Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

A continuación veremos el proyecto, en tercer tramité constitucional, que establece un procedimiento para llamar a concurso para la provisión de cargos de los profesionales funcionarios que señala la ley N° 15.076.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 43ª, en 17 de marzo de 1992.

En tercer trámite, sesión 14ª, en 4 de agosto de 1992.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 60ª, en 19 de mayo de 1992.

Hacienda, sesión 60ª, en 19 de mayo de 1992.

Salud (segundo), sesión 3ª, en 9 de junio de 1992.

Discusión:

Sesiones 61ª, en 20 de mayo de 1992 (se aprueba en general); 3ª, en 9 de junio de 1992 (se despacha en particular).

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , ésta era la redacción original del precepto que venía en el proyecto del Ejecutivo y que, por supuesto, fue conversada previamente con el Ministerio de Salud, el Colegio Médico y todos los demás colegios profesionales afectados.

El señor DIEZ.-

¡Pero no con los organismos regionales...!

El señor DÍAZ .-

Nos parece absolutamente lógica la frase que sugiere agregar de nuevo la Cámara de Diputados, porque alguien tiene que encargarse de coordinar.

Voy a relatar un hecho dado a conocer hace poco en la Comisión -el señor Presidente del Senado estuvo presente en esa oportunidad-, cuando asistieron los decanos de las facultades de medicina de todas las universidades chilenas. Ellos reconocieron el gran esfuerzo que realizan el Gobierno y el Ministerio por contar con especialistas; sin embargo, en el caso específico de 70 anestesistas que se había conseguido contratar, 65 renunciaron para ejercer en la medicina privada, dejando a los hospitales y otros servicios de salud pública sin atención.

En consecuencia, me parece que debe existir una coordinación, una dirección de parte de la Secretaría del ramo, a fin de solucionar el problema de salud, no sólo de Santiago, sino de todo Chile.

Por eso, creo que hay fundadas razones para incluir esa frase en el inciso primero del artículo 2°.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , considero que el agregado propuesto por la Cámara de Diputados para exigir que los concursos a que llamen los Servicios de Salud del país sean, necesariamente, coordinados por el Ministerio, es totalmente inconciliable con el sistema de regionalización y la autonomía de esas reparticiones.

Es efectivo que los directores de los Servicios regionales de Salud son funcionarios de confianza exclusiva, y, como dichos Servicios están descentralizados, se encuentran sometidos a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Salud. Y mediante ese contacto es, precisamente, como deben impartirse las instrucciones de esa Secretaría de Estado para producir la coordinación. Empero, la pretensión de someter a los Servicios regionales -que, repito, están descentralizados y son autónomos en su actuación- a una coordinación obligatoria del Ministerio de Salud, significa ir contra el proyecto de regionalización que el Senado, unánimemente, aprobó en general el martes recién pasado.

La verdad es que, sobre la base de una aparente coordinación, se supeditan los Servicios regionales de Salud a las resoluciones que adopte el Ministerio en la calle Mac-Iver de Santiago. Eso, aparte su inconveniencia, es incompatible con el proceso de regionalización del país.

Por las razones expuestas, señor Presidente, considero que debe rechazarse la frase propuesta por la Cámara de Diputados.

El señor LARRE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , esta materia fue largamente debatida en la Comisión de Salud. Coincido con la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, en que una coordinación central del Ministerio implica que los Servicios de Salud del sistema nacional pierden parte de la autonomía con que ya cuentan y que les permite administrarse directamente.

Sin embargo, pienso que esa Secretaría muy bien puede dictar una política general para ser aplicada en cada uno de los Servicios en que se halla dividida la atención de salud pública en Chile, sin restarles autonomía.

Por lo tanto, los Senadores de estas bancas también rechazaremos la enmienda en debate.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, el tema de la salud es distinto de cualquier otro asunto.

El lunes pasado la Comisión de Salud -repito- se reunió con los decanos de todas las facultades de medicina de Chile, quienes expusieron claramente el verdadero drama que sufre la medicina actual, y especialmente las escuelas que la enseñan. A mi juicio, esa situación requiere de una coordinación central.

El Ejecutivo , a través del Ministerio, ha hecho un esfuerzo increíble por dotar a las regiones de 300 profesionales becados y posbecados, que antes, debido al sistema de becas autofinanciadas, prácticamente no existían. Se está procurando resolver los problemas; pero tiene que haber un control central.

En estos momentos en Santiago hay un médico por cada 800 habitantes. Y los señores Senadores que representan a regiones saben que en ellas, sobre todo en los sectores rurales, hay un médico por cada 15 mil o 20 mil habitantes.

Es preciso que haya un poder central, que maneje desde arriba la distribución de los recursos humanos y físicos en la medicina chilena. Y éste es el sentido de la frase "coordinados por el Ministerio de Salud". No otro. ¡Nadie pretende atropellar, ni quitar siquiera una pizca de la autonomía regional! Todos concordamos en esto. No obstante, creo que a la salud debe dársele un tratamiento distinto.

Respecto del tema han opinado médicos, profesionales y técnicos, y debo manifestar -con todo respeto-que sus conocimientos en la materia son superiores a los de los señores Senadores.

El señor DIEZ.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor DIEZ.-

Es necesario explicar, las consecuencias de la modificación. Ella significa que los Servicios de Salud descentralizados no podrán llamar a concursos públicos si no lo aprueba el Ministerio de Salud.

La señora FELIÚ .-

¡Así es!

El señor DIEZ.-

Eso es completamente desafortunado. Porque, si falta un médico en cualquier Región,...

El señor DÍAZ .-

Perdón, señor Senador , ¿me permite una interrupción?

El señor DIEZ.-

...cómo no va a ser absurdo...

El señor DÍAZ .-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor DIEZ.-

¿Puedo terminar primero?

El señor DÍAZ .-

Es muy breve. Sólo para aclarar inmediatamente una cosa.

El señor DIEZ.-

Se la otorgo con el mayor gusto, en vista de la impaciencia de Su Señoría.

El señor DÍAZ .-

Efectivamente, soy impaciente. Siempre lo he sido y seguramente voy a morir impaciente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Pero que la impaciencia no le impida solicitar la palabra a la Mesa, señor Senador.

Puede usar de la interrupción Su Señoría.

El señor DÍAZ .-

Quiero aclarar al Honorable colega que cuando falta un médico o un especialista, los directores regionales tienen facultad para colocar a otro en calidad de interino o suplente. Éste no es el problema.

El señor DIEZ .-

diez urzuaSeñor Presidente , me alegro de la interrupción del Honorable colega. No veo por qué el director de un Servicio regional no puede llamar a concurso público cuando falta un profesional y debe limitarse a nombrar a un médico suplente. No vislumbro la inteligencia del procedimiento.

A mi parecer, inmediatamente de producida una vacante, en cualquier cargo, debe llamarse a concurso público para proveerlo, a fin de que los médicos vayan a provincia como titulares, no en calidad de interinos. Lo contrario es mantener el monopolio del poder central. ¡Y si existe un médico por cada 10 mil habitantes en regiones, y uno por cada 800 en Santiago, se debe justamente al poder central!

Los concursos tienen que implementarse a través de todo el territorio. Las regiones ya no son aldeas: cuentan con universidades, con facultades de medicina. Sus Servicios de Salud deben tener derecho a llamar a sus propios concursos para asegurar la carrera funcionaria de la gente de la zona, sin necesidad de venir a la Capital a "hacer cola" en el Ministerio para que éste nombre a alguien en propiedad en un cargo.

Considero que la modificación propuesta es regresiva y demuestra que todavía hay muchos prejuicios que barrer para lograr, realmente, un desarrollo integral del país.

No dudo de que las autoridades de la salud de mi Región son capaces de llamar a un concurso y resolverlo, ni de que los médicos de la zona se presentarán a él. Además, allí existe una facultad de medicina.

¿Por qué, para convocar a concurso en Temuco, hay que pedir permiso en Santiago? Eso es lo que significa esta enmienda, lo cual es absolutamente inadmisible.

Además, los médicos son malos administradores de la medicina; son buenos profesionales en su área, y es importante que lo sean, pero no son eficientes en materia administrativa. Si queremos más médicos en provincia, debemos otorgar a los respectivos Servicios de Salud las facultades necesarias para llamar a concurso y decidirlos en las propias regiones, y no radicar todo el poder en Santiago.

Por esas razones, señor Presidente, los Senadores de Renovación Nacional votaremos en contra de la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados.

El señor DÍAZ .-

Con la venia de la Mesa, debo recordar que en Chile hay 87 universidades, lo que me parece una aberración. Pero existen sólo 6 facultades de medicina en todo el país. El Honorable señor Diez dijo que en Temuco existe una. La Sexta Región -que represento- no tiene.

El señor DIEZ.-

¡De eso debe preocuparse Su Señoría, en vez de defender a Santiago...!

El señor RÍOS.-

¡Muy bien!

El señor THAYER .-

Señor Presidente , seré breve, porque con lo manifestado por el Honorable señor Diez ha quedado muy claro el asunto.

Tal como se ha expresado aquí, la frase que se agrega al inciso primero del artículo 2° implica un trámite burocrático obligatorio. Parece de toda lógica que siempre es función del señor Ministro de Salud efectuar la coordinación de todos los Servicios de esta área. Pero ella no puede realizarse al precio de la autonomía ya fijada a esos organismos y que la ley en proyecto intenta fortalecer.

A mi juicio, esa coordinación es indispensable, pero debe efectuarse a través de las facultades normales. Al agregarse esa frase a la disposición en debate, se rompe la autonomía y se crea una situación que confirma lo que se ha dicho. Y si es cierto que en Santiago hay más atención médica que en regiones, no debemos insistir en dar a la Capital este predominio, que implica una burocracia inadmisible que hasta ahora ha causado bastante perjuicios.

He dicho.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , voy a votar negativamente la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados, porque los argumentos esgrimidos por el Senador señor Diez me han convencido, y no he escuchado otros más sólidos en contrario.

Me parece que el claro mandato del inciso primero de este artículo, en el sentido de convocar a concursos públicos, queda absolutamente contrariado y, lo que es peor, condicionado en su imperio con la frase "coordinados por el Ministerio de Salud" que se agrega. ¿Y qué ocurriría si ese Ministerio no coordinara, o no actuara? No podría operar la norma. Por eso, muy a mi pesar, la votaré en contra.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

¡Voy a votar como el Diputado señor Bayo...!

El señor DIEZ.-

O sea, igual que nosotros.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , doy excusas al Senado por solicitar la palabra en este momento, pero no escuché la argumentación del Senador señor Diez; se me ha transmitido. Por lo demás, entiendo que es muy parecida a la que se dio en el trámite anterior del proyecto y en las sesiones de la Comisión.

El hecho de coordinar a través del Ministerio de Salud, los concursos que se realizan en distintos lugares del país, obedece, desde el punto de vista de la estructura de los Servicios de Salud, a una razón fundamental, en la perspectiva de una medicina que busca regular, a su vez, las acciones de salud intrarregionales y las de una Región con otra.

El problema es bastante más complejo que suponer que con esto se pone o no en peligro la regionalización.

En la medicina chilena, por necesidad obvia de lo que es el país, de lo que son sus distintas regiones, y de la situación de salud que cada una presenta, existe la obligatoriedad de generar una coordinación nacional respecto de cómo se entregan los recursos físicos, económicos y humanos.

Si hubiera un solo Servicio de Salud por Región, bastaría con la coordinación de los Ministerios encargados de la gran planificación del país, lo cual nunca se ha cuestionado. Pero ocurre que dentro de cada Región existen diversos Servicios de Salud. Además, esto tiene que ver con la interrelación y la coordinación entre las diferentes regiones.

Hace sólo un par de días -el señor Presidente es testigo- los miembros de la Comisión de Salud sostuvimos una reunión con los señores decanos de las facultades de medicina de las universidades, donde se adujo la necesidad de coordinar la enseñanza en este ámbito con los medios que posee el Servicio de Salud estatal. Incluso, se planteó que el Ministerio de Salud tuviera la obligación de coordinarse, en alguna forma, con el sistema de salud, que en el sector privado puede tener absoluta independencia, pero que en los planos regional y nacional exige también la coordinación, para usar el mismo término empleado en la frase en discusión.

Aquí no se trata de si el Ministro sabe más o sabe menos. No es ése el tema. El asunto es que la medicina pública no puede manejarse simplemente como una parcela, porque produce una minimización de los recursos. Y ello es válido incluso en lo relativo a la enseñanza médica, al valor de los recursos que el Ministerio administra y a la participación del sector privado.

Debo recordar que ya algunos señores Senadores planteamos públicamente en esta Sala que en nuestras propias Regiones es indispensable esa coordinación.

Se aduce que ella delimita la regionalización. Creo que esa afirmación revela un desconocimiento del punto específico en el cual se generan las condiciones en que ahí debe trabajarse.

Pienso que nuestra proposición inicial -discutida en la Comisión, y rechazada en esta Sala- no constituye un problema de regionalización ni de descentralización: aquí estamos planificando la forma de practicar la medicina en Chile. Por eso, los concursos son absolutamente funcionales.

Un señor Senador pidió tratar el tema en una de las sesiones de los jueves. Me gustaría que algún día analizáramos el problema de la salud en Chile. Porque esta situación se ha presentado en los últimos años en la medida en que la división de los servicios de salud ha generado una especie de competencia separada. Y, en 1981, con motivo de la modificación de la ley respectiva se permitió a cada servicio manejar sus recursos y contratar, si contaba con los medios suficientes, a los mejores médicos de otros establecimientos. Y eso produjo una diferencia brutal entre los servicios de salud ubicados en los sectores más ricos y los de las zonas más pobres.

Es así como en la Octava Región -sólo para mencionar un caso- estamos obligados a planificar en forma aún más estricta de lo que esta normativa señala, porque la diferencia que se ha producido entre la intercomuna de Concepción y lugares como Arauco, donde presta atención el servicio de salud de Concepción, por ejemplo, o en el Alto Bío-Bío, -correspondiente al servicio de Bío-Bío- nada tiene que ver ni con la equidad que debe prevalecer en salud ni con la igualdad de oportunidades.

Por eso estamos planteando esto, señor Presidente , y no por otra cosa. Y si se pretende hacer precisiones para la historia de la ley, deseo aclarar que la disposición que estamos proponiendo establece una coordinación de planificación, y no de acciones de otra naturaleza, o de carácter centralizador.

Comencé mi intervención afirmando, tal vez en forma liviana, que un determinado señor Diputado había planteado esta posición, y ello obedece a que, en algunas oportunidades, se adjudican determinadas ideas, sin que corresponda a la realidad. Es así como con cierta frecuencia algunos señores Senadores han señalado que en lo atinente a temas como la descentralización o regionalización, existen sectores que los habrían tomado -por ejemplo, este último: el de la regionalización- con una fuerza mayor que otros, y que quienes tenemos la visión de que la salud constituye un aspecto de relativa obligatoriedad y prioridad para el Estado, actuamos con mentalidad centralista u obsoleta.

Sólo a título anecdótico, quiero decir que la reposición de la frase "coordinados por el Ministerio de Salud" no la propuso un Diputado de Gobierno, sino que lo hicieron Diputados de Oposición. Y no pretendo sostener que este hecho da carácter de buena a la proposición -¡por Dios, no se me extraigan conclusiones distintas!-, pero sí, que si se argumenta que la regionalización está en peligro en el sector salud debido a esta situación, tomemos en cuenta que no fueron miembros de partidos de Gobierno, sino Diputados de Oposición -que están luchando, según lo han afirmado los Senadores de las bancas del frente, con mucha dureza por la regionalización del país- los que propusieron la referida frase, que no tiene otro efecto que el de dar funcionalidad al esquema de la salud en Chile en su parte pública.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , tengo a la vista el decreto ley 2.763, de 1979, y si no leo mal, en él se consigna que corresponde precisamente al Ministerio de Salud, entre otras funciones, la de "Coordinar la actividad de los organismos del Sistema y propender, en la forma autorizada por la ley, al desarrollo de sus acciones de salud...", etcétera. Es decir, dicta todas las normas. El Ministro nombra los directores, los cuales son de la confianza del Presidente de la República. Por consiguiente, toda la función de coordinar y orientar es de responsabilidad de esa Secretaría de Estado. Y lo que hace esta disposición es transformar en trámite burocrático un aspecto de coordinación actualmente existente, pero establece, a la vez, la imposibilidad de que los servicios regionales puedan llamar a concurso.

El señor PALZA.-

Muy breve, señor Presidente ; sólo para señalar que la observación formulada por la Cámara de Diputados no es de orden doctrinario-político, y, como lo manifestó el Honorable señor Ruiz-Esquide , fue propuesta allí por un Parlamentario de Oposición.

Habida tal consideración, me parece que, por no ser médico y no haber trabajado jamás en un hospital, en esta materia deberíamos ser orientados y guiados por los especialistas, y que se han desempeñado precisamente en servicios de salud. Desde ese punto de vista, me inclinaré por la tesis sustentada por los médicos presentes en esta Sala, los Honorables señores Díaz y Ruiz-Esquide , y pediría a los demás señores Senadores no otorgar carácter partidario a esta materia, que no tiene otro sentido que el dado por esos señores Senadores, en cuanto a que la norma propuesta por la Cámara de Diputados apunta a la posibilidad de coordinar los concursos, sobre todo los del centro del país, con el objeto de desplazar mayor número de profesionales a las Regiones. Porque todos tenemos la impresión de que en ellas faltan médicos.

Desde esa perspectiva, votaré favorablemente la norma.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , creo que la discusión estaría de más porque el inciso segundo del artículo en análisis, dice: "Los Servicios de Salud podrán convocar a concurso cada vez que lo estimen necesario, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Salud de disponer y coordinar la realización de concursos nacionales, a lo menos, una vez al año.".

Por lo tanto, la facultad de coordinar ya existe y estaría totalmente de más agregar esa frase, razón por la cual votaré en contra de ella.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , con otros Honorables colegas habíamos hecho la misma reflexión del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, en el sentido de que, efectivamente, en el inciso segundo se establece la facultad de coordinar la realización de concursos nacionales. Pero me parece que no se refiere a los concursos regionales. De modo que se trata de dos materias diferentes.

Sin embargo, pienso que hay bastantes argumentos de peso desde dos perspectivas distintas. La referente a la regionalización me hace mucha fuerza, porque, a mi juicio, los directores regionales del Sistema Nacional de Servicios de Salud y sus equipos deben tener la capacidad y la habilidad suficientes como para llevar adelante estos concursos de la mejor manera para sus establecimientos hospitalarios. Además, me parece que el tema no es tan trascendente, puesto que esos directores regionales dependen, en forma descentralizada, del Ministerio de Salud; o sea, se trata de funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República y son designados a través de esa Secretaría de Estado.

Por otra parte, la segunda fase de la argumentación hecha por el Senador señor Ruiz-Esquide -a mi juicio, de mucha fuerza e importancia-, en cuanto a brindar la mejor atención de salud y en la forma más equitativa, puede lograrse sobre la base de depositar la confianza en los directores regionales.

Por último, cabe señalar que el reglamento que determinará los procedimientos y todo lo relativo a que esos concursos se realicen en forma eficiente, lo dictará el Presidente de la República , de acuerdo con las facultades que en este mismo proyecto estamos determinando. Por lo tanto, si la indicación propuesta por la Cámara de Diputados se aprueba, espero que, con el objeto de resguardar las prevenciones hechas por los Senadores señores Díaz y Ruiz-Esquide, sus argumentos se tomen en consideración para no perjudicar la atención de salud en las Regiones.

En todo caso, creo que ambas argumentaciones -la que tiende a entregar más facultades a los órganos regionales, y la relativa a cómo obtener la mejor atención de salud para las Regiones- pueden perfectamente compatibilizarse. Además, me parece que no reviste mayor trascendencia aprobar o no la disposición planteada por la Cámara de Diputados, porque su intención está resguardada en otro sentido.

Gracias, señor Presidente.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , le Ley Orgánica de la Salud, en su artículo 4°, letra d), dice que corresponde al Ministerio de Salud "Coordinar la actividad de los organismos del Sistema y propender, en la forma autorizada por la ley, al desarrollo de las acciones de salud por otros organismos y personas del sector.". Con esto queda claro que el asunto está centralizado en lo que se refiere a coordinación. Por su parte, en el artículo 9° se consigna reiteradamente que se trata de funciones de coordinación que debe cumplir dicho Ministerio a través de distintos organismos de su dependencia.

En consecuencia, si ahora no hay coordinación en esta materia, ello obedece a diversos motivos que pueden tener causas históricas, y con esto no estoy haciendo una crítica al actual Ministro de Salud. Pero lo que está en juego en este momento es si se establece o no un trámite burocrático para llamar a concurso con el objeto de llenar un cargo en alguna Región, si ello es necesario. Y mientras los funcionarios de esa Secretaría de Estado no resuelvan sobre la conveniencia o inconveniencia de la situación, dicho cargo no puede ser llenado.

Por eso, señor Presidente, votaré en contra del agregado propuesto por la Cámara de Diputados.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , además de los argumentos relacionados con la regionalización que se han dado, también votaré en contra de la proposición por una situación muy práctica.

Ocurre que este largo país se encuentra conformado por varias Regiones, con distintas características y con trabajadores cuyas enfermedades son también diferentes. Esta situación es conocida exclusivamente en las Regiones donde se produce el problema, y, por lo tanto, no puede ser determinada en Santiago, donde pueden desconocer, por ejemplo, que en las zonas mineras hay enfermedades propias de esa actividad, o que en otras se requiere la presencia de traumatólogos, etcétera. De manera que es necesaria una visión regional para decidir en esta materia.

Por eso, votaré en contra de la proposición de la Cámara de Diputados.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , en cuanto a este punto, creo que el Senado tiene toda la razón en el texto que despachó. Porque el artículo 2° fija dos tipos de concursos: uno, el consignado en el inciso segundo, que se refiere a los concursos nacionales dispuestos por el Ministerio y que se realizan una vez al año, y el otro, los regionales, a que puede convocarse cuando los servicios de salud lo estimen conveniente.

Por lo tanto, hay que suponer que las autoridades regionales de salud tienen suficiente criterio o inteligencia para decidir si deben esperar el concurso nacional a fin de llenar la vacante, o, si precisan contar antes con buenos médicos, y existe posibilidad en este sentido, pueden optar por el procedimiento establecido en el inciso primero, cual es llamar a concursos regionales.

Si aprobamos la frase propuesta por la Cámara de Diputados, se elimina la facultad del servicio regional de salud para decidir si le conviene el concurso regional o el nacional. Y viene a mi memoria lo que discutimos tantas veces en la ley de regionalización: debemos tener confianza en el criterio de las Regiones, en su capacidad técnica e inteligencia para resolver lo que más les conviene; en este caso, si llaman a concurso regional o se suman a uno de carácter nacional.

En eso consiste la disposición del Senado, y pido a los Honorables colegas que rechacemos las normas propuestas por la Cámara de Diputados.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , reiterando lo señalado, debo manifestar que el proyecto propuesto por la Cámara de Diputados violenta un proceso de regionalización aprobado por el Senado y que la Cámara Baja también acepta en forma unánime.

Pero además de eso, la iniciativa en debate contraviene la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que reconoce a los jefes de servicio regionalizados autonomía en el manejo de su servicio. "A los jefes de servicio les corresponde" -dice la mencionada ley- "dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne.".

Además, dicha ley señala que "No obstante lo anterior, los servicios quedarán sujetos a políticas nacionales y a las normas técnicas del Ministerio". Pero en ningún caso quedan sujetos al tutelaje de una coordinación que les impida actuar.

Voto que no, esto es, por el rechazo de lo propuesto por la Cámara de Diputados.

El señor DÍAZ .-

Lamento que hablemos un lenguaje tan distinto y que no se comprenda la posición del Gobierno y del Colegio Médico, que son los entendidos en el tema.

Quiero dar un solo ejemplo. Cuando se llame a concurso por el director regional de cualquiera de los sectores de la Región Metropolitana, sin lugar a dudas las vacantes se van a llenar de inmediato. En cambio, cuando llamen en Arauco -como ya se dio el caso en esa ciudad y en otros lugares-, no va a concurrir nadie. A través de toda la historia hemos visto que Santiago es un poderoso imán, no sólo para los médicos, sino para todos los profesionales.

Creo que no se ha entendido el problema. Y estamos pagando las consecuencias de no tener una medicina coordinada en este aspecto, pero sí coordinada en otras materias. Porque una señora Senadora dijo que lo que sucedía en Regiones no lo conocía el Ministerio de Salud, en circunstancias de que esa Secretaría de Estado supo antes que en la Primera Región que había casos de cólera en Chile. Y porque hubo coordinación y una política general sobre el tema, se frenó el cólera en el país en forma espectacular y eficiente.

Creo que hemos hablado un lenguaje distinto. Y estando de acuerdo con la proposición inicial del Ejecutivo , apoyada por el Colegio Médico, que entiende sobremanera el problema, porque lo está sufriendo, voto que sí.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

Resultado de la votación: 24 votos por la negativa, 7 por la afirmativa y 4 pareos.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se rechaza la modificación propuesta por la Cámara de Diputados al inciso primero del artículo 2°.

El señor DIEZ.-

Señor Presidente, solicito al Senado rechazar la sugerencia de la Cámara de Diputados de incluir a un representante del Colegio Profesional A.G. que corresponda al cargo concursado.

Con todo el respeto que le tenemos a los colegios profesionales, no debemos olvidar que la situación constitucional que vivimos es la de un régimen de libertad. En consecuencia, es libre el derecho de asociarse o no. La Constitución garantiza el derecho de asociarse sin permiso previo, pero también dice que "Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación". Si para llenar concursos el grupo de personas que resuelven está formado por miembros directivos de colegios profesionales cuya asociación es libre, es una inducción y una presión de la ley para que los profesionales se colegien en las asociaciones gremiales. Y eso va contra el espíritu de la Carta Fundamental. No sólo el número 15° del artículo 19 del texto constitucional nos dice que "Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación", sino que el número 16°, ratificando lo mismo, agrega que "Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos.". De manera que la disposición en debate también disminuye la libertad de trabajo. Porque no hay duda de que los afiliados a los colegios profesionales, que tienen un representante en la comisión que va a resolver los concursos, se encuentran en situación de privilegio con respecto de quienes no están afiliados a dichos colegios.

Y también, señor Presidente , se está violando la Constitución al establecer una discriminación arbitraria, porque estamos poniendo en distinta posición, práctica y real, al que pertenece a un colegio profesional, que tiene su representante en la autoridad que decide los concursos, frente a aquellos que no lo tienen. Por consiguiente, pido al Senado mantener el espíritu de la Carta Fundamental, en donde la libertad de asociación existe. Y es libertad de asociación, no libertad para crear asociaciones obligatorias o libertad para crear asociaciones determinantes, ni libertad para crear asociaciones que establezcan discriminación. El espíritu de la Constitución es el de que todos tengamos libertad para asociarnos, para formar asociaciones gremiales, pero la asociación no puede ser obligatoria, ni puede ser tomada en cuenta para acceder o no a un cargo o a un trabajo. Y al establecer representantes de los colegios profesionales entre los que decidan el concurso, me parece que estamos violentando el espíritu de la Carta Fundamental.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , creo que sobre la Constitución vigente progresivamente nos hemos ido acercando en nuestras diametrales posiciones de antaño. Los que considerábamos la Constitución de 1980 como uno de los engendros más espantosos de nuestra historia institucional, la asumimos como un hecho, la respetamos, la acatamos y hasta la reformamos. Y quienes han sido partidarios o autores de la misma, creo que a estas alturas de su aplicación no pueden dejar de constatar que merece, a lo menos, algunas modificaciones. Valga esta aseveración, porque me parece que el tema propuesto por el Honorable señor Diez incide en una de aquellas materias en las que la experiencia ha demostrado uno de los fracasos más rotundos y universalmente así entendidos por la mayoría de los chilenos.

Ayer no más en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutíamos, a propósito de otro proyecto, las graves transgresiones a la ética profesional -incluso asumen o configuran un carácter cuasi delictual- en que incurren muchos abogados de servicios públicos que, en virtud del conocimiento de determinadas materias, posteriormente abandonan los servicios y comienzan a demandarlos, violando gravemente obligaciones de fidelidad y de lealtad. Son situaciones tácitamente amparadas por falta de potestad de los colegios profesionales. Si esto es válido para el Colegio de Abogados, cuya plena existencia anhelamos especialmente quienes pertenecemos o hemos pertenecido a esa Orden, yo creo que es mucho más válido tratándose de los médicos y de la ética médica, que inciden en uno de los temas de mayor relevancia social.

Ahora, entrando al punto en debate, creo que -salvo que uno se coloque en un plano de chiísmo, de fundamentalismo constitucional- nadie podría decir que esta disposición vulnera algún acápite de la Constitución. Una cosa es que ésta erradamente haga los reconocimientos que invoca el Honorable señor Diez, respecto de los cuales yo acepto que ésa es la inteligencia que tienen, en orden a que no se puede obligar a nadie a pertenecer a una asociación, y otra es que indirectamente, de soslayo, se pretenda deducir que la incorporación de un representante de un colegio profesional en una comisión de concursos está vulnerando aquel derecho que se ha invocado. Son situaciones que no tienen nada que ver entre sí. Porque si el día de mañana, mediante una ley o un reglamento, se establece la participación de un representante del Colegio Médico o de otra institución de esa naturaleza para conferir una condecoración o una medalla al mérito, tampoco podrá argumentarse que se está vulnerando el sagrado derecho de asociación u otro garantizado en la Constitución.

La verdad es que en comisiones de esta índole se busca que el discernimiento se aplique en la forma mas ilustrada posible. Lo fundamental es que, tratándose de concursos o de apelaciones de concursos en organismos de la salud, la intervención del Colegio Médico resulta plena y absolutamente justificada, y nadie puede alegar violación o atropello de la pluralidad en materia de colegios o asociaciones profesionales.

Ignoro si los médicos tienen más de un Colegio. Tal vez la Facultad de Medicina de Temuco -por ejemplo- o alguna otra, haya generado suficientes profesionales para constituir un colegio. Al parecer, afortunadamente, existe sólo un Colegio Médico, cuyo reconocimiento, jerarquía y autoridad moral no están en duda en el país. De tal manera que lo único que ahora se pretende discernir, para los fines de la iniciativa en debate, es si resulta útil o no que a las comisiones de concursos y de apelaciones de los mismos pertenezca el Colegio Médico o un representante suyo.

Por la naturaleza de la materia, por la jerarquía del citado Colegio, por la opinión ilustrada que él puede manifestar y por las garantías que reviste en un concurso o en una apelación, me parece inobjetable la utilidad que implica su participación en dichas comisiones.

Invito a los señores Senadores a abordar el tema con el mayor pragmatismo y racionalidad posibles, porque no podemos aparecer, a propósito de cualquier materia, como celosos guardianes de la Constitución, deduciendo que toda referencia legal es un atropello o un quebrantamiento de sus normas. Se trata de asuntos mucho más simples, prácticos y de sentido común. ¿Qué razón habría para que el Colegio Médico no contribuya al mejor funcionamiento de instancias de este carácter? ¿Qué razón habría para que mañana el Colegio de Abogados no participara en una comisión similar relacionada con el Derecho?

Lo anterior me parece tan obvio que si hay argumentos de mérito que demuestren la inutilidad de la participación del Colegio Médico en instancias de ese carácter, éstos debieran hacerse presentes, a fin de revisarlos. Pero mencionar razones de orden constitucional -aun con la brillantez de argumentación de mi amigo y colega, Senador señor Diez-, me parece una exageración lógica en el plano discursivo, la que debemos evitar traer a colación, sobre todo cuando se trata de un punto tan concreto.

Todo lo anterior lo manifiesto con el mayor respeto hacia mi estimado colega y amigo, a quien ruego tomar mis palabras en el mismo sentido en que las he pronunciado. Pienso que si discutimos en el orden de ideas que propongo, podremos llegar a acuerdos; pero nunca lo lograremos si en cada situación que se presente vemos que la Constitución está siendo atropellada y tenemos que debatirla entre galgos y podencos. En esa forma, algunos encontrarán un atropello y un quebrantamiento constitucional en cada norma que se proponga, mientras otros veremos que invocando la vigencia de normas de ese rango, jamás se aprobarán disposiciones de indudable bien público y progreso social.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra puso el debate en el lugar que corresponde.

El planteamiento del Honorable señor Diez nos lleva a extremar la interpretación sobre el tema constitucional, lo cual es bastante peligroso, porque tal interpretación debe hacerse siempre en forma muy restrictiva, y no por analogía o por cercanía.

En primer lugar, debo reconocer que tenemos una concepción distinta respecto de los denominados grupos intermedios de la sociedad y, en este caso, respecto de las organizaciones y colegios profesionales. Tienen una tradición centenaria en el país, por la que se les ha reconocido una tuición superior a la que admitía una noción llevada al extremo por el liberalismo, según la cual, por el hecho de ser únicas, obligatorias y con capacidad de imponer la ética, atentaban en contra de las libertades fundamentales. La historia ha demostrado que las corporaciones y los organismos intermedios, como los colegios profesionales, son instituciones de gran prestigio que han prestado grandes servicios al país y a las profesiones a las cuales pertenecemos.

Las disposiciones de la Constitución de 1980, al igual que otras que pretendieron imponer una especie de libre competencia de organizaciones profesionales, fueron, en el fondo, inhabilitadas por la propia decisión de sus integrantes. ¡Gracias a Dios -como aquí se ha señalado-, ningún colegio profesional importante (Colegio de Abogados, Colegio Médico, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Ingenieros, etcétera) tiene hoy día organizaciones paralelas! ¡Gracias a Dios, ninguno siguió el camino trazado en la Carta Fundamental!

Espero que con el tiempo, resguardando las libertades básicas, y, considerando además otras normas que rigen el bien común, podamos reponer a esas organizaciones profesionales el status que les corresponde como cuerpos intermedios en la colaboración con la tarea del Estado y de la sociedad en su conjunto.

Recuerdo que este tema ya lo discutimos en la Sala. En aquella oportunidad el Senador señor Jarpa participó conmigo en la posibilidad de redactar una indicación que dispusiera la participación de un representante de un colegio profesional, sin limitarla a determinado colegio. Y ahora se propone lo mismo. Pues bien, si existen dos Colegios Médicos, el reglamento correspondiente determinará cómo elegir entre uno y otro. De modo que, en esta ocasión, ni siquiera por la vía indirecta se está vulnerando la norma constitucional sobre esa libertad tan requerida, porque el artículo 2° habla de "un representante del Colegio Profesional A.G. que corresponda al cargo concursado.".

La señora FELIÚ -

¿Me permite, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR.-

Si hubiere dos Colegios Médicos, el reglamento debería establecer cómo seleccionar al representante.

La señora FELIÚ .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor ZALDÍVAR.-

Permítame terminar la idea, señora Senadora.

En segundo término, apoyo lo expresado por el Senador señor Vodanovic, en el sentido de que debemos averiguar si es positivo o no el aporte del representante de un colegio profesional, en esas condiciones, en la definición de un concurso.

Sin embargo, no comparto la creencia del Honorable señor Diez, en el sentido de que por el solo hecho de que ese representante participe en la comisión de concurso -no quiero atribuirle un cargo de esa naturaleza a un profesional que pertenece a un colegio o asociación gremial-, comience a discriminar en forma negativa y arbitraria en contra de otro profesional, según éste sea o no afiliado al mismo colegio. Cabe destacar que se le designa sobre todo por su calidad, por sus conocimientos en determinadas materias y como un colaborador, a fin de que el concurso se defina adecuadamente.

Desde esa perspectiva debemos observar la modificación propuesta por la Cámara de Diputados. Por lo tanto, yo la apruebo.

Estimo que los argumentos vertidos en defensa de la llamada libertad de asociación o de agremiación carecen de fundamento, por cuanto las disposiciones en estudio no vulneran en absoluto las normas constitucionales vigentes.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , respecto de lo expresado por el Honorable señor Zaldívar , la verdad es que el texto propuesto por la Cámara de Diputados no alude a la existencia de más de un colegio, ni reconoce que ello sea posible. El señala lo siguiente: "y por un representante del Colegio Profesional A.G. que corresponda al cargo concursado.". De modo que el proyecto en estudio, al referirse a los cargos establecidos en la ley N° 15.076, de médicos-cirujanos, cirujanos dentistas, bioquímicos y químicos farmacéuticos, hace expresa mención al colegio profesional que corresponde al cargo, o sea, si es el de dentista, por ejemplo, el involucrado es el Colegio de Dentistas de Chile.

En lo tocante al problema de fondo, quisiera hacer presente que realmente a los colegios profesionales no corresponde participación alguna en los concursos para proveer cargos públicos o privados, pues ello es ajeno a sus funciones propias. Su labor es defender los intereses generales de la profesión de que se trata y no actuar en beneficio particular de una persona nombrada precisa y determinadamente para un cargo público. Aún más, señor Presidente , resulta insólita su participación, toda vez que debe resguardar la fidelidad de un concurso, respecto del cual existen, tratándose de cargos públicos, comisiones integradas por funcionarios del Estado y fiscalizadas por la Contraloría General de la República.

Por otra parte, señor Presidente , si fuera el interés, de los asociados que el colegio compareciera en esos concursos, se atentaría en contra de la igualdad ante la ley, porque la afiliación no es obligatoria. Tal vez no hay dos colegios de la misma Orden, pero como la incorporación es voluntaria, la participación de un representante de la entidad respectiva dejaría en inferioridad de condiciones a un profesional no colegiado.

Si la participación de los colegios en los concursos fuera imprescindible, ésta debería ser respecto de todas las profesiones, pero, como aquí se ha recordado, aparte de los ya mencionados, ningún otro órgano ha participado jamás en esos certámenes.

Por eso, señor Presidente, considero absolutamente inconveniente esta norma.

Debo recordar que históricamente el Colegio Médico ha participado en los concursos, pero sólo en las comisiones de apelaciones. Hasta el momento, nunca había tenido intervención en la selección de postulantes. Pero ahora se lo hace participar en ambas instancias: en la comisión de selección y en el comité de apelaciones. En ese sentido, el proyecto es más amplio que las leyes anteriores, y ello sin ninguna justificación -reitero-, sobre todo considerando la libertad de asociación de que gozan los profesionales.

He dicho, señor Presidente.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , la norma en análisis ha permitido desarrollar un diálogo sobre un tema muy importante relacionado con uno de los principios que orientan la Constitución Política de 1980, cual es el reconocimiento de la libertad individual. En tal sentido, comparto plenamente lo señalado por el Senador señor Diez, en orden a que en esta materia el principio general es la libertad. Ésa es la norma inspiradora de la referida Carta Fundamental y, por lo tanto, en todas sus disposiciones la libertad de asociación es parte de este conjunto inspirador. No debe existir precepto alguno que, por vía directa o indirecta, obligue a las personas a asociarse a una determinada organización. Sin embargo, la norma en análisis lo hace indirectamente; y, además, violenta la libertad respecto de la igualdad de oportunidades y de la igualdad ante la ley, por cuanto resulta obvio que la persona que, en uso legítimo de su libertad, ha optado por no pertenecer a una asociación, no puede ser juzgada en un concurso por otras que han tomado una decisión completamente distinta.

Por otra parte, creo que en esta materia estamos en presencia de normas que desconocen por completo el sentido de las asociaciones gremiales, cuya finalidad es la defensa de los intereses generales de todos aquellos que comparten una misma profesión. Nos encontramos muy lejos ya de conceptos que tuvieron vigencia especialmente en la Edad Media, cuando se exigía pertenecer a un determinado gremio para poder ejercer un oficio. El desarrollo del mundo contemporáneo los ha ido abandonando, pues ahora no se requiere que para el ejercicio de una actividad deba obligarse a una persona a ser miembro de una asociación. Opino que el punto que nos ocupa constituye una forma indirecta de inducir a que se ingrese a este tipo de entidades, porque, en definitiva, ellas influirían en la resolución que recaiga sobre el resultado de los concursos.

Pero es necesario considerar el caso concreto que estamos viendo, independientemente del claro texto constitucional: el de que en un servicio público intervenga una organización ajena, con la que no tiene ninguna relación, para pronunciarse acerca de cargos correspondientes a funciones públicas. Es decir, éstas serían decididas por personas que no pertenecen a la Administración, lo cual rompe un principio básico.

Me pregunto por qué, cada vez que postulan trabajadores a un cargo en la Administración Pública, no están representadas las organizaciones laborales. ¿Por qué se las margina de los concursos y, en cambio, en esta situación se obliga a que participe un representante de las asociaciones gremiales? Creo que aquí hay una inconsecuencia absoluta.

No conozco ninguna norma en la Administración Pública que señale que para otro tipo de profesionales -abogados, veterinarios, ingenieros agrónomos, civiles o comerciales- se requiera la presencia de un representante del colegio respectivo en la calificación de los concursos. Y en este caso ello sí se dispondría, lo cual, además, nos permite concluir que estamos ante un precepto que rompe la igualdad ante la ley. Porque, si fuera válida la tesis de que siempre debe intervenir un miembro de la asociación gremial respectiva cuando se trate de concursos públicos, ¿cómo se concilia con aquellos en que participan otros profesionales? ¿En qué queda la igualdad ante la ley? ¿Solamente rige para los miembros de una determinada asociación?

Esto demuestra la inconveniencia e inconsecuencia de una norma de esta naturaleza, que, a mi entender, responde a conceptos que afortunadamente van quedando cada vez más aislados en el mundo moderno. Sorprende, pues, que se trate de volver a una situación que creemos definitivamente superada.

A nuestro juicio, las autoridades de los servicios de salud tienen perfecta competencia y capacidad técnica para resolver un concurso, y no requieren la asesoría de otros organismos. De otro modo, querría decir que habrían sido mal designadas.

Insisto en que la disposición significa volver a situaciones extraordinariamente regresivas para el concepto de libertad tanto personal como de asociación.

Por estas razones, la votaré negativamente, y, además, por considerar, compartiendo los criterios que se han señalado en este sentido, que contraviene las normas constitucionales.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , en la sesión pasada, cuando discutíamos el proyecto sobre regionalización, también estaba inscrito, pero se suspendió el debate y cedí mi tiempo a otro señor Senador, dejando de abordar un punto que me interesaba. En este momento, no haré lo mismo, porque el asunto es extremadamente delicado, pero lo que diré ahora me va a ahorrar una posterior fundamentación del voto.

El señor GONZÁLEZ .-

Se lo agradecemos, señor Senador.

El señor THAYER .-

En esta materia debemos ser honestos con nosotros mismos. El punto de que se trata es demasiado sensible y de aplicación muy general. Por eso es que se ha alargado -a mi juicio, debidamente- la discusión. Y las intervenciones han sido muy serias y sólidas.

Personalmente, quiero agregar que el problema del derecho de asociarse siempre ha envuelto a través de la historia dos valores muy destacados e importantes: la unidad y la libertad, que en el tiempo se han conjugado de manera distinta. En nuestro país, hubo una época en la que se defendió con mucho énfasis el sindicato único o la central única, en detrimento de la libertad sindical. Durante un largo lapso primó el principio de que los colegios profesionales debían ser organismos públicos, y, en ese carácter, eran únicos. Es cuestión de optar.

Cabe recordar al respecto lo que planteaba el Código Social de Malinas -quizá los más jóvenes no lo hayan oído nombrar; los menos jóvenes probablemente sí- que fue un resumen del pensamiento social de la Iglesia en la década de los años 20, cuando existía una gran afinidad con las ideas corporativas y con el desarrollo de un postulado que se esbozaba así: "El sindicato de fundación y afiliación libre en la profesión organizada". Y ocurre que con el triunfo del corporativismo en la Italia fascista se creó universalmente un rechazo hacia este tipo de formas de asociación, y se expandió más fuertemente el principio de libertad.

Esto último es lo que, en materia de libertad sindical, sucedió en nuestro país. Cuando me correspondió ser Ministro del Trabajo , en el Gobierno del Presidente Frei -algunos de mis colegas deben recordarlo-, fui tremendamente combatido por defenderla, porque era asimilada al mal del paralelismo sindical. En reiteradas oportunidades he expresado al Ministro señor Cortázar cómo lo envidio, al ver que, a Dios gracias, en Chile ya nadie discute ese principio.

No obstante, queda la cuestión de los colegios profesionales. Podría ser interesante abrir debate algún día acerca de si es conveniente que existan corporaciones públicas que afilien obligatoriamente a los profesionales de nivel universitario. Ese sistema se aplicó, opera en otras partes, y podría volver a estar vigente, pero es una opción que trae ciertas consecuencias, y, en cualquier caso, no es la actual. En este momento los colegios profesionales son corporaciones privadas a las que regula el decreto ley N° 2.757, y aunque sean únicas en el hecho, jurídicamente siempre están regidas por el principio de libertad, en dos formas: puede haber más de una, y, donde sólo exista una, la persona puede no estar afiliada a ella, sin que esto le impida el ejercicio de su profesión.

Estamos discutiendo seriamente un problema de muy simple solución. Se pide la participación del representante de un Colegio Profesional A.G. Pero es absolutamente antitético y contradictorio en sí mismo, es "circunsferencia cuadrada", establecer como integrante del organismo que decide un concurso al miembro de un ente que, por definición y según consta, es libre.

Acepto, y con mucho interés, la posibilidad de que en otro momento debatamos sobre la conveniencia de restablecer en Chile las corporaciones profesionales obligatorias de carácter público. Anticipo mi opinión adversa, mas es un tema muy digno de discutirse. En este caso, sí, la norma de que se trata es inconciliable con las disposiciones vigentes de la Constitución. Por esta razón, votaré en contra de ella.

Nada más.

El señor ALESSANDRI.-

Para no seguir la corriente, fundamentaré mi voto antes, señor Presidente.

Solamente deseo manifestar que concuerdo con todas las expresiones vertidas en la Sala respecto de la inconveniencia de incluir esta disposición en el proyecto, porque ella da a un colegio profesional que no se conoce una categoría legal que no le corresponde.

Se ha argumentado ya suficientemente en favor de la libertad de asociación, que comparto. Si bien soy miembro de un colegio profesional, creo que ésa es una resolución que debe adoptarse voluntariamente. No veo por qué deba obligarse a alguien, en esta época de la civilización en que los conceptos vinculados con la libertad avanzan cada vez más, a afiliarse a un determinado organismo para poder ejercer un oficio o profesión cualquiera. Es, claro, un tema que, como dijo el Honorable señor Thayer , puede dar origen a un largo debate, que, a lo mejor, sería bueno realizar específicamente para considerarlo.

Ahora, quisiera señalar dos cosas. En primer lugar, que ésta es otra tentativa -de las muchas similares que ya hemos analizado- de dar a los colegios profesionales, en alguna forma u otra, un status legal y una intervención que no les corresponden.

En segundo término, hay que pensar que en el reglamento que dictará el Presidente de la República para regular los concursos, se determinará quiénes formarán parte de la comisión respectiva, y es casi seguro que estas personas tendrán la misma profesión del postulante y pertenecerán a la misma asociación gremial. Por lo tanto, la norma importaría redundar en la materia, pues reitero que es muy probable que quienes decidan el concurso ya formen parte del colegio profesional al que se quiere dar representación, la cual asumirían de hecho y sin necesidad de este precepto, que votaré negativamente.

La señora SOTO .-

Señor Presidente , fundamentaré de manera muy breve mi voto.

Tocante a la libertad de asociación y las de otra naturaleza, discrepo absolutamente de que en la materia en estudio se contradiga la Constitución, como se ha expresado, ya que el Capítulo de las Bases de la Institucionalidad, cuya jerarquía es preciso recordar, señala que el Estado "está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común". De tal manera que las leyes y las actividades de la sociedad deben poseer un contenido ético, el cual no puede estar ausente precisamente de las profesiones en que existe una relación directa con el servicio a los hombres, como es la que se está tratando hoy. Como estimamos que hay que legislar en una forma acorde con el deber ser y con la ética, apruebo la modificación.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , seré muy breve.

En primer lugar, quiero reiterar -porque esta materia ya se discutió- que no existen motivos constitucionales para formular objeciones.

En segundo término, creo que es de toda conveniencia para el buen funcionamiento de los concursos que en ellos participen representantes del Colegio Médico, al igual que de aquellos relacionados con las profesiones respectivas -ya que no se trata sólo de dicha entidad-, como, por ejemplo, el de Cirujano-Dentistas, el de Matronas, etcétera. Ello me parece útil desde el punto de vista del propósito que se persigue.

Y, por último, deseo observar que ya hemos sentado precedentes en el Senado al introducir en organismos de carácter público representantes de distintos entes intermedios o corporaciones, como ocurrió, por ejemplo, con ocasión de los Consejos Zonales en la Ley de Pesca.

Por consiguiente, estimo que en este punto median títulos constitucionales; conveniencia, en cuanto al asunto en particular de que se trata, y precedentes de situaciones análogas, aprobadas, incluso, por el mismo Parlamento.

En consecuencia, voto que sí.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente , me parece que el debate es más de fondo. Hay un problema de posiciones políticas claras, definidas; de doctrinas; de tendencias. Nadie está pensando en volver a lo que fueron las corporaciones en la Edad Media, pero sí estamos en una discusión que nos está señalando cuáles son las posiciones de los distintos partidos en el ámbito político chileno respecto a lo que debe ser la participación, un estadio superior de la democracia. Ello no se refiere a la mera democracia representativa, sino a la participativa. A ninguna persona se le ocurriría afirmar que, porque hay más de una junta de vecinos, estos organismos no pueden tener las facultades para intervenir, por ejemplo, en el gobierno comunal. Nosotros queremos que la gente participe, porque ello da más transparencia.

La actuación de una asociación gremial en un concurso, en mi opinión, propende a restablecer el equilibrio entre el particular y el Estado, que dispone mucha fuerza para tomar las decisiones. Y no veo por qué quienes están bajo la égida del Estado no pueden tener un representante para cautelar los intereses de los profesionales. Nosotros apreciamos en la oposición a que esa posibilidad se materialice en los concursos el resabio de una actitud autoritaria y paternalista, que se traduce en decir: "Mire, señor," -como se hizo durante muchos años en este país- "nosotros velamos por el bien del pueblo. Así que aquí el Estado cuidará de que los concursos sean bien buenos y no haya ningún problema. Y usted no tiene que meterse". No estamos viviendo esa etapa, sino una época de democracia, en que la gente puede efectivamente participar. Y queremos que lo haga.

Hemos aprobado en el Senado la democratización del municipio, pero no para que los ciudadanos no participen. Deseamos que ese organismo constituya una instancia para la intervención de la junta de vecinos, de la comunidad organizada. ¿Por qué temer a ello?

La discusión en cuanto a si es o no es obligatorio pertenecer a un colegio profesional está pendiente: no se ha definido ni decidido en la sociedad chilena. Y la mayoría de los colegios profesionales sustenta una opinión precisa al respecto. Sólo ayer escuchaba en la radio al Presidente del Colegio Médico señalando que aplaudía la determinación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado en el sentido de reponer a esa entidad la facultad de actuar con relación a la ética profesional de sus asociados.

En consecuencia, estimo que no debemos preocuparnos porque en un concurso dirigido por el Estado pueda haber un representante de un sector interesado en la materia, que velaría por la necesaria transparencia y porque, de alguna manera, se respeten los derechos de todas las personas en posición de participar.

Por estas razones, y porque sé, después de haber sido un humilde empleado público, cómo la gente modesta agradece cuando las altas esferas de la dirección democrática del país, como es el Parlamento, reconocen el derecho de los funcionarios a estar representados en una instancia que tanto los afecta en su vida personal y profesional, voto afirmativamente la modificación efectuada por la Cámara de Diputados.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , de manera muy somera quisiera hacer notar que, del debate anterior y de lo que hemos escuchado hoy, queda meridianamente claro que se está produciendo una confusión en algunos señores Senadores respecto a la materia que nos ocupa.

No estamos pronunciándonos sobre una iniciativa que establece la afiliación obligatoria a los colegios profesionales. Ésa es la primera observación. Porque, sobre el particular, sin duda alguna, existe una norma constitucional expresa. Es evidente. Y tanto es así, que los Senadores democratacristianos presentamos una moción para introducir un cambio en dicho precepto, por pensar que sería interesante la promoción de un debate en esta Alta Corporación en una perspectiva distinta, sobre la base del que puede ser el papel de los colegios profesionales puesto al servicio de un conjunto de intereses que son reclamados por los más modestos y humildes. Precisamente, una de las funciones del control de la ética sería la de permitir al poblador, al campesino, recurrir a una instancia directa, sencilla y sin costo, para representar los agravios, reales o supuestos, que puede haber sufrido por el ejercicio inadecuado de una profesión.

Ése es el tema que se plantea en lo relativo a los Colegios Médicos, de Profesores, de Abogados, de Enfermeras, de Matronas , o tantos otros: se trata de los servicios que recibe la gente más humilde. Los que tienen dinero pueden recurrir, cuando se sienten afectados por la prestación profesional, a los tribunales ordinarios de justicia, pero ello no se extiende a quienes viven en la ruralidad, en la pobreza. Por lo tanto, ese espacio, a nuestro juicio, puede alcanzar una mayor importancia. Y estimamos que el legislador de 1992 probablemente piensa distinto del de 1980 para el efecto de asignar a estas corporaciones una función tan real y dinámica como la descrita.

Sin embargo, esa materia no está en debate. Lo estará, no obstante, a raíz de la moción que presentamos los Senadores democratacristianos; a raíz del reconocimiento que el Presidente de la República hizo en estos días en cuanto a la necesidad de legislar al respecto. Sobre el particular, algunos hemos conversado con todos los colegios profesionales, partiendo por el Colegio de Abogados, que tiene una visión diferente de los otros. Por consiguiente, esto se debatirá en su momento.

La norma que estamos votando, ¿establece la afiliación obligatoria? No, señor Presidente. Dispone sólo que el colegio profesional reconocido de acuerdo a la ley puede tener injerencia en un aspecto particular del proceso de selección de cargos en la Administración Pública.

¿Y lo anterior es contradictorio con la Constitución? No, señor Presidente. El inciso tercero del artículo 1° de la Carta expresa que "El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de lo cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.". Los colegios profesionales son hoy asociaciones gremiales -grupos intermedios- con fines específicos establecidos en la ley.

¿Y qué ley rige al respecto? El decreto ley N° 2.757, cuyo artículo 1° determina, en su inciso primero, que son asociaciones gremiales "las organizaciones constituidas en conformidad a esta ley, que reúnan personas naturales, jurídicas, o ambas, con el objeto de promover la racionalización, desarrollo y protección de las actividades que les son comunes, en razón de su profesión, oficio o rama".

Es decir, hay coherencia entre el artículo 1° de la Constitución, que ampara estos grupos intermedios, los estimula, y el decreto ley citado, en vigencia, que les reconoce, como uno de sus objetivos, el amparar, proteger y participar con motivo del desarrollo de lo que tiene que ver con su profesión.

En síntesis, pensamos que, obviamente, lo que está en juego es si se mantiene o no la concepción ideológica liberalista que primó en la década del 80, o si, dadas las nuevas condiciones que se viven en el país, el Senado y el Congreso, en general, están en situación de materializar una visión distinta respecto de verdades viejas para tiempos nuevos y de conceder a quienes menos tienen, la posibilidad de acceder a más justicia a través de cuerpos autónomos responsables, dignos y constituidos en conformidad a la ley.

Señor Presidente , me comprometí a no hablar hasta fundamentar el voto, pero, en este momento, debo declarar que estoy pareado con el Senador señor Piñera.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , seré muy breve.

Algunos señores Senadores han manifestado que el espíritu de la Constitución de 1980 es el de la libertad; sin embargo, el que se plantea a partir de 1989 es el de participar. Y, en ese sentido, en cada disposición en que veamos un espacio que permita la participación de la comunidad organizada, lo abriremos.

Debo hacer presente que en 1990, cuando analizamos la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, expresamos lo mismo, en cuanto a que el Colegio de Profesores pudiera participar en el Consejo Nacional de Educación, y, por idénticas razones, en la Ley de Pesca -como se ha señalado- también consagramos canales de participación.

Creo que no debemos temer a la participación de los organismos de la comunidad debidamente organizada. En la medida en que existan posibilidades de concretarla, se podrá preservar la democracia, enriquecerla y profundizarla.

Por esos motivos, considero que los señores Senadores que han expuesto dudas al respecto no deberían abrigar temores. Estimo que los colegios profesionales han demostrado y demostrarán que en las oportunidades que se les brindan en este ámbito su intervención resulta positiva, en la medida en que se persigue un propósito de colaboración, no de originar problemas.

Por esas razones, voto que sí.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , se ha traído a colación el rol de los colegios profesionales. Entiendo que el Ejecutivo anunció una iniciativa de ley sobre la materia, lo que dará oportunidad para realizar un completo debate acerca del papel de esas organizaciones. Ya en la Sala hemos oído anticipos de posiciones respecto del tema. En todo caso, cuando corresponda analizarlo en detalle tendremos muy claro que las atribuciones para impartir justicia las mantendremos radicadas siempre en el Poder Judicial.

En cuanto a la violación de normas constitucionales que implicaría el precepto que se vota, no me cabe duda de que ello es así. Y creo que, de aprobarse, estaremos dañando el espíritu y la letra de la Carta Fundamental.

Pero, más allá de eso, las disposiciones constitucionales y legales tienen su fundamento último en las situaciones prácticas que de ellas se derivan. Si se hace participar a los colegios profesionales, por medio de sus representantes, en comisiones que determinarán el acceso a ciertos cargos -en este caso, de carácter médico-, sin duda que tendrán mejor opción para acceder a ellos quienes estén afiliados a las respectivas agrupaciones.

Además, de aprobarse, el precepto significaría entregar funciones públicas a personas que no son funcionarios del Estado, lo cual contraviene abiertamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por las razones expuestas, voto que no.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , resulta indiscutible que se está aclarando perfectamente bien una posición política.

En el tema anterior, la votación fue cruzada. Ahora estamos viendo claramente que no lo es. Y quienes se han declarado partidarios de la Constitución de 1980 -otros la acatamos, pero no somos proclives a ella- indudablemente que defienden muy bien lo que tienen que defender, porque fueron sus autores o coautores. No voy a dar sus nombres, porque todos los conocemos y sabemos la participación que tuvieron en su dictación.

No obstante, quiero aclarar algunas cosas.

Los colegiados son voluntarios. Y cuando se pretendió crear otro colegio profesional, la idea fracasó rotundamente y murió de muerte natural. En el caso del Colegio Médico, de cerca de 14 mil facultativos existentes en Chile, más de 13 mil son afiliados voluntarios y no por imposición de un ente superior.

Asimismo, deseo referirme a las expresiones de un Honorable Senador que dijo que los colegios profesionales sólo tienen -si no le entendí mal- intereses que defender; o sea, su posición sería nada más que de tipo reivindicativo.

Nosotros tenemos otro concepto. Esas agrupaciones no sólo deben luchar por sus intereses económicos. En el caso de las relacionadas con la salud, tienen las funciones de hacer su aporte a la salubridad del pueblo, de preocuparse de la ética de sus afiliados y de hacer una contribución legislativa. Esto último, porque muchas de las situaciones futuras vinculadas a la salud pública se definirán, más que en los quirófanos y en los hospitales, en lo que hagamos en el Senado o en la Cámara de Diputados.

Por ello, poner en duda la honorabilidad de un representante de cualquiera de estos colegios -de Químicos Farmacéuticos, de Cirujano Dentistas de Chile, etcétera- en cuanto a que de alguna manera podrían influir de modo indebido en la decisión de un concurso, me parece absolutamente injusto.

Por último, quiero decir que en la última edición de "Vida Médica" se hacen comentarios acerca de los términos en que el Senado -Senadoras y Senadores- trató el tema en la sesión pasada y de la elevada opinión pública existente respecto de los médicos y del Colegio que los agrupa.

Por tanto, me parece totalmente injusto sostener que un colegio profesional como éste, tan respetado por la ciudadanía, va a designar en las comisiones de concursos a representantes que no sean dignos de aquella opinión y de su agrupación. Me parece una ofensa gratuita, que por supuesto rechazo.

Voto que sí.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , intervengo sólo para expresar que el debate habido aquí sí tiene que ver con la concepción que exista respecto de los colegios profesionales.

Como quedó claramente demostrado en la Sala, no hay ninguna norma contraria a lo que está planteando la Cámara de Diputados. En consecuencia, no se está infringiendo disposición constitucional alguna.

Sin embargo, considero importante dejar muy en claro cuál es la concepción que tenemos sobre los colegios profesionales y la visión del Senado acerca del papel que deben desempeñar.

Al respecto, los Senadores de estas bancas estimamos que esas agrupaciones deben jugar un rol bastante más amplio que el que han estado asumiendo en los últimos tiempos, restringidos no sólo por la Carta Fundamental, sino también por la situación que el país vivió en los años pasados.

Por eso, cuando Chile comienza a caminar y a consolidar un proceso democrático, debemos restituir a esas organizaciones, que tuvieron un papel tan destacado en nuestra vida republicana, las atribuciones y derechos que les correspondieron en el pasado, no sólo para velar por los intereses de sus afiliados, sino además para colaborar en la tarea de mejorar las condiciones en que el país está construyendo un nuevo sistema democrático.

Creo que negar esa posibilidad a los colegios profesionales significa impedirles entregar su aporte en muchas instancias de la vida nacional.

Voto que sí.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , en la oportunidad en que discutimos el tema di argumentaciones muy coincidentes con las de los señores Senadores que han votado favorablemente. Ahora sólo quiero hacer dos rectificaciones de hecho.

En primer término, lo que ahora estamos tratando de aprobar, en cuanto a que los colegios profesionales participen en los concursos, existía antes de 1973 -aparecía consignado en la normativa que regía al Colegio Médico-, y no se produjo ninguno de los problemas aquí señalados. Por el contrario, no sólo se hicieron aportes importantes, sino que se resguardó -y con mucha dignidad- el sentido de participación que estamos discutiendo, que en definitiva constituye el fondo de la cuestión.

Más allá de la ley, de su espíritu o de su letra, lo que debatimos aquí es la posibilidad de abrir espacios de participación, sin salimos, por supuesto, de la Constitución ni de lo que debe ser el recto orden de la nación en materias sobre las cuales los señores Senadores que intervinieron con anterioridad fueron muy precisos para rechazar lo señalado por quienes se oponen a la norma.

En segundo lugar, no deseo que en el Senado quede la impresión de que se debe rechazar esta proposición en función de la libertad y de la plena igualdad ante la ley, porque con ese argumento se contradice toda la historia de los colegios profesionales en los últimos años. Fue precisamente por ese razonamiento y bajo la vigencia de la Constitución de 1980 que se llevó a los colegios profesionales al nivel en que estuvieron hace algún tiempo, cuando se intentó crear verdaderas agrupaciones paralelas y se perdieron el sentido de la ética y la posibilidad de que sus afiliados se sujetaran a determinadas condiciones que la normativa anterior imponía.

No hay, por lo tanto, consecuencia entre esas palabras y la realidad histórica pasada.

Por lo expuesto, considero muy conveniente para lo que está sucediendo -a lo menos en el área de la salud, que es el punto concreto que estamos analizando- incorporar esta disposición. Y, por eso, la voto favorablemente.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , resulta extraño que, cuando se está debatiendo una norma encaminada a mantener la igualdad de todos los funcionarios frente a los concursos, entremos a discutir las ideas que se puedan tener o no respecto de los colegios profesionales, y, más aún, que se lleve a pensar a quien lea el texto del debate habido esta mañana que de la aplicación del precepto que se vota depende la solución de los graves problemas de salud que afectan a las clases menos pudientes del país. Eso es simplemente retórica.

Yo podría sostener -no con la misma brillantez de otros señores Senadores, por supuesto- que aquí se trata de revertir concepciones añejas y obsoletas, transformándolas en novedades y disfrazándolas con un ropaje distinto, apelando siempre al sentimiento de justicia de los grupos económicamente más débiles.

En esa línea de argumento, tendría que preguntarme si no habría sido más lógico y propio debatir hoy una nueva ley de Salud, para descentralizar su administración y solucionar los problemas que existen en ese campo en el país.

Hemos reclamado de esa circunstancia durante los años de este Gobierno. Hasta el momento no existe la iniciativa pertinente. Sin embargo, a propósito de una norma que tiende precisamente a defender la igualdad ante la ley, se pretende dar todo tipo de argumentos para que la gente que escucha desde las tribunas o la que lee el diario crea que está en juego una posición política doctrinaria entre quienes defienden a los pobres y los que no están de acuerdo en hacerlo.

¡Qué mala memoria tenemos de repente al hablar con tal exaltación de los colegios profesionales! ¿O nos olvidamos de la enorme politización a que llegaron cuando sus directivas eran elegidas por votación política, en listas políticas y con credos políticos? ¿Podría alguien asegurar que las personas que intervendrán en un concurso serán de tal calidad sobrehumana como para dejar de tener la debilidad -que tenemos todos- de tender a favorecer a quienes compartan sus ideas o integren el mismo colegio profesional?

La cuestión es muy distinta: se pretende dar una función pública a quien, por esencia, no la tiene.

Las comisiones llamadas a resolver un concurso al que optan profesionales están integradas por funcionarios públicos, quienes, por lo tanto, se sujetan estrictamente al ordenamiento constitucional y legal de la República, y, si transgreden sus normativas, reciben las sanciones consecuentes.

Empero, aquí se trata de incorporar a la función pública a una persona del todo extraña a ella, posiblemente muy bien intencionada -nadie lo discute-, lo que constituye una transgresión al principio fundamental de que pueden desarrollar la función pública únicamente funcionarios públicos.

Aquí no está en juego sólo la libertad, sino también el Estado de Derecho, pues se atenta contra los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

Se dice que la ley consignará la posibilidad de que haya distintos colegios. Sin embargo, no será así, pues el texto en estudio habla "del Colegio Profesional".

Un distinguido señor Senador sostenía que lo anterior podría solucionarse por la vía del reglamento. ¡No, señor! Éste es un problema de ley: debería determinarse cuál sería el colegio y en qué forma se elegiría su representante.

Y la pregunta que cabe formular es quién va a representar en el concurso los intereses de todas las personas que, creyendo en la libertad de afiliación, no se han adscrito a los colegios profesionales. Por lo tanto, también deberíamos establecer que quienes no estén afiliados a un colegio podrán nombrar un representante. Y así iríamos ampliando las comisiones de concursos indefinidamente.

No se trata, entonces, de solucionar la pobreza ni los problemas de salud.

Tampoco es el momento de discutir sobre la extensión de los colegios profesionales. Todos somos partidarios de que existan. Pero nosotros también somos partidarios de la libertad irrenunciable de cada persona a pertenecer o no pertenecer a uno de ellos.

Ésa es la esencia del tema. Todos los demás alegatos que se han hecho aquí apuntan en otra dirección.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ha terminado su tiempo, señor Senador.

El señor OTERO.-

Voto que no, señor Presidente, por las razones expuestas.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , en todas las normas en que hemos discutido la presencia de los colegios profesionales en materias administrativas he votado en contra, pues considero que dichas entidades necesariamente deben establecerse en un nivel muy superior al que hoy se pretende por la vía de entregarles una mera función de esa índole.

El precepto que estamos votando señala: "Para conocer y resolver los concursos existirá, en cada Servicio de Salud, una Comisión de Concursos y un Comité de Apelaciones integrados por profesionales funcionarios de planta del respectivo Servicio, en la forma que determine el reglamento.". Y la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 49, habla de la calificación del desempeño de los funcionarios públicos. Entonces, si aceptamos que el colegio profesional participe en los concursos para llenar vacantes en un servicio, también debemos considerar su actuación en todas las comisiones calificadoras del desempeño del personal.

Independientemente de los aspectos constitucionales a que se han referido algunos Honorables colegas, debemos tener en cuenta que la libertad de los colegios profesionales para cumplir sus funciones propias (defensa de los asociados, estudio de las normativas legales y materias sociales de interés para ellos) terminaría en el momento en que tuvieran que resolver la integración administrativa de un funcionario a determinado servicio.

El Honorable señor Díaz ha señalado que no participa de la Constitución de 1980. En cambio, sí lo hace el Senador señor Hormazábal , al menos respecto de su artículo 1°, que estipula que "El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos.". Y el fin específico del colegio profesional -¡por Dios, señores Senadores!- es mucho mayor que el administrativo que pretendemos entregarle hoy a través de la norma que estamos votando y de otras que hemos visto referentes a las entidades de esa índole.

En consecuencia, a fin de que el colegio profesional tenga libertad, dignidad e independencia para la defensa de sus asociados, es evidente que debe mantenerse absolutamente al margen de toda función administrativa en la cual estén involucrados sus afiliados.

Por tal motivo, voto que no.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente , el debate del inciso cuarto del artículo 2° nos ha llevado a una discusión sobre principios contenidos en el ordenamiento constitucional que nos rige. Y algunos señores Senadores han insinuado que el sistema de libertad establecido en la Carta de 1980 debe ser superado por el de la participación, confundiendo lamentablemente los conceptos.

Lo que establece la Constitución de 1980 es una participación libre. En su artículo 1° señala que el Estado debe facilitar la acción de los grupos intermedios. Pero esta participación se inserta dentro de la libertad: la libertad de las personas para crear o no crear asociaciones y para pertenecer o no pertenecer a ellas.

Nosotros no somos enemigos de los colegios profesionales; les tenemos mucho respeto; los consideramos absolutamente indispensables, y pensamos que ellos deben velar, también, por la moralidad de sus asociados. Pero creemos que esto debe hacerse en un sistema de libertad. Estas entidades deben prestigiarse por su propia acción, por su propia conducta, sin pretender una participación privilegiada que los lleve a incorporarse a instancias decisorias en la carrera de sus asociados. Ésta es la diferencia fundamental.

La libertad de asociación significa la libertad de la persona para pertenecer o no a una asociación. Eso es esencial. Y creo que en el futuro, en vez de retroceder en el camino iniciado por la Constitución de 1980, hay que ir avanzando en el sentido de que no existan elementos de ninguna especie que perturben la libre determinación de las personas. Dar a colegios a los cuales se puede pertenecer o no facultad decisoria en la carrera de los profesionales es, evidentemente, un incentivo ilegítimo para pertenecer a ellos.

Se sostiene que es necesario proteger la ética y que la ética no está salvaguardada por la libertad. Cada colegio profesional puede establecer normas éticas a quienes libremente se asocien a ellos. No existe ninguna legislación que lo impida. Pero someter a la directiva de un colegio profesional a los que no están asociados es pretender que alguien sea juzgado por comisiones especiales distintas de los órganos que fija la ley.

Por eso, hay que tener las cosas claras. La función jurisdiccional corresponde al Estado y a su sistema de administración de justicia. Y la tendencia moderna es a suprimir los fueros, no a crearlos. Los médicos no deben ser juzgados por médicos, ni los abogados por abogados, ni los militares por militares. Hay que llegar a una justicia absolutamente general y objetiva. Hacia allá vamos. La justicia necesita ser auxiliada por informes periciales de diversos profesionales. En ese sentido debe encaminarse una Constitución objetiva, que respete los principios y las personas.

Existe la tendencia, muy peligrosa, de dar todos los derechos a las asociaciones, olvidando que el sujeto de derecho real es la persona, cuya libertad puede ser vinculada por el peso de asociaciones que la obliguen a pertenecer a ellas de manera indirecta, del mismo modo como su privacidad y sentido individual pueden ser ahogados por la maquinaria multitudinaria del Estado.

Por eso, señor Presidente , estamos en un problema de fondo: ¿somos realmente leales, sin adjetivos, en cuanto a mantener un sistema donde la persona sea el centro de la sociedad, con entera capacidad y libertad? La participación es indispensable; pero debe ser una participación libre y no privilegiada.

Voto en contra.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , me han llamado la atención algunas fundamentaciones de voto con relación a la existencia de colegios profesionales y su número de afiliados.

Yo saco una cuenta muy simple: si efectivamente esos entes son únicos -como aquí se ha dicho- y representan a un altísimo porcentaje de los profesionales de las distintas áreas, lo cierto es que ya integran las respectivas Comisiones de Concursos a través de la participación en éstas de los funcionarios adscritos a ellos.

En consecuencia, parece absolutamente inútil y estéril que un colegio profesional, por sí, tenga un nuevo representante.

El señor SULE.-

Señor Presidente, yo estoy pareado. Sin embargo, como he escuchado una serie de observaciones en torno a la naturaleza, trascendencia y desarrollo de los colegios profesionales, no puedo dejar pasar esta oportunidad para a lo menos hacer constar que no comparto los juicios de quienes buscan la multiplicidad de dichos organismos.

Tuve el honor de ser, durante muchos años, consejero nacional del Colegio de Abogados, el cual, en mi opinión, nunca funcionó mejor en el control sobre la actividad de sus asociados que mientras existió como tal.

No obstante, considero que si bien el tema de los colegios profesionales tiene relación con lo que ahora estamos discutiendo, ella es muy lejana.

En este momento estoy leyendo, con agrado, que el Presidente de la República anticipó el envío al Parlamento de un proyecto de ley para restituir a tales entidades la facultad de velar por el correcto ejercicio de la profesión y la ética de sus afiliados. Por lo tanto, creo que en la discusión pertinente podremos tratar con mayor profundidad el asunto que se ha tocado en esta ocasión.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , me parece muy positivo e interesante para el país el debate que se ha producido, pues los ciudadanos podrán apreciar quiénes están a favor de la organización de los grupos intermedios, de las organizaciones de profesionales, y quiénes no. El país debiera tener perfectamente claro quiénes confían en las organizaciones de profesionales, en la independencia y en la capacidad de los funcionarios para organizarse y hacerlo bien, y quiénes no.

El país y la democracia necesitan grupos intermedios. Por supuesto, los que creemos en la democracia pensamos que hay que darles facultades e imperio, porque alentamos que la gente se organice.

Recuerdo que no hace mucho tiempo los mismos que hoy se declaran contrarios a los colegios profesionales se opusieron también a los partidos políticos, a los cuales pretendieron reemplazar con algo tan híbrido como las corrientes políticas.

Esa gente es la que siempre ha estado en contra de los grupos intermedios. Pero yo creo que una democracia desarrollada funciona mejor si cuenta con ellos. Quienes aspiramos a entregar poder a las Regiones lo hacemos porque creemos en las organizaciones de esa índole. Los que no creen en ellas ni en la democracia jamás van a votar a favor de las organizaciones de profesionales, ni de las juntas de vecinos, ni de ningún tipo de entidades donde el pueblo pueda asociarse para contrarrestar, muchas veces, la prepotencia o la discriminación del poder.

Señor Presidente, votaré favorablemente porque creo en la democracia, y los colegios profesionales son una de las formas en que ésta se organiza, dando prestigio a los cuerpos intermedios.

Espero que algún día -y no demasiado tarde- podamos discutir este problema de manera más profunda, a fin de que el país sepa con certeza (porque se ha dicho en la Sala que hay algunos que tratan de defender a los pobres y otros que no lo hacen), quiénes están claramente con organizaciones de profesionales y quiénes no lo están. Me parece que el debate que ahora se ha llevado a cabo es bueno para que la ciudadanía los vaya conociendo.

Voto que sí.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , mi propósito era no intervenir, porque lo ya expresado por los señores Senadores ha sido suficientemente claro. Sin embargo, la intervención del Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra hace conveniente fijar un poco el punto en discusión.

No se hallan en debate ni la vigencia ni la organización de los colegios profesionales. Es más: pienso que estamos todos de acuerdo en que exista ese tipo de agrupaciones, dignas, organizadas, de gran presencia y prestancia dentro del ordenamiento profesional donde les corresponde participar.

No obstante, se ha afirmado que tales organizaciones tienen que estructurarse con el objeto de detener, de frenar, la prepotencia o la discriminación de los que ostentan el poder.

Quiero manifestar al distinguido señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que, personalmente, no veo ni prepotencia ni discriminación por parte del Gobierno. No me parece necesario que nosotros, los Senadores de Oposición, tengamos que hacer estos alcances o aclaraciones; muy por el contrario, creernos que el Gobierno -sin perjuicio de que podamos discrepar con él- ha mostrado una conducta que se enmarca dentro de los cánones de la Constitución y de las leyes.

En consecuencia, señor Presidente , como no está en discusión la organización de los colegios profesionales, y en vista de que -como lo expresó el Honorable señor Sule- más adelante analizaremos la materia, voto que no.

-Se rechaza la proposición de la Cámara de Diputados (22 votos contra 16 y 4 pareos).

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , como señalaba hace un momento, el proyecto establece que los nombramientos de profesionales funcionarios en cargos de jefes de servicios clínicos y de unidades de apoyo de diagnóstico y de apoyo clínico terapéutico serán de carácter temporal: durarán cinco años. El artículo transitorio que se proyecta modificar por la Cámara regla la situación de quienes hoy los sirven, "pero los respectivos concursos" -dice el texto aprobado, por el Senado y que se mantiene- "se llamarán sólo cuando completen cinco años de servicios en su empleo, y, en todo caso, no antes de un año contado desde la vigencia de la presente ley.".

En consecuencia, el texto del Honorable Senado también hace computable el término de cinco años hacia atrás. Eso significa que, no obstante que esas personas hayan sido nombradas por plazo indefinido, transcurridos cinco años en los cargos, se llamará a concurso para proveerlos. Además, estableció una especie de protección para ellas, al disponer que, en todo caso, no se llamará a concurso antes de un año contado desde la entrada en vigor de la ley en proyecto.

La Cámara de Diputados propone reemplazar ese plazo de un año, por lo siguiente: ", considerándose el tiempo servido con antelación a la vigencia de esta ley.". Como dije, este agregado ya se tomó en cuenta en el precepto aprobado por nosotros.

La única diferencia entre ambos textos, consiste en que el de la Cámara suprime el plazo de un año. Por consiguiente, la discusión sólo recae en si esos profesionales tendrán o no el plazo mínimo de un año -diría, de respeto- antes de dejar sus cargos.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¿Su Señoría propone rechazar la modificación?

La señora FELIÚ.-

Exacto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Aparentemente, existiría acuerdo unánime para rechazar la modificación.

-Se rechaza.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , solicito aprobar esta enmienda, basado, igualmente, en la situación que se produce por el carácter de estos cargos directivos. Pienso que la redacción aprobada por el Senado no satisface las necesidades técnicas del servicio, ni la conveniencia que en un momento determinado pueda existir para nombrar a otros profesionales por razones muy especiales.

Por consiguiente, en este caso considero preferible aprobar la modificación introducida por la Cámara de Diputados.

El señor ALESSANDRI.-

Quiero saber si la enmienda significa acortar el desempeño en sus cargos a quienes debieran ocuparlos por un tiempo mayor. Porque propone mantener esos empleos sólo por un año. Supongo que otros conservarán su calidad de exclusiva confianza hasta la fecha en que queden vacantes. En este último caso, ¿el término podría ser superior a un año?

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Con la venia de la Mesa, debo manifestar que el sentido de la modificación es el que señala su texto. Por eso, es conveniente acogerla, a fin de no producir una dilación extremadamente larga y de establecer un orden en la materia.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , pienso que el problema es un poco más complejo. La verdad es que yo propuse en el Senado la redacción que finalmente se aprobó y creo que es muy adecuada.

Estos cargos son de confianza exclusiva del Ejecutivo. Al disponer la norma que al quedar vacantes se proveerán por concurso, significa que cuando aquél pida la renuncia de quienes los ocupan, no podrá volver a nombrar en ellos a otros funcionarios de su confianza, sino que deberá llamarse a concurso para llenarlos con personal de carrera.

Los términos en que la Cámara de Diputados aprobó este precepto, implican, en definitiva, que si dentro del plazo de un año no se pide la renuncia a los profesionales que sirven esos empleos de confianza exclusiva, ellos continuarán ocupándolos de manera indefinida, aunque no con ese mismo carácter.

Creo que ése no fue tampoco el espíritu de la norma propuesta en el proyecto original del Ejecutivo. El hecho de que un empleo cambie de naturaleza jurídica y se transforme de cargo de exclusiva confianza en concursable, no es causal de cese en una función pública. En consecuencia, esos funcionarios adquirirían la propiedad del empleo como si hubieran accedido a él por concurso, no obstante que esto no haya ocurrido.

Estimo que la norma es inconveniente y en su aplicación práctica puede provocar los problemas que he mencionado.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente , el análisis que hace la señora Senadora puede ser correcto. Sin embargo, el tema en debate es que determinados cargos de confianza pasan a ser concursables. La Cámara de Diputados propone mantener su carácter de empleos de exclusiva confianza hasta por un año más, contado desde la entrada en vigencia de la ley en proyecto. Con esto se otorga también cierta protección a las personas que los desempeñan, en el sentido de que no se las separará de sus funciones de la noche a la mañana, porque tal vez no puedan concursar.

Es una suerte de compromiso entre el sentido del articulado, el afán de lograr lo dispuesto en el precepto anterior y, al mismo tiempo, el respeto de cierto plazo para quienes hoy ocupan cargos de confianza exclusiva y que, en muchos casos, los han ocupado durante un largo período.

-Se rechaza la modificación (16 votos contra 9, 5 abstenciones y 3 pareos).

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica el decreto con fuerza de ley N° 94, de 1960, Ley de Administración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, introduce normas legales complementarias y aprueba transferencia de fondos a dicha Empresa.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 42ª, en 10 de marzo de 1992.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 9ª, en 9 de julio de 1992.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 57ª, en 6 de mayo de 1992.

Hacienda, sesión 57ª, en 6 de mayo de 1992.

Transportes (segundo), sesión 60ª, en 19 de mayo de 1992.

Hacienda (segundo), sesión 60ª, en 19 de mayo de 1992.

Mixta, sesión 15ª, en 6 de agosto de 1992.

Discusión:

Sesiones 44ª, en 18 de marzo de 1992 (queda pendiente su discusión por falta de informe); 57ª, en 6 de mayo de 1992 (se aprueba en general); 60ª, en 19 de mayo de 1992 (queda pendiente su discusión); 61ª, en 20 de mayo de 1992 (se despacha en particular).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Cámara de Diputados dio su aprobación a las modificaciones propuestas por la Comisión Mixta, por oficio N° 853, de 29 de julio de 1992, en el cual hace presente que "el referido informe se aprobó por 76 votos a favor y 1 en contra, sobre un total de 117 señores Diputados en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en los incisos segundo y tercero del artículo 63 de la Constitución Política de la República.".

El señor OTERO .-

Señor Presidente , me corresponde informar al Honorable Senado acerca del resultado de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley que modifica el estatuto orgánico de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

En primer lugar, dejo constancia de que la Comisión Mixta trabajó en plena armonía, considerando sólo argumentos de caracteres jurídico y económico, con absoluta prescindencia de planteamientos político-contingentes. El resultado es profundamente satisfactorio para el Senado, toda vez que se aprobó íntegramente la iniciativa en la forma despachada por esta Alta Corporación, salvo modificaciones de detalle que en nada alteran el proyecto en su conjunto.

Con relación a esta materia, estimo importante dar a conocer al Senado una situación que se planteó en la Comisión por parte del señor Ministro del ramo, y que, además, fue objeto de debate en la Cámara de Diputados al analizar la iniciativa aprobada por esta Corporación.

Se ha sostenido que la Cámara revisora sólo puede referirse al proyecto en la forma y de acuerdo al texto enviado por el Ejecutivo y aprobado por la Cámara de origen. En este sentido, se pretende que el Senado no tendría facultades para modificar la iniciativa recibida de aquélla y sustituirla, de ser necesario, en su totalidad.

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, que tengo la honra de presidir, en el análisis y estudio de los proyectos de ley sobre el Consejo Nacional de Televisión, Televisión Nacional de Chile y Empresa de Ferrocarriles del Estado, procedió a reestructurar las iniciativas recibidas de la otra rama del Parlamento y les introdujo numerosas enmiendas, aprobando una nueva redacción.

Sin embargo, es un hecho que, en esos tres proyectos, las modificaciones hechas por la Comisión y los nuevos textos que sometió a consideración del Honorable Senado fueron, salvo materias muy puntuales, aprobados unánimemente por esta Sala y por los Ministros que representaban al Gobierno.

En todos los casos indicados, en la Cámara de Diputados, al conocer el texto despachado por el Senado, se han alzado voces para protestar y reclamar por las modificaciones legales introducidas en este Hemiciclo; incluso se ha llegado a sostener que ello sería inconstitucional. Paradójicamente, al formarse la Comisión Mixta y estudiar ésta las diferencias entre lo propuesto por el Senado y por la Cámara, los Diputados integrantes de cada Comisión Mixta, en su caso, han reconocido la labor legislativa hecha y han votado favorablemente por el texto aprobado en esta Corporación, salvo cambios menores.

De todas formas, estimo conveniente clarificar la situación desde un punto de vista constitucional y legal.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 66, establece: "Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones en los trámites que corresponda, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.". La misma idea se contiene en el inciso segundo del artículo 70, en lo referente al veto del Presidente de la República , al señalar: "En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.".

La norma indicada es reproducción fiel y exacta del artículo 50 de la Constitución de 1925, cuyo texto fue establecido en la ley N° 17.284, sobre reforma constitucional, publicada en el "Diario Oficial" N° 27.553, de 23 de enero de 1970.

En efecto, este texto fue la consecuencia del proyecto de enmienda constitucional que el señor Presidente de la época, don Eduardo Frei Montalva , envió al Congreso Nacional, en enero de 1969. El objeto de ella, tal como se señala en el mensaje respectivo, fue poner término a lo que se demominaba "leyes misceláneas". El profesor de Derecho Constitucional señor Francisco Cumplido , actual Ministro de Justicia , en el libro sobre la reforma constitucional de 1970, la justifica señalando:

"La falta de unidad del contenido de las leyes es una demostración cabal de la ausencia o precariedad de la técnica legislativa empleada en su formación. En el lenguaje vulgar, se denomina a estas leyes como "Leyes misceláneas". Es decir, en ellas se regula cualquier materia, tenga o no tenga relación con las ideas fundamentales del proyecto. En la aprobación de estas leyes han contribuido con igual dedicación los diputados y senadores y el Presidente de la República. Los primeros logran incorporar a las leyes, materias que son de su especial interés y que no han logrado despachar en la legislatura ordinaria, o respecto de las que logran consenso a cambio de apoyar el proyecto principal. Por su parte, el Presidente de la República , usando del veto de adición, plantea al Congreso Nacional la disyuntiva de tener que aceptar o rechazar la forma en que él estima que debe estar regulada una materia, ajena al primitivo proyecto. El Congreso Nacional no puede introducir modificaciones al veto y, generalmente, debe aceptar la proposición del Presidente de la República , o cargar con la responsabilidad de que no haya ley sobre el punto. Indudablemente, ambas conductas son inconvenientes.

"El uso de una buena técnica legislativa en la formación de las leyes no es solamente de utilidad para abogados y jueces, sino para los propios destinatarios de la norma jurídica, y mientras menor sea la educación de esas personas, mayor es el beneficio que obtienen de leyes claras y precisas.".

Coincidente con lo expuesto, el profesor de Derecho Constitucional don Enrique Evans de la Cuadra , en su obra "Chile, Hacia una Constitución Contemporánea", refiriéndose a la modificación del artículo 48 de la anterior Constitución Política, señaló:

"Todo proyecto puede ser objeto de adiciones o correcciones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; pero en ningún caso se admitirán las que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.

"Se pone énfasis en el hecho de que durante la tramitación de un proyecto de ley no pueden plantearse indicaciones inconexas con la idea matriz, tanto por parte del Ejecutivo como de los parlamentarios. Ello para racionalizar el proceso generador de la norma y para subsanar el ya tantas veces abordado problema de las Leyes Misceláneas. El concepto de la Idea Matriz se refiere a la idea madre, a la idea fundamental, a la idea generadora de otras ideas secundarias.".

La actual Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en su artículo 23, norma la tramitación de los proyectos de ley, y establece que existirá una discusión general referida sólo a las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa, y una discusión particular, en la cual ésta se examina en sus detalles. El inciso final de ese precepto establece que "se considerarán como ideas matrices o fundamentales de un proyecto aquéllas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda.".

El artículo 24 de la misma ley reproduce la norma constitucional del artículo 66 al señalar: "Sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.".

De la normativa legal expuesta aparece claro que tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen las mismas atribuciones y facultades para el análisis, estudio y despacho de un proyecto de ley, sin que tales facultades estén restringidas o limitadas por el hecho de ser Cámara de origen o Cámara revisora.

Tanto es así, que el profesor Guillermo Piedrabuena Richard , actual Presidente del Consejo de Defensa del Estado , en su obra "La Reforma Constitucional, Historia de la ley 17.284", señala: "Se cambió la ubicación de la enmienda, situándola como un nuevo 1° inciso del Art. 48 para que rigiera: "tanto para la Cámara de Origen como para la revisora" ya que la disposición aprobada por la Cámara podría interpretarse como que sólo tendría aplicación cuando se tratara de proyectos en 2° Trámite constitucional, no divisándose razón alguna para no aplicar la misma norma técnica legislativa a la Cámara de Origen.".

Lo anterior demuestra que, de no haberse efectuado el cambio de ubicación de la enmienda, la facultad de adicionar o corregir el proyecto de ley habría sido exclusiva de la Cámara revisora. En los tres casos a que me referí la Cámara revisora ha sido el Senado.

En consecuencia, pretender que esta Corporación, cuando actúa como Cámara revisora, queda limitada a analizar solamente las disposiciones de la iniciativa aprobadas por la Cámara de Diputados, sin que pueda apartarse de ésta, es desconocer abiertamente el texto constitucional y el legal vigentes.

El problema se reduce a determinar qué se entiende por ideas matrices o fundamentales de un proyecto, única limitación constitucional a las facultades de "adicionar y corregir" que tiene el Senado respecto de toda y cualquier iniciativa legal de que deba conocer, sea como cámara de origen, o como Cámara revisora.

El inciso final del artículo 23 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, único texto legal que se refiere a esta materia, considera "como ideas matrices o fundamentales de un proyecto aquellas contenidas en el mensaje o moción, según corresponda.". Esto es, la finalidad u objeto que persigue la respectiva iniciativa, sea de origen presidencial o parlamentario. En consecuencia, las ideas matrices o fundamentales no nacen del articulado del proyecto, sino de la finalidad que con él se pretende lograr. El articulado es simplemente la forma de materializar dicha intención, finalidad o propósito.

Coincide con lo expuesto lo indicado por el profesor señor Evans en la obra antes citada, al consignar lo siguiente: "La doctrina señala sobre la materia algunas directrices que pueden permitir establecer cuáles son las ideas matrices o fundamentales en un proyecto determinado:

"a) Las que aparecen del texto del proyecto;

"b) Las que se indiquen en el Mensaje o en la Moción, según corresponda; y

"c) Las que se clasifiquen o aparezcan como tales en la discusión general del proyecto en la Cámara respectiva, ya que allí se está aprobando la idea de legislar.".

A igual conclusión llegó el Tribunal Constitucional en la única sentencia recaída en esta materia, en el expediente Rol N° 9, de 1972, incoado a requerimiento del Presidente de la República , en el que solicita que se declare la inconstitucionalidad de determinados artículos de un proyecto de ley. Esta sentencia, de 26 de octubre de1972, publicada en el "Diario Oficial" N° 28.395, de 6 de noviembre del mismo año, en sus considerandos 12° y 13°, establece:

"Que no puede aceptarse la tesis del requerimiento en cuanto a que sea el texto del artículo o precepto legal proyectado que se contiene en una moción o mensaje el que determine por sí solo la idea matriz o fundamental del proyecto, ya que no puede prescindirse de considerar al efecto las razones -causas y propósitos- que invoca el autor como inspiradoras de su iniciativa para recabar la aprobación del texto que sugiere como norma legislativa en la conclusión de ella. La idea matriz o fundamental está constituida por la situación, materia o problemas específicos que el autor del proyecto de ley señala como existentes y a cuya atención, en todas sus implicancias, quiere acudir por la vía de su potestad normativa legal. La idea matriz es la representación intelectual del asunto que se quiere abordar, es el problema que se desea resolver. Los textos legislativos son los medios o instrumentos hipotéticos para lograr la satisfacción de ese objetivo. Estos medios (artículos de ley, correcciones, adiciones o supresiones) dependen libremente del escogimiento soberano que de ellos hagan y elaboren los autores del proyecto o de las indicaciones respectivas.".

Más adelante agrega:

"No es el ropaje de los artículos del proyecto inicial el que fija por sí solo la o las ideas centrales, éste es un elemento que debe tenerse en cuenta al examinarse la admisibilidad de las indicaciones, pero tiene relevancia la exposición de motivos y, de manera decisoria, la esencia o sustancia del asunto de interés que el legislador autor se ha propuesto encarar y someter al conocimiento, elaboración y aprobación colectiva y final por los cuerpos legisladores.".

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , la verdad es que he escuchado con mucha atención lo expresado por el Honorable colega, y creo que es una materia como para estudiarla en profundidad, contrastándola con el informe que en su oportunidad emitió la Comisión de Constitución. Pero no veo la relación que pueda tener la exposición del señor Senador con el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto sobre Ferrocarriles. Por lo demás, hemos acordado un procedimiento especial para tratarlo; se ha prorrogado la hora, y se ha resuelto estudiar otras materias importantes.

Considero atendible lo manifestado por el Senador señor Otero , y me agrada mucho la forma en que Su Señoría ha ilustrado a la Corporación sobre el tema. Pero, objetivamente, creo que estamos dentro del ámbito del informe de la Comisión Mixta. Y pediría al Honorable colega que, en su calidad de Senador Informante , se abocara a las propuestas de esa Comisión, a fin de proceder a la votación.

El señor OTERO .-

Quiero aclarar que después me referiré a las proposiciones concretas. Es imprescindible dejar muy en claro en la sala de este Senado, dado que en la Cámara de Diputados se formularon imputaciones de inconstitucionalidad al actuar de la Comisión y de esta Honorable Corporación, que el proceder del Senado se ajustó estrictamente a lo constitucional y legal, máxime cuando el debate generado sobre esta materia es de conocimiento público. De manera que la Comisión tiene perfecto derecho a dejar establecidas en esta Sala -sobre todo, cuando su actuación ha sido impugnada en la Cámara de Diputados- las razones que motivaron su proceder.

Ése es el motivo por el cual he realizado un análisis jurídico previo.

A continuación, me referiré estrictamente al tema, es decir, a las conclusiones de la Comisión.

El señor OTERO .-

Me parece que cuando la Comisión de Transportes del Senado ha sido puesta en tela de juicio, en cuanto a su actuación, por la Cámara de Diputados, la misma facultad que tuvo la otra rama del Congreso para impugnarnos debemos aplicarla para defender la legalidad y la constitucionalidad del proceder de nuestra Comisión.

El señor HORMAZÁBAL .-

Creo que esto ha sido satisfecho adecuadamente, señor Senador.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , de aquí que la función legislativa conlleve dos etapas distintas: la discusión en general, destinada a analizar las ideas matrices y fundamentales del proyecto para estimar su procedencia o improcedencia, que termina con la votación respectiva acerca de la idea de legislar, y la discusión en particular, una vez aprobada en general la iniciativa, tendiente a analizar su articulado con el objeto de que éste materialice debida y fielmente las ideas matrices y fundamentales aprobadas.

En el caso del proyecto relativo a Ferrocarriles del Estado, su idea matriz y central se contiene en el mensaje enviado por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, en el que se señala:

"El Gobierno espera que la Empresa de Ferrocarriles del Estado se transforme en una Empresa eficiente y rentable.".

"La readecuación de la institucionalidad para dotar a la empresa de la flexibilidad y dinamismo necesarios que le permitan aprovechar creativamente y al máximo y ventajas comparativas como parte del empeño para aumentar sus ingresos o gestar nuevas fuentes de recurso, con vista a mejorar su gestión.".

Es más: el propio señor Vicepresidente de la República lo expresa así en su mensaje N° 680-323, de 11 de mayo de 1992: "Entre los objetivos fundamentales del proyecto está el de otorgar a la Empresa una agilidad de administración comparable con la que ostenta cualquier sociedad anónima privada que interviene en el mercado de transporte y negocios relacionados, a fin de permitirle competir en igualdad de condiciones, pero manteniendo la necesaria compatibilidad con su carácter de empresa de administración autónoma del Estado.".

Es lamentable que algunos señores Diputados hayan criticado acerbamente lo obrado por la Comisión que presido y que, incluso, se hayan efectuado imputaciones de un actuar inconstitucional por parte de este Honorable Senado, olvidando la normativa constitucional y legal que rige la materia y desconociendo el aporte legislativo hecho por esta Corporación.

Debo señalar que la Cámara de Diputados rechazó 27 artículos del proyecto aprobado por el Senado. Al analizarse estos rechazos por la Comisión Mixta, se estableció que, en realidad, no existían objeciones ni observaciones respecto de 16 de estos preceptos, por lo cual fueron aprobados por unanimidad.

Los 11 restantes, respecto de los cuales hubo observaciones por parte de la Cámara de Diputados, determinaron las siguientes modificaciones al texto aprobado por el Senado:

1.- En el artículo 1°, N° 2, se eliminó la frase final del inciso primero del artículo 2° del DFL N° 94, de 1960, que decía "mediante el arrendamiento o entrega en concesión de los mismos.". Estos términos limitaban la forma en que la empresa puede explotar comercialmente los bienes de que es dueña.

La Comisión estimó procedente la observación, ya que tal explotación se puede realizar a través de otras formas jurídicas. Más aún, esta limitación discriminaba entre lo que pueden hacer la empresa privada y la empresa pública, lo cual contraviene claramente la finalidad del proyecto en cuanto a equiparar a Ferrocarriles con una empresa de derecho privado.

2.- Se intercaló en el N° 1 del artículo 5° A, entre las palabras "interés" y "en", la frase "superior al 10%", colocando en singular la palabra "esta" que figura entre los vocablos "por" y "a". Esta modificación se refiere a las inhabilidades que, para desempeñar el cargo de Director de la Empresa , afectan a quienes tengan interés en empresas de transportes. El texto producía la inhabilidad, cualquiera que fuera el interés del Director en una empresa de transportes. Con la enmienda la inhabilidad sólo existe cuando este interés es superior al 10 por ciento.

3.- Se eliminaron los N°s 2 y 3 en el artículo 9°, reemplazando el punto y coma del N° 1 por una coma, y agregando a continuación la conjunción "y". El N° 4 pasó a ser N° 2.

Lo suprimido se refería a las prohibiciones que se establecían para el Directorio, en cuanto a fijar tarifas inferiores a los costos operacionales del respectivo servicio que proporciona la Empresa, y a otorgar pasajes liberados o hacer rebajas discriminatorias de tarifas o derechos.

El fundamento de esta modificación incide en que tales limitaciones no existen respecto de las empresas privadas; que al establecerse éstas se contraría el espíritu del proyecto, y que, por otro lado, existen normas legales para sancionar a la Empresa, si sus prácticas contravienen la libre competencia.

4.- En el artículo 10 A se sustituyó, en la letra b), el guarismo "500" por "1.000".

Esta enmienda consiste simplemente en aumentar la facultad que se concede al Gerente General para vender, ceder, transferir o arrendar bienes del activo inmovilizado de la Empresa, sobre la base de un determinado número de UTM. La norma aprobada por el Senado fijaba el límite en 500 UTM, y la proposición de la Comisión lo eleva a 1.000 UTM.

5.- Se suprimieron, en el artículo 13, la frase inicial del inciso cuarto, que dice: "Lo dispuesto en este artículo no afectará", y la palabra "quienes", colocándose con mayúscula el término "los" con que se inicia el inciso.

Ésta es una simple modificación de carácter gramatical y de redacción, sin que se altere para nada el fondo de la norma aprobada por el Senado.

6.- Se sustituyó, en el artículo 43, la expresión "primera categoría" por "reconocido prestigio".

El texto primitivo establecía las auditoras externas "de primera categoría". En atención a que no hay un "ranking" de éstas, se sustituyó dicho concepto por el de firmas auditoras de reconocido prestigio.

7.- Se reemplazó, en el artículo 49, el guarismo "300" por "500", y, también, la frase "o licitación pública" por "u oferta pública". Este cambio aumenta de 300 a 500 UTM el valor de los bienes del activo inmovilizado de la Empresa que pueden ser enajenados sin subasta u oferta pública, si así lo decide el Directorio. Además, se sustituyó el término "licitación pública" por "oferta pública", dejándose constancia de que se estima que ambos conceptos son sinónimos.

8.- Se suprimió, en el artículo 77, inciso primero, el vocablo "exclusivamente".

Se aceptó esta observación de la Cámara, ya que en nada afecta el texto aprobado por el Senado, toda vez que este precepto señala que la Empresa se regirá por las normas del DFL, y en lo no contemplado en ellas por las que rigen a las sociedades anónimas abiertas.

9.- Se suprimió el artículo 3° transitorio.

Esta disposición facultaba al Presidente de la República para designar transitoriamente, como directores de la Empresa , a Ministros o Subsecretarios de Estado , quienes durarían en sus funciones por un plazo de hasta dos años.

Hubo votación dividida; y finalmente el pronunciamiento fue de 6 votos por la supresión y 4 por la mantención.

Los argumentos del voto de mayoría se contienen en las páginas 35 a 37, y los del de minoría, en las páginas 37 a 38 del informe respectivo.

10.- El artículo 4° transitorio, que pasó a ser 3°, se sustituyó por una norma que no altera en nada el fondo de lo aprobado por el Senado, sino que simplemente clarifica el texto, en cuanto se aplica a Ferrocarriles del Estado ya las nuevas sociedades que éste forme con terceros el mismo tipo de normativa legal.

Y, finalmente, en el artículo 5° transitorio, referente a la forma en que el Gobierno puede pagar a los Ferrocarriles los bienes que le adquiera, se agregó la frase "en dinero o mediante compensaciones", por estimarse ésta una mejor forma de facilitar el pago.

En consecuencia, señor Presidente , las conclusiones de la Comisión Mixta -como ya lo señalé- permiten mantener prácticamente en su integridad el texto aprobado por la Sala del Senado. Por lo tanto, la Comisión de Transportes sugiere aprobar el informe evacuado por ella en los términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , mi voto en esta materia será en contra. Estoy por entero en desacuerdo en dar carácter completamente privado a la administración de los recursos, lo que se amplía en el texto aprobado por la Comisión Mixta. Y, además, porque la Empresa de Ferrocarriles del Estado queda marginada de la fiscalización de la Contraloría General de la República, lo que me parece altamente inconveniente, por tratarse de una empresa pública, no obstante las declaraciones de papel que hace esta iniciativa de ley.

Por lo expuesto, voto en contra.

El señor RÍOS.-

Muy breve, señor Presidente.

Deseo formular una consulta a los miembros de la Comisión, a fin de que la historia de la ley quede lo más claramente posible, sobre lo siguiente.

En el artículo 1° transitorio se faculta a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para otorgar indemnizaciones a los trabajadores que se hallaban laborando en ella al 31 de mayo de 1991. Posteriormente, el artículo 3° transitorio también menciona la misma fecha -31 de mayo de 1991-, y dispone los apoyos y beneficios que recibirán esos trabajadores. Asimismo, se establecen períodos que van entre los 10 y los 25 años, y, por tal motivo, los artículos 1° y 3°, en su inciso primero, transitorios, consignan lapsos determinados. La indemnización es para aquellos que al 31 de mayo de 1991 se encontraban prestando servicios en la Empresa, y que dentro del plazo de tres años desde la publicación de la ley sean contratados en la forma que se indica. Ello significa que los trabajadores que hoy tienen 22 años de servicio podrán optar a los beneficios de esta ley en proyecto.

Sin embargo -y aquí viene la consulta a los señores miembros de la Comisión-, en el inciso segundo del artículo 3° transitorio se señala: "No tendrán derecho a esta indemnización los trabajadores mencionados en el inciso anterior," -vale decir, los que laboraban en Ferrocarriles al 31 de mayo de 1991- "que se incorporen a las sociedades en que la participación accionaria de la Empresa sumada a la del Fisco u otra entidad estatal constituya mayoría.". De esto se deduce, desde mi punto de vista, que aquellas personas que estén en condiciones de obtener el beneficio por cumplir los años de trabajo establecidos en los artículos 1° y 3°, inciso primero, transitorios, quedarán marginadas de él por el solo hecho de que se conforme una sociedad.

Entonces, se presenta una dualidad que naturalmente no comparto, por cuanto el espíritu y el interés de esta iniciativa es el de proteger a los trabajadores, para lo cual se establece un plazo determinado, la fecha de contrato o, para los que estén trabajando, una fecha específica. Sin embargo, con la formación de sociedades, en cuya constitución los trabajadores no van a tener injerencia, éstos quedarán marginados.

Por lo tanto, a fin de dejar claramente indicado cuál es el sentido de la norma del inciso segundo del artículo 3° transitorio, creo importante que los miembros de la Comisión nos iluminen sobre el tema con el objeto de especificar nítidamente que el sentido de la disposición es que todos los trabajadores de Ferrocarriles que estaban trabajando al 31 de mayo de 1991, en los próximos tres años en que ellos vayan saliendo de la Empresa tendrán derecho a los beneficios que esta iniciativa les concede.

Nada más, señor Presidente.

El señor FERNÁNDEZ.-

Con mi voto por el rechazo, señor Presidente.

Quiero dejar constancia de que -fuera de las razones dadas por la Senadora señora Feliú - este proyecto no cautela adecuadamente los intereses fiscales. Y está comprometida una cuantiosa cantidad de ellos que queda al margen de un adecuado control, por ejemplo, de la Contraloría General de la República.

Por las razones expuestas, me opongo a su aprobación.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , voto a favor en el entendido de que lo hago -aparentemente, no hay respuesta a la consulta que formulé- para proteger a la totalidad de los trabajadores que hoy cumplen con lo establecido en los artículos 1° y 3° transitorios. Es decir, que laboraban en la Empresa al 31 de mayo de 1991, y que pueden dejarla en los próximos tres años conservando todos los mismos beneficios señalados en este proyecto.

En mi concepto, ése es el sentido de la norma, y -reitero- en ese entendido voto a favor.

Nada más, señor Presidente.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , el único problema es que si se aplica el Reglamento como corresponde, una consulta habría quedado aparentemente sin respuesta en medio de la votación. Sólo por esa razón deseo señalar que el inciso segundo del artículo 3° transitorio de la iniciativa permite que esos trabajadores prácticamente permanezcan como empleados del Estado, por tratarse de una sociedad en la que el capital mayoritario lo aporta el Fisco. De modo que ellos no saldrían del sector público. Tal es el fundamento de la disposición.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , me abstengo, porque en la redacción del artículo no quedó clara la situación de los trabajadores a que aludió el Senador señor Ríos. Además, en el inciso segundo del artículo 3° transitorio, cuando se habla de quienes se incorporen a las sociedades en las cuales la Empresa de Ferrocarriles tenga participación mayoritaria, no se mencionan las condiciones en que podrán hacerlo. Si éstas fueran inferiores a las que les correspondían en la Empresa, deberían recibir una indemnización. Pero eso no está especificado en el proyecto.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , quiero dejar expresa constancia de que, por estar pareado, conversé con el Comité respectivo y podré votar en esta ocasión, ya que se trata de una iniciativa que requiere quórum calificado.

Votaré a favor del proyecto por estimar que, independientemente de las limitaciones que se puedan consignar, permitirá a Ferrocarriles del Estado empezar a recuperar el papel que le corresponde en el país y superar la desastrosa situación en que una Administración de 17 años la dejó.

-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (28 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y 3 abstenciones), dejándose constancia de que se contó con el quórum constitucional requerido.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar, en general, el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre mejoramiento de remuneraciones y fijación de nuevas plantas para el personal de los servicios que indica del sector educación.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 3ª, en 9 de junio de 1992.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 14ª, en 4 de agosto de 1992.

Hacienda, sesión 14ª, en 4 de agosto de 1992.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se daría por aprobada en general la iniciativa.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , reconozco el derecho que rescata y reclama el Honorable señor Diez, y yo sería férreo defensor de esa posición. Sin embargo, pediría a mi Honorable colega que apliquemos el mismo criterio utilizado en otras ocasiones. Por ejemplo, el proyecto sobre cotizaciones previsionales -cuyo plazo para presentar indicaciones vence hoy, a las 18-, cuenta con informes de tres distintas Comisiones, por lo cual la Sala acordó aprobarlo en general y postergar su debate hasta recibir el segundo informe. De ese modo, complementamos ambos derechos: el del Parlamento, en cuanto a tramitar con la mayor fluidez posible las materias sobre las cuales haya consenso, y el de los Senadores, en lo que atañe al ejercicio de la legítima expresión de las ideas.

En esa oportunidad, el Honorable señor Diez no puso impedimento. Por ello, recordaría a Su Señoría el acuerdo adoptado hace pocos días, a fin de que, respetando su derecho, intervenga en la sesión pertinente, en la cual se entregará el informe definitivo sobre el particular.

Me parece que de esa forma se resguardan ambos intereses.

El señor DIEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?

Un proyecto es diferente de otro por su fondo, y, por lo tanto, debe ser tratado de manera distinta. El Senado no es un "buzón", sino un cuerpo deliberante.

Tenemos observaciones que formular a la iniciativa del Ejecutivo , y, lógicamente, deseamos hacerlo en la Sala, como corresponde, y no en los pasillos. Resulta evidente que se quiera usar de la palabra cuando se tienen reparos, pero si no los hay, lo lógico es permitir la aprobación del proyecto y que vuelva para su discusión particular.

En lo que respecta a esta materia, quiero hacer algunas consultas al Ejecutivo -que ha anunciado el envío de diversas indicaciones, y cuyo representante no se encuentra en la Sala- porque me parece que el procedimiento no está suficientemente clarificado y existen discriminaciones injustificadas entre el personal.

Nos encontramos tratando en general un proyecto, que es la oportunidad de que disponemos los Senadores para ser oídos, sin la presencia del Ministro del ramo, lo cual, a mi juicio, perjudica la tramitación seria de una iniciativa.

Es cuanto deseaba manifestar en la discusión general.

El señor DIEZ.-

Gracias, señor Presidente.

Reconozco que a veces uno adopta actitudes antipáticas, pero éstas son comprendidas posteriormente cuando se van formando las tradiciones de una institución. Y un organismo como el Senado no puede negarse a debatir en general un proyecto que, por primera vez, se trata en la Sala. Es derecho esencial de los Senadores no miembros de una Comisión disponer de tiempo necesario para estudiar y precisar su criterio al respecto. Considero grave la tendencia generalizada a establecer que la Sala debe ratificar lo acordado por las Comisiones, situación que es habitual. Pero la obligación de esta Corporación es analizar cada uno de los proyectos de ley sometidos a su consideración.

Por otra parte, señor Presidente , un artículo de la iniciativa consigna que los reajustes de remuneraciones se aplican a contar del 1° de enero de 1992, y este hecho es conocido por el personal. Por consiguiente, no hay ningún perjuicio a una situación económica determinada en el estudio de un proyecto de ley.

Es obligación del Parlamento despachar proyectos absolutamente lógicos, justos y con financiamiento, a fin de que no ocurra lo mismo que con otras iniciativas como la del Estatuto Docente, muchas de cuyas asignaciones los maestros aún no han recibido, por no haber puesto el Ministerio de Educación los fondos a disposición de las municipalidades respectivas, tal como oí decir el viernes pasado a los profesores de Temuco en una reunión.

A propósito de esto, cabe hacer presente que la Comisión de Hacienda del Senado, con muy buena voluntad, y haciendo fe en el Gobierno, dio por financiado el proyecto, pero dejó constancia en el informe de que lo relativo a su financiamiento no está suficientemente claro. Y leo textualmente: "La Comisión aprobó el precepto en cuestión, sin enmiendas, en el entendido de que el Ejecutivo afinaría mediante indicación el texto de este artículo y enviaría la información solicitada.".

¿Y dé qué información se trata? "Los HH. Senadores señores Jorge Lavandero y Andrés Zaldívar fueron partidarios de que el Ministerio de Hacienda" -no presente en la Comisión- "precisara qué monto del gasto de esta ley se financiará con recursos del Ministerio de Educación y cuánto con cargo al Tesoro Público.". La Comisión no contó con este antecedente y tampoco con el relativo al saldo actual del ítem correspondiente, dato que también se pidió al Ejecutivo , porque, pasada ya la mitad del año, no tenemos claridad sobre la materia.

El señor Gazmuri agrega que "apreciaría que el Ejecutivo pudiera mejorar la redacción del artículo"... "teniendo en cuenta que en los actuales presupuestos de los Servicios de que se trata no se consultaron recursos para financiar el mayor costo del proyecto.".

En consecuencia, creo que el Senado, en debate público, tiene el derecho de plantear al Ejecutivo que su actitud con relación al financiamiento del proyecto no se compadece ni con el respeto que debe a esta Corporación ni con la obligación de proporcionarle la información necesaria, en especial, a su Comisión de Hacienda. Y he leído textualmente el informe de ésta, para evitar que se crea que son comentarios de mi cosecha.

Ahora bien, la aprobación dada al proyecto en la Comisión de Educación nuevamente demuestra la buena voluntad del Senado y su confianza en los organismos respectivos. Pero también en este caso el Ministerio del ramo dejó de proporcionar algunas informaciones, como consta en el propio informe. Dice éste que se aprobó por unanimidad el artículo 2°, dejándose constancia de lo siguiente:

"En primer lugar, respecto a que esta norma presenta una evidente discriminación en lo que se refiere a los grados que se asignan a los Directores Regionales.". Es el primer precedente de una legislación en este sentido para cargos de igual responsabilidad. Mientras en las Regiones Cuarta, Quinta , Séptima y Octava dichos funcionarios percibirían remuneraciones asignadas al grado 7° y los de la Región Metropolitana las correspondientes al grado 6°, los de las demás Regiones -entre las cuales está la que represento- tendrían las del grado 8°.

Es una discriminación absolutamente inaceptable, que no tiene ninguna explicación en el proyecto. Y, a mi juicio, es necesario que el Ejecutivo conozca el punto de vista de los Senadores de las respectivas Regiones sobre el particular, y la única manera pública que existe para ello es este debate tan difícil de lograr, señor Presidente.

Asimismo, la Comisión estimó apropiado hacer notar al Gobierno que el Vicepresidente Ejecutivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles , en lo relativo a grado tiene una diferencia excesiva respecto de quien le sigue en el escalafón, situación que sería necesario remediar. La diferencia es de grado 2° a 5°, y la Comisión tampoco recibió una explicación al respecto.

Señor Presidente , como es lógico, voy a votar favorablemente la iniciativa en general, pero creo que la ocasión debe servir para exigir al Ejecutivo , que fija las urgencias, y que a veces las apura o no las levanta, un cumplimiento cabal y adecuado de sus obligaciones de informar al Senado. No reaccionaremos rechazando proyectos que son razonables y justos, pero sí hemos querido dejar constancia de ello en el debate por el respeto que merece esta Corporación, el cual no debe manifestarse sólo de manera formal, sino mediante la entrega de los antecedentes a que tenemos derecho.

Gracias.

El señor PALZA.-

Seré muy breve, porque creo que el ánimo general es despachar hoy el proyecto. Señalo esto a fin de que no quede flotando la idea de que los miembros de la Comisión de Educación no están preparados para participar en el debate. Lo natural habría sido que, así como ha podido usar de la palabra un señor Senador que no es miembro de ella, y de la misma forma en que se actuó en el caso del proyecto relativo a Ferrocarriles del Estado, hubieran podido intervenir ahora representantes de las Comisiones de Hacienda y de Educación. Y, como integrante de las bancadas de Gobierno, hago presente que contestaremos oportunamente algunas de las observaciones hechas por el Senador señor Diez. Cabe señalar, sí, que sobre esas materias se han formulado indicaciones en la Comisión, algunas de las cuales compartimos, y que confiamos en que el Gobierno haga llegar las suyas antes de que venza el plazo para presentarlas.

Por otro lado, como miembro de la Comisión de Educación, no puedo sino lamentar que en este debate tan importante, fijado con antelación en la tabla, no hayamos contado con la presencia del señor Ministro , a fin de que hubiera recogido las observaciones que, con razón, se han hecho en esta Sala.

Sólo he querido manifestar estos criterios generales para reflejar el deseo de estas bancas de despachar hoy el proyecto, postergando nuestras opiniones para el debate de la próxima semana.

Nada más.

El señor HORMAZÁBAL .-

En distintas oportunidades hemos escuchado en esta Corporación al Honorable señor Diez manifestar su extrañeza porque Senadores que respaldamos al Gobierno expresemos inquietudes por algún artículo específico de una iniciativa, o, incluso, nos opongamos a él en algún instante, sobre la base del examen acucioso de la misma. En tales momentos ha hecho observaciones serias, y también jocosas, porque eso es parte del carácter de cada cual. Y no cabe duda de que el sentido del humor no resta dignidad.

Siendo así, me llama la atención el que las observaciones vertidas esta tarde por algunos señores Senadores que hemos pedido la postergación del debate, hayan dado lugar a un juicio tan peyorativo y despectivo hacia el Senado, como es el calificarlo de "buzón". ¡No, señores! Ningún señor Senador tiene derecho, ni en serio ni en broma, a decir que esta Corporación asume tal carácter sólo porque, en uso de sus atribuciones reglamentarias, dispone que el debate a fondo sobre una materia se realice en otra oportunidad.

El Honorable señor Diez tiene muchos méritos, pero no le reconozco autoridad para dar lecciones sobre cómo funcionan los organismos democráticos o cuál debe ser el papel de un Parlamentario. Pedí que se aplazara el debate para que Su Señoría hiciera entonces sus legítimos aportes, y lo hice pensando en lo útil que sería contar con la presencia del señor Ministro de Educación. He señalado en todos los tonos que el Senado se enriquece cuando concurren los Secretarios de Estado, porque, al mismo tiempo que contribuyen con su aporte, facilitan los entendimientos. Ésa ha sido nuestra experiencia. Por lo tanto, me pareció pertinente la participación en el debate de don Ricardo Lagos -destacado Ministro de Educación , de cuyo desempeño al servicio del país en esa Cartera me siento orgulloso- para que, con su proverbial capacidad, respondiera a estas dudas que se han señalado aquí. Y me encantaría, además, que estuviera presente el señor Presidente de la Comisión de Educación del Senado , quien, por razones ajenas a su voluntad, no ha podido asistir a un debate tan relevante como el de hoy.

Entonces, ¿qué justifica esta argumentación un tanto soberbia en el sentido de que el pedir la postergación del debate convierte al Senado en un "buzón"? Es precisamente la riqueza de la discusión que se puede producir la que justifica tratar el tema de fondo en otra oportunidad. Ahí podremos ver si es verdad o no que el Gobierno del Presidente Aylwin está en deuda con los municipios en cuanto a los fondos del Estatuto Docente. Y el señor Ministro o el Subsecretario podrán aportar antecedentes respecto de cómo muchos municipios han usado indebidamente los recursos entregados para la subvención, punto que se discutió durante la tramitación del Estatuto. Y sepa el Senador señor Diez que si en algunos lugares no se han entregado como correspondía, contará al menos con una opinión favorable a su reclamo. Porque en el mismo sistema se estableció una Comisión de Apelaciones para los casos en que no se hicieran llegar los fondos pertinentes, la cual, en lo relativo a las subvenciones, ha funcionado a cabalidad y muchos problemas han sido resueltos. ¿Hay algunos pendientes? Hallaremos una solución adecuada, en el ejercicio natural del diálogo y considerando los puntos de vista de cada cual.

En consecuencia, quiero manifestar, de una vez por todas, que quienes respaldamos con orgullo el Gobierno del Presidente Aylwin, entendemos que es parte de nuestra función como Parlamentarios en el sistema democrático coincidir o discrepar, y que es propio de la naturaleza de la relación que, de común acuerdo, hemos establecido con el señor Presidente de la República , el que envíe los proyectos de ley convencido de que en el Congreso se enriquecen, al margen de las distintas y legítimas interpretaciones.

Pido, además, después de un ataque de tal seriedad, que se entienda que nuestro fundamento para sugerir la prórroga de la discusión ha sido permitir que los señores Senadores hagan presentes sus legítimas opiniones ante la autoridad que corresponde. Los que luchamos durante tanto tiempo por que la sociedad chilena tuviera expresión en un Parlamento democrático donde pudieran oírse todos los puntos de vista, cuando discrepar significaba la cárcel, no aceptamos lecciones de quienes pretenden hoy calificar peyorativamente el papel del Congreso Nacional.

Eso es todo.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , me gustaría saber si existe disposición en la Sala para aprobar en general el proyecto, y fijar en seguida plazo para la presentación de indicaciones. Quiero solicitar, además, como ya se ha hecho acá, que las autoridades de Gobierno hagan llegar sus indicaciones y las informaciones que requerimos para legislar con seriedad.

Tal es la posición de los Senadores de Renovación Nacional, y, en esas condiciones, estamos dispuestos a aprobar el proyecto.

El señor GAZMURI .-

La verdad es que aquí se ha discutido mucho, y de diferentes cosas, y no deseo alargar en exceso el debate. Entiendo que el sentido del acuerdo de los que participamos activamente en el estudio del proyecto fue aprobarlo ahora en general, a fin de dar tiempo para la presentación de indicaciones tanto a los señores Senadores como al Ejecutivo.

El señor DIEZ.-

Que aún no las ha enviado.

El señor GAZMURI.-

Ahora bien, el hecho de que mejoremos los proyectos no descalifica al Gobierno -y lo digo porque me pareció oír versiones en ese sentido-; al contrario, habla muy bien de nuestra labor legislativa.

El señor LARRE.-

Ésa es la tarea de la democracia.

El señor GAZMURI .-

Y al pedir al Ejecutivo perfeccionar la redacción de un artículo -tal como consta en el informe que ha leído el Honorable señor Diez-, sólo estamos cumpliendo estrictamente con nuestras funciones, e, incluso, con nuestro papel de Parlamentarios de Gobierno, que no significa transformarnos en "buzón" -nunca lo hemos sido- ni decir que sí a todo.

En fin, no deseo hacer la discusión general que hemos acordado postergar para otra sesión. Sólo me resta manifestar nuestra disposición de aprobar hoy en general el proyecto y fijar un plazo para las indicaciones, porque aquí hay muchas personas involucradas, y no sólo existe la necesidad de despacharlo bien, sino además con prontitud, cosa que estamos en condiciones de realizar. Obviamente, tal plazo habrá de regir tanto para los Senadores como para, el Gobierno, que debe hacer llegar las indicaciones a las Comisiones, tal como se ha comprometido.

Por último, tampoco me parece razonable ni -diría- elegante echar de menos la presencia del Ministro señor Lagos en la Sala, en circunstancias de que el acuerdo era aprobar el proyecto sin discusión.

Nada más.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en general.

Aprobado.

Sugiero que las indicaciones se reciban hasta el jueves 13 de la próxima semana, a las 18.

El señor PALZA.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , primitivamente habíamos conversado sobre la posibilidad de recibir las indicaciones hasta el miércoles próximo, para que la Comisión pudiera trabajar el jueves siguiente, pero si existe otro criterio...

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si la Sala prefiere fijar como plazo el miércoles 12...

El señor DIEZ.-

Señor Presidente, que se notifique al Gobierno -frente a la ausencia de uno de sus representantes- a fin de que conozca el plazo de que dispone para presentar indicaciones.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La Secretaría se hará cargo de ello oportunamente, Su Señoría.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , en mi primera intervención, había planteado la posibilidad de fijar como plazo el miércoles próximo; sin embargo, haciendo un análisis de la situación, advierto que la Comisión de Educación está comprometida con un proyecto todo ese día. Podríamos abocarnos a analizar esta última materia el jueves venidero en la mañana, pero como no contaríamos con el informe, la Sala no tendría oportunidad de conocerlo ese mismo día, sino que tendría que tratarse el martes de la semana próxima. Por lo tanto, no habría ningún impedimento de parte nuestra para fijar como plazo hasta el miércoles 12, en la tarde.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, apresuraríamos un poco el trámite y fijaríamos como plazo el miércoles 12, a las 18.

El señor LARRE.-

A las 20, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Entonces, se acordaría como plazo para presentar indicaciones el miércoles 12, hasta las 20.

Acordado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde pronunciarse sobre el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que delega facultades para establecer un sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y para regular el establecimiento y funcionamiento de mataderos.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 30ª, en 7 de enero de 1992.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 5°, en 16 de junio de 1992.

Informes de Comisión:

Agricultura, sesión 52ª, en 15 de abril de 1992.

Agricultura (segundo), sesión 60ª, en 19 de mayo de 1992.

Mixta, sesión 15ª, en 6 de agosto de 1992.

Discusión:

Sesión 53ª, en 28 de abril de 1992 (se aprueba en general); 60ª, en 19 de mayo de 1992 (queda pendiente la discusión); 2ª en 3 de junio de 1992 (se despacha).

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión el informe.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , seré muy breve, pues ya hemos conocido en el Senado los planteamientos en relación con esta iniciativa, y, en verdad, la Comisión Mixta los aprobó sin enmiendas.

Me referiré sólo a tres puntos muy escuetos respecto de los cuáles la Comisión Mixta acordó dejar expresamente constancia de ellos en el Acta para la historia fidedigna de la ley.

En primer lugar, la enumeración que contempla el inciso primero del artículo 2° del proyecto aprobado por el Senado -relativa a las normas generales mínimas que deben cumplir los mataderos-, es meramente enunciativa, por lo que las áreas y cámaras de enfriamiento y las cámaras frigoríficas no se exigirán a estos establecimientos, a menos que sea necesario.

El motivo de esta constancia radica en el hecho de que en los mataderos de pueblos pequeños no se almacena la carne, por lo que no se hace necesaria la exigencia de maquinarias frigoríficas o de enfriamiento.

En segundo término, la facultad del Presidente de la República que se dispone en el proyecto, y que dice relación a la aplicación de las normas que se refieren a la tipificación y clasificación de ganado, debiera ser ejercida en el más breve plazo, por cuanto es un elemento importante e indispensable para el crecimiento y desarrollo de la masa ganadera del país.

Y, por último, teniendo presente, en el estudio de esta iniciativa, la activa participación de numerosas personas y entidades relacionadas con el sector, el propósito de la Comisión es que la dictación del reglamento que corresponda se efectúe tomando en consideración los planteamientos que al respecto pudiera formular, en particular, la Comisión Nacional de la Carne.

En consecuencia, la Comisión Mixta propone aprobar la supresión de los artículos 2°, 3°, 4° y 5° del proyecto aprobado en primer trámite constitucional y, por tanto, prestar conformidad al texto sancionado por el Senado, el cual se señala en el informe.

He dicho.

-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta.