobó el martes 11.

El señor OTERO.-

Señor Presidente , en verdad, nosotros coincidimos con las expresiones del Senador señor Cantuarias. Creemos que debemos adoptar una sola línea cuando se trata de actuar conforme al Reglamento, o fuera de él.

El martes recién pasado pedimos que se votará el proyecto, y no se pudo, pues una vez llegada la hora de término, no se amplió el tiempo, y se aplicó estrictamente el Reglamento. Y hoy hemos pasado toda la mañana repitiendo y escuchando los mismos argumentos que habíamos oído hasta el cansancio en la sesión anterior, sin poder sacar el resto de la tarea legislativa. Ahora se traen unas indicaciones, y debemos resolver sobre la marcha.

En nombre de los Senadores de Renovación Nacional, no haré objeciones acerca de esta materia, pero sí ratifico lo señalado por el Honorable señor Cantuarias. En realidad, desearíamos que el Reglamento se aplicara siempre y no en ciertas circunstancias.

He dicho

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , creo que no ha habido infracción al Reglamento.

El Honorable señor Urenda , quien ejerció como Presidente en la sesión ordinaria del martes recién pasado debe recordarlo, planteó el acuerdo a la Sala. Incluso, en una oportunidad, el Senador señor Gazmuri dijo "¿Por qué no aprobamos el proyecto tal como está?", y yo intervine y expresé "Por qué no esperamos hasta el próximo jueves y hacemos un intento de modificar esto, respecto de lo cual estamos todos de acuerdo, y logramos la iniciativa del Ejecutivo respecto de las indicaciones".

Frente a esa argumentación, el Senado, por unanimidad lo que es absolutamente reglamentario, propuso postergar la votación para el jueves 13, esperando que llegaran las indicaciones del Ejecutivo; de lo contrario, se votaba el proyecto tal como estaba. Por lo tanto, quiero hacer presente que no ha habido infracción del Reglamento, sino que la Corporación ha procedido, precisamente, conforme a las facultades que éste le confiere.

He dicho.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , quiero referirme al tema que acaba de tratar el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, en el sentido de que lo acordado el martes 11 y así debe constar en el Acta fue aprobar en general el proyecto y, obviamente, no ocuparse en las dos indicaciones que, en ese momento, existían y que no contaban con el patrocinio del Ejecutivo , pues en el supuesto de haber tenido que tratarlas en esa ocasión, hubiese sido necesario declararlas inadmisibles, y efectivamente se dio plazo hasta hoy para que el Ejecutivo hiciera suyas las indicaciones, trámite que se ha cumplido.

A mi juicio, no hay ningún obstáculo para que la Comisión de Hacienda, junto con recibir las indicaciones del Ejecutivo que ya las tenía conversadas y vistas, pudiera evacuar un informe verbal no necesita más de un minuto, ¿verdad?, con lo que obviaríamos el hecho de aparecer como que no estamos cumpliendo con el Reglamento. La Comisión de Hacienda siempre debe opinar, y, en este caso, bastaría con que dijera que está de acuerdo con la disposición.

Porque, obviamente, no se trata de un asunto que requiera de debate, ya que corresponde a puntos de vista señalados por todos los señores Senadores. En lo único que existió diferencia el martes recién pasado fue en que varios Honorables colegas querían plantear otros puntos, más allá de los contemplados en estas dos indicaciones; pero, indudablemente, ambas existían, y respecto de ellas había acuerdo unánime.

En consecuencia, hoy nos correspondería pronunciarnos en particular sobre esas indicaciones. Y el problema de hecho queda obviado si la Comisión de Hacienda expresamente reitera su conformidad a esta disposición, con lo cual cumpliríamos aun en lo formal con el Reglamento, a fin de que el proyecto sea despachado en particular ahora.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , con el objeto de cumplir con el Reglamento, tal como lo requiere la Presidencia y tiene razón en su planteamiento, pues es bueno que se sepa que el Senado no deja de aplicarlo, yo daré la opinión de la Comisión de Hacienda en forma verbal.

Las indicaciones presentadas ahora fueron tratadas tanto en la Comisión de Agricultura como también reiterada por el Senador señor Lavandero en la de Hacienda. Esta última, al tener conocimiento de ellas, requirió al Ejecutivo , por la unanimidad de sus miembros, que las hiciera suya, porque considera que es una norma que mejora el proyecto, ya que establece un plazo que no provoca problema de ingreso fiscal, sino, por el contrario, posibilita que el beneficio que ahí se concede signifique un mayor rendimiento para el erario. Porque dijimos que los ingresos de los sectores campesinos al 30 de diciembre, normalmente eran negativos, y que sí podría haber posibilidad de pago en abril, cuando se liquidan las cosechas y hay ingresos positivos.

Por consiguiente, son indicaciones que fueron discutidas por la Comisión de Hacienda en las que estamos de acuerdo y requeridas por ella misma, la cual recomienda aprobarlas.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , aquí hay una cuestión sustantiva y problemas de forma. Respecto al primer aspecto, éste es un tema que fue ampliamente discutido en la Comisión de Hacienda y sobre el cual existe unanimidad absoluta. Y las indicaciones que estamos conociendo corresponden al requerimiento unánime de la Comisión de Hacienda para que el Ejecutivo patrocinara lo que nosotros consideramos que era mejorar la ley en proyecto.

Segundo asunto: hubo acuerdo unánime en la Sala que entiendo que es reglamentario para que, en caso de llegar las indicaciones, no pasaran a la Comisión de Hacienda. Eso fue aprobado en la sesión del martes 11. Y, desde ese punto de vista, el informe entregado por el Presidente de la Comisión de Hacienda sería innecesario, pues sólo se requeriría leer por parte del Presidente las indicaciones, para apreciar si corresponden o no a lo que las dos Comisiones solicitaron al Ejecutivo.

Por consiguiente, propongo que se pongan en votación las indicaciones.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, quiero decir algo respecto de esta materia.

Si no se va a votar, pido la palabra; de lo contrario, fundamentaré mi voto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Su Señoría prefiere intervenir de inmediato?

El señor NAVARRETE.-

En efecto, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra, señor Senador.

El señor NAVARRETE.-

Lo que quiero decir es que este proyecto, largamente discutido en el Congreso y que es la consecuencia del deseo de modificar una ley vigente, fue analizado minuciosamente en la Comisión de Agricultura.

En la última sesión ordinaria hice referencia al despacho de un oficio en que, entre otras materias, solicitábamos una ampliación de plazo. Señalo esto porque de lo expresado en el debate observo que la Comisión de Hacienda habría enviado otro en los mismos términos. Y debo recordar que en la oportunidad anterior decidimos remitirlo en la forma como fue redactado por la Comisión de Agricultura.

Por lo tanto, estas indicaciones patrocinadas por el Ejecutivo , tendientes a extender el plazo para acogerse a los beneficios de la iniciativa en estudio, son la consecuencia de un acuerdo adoptado por la Sala en su sesión del martes pasado, y éste, a su vez, fue producto de lo que había resuelto en forma independiente la Comisión de Agricultura, que ya había enviado una comunicación en tal sentido, situación en la que no se hallaba, según entiendo, la de Hacienda.

El señor LAVANDERO.-

También lo hizo, señor Senador.

El señor NAVARRETE.-

Formulo estas observaciones para que el debate sobre el particular se ciña a la realidad de lo que ocurrió y para evitar interpretaciones parciales.

--Se aprueban, quedando despachado en particular el proyecto.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente , deseo distraer la atención de la Sala sólo un minuto dado lo avanzado de la hora, doy las excusas correspondientes, por el respeto que me merecen mis Honorables colegas, para consultar acerca de la posibilidad de aprobar en general en esta sesión, fijándose un plazo para presentar indicaciones, el proyecto relativo al maltrato a menores, que ha sido informado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Hago presente que la iniciativa, que contó con la aprobación unánime de dicho organismo técnico, está respaldada con la firma de señores Senadores de distintos partidos políticos. Y la Comisión realizó un gran esfuerzo a fin de que su informe estuviera listo para esta sesión, considerando que mañana se cumplen dos años desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño.

Por esta última razón, también existe interés en el país en que en esta oportunidad sea aprobado el proyecto, que introduce en la materia algunas enmiendas de carácter preventivo.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de los señores Díaz, Pacheco, Papi, Ruiz-Esquide y Vodanovic).

En primer trámite, sesión 57ª, en 6 de mayo de 1992.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 17ª, en 13 de agosto de 1992.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, deseo reiterar algo que se dijo denantes.

Desde luego, el Orden del Día terminaba a las 14, y, si no estoy equivocado, no se ha admitido una prórroga, lo que significa estaríamos excedidos en la hora.

Por otra parte, hemos dedicado toda la mañana a escuchar repeticiones de argumentos dados en la sesión del martes pasado. Y sobre proyectos realmente importantes, como el que ha pedido tratar el señor Senador que me precedió, debemos pronunciarnos sin mayor análisis y sin poder hacer uso de la palabra.

En nombre de los Senadores de Renovación Nacional, quiero decir que no podemos seguir con este sistema. Porque no se justifica perder una sesión completa para reiterar argumentos, sin poder referirnos, en cambio, a las nuevas iniciativas.

Pero, como tenemos conciencia clara del contenido del proyecto, vamos a dar nuestro acuerdo por última vez y, cualquiera que sea la materia, en una futura situación análoga nuestra respuesta será negativa, en el entendido de que se fijará de inmediato el plazo para presentar indicaciones, a fin de que no se susciten dudas al respecto.

Este es un tema extraordinariamente importante, que a todos nos afecta y con el que todos queremos contribuir, por lo que debe quedar claramente resguardado el derecho de los señores Senadores a intervenir de modo favorable y constructivo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si no hay inconvenientes, se fijará como plazo para formular indicaciones el miércoles 19, a las 18.

Acordado.

En atención a las consideraciones expresadas, se aprobaría en general el proyecto

--Se aprueba en general.