Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Conforme a lo resuelto por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica el artículo 163 del Código de Minería, sobre patentes mineras.

La iniciativa consta de un solo artículo y ha sido informada por las Comisiones de Minería y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 33ª, en 14 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Minería, sesión 53ª, en 28 de abril de 1992.

Hacienda, sesión 53ª, en 28 de abril de 1992.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular a la vez.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente, este proyecto, que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Minería, tiene por objeto restituir a las Regiones los ingresos que antes percibían por concepto de patentes de amparo de concesiones mineras, destinando 70 por ciento de ellos a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente les corresponda en el Presupuesto de la Nación, y un 30% directamente a las municipalidades de las comunas respectivas.

En el artículo único se plantean tres puntos, que la Comisión rectificó, precisándolos y, a nuestro modo de ver, enriqueciendo el texto aprobado por la Cámara de Diputados: primero, qué ampara la patente minera; segundo, a qué comuna y Región favorecerán los recursos provenientes de las patentes, teniendo presente que una concesión minera puede abarcar más de una comuna o Región; y tercero, cuál es la calidad jurídica de la patente minera.

En su mensaje, el Ejecutivo expresa:

"Los artículos 142 y siguientes del Código de Minería establecen, como requisito de amparo de las concesiones de minería, la obligación de pagar una patente anual equivalente a un décimo de Unidad Tributaria mensual por cada hectárea, si la concesión es de explotación, y un quincuagésimo de dicha unidad por la misma extensión, si es de exploración.

"Bajo el ordenamiento de la antigua Ley N° 11.704, sobre Rentas Municipales, las cantidades recaudadas por el concepto referido eran percibidas -en calidad de ingreso ordinario- por las Municipalidades en cuya comuna se situaran las pertenencias, aplicándose, en consecuencia, a este ingreso, en líneas generales, el mismo criterio que se continúa aplicando a los provenientes del permiso y patentes de vehículos, de alcoholes, ejercicio de profesiones, industria, comercio o cualquier otra actividad lucrativa.

"Posteriormente, sin embargo, bajo la vigencia del ordenamiento del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, se excluyó de los ingresos municipales el producto del pago de las patentes mineras y éstas pasaron a ceder en exclusivo beneficio fiscal", etcétera.

La verdad es que el motivo que tuvo el legislador en esa oportunidad fue, básicamente, evitar que cuatro comunas del país recibieran sumas que, desde el punto de vista del monto de la recaudación, aparecían desproporcionadas: aquellas donde están radicadas las cuatro Divisiones de CODELCO-Chile.

"No obstante," -continúa el mensaje- "dado el carácter de no renovables que tienen los recursos mineros, resulta aconsejable establecer un mecanismo jurídico-financiero que permita a las regiones donde ellos se ubican abordar actividades económicas complementarias".

No vemos por qué, por ejemplo -son situaciones jurídicas distintas, pero parecidas-, en las regiones del país las propiedades agrícolas pagan contribuciones que favorecen el desarrollo de las comunas y, análogamente, no sucede lo propio en el caso de la minería con los "impuestos" (entre comillas, porque expresamos en este proyecto que la patente no es un tributo).

En seguida, tocante a la determinación de la comuna y de la Región a donde serán destinados los recursos, el proyecto de la Cámara de Diputados establece que el 70 por ciento de la recaudación se incorporará Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región donde estén situadas las pertenencias y que el 30 por ciento restante será administrado por las municipalidades.

La verdad es que se ha tomado en consideración el hecho de que no existe hoy día un catastro minero que automáticamente pueda dividir la proporcionalidad que correspondería a cada comuna por concepto de patentes. Es menester tener en cuenta que una concesión de exploración puede abarcar hasta 5 mil hectáreas y que un grupo de pertenencias puede cubrir hasta mil.

La pregunta es a cuál Región y a cuál comuna se entregarán los fondos.

En relación con los recursos que se destinarán a la Región, hemos tomado como base el acta de mensura o la sentencia constitutiva. Y, desde ese punto de vista, ellos deberán ir al lugar donde se haya inscrito una u otra.

Con respecto a las comunas, consideramos la proporcionalidad de cada una de ellas. Y, desde esa perspectiva, el proyecto recoge con precisión la solicitud que aquéllas deberán hacer al Ministerio de Hacienda para que se les entreguen mensualmente los fondos que los empresarios mineros hayan pagado por concepto de patentes.

El último punto se toca en el inciso primero del artículo único, donde se determina que las patentes mineras no constituyen tributos. Y, a este respecto, el Secretario de la Comisión , don Carlos Hoffmann , elaboró un informe bastante extenso acerca de lo que, desde los puntos de vista jurídico y filosófico -diría yo-, se concibe como impuesto. Y, a raíz de ese documento, la Comisión concluyó que la patente minera no constituye un tributo. Entiendo que el informe de la Comisión de Hacienda repone parte de lo que postuló la Cámara de Diputados. Pero, básicamente, el argumento sería que la patente persigue a la pertenencia y no al contribuyente o a sus bienes; es decir, si un empresario minero no paga su patente de amparo, simplemente perderá la pertenencia, pero su persona o sus bienes no serán perseguidos para obtener el pago, como en el caso de los impuestos. Por lo demás, las patentes deben ser soportadas por el minero si no se trabaja la pertenencia; pero si ésta se trabaja, son descontadas de lo que se deba tributar por las utilidades obtenidas en la actividad.

En todo caso, quiero señalar que sobre este punto, que es de mucha precisión jurídica, la Comisión elaboró un informe muy extenso.

Señor Presidente , los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente el proyecto tal como lo aprobó la Comisión de Minería.

He dicho.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, el tema de los ingresos obtenidos por concepto de patentes mineras estuvo presente en muchas de las discusiones que se suscitaron en torno a la reforma constitucional atinente a gobierno y administración regional y comunal. Sobre el particular, se llegó a un entendimiento, que está implícito en el Acuerdo Político suscrito por los partidos de Gobierno y de Oposición, en el sentido de buscar fórmulas que conciliaran el interés nacional con el regional. Dentro de este marco, se planteó la necesidad de procurar alternativas que permitieran a las regiones y comunas allegar recursos propios. Y si hubo una materia en la cual se obtuvo completo acuerdo, aun cuando por la vía ejemplar, fue precisamente la relativa a las patentes mineras.

En consecuencia, quisiéramos decir primero que este proyecto de ley, en nuestra opinión, se orienta directamente a favorecer el proceso de regionalización y desconcentración que está iniciando nuestro país.

Una segunda idea que es importante destacar -y también se encuentra consagrada en el espíritu de la reforma constitucional que aprobamos- dice relación al carácter de no renovables de los recursos mineros. En este sentido, la iniciativa en debate recoge un principio fundamental en una concepción moderna de desarrollo nacional y que se traduce en que los recursos naturales no renovables que son explotados y generan beneficios y utilidades deben, a su vez, cuando son extraídos, favorecer a las localidades donde están ubicados. Este es un principio moderno, que potencia la descentralización y que este proyecto recoge bien, estimulando, a nuestro juicio, el desarrollo regional.

En tercer lugar, debemos señalar que con esta iniciativa se concreta una sentida aspiración regional. Desde la entrada en vigencia del decreto ley 3.063, de 1979, que excluyó de los ingresos municipales el producto del pago de las patentes mineras, el que pasó a ser de exclusivo beneficio fiscal, siempre existió de parte de las regiones -y en particular de aquellas donde se desarrolla la actividad minera- el deseo de que en el futuro se pudiera legislar de nuevo para que los recursos generados por este concepto volvieran a ser de beneficio regional y local.

Sin embargo, no sólo esta sentida aspiración regional, sino también la realidad de las regiones en que se desenvuelve la actividad minera, justifican plenamente que se legisle en tal sentido. Todos sabemos de las grandes riquezas que la minería ha entregado al país. Pero si vemos cuánto de ellas se ha traducido en desarrollo y mejores condiciones de vida para los habitantes de las zonas mineras, podemos comprobar que son muchas las comunas -entre otras, Diego de Almagro , Tierra Amarilla y Vallenar, alas que con el Honorable señor Pérez representamos en el Senado- que tienen graves problemas sociales, altos índices de cesantía y pobreza que no se compadecen con la enorme riqueza natural que poseen y aportan al país.

Si a lo anterior se agregan las especiales características que presenta la minería y que la hacen distinta del resto de las actividades de la producción y del comercio, nos vemos enfrentados a una realidad que nos indica que las zonas generadoras de este ingreso no reciben un trato equitativo a su contribución.

Una primera característica está dada por el hecho de que la mayor parte de los yacimientos se ubican en zonas distantes de los centros urbanos, en lugares que por lo general presentan condiciones geográficas difíciles e inhóspitas, y a la vez, dificultades para proveerlas de los servicios mínimos. A ello se debe añadir el alto grado de riesgo que conlleva el desarrollo de esta actividad. Estos elementos, en suma, justifican que a partir de la minería se obtengan para las regiones donde ella se ejecuta recursos que al mismo tiempo sean reinvertidos en esas zonas a fin de generar nuevas posibilidades de trabajo y desarrollo para la población.

En cuarto lugar, es un hecho que debe corregirse el de que, del total de los aproximadamente 10 millones de dólares recaudados anualmente por concepto de patentes mineras, más del 40 por ciento quede definitivamente en la Región Metropolitana, en circunstancias de que el mayor aporte financiero proviene de la Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta Regiones.

Lo anterior deja en claro una situación de evidente inequidad para todas las regiones mineras que han dado y siguen dando enorme riqueza a nuestro país. A vía de ejemplo, la Tercera Región, durante 1991 -según datos entregados por SERNAGEOMIN-, aportó al Fisco por concepto de pago de patentes mineras una suma cercana a los 1.055 millones de pesos, y en 1990, aproximadamente 800 millones.

En consecuencia, el proyecto sobre patentes mineras constituye el pago de la deuda social que el país tiene con todas las regiones, comunas y sectores geográficos que alimentan el progreso de toda la nación con la explotación de sus recursos naturales no renovables.

Quiero destacar, por último, el hecho de que en la Comisión de Minería del Senado se hayan zanjado las diferencias surgidas durante la discusión de esta iniciativa legal en torno a si las patentes mineras revisten o no el carácter de tributo. Sobre el particular, y acorde al texto emanado de ese organismo, podemos ver con agrado que se reconoce y demuestra con sólidos argumentos que la patente no constituye un impuesto, sino una modalidad especial de amparo a la concesión minera, que se traduce en la materialización de la voluntad del concesionario de mantener la concesión dentro de su patrimonio.

En razón de lo expuesto, y por la debida claridad que debe reflejar la redacción de la norma, para no dar lugar a posteriores y poco felices interpretaciones, estimo conveniente dejar claramente establecido en la ley en trámite -tal como ocurrió con el texto aprobado por dicha Comisión- que la patente minera no constituye tributo. .

Con esto quiero decir que me parece mucho más clara la redacción que propuso nuestra Comisión de Minería para los incisos primero y segundo del artículo único, pues con ella se podrá evitar interpretaciones antojadizas en el futuro. Por lo tanto, debería quedar en esos términos, mas no en los sugeridos por la Comisión de Hacienda, puesto que, en mi opinión, no dejan claramente establecida la situación. Ahora, si ésta se aclara en forma expresa en la discusión que podamos sostener en esta Sala y con una redacción distinta, desde ya quisiera comprometer mi voto.

Al mismo tiempo, deseo hacer presente que la distribución hecha por las comisiones de Minería y de Hacienda en el sentido de que se destine el 70 por ciento para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a fin de repartirlo en las Regiones, y un 30 por ciento para las municipalidades, es bastante adecuada, ya que el 30 por ciento podría ser un importante aporte este año -la iniciativa de la Comisión de Hacienda establece que la ley se aplicará a partir de enero de 1993- para los municipios que se constituirán conforme al resultado de las elecciones que se celebrarán el 28 de junio próximo.

En consecuencia, señor Presidente ; señalo mi más entusiasta apoyo a esta iniciativa, por cuanto restituye un derecho histórico que tuvieron las zonas mineras de nuestro país.

He dicho.

Muchas gracias.

La señora FREI .-

Señor Presidente, este proyecto de ley, originado en un mensaje del Ejecutivo , propone una modificación al artículo 163 del Código de Minería, relacionada con el destino de lo recaudado por concepto de patentes mineras.

Dichas patentes, que representan el pago necesario para mantener el dominio de las pertenencias, constituían un ingreso municipal según la ley N° 11.704, sobre Rentas Municipales, y eran percibidas en las comunas donde ellas se situaban. Bajo la vigencia del decreto ley N° 3.063, de 1979, se excluyó de los ingresos municipales el pago de esas patentes, las cuales pasaron a ser de exclusivo beneficio fiscal, incorporándose, en consecuencia, a fondos generales de la nación. Así, las Regiones, y particularmente las comunas, fueron privadas de esos recursos.

La idea de restituir tales ingresos a los municipios nació de una moción encabezada por el Diputado señor Rubén Fajardo , de la Segunda Región , y recogió el sentir de los distintos sectores políticos representados en el Parlamento. Su interés era rectificar una situación que había privado a las regiones mineras del país de un ingreso históricamente destinado a resolver problemas de la comuna y de la Región.

Dice el mensaje del Ejecutivo:

"No obstante, dado el carácter de no renovables que tienen los recursos mineros, resulta aconsejable establecer un mecanismo jurídico-financiero que permita a las regiones donde ellos se ubican abordar actividades económicas complementarías y, sobre todo, sustitutivas de la explotación minera, en la perspectiva de un desarrollo sustentable a largo plazo.

"En efecto, si por una parte la riqueza minera contribuye significativamente al incremento del producto en las regiones respectivas (y, en consecuencia, por cierto también al producto nacional), por otra parte, no es menos efectivo que su condición intrínseca de recurso agotable. hace necesario destinar, con obligado criterio previsor, parte de los ingresos públicos generados por su explotación a la realización de estudios preinversionales, a inversiones en infraestructura, y a otras coadyuvantes de la diversificación productiva requerida para cimentar un futuro de progreso estable en dichas regiones. Adicionalmente, la actividad minera genera, de ordinario, efectos de polución ambiental, los que deben ser enfrentados y neutralizados oportuna y eficazmente para preservar la calidad de vida de la población, y, sin desmedro de la responsabilidad reparatoria de quienes realizan la actividad contaminable, compete también a las autoridades efectuar -y, en consecuencia, financiar- estudios y adoptar medidas destinadas a la solución de este problema.".

Ahora bien, como se trataba de una iniciativa que consta de un artículo único, se sometió a discusión general y particular a la vez, conforme lo dispone el artículo 108 del Reglamento,

La patente minera es una antigua institución del Derecho de Minería. Su pago, según el artículo 142 y siguientes del Código de Minería, equivale a un décimo de una unidad tributaria mensual por cada hectárea, sí la concesión es de explotación, y de un quincuagésimo de dicha unidad por la misma extensión, si es de exploración.

Esta patente permite tener un mecanismo de amparo de la propiedad minera, o sea, la mantención en vigencia de los respectivos títulos.

En su trabajo la Comisión debatió lo que establece el artículo 1º de la ley N° 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, que dispone que siempre que se refiera la ley a concesiones mineras se entendería que abarcan tanto las de exploración como las de explotación. En el inciso segundo del artículo 2o del Código de Minería se ratifica este mismo concepto. Por lo tanto, por unanimidad la Comisión acordó introducir al texto de la Cámara de Diputados las modificaciones necesarias para que lo que era intención en la norma propuesta por el Ejecutivo quedara absolutamente claro. Es decir, que la referencia al pago de patentes se entenderá que alude tanto a las de exploración como a las de explotación o pertenencia.

Largamente se analizó -como lo han expresado los Honorables colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, y los demás señores Senadores lo pueden leer en el informe que tienen en su poder-, con extensas y documentadas tesis jurídicas, si las patentes mineras pueden considerarse como un impuesto o un tributo. Y se llegó a la conclusión (y así se aprobó por unanimidad) que no constituyen tributo y son de beneficio fiscal.

Otro aspecto importante debatido por la Comisión fue la forma de distribución de los fondos generados por las patentes, ya que en muchos casos la concesión minera puede estar ubicada en el territorio de dos Regiones y en el de dos o más comunas, corriéndose el riesgo de eternas disputas sobre a qué comunas corresponden los dineros recaudados, tema que unánimemente la Comisión resolvió con la siguiente redacción:

"En el caso de que una concesión de exploración o una concesión de explotación se encuentre ubicada en territorio de dos o más comunas, las respectivas municipalidades deberán determinar, entre ellas, la proporción en que habrán de percibir la suma igual a la patente correspondiente a la concesión de exploración o a la concesión de explotación de que se trate, dividiendo su monto a prorrata de la superficie que sea abarcada por una u otra concesión, en cada Comuna. Si no hubiere acuerdo entre las aludidas Municipalidades respecto de la citada proporción, el Servicio Nacional de Geología y Minería determinará qué superficie de las correspondientes concesiones queda comprendida en cada Comuna.".

Finalmente, la Comisión aprobó que la distribución de una cantidad igual al producto de las patentes se incorporará, en un 70 por ciento, a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional -esto se entiende, y así lo expresamos, en el sentido de que este porcentaje se va a sumar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, quedando explícitamente establecido que no se restará de ningún otro concepto de este Fondo- y un 30 por ciento a las municipalidades donde se hallen situadas estas concesiones mineras.

Quisiera hacer resaltar el ánimo e interés de la Comisión en el sentido de que estos dineros sean invertidos en obras de desarrollo de las comunas o regiones correspondientes.

También deseo destacar y agradecer los aportes hechos al despacho de este proyecto de ley por el Secretario de la Comisión de Minería , señor Carlos Hoffmann .

Por todo lo anterior, la bancada democratacristiana dará su más entusiasta aprobación a esta iniciativa de ley, que representa un anhelo muy profundo de las regiones mineras del país.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, con profunda satisfacción vemos que la Comisión de Minería ha aprobado un proyecto de ley que, sin lugar a dudas, viene a hacer justicia a una sentida aspiración de las comunas en las cuales operan concesiones mineras.

Curiosamente, en estos últimos años, las regiones mineras se han caracterizado por ser eminentemente pobres. En el caso específico de la Quinta Región que represento en el Senado, la provincia de Petorca -con dos comunas netamente mineras, como Cabildo y Petorca- tiene un grado de pobreza realmente impresionante. Y, en nuestros contactos con la ciudadanía y con los mineros de la Región, hemos podido captar y apreciar su interés por que el producto de las patentes mineras sea invertido en la propia Región, más específicamente en las comunas mineras.

Observamos con agrado que la Comisión ha llegado, sobre la base del proyecto del Gobierno, a una excelente solución en cuanto a la distribución del producido de las patentes mineras: 70 por ciento a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la Región donde se hallen las concesiones mineras que den origen a las patentes respectivas, recursos que deberán invertirse en esa misma región, y el 30 por ciento restante a las municipalidades, que deberá ser invertido en las comunas.

Me parece que la letra b) del artículo único tiene una redacción un poco engorrosa. Podría haberse simplificado; pero, en todo caso, se estableció con claridad que, si no hay acuerdo entre las municipalidades de las comunas donde se encuentran las concesiones, el Servicio Nacional de Geología y Minería determinará finalmente qué superficie de las correspondientes concesiones queda comprendida en cada comuna. Y eso, en mi opinión, está bien.

Considero que con esta iniciativa estamos contribuyendo al progreso y desarrollo de las zonas mineras de nuestro país, que -reitero- en los últimos años se han visto afectadas por grados de pobreza desconocidos antiguamente.

Por las razones expuestas, la bancada Radical-Socialdemócrata votará en favor del proyecto.

El señor ZALDÍVAR-

Señor Presidente, deseo aclarar algunas de las interrogantes planteadas por el Honorable señor Núñez con relación al texto aprobado por la Comisión de Hacienda. Creo bueno hacer una precisión que, a mi juicio, está de acuerdo con las observaciones que Su Señoría formuló.

En primer lugar, se eliminaron los términos destinados a establecer que las patentes mineras no son impuestos, por estimarlos innecesarios. Basta dejar constancia, en la historia de la ley, de que las patentes mineras no se consideran tributos o impuestos para los efectos de la aplicación de la norma constitucional pertinente. Es decir, se suprimió esa expresión por considerarla redundante. Además, se evita que un rechazo de la disposición respectiva pudiera interpretarse en términos negativos para la ley. Por eso, se especificó claramente que la modificación se introdujo porque no es necesario decir en la ley que la patente minera no es impuesto, como no lo son la comercial y otras que cobran las municipalidades y la Tesorería.

En segundo término, la Comisión aceptó una indicación formulada por el Gobierno que incorpora un precepto transitorio para dar vigencia al artículo único a contar del 1º de enero de 1993, porque mejoraba la aplicabilidad de la ley. Como, según entiendo, los pagos de las patentes mineras deben hacerse en marzo, al momento de despacharse esta iniciativa esos recursos ya estarían recaudados, salvo los correspondientes a los morosos. Pues bien, el señor Subsecretario nos explicó -y así quedó consignado en el informe- que la Ley de Presupuestos vigente provisionó, en el ítem 50-01-01-03-62, 5 mil 182 millones 406 mil pesos, que es el rendimiento estimado del pago de las patentes mineras, para distribuirlos -ya se está haciendo-, en un 70 por ciento, al Fondo de Desarrollo Regional y, en un 30 por ciento, a las municipalidades. O sea, en 1992 se operaría en forma transitoria y, a contar de 1993, una vez aprobado este proyecto, el sistema se aplicaría en forma permanente; es decir, automáticamente las Tesorerías entregarán a las municipalidades y al Fondo de Desarrollo Regional 30 por ciento y 70 por ciento, respectivamente, no al mes siguiente, como estipulaba el proyecto, sino al mes subsiguiente, por una razón más bien de orden administrativo.

Quería precisar al Honorable señor Núñez que procedimos así en la Comisión de Hacienda para garantizar y dejar claramente consignados los efectos de esta ley.

Lo único que la Comisión no logró que se acogiera fue una proposición hecha por la unanimidad de la Comisión tendiente a modificar los porcentajes de distribución. El proyecto discutido en la Cámara de Diputados consagraba 20 por ciento para las municipalidades pertinentes y 80 por ciento para el Fondo de Desarrollo Regional, porcentajes que luego se fijaron en 30 por ciento y 70 por ciento, respectivamente. Nosotros solicitamos que fueran de 40 por ciento y 60 por ciento, respectivamente, por ser porcentajes equivalentes a los que hoy reciben las municipalidades y el Fondo de Desarrollo Regional por concepto de pago de patentes de automóviles. Nos parecía que la norma pudo enmendarse en ese sentido para beneficiar a las municipalidades de las comunas donde se encuentren ubicadas las minas o se haya efectuado la declaración de la mensura minera.

Intervine a fin de precisar las observaciones que se habían formulado. Porque coincido plenamente con lo señalado aquí por el Honorable señor Núñez en cuanto a dejar muy claro este tema.

Reitero: me habría gustado que los porcentajes mencionados hubieran sido 40 y 60. Pero eso, seguramente, será materia de otro proyecto.

He dicho.

El señor NÚÑEZ.-

Seré muy breve, señor Presidente.

La primera parte de la intervención del Senador señor Zaldívar creo que está absolutamente ajustada a la inquietud que he señalado, en el sentido de que efectivamente de lo que se trata aquí es de precisar muy claramente, ya sea en el texto legal o en el espíritu de la ley, que estamos hablando de un pago de la naturaleza que todos conocemos.

Si el Gobierno ha tomado todas las precauciones para que se distribuyan los cinco mil y tantos millones de pesos en los términos expresados por el señor Senador, sobre la base del criterio fijado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la verdad es que es innecesaria la existencia de la norma transitoria que dispone que la ley en proyecto se aplicará a contar del 1º de enero de 1993. Estaría por suprimirla, independientemente de que, a lo mejor, va a operar a partir del próximo año. Pero, en mi opinión, no es necesario señalar la fecha de entrada en vigencia, porque puede que haya un porcentaje significativo de deudores morosos de patentes mineras -por lo menos, en nuestra Región tenemos la impresión de que existe una proporción no despreciable- cuyos pagos en los próximos meses pueden generar recursos que queden afectos a la ley en proyecto, hecho que implicaría empezar a beneficiar a los municipios desde el momento mismo en que se instalen. De modo tal que, si hubiera acuerdo -a lo mejor, existe una razón muy de fondo de parte de la Comisión de Hacienda al respecto-, y para efectos estrictamente prácticos, podríamos suprimir el artículo transitorio.

El señor ZALDÍVAR.-

¿Me da una interrupción, señor Senador, con la venia de la Mesa?

No pretendo entrar en un debate ni mucho menos, sino más bien formular precisiones para llegar a un buen entendimiento. Cuando el Ejecutivo efectuó la provisión de fondos que señalé en la Ley de Presupuestos, lo hizo considerando que la ley operará a contar del 1º de enero de 1993. Según se nos informó el cálculo estimado en el Presupuesto Nacional vigente por concepto de pago de patentes mineras asciende a 5 mil 182 millones 406 mil pesos. Por eso, se establece que la ley comience a aplicarse en plenitud a partir del 1º de enero de 1993. Esa fue la razón por la cual la Comisión aceptó la indicación del Ejecutivo , con un ánimo de buen entendimiento. Porque, si no, podría haber -y no es que sea contrario a que se favorezca a las municipalidades- un doble beneficio: los recursos estimados en la Ley de Presupuestos vigente y los provenientes del pago de las patentes mineras morosas.

Se trata, más que nada, de una cuestión "bona fide" entre el Ejecutivo y el Parlamento, que, a mi juicio, es conveniente respetar.

Tal fue la única razón que tuvo en cuenta la Comisión de Hacienda.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, el Honorable señor González manifestó que las provincias mineras eran, por lo general, pobres. A veces, es efectivo; pero, otras, no lo es tanto. Pero lo que sí suele suceder es que tienen una rica juventud, pero una pobre vejez. Y podemos comprobarlo -estamos repitiendo algunos conceptos- en el norte con el salitre o en el sur con el carbón. Y podríamos verlo en algunas zonas mineras, específicamente en la Sexta Región donde El Teniente afronta dificultades muy señas. ¡Y si es bueno ser rico joven, es muy triste ser viejo pobre!

Creo que el espíritu de la iniciativa es de absoluta justicia. Quienes hemos vivido en provincias cupreras advertimos que, mientras se invirtió sobre la base de ciertas utilidades que se entregaban por aplicación de la ley N° 10.255, hubo importante desarrollo en ellas. Pero, una vez que se restringieron estos recursos y se destinaron a Fondos Fiscales, indiscutiblemente se produjo una merma en los mismos.

En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con quienes propician destinar solamente un 30 por ciento de los ingresos para la comuna donde se encuentra verdaderamente la concesión minera, y un 70 por ciento para el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, en la Región que represento -la Sexta-, hay tres provincias absolutamente distintas: Cachapoal, que podría catalogarse de relativamente próspera, pues cuenta con recursos suficientes; Colchagua , que lo es en menor grado, y, por último, Cardenal Caro , que se encuentra en condiciones casi paupérrimas. Si destinamos gran cantidad de recursos nada más que a una comuna, por mucho que ello se justifique, es indudable que se hará en desmedro, en este caso, de las 32 comunas restantes, en circunstancias de que las que mayor inversión requieren para su desarrollo son precisamente las más modestas, las más pobres, las más aisladas.

Por eso, como dije, estoy totalmente de acuerdo con esa distribución.

Quisiera, sí, hacer hincapié -para evitar posteriores interpretaciones- en la expresión "obras de desarrollo". A mi entender, se trata de un concepto un poco ambiguo, un poco abstracto. Porque, ¿es desarrollo, por ejemplo, el destinar recursos importantes a la capacitación técnico-profesional de los jóvenes en las regiones? A mi juicio, lo es. Pero hay otros que consideran que "desarrollo" se relaciona solamente con obras de infraestructura para construir fábricas o instalar empresas.

Para cuando se discuta el tema, quiero dejar constancia de que "obras de desarrollo" equivale también a capacitar, porque estamos advirtiendo que en ciertas provincias se está haciendo indispensable la mano de obra especializada. En el curso de los próximos años -por lo menos en las zonas hortofrutícolas, mineras y forestales- habrá gran necesidad en tal sentido.

Por lo tanto, quiero dejar expreso el pensamiento de que el concepto "obras de desarrollo" incluye la capacitación de los jóvenes en todas esas provincias, a fin de mejorar la obra de mano calificada.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por el Honorable señor Díaz , y precisamente tengo la intención de intervenir en los próximos días en la hora de Incidentes a fin de dar a conocer el grado de pauperismo en que, por distintas razones, han caído en Chile la pequeña y mediana empresa minera, circunstancia que afecta el desarrollo de muchas provincias en las cuales hay gran número de personas que trabajan en esos sectores, en donde actualmente se da el mayor grado de pobreza.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, deseo hacer dos observaciones muy puntuales respecto del proyecto de ley en debate.

La primera se relaciona con la letra a) del artículo único, que establece que el 70 por ciento de la cantidad recaudada por concepto de pago de patentes mineras se incorporará a la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente corresponda a la región, en el Presupuesto Nacional. Ocurre -como bien saben muchos de mis Honorables colegas- que en la Quinta Región contamos con las zonas mineras más paupérrimas, como lo son normalmente las colindantes con la parte cordillerana. Resulta que la inversión de ese 70 por ciento será determinada por los representantes de comunas que precisamente no invocarán mayor justicia y equidad para destinarla a los lugares -o al menos a las provincias- donde los yacimientos estén situados. Tal situación me produce gran inquietud porque, como todos sabemos -y lo digo con todo el respeto que me merece mi distinguida colega-, en definitiva podría llegarse a un centralismo intrarregional muy complejo. Y en este sentido estoy pensando en Putaendo, Petorca , Cabildo y Los Andes, que tendrán derecho a ese 70 por ciento. Sin embargo, quienes decidan en la práctica la inversión, que constituirán la mayoría en los Consejos Regionales, ya sea en su estructura actual o en la nueva, serán representantes de provincias o zonas donde hay una mayor concentración urbana.

Me parece, señor Presidente , que tal punto debe ser analizado con más acuciosidad, a fin de que, sin perjuicio de que ese porcentaje se destine al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se estudie la posibilidad de dar cierto grado de prioridad a provincias que, pese a generar mayor recaudación, de recursos por pago de patentes mineras, no lograrán el objetivo de que se inviertan en ellas o en las comunas respectivas.

El segundo aspecto -que me preocupa muchísimo- es el consignado en la letra b), que establece que el 30 por ciento restante corresponderá a las municipalidades de las comunas donde están ubicadas las concesiones mineras, a pedido de aquéllas. Es decir, aquí ya no se está planteando de oficio, sino que a petición de parte. Entiendo que la norma se aplicará cuando haya un cuestionamiento por desconocimiento de la comuna en la cual se ubica exactamente la concesión. Me resulta incomprensible que, estando muy clara la localización comunal de la concesión minera, tengamos que imponer a la municipalidad la obligación burocrática de formular anualmente la solicitud correspondiente. Es algo que debería ser automático, porque solicitar implica tramitación. Para decir lo menos, ello no me parece justo ni equitativo, porque deberán estar permanentemente señalándolo.

Creo que esos dos aspectos podríamos mejorarlos y perfeccionarlos mediante indicaciones que, naturalmente, deberían contar con la comprensión de los señores Senadores.

He dicho.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Ellas deben ser tratadas inmediatamente, dado que el proyecto debe ser aprobado en general y particular a la vez.

La primera indicación, suscrita por la Honorable señora Frei y los Honorables señores Pérez , Thayer , Calderón , Papi y Núñez , formulada al inciso primero del artículo único, propone agregar una coma después de la expresión "concesiones mineras", y, en seguida, intercalar, entre las palabras "Código de Minería," y "se distribuirá", lo siguiente: "que no constituyen tributos,". En consecuencia, el, inciso primero quedaría redactado en la siguiente forma: "Una cantidad igual al producto de las patentes de amparo de las concesiones mineras, a que se refieren los Párrafos 1º y 2º del Título X del Código de Minería, que no constituyen tributos, se distribuirá entre las Regiones y Comunas del país en la forma que a continuación se indica:".

El Honorable señor Diez acaba de presentar indicación para reemplazar en el artículo único los incisos primero y segundo por el siguiente: "Las patentes de amparo de las concesiones mineras a que se refieren los artículos 1º y 2o del Título X del Código de Minería se distribuirán entre las Regiones y Comunas del país, en la forma que a continuación se indica:".

El señor VALDÉS (Presidente).-

Hay dos posibilidades: o se acuerda que la iniciativa vuelva a Comisión para que estudie las indicaciones o se votan de inmediato.

El señor DIEZ.-

Que vaya a Comisión.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, se aprobaría en general el proyecto, y volvería a Comisión para el estudio de las indicaciones.

Acordado.

La señora FREI.-

¿Podría darse un plazo de 12 o de 24 horas para presentar indicaciones?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Por qué no se formulan de inmediato?

La señora FREI.-

Así lo haremos.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que delega facultades para establecer un sistema obligatorio de clasificación de ganado, tipificación y nomenclatura de sus carnes y para regular el establecimiento y funcionamiento de mataderos, con informe de la Comisión de Agricultura.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 30°, en 7 de enero de 1992.

Informe de Comisión:

Agricultura, sesión 52°, en 15 de abril de 1992.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , el proyecto que paso a informar, relativo a la delegación de facultades para establecer un sistema obligatorio de clasificación de ganado y tipificación y nomenclatura de sus carnes y para regular el establecimiento y funcionamiento de mataderos, recoge los planteamientos que por mucho tiempo han venido formulando diversas organizaciones y entidades interesadas en el desarrollo del sector ganadero, a fin de hacerlo más eficiente y competitivo.

El desarrollo de una ganadería moderna requiere de un esquema normativo de carácter obligatorio que permita desplegar esa actividad en el marco de una estructura jurídico-administrativa que contemple para el sector exigencias sanitarias adecuadas y, a su vez, ofrezca garantías al público consumidor respecto de estos productos.

El Gobierno, haciendo suyas las inquietudes señaladas, elaboró un proyecto de ley -que la Comisión de Agricultura analizó, por encargo de esta Sala- que, en lo sustantivo, significa: primero, el establecimiento con carácter obligatorio de un sistema de clasificación de ganado y tipificación y nomenclatura de sus carnes; segundo, la fijación de principios generales o normas básicas con arreglo a los cuales ha de reglamentarse el funcionamiento de mataderos y frigoríficos, y tercero, extender o ampliar las exigencias sanitarias que deben observarse en los recintos donde se desarrollan estas actividades y reforzar el control y fiscalización de las faenas.

La existencia de un sistema de tales características hace desaparecer factores de distorsión que impiden actuar eficientemente a los distintos agentes económicos que intervienen en el mercado de la carne. De esa manera, el consumidor puede distinguir la calidad del artículo ofrecido y darle preferencia, entregando al productor señales claras acerca de los rubros a los que debe orientar sus esfuerzos.

Las repercusiones económicas de la medida que nos preocupa son de importancia trascendental. Desde luego, puede indicarse, por la vía del ejemplo, la posibilidad real de revertir drásticamente la grave situación de estancamiento a que ha llegado el subsector de las llamadas "carnes rojas", que en los últimos 50 años ha experimentado un crecimiento aproximado de 35 por ciento, en circunstancias de que el aumento vegetativo de la población ha sido enormemente mayor. Puede señalarse, también, que el estímulo de mejores precios por animales jóvenes acortará el ciclo productivo y logrará una más rápida rotación del capital invertido y mejor rendimiento de las carnes.

Con todo, la implementación de un sistema de clasificación del ganado, por sí sola, no basta para resolver las deficiencias operativas del sector ganadero. La iniciativa encuentra serios obstáculos en los graves problemas de seguridad e higiene que enfrentan mataderos y frigoríficos. La existencia de gran cantidad de mataderos carentes de agua potable, de paredes impermeables, de sistemas de evacuación de estiércol, de instrumentos para la destrucción de decomisos contaminantes, de sistemas de evacuación de aguas servidas, de equipos de refrigeración, haría que el proyecto de clasificación de la carne no pudiera operar, ni siquiera con mínima eficiencia. Por estas razones, el proyecto consulta la fijación de requisitos mínimos, con arreglo a los cuales ha de reglamentarse por la autoridad administrativa el funcionamiento de mataderos, frigoríficos o establecimientos que de cualquier forma procesen o manipulen carnes.

En este mismo orden de ideas, la iniciativa contempla reforzar la labor de supervigilar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, que actualmente ejerce en forma exclusiva la autoridad de salud. Se encarga al Servicio Agrícola y Ganadero controlar y fiscalizar la aplicación del sistema de clasificación de carnes en todos sus niveles, como, asimismo, velar por el fiel acatamiento de preceptos sanitarios por parte de mataderos o establecimientos semejantes, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia, por cierto, corresponden a los servicios de salud pública. Las entidades que concurren a la fiscalización deberán actuar coordinadamente, de acuerdo a pautas que fije la autoridad administrativa en el ejercicio de su potestad reglamentaria.

El mensaje que acompaña a la presente iniciativa -que inició su tramitación en la Cámara de Diputados- expresa que, como la regulación del sistema de clasificación y tipificación del ganado y sus carnes y los requisitos sanitarios para la instalación y funcionamiento de mataderos y establecimientos afines involucran aspectos técnicos particularmente complejos, se ha estimado pertinente delegar en el Presidente de la República la facultad de normar la materia. Consecuente con este criterio, la Comisión de Agricultura del Senado introdujo importantes modificaciones al texto aprobado por la Cámara de Diputados, dejando a la ley la función de establecer las normas mínimas básicas o principios generales que deben orientar la acción del Ejecutivo en la tarea de regular aspectos técnicos de mayor complejidad en un sistema moderno y eficaz de clasificación.

Por último, debo manifestar que en el informe evacuado por la Comisión de Agricultura se realiza un análisis detallado del proyecto, artículo por artículo, con las modificaciones introducidas al texto aprobado por la Cámara Baja, quedando, en síntesis, refrendado en 11 artículos, ya que los preceptos finales que contenía fueron suprimidas por esta Comisión.

En consecuencia, es lo que sometemos a conocimiento de la Sala, para su discusión y eventual aprobación.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente, en nombre de la Comisión de Agricultura.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, quiero referirme, muy brevemente, al proyecto, y en forma especial al informe de la Comisión.

La verdad es que a la iniciativa original y al texto aprobado por la Cámara de Diputados les hemos introducido sustanciales modificaciones. Ellas tienen su origen en el hecho de que no estimamos razonable, como técnica legislativa, que la ley reglamente materias que debieran ser sumamente flexibles en cuanto a su adaptación a las prácticas modernas. Me refiero de manera particular al sistema de clasificación de carnes.

En la proposición que surgió en la Cámara Baja, a raíz de una indicación del Ejecutivo, se planteaba una situación muy seria, en el sentido de establecer en la ley todo un sistema de clasificación de carnes que, a nuestro juicio y al de la mayoría -por no decir de la unanimidad- de los integrantes de la Comisión de Agricultura, no era recomendable, por lo siguiente.

En primer lugar, porque la experiencia externa nos demuestra que la clasificación de carnes debiera seguir cierto patrón internacional. Cada vez se produce una mayor globalización de la economía y cada vez hay menos limitaciones.

Hoy día se presenta el absurdo de que, mientras en Argentina y Uruguay se utilizan determinados sistemas de clasificación de tipos de cortes de carnes, nosotros, señor Presidente , para no ser menos, establecimos en la ley uno completamente diferente al de esos países.

Estimo, honestamente, que el Instituto Nacional de Normalización -el antiguo INDITECNOR- debiera reflexionar y estudiar muy a fondo el tema, porque hemos detectado en el proyecto original diversos errores en cuanto a la forma de clasificar. No es del caso entrar ahora a detallar este aspecto, pero sí nos encargaremos de hacer llegar nuestras observaciones a dicho Instituto, con el objeto de que adopte un criterio más internacional sobre la materia.

En segundo terminó, en lo tocante a las condiciones mínimas para mataderos y frigoríficos, en la iniciativa del Gobierno y en el texto aprobado por la Cámara de Diputados se establecía una serie de condiciones que en la práctica se apartaban de lo que debe ser una técnica legislativa moderna.

Actualmente estamos advirtiendo -cada vez con mayor frecuencia y rapidez- cambios tecnológicos que apuntan al mejoramiento de los procesos de frigorización, en especial en mataderos. Por consiguiente, no nos parece atinado establecer en la ley normas rígidas al respecto. De modo que planteamos que se fijen condiciones mínimas y esenciales en cuanto a si un matadero o un frigorífico son aptos o no para funcionar en forma adecuada.

El mercado se encarga de determinar qué condiciones sanitarias y técnicas debe poseer un matadero para tratar determinadas carnes. Los japoneses -por ejemplo- exigen ciertas características o particularidades; los europeos, otras. Nosotros no podemos modificar la legislación cada vez que se realice una negociación en esta materia.

Señor Presidente , me alegro y me congratulo por el hecho de que en la Comisión de Agricultura hubo unanimidad respecto de los planteamientos que formulamos. Creemos que, en términos generales, el proyecto se halla razonablemente perfeccionado, por lo que, a mí juicio, debiera contar con el respaldo de la Sala.

Muchas gracias.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, también en forma muy breve, deseo destacar en este Hemiciclo el contexto en que se inserta la iniciativa en estudio.

En los últimos años, el país ha alcanzado los más altos niveles de población ganadera, con 3 millones 460 mil cabezas en 1991, cifra levemente inferior a la de 1988, que fue de 3 millones 466 mil.

En el sur del país -en las Regiones Octava, Novena y Décima - se concentra el 70 por ciento de la masa ganadera nacional. Nuestra Región, la Décima, posee 36 por ciento del total general.

También en el último período la matanza de vacunos creció notablemente: en 1990 ascendió a un millón 10 mil 741 reses, y en 1991, a 941 mil 649.

Lo anterior causó que, en 1990, Chile alcanzara el registro histórico del más alto consumo unitario de carne total: 37,5 kilos por habitante al año, de los cuales aproximadamente 50 por ciento -18,5 kilos- corresponde a carne roja o bovina.

Tal situación resulta realmente sorprendente, pues, aunque es lógico que en estas circunstancias la masa ganadera disminuya, las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas confirman que aquélla ha aumentado. Ello ha provocado que el sector productor bovino nacional logre una eficiencia que podríamos considerar casi perfecta, por haber conjugado tres factores esenciales:

Primero, un espectacular mejoramiento nacional en el nivel de pariciones, entre otras razones, por los efectos del control de la brucelosis iniciado hace muchos años.

Segundo, una alta eficiencia en la crianza de terneros, con ínfima mortalidad de los mismos.

Y, finalmente, un extraordinario aumento de peso del ganado de engorda en un breve período, producto de avanzada tecnología.

El desarrollo de una ganadería moderna requiere, entre otras cosas, del establecimiento de un sistema de clasificación del ganado y tipificación de sus carnes, de modo que pueda establecerse una relación directa entre precio y calidad del producto, y, asimismo, de la existencia de normas para el funcionamiento de los mataderos, tanto en su condición estructural funcional como en su estado sanitario.

Los temas comprometidos en el proyecto son de carácter técnico y con un grado importante de complejidad. Ello hace recomendable la dictación de una ley, considerando que la puesta en vigencia de un nuevo marco normativo de estas materias tiene vastas repercusiones, tanto sobre las actividades productiva y comercial de los rubros a los cuales afecta, como sobre los consumidores de los productos que de esto se derivan.

Debe tenerse presente la necesidad de reglamentar las plantas faenadoras y la tipificación de las carnes a fin de defender mejor al consumidor y abrir un mercado externo para este producto.

Respecto al proyecto que estamos analizando, estimo conveniente considerar los siguientes puntos:

1) Que la tipificación obligatoria afecte también a las carnes provenientes de las especies ovina y porcina.

2) Que las carnes importadas sean tipificadas en su lugar de origen. Esto porque resulta imprescindible realizar primero la clasificación del ganado en pie, con el objeto de poder determinar el sexo y la edad.

3) Que debe haber una sola clase de mataderos en el país, para cumplir con lo cual podría darse un plazo prudencial.

4) Que no es conveniente permitir el ingreso a Chile de carne procesada con más de 15 días.

5) Que la nueva función que se asigna al SAG significará controlar y fiscalizar la comercialización a nivel de consumidores, lo cual exige una clara y meditada definición.

6) Que los beneficios del sistema de clasificación y tipificación sólo se obtendrán si con ello se alcanza mayor transparencia en la comercialización de carnes. Por lo tanto, debemos lograr que exista un alto porcentaje de seguridad; que el sistema por aprobarse resulte inviolable.

7) Que la norma propuesta sobre tipificación establece categorías de uso industrial de las carnes provenientes de animales flacos y mayores de 60 meses. Actualmente, son muchos los bueyes y vacas que se destinan a consumo directo. En consecuencia, estimo que la tipificación hará aumentar la oferta de carne certificada de uso industrial, en desmedro de aquélla de consumo directo y, por ende, del precio, que en el presente fija directamente el consumidor en el mercado.

Lo recientemente descrito puede afectar el actual equilibrio de la relación bovina entre razas de carne y mixto-lechera en el país, situación que debiéramos tratar de proyectar en el tiempo, ya que se han logrado índices extraordinarios también en producción de leche.

Finalmente, señor Presidente, deseo solicitar que, por las razones expuestas, se establezca el lunes 11 de mayo como plazo para hacer indicaciones al proyecto, a fin de consultar a todos los sectores que intervienen en esta actividad tan importante del ámbito pecuario del país. Asimismo, anuncio mi voto favorable a la iniciativa en debate.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , deseo unirme a las aprensiones manifestadas por el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra acerca de los riesgos que involucra el proyecto en cuanto al ordenamiento productivo del sector.

Esta iniciativa aparece, por una parte, como destinada a perfeccionar la protección del consumidor, pero, por otra -así lo señala el mensaje-, estaría orientada a promover al sector pecuario y sus posibilidades de exportación. En mi opinión, el proyecto es atendible y entendible bajo el punto de vista de perfeccionar el conocimiento del consumidor, pero discrepo de que él pueda ser comprendido como un medio para apoyar y fortalecer la exportación o el desarrollo interno del sector pecuario.

A mi juicio, el análisis de esta iniciativa debiera haberse radicado en la Comisión de Economía, y no en una Comisión netamente productiva, como la de Agricultura, porque su única justificación es la de proteger al consumidor.

Hoy, la gran mayoría de los productos que éste adquiere lleva una etiqueta que señala su composición, cantidad, fecha de elaboración y durabilidad, cuando son perecibles. En suma, el consumidor es cabalmente informado acerca de los aspectos cualitativos y cuantitativos del producto que se le presenta.

Hay todavía, empero, artículos y servicios que, por sus características, son difíciles de calificar. Tal es el caso de los productos cárneos, que toca este proyecto -sean originados en vacunos o en otras especies-; el de los servicios de hotelería, cuya calidad sólo se aprecia al ser utilizados, o el de las frutas y verduras, al degustarlas.

Actualmente, es el mercado el que certifica en definitiva la calidad de este tipo de productos y servicios. El cliente sanciona al vendedor de carne y de fruta o al servicio hotelero -si nos atenemos a los ejemplos dados- cuando no satisface sus expectativas. Por lo tanto, la calificación de estos productos está dada hoy a través del local que los expende, ya que el consumidor puede volver o no volver al mismo.

El proyecto en comento puede entenderse como un medio para facilitar la decisión del consumidor. En tal sentido, su comprensión nos parece restringida, ya que sólo se refiere a un tipo determinado de carnes, las de vacuno, y no incluye otros servicios y productos como los que he mencionado. En la Cámara de Diputados hay en estudio una iniciativa que busca perfeccionar la legislación que protege los derechos del consumidor. Es ahí donde debe analizarse la inclusión de disposiciones referidas a carnes o a otros productos y servicios. En general, ellas deben orientarse a asegurar la información del consumidor a través del etiquetado de la mercancía.

Como expresé, discrepo del argumento de que a través de estos proyectos se fortalece el sector productivo o se fomenta la capacidad exportadora del rubro. Tal lógica -a mi juicio, equivocada- llevaría a hacer intervenir al Estado en controles y clasificaciones de calidad en frutas, muebles y en muchas especies que el país produce y exporta con creciente éxito a lo largo de estos últimos años.

Esas son, señor Presidente, mis aprensiones respecto del proyecto.

La Comisión de Agricultura ha llevado a cabo una labor encomiable en cuanto a simplificarlo, eliminando una serie de disposiciones que eran claramente inconvenientes, razón por la cual y en el entendido de que va a seguir siendo perfeccionado y de que, en definitiva, va a atender exclusivamente los derechos del consumidor, concurriré también con mi voto afirmativo.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente , votaré favorablemente el presente proyecto de ley porque estimo que la implementación de las medidas en él consignadas puede contribuir al fomento y desarrollo de la ganadería chilena.

Fuera de las cifras dadas a conocer por el Honorable señor Larre , conozco otras que permiten darse cuenta de que la masa ganadera en Chile se encuentra prácticamente estancada desde hace casi medio siglo, lapso en el cual ha aumentado sólo en un tercio, mientras que la población se ha triplicado. En mi opinión, a pesar de que los niveles actuales son altos, se carece de incentivos para aumentar la masa ganadera.

Entre las razones de este estancamiento podemos dar la falta de transparencia en la oferta de los productos cárneos, ya que el consumidor desconoce las diferencias de calidad y precio originadas en el tipo de animal, la edad o el corte.

Si se pudiese eliminar esa falta de transparencia mediante normas de clasificación, se estaría permitiendo un avance en la comercialización y beneficiando concretamente al consumidor -eso es, precisamente, lo que pretende este proyecto-; los precios de productos de menor calidad, que son los más, tenderían a bajar, lo que favorecería a los sectores de menores ingresos. Por ende, ello también constituiría un estímulo para los productores, y, a mi juicio, para el progreso de la ganadería nacional.

Las disposiciones que se pretende que reglamente el Ejecutivo -se le dan atribuciones para ello-, referidas a los mataderos (cabe destacar que de los aproximadamente doscientos que operan con un volumen muy bajo, prácticamente la mitad lo hace sin permiso sanitario); al transporte de carnes, en el que existen grandes diferencias de calidad -lo que permite que haya una discriminación en favor de aquellos que no cumplen con las normas-, y al desposte de las mismas, apuntan, en último término, a mejorar la transparencia en la comercialización, a disminuir la anarquía que se visualiza en estas materias a lo largo del país, a mejorar las condiciones sanitarias en general, a disminuir la evasión tributaria y, asimismo, a dar mayores incentivos a la producción, lo que reactivaría la economía del sector pecuario.

Por los antecedentes expuestos, concurriré a la aprobación de la iniciativa, y oportunamente propondré indicaciones referidas a otros tipos de carnes, a aquéllas provenientes del extranjero y a la clasificación de los mataderos.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , sólo deseo hacer una observación respecto de lo dicho por el Honorable señor Siebert en el sentido de que la masa ganadera está estancada, lo cual debe ser cierto. La razón del fenómeno está a la vista de todos: se han cambiado extensas praderas ganaderas por extensos huertos. En todo el valle central se ha reemplazado la ganadería por la hortofruticultura, con excelentes resultados. Habría que ver si ha, habido una reducción en la zona esencialmente ganadera.

Esa es, me parece, la explicación.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , sólo haré dos comentarios.

En primer término, deseo señalar que la Comisión de Agricultura tuvo la oportunidad de escuchar, en reiteradas sesiones, a un número muy alto de representantes del sector. En el informe constan algunas de las personas -si no todas- que acudieron a entregar sus puntos de vista sobre el proyecto. En aras de la brevedad, no quisiera leer la extensa lista de ellas.

Debo destacar también que distintas organizaciones ganaderas del país manifestaron, de modo previo a la iniciativa del Gobierno, su interés en promover una clasificación del ganado en sentido genérico. La Comisión determinó dar un tratamiento específico en este proyecto al ganado bovino, a las carnes rojas, señalando, no obstante, que una iniciativa similar debiera promoverse para otro tipo de carnes.

Por otra parte, igualmente quiero expresar que, sin perjuicio de la importante cantidad de personas que acudieron a la Comisión para dar a conocer sus puntos de vista acerca del proyecto, estoy de acuerdo en que se dé un plazo a fin de recibir indicaciones, con el objeto de que los Honorables colegas tengan oportunidad de mejorar el texto que la Comisión de Agricultura presentó a la consideración de la Sala.

Por último, tocante a una observación formulada denantes, conviene recordar que el artículo 11 del proyecto de la Comisión de Agricultura señala muy claramente: "Sin perjuicio de las normas sanitarias vigentes se exigirán similares requisitos y obligaciones a los establecidos en esta ley, que deberán regir para las carnes y subproductos cárneos provenientes de la importación y que se comercialicen en el país.".

El señor JARPA.-

Señor Presidente , indudablemente, con la ley en estudio se dará un paso muy importante para clarificar y mejorar el mercado de la carne, la tipificación de ella, su higiene, la forma más adecuada de manejar los mataderos, el transporte, los frigoríficos, etcétera.

Después de escuchar las intervenciones en la Sala, creo que sería conveniente -así como quedó perfectamente determinada la relación existente entre el Servicio Agrícola y Ganadero y los Servicios de Salud- dejar más esclarecido hasta dónde llega el compromiso o la responsabilidad del SAG, porque tal vez no sea posible que el control de las carnicerías, por ejemplo -para que con él no se rompa la estructura de mercado establecida en el proyecto-, se lleve a cabo a través de aquél, y deba realizarlo otro servicio dependiente del Ministerio de Economía.

Por otra parte, señor Presidente , se señala que los procedimientos de matanza, de transportes, etcétera, consignados en la iniciativa, deberán ser cumplidos por los establecimientos que vendan carnes provenientes de los importadores chilenos. Sin embargo, el producto denominado "carnaza" no puede comercializarse directamente en los mercados de los países productores, por lo cual se vende como artículo de última categoría; y no tiene posibilidad alguna de ser controlado en sus cortes, en su origen, en la especie de los animales beneficiados, etcétera. Por lo tanto, sería útil considerar realmente la conveniencia de que no se importe ese tipo de carne, porque en Chile estableceremos -como ya se hizo con la fruta- normas específicas de tecnología avanzada, para incorporarnos a la posibilidad de mejorar la 'exportación de productos cárneos. Pero, si por otro lado permitimos que se continúe trayendo a nuestro país carne sin ninguna especificación, estaríamos elaborando una ley que no tendrá el efecto deseado.

Por último, anticipo que oportunamente haremos llegar nuestras indicaciones; mientras tanto anuncio mi voto favorable.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto.

Aprobado.

Entonces, quedaría fijado como plazo límite para recibir indicaciones el lunes 11 de mayo, a las 12.

Acordado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En conformidad con lo acordado por la Sala, corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite, que establece un régimen preferencial de tratamiento aduanero y tributario para las comunas de Porvenir y Primavera, de la provincia de Tierra del Fuego , Duodécima Región, e introduce modificaciones a diversos cuerpos legales que indica, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 34ª, en 15 de enero de 1991.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 48ª, en 1º de abril de 1992.

Hacienda (segundo), sesión 53ª, en 28 de abril de 1992.

Discusión:

Sesiones 48ª, en 1º de abril de 1992 (queda para segunda discusión); 49ª, en 7 de abril de 1992 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 106 del Reglamento, la Comisión de Hacienda deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones los artículos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 12, 13 (que ha pasado a ser 14), 15 (que ha pasado a ser 16) y 16 (que ha pasado a ser 17). Asimismo, de la lectura del texto se deduce que todos ellos tampoco fueron objeto de modificaciones.

En consecuencia, conforme a la disposición reglamentaria citada, correspondería darlos por aprobados.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Quedan aprobados.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , la enmienda de la Comisión ya aprobada tiene por objeto regionalizar justamente la autorización para instalar empresas en cada región; actualmente debe conceder el permiso el Ministro de Hacienda en Santiago . Por eso, la Comisión de Hacienda la aprobó por unanimidad.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , se trata de la aspiración de los distintos sectores representativos de las Regiones extremas en cuanto a que no las afecte la misma situación que viven en la actualidad las de Tarapacá y de Magallanes. En el mes de abril del año pasado, bajaron los aranceles de 15 a 11 por ciento; pero las Regiones extremas siguieron afectas al 9 por ciento que se aplica a las compras efectuadas en la zona franca.

Ha transcurrido prácticamente un año desde que se iniciara el debate del proyecto tanto en la Cámara como en el Senado; y nuestro deseo es que a futuro, cuando nuevamente bajen los aranceles, no se requiera de la mecánica de una nueva disposición legal. De ahí que deseemos que en esta ley se faculte al Ejecutivo para alzar o subir dichos gravámenes, de acuerdo con la situación arancelaria del país.

Por lo anterior, pido aprobar la norma como fue despachada por la Comisión.

--Se aprueba.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , deseo sólo señalar que se encuentra vigente una disposición legal en virtud de la cual, cuando se trata de mercaderías que se exportan hacia otros países, se deben devolver los impuestos.

Pero la Comisión ha querido dejar en claro que, cuando opere la rebaja de 9 por ciento a 6 por ciento a las ventas que se hagan en la zona franca -que se acaba de aprobar- y se proceda a la devolución, se da un plazo de treinta días para hacer operable el mecanismo. De esa manera, creemos que se pueden reactivar un poco las ventas del comercio establecido en las zonas extremas del país.

En ese contexto, se trata de una facultad que se concede al Ejecutivo. Lo único que deseamos es que ojalá se haga buen uso de esta disposición legal, para convertir en realidad las expectativas de los comerciantes de las Regiones extremas en cuanto a ventas, y que se devuelvan los respectivos impuestos a los adquirentes.

--Se aprueba.

El señor PALZA.-

Antes de terminar el estudio del proyecto, deseo manifestar que la Comisión trató una indicación presentada por el Senador que habla, el Honorable señor Zaldívar y otros miembros de la Comisión, a fin de prorrogar la vigencia de la bonificación a la inversión hasta 1999, en lugar de 1994 como consigna el proyecto. Su Excelencia el Presidente de la República acogió la solicitud de la Comisión de Hacienda; pero, lamentablemente, por razones reglamentarias de firma y por el plazo, no alcanzó a llegar la indicación. No obstante, el señor Ministro de Hacienda me ha manifestado que, por la vía del veto aditivo, se propondrá prorrogar la vigencia del DFL N° 15 hasta 1999, a objeto de facilitar la llegada de inversionistas a las Regiones extremas del país; o bien, se enviará un proyecto separado, para evitar retardo en el despacho de la iniciativa en estudio.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, deseo agregar algo.

Nosotros hicimos varias solicitudes -incluso enviamos una comunicación formal- al Ejecutivo , pues los Parlamentarios no tenemos iniciativa en esa materia.

El señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra habló de una fecha. Y, durante la visita que hizo recientemente Su Excelencia el Presidente de la República a la zona, se le hizo presente el interés de sus habitantes en el sentido de que el DFL N° 15 siga rigiendo mucho más allá del año 1999, porque la garantía que tienen los inversionistas en la zona no es a tan corto plazo.

Por ese motivo, de existir la decisión presidencial de apoyar a esas Regiones en esta materia, solicito que se reitere la petición que formulé en la Comisión de Hacienda, en orden a que el beneficio opere más allá de la fecha indicada.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, deseo dejar constancia de que oportunamente hicimos llegar al Primer Mandatario una solicitud para que se rebajara el arancel de los productos que se importan en la zona de Arica a niveles cercanos a los que se aplican en Tacna, que es la competencia.

Lamentablemente, no obtuvimos respuesta del Ejecutivo y no hubo siquiera la posibilidad de discutir el punto. De manera que dejamos constancia de que no estamos de acuerdo con dejar a Arica en una situación tal que no pueda competir con Tacna.

El señor PALZA.-

¿Me permite, señor Presidente?

Sólo deseo dejar constancia en la Versión Taquigráfica de que los sectores empresariales de Arica pidieron prorrogar hasta 1996 la vigencia del DFL N° 15, en lugar de 1994, o hasta que sea necesario. Sin embargo, el Ejecutivo , en el ánimo justamente de poner un plazo a la franquicia, anunció públicamente su decisión de que rija hasta 1999.

Tocante a lo señalado por el Senador que me antecedió en el uso de la palabra respecto del impuesto de 6 por ciento, debo recordar que se presentó una indicación para que se bajara a 2 por ciento, a objeto de mejorar las expectativas nacionales en relación con el comercio extranjero.

No obstante, hay una diferencia de interpretación respecto de lo que se desea para las zonas extremas. Algunos -entre los cuales me cuento- plantearon que era bueno un impuesto no inferior a 5%, con el fin de hacer competitivo el desarrollo industrial. Si fuera cero, el sector fabril emergente, especialmente en la zona norte, quedaría en la indefensión.

Por eso digo que se trata de un problema de interpretación. Y, en ese sentido, el Gobierno ha privilegiado el desarrollo industrial, en este momento; y es el motivo por el cual no propuso bajar a cero el impuesto que grava las ventas en las zonas extremas del país.

El señor LAGOS .-

Señor Presidente , deseo reiterar lo que dije en la Comisión, haciéndome eco de lo solicitado por la inmensa mayoría de esa zona, en especial, del sector comercio, en el sentido de que yo era partidario de eliminar en su totalidad el arancel de 9 por ciento.

Para precaver la posibilidad de afectar al sector industrial, se solicitaron las compensaciones respectivas al Gobierno, para proseguir con el desarrollo a que todos aspiramos en la zona.

Reitero que debe quedar claramente establecido que la total derogación del arancel no sería perjudicial, como se pretende hacer ver.

El señor PALZA.-

Yo había concedido una interrupción al Honorable señor Jarpa , y deseo recuperar el uso de la palabra para terminar lo que estaba señalando, señor Presidente .

Sólo deseo decir que igual debate se suscitó en una sesión hace quince días. Se trata de un problema de interpretación y de lo que algunos Parlamentarios queremos para nuestras Regiones: Sobre el particular, sólo he enunciado algunos criterios para buscar la forma de reactivar el comercio rebajando, por un lado, de 9 a 6 por ciento el impuesto sobre las ventas de la zona franca; y por el otro, concediendo la facultad, en un artículo anterior, de proceder a la devolución de los tributos, a objeto de hacer más competitivo el comercio de Arica respecto del de Tacna. Además queremos privilegiar un desarrollo industrial sostenido, para lo cual necesitamos mantener un porcentaje que permita, por lo menos, que la industria que está estableciéndose en esa zona pueda producir con mayores expectativas para el futuro y emplee más mano de obra.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , sólo para agradecer al Ejecutivo el haber hecho suyas dos indicaciones que concitaron la unanimidad de la Comisión para extender los beneficios a las empresas industriales, agrícolas y ganaderas y, al mismo tiempo, posibilitar la importación de determinado tipo de naves.

Junto con ello, lamento que el Gobierno no haya acogido otras peticiones, también unánimes, en cuanto a extender los beneficios a las personas naturales, sobre todo cuando en el resto de la isla de Tierra del Fuego y en Navarino gozan de ellos precisamente en virtud de la Ley Navarino. Se trata de la medida más importante para detener el despoblamiento que sufre Tierra del Fuego.

En verdad, el Ministerio de Hacienda nunca planteó un argumento válido para oponerse a esa franquicia. No hablaré latamente sobre el tema, aun cuando habría sido necesario quizás hacerlo; pero estamos en el último minuto del tratamiento del proyecto, y ya lo hice presente en su primera discusión.

Reitero que lo lamento, pues no se entiende la verdadera situación de excepción de la iniciativa que se acaba de aprobar. ¡No se entiende! Y deseo volver a enfatizar que el despoblamiento es alarmante. Necesitábamos que el beneficio se extendiera también a las personas, lo que no se ha hecho. Espero que el Ministerio de Hacienda solucione esto en otro proyecto. Y lo digo con todo derecho, pues fue la unanimidad del Senado y de su Comisión de Hacienda que lo planteó. Esto va ligado al concepto de democracia que tenemos; pero no se hizo caso a una aspiración importante de la gente fueguina, y tampoco se consideró la opinión unánime de esta Corporación, por lo cual dejo establecido mi reclamo al respecto.