Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio N° 144, sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo, adoptado por la Sexagésima Primera reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra del 2 al 22 de junio de 1976.

La iniciativa quedó para segunda discusión, consta de un solo artículo y cuenta con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 55a, en 5 de mayo de 1992.

Informes de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 59a, en 13 de mayo de 1992.

Trabajo, sesión 59a, en 13 de mayo de 1992.

Discusión:

Sesión 59a, en 13 de mayo de 1992 (queda para segunda discusión).

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Secretario.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores proponen en sus Informes aprobar este proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la discusión general y particular.

El señor THAYER .-

Por especial encargo del señor Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social -que no estuvo presente al discutirse esta materia-, quiero informar brevemente al Senado acerca de este proyecto de acuerdo, que aprueba el Convenio N° 144, sobre Consultas Tripartitas para Promover la Aplicación de las Normas Internacionales del Trabajo.

La Comisión, después de examinar exhaustivamente el Convenio, que no le mereció reparo alguno, procedió a aprobar por unanimidad la iniciativa.

He leído algunos comentarios y escuchado ciertas prevenciones sobre los alcances que tendría este Convenio. Por eso, más que exponerlo en detalle, voy a referirme a aquellos aspectos que pudieran suscitar una preocupación, la que, a mi juicio, no se justifica.

Chile adhirió a la Organización Internacional del Trabajo hace ya 72 años. Mediante la ley N° 3.557, de 20 de noviembre de 1919, y con las firmas del Presidente de la República de esa época, don Juan Luis Sanfuentes , y del Ministro de Relaciones Exteriores , Culto y Colonización, señor Luis Barros Borgoño , se incorporó a ese organismo tripartito, que ha funcionado sin interrupción y que es la única institución proveniente de la antigua Liga de las Naciones que mantuvo su vigencia como organismo especializado de las Naciones Unidas.

Su tripartismo corresponde al principio de lo que hoy llamamos democracia social. Vale decir, en el caso de iniciativas del Estado que de alguna manera comprometen o afectan a sectores sociales particularmente vinculados al mundo empresarial y laboral, la OIT ha universalizado un procedimiento en virtud del cual en las decisiones que adopta sobre convenios y recomendaciones, no basta el solo asentimiento del Estado, sino que se requiere también la aprobación de representantes de las entidades más significativas de los empleadores y trabajadores de cada país miembro.

Los convenios internacionales del trabajo son verdaderos tratados multilaterales que se aprueban en las conferencias generales y que entran en vigencia una vez que se ha logrado su ratificación por un número determinado de países.

Cuando un Estado ratifica uno de esos convenios, el mismo tiene que haber sido previamente aprobado en una conferencia internacional. El Gobierno de Chile tiene que haber prestado su asentimiento al Convenio N° 144, que nos ocupa, y lo que ahora propone al Parlamento, a través de este proyecto de acuerdo, es su ratificación.

El Convenio sometido a nuestra consideración reglamenta en el fondo de manera más precisa la condición que tenemos como miembro de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y a qué nos obliga ello? A que el Gobierno ponga los tratados aprobados por ese organismo en conocimiento de los entes que internamente estime adecuados y competentes para su ratificación.

Bien podría el Ejecutivo presentar al Congreso -y esto es muy importante que se entienda- un convenio que haya sido aprobado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y no recomendar su aprobación. Porque estaría dando estricto cumplimiento a su condición de miembro en la medida en que lo someta al conocimiento de los organismos competentes, aun cuando sugiera su rechazo. En todo caso, lo que busca la OIT es que la normativa internacional sea conocida progresivamente por las entidades representativas de los empleadores y los trabajadores, para ir construyendo el derecho internacional del trabajo, que es la base en que se apoya la legislación social -y, desde luego, la nuestra- en todos los países civilizados.

¿Qué significa para Chile este Convenio? No importa ninguna nueva obligación especial. Aquí no se trata de un convenio en el que la OIT haya aprobado, por ejemplo, una normativa para reducir la jornada máxima semanal de trabajo a 40 horas y nuestro país tenga que ratificarlo. En el caso de este ejemplo, si Chile ratificara el convenio, estaría obligado a ajustar su legislación conforme a él. Pero si el Gobierno no lo aceptara, constituiría un deber suyo ponerlo en conocimiento del Congreso, aun cuando al hacerlo recomendara su rechazo o su aprobación con reservas, por estimar que ello podría causar un daño a la legislación vigente.

Pero ¿qué implica este tratado? Sólo una cosa, la que, afortunadamente, Chile viene cumpliendo hace tiempo, por lo que considero que el país está maduro para aprobarlo. Implica que al actuar como integrante de la OIT en las gestiones propias destinadas a poner en conocimiento, ratificar, desahuciar o comentar los acuerdos adoptados por esa organización, lo haga con conocimiento de las entidades más representativas de los empleadores y los trabajadores.

Sobre el particular, a modo de ejemplo, destaquemos el proyecto sobre ingreso mínimo que acaba de despachar la Comisión de Trabajo y Previsión Social y para cuyo estudio ahora se reunirá la de Hacienda. Es un tema que interesa a la OIT, y al efecto se han suscrito convenios internacionales. En este caso, ¿a qué estaría obligado el Estado de Chile? A que en lo referente a materias que afecten el ingreso mínimo, la legislación que al respecto se proponga a los organismos legislativos sea previamente consultada a entidades que, en el concepto de la OIT y en el de sus Estados miembros, expresen realmente el sentir de los diversos sectores de la población. Porque un acuerdo de las instituciones involucradas -por ejemplo, de la Confederación de la Producción y del Comercio o de la Central Unitaria de Trabajadores- no puede por sí solo transformarse en ley; pero es importante conocer su opinión sobre un problema que se vincule con el Derecho Internacional del Trabajo, para los efectos de que el Parlamento -que es el ente llamado a legislar- tenga una adecuada ilustración respecto del tema.

Por eso, señor Presidente, lo que hace este Convenio es obligar al Estado a que siga actuando de la misma forma como lo ha hecho hasta ahora, esto es, que los organismos colegisladores, vale decir, el Ejecutivo y el Congreso Nacional, no adopten acuerdos sin consultar previamente a los organismos más representativos del mundo social.

Chile, constitucional y políticamente, se encuentra comprometido en esta materia, y forman parte de este compromiso el Gobierno, la Oposición y los independientes, cuya tarea es ir dando forma a una democracia participativa. De manera que si nos resistiéramos a la aceptación de este tratado internacional, sencillamente estaríamos diciendo ante la faz pública que no deseamos tener en nuestro país una democracia social.

¿Dónde ha habido duda o preocupación por parte de algunos sectores? En creer que el tripartismo existente a nivel internacional, el cual se propone en este Convenio para que el Estado consulte a las entidades más representativas, pudiera transformarse en un sistema que atentara contra la libertad empresarial, llegando a ser, por ejemplo, una cabeza de puente o una injerencia del Estado en asuntos propios de la actividad privada.

Sin embargo, nada de eso se relaciona con el tratado en debate. Por el contrario, éste pretende que los Estados miembros -entre ellos, Chile- no legislen, ni desahucien convenios internacionales, ni introduzcan modificaciones en materias propias del Derecho Internacional del Trabajo -el cual en cierta forma propicia, defiende, ampara y construye la OIT- sin que sean oídas las entidades más representativas.

Cabe señalar que al Convenio se acompaña el texto de una Recomendación, la que he leído detalladamente, la cual prácticamente repite el contenido del mismo; pero es un elemento que no podríamos aprobar, porque, de acuerdo a los estatutos de la OIT y a las facultades del Congreso Nacional, no corresponde que ratifiquemos o aprobemos recomendaciones internacionales que, según la propia expresión, son la mera manifestación del pensamiento de esa organización respecto de cómo podría darse mejor cumplimiento a un tratado. No tiene más alcance que ése.

Por consiguiente, como se trata de la ratificación de un Convenio que nos obliga a darle aplicación práctica al principio de participación social en una democracia en la que todos puedan expresar sus opiniones -y es lo que hemos venido haciendo-, la Comisión de Trabajo y Previsión Social recomienda a este Honorable Senado, por la unanimidad de sus integrantes, la aprobación del presente tratado.

Nada más, señor Presidente .

Muchas gracias.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , en primer lugar, quisiera decir que en la última sesión demostré preocupación precisamente por este Convenio. A mi juicio, ha sido bien interesante lo manifestado por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Este tratado es bastante distinto a los que hemos visto hasta ahora, y es el primero relacionado con la OIT que nos corresponde estudiar. Cabe señalar que en casos como éste, de acuerdo con el Derecho Internacional, puede haber reservas. Pero en los dos años que llevamos de funcionamiento como Parlamento ningún convenio las ha merecido.

El segundo punto que me interesa destacar es con respecto a la Recomendación que se viene haciendo. Efectivamente, estamos en presencia de un tratado -el N° 144- que fue firmado el día 2 de junio y cuya Recomendación aparece suscrita con fecha 21 del mismo mes. Y el Ejecutivo nos la ha enviado en forma complementaria al Convenio; tal vez, podría haberse incorporado a él. En todo caso, estimo que habría sido una incorrecta forma de interpretación. Ahora bien, como todo el contenido de la Recomendación se relaciona íntegramente con la iniciativa en debate, al aprobar ésta debemos indicar que indirectamente se están aceptando los conceptos de aquélla.

Ésas son las dos observaciones que me merece el presente Convenio.

El señor HORMAZÁBAL .-

Sólo deseo complementar de manera muy breve la exposición que hizo el Senador señor Thayer en representación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

En realidad, la sugerencia del Honorable señor Mc-Intyre debería ser planteada. Y entiendo el punto porque lo hemos conversado. Su Señoría estima que la Recomendación se ajusta exactamente a los términos del Convenio, por cuanto los conceptos de aquélla son coherentes con el texto en discusión.

En cuanto al argumento del Honorable señor Thayer , deseo señalar que nosotros sólo debemos hacer referencia al tratado, al cual, de acuerdo con los artículos 32, N° 17°, y 50, N° 1), de la Constitución Política, se le da una importancia esencial, porque, entre otras materias, se le reconoce a la OIT competencia para fiscalizar el cumplimiento del Convenio.

Esta situación jurídica no es asimilable a las recomendaciones, que tienen el carácter de orientaciones técnicas para los efectos de que sean consideradas, pero carecen de un elemento imperativo o de un mecanismo de fiscalización, como el que establece la Organización Internacional del Trabajo. Y como lo manifestado por el Senador señor Mc-Intyre no es un punto de conflicto en este Convenio, sino que constituye una particular visión -la cual comparto- respecto de la coherencia entre la Recomendación y aquél, creo que podríamos dar por aprobada la iniciativa -y es lo que procede jurídicamente-, dejando constancia de la coherencia que aprecia Su Señoría entre ambos textos. Hago la sugerencia porque en el debate no se ha planteado ningún problema de fondo.

He dicho, señor Presidente.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , en realidad, no tengo objeción de fondo al proyecto. En todo caso, quiero señalar que éste data de 1976 y que, según entiendo, hay una serie de convenios que deberán presentarse para su ratificación, los cuales, como tienen una antigüedad de dieciséis años, merecen ser estudiados desde otro punto de vista. De manera que, sin perjuicio de que aprobaré este Convenio, debo advertir que las iniciativas que vendrán más adelante tienen bastante tiempo y han perdido actualidad.

He dicho.

El señor THAYER .-

Tan sólo unas palabras, señor Presidente , para comentar lo expresado por el Honorable señor Mc-Intyre , porque considero muy importante tenerlo claro.

La OIT está perfectamente consciente -como lo estamos todos aquí- de que desde 1919 hasta 1992 se ha producido un cambio gigantesco en el mundo. Y es así como muchos tratados internacionales de carácter laboral han perdido vigencia y valor, o incluso corresponden a líneas u objetivos que hoy no están en aplicación o en uso. Debemos ser muy precisos en esto.

La OIT nació bajo otro cielo histórico. Nació como parte del acuerdo internacional que puso término a la Primera Guerra Mundial: el Tratado de Versalles. Y, naturalmente, en aquella época los sectores políticos -en especial, los socialdemócratas y los cristianosociales- se movieron muy activamente para incorporar sus ideas a las que iba consagrando la OIT. ¿Por qué? Porque este organismo -para decirlo claramente- se originó, en definitiva, en el llamado imperativo que había formulado el Kaiser al Papa León XIII para que se diese difusión universal a ciertos principios de avance social introducidos en la Alemania de la época de Bismarck, los cuales elevaban los costos de la mano de obra en ese país y lo perjudicaban en la competencia internacional. La alternativa era muy clara: o se terminaba con esta legislación social en ciernes o se universalizaba. La Encíclica Rerum Novarum , de León XIII, fue el primer intento de universalización de estos postulados, pero desde un punto de vista moral. Lo que vino a hacer la OIT, finalmente, fue otorgarles significación jurídica internacional.

Comentando lo manifestado por el Honorable señor Mc-Intyre -particularmente por eso me refiero a Su Señoría-, quiero decir que existe absoluta conciencia y claridad, no sólo en Chile, no sólo de parte de quienes nos hemos dedicado algo a los asuntos laborales, sino, también, en la OIT misma, de que no es fácil ratificar hoy día convenios (e incluso, mantenerlos vigentes) que en 1930 ó 1940 fueron razonables, pero que en la actualidad serían perjudiciales. Por eso, hay un proceso vital que exige modificarlos, revisarlos y derogarlos y, a la inversa, aprobar nuevos textos.

Lo que está haciendo el Tratado en discusión es fijar una pauta general, en cuanto a que en toda esta vitalidad que implica renovar el proceso de la normativa internacional en materia laboral o de seguridad social se opere con conocimiento, contacto o consulta a entidades más representativas, que es el principio que inspira la democracia social.

Nada más, señor Presidente .

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Al parecer, existe consenso en la Sala para acoger el proyecto de acuerdo, con las precisiones, ya expresadas, de los Honorables señores Mc-Intyre y Hormazábal.

En consecuencia, si no hubiera oposición, se daría por aprobado.

-Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo, y queda despachado en este trámite.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que delega facultades para establecer un sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y para regular el establecimiento y funcionamiento de mataderos, con segundo informe de la Comisión de Agricultura.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 30°, en 7 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Agricultura, sesión 52°, en 15 de abril de 1992.

Agricultura (segundo), sesión 60°, en 19 de mayo de 1992.

Discusión:

Sesión 53°, en 28 de abril de 1992 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión deja constancia, en primer término, de que no ha sido objeto de indicaciones ni de modificaciones el artículo 9° del proyecto del primer informe. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, quedaría aprobado.

El señor LARRE.-

Entiendo que por acuerdo de Comités se ha postergado para mañana la discusión de esta iniciativa.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , si no fuera así, en todo caso quiero formular una indicación para ese efecto, conforme a lo establecido en el número 1° del artículo 112 del Reglamento del Senado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si la Sala estuviera de acuerdo, quedaría para mañana la discusión de esta iniciativa.

Acordado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 94, de 1960, de Administración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; introduce normas legales complementarias y aprueba transferencia de fondos a la Empresa, con segundos informes de las Comisiones de Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 42a, en 10 de marzo de 1992.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 57a, en 6 de mayo de 1992.

Hacienda, sesión 57a, en 6 de mayo de 1992.

Transportes (segundo), sesión 60a, en 19 de mayo de 1992.

Hacienda (segundo), sesión 60a, en 19 de mayo de 1992.

Discusión:

Sesiones 44a, en 18 de marzo de 1992 (queda pendiente su discusión por falta de informe); 57a, en 6 de mayo de 1992 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones deja constancia de que determinados preceptos requieren quórum de ley orgánica constitucional y de que otros deben ser aprobados con quórum calificado.

Asimismo, la Comisión hace presentes las disposiciones contenidas en el primer informe que no fueron objeto de indicaciones, las cuales se darían por aprobadas, de conformidad con el artículo 106 del Reglamento: en el artículo 1°, los números 3, 4 y 6; el artículo 5° A, del número 7; los artículos 5° C y 5° E, del número 9; los números 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 y 20; los artículos 10 A, incisos primero y segundo, 10 C y 10 D, del número 22; los números 23, 25, 26, 28, 30, 31 y 32; el artículo 44, del número 33; los números 36, 37, 39, 40 y 43; el artículo 69, del número 46; el número 48 (pasa a ser 47), así como los artículos 1° y 2° transitorios del número 50 (pasa a ser 49); y los artículos 2°, 3°, 4°, 7° y 8° permanentes y 1°, 2°, 6°, 7° y 8° transitorios.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En consecuencia, estas normas quedan aprobadas, por no haberse presentado indicaciones.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones recomienda aprobar el proyecto de ley de su primer informe, con las modificaciones introducidas y aprobadas por ella durante su discusión particular.

En primer lugar, con las firmas de los Honorables señora Feliú y señores Fernández , Huerta , Martin , Letelier , Prat , Sinclair , Thayer , Alessandri y Lagos, se ha renovado la indicación número 2, que propone reemplazar en el N° 1 del nuevo artículo 1° del decreto con fuerza de ley N° 94, de 1960, la expresión "Transportes y Telecomunicaciones" por "Economía, Fomento y Reconstrucción".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, el proyecto de ley propuesto a nuestra consideración establece que la Empresa de Ferrocarriles -cuyas reglas se modifican por su intermedio-, que es un organismo integrante de la Administración del Estado, se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Atendido que a esta Cartera le corresponde proponer, evaluar y fiscalizar la política de transportes en Chile, sugerí en la Comisión una norma de reemplazo en el sentido de que la vinculación con el Poder Ejecutivo se realizara a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En efecto, por corresponder al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones las funciones aludidas, no es conveniente que por su intermedio se relacione una empresa que ejecuta una actividad de transporte que, naturalmente, en forma directa o indirecta, quedará en situación diferente de la que llevan a cabo otras en el mismo rubro.

El Ministerio de Economía, en cambio, de acuerdo con su ley orgánica, dispone de plenas atribuciones para tener bajo su supervigilancia a la entidad que nos ocupa. No debemos olvidar que a través de esta Secretaría de Estado se vincula con el Gobierno la Corporación de Fomento de la Producción, de la cual dependen muchas empresas y que desarrolla múltiples actividades de fomento.

Por estimar que este último Ministerio es más adecuado para relacionar a la Empresa con el Gobierno, diez señores Senadores, conjuntamente, hemos renovado esta indicación.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , este punto fue debatido latamente cuando lo planteó la Honorable Senadora que me antecedió en el uso de la palabra; pero llegamos a la conclusión de que no había razón alguna para modificar una dependencia que históricamente se ha materializado a través del Ministerio de Transportes. Por lo demás, la actividad de la Empresa es de la esencia y naturaleza de este sector ministerial, y es de toda lógica que un servicio como Ferrocarriles continúe en esa área.

Resulta paradójico escuchar ahora esta proposición, porque hace algún tiempo se suscitó aquí una gran discusión respecto del Ministerio de Economía, y los discursos iban más bien por el lado de que éste ni siquiera justificaba su existencia. ¡Es un cambio de actitud bastante importante!

Por lo tanto, en la medida en que no hay elementos de peso que ameriten un mayor debate sobre el particular, insistiremos en el criterio que tuvimos en la Comisión en el sentido de rechazar esta idea y mantener la situación actual.

El señor COOPER.-

Señor Presidente , como bien se dijo hace un momento, en la Comisión se analizó extensamente el tema. Quienes estuvimos por la opción de conservar la relación con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones nos basamos en que los objetivos de la Empresa están directamente vinculados con la política que debe fijar esta Secretaría de Estado.

Creemos que si bien hay algunos aspectos propios del Ministerio de Economía, especialmente en lo referente a tarifas, ello está demostrando la necesidad indiscutible de una buena conexión entre ambos Ministerios -cada cual dentro de su ámbito-, lo cual es perfectamente posible.

En consecuencia, opinamos que Ferrocarriles debería continuar relacionada con el Gobierno a través del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , intervendré en forma muy breve para fundamentar mi apoyo a la indicación.

Según tengo entendido, el proyecto de ley pretende afianzar el carácter de Ferrocarriles como empresa autónoma. Si a ésta sustancialmente la consideramos como un servicio de transportes que presta el Estado, estimo razonable o preferible su dependencia del Ministerio del ramo. Pero si se pretende que persiga su autofinanciamiento y que, en definitiva, compita en la actividad que realiza, sería más aconsejable su vinculación con el Ministerio de Economía.

Nada más, señor Presidente .

El señor PÁEZ .-

Señor Presidente , la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, como lo señalaron los Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, estudió esta situación y, por unanimidad, decidió, por la relación existente con la política de transporte del Gobierno, que la dependencia lógica de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado es con el Ministerio respectivo. Porque, sobre la base del fundamento de la indicación, asimismo podría pensarse que Televisión Nacional, que también es una empresa autónoma, debería estar bajo la tuición del Ministerio de Economía, y no es así.

En virtud de lo anterior, la Comisión técnica del Senado -reitero que por unanimidad- se pronunció en la forma que conocemos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , respaldo la sugerencia del señor Ministro . Creo que es posible discutir lo relativo a la dependencia de las empresas del Estado, pero en este momento debemos analizar sólo el caso de una de ellas.

En segundo término, quisiera dejar constancia de lo siguiente, a fin de que en definitiva la Mesa resuelva sobre el particular. A mi modo de ver, una indicación como ésta sería materia de ley orgánica constitucional, por referirse a las Bases Generales de la Administración del Estado. Por tanto, en el momento de proceder a su votación debemos tener presente la calificación aludida.

Gracias, señor Presidente.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , no estuve en la Comisión cuando se trató esta indicación, pero, si bien coincido con la Honorable señora Feliú en cuanto al aspecto general, me parece que las condiciones actuales de la Empresa y la premura de esta iniciativa harían dañoso el cambio de la dependencia en este momento.

Sin dejar de reconocer los argumentos de fondo -participo de ellos plenamente, y ojalá el Senado pueda analizarlos en su oportunidad- en el sentido de que todas las empresas del Estado pasen a manos del Ministerio de Economía, soy partidario de mantener la dependencia de Ferrocarriles en el de Transportes y Telecomunicaciones, por las razones dadas en la Comisión y porque innovar al respecto ahora implicaría un atraso considerable en el despacho de esta iniciativa, la que requiere de gran agilidad para cumplir su propósito, atendida la difícil situación económica de la Empresa.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , sólo quiero precisar algunos aspectos con relación a las intervenciones precedentes.

Se pregunta por qué se examina el tema de la dependencia al tratar una materia relacionada con Ferrocarriles del Estado. Creo que debe hacerse así, hoy día y en esta Sala, porque en virtud de este proyecto a dicha Empresa se le transfieren cuantiosísimos recursos, se la autoriza para constituir sociedades anónimas y se le fija una finalidad sumamente amplia, todo lo cual aconseja examinar si conviene que un mismo Ministerio, por una parte, proponga, aplique y evalúe las políticas de transportes, y por otra, sea el ente a través del cual Ferrocarriles se relaciona con el Gobierno.

Se ha señalado que el cambio de dependencia sería perjudicial debido a que dicha Empresa tiene una situación difícil. La verdad es que no se advierte por qué la relación mediante el Ministerio de Economía sería perjudicial. La supervigilancia ejercida por éste respecto de una empresa de tal naturaleza, con la flexibilidad que le reconoce el proyecto, no importa en la práctica ninguna traba, pues sólo se limitará a evaluar la aplicación de las normas propuestas.

También se ha manifestado que históricamente se ha ejercido esa vinculación a través del Ministerio de Transportes. Tengo en mi poder copia del decreto con fuerza de ley N° 94, de 1960, que dispone que la supervigilancia de Ferrocarriles corresponde al Ministerio de Economía.

Por último, deseo hacer presente que ésta no es materia de ley orgánica constitucional, sino de ley común, pues la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado no establece dependencias concretas respecto de entidades determinadas.

He dicho.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , la Honorable señora Frei ha señalado que, por tratarse de una empresa de transportes, debe estar radicada en el Ministerio de Transportes.

La verdad es que, así como se han dado ejemplos contrarios a la indicación de la Senadora señora Feliú , debo puntualizar que existen empresas que no pertenecen al área de la Administración que les correspondería según las funciones que cumplen. Es el caso de la Empresa Nacional del Carbón, que debería estar en el sector de la minería y que, en cambio, se relaciona con el Presidente de la República a través de la CORFO, que está vinculada al Ministerio de Economía.

Me parece muy importante, sí, que la indicación de la Honorable señora Feliú abra necesariamente un debate al respecto, el cual deberá llevarnos a meditar en cuanto a la relación del Gobierno con algunas empresas del Estado.

Los Senadores estamos preocupados del proceso de descentralización de Chile y deseamos que la Administración sea lo más eficiente posible. Las Regiones quieren tener algún grado de responsabilidad en lo concerniente a las empresas estatales existentes en sus territorios. Y eso, indudablemente, nos lleva a reflexionar con profundidad acerca de cierta alteración de las normas referidas a la Administración del Estado.

Por lo anterior, y considerando lo expuesto por el Senador señor Otero , rechazo la indicación. Sin embargo, entiendo que a partir de ella se ha iniciado un debate sumamente importante, en el cual debemos comprometer nuestro trabajo para definir en forma clara y precisa las responsabilidades de las empresas del Estado en un área que les sea común.

Voto que no.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , soy uno de los firmantes de la indicación y, por lo tanto, fundamentaré mi voto.

La tendencia moderna es a que los Ministerios cumplan funciones normativas y de evaluación, y a que el Estado se abstenga de realizar actividades productivas, sean de bienes o de servicios.

Hoy, para lograr una eficiente administración del Estado, se procura, tocante a las actividades productivas que mantiene bajo su control, concentrarlos en una Secretaría de Estado, a fin de que su fiscalización sea más eficaz. Y nuestra legislación ha perseguido radicar tales actividades en el Ministerio de Economía, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la CORFO.

En consecuencia, creo que la indicación significa un avance en ese sentido: concentrar en el Ministerio de Economía las actividades que el Estado de Chile, por falta de una modernización suficiente, aún mantiene en el área de la producción de bienes y servicios. Por ello la suscribí.

Voto que sí.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , suscribí la renovación de la indicación porque estimo que, correspondiendo al Ministerio de Transportes velar por la eficiencia de los servicios que en esta materia se proporcionen a la ciudadanía, no es conveniente que ese organismo sea al mismo tiempo el empresario.

Por eso, prefiero que Ferrocarriles dependa del Ministerio de Economía, tal como lo expresó claramente el Honorable señor Prat .

Voto afirmativamente.

El señor ALESSANDRI.-

Yo también firmé la indicación. Y, por las razones que expusieron los Senadores señores Prat y Thayer , voto que sí.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , suscribí la indicación. Por lo tanto, voto afirmativamente.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , como lo señalaron la Honorable señora Feliú y el Senador señor Prat , pienso que estas actividades deben depender del Ministerio de Economía y, asimismo, que el Ministerio de Transportes, en este caso específico, tiene que continuar con la función normativa que le corresponde.

Voto que sí.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , señalé que me encontraba pareado. Pero el Comité Demócrata Cristiano me levantó el pareo. En consecuencia, procederé a fundamentar mi posición.

Comprendo el fondo de la indicación en términos de que un Ministerio no puede constituirse en juez y parte. En este caso, el de Transportes cumple una función normativa y, al mismo tiempo, Ferrocarriles compite con otras empresas de transporte terrestre.

Desde ese punto de vista, no comparto el juicio del señor Ministro en orden a que CODELCO dependería del Ministerio de Minería y a que conceptualmente habría una simetría. Porque CODELCO es una empresa que participa en el mercado externo y no compite al interior de Chile. Es decir, no tiene los sesgos que podrían existir en el caso de Ferrocarriles del Estado, en el sentido de que el Ministerio de Transportes es por un lado juez en el ámbito normativo, y por el otro, parte de la política empresarial.

Sin embargo, entiendo las razones dadas por el Senador señor Otero , y, compartiendo el espíritu de la indicación, por mediar un acuerdo y para no retrasar la tramitación del proyecto, creo que aquélla deber ser rechazada.

Por tal motivo, voto que no.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , no pude asistir al debate de la indicación porque me encontraba en la Comisión de Defensa.

Por lo tanto, me abstengo.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, hay una indicación renovada por los mismos señores Senadores firmantes de la anterior; está signada con el número 3, y tiene por objeto suprimir, en el inciso primero del artículo 2° sugerido para el decreto con fuerza de ley N° 94, de 1960, la oración final, que empieza con la palabra "Asimismo" y termina con la palabra "dueña".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Ferrocarriles es una empresa integrante de la Administración del Estado de Chile. Ésta, de acuerdo con el artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, se halla constituida "por los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos"..."las Municipalidades y las empresas públicas creadas por ley.". Y esto es Ferrocarriles del Estado: una empresa pública creada por ley.

En virtud del artículo 7° de la Constitución Política, "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.

"Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.".

Esta norma reproduce en términos prácticamente idénticos el artículo 4° de la Carta de 1925.

El artículo 2° que mediante el proyecto se propone para el DFL N° 94, de 1960, señala: "La Empresa de los Ferrocarriles del Estado tendrá por objeto establecer, desarrollar, impulsar, mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y carga a realizarse por medio de vías férreas o sistemas similares y servicios de transporte complementarios, cualquiera sea su modo, incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta finalidad.".

Hasta ahí la norma está perfecta.

Sin embargo, su parte final agrega: "Asimismo, podrá realizar toda otra actividad de carácter comercial o empresarial que tenga por objeto explotar comercialmente los bienes muebles e inmuebles de que sea dueña.".

La verdad es que esta segunda parte carece de un objetivo preciso. Creo, incluso, que es dudosa su constitucionalidad, a la luz del artículo 19, número 21°, de la Carta, que exige una ley de quórum calificado para que el Estado pueda desarrollar actividades empresariales. Y éstas, naturalmente, deben ser determinadas. Aquí no lo están: se dice que Ferrocarriles podrá realizar cualquier actividad con respecto a la explotación comercial de sus bienes muebles e inmuebles.

Señor Presidente , ésa es la razón por la cual se presentó la indicación ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y, luego de ser rechazada por ella, la renovamos en la Sala.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , la oración final en comento persigue una finalidad muy clara y precisa. La razón que tuvo la Comisión para aprobarla por unanimidad es la siguiente.

Ferrocarriles del Estado posee bienes muebles e inmuebles que pueden ser explotados comercialmente de manera que sean rentables.

Pongo algunos ejemplos: la estación de Temuco; las estaciones Alameda y Mapocho, y el lugar donde está hoy la de Puerto Montt son bienes raíces. Obviamente, hay interés -y existe la posibilidad- en transformarlos, por su ubicación, en una fuente importante de ingresos, ya a través de las sociedades que se constituyan, ya mediante concesiones, creando quizá centros comerciales que permitan a la Empresa aprovechar bienes que de otra manera serían absolutamente improductivos.

Sí me parece un error -y puede ser culpa de la Comisión- la expresión "de que sea dueña", pues la norma se refiere a los bienes de que la Empresa es dueña hoy. No se trata en manera alguna -y deseo que quede constancia en la historia de la ley- de que aquélla pueda comprar bienes para emprender otras actividades, sino simplemente de hacerle factible explotar y usar comercialmente los bienes de que hoy es propietaria. Y no veo cómo, con argumentos sólidos, podríamos decir a la Empresa: "Aquí usted tiene un terreno extraordinario; podría lograr una sociedad inmobiliaria susceptible de generar muchos ingresos, pero no lo puede hacer; de manera que debe tener una estación anticuada y gastar dinero en mantenerla".

Ésos fueron los argumentos que utilizó el señor Ministro , y nos convencieron. Lo digo porque la observación que formula ahora la Senadora señora Feliú la hicimos nosotros cuando conocimos el proyecto en un comienzo. Y, luego de analizar esta materia, la Comisión concluyó unánimemente que era conveniente dar esta autorización a la Empresa de Ferrocarriles, fundamentalmente para permitirle obtener un real aprovechamiento económico de sus bienes.

Ahora bien, en caso de que sea rechazada la indicación de la Honorable señora Feliú , voy a pedir el asentimiento unánime de la Sala para cambiar la expresión "de que sea dueña" por "de que es dueña", porque ése fue el espíritu con que se adoptó esta disposición.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , soy uno de los firmantes de la indicación, y estimo importante que el Senado tenga muy claro lo que está votando y, además, que la legislación resulte comprensible para el público.

Después de la intervención del Senador señor Otero , estamos contestes en que la disposición en comento no está bien redactada. Pero, si su redacción fuera como se sugiere, debería ser un artículo transitorio, porque no se refiere a una facultad permanente de la Empresa, sino a una relacionada con bienes que tiene en este momento.

Por otro lado, la primera oración del inciso está muy bien redactada, y culmina diciendo lo siguiente: "incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta finalidad.". A mi entender, el ejemplo citado en cuanto a dar una explotación razonable a determinada estación corresponde a una actividad típicamente conexa. Lo que pasa es que si, aparte de esta clase de actividades que puede desempeñar, se le permite realizar otras que no son conexas, puesto que requieren normas especiales, entramos a contradecir el principio de que, como norma, el Estado no es empresario. Cuando es tal, lo es por excepción. Ahora bien, autorizar a una empresa del Estado para realizar labores que no son necesarias ni conexas con su actividad, en mi concepto, es estar contrariando el principio de que el Estado sólo es subsidiariamente empresario.

Por eso suscribí la renovación de la indicación.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , cuando vimos este artículo en la Comisión de Hacienda, hicimos presente que la Empresa podía tener mayor flexibilidad siempre que se tratara de concesiones muy menores. Incluso, en el informe se consignan como ejemplos la venta en quioscos o el expendio de bebidas al por menor, situaciones que no guardan relación con la importancia de la concesión que aquí se ha planteado.

Por tanto, sería muy oportuno que el señor Ministro nos precisara este punto. Y lo digo porque fue él quien hizo el alcance en la Comisión de Hacienda.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , firmé la indicación renovada, y el debate que se ha ido desarrollando me confirma plenamente sus bondades. Creo que la oración que se propone eliminar implica conceder una facultad muy amplia a la Empresa, ya que dice: "Asimismo, podrá realizar toda otra actividad de carácter comercial o empresarial"... O sea, cualquier tipo de actividad.

Señor Presidente , nos hallamos en presencia de conceptos que el país conoció trágicamente en el pasado. Estamos reviviendo actividades comerciales a la vieja usanza, que significó al Estado perder cuantiosos bienes.

En mi opinión, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado debe dedicarse a su objeto, a la finalidad para la cual fue creada, y no a otro tipo de actividades o negocios.

Por otra parte, debemos entender que, cuando el Estado se asocia y pierde dinero, responden todos los chilenos.

La actividad empresarial del Estado debe ser lo más restringida posible, en consonancia con los tiempos de hoy. En el mundo entero se están reduciendo al mínimo las actividades del Estado. Y aquí se permite a Ferrocarriles dedicarse a cualquier tipo de actividad, a la que la Empresa estime conveniente. Es decir, volvemos a una época que creíamos superada en cuanto a las actividades del Estado.

Por ese motivo, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado debería dedicarse a su objeto principal -ya tiene suficientes problemas para los efectos de su cumplimiento, y son cuantiosos los recursos fiscales que ello envuelve- y no a desarrollar otras operaciones que no le corresponden.

En consecuencia, señor Presidente, votaré a favor de la indicación renovada.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , aparentemente no ha existido una adecuada comprensión del alcance del precepto. Por las razones dadas por el Presidente de la Comisión , complementadas por el señor Ministro , se faculta a la Empresa para explotar comercialmente los bienes muebles e inmuebles de que en la actualidad es dueña. Eso es todo.

El señor RÍOS.-

Pido la palabra.

El señor PAPI.-

Simplemente, su finalidad no es ampliar el campo de acción de Ferrocarriles, ni permitirle otra actividad. Por desgracia, discutida esta disposición sin considerar el conjunto del proyecto, aparentemente puede quedar fuera de contexto. Es importante, entonces, tener una visión global para entender su real alcance. Como se dijo, se faculta a la Empresa, que se halla en una situación francamente dramática y que posee determinados bienes inmuebles no prescindibles -porque sin ellos no cumple su objeto principal, aun cuando admiten otras posibilidades de uso- para generar recursos que de otra manera sería muy difícil obtener. Y se establecen procedimientos relativos a la participación del sector privado. De modo que el Estado no será el gestor de dichos negocios; lo que se permite es la participación del sector privado en el empleo de esos bienes, con el objeto de originar fondos adicionales. No es otro el alcance de la norma.

Por consiguiente, los temores aquí planteados no tienen fundamentos. Sólo se persigue flexibilizar y mejorar las posibilidades de utilización de los bienes de que actualmente dispone la Empresa, y permitirá enfrentar, además, una situación muy crítica, que es heredada y que no ha podido remontarse hasta el momento.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, estos debates hacen posible que la ley, una vez publicada, se interprete exactamente.

El Honorable señor Fernández manifestó su preocupación, que es natural, si nosotros nos pronunciáramos conforme al sentido que señaló Su Señoría. Pero es evidente que la Empresa posee un patrimonio. A través de toda su red ferroviaria tiene una enorme cantidad -miles o cientos de miles- de metros cuadrados de bodegas y otras construcciones que, en mi concepto, perfectamente puede arrendar. En algunos casos -como son muchos ramales donde no tiene interés en continuar prestando servicio- a lo mejor venderá, y ello será útil para incrementar su capital y resolver sus problemas. Existen muchos locales; desde luego, la propia Estación Central. La finalidad de autorizar a Ferrocarriles para participar en actividades comerciales va dirigida no a la compra de productos o mercancías para venderlos al público, sino para arrendar locales y obtener mayores ingresos. Así lo entendemos. No se trata de ofrecerle alternativas para comprar un fundo y dedicarse a criar ganado, o para adquirir una empresa constructora. No. No significa eso. El sentido de la norma apunta a que la Empresa realice sus operaciones mediante una explotación más racional y completa de sus bienes. Y conforme a esa interpretación votaremos.

Por otra parte, si conforme a lo señalado por el Senador señor Fernández se aprueba la indicación renovada, teóricamente Ferrocarriles debería despedir a todos los locatarios de la Estación Central. Pareciera una conclusión que se desprende como algo lógico. Por lo tanto, el planteamiento del Honorable señor Fernández es bueno para los efectos de discutir y resolver el alcance final de la atribución que se pretende otorgar, que no es otra -al menos en ese entendido votaré; dejo constancia de ello en la historia de la ley- que la de permitir a la Empresa una mayor utilización de sus actuales capitales en forma conexa a su función principal, que es obviamente la de explotar los ferrocarriles.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , creo que la disposición que reemplaza al artículo 2° del DFL N° 94, de 1960, al referirse a actividades conexas, comprende todo lo que sea buena atención de pasajeros en las estaciones, como ocurre también en los terminales aéreos en que hay locales comerciales. Y ésa es la norma general, porque está dentro de la atención, como digo, que se brinda a las personas que usan esos servicios.

Cuando se quiere dar a Ferrocarriles la posibilidad de realizar toda otra actividad de carácter comercial o empresarial -se emplea el término "empresarial"-, se le está permitiendo organizar empresas. ¿Qué empresas puede organizar? Atendiendo a la capacidad de sus bodegas, puede instalar un molino, una industria; es decir, lo estamos sacando de su función normal, que es el transporte de carga y pasajeros, e introduciendo nuevamente una suerte de desorden en las actividades que corresponden a las empresas del Estado, o a los servicios del Estado, como ocurrió en las cajas de previsión -como recordó el propio señor Ministro -, que en el pasado se dedicaron a organizar empresas agrícolas o a construir edificios para obtener rentas de arrendamiento, todos pésimos negocios que arruinaron a los trabajadores que tenían allí sus ahorros y también, en parte, al Fisco, que ha debido hacer frente a estas actividades "empresariales" de organismos del Estado.

Con esa experiencia, y considerando que -a mi juicio, así quedará en la historia de la ley- "las actividades conexas necesarias" se refieren a lo que habitualmente se hace en las estaciones de ferrocarriles -es decir, dar mayor y mejor atención a los pasajeros mediante actividades comerciales que allí se realizan por otras personas (no por la Empresa) que son arrendatarias-, la norma queda mucho más clara si no alude a la realización de "toda otra actividad comercial o empresarial", que no se define y puede significar a la Empresa una pérdida aun más considerable que la sufrida en los últimos años.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , es importante tener presente en este punto la existencia de expresas disposiciones en el proyecto que impiden al Estado, como resultado de esa gestión riesgosa, comprometer nuevos recursos. Lo señalan claramente las normas que sustituyen a los artículos 43, 44 y 45 del DFL N° 94, de 1960, que regulan esta materia. De modo que ese temor -que podría ser razonable- está previsto y debidamente resguardado. La Empresa no puede obtener financiamientos, créditos, aportes, subsidios, fianzas o garantías del Estado o de cualquiera de sus organismos, entidades o empresas -incluye al Banco del Estado-, sino en los casos en que ello fuere posible para el sector privado y en iguales condiciones.

Muchas gracias por la interrupción.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , no deseo transformar el debate en un diálogo, sino sólo destacar que las pérdidas que puedan ocasionar dichas actividades empresariales en definitiva las pagará la Empresa, o el Fisco, como lo ha estado haciendo en los últimos años. Por tanto, eso de que las pérdidas no las paga nadie porque la ley no lo señala, a mi juicio significa no entender que los acreedores cobrarán de todas maneras.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , entiendo que ésta es la segunda vez que me refiero al tema, y tiene el carácter de fundamentación de voto, porque se ha expresado muy claramente casi todo lo que deseaba exponer. Sólo quiero agregar un punto que es importante que quede claro para la historia de la ley.

Doy a la expresión "conexo" todo el alcance que recién manifestó el Senador señor Jarpa . Conexo es todo cuanto dice relación y ayuda a que el proceso de explotación ferroviaria sea más eficaz y atrayente; no es conexa, entonces, la explotación, por ejemplo, de un supermercado; si no se trata de un activo aplicado al objeto de Ferrocarriles, es prescindible y, por tanto, debe enajenarlo. Si lo explota empresarialmente, pueden suceder dos cosas: o que gane o pierda. Ésa es la opción. ¿Es bueno que el Estado actúe como empresario? La norma que nos rige es que, en principio, no es bueno, y por eso apoyo la indicación.

He dicho.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , aquí se señaló algo que, a mi juicio, debe tenerse extraordinario cuidado en entenderlo, y es lo relativo a la interpretación de la ley.

Para una cabal hermenéutica legal por parte de los tribunales, no será ni es suficiente lo que se diga en la Sala. De eso debemos estar conscientes. Según el Código Civil, cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, el primer elemento de interpretación de la ley es su tenor gramatical. De modo que cuando el sentido de la norma es claro, no se recurre a los demás elementos de interpretación como es, por ejemplo, la historia fidedigna de su establecimiento, o sea, el debate que estamos desarrollando. Y el sentido de la disposición es extremadamente claro, como precisó el Senador señor Jarpa : comprende toda otra actividad comercial o empresarial. Esto es, la Empresa puede dedicarse a cualquier actividad, comercial o empresarial, utilizando bienes que en definitiva pertenecen al Estado y, por ende, a todos los chilenos.

Me parece extraordinariamente grave dar una autorización de esa naturaleza para que una empresa del Estado comprometa los bienes del país en cualquier actividad empresarial que juzgue conveniente una determinada administración, que podrá estar muy bien inspirada, pero que en definitiva los resultados, si son desfavorables, deberemos pagarlos todos. No nos olvidemos, además, que la normativa más adelante permite a la Empresa constituir sociedades, es decir, aportar bienes. Y es de la esencia de éstas correr riesgos; ninguna tiene garantizadas sus utilidades. Reitero: Es de la esencia de la gestión societaria y empresarial la contingencia de ganar o perder. Por lo tanto, cuando la Empresa -y en este caso el Estado, todos los chilenos- desarrolle actividades empresariales, está arriesgando patrimonio de Chile, y si sufre pérdidas, deben asumirlas todos los chilenos.

A mi juicio, es sumamente grave dejar abierta una norma de esa naturaleza. La actividad empresarial ajena a su objeto específico no es propia de una empresa del Estado. Por lo tanto, participo plenamente de la indicación que la Senadora señora Feliú formuló para suprimir la oración final del primer inciso del precepto que sustituye el artículo 2° del DFL N° 94, de 1960.

De lo contrario, Ferrocarriles podrá asociarse para constituir cualquier tipo de empresa que estime necesaria para utilizar sus bienes. Cualquiera, pero asumiendo los riesgos de una actividad empresarial. La Empresa podrá vender o arrendar bienes a los particulares. Si los alquila, sólo corre el riesgo de que no le paguen la renta, pero no está comprometiendo otros bienes que no sean los entregados en arrendamiento. Sin embargo, mediante la norma en discusión se permite una actividad empresarial directa, es decir con la eventualidad de ganar o perder, comprometiendo, en este último caso, el patrimonio de la Empresa y ocasionando ingentes pérdidas de recursos fiscales.

He dicho.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , discrepo radicalmente de algunas observaciones hechas en la Sala. No quisiera entrar a una discusión abstracta de si es útil que el Estado realice determinadas funciones económicas. Creo que es aconsejable que no lleve a cabo muchas, pero, en algunos casos, se justifica que ejecute algunas.

Estamos en presencia de un proyecto respecto del cual hemos alcanzado un acuerdo muy importante en las Comisiones que lo han estudiado: consideramos necesario que, en esta etapa de la historia del país, el Estado siga teniendo en la Empresa de Ferrocarriles una participación mayoritaria en el transporte de pasajeros, por ser una actividad que en todo el mundo no genera rentabilidades que la hagan particularmente atractiva como para comprometer -es el caso nuestro- capitales privados. Ello tiene que ver con que la productividad social de los ferrocarriles no es la misma que la medida en términos de corto plazo por los eventuales inversionistas privados. Y donde estamos abriendo una posibilidad de asociación del Estado con capitales privados que pueden ser mayoritarios es, precisamente, en lo que más perspectivas de desarrollo y mejores condiciones comerciales tiene, cual es el transporte de carga.

Ahora bien, para que funcione la solución que estamos dando a un problema -el deterioro de la infraestructura ferroviaria; todos entendemos que desde el punto de vista del país es indispensable resolverlo-, es necesario dotar a la Empresa de Ferrocarriles de la capacidad de explotar comercialmente sus activos. De no ser así, estaríamos despachando una iniciativa que no serviría para alcanzar el objeto perseguido.

Por último, tal como dijo el Honorable señor Papi , estamos ante una disposición -respecto de la cual se convino en la Comisión de Transporte después de un largo debate y con la aprobación unánime de quienes participaron en ella- que se vincula con otras normas que señalan las funciones y los objetivos fundamentales del conjunto de empresas que van a surgir de Ferrocarriles del Estado.

Entonces, sólo deseo alertar a la Sala acerca de que la indicación renovada de la Senadora señora Feliú -que se presenta con "buenos argumentos" desde el punto de vista general y que nos podría llevar a una discusión casi filosófica y abstracta acerca de las bondades o desventajas de la intervención empresarial del Estado y los privados- no tiene que ver con esta ley en proyecto que hemos impulsado y sobre la cual hemos logrado consenso para enfrentar en Chile el complicado tema de los Ferrocarriles del Estado.

En ese sentido, si aprobáramos la indicación, no permitiríamos a la Empresa, como tampoco a las que se puedan formar al amparo de la normativa en estudio, cumplir los objetivos que ella le encomienda; y despacharíamos una legislación francamente inconveniente para los intereses generales, sobre los cuales hemos llegado felizmente a un acuerdo, a mi juicio, sustantivo.

El señor PRAT.-

Intervengo para formular una consulta, señor Presidente.

El artículo, tal como lo propone la Comisión, cuya parte final de su primer inciso pretende suprimir la indicación renovada de la Honorable señora Feliú , estaría tocando lo relativo a la actividad empresarial del Estado. Entiendo que se requiere quórum calificado para aprobarlo en esos términos.

¿Es así, señor Presidente?

El señor VALDÉS (Presidente).-

Efectivamente, señor Senador.

El señor PRAT.-

Gracias, señor Presidente.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , luego de este debate, y de no haber inconvenientes, sería posible llegar a un acuerdo unánime.

A mi juicio, la idea de la Comisión fue que la Empresa pueda explotar comercialmente los bienes de que es dueña en la actualidad. Y de las exposiciones de los distintos señores Senadores se desprende que no habría dificultad para que lo hiciera. Eso sería lo lógico.

Por lo tanto, creo que tal vez podría haber consenso para sustituir el párrafo que comienza por "Asimismo" y que termina en "dueña.", que la Honorable señora Feliú propone eliminar, por la siguiente oración: "La Empresa podrá explotar comercialmente los bienes de que es dueña". Según lo expresado en la Sala, esta redacción no implica el desarrollo de actividades empresariales ni de otras de diferente índole, sino simplemente se trata de hacer un buen y adecuado uso de los bienes que posea: puede arrendar o, como manifestó el Senador señor Jarpa , suscribir contratos con terceros para que se instalen, y se den comodidades, en las estaciones, etcétera. Así podrían salvarse las observaciones que al respecto se han hecho presentes.

Ésa es mi sugerencia.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente lamentablemente, lo planteado no subsana la dificultad. Y creo que la forma de hacerlo es decir derechamente: "La Empresa podrá entregar los bienes muebles o inmuebles de que es dueña"...

El señor HORMAZÁBAL.-

O de que sea dueña.

La señora FELIÚ.-

...-yo lo circunscribiría a los bienes de que es dueña, porque no se ve que vaya a empezar a comprar otros- "para darlos en arrendamiento o concesión.". Porque esa explotación comercial a mí no me queda clara en absoluto. Yo la veo como una actividad empresarial de las señaladas en el artículo 19, N° 21° de la Constitución.

En realidad, se puede autorizar a Ferrocarriles para entregar en arrendamiento o concesión los bienes muebles o inmuebles de que es dueño, pero no para explotarlos comercialmente.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente , junto con adherir a la petición formulada por el Senador señor Hormazábal , debo hacer presente algo que me dejó preocupado: nuevamente ocupa la atención del Senado el tema de si la ley en proyecto es de rango orgánico. Personalmente, estimo que no lo es, en atención a que Ferrocarriles ya existe como empresa y ya está autorizada para esos fines. Por lo tanto, no se está autorizando su existencia como empresa. Éste no es un tema nuevo. Lo único que se está haciendo es precisar qué se desea para Ferrocarriles del Estado en el próximo tiempo; pero no es una nueva autorización para que funcione una empresa del Estado.

Por lo anterior, dejo constancia de que, a mi modo de ver, la aprobación de la iniciativa no requiere de quórum de ley orgánica.

El señor PAPI.-

Señor Presidente , la ley vigente -en la letra d) del artículo 2°- dice que, en general, la Empresa puede explotar comercialmente sus bienes.

Voto que no.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente , votaré en contra, dejando expresa constancia de que comparto enteramente el criterio del Honorable señor Zaldívar en cuanto a que la aprobación del proyecto requiere quórum simple y no quórum especial de ningún tipo.

El señor PÁEZ .-

Señor Presidente , debo advertir que en el proyecto del Ejecutivo no venía así este articulado. En la Comisión, por unanimidad, le dimos una estructura diferente.

Reitero: la proposición del Gobierno no incluía la oración final del precepto que reemplaza al artículo 2° del DFL 94, de 1960, cuya supresión sugiere la indicación renovada que estamos votando. Estimo que quienes participamos en la Comisión debemos asumir la responsabilidad de lo que obramos en ella.

Rechazo la indicación de la Senadora señora Feliú.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , voy a fundar mi voto para dejar claramente señalado en la historia fidedigna de la ley que el alcance que la Comisión dio a la norma se resume en que la Empresa podrá explotar comercialmente los bienes de que es dueña. No tenía otro alcance. La explotación comercial no es más que la que pueda hacer una persona, sea arrendando, dando en concesión, otorgando un usufructo remunerado, etcétera. No se trataba de otra cosa. De manera que el Senado pudo haber llegado a acuerdo en esta materia.

Esta disposición fue introducida a petición del Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles en la oportunidad en que asistió a la Comisión y dio todas las explicaciones mediante las cuales demostró que la no aprobación de esta facultad se interpretaría, en virtud de lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución, como que la Empresa no podía realizar actos de explotación comercial de sus bienes, los que no se traducen sino en arrendamiento o concesión, o en la constitución de sociedades para explotarlos directamente.

En vista de que no fue posible llegar a acuerdo, votaré en contra, dejando en claro cuál fue el alcance que tuvo la Comisión al incorporar este precepto, para evitar toda duda al respecto.

Voto que no.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , deseo fundar mi voto y dejar constancia de varias observaciones en relación a la norma de que se trata.

En primer lugar, estimo que la aprobación de este inciso requiere quórum calificado. La disposición pertinente de la Ley de Administración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado dice: "d) En general, la explotación comercial de sus bienes y el desarrollo de todas aquellas operaciones comerciales, industriales o financieras que, directa o indirectamente, se relacionen con el transporte ferroviario.".

Ahora bien, la oración final del inciso primero del precepto que sustituye al artículo 2° del DFL N° 94, de 1960, señala: "Asimismo, podrá realizar toda otra actividad de carácter comercial o empresarial que tenga por objeto explotar comercialmente los bienes muebles e inmuebles de que sea dueña.". No alude a que tenga que estar directa o indirectamente relacionada con sus fines.

En vista de que la primera parte del artículo no fue objeto de indicación, se entiende aprobada; pero no la oración final, por habérsele formulado una, y si ésta se rechaza, el precepto correspondiente requiere quórum calificado para su aprobación.

Segundo, planteo formalmente cuestión de constitucionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 82, N° 2°, de la Carta Fundamental. Pido que de ello quede expresa constancia en la Versión Taquigráfica, pues la norma faculta la realización de actividad empresarial del Estado sin señalar el fin de la misma. Y, a mi juicio, infringe los artículos 19, N° 21°, y 7° de la Constitución, porque -reitero-, no establece para esta empresa del Estado, integrante de la Administración, una función expresa, sino una de carácter absolutamente genérico.

En consecuencia, voto a favor de la indicación; y reitero que, de no ser ésta acogida, la parte final del inciso primero del artículo 2° debe aprobarse con quórum calificado.

El señor HUERTA.-

Como firmante de la indicación, la apruebo.

El señor FERNÁNDEZ .-

También voto a favor, señor Presidente .

Participo plenamente de los argumentos de inconstitucionalidad planteados por la Honorable señora Feliú , pues, de acuerdo con la Carta Fundamental, el inciso primero del artículo 2° es de quórum calificado. Si dicho precepto ya se dio por aprobado por no haber sido objeto de indicación renovada, no cumplió con la exigencia descrita, toda vez que no contó con el pronunciamiento favorable de 24 Senadores. Así que, o se vota el inciso completo incluida su parte final, o quiere decir que se aprobó sin reunir el quórum respectivo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Me Permite, señor Senador ?

En estos momentos se está votando exclusivamente -y a eso debe referirse Su Señoría- la indicación renovada para eliminar la parte final del inciso primero del artículo 2° propuesto.

El señor FERNÁNDEZ .-

Entonces, el inciso primero no está aprobado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No, señor Senador. Sólo estamos votando la indicación renovada que acabo de mencionar.

El señor FERNÁNDEZ .-

Conforme.

Como hice notar, señor Presidente , tal como señaló la Honorable señora Feliú , estamos en presencia de una norma con rango de quórum calificado. De lo contrario, el número 21° del artículo 19 de la Constitución no tendría sentido: bastaría que, una vez autorizada cualquier empresa del Estado para desarrollar determinada actividad económica, después, mediante una ley común se le diera un destino distinto, lo cual resulta completamente absurdo.

Lo que quiso el constituyente fue que el legislador, en cada oportunidad y con absoluta precisión y claridad, señalara qué actividad empresarial autoriza al Estado a desarrollar, dado que se hallan comprometidos bienes fiscales. Y, en definitiva, no le interesa que se indique en forma genérica, sino una actividad específica, para que se sepa a qué se van a destinar los recursos estatales.

Por eso, señor Presidente , reitero: estamos en presencia de una norma -el inciso primero del artículo 2°- que requiere de quórum calificado para su aprobación.

Voto a favor.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , tengo el temor fundado de que si se rechaza esta indicación, en poco tiempo más, por ejemplo, la estación de ferrocarriles de Temuco deje de ser tal y se transforme en supermercado, u otra instalación más rentable que la de servir de paradero de trenes, sean de pasajeros o de carga.

Por tal motivo, la apruebo.

El señor PRAT.-

Como firmante de la indicación, voto que sí.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , no ha quedado claro si los bienes muebles e inmuebles a que se refiere el inciso primero son aquellos que actualmente posee la empresa, o los que podrían pertenecerle en el futuro, para emprender una actividad ajena al transporte ferroviario.

El Senador señor Otero propuso reemplazar la frase "los bienes muebles e inmuebles de que sea dueña" por "los bienes muebles e inmuebles de que es dueña", pero este cambio tampoco fue aceptado. Pienso que clarificaría bastante hablar de los bienes "de que es dueña en la actualidad", porque tal como está redactado el precepto -el cual se refiere a los bienes "de que sea dueña", donde la palabra "sea" denota futuro- deja abierta la posibilidad aquí señalada, en el sentido de que la Empresa se dedique a otra actividad. Si eso es así, deberíamos establecer claramente a qué rubro entrará. No debemos dejar esa incógnita, pues se desconocen las proyecciones que puede llegar a tener.

Comprendo que el señor Ministro tenga muy claro lo que se desea hacer con la Empresa, pero ésta va más allá de la gestión de los actuales Secretarios de Estado, y no sabemos lo que pueda ocurrir en el futuro.

Lo que más me preocupa, señor Presidente , es cómo estamos entendiendo la forma de legislar. El inciso primero en análisis no contenía originalmente la oración final, que, como se señaló, el Gobierno -con muy buen criterio- no incorporó. Y ocurre que con esa parte agregada la norma cambia absolutamente de intención y orientación. Por lo tanto, para ser aprobado, esto requeriría un quórum mucho más alto.

Pero ni siquiera nos estamos refiriendo a la disposición como está y al quórum exigido. Simplemente, estamos votando la supresión de la parte final del inciso primero, en circunstancias de que ahora esta norma dice algo muy distinto y debiera someterse a votación de acuerdo a las implicancias que tiene, que la hacen objeto de un quórum mucho más elevado. Reitero: sólo nos estamos pronunciando acerca de la indicación para suprimir la parte final de su inciso primero. Y no sé cuál será el resultado. Si no hay mayoría para eliminar dicha oración final, se entendería que el inciso fue aprobado sin haberse sometido a votación. Y éste establece actividades económicas para una empresa del Estado cuya ley original no la autoriza para desarrollarlas.

Si lo tiene a bien, señor Presidente, me gustaría que quedara claro ese punto.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , yo firmé la indicación renovada porque estimo que la oración final del inciso primero es objetable, por las razones aquí dadas, que no voy a repetir.

Por lo demás, creo que la primera parte del precepto en análisis es suficientemente amplia como para que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado pueda desarrollar toda clase de actividades conexas al servicio de transporte, lo que incluye, naturalmente, el aprovechamiento en la mejor forma posible de los bienes de que es dueña.

Por eso, voto a favor de la indicación.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , por las explicaciones dadas por los miembros de la Comisión -tanto por el Honorable señor Otero como por el Senador señor Papi -, entiendo que el espíritu para aprobar la norma del inciso primero, en el contexto de otras disposiciones, obedeció al propósito de achicar la actividad de Ferrocarriles del Estado.

Cuando la empresa fue establecida, sus estaciones se construyeron en el corazón de las ciudades, pues no había escasez de terrenos. Se trata de superficies muy grandes, y es indudable que algunas son prescindibles para Ferrocarriles. Desde ese punto de vista, los terrenos ociosos podrían ser mejor utilizados en la medida en que en ellos se desarrollaran otras actividades.

Repito: tal como señalaron los miembros de la Comisión, la idea es achicar la acción de la empresa, a fin de abrir espacios a la iniciativa de los particulares.

En ese contexto, y teniendo presente lo que expresa el informe, rechazo la indicación.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Resultado de la votación: 17 votos por la negativa, 11 por la afirmativa y 3 pareos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Se rechaza la indicación.

-Por unanimidad, se aprueba la indicación para reemplazar por otra la oración final del inciso primero del artículo 2°, contenido en la enmienda Nº 2 propuesta por la Comisión al artículo 1° del proyecto, en los términos sugeridos por el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, dejándose constancia de que concurrieron al pronunciamiento 28 señores Senadores.