Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la discusión particular del proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre pertenencias mineras de CODELCO que no forman parte de yacimientos en actual explotación, con segundo informe de la Comisión de Minería.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 18ª, en 16 de julio de 1991.

Informes de Comisión:

Minería, sesión 21ª, en 3 de diciembre de 1991.

Hacienda, sesión 21ª, en 3 de diciembre de 1991.

Minería (segundo), sesión 37ª, en 23 de enero de 1992.

Discusión:

Sesiones 23ª, en 5 de diciembre de 1991 (queda pendiente la discusión); 24ª, en 5 de diciembre de 1991 (queda pendiente la discusión); 25ª, en 10 de diciembre de 1991 (se aprueba en general); 38ª, en 23 de enero de 1992 (queda pendiente la discusión particular); 39ª, en 28 de enero de 1992 (queda pendiente la discusión particular).

El señor CALDERÓN.-

Gracias, señor Presidente.

En primer término, lamento que el Gobierno no haya retirado la urgencia, calificada de "Suma", a este proyecto, toda vez que la Confederación de Trabajadores del Cobre, como lo dije en la mañana, está abierta a recoger las sugerencias del resto de la sociedad chilena, y las propuestas que plantea representan el conjunto de sus asociados. A ella pertenecen trabajadores de todas las colectividades políticas: Renovación Nacional, UDI, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Radical, Movimiento Autónomo Sindical, comunistas; en fin, de todos los partidos. Siempre hemos señalado que este proyecto es uno de los que deben contar con el consenso nacional. Por eso, deploro que no nos hubiéramos dado más tiempo para haber tenido una discusión más profunda sobre la iniciativa.

En segundo lugar, dado que participé en la Comisión de Minería, debo expresar que la Confederación de Trabajadores del Cobre fue insuficientemente escuchada. No puedo decir que no fue escuchada, porque lo fue. En la discusión general, participaron algunos dirigentes, por cuanto la mayoría de ellos se encontraban representándola en el exterior. En el debate particular pedí que esa organización gremial fuera escuchada formalmente; pero no fue así porque hubo que realizar una reunión especial con ese objeto. Es decir, formalmente no hemos oído a la Confederación de Trabajadores del Cobre.

Algunos señores Senadores se ríen, quizás porque no tienen interés en conocer las posiciones de los trabajadores, pese a que algunos de sus dirigentes representan, precisamente, al partido de aquéllos.

En tercer lugar, hubiéramos querido que en la Comisión de Minería se planteara una política general, un marco, sobre minería; pero no se hizo. Y, de haber sabido cuál es la estrategia de desarrollo de la minería, cuál es la política nacional de minería, quizás nos habríamos evitado problemas. Porque creo que un debate amplio sobre la materia debe tener presente los papeles que, en una política nacional de la minería, desempeñan la Confederación de Trabajadores del Cobre, las transnacionales y el rol que a éstas corresponde para que el negocio minero tenga suficiente transparencia. Son tres problemas fundamentales de una estrategia minera. Y me hubiese gustado tenerlos presentes como marco para la discusión de este proyecto.

Pues bien, yendo al punto concreto, presentamos una indicación que propone que CODELCO, en las sociedades que constituya para la exploración y explotación de sus pertenencias mineras, propenderá a participar en calidad de socio mayoritario.

¿Por qué formulamos esta indicación? Yo diría que hay consideraciones de tipo práctico y otras de carácter más profundo, como las que he señalado, que tienen que ver, no con el debate obsoleto entre estatistas y antiestatistas, sino, en nuestra opinión, con la mejor defensa del interés de Chile. Porque ese problema es el sustantivo.

CODELCO es una empresa nacional que tiene un rol de liderazgo mundial en la industria del cobre. Tiene los yacimientos, la experiencia, los conocimientos tecnológicos, el personal calificado y una producción anual que satisface, ella sola, el 10 por ciento de las necesidades del mercado mundial. Yo creo que no sólo a CODELCO sino que a Chile le interesa mantener -y ojalá acentuar- ese rol de liderazgo. Para ello se plantea que la propia CODELCO se transforme en una transnacional, que invierta afuera, que se diversifique y que también, tal como lo hacen sus competidores, se asocie con otras empresas nacionales o transnacionales, a fin de ganar acceso a tecnologías o mercados que sean de interés para su desarrollo estratégico.

Somos partidarios de esto. Pero, tal vez producto de nuestros errores, hemos aprendido a mirar la realidad tal como es y a no disfrazarla con nuestras percepciones ideológicas. Y, por ello, estimamos importante que, aceptando y promoviendo esa asociación, reconozcamos abiertamente lo que persiguen las transnacionales y sus diferencias con relación a CODELCO.

El objetivo de CODELCO es maximizar a mediano y largo plazo los beneficios para su dueño: el Estado de Chile. Las transnacionales también procuran maximizar los beneficios para sus dueños, que son sus accionistas, entre los cuales sólo por excepción tal vez haya alguno chileno.

CODELCO tiene una base nacional y, aunque se trasnacionalice, su responsabilidad primera será para con Chile. Las transnacionales no tienen otra responsabilidad que las ganancias que generan, y, desde una perspectiva global, en la que no cuentan las consideraciones nacionales. Eso es obvio. Y esto no es propaganda antitrasnacionales, sino una realidad concreta de cada día, y tenemos que tomarla en cuenta.

Me perdonarán los señores Senadores que plantee ahora un problema concreto sobre las compañías transnacionales en la Región que represento. Unos ganaderos, empresarios dinámicos e innovadores, denunciaron que una empresa transnacional compra lana en Magallanes, la somete a una mínima elaboración y la exporta facturando la unidad a 2,50 dólares. Ocurre que tuvieron oportunidad de salir al extranjero y pudieron comprobar que el precio internacional del producto neozelandés, similar o incluso inferior al magallánico, se transaba a 4,60 dólares la unidad. Es evidente que a esa transnacional no le importa que la filial chilena tuviera muy pocas utilidades. Lo que le interesa, en términos globales, internacionales, es obtener esas utilidades. Pero a nosotros, como chilenos, sí que nos importa. Porque si la filial chilena tiene pocas utilidades, no sólo contribuye con menos impuestos, sino que también es difícil lograr que mejore los precios que paga a los ganaderos por la lana o que sus trabajadores obtengan aumentos salariales.

Aquí hay un ejemplo de como los intereses de las transnacionales, desde el punto de vista de la lógica empresarial, chocan con los intereses nacionales. Y no por eso vamos a pedir la nacionalización de esa empresa; pero tenemos que ver las realidades y no pensar que, por el simple hecho de ser empresa privada e inversión extranjera, es de suyo positiva. Hay situaciones en las que sus intereses y los de la nación son contradictorios, y debemos tenerlos en cuenta y no idealizar. No lo decimos para concluir: ¡Ah, no hay que asociarse! ¡Sí! Hay que asociarse con ellas, pero teniendo los pies bien puestos en la tierra y preocupándonos de crear las condiciones para que se puedan resguardar los intereses de Chile y de los chilenos cuando se den esos conflictos de intereses.

Esa es nuestra preocupación fundamental. Y, en el marco de ella, presentamos la indicación orientada a que CODELCO propenda a ser socio mayoritario en las asociaciones que constituya.

Pero también nos mueven consideraciones más pragmáticas. Por una parte, el "propenderá" sirve para declarar intenciones, pero también permite flexibilidad en la discusión de los acuerdos concretos. Por otra, la aprobación de esta indicación ayudaría a eliminar la resistencia de los trabajadores y supervisores del cobre, que se han reunido en más de una ocasión para discutir esta ley en proyecto, precisamente para contribuir a la generación de un consenso nacional sobre ella.

En la discusión en la Comisión...

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ha terminado el tiempo de Su Señoría.

El señor CALDERÓN .-

La Honorable señora Soto me ha dado algunos minutos.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Pero la señora Senadora no puede darlos.

El señor CALDERÓN .-

No; pero resulta que le sobró tiempo.

Como decía, en el debate habido en la Comisión, el señor Ministro dijo que compartía la intención de la indicación, pero que abogados de CODELCO ponían objeciones. Si el señor Ministro comparte la intencionalidad, si -como señalé en la discusión general- el Honorable señor Alessandri no pone reparos para introducir el inciso y si ello además satisface a los trabajadores del cobre, francamente creo que estos consensos son mucho más importantes que la opinión de abogados de CODELCO, por muy respetables que sean como personas.

Con relación a esta materia, se me viene a la memoria la conclusión, con relación a otro tema, de un artículo de una revista de la Armada, que me parece pertinente. En él se sostiene que hay decisiones que son de responsabilidad de los estadistas y no de las comisiones técnicas ministeriales. En mi opinión, en esta materia, aun cuando es necesario tener en cuenta todas las consideraciones técnicas, las responsabilidades por las decisiones debemos asumirlas el Ministro y los Parlamentarios.

Sinceramente, creo que es mejor para el país y para la aceptación consensual de la ley acoger la indicación. Por eso, solicito al señor Ministro que no reitere su objeción y a los Honorables colegas que nos pongamos por encima de las disputas políticas pequeñas, y que, tal como lo ha hecho el Senador señor Alessandri , demos nuestra aprobación a la indicación, ojalá por unanimidad.

He dicho.

El señor SULE.-

Gracias, señor Presidente.

Es muy interesante escuchar a nuestros distinguidos, doctos y sabios colegas; pero la verdad es que me da un poco la impresión de que estamos repitiendo la discusión general, no obstante encontrarnos en la última etapa de la tramitación. Y, si me permiten los Honorables colegas, me voy a referir concretamente a la indicación renovada, para que podamos avanzar.

Señor Presidente , estamos atacando o defendiendo la indicación como si fuera producto, pura y simplemente, de un acuerdo acerca de un texto, como si nuestro pensamiento inicial y profundo -me refiero a aquellos que firmamos la indicación- no correspondiera a algo más trascendente y más profundo. Y no es así.

Voy a votar favorablemente la indicación que firmé, porque, de acuerdo con las características del proyecto, el ritmo de la tramitación y las posibilidades de ser aprobada, es lo más que podía conseguirse. Fue redactada casi a partir de la factibilidad de lograr un consenso. Así por lo menos lo estimé al firmar la indicación. Me hubiera gustado algo más.

Y lo digo, señor Presidente , porque es cierto que la ley de nacionalización del cobre entregó a CODELCO, respecto de todas las pertenencias de su dominio, la facultad de vender, transar, contratar. Es cierto que voté favorablemente esa norma, pero también lo es -y el señor Ministro formaba parte de aquel Senado- que planteé que, no obstante el respeto que tenía y tengo por ese Gobierno que integraba y por cualquier Gobierno democrático, me parecía peligroso, como me parece hoy -y lo digo con el mismo respeto-, establecer normas tan amplias que puedan llevar, con la más absoluta buena fe, a cometer algunos pequeños, medianos o grandes errores.

Esa es la razón por la cual, a ratos con pasión, señor Ministro , a ratos con emoción y a ratos con desesperación, hemos tratado de buscar el consenso, a fin de no tener que votar contradictoriamente en una materia en la que, como hemos dicho reiteradamente, ¡benditos y bienvenidos sean la unanimidad y el acuerdo!

¡No existe ningún problema de carácter jurídico en esta disposición! Tampoco es una declaración romántica, ni lo son las expresiones del señor Ministro en el mismo sentido. ¡De ello queda constancia en la historia fidedigna, en el espíritu y en la carne del acuerdo! Y nos obliga a todos los chilenos, no solamente a pretender una cuota mayoritaria de las acciones cuando fuere menester hacerlo, sino a buscar todas las alternativas posibles que permitan al Estado chileno, como nación políticamente organizada, proteger sus intereses, como hará -no me cabe la menor duda- este Gobierno de transición a la democracia.

Esta disposición nos obliga, aunque no seamos mayoritarios, a establecer un contrato en que actuemos como tales, con procesos privilegiados de comercialización, con votos calificados y con acuerdo sobre la administración de las empresas que se crean.

Por estas razones, señor Presidente , la bancada Radical-Socialdemócrata votará favorablemente esta indicación, y nos habría gustado que hubiera formado parte del proyecto original en forma más clara, precisa y categórica.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , me referiré solamente a la indicación en debate. De acuerdo con mi apreciación legal del asunto, ella representa una intención que se concreta en un consejo, pero no es una disposición legal que mande, prohiba o permita. La ley, según definición teórica, es una ordenación racional dirigida al bien común, promulgada y sancionada por quien dirige la comunidad. El Código Civil la define como una manifestación de la voluntad soberana que manda, prohibe o permite.

Ahora bien, esta indicación renovada sencillamente recomienda algo que, aunque no lo recomiende, naturalmente, se cumplirá en la misma forma. Como aquí ya se ha expresado, no me cabe la menor duda de que CODELCO, con la actual composición de su Directorio o con cualquier otra que medianamente incluya hombres sensatos y patriotas, procurará tener la mayor participación posible en las sociedades o entidades que integre.

Por consiguiente, esta indicación no manda, ni prohibe, ni permite, sino sencillamente recomienda, y para eso no es la ley. Para eso están otras funciones, como las políticas sociales. El Gobierno puede, por ejemplo, recomendar a un subalterno comportarse de tal o cual manera, pero la función legislativa debe ser más precisa. En razón de ello, votaré en contra, con la certeza más absoluta de que, si es rechazada, el efecto va a ser exactamente el mismo que si se hubiera aprobado.

Nada más.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , me quiero referir sólo a esta indicación renovada, porque si seguimos analizando la historia del cobre en Chile, no terminaremos en esta semana.

La verdad es que efectivamente manifesté que daba lo mismo que ella se aprobara o no se aprobara porqué como ha dicho el Senador señor Thayer , no es una disposición imperativa, sino simplemente una expresión de buenos deseos. Y me llama la atención la insistencia en aprobarla, como si los Senadores que la patrocinan no tuvieran confianza en las autoridades de CODELCO y del Gobierno y sintieran la necesidad de recomendar lo que deben hacer a través de una ley.

Creo que, como también ha expresado el Honorable señor Thayer , las personas que están actuando en esta materia son razonables y en todo momento procurarán tener el mayor interés social, dentro de una asociación con capitales privados, para la explotación de nuevos minerales que pertenecen a CODELCO.

Además, vuelvo a recalcar lo que ya señalé al discutirse en general el proyecto. Aun cuando CODELCO no tenga el 51 por ciento de las acciones, sino una mínima parte, de acuerdo con el inciso segundo del artículo 2°, se le aplican las normas contenidas en el artículo 67 de la Ley sobre Sociedades Anónimas, por lo que la junta de accionistas necesitará del voto conforme de CODELCO para los acuerdos relativos a las siguientes materias:

"1) La transformación de la sociedad, la división de la misma y su fusión con otra sociedad;

"2) La modificación del plazo de duración de la sociedad cuando lo hubiere;

"3) La disolución anticipada de la sociedad;

"4) El cambio de domicilio social;

"5) La disminución del capital social;

"6) La aprobación de aportes y estimación de bienes no consistentes en dinero;", lo que es muy importante.

"7) La modificación de las facultades reservadas a la junta de accionistas o de las limitaciones a las atribuciones del directorio;

"8) La disminución del número de miembros de su directorio;

"9) La enajenación del activo y pasivo de la sociedad o del total de su activo;

"10) La forma de distribuir los beneficios sociales; y

"11) Las demás que señalen los estatutos.".

También se necesitará su aprobación para "Las reformas de estatutos que tengan por objeto la creación, modificación o supresión de preferencias," de ciertas acciones.

En consecuencia, tenga o no tenga CODELCO la mayoría del capital, de todas maneras tiene un derecho de veto tan importante que equipara su situación con el otro socio. De tal manera que, por la protección que brinda el inciso segundo del artículo 2° del proyecto, da lo mismo el porcentaje de acciones que tenga.

Señor Presidente, me inclino por rechazar la indicación, por considerarla inútil e inconducente.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , pese a que con fecha 10 de diciembre, hace ya un mes y medio, se dieron razones más que suficientes para apoyar el proyecto del Ejecutivo , creo que a veces es necesario repetir algunas cosas porque puede que se olviden o se tergiversen.

En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Todos hemos hablado de "nacionalización del cobre" y de que la aprobó la unanimidad del Parlamento chileno. Pero para llevarla a cabo fue necesario previamente una "chilenización del cobre". Y eso, muchas veces se olvida. Y lo recalco esta tarde porque constituyó un paso fundamental para después profundizar en la nacionalización del metal rojo. La chilenización, con el Presidente Frei , y la nacionalización, con el Presidente Allende. Ambos procesos, como dije en oportunidad anterior, se conmemoraron en Rancagua.

Deseo hacer una simple reflexión. Apuesta uno: que el cobre sea sustituido por algún nuevo elemento -aluminio para los teléfonos, como se está usando; fibra óptica, para algunas otras cosas-, o que caiga en su demanda en tal forma que se torne poco productivo. Como está sucediendo en parte por el plan de desarme de todos los países del mundo. Cada vez que escuchamos o leemos alguna noticia, nos enteramos de que las grandes potencias están en un programa de desarme y, por lo tanto, en un plan de menor demanda del metal. Un aporte.

Segundo: que, como decía Radomiro Tomic -mencionado aquí, y con veneración-, el hambre civilizadora del mundo requiera cada vez mayor necesidad y demanda del cobre.

Dos hipótesis. La primera, si es sustituido, indiscutiblemente deberemos buscar alternativas, como no sucedió -¡señores Senadores representantes de la zona!- con el carbón. Y se han invertido cantidades importantísimas de recursos para solucionar el problema de cesantía de 750 o más exonerados del carbón.

Segundo, si realmente va a haber un hambre civilizadora y mayor necesidad del cobre, es incuestionable que el tener nuevos yacimientos prospectados, explorados y explotados, es bueno. ¿Pero, con qué lo hacemos? Con recursos. ¿Disponemos de ellos? Ateniéndome a los informes del Gobierno -parto de la base de que me está diciendo la verdad; creo en su palabra-, no contamos con los recursos suficientes para prospectar, explotar y hacer rendir esas minas.

Aquí tengo los datos respectivos. Solamente la instalación de una planta de ácido sulfúrico para evitar la contaminación en Caletones, requiere de una suma superior a los 100 millones de dólares. Y no hablemos de Chuquicamata, ni de los otros minerales, ni de todo lo que está necesitando nuestro país en planes de descontaminación para hacer aceptable el cobre chileno, los que, con las medidas ecológicas adoptadas a nivel mundial, se están volviendo cada vez más exigentes y a más corto plazo. Porque hoy día, para vender cualquier producto, incluso el cobre, se ponen dificultades (a veces artificiales) en el aspecto ecológico.

Para esa obra se precisan más de 100 millones de dólares, que no los tenemos. Aquí están los datos ya mencionados sobre el plan de descontaminación.

Por supuesto que los trabajadores de la fundición de Caletones y quienes laboran en las cercanías, están pidiendo, con justísima razón, que esa planta de ácido sulfúrico se construya, y pronto, porque el no hacerlo va en detrimento de su propia salud. Y no sólo los trabajadores del cobre, sino también quienes viven en Coya, Machalí y en parte de Rancagua, necesitan de esa planta, porque sus aguas, sus viviendas y su medio ambiente están contaminados.

En consecuencia, no estamos sólo legislado para los trabajadores del cobre -cuya salud, más allá de su producción, nos preocupa mucho-, sino asimismo para las personas que viven en comunidades vecinas, en este caso específico, a la fundición y a las chimeneas de Caletones, y cuya salud también tenemos que resguardar. Así lo entiendo, como legislador y también como médico.

Señor Presidente , no legislamos únicamente para el cobre, pues sus trabajadores, que -como lo señalamos en nuestra intervención del otro día- aportan grandes recursos al país, y entre los cuales hay mártires, no son más allá de 25 mil; pero los chilenos somos más de 14 millones. Por eso, entonces, tenemos que ver también cuál es la otra parte de la oración en que se ve afectado este proyecto de ley.

Me estoy refiriendo igualmente a los 320 mil cesantes mencionados el otro día, a raíz de la crisis del carbón, y que necesitan trabajo ahora. ¡No dentro de 10, 15 ó 20 años! ¡Ahora, hoy día, o mañana! Y también a los 5 millones de pobres -de los cuales también se habló aquí- que tienen necesidades urgentes de salud, vivienda, educación, bienestar y de todo orden. Esa gente es ahora el problema. No mañana ni pasado mañana, porque como señalamos en otra oportunidad a propósito de paraísos, los hay que están pidiendo pan a los países occidentales hoy día, en circunstancias de que habían prometido un paraíso a futuro; pero resulta que la realidad debemos enfrentarla hoy, y no dentro de 10 ó 15 años.

Quiero hablar en nombre de esos 320 mil cesantes y de los 5 millones de chilenos que necesitan que se invierta en planes de forestación, como se está haciendo en la cuenca del Biobío; en obras de riego, de tranques y de otros, para crear nuevas fuentes laborales, y también deseo hacerlo en nombre de las personas que están requiriendo una mejor salud en Chile.

Escuché a un señor Senador dar un argumento que me pareció muy bueno, pero la segunda parte de la oración me dejó una interrogante. Dijo que CODELCO debería invertir afuera. Perfecto, me gustó la idea. Pero a quienes desean invertir aquí, ¿les diremos que no? Esta cuestión es con "ida y vuelta", perdónenme la expresión, porque si somos partidarios de que invierta la Corporación afuera, debemos aceptar que los inversionistas extranjeros puedan hacerlo también en Chile y participar en los negocios de esta empresa.

Me alegra que un Ministro , como el señor Ominami , haya afirmado con muchísimo orgullo y satisfacción que hace unos días se suscribió una de las más grandes inversiones hechas en Chile en moneda extranjera: nada menos que por 1 mil 300 millones de dólares. Me satisface esa proposición y esa alegría del señor Ominami , porque significa que nuestro país inspira confianza a los inversionistas extranjeros.

No estamos por la privatización del cobre, y así lo han sostenido el señor Ministro , el Presidente de la República , y la Presidenta de la Comisión de Minería. Y quiero recordar que el Estado es dueño absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de toda la riqueza minera del país. CODELCO es sólo el concesionario de los grandes yacimientos cupríferos de Chile.

Para terminar, señor Presidente , quiero señalar que "propender", según la acepción exacta del vocablo, es: "inclinarse uno a una cosa por especial afición, índole u otro motivo". Creo que todos estamos inclinados para que nuestra patria tenga el máximo de riquezas y para que las explote lo mejor posible, para bienestar de su gente.

He dicho.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , una consideración general muy breve, antes de hacer otra sobre la indicación.

La consideración general, con la venia del señor Presidente , es la siguiente. Si hay algo que me parece inadecuado, en el sentido de que confunde los términos de un debate, que, por el contrario, debiera ser fundamentalmente esclarecedor para la ciudadanía y para los sectores interesados en este tema, es el de vincular argumentalmente el proyecto en estudio a la nacionalización del cobre. En general, a mí nunca me parece bien confundir una situación con otra, cuando no tienen vinculación alguna.

La nacionalización del cobre correspondió a un momento histórico determinado; fue acordada por todos los sectores ciudadanos; formó parte sustantiva del programa de nuestro Gobierno, el de la Unidad Popular, y diría que respondía a ciertos vientos que recorrían el mundo en 1970.

Los que hoy día lo recorren son muy distintos a ésos. Y, naturalmente, el proyecto que nos ocupa está en estos vientos, y no llevado por aquéllos. Entonces, digamos las cosas como son, y no unas por otras.

Y dentro de los vientos que ahora soplan en el mundo y en nuestro país, a mí personalmente me parece bien el contenido sustancial de la iniciativa y estoy de acuerdo con él. En síntesis, comparto la idea de que el Estado pueda asociarse con particulares, nacionales o extranjeros, para explotar riquezas básicas cuando no existen capitales, recursos ni inversiones factibles que permitan -al Estado- hacerlo por sí mismo.

Con respecto a la indicación que nos preocupa, creo que, lamentablemente, las expresiones que se usaron no son las más felices. Quizás los términos del debate habrían estado mejor ceñidos si se hubiera dicho: "El Estado participará en un porcentaje mayoritario". No se señala así. Se dice "propenderá".

Ahora, la expresión "propender", según el diccionario que acabo de recorrer en su parte pertinente, significa inclinarse a una cosa por especial motivo. Y la definición que da el Honorable colega señor Thayer de "ley", inspirada en el Código Civil, diría que está hoy más contemporáneamente formulada en la propia Constitución Política, cuando la define como toda norma de carácter general y obligatorio que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Y considero que estamos en presencia de una norma que estatuye los caracteres esenciales de un ordenamiento jurídico. Entonces, no voy a dar argumentación sobre algo que me parece muy obvio.

Ahora, pienso que en los preceptos hay que distinguir los mandatos, que pueden ser directos, emanar explícitamente de su redacción, de otros más implícitos o indirectos, como históricamente se discutió en este país, a propósito de las declaraciones programáticas de la Constitución del 25, en que muchos sostenían -con validez, a mi juicio- que contenían mandatos para el legislador.

Y me parece que acá, indirectamente, hay también un mandato, desde luego para CODELCO, que aparece como el objeto de la norma. Porque a la Corporación se le dice "propenderá", es decir, "se inclinará con especial motivo" a realizar tal cosa. Y si no la hiciere, evidentemente, los titulares, los responsables de esta empresa, estarían infringiendo la disposición, y en consecuencia, serían pasibles de algún género de sanciones, o de hacer efectivas sus responsabilidades.

Lo anterior, en segundo y último término, por la forma en que está redactada la norma. Porque si aquí estuviéramos en presencia de la obligación de enajenar las pertenencias de CODELCO, otro sería el efecto.

Si el artículo 1°, en vez de decir "Autorízase", expresara que CODELCO "debe enajenar las pertenencias mineras", ése sería el valor central, el contenido esencial de la ley. Y si después se hablara de "propender", indudablemente que esa propensión estaría subordinada al valor central que es "se debe enajenar". Y lo que CODELCO debería efectuar sería enajenar obligatoriamente. Y el "propender" quedaría sujeto, como orientación.

Pero la norma señala otra cosa: "autorízase a CODELCO para enajenar, para disponer de las pertenencias mineras. No la obliga: la autoriza. ¿Y ello lo hace sujeta a qué limitaciones, en qué contexto y en qué esquema, si se acogiera la indicación? Entre otras, la autoriza a enajenar, propendiendo a tener la mayoría del capital social o de las acciones. O sea, le está colocando una modalidad a la autorización. Y si le pone esa modalidad, obviamente que el término "propender", o "propensión", no es indiferente. Porque el ejercicio de la facultad tiene que ajustarse a todos los extremos en que ella está concebida, y no escogiendo los que pudieren parecer favorables y despreciando los que no lo son.

Creo, finalmente, que las cosas tienen que ventilarse muy claramente, y que si se trata de contener una limitación, en términos accionarios, a esta facultad de ejercicio, así debiera decirse. Y si no se trata de eso, también debiera expresarse.

Mi intervención no tiene otro sentido que, de alguna forma, polemizar con otros Honorables colegas, que han aludido más bien al carácter inocuo que tendría la palabra "propender". Yo, por el contrario, sin pronunciarme en un sentido o en otro respecto del contenido mismo de la indicación, pienso que la palabra tiene una significación jurídica que importa un mandato de la ley. V Que, en consecuencia, no es irrelevante, y que no da lo mismo aprobar la iniciativa diciendo que CODELCO "propenderá", que no expresando eso.

He dicho.

La señora SOTO .-

Muy brevemente quiero señalar que la expresión "propenderá" no es inútil, porque, además, la ley no es un concepto abstracto, sino que tiene un contenido moral que en este momento constituye el imperativo.

Voto a favor de la indicación.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , en 1971 me correspondió votar por la nacionalización del cobre, y hoy día ratifico el mismo concepto.

Aunque reconozco que el término "propenderá" no es el más afortunado, por lo menos, según las explicaciones dadas aquí, inclinan la orientación que esta normativa entrega a CODELCO.

Por esas razones, ratifico la indicación y la voto favorablemente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , estoy en absoluto desacuerdo con la indicación. Creo que este tipo de normas tiende a desfigurar la amplitud de negociación de una empresa del Estado. En este caso, de acuerdo con el mandato del decreto ley N° 1.167, se requiere la autorización del legislador para enajenar; de modo que dicho texto legal constituye ya una limitante. Pero, una vez otorgada esta habilitación para enajenar, a mi juicio la negociación debe entregarse a CODELCO, como empresa del Estado, con amplia capacidad para negociar en las mejores condiciones posibles.

Por lo demás, señor Presidente, atribuir al capital accionario un valor tan importante al punto de que esto quede establecido en el texto, significa desconocer que en una sociedad hay otros elementos tan importantes, o más, que dicho capital accionario.

Por otra parte, tal como se recordó con anterioridad durante el debate, el proyecto contempla facultades para el socio CODELCO de tal magnitud, que realmente resulta irrelevante que su participación accionaria sea o no mayoritaria.

En todo caso, señor Presidente, estoy pareada con el Senador señor Gazmuri, así que no voto.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , deseo expresar dos pequeñas cosas respecto de la fundamentación del voto de algunos señores Senadores y de algo que con anterioridad dijeron Sus Señorías.

En verdad, coincido mucho con el Honorable señor Vodanovic en el sentido de que no podemos engañarnos. Este proyecto no es la culminación de la nacionalización del cobre de Chile. Y no usemos sesgos para resguardar ideas que no quisiéramos, quizás, defender frente a personas que nos están escuchando. La iniciativa pretende privatizar pertenencias ociosas de CODELCO-Chile.

Además, estimo que la palabra "propenderá" significa poner -como lo expresó muy bien el señor Ministro -, en alguna medida, cierta cortapisa a eventuales inversionistas extranjeros en proyectos mineros, teniendo presente que CODELCO-Chile no cuenta con capitales de inversión.

También resulta importante recordar en la Sala que el crecimiento de la producción del cobre en el mundo no depende de esa Corporación. Si nuestro país no le abre las puertas al capital extranjero, serán otros los que lo hagan para que inviertan y exploten cobre en su territorio. El crecimiento de la producción mundial del metal rojo no depende de la voluntad del Gobierno, ni del Parlamento, sino -como bien lo señaló el Senador señor Calderón - de los intereses de las empresas transnacionales también, que, a diferencia nuestra, sí poseen capitales ociosos capaces de desarrollar proyectos en la minería del cobre que, si no se los recibe Chile, los llevarán a otros países.

Porque creo que debe dictarse una ley limpia, en términos de las atribuciones de CODELCO-Chile -no soy contrario a la indicación-, y por los motivos que di denantes, en el sentido de que es una norma simplemente declamatoria, voto que no.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , soy muy contrario a la formación de sociedades mixtas, porque, a mi entender, es una de las peores formas de asociación del Estado con los particulares.

Cuando hay tareas que deben asumirse con la coordinación del mismo y de particulares, existen otras fórmulas mejores que la constitución de sociedades mixtas. El Estado puede ser propietario de algunos elementos y licitar otras acciones; pero formar ese tipo de sociedades representa una fórmula en la que normalmente el Estado sale perdedor.

Para que salga menos perdedor, voto en contra.

El señor JARPA.-

Señor Presidente comparto lo expresado por el Senador señor Prat , en el sentido de que resulta inconveniente crear este tipo de sociedades entre intereses del Estado y de particulares, porque se deriva con mucha facilidad al contubernio política-negocios.

En este caso, el término "propenderá" es una orientación, y no una obligación. Me parece que, si han de existir esas sociedades mixtas, deben establecerse los requisitos máximos para que los intereses del país queden resguardados.

Por lo tanto, voto a favor.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , como señalé hace unos instantes, considero que, si bien es propio de normas de carácter constitucional establecer disposiciones que son un consejo al legislador, no es propio de éste otorgar a través de la ley normas que impliquen una recomendación a la ciudadanía.

Por esa razón, voto que no.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , ya hice presente que, a mi juicio, la norma en debate no agrega nada a la ley en proyecto, por cuanto en el inciso segundo se protegen ampliamente los derechos de CODELCO, toda vez que al accionista minoritario se conceden todas las facultades que confiere la Ley de Sociedades Anónimas, colocándolo en un situación casi igual al del socio mayoritario.

En consecuencia, por estimar superflua la indicación, voto que no.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Quiero señalar que, a mi juicio, la disposición, lejos de favorecer lo que se pretende, puede perjudicarlo.

En la constitución de una sociedad, asociación o comunidad que pudiere existir en el futuro, no sólo existe el elemento de la mayoría de las acciones, sino la participación en las utilidades y en la administración; y la designación y la participación de los trabajadores. Y al referirse aquí exclusivamente a un elemento, cual es la calidad de socio mayoritario, se está dando, a mi parecer, una mala orientación, porque podría ser, en muchos casos, más importante una participación mayor en el manejo, en las utilidades y en la designación de ejecutivos y de trabajadores.

Por esa circunstancia, voto que no.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, yo firmé la indicación. Y quiero destacar que, a mi juicio, la actitud de los trabajadores de CODELCO en relación con ella, ha sido generosa. Ellos pidieron a los señores Senadores que la suscribimos, que apoyáramos su posición en el sentido de que CODELCO propenda a mantener la fuerza que le ha significado constituirse en una de la primeras empresas del país. No solicitaron a los Parlamentarios de la Concertación auspiciar una indicación que dijera que CODELCO "deberá" tener la actitud siempre y permanente, sino que se conformaron con una actitud o expresión de voluntad de CODELCO.

Me complazco profundamente esta tarde de suscribir la argumentación dada aquí, en el Senado, por el Honorable señor Jarpa para votar afirmativamente la indicación.

En consecuencia, voto que sí.

Corresponde tratar la indicación renovada por los Senadores señores Gazmuri , Calderón , Núñez , Frei ( doña Carmen) , Frei (don Arturo) , Ruiz (don José) , Soto , González , Sule y Lavandero para sustituir en el artículo 3° la frase "no estén dentro de los rangos de explotación con que la Corporación Nacional del Cobre de Chile opera normalmente", por la siguiente: "estén dentro de los rangos de explotación con que opera normalmente la pequeña minería del cobre en Chile".

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , fundamentaré el voto.

Por la vía del artículo 3°, se puede estar desnacionalizando el cobre. Creo que es una verdad indiscutible. Porque se traspasan yacimientos de menos de 75 mil toneladas métricas anuales. En ese rango las minas tiene mucha importancia. Tan así es que de los 10 proyectos con las sociedades más grandes que actualmente posee el país, siete están, precisamente, muy por debajo de aquella cantidad.

Por consiguiente, aquí se trata de traspasar a ENAMI, para explotar, licitar, asociaciones con terceros y también con la pequeña minería. Nosotros, no suponemos que exista sociedad con la pequeña minería. En ese sentido hemos efectuado propuestas al respecto. Sin embargo, quiero dejar esto en claro para la historia de la ley. Veremos más tarde qué pasa. Porque, por esta vía, podemos entregar importantes yacimientos dentro de la mediana minería, pero con una gran relevancia, pues son de interés para las empresas transnacionales.

Entonces, no se explica el porqué. Acaba de aprobarse una indicación en la cual se plantea el problema de la asociación. Si lo más importante es asociarse, ¿por qué razón se entrega la posibilidad a ENAMI y no se la deja reservada a CODELCO, precisamente para que ésta sea una empresa con la fuerza necesaria a fin de seguir siendo la industria líder de la actividad del cobre en el mundo?

Creo además que, si hay un artículo que necesita transparencia de parte del legislador es, puntualmente, éste.

Por lo tanto, creo que debe limitarse muy bien el rango de transferencias a ENAMI. Y nuestras indicaciones tienden a eso.

Deseo señalar igualmente que hemos hecho nuestras, dos proposiciones del Honorable señor Pérez , por parecemos justas; por estar referidas a la pequeña minería; porque plantean entregar esos yacimientos a nacionales y no a extranjeros. Y si hubiésemos limitado la transferencia a ENAMI, podríamos haber sentado las bases para una gran ayuda a la pequeña y mediana minería, lo que no se consigue con el proyecto del Gobierno.

Por las razones dadas, apruebo la indicación.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, nosotros hemos firmado esta indicación. A los argumentos que acaba de señalar el Honorable señor Calderón, debo agregar que el mismo artículo que estamos aprobando -al cual hemos incorporado este inciso- en una de sus partes dispone que se trata de recursos mineros potenciales y eventuales; vale decir, CODELCO todavía no conoce exactamente la cuantía, el valor ni la importancia de esos yacimientos.

Por eso, desde nuestro punto de vista, además de facilitar el desarrollo de la propiedad minera y el acceso a ella de un conjunto importante de pequeños mineros -que hoy no lo tienen-, estamos poniendo una suerte de regla de resguardo que permita mantener siempre en manos de CODELCO estos recursos que, por no estar suficientemente explorados en la actualidad, mañana, de serlo, pueden constituir mediana y gran minería.

Existen experiencias concretas al respecto. En varias regiones del país hay yacimientos en los cuales aún no se hacen prospecciones suficientemente desarrolladas, los cuales, con el tiempo, van a pasar de mediana a gran minería. Vale decir, una vez que se implementen mayores recursos financieros, casi con entera seguridad, muchos de ellos -como está ocurriendo con dos o tres que conocemos-, pasarán a formar parte, no de la mediana, sino de la gran minería.

Como decía, sin esta norma de resguardo, puede ocurrir lo indicado por el Honorable señor Calderón: que por esa vía estemos traspasando a ENAMI propiedades que, eventualmente, pueda explotar CODELCO.

Por lo anterior, voto afirmativamente.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , defendí una indicación, por el rol que cumple CODELCO en la gran minería. Y por creer que ése es el elemento básico, no coincido con esta otra indicación, pues afecta la posibilidad de que CODELCO traspase a ENAMI -empresa estatal- yacimientos de envergadura y con carácter de mediana y pequeña minería, discriminación que no me parece apropiada, sobre todo por lo dicho anteriormente en cuanto a que en la Región que represento existen organizaciones de pequeños propietarios dispuestos a unirse para explotar, con carios nacionales, otorgándoles créditos para que ENAMI debiera licitar a los empresarios nacionales, y otorgarles créditos para que puedan funcionar, lo que en la actualidad no ocurre en la forma debida. Pero ése es un tema que tendremos que analizar en la perspectiva del rol de esa empresa.

Por otra parte -y para ahorrar tiempo al Senado-, anuncio que votaré a favor de la indicación siguiente, presentada por el Honorable señor Pérez , la cual me parece coherente con la visión que se tiene, al señalar que estos eventuales yacimientos deberían venderse, licitarse, con consulta a las asociaciones de pequeños y medianos propietarios.

En consecuencia, si con la indicación que estamos votando negamos esa posibilidad a los medianos, ¿por qué aprobar otra que establece que la licitación debe hacerse en tal sentido?

Por esas razones, voto que no a la indicación.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , el tema en debate se discutió mucho en la Comisión de Minería, llegándose a la conclusión de que era inconveniente expresar la idea de la manera propuesta en la indicación, y de que era mucho mejor dejar la norma como se encuentra en el artículo 3°, porque, en primer lugar, CODELCO puede determinar lo que conviene o no conviene traspasar a ENAMI, sin necesidad de precisar si es pequeña o mediana minería.

Por lo demás, en la indicación, se excluye a la mediana minería.

Por todas estas razones, voto que no.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

En seguida, la Sala debe considerar la indicación número 10, renovada con las firmas de los Senadores señores Pérez , Núñez , Gazmuri , Calderón , Romero , Frei ( doña Carmen) , Frei (don Arturo) , González , Palza , Soto , Sule, Ruiz (don José) , Hormazábal y Lavandero , para agregar los siguientes incisos nuevos al artículo 3°.

El señor NÚÑEZ.-

Por el mismo motivo, deseo decir que nosotros firmamos otra indicación -la número 9-; y aquí se trata de votar el primer inciso de la propuesta por el Honorable señor Pérez , que figura con el número 10.

Pues bien, según lo señalado por el señor Ministro de Minería , la indicación, en esos términos, limita la facultad de ENAMI y le genera un grado de inflexibilidad muy grande, pues lo único que podrá hacer en virtud de esta disposición será vender, en circunstancias de que, por su ley orgánica, tiene la posibilidad de explotar con terceros, de explotar por sí sola, asociarse con capitales extranjeros o nacionales, caso este último que está en nuestra intención.

En consecuencia, de aprobarse la indicación, estaremos convirtiendo a ENAMI en un mero pasadizo, en una entidad que no tendrá otra posibilidad que tomar estas propiedades de magnitud bastante mayor -de ahí la indicación que acaba de ser rechazada-, lo que constituirá un proceso muy peligroso, al no crearse un mecanismo que permita a ENAMI, a través de su ley orgánica -como lo señalé denantes en mi discurso-utilizar los recursos que ella le confiere.

Por lo anterior, voto en contra.

El señor HORMAZÁBAL .-

Seré muy breve.

Mantendré mi voto a favor de la indicación, por creer que el acto de constituir una sociedad para enajenar debiera ser parte de la actividad que ENAMI tiene que desarrollar para estimular la pequeña y mediana minería. He visto que en la actualidad se están licitando yacimientos de esa empresa, incluso en el exterior.

A mi juicio, es un tema que deberemos discutir. Y cuando estudiemos su ley orgánica, debemos procurar que ellos se liciten entre inversionistas nacionales, y que SONAMI juegue un rol activo como socio en esas empresas. Obviamente, si se constituyen sociedades con pequeños y medianos empresarios mineros de las regiones, la propiedad deja de ser de ENAMI como tal y pasaría a ser de la nueva sociedad que se forme.

Por las razones indicadas, voto a favor de la indicación.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , la filosofía del proyecto -se señala en el mensaje- es que las pequeñas y medianas pertenencias mineras de CODELCO sean traspasadas a ENAMI para que ésta, a su vez, las transfiera al sector privado. Pero la indicación no obliga a ENAMI a enajenar dichas pertenencias, sino a consultar, si lo hace, a las asociaciones gremiales respectivas. ¿Por qué razón? Porque, tratándose de la pequeña y mediana minería, existen empresas, como, por ejemplo, Mantos Blancos, de la mediana minería, que cuentan con un handicap muy grande para licitar las pertenencias, pues tienen equipos de geólogos, capital y la posibilidad de explorarlas.

Desde ese punto de vista, como una manera de favorecer a la pequeña y mediana minería, proponemos que la autoridad, en términos participativos -creo que a nadie puede asustar la palabra "participar"-, consulte a las asociaciones gremiales locales al momento de enajenar.

Es cierto lo que dice el señor Ministro de Minería en cuanto a que dos directores de ENAMI provienen de las asociaciones gremiales, pero también lo es que ellos son designados por la Sociedad Nacional de Minería, organización que, por así decirlo, agrupa preferentemente a las grandes y medianas empresas.

La indicación, entonces, tiene por objeto resguardar los intereses de la pequeña y mediana minería, particularmente de la pequeña, pidiendo al Gobierno que, al producirse la enajenación -que no es obligatoria, según el texto de la proposición-, se consulte a las asociaciones gremiales, de forma tal que, cuando se practique esta política de venta, participen y sirvan a los intereses de la minería de cada región.

Voto que sí.

El señor ALESSANDRI-

Señor Presidente , estimo que la indicación es loable, porque, indudablemente, siempre es conveniente oír a las asociaciones gremiales en este tipo de negociaciones. Sin embargo, pienso que la disposición debería estar en la ley de ENAMI y no en la de CODELCO. Además, es vaga. Dice: "consultando a las asociaciones gremiales". ¿Qué significa esto: que hay que preguntarles, o que ellas tienen que aceptar la enajenación de las respectivas pertenencias?

Por estas razones, señor Presidente , me abstengo.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , reitero -para que quede en la historia de la ley- que la indicación no implica obligación de enajenar. Su intención es que, al enajenar las pertenencias, se consulte a las asociaciones gremiales.

Más adelante hay una indicación (renovada con el número reglamentario de firmas) que obliga a enajenar en un plazo de dos años y que fue rechazada en la Comisión. Pero, repito, la intención de la que estamos votando es que, al enajenar, se consulte.

Por eso, voto afirmativamente.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , voto la indicación afirmativamente, pero, precisamente por las razones que dio el Honorable señor Pérez, votaré negativamente la otra indicación a que Su Señoría se refirió al votar.

Esta vez, voto que sí.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , yo estoy pareada, pero quiero hacer presente que, a mi juicio, la indicación requiere de quórum calificado para su aprobación, toda vez que importa una regla de excepción para una empresa del Estado, y las excepciones al régimen común de las empresas del Estado, según el artículo 19, número 21°, de la Constitución Política, deben ser aprobadas por quórum calificado.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , voy a fundar brevemente mi voto.

Pienso que la indicación es realmente confusa y que no facilita el objetivo que persigue. No queda claro si la consulta debe hacerse a las asociaciones que tienen su domicilio en la región o desarrollan actividades en ella. Y, en mi opinión, las normas legales tienen que mandar, prohibir o permitir en forma clara.

Por eso, voto que no.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No juzgo la intención de la indicación, porque siempre creo buenas las intenciones con que se formulan estas proposiciones. Pero de la lectura de la que se está votando, deduzco que se trata de una norma imperativa para ENAMI, la que, por lo tanto, deberá enajenar.

En segundo lugar, coincido con el Senador señor Jarpa en cuanto a que "consultar" es una expresión muy genérica y que no se sabe qué pasaría si la respuesta fuera negativa.

Por esas razones, voto que no.

En seguida, hay una indicación renovada por los Honorables señores Pérez , Calderón , Núñez , Romero , Palza , Soto , González , Sule, Ruiz De Giorgio y Lavandero , para agregar al artículo 3° el siguiente inciso final: "Enami propenderá a vender estas pertenencias al sector de la pequeña minería nacional.".

El señor NÚÑEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

En todo caso, independientemente de lo que resolvamos sobre la votación, lo concreto es que, sin embargo, este inciso segundo contiene un concepto distinto del que el señor Presidente señaló. En el inciso primero, la obligación de ENAMI de vender es absolutamente taxativa; dice "deberá enajenar". En el inciso segundo, en cambio, se expresa "Enami propenderá a vender", lo que es distinto.

En seguida, corresponde tratar una indicación renovada, suscrita por los Honorables señores Pérez , Piñera , Otero , Siebert , Cooper , Ríos, Feliú , Letelier , Mc-Intyre , Larre y Urenda "La Empresa Nacional de Minería, dentro del plazo máximo de 2 años contados desde la fecha del traspaso, deberá vender las pertenencias traspasadas, mediante pública subasta.".

El señor GONZÁLEZ .-

¿Me permite, señor Presidente?

Voy a contribuir a la aprobación de la frase propuesta, pero no veo por qué tienen que ser intereses dicotómicos los de la Corporación del Cobre y del patrimonio nacional. Me parece que son los mismos. No comprendo que haya que satisfacer en forma equitativa intereses que se identifican entre sí. Si yo hubiera estado en la Comisión, lo habría planteado de esa manera.

Sin embargo, lo apruebo igualmente.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , las explicaciones dadas por el señor Ministro vienen a confirmar la aprensión y el rechazo que particularmente me provocan las empresas mixtas.

Precisamente, sus aseveraciones ratifican lo difícil que es lograr que el Estado concurra a sociedades con particulares, sin perder con ello. No es sencillo lograr asociaciones debidamente transparentes, velando y cautelando siempre por el interés del Estado, cuando existen intereses que normalmente pueden ser contrapuestos entre esas dos partes.

Por eso, se ha llegado hoy día al concepto moderno en que el Estado fiscaliza, regula y controla, en tanto que los particulares son los que producen y crean la riqueza.

Hemos planteado esta indicación con el objeto de que la ley resultante de este proyecto sea, según lo entiendo, un paso transitorio hacia una meta a la cual, al final, hay que llegar. El desarrollo de Chile, y el de otras áreas de producción, irán quitando relevancia a la producción de cobre nacional, no porque ésta se achique, sino porque otras áreas de desarrollo van a crecer en tal magnitud que la incidencia porcentual de esta industria en la economía nacional va a bajar.

Se ha avanzado en esta materia. Hoy día, la exportación de cobre es del orden de un 45 por ciento de nuestras exportaciones; en 1970, hablábamos de un 80 u 85 por ciento, y no porque haya disminuido la producción del metal en este lapso, sino porque el país se ha desarrollado en otras áreas.

Tengo la confianza de que, cuando Chile esté debidamente desarrollado en otros sectores productivos, va a avanzar el criterio mayoritario en la opinión pública chilena en cuanto a que podemos ir desregulando la producción de cobre y entregándola a los particulares.

En el intertanto, considero válida esta ley, pero no definitiva. Es fundamental que en su implementación velemos por una debida transparencia de los pasos que aquí se den.

Cuando estamos hablando de proceder...

El señor NÚÑEZ .-

¿Me permite una pregunta, Honorable colega?

El señor PRAT.-

Adelante, señor Sena-

El señor NÚÑEZ .-

Muchas gracias, señor Senador.

Cuando Su Señoría señala que estamos frente a una ley meramente transitoria, y que debiéramos llegar a otra legislación, a una que exprese el objetivo final que, desde su punto de vista, existe, ¿estamos hablando, en concreto, de que nos dirigimos a privatizar también empresas tan importantes como CODELCO?

El señor PRAT. -

Creo, señor Senador, que podemos llegar a eso. Estimo que el mismo proceso de renovación mental, sociológica y conceptual en que la bancada de Su Señoría ha ido avanzando en este tiempo, va a hacer que lleguemos a coincidir en el futuro.

Queda contestada la pregunta.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor PRAT.-

El objeto de esta indicación, señor Presidente , es velar por la transparencia en las decisiones que se tomen en este proceso de formación de sociedades mixtas.

Creemos que es perfectamente posible compatibilizar el hecho de generar una transparencia por la vía de las licitaciones, y permitir que, a través de las bases de esas licitaciones, el Estado se reserve el derecho de elegir a los socios, como dice el señor Ministro.

Por lo tanto, la validez de esta indicación persiste, a pesar de las aprensiones del señor Ministro. Estimamos que se puede licitar y dejar la reserva para que, de entre los distintos oponentes, el Estado elija a sus socios. Pero la transparencia que genera un proceso de licitación es una necesidad a cuya satisfacción no podemos renunciar.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , esa primera indicación renovada no tiene sentido sin la siguiente. Porque, indudablemente, puede presentarse una situación...

El señor SULE .-

El Honorable colega Pérez está en lo cierto, señor Presidente.

El señor PÉREZ .-

...en que la licitación pública no sea lo más aconsejable y, entonces, en forma excepcional, mediante decreto fundado firmado por el Presidente de la República , CODELCO podrá usar un sistema de licitación privada, como se establece en la indicación posterior.

Desde ese punto de vista, propongo votar en conjunto las dos indicaciones renovadas.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , sin perjuicio de considerar razonable la sugerencia formulada, ya que ambas indicaciones contienen las ideas básicas en la materia, y, además, porque ella nos permite avanzar en el despacho del proyecto, estimo que no cabe hablar de falta de transparencia.

Debo recordar que el Directorio de CODELCO está integrado por destacados representantes de organizaciones de trabajadores, de instituciones militares y del Gobierno, y que, asimismo, está sometido a la supervigilancia de la Contraloría General de la República y a la fiscalización de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, no procede atribuir al sistema de licitación privada el carácter de un medio destinado a evitar algún elemento reducido o secreto que se daría a nivel del Directorio, el cual, como dije, por la representación que invisten sus miembros, en el marco de nuestra sociedad democrática, garantiza que ninguna materia tan relevante como aquélla pueda discutirse al margen del interés nacional ni de los organismos encargados de cautelarlo.

Señalo esto, a fin de dejar establecida la transparencia y calidad del conocimiento de los temas que se debaten.

Con relación a las indicaciones, soy partidario de votarlas en conjunto.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , lamento discrepar de lo expuesto por los Honorables colegas, pero pienso que estas dos indicaciones renovadas -las números 14 y 15- al artículo 4° deben votarse en forma separada.

A mi entender, no es posible licitar públicamente la condición de socio, para la cual es determinante el factor "intuito personae", que no puede resultar de una licitación pública. En cambio, sí cabe llamar a una licitación privada, donde el que va a licitar escoge a dos, tres, cuatro personas que reúnen los requisitos exigidos y entre ellas llega a un acuerdo.

Por eso, estoy en contra de la indicación N° 14 y a favor de la N° 15, aunque su redacción no sea lo más apropiada.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , cuando se habla de licitar, no es cuestión de poner un aviso preguntando quién quiere ser socio. Naturalmente, el dueño del negocio que busca capitales es el que fija las condiciones; no los otros. Y en cualquier negociación tendiente a constituir una sociedad, tiene mejores posibilidades el dueño de la base de producción, que en este caso son las minas de cobre. En consecuencia, no me parece imposible establecer los fundamentos de una sociedad anónima y licitar las acciones para enterar el capital.

Por consiguiente, voto que sí.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La indicación N° 15, renovada también por los Senadores señores Sinclair , Pérez , Jarpa , Larre , Romero , Ríos, Siebert , Feliú , Letelier y Thayer , consiste en agregar un artículo nuevo a continuación del 4°.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , voy a votar favorablemente esta indicación. Por lo tanto, mi voto cambia. Y la razón que tengo para ello es que pese a ser un artículo aislado, se sustenta a sí mismo, aunque la redacción no sea óptima.

¿Qué establece este nuevo precepto? Que CODELCO, que puede actuar de muchas maneras, también podrá hacerlo por licitación privada. Y ésta constituye una forma de operar que, a mi juicio, es procedente incluso en los casos de formación de sociedad.

Nada más.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente , esta indicación es incongruente sin la anterior, porque comienza diciendo: "En forma excepcional", en circunstancias de que, por haberse rechazado la otra indicación, la licitación privada deja de ser excepcional y pasa a ser la norma general.

A fin de evitar esa incongruencia, voto que no.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , en mi opinión, esta indicación es improcedente. Creo que no tiene relación con el mérito propio del proyecto en debate, sino que está referida, fundamentalmente, a cómo CODELCO trabaja con el sistema de licitación privada.

Por eso, voto que no.

El señor PÉREZ .-

Reconozco que esta indicación queda trunca debido al rechazo de la anterior; pero, teniendo presente que queda otro trámite y que podría constituirse una Comisión Mixta, donde podrá corregirse el aspecto gramatical, voto que sí, señor Presidente.

La señora FREI.-

¡Esperamos arreglar varias cosas en la Comisión Mixta!

La indicación N° 19, renovada con las firmas de los Senadores señores Palza, Gazmuri, Calderón, Núñez, Frei (doña Carmen), Soto, Frei (don Arturo), Ruiz, González, Hormazábal, Sule y Lavandero, consiste en reemplazar el punto aparte del inciso primero del artículo 6° por una coma (,) y agregar el siguiente texto: "ni estén comprendidos dentro de los planes de expansión ni reposición de éstos.".

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , me parece que éste es un tema pertinente. Sé que en el plazo reglamentario no se alcanzaron a renovar las indicaciones al artículo 5°, pero éste plantea una situación que escapa a la voluntad tanto del Gobierno como de los integrantes de la Comisión de Minería. La preocupación constante ha sido dar a CODELCO la flexibilidad necesaria para operar, dentro del marco de acentuar su presencia en las asociaciones que se constituyan. Sin embargo, la interpretación del inciso final puede crear un problema, ya que expresa:

"La Corporación Nacional del Cobre de Chile no podrá desprenderse de la totalidad de tales acciones, derechos, cuotas o participaciones, salvo expresa autorización por ley.".

Esto deja abierta la opción de que a CODELCO le bastaría quedar con una sola acción para dar cumplimiento a la norma legal, lo que escapa al concepto con que el Ejecutivo ha presentado el proyecto.

Por eso, me permito solicitar al señor Ministro (con quien abordamos el tema) que dé su opinión en la Sala respecto de la forma en que pudiéramos resolver esa dificultad.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , no sé si por unanimidad podrían suprimirse las palabras "de la totalidad". De ese modo, el inciso diría:

"La Corporación Nacional del Cobre de Chile no podrá desprenderse de tales acciones, derechos", etcétera.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, me preocupan las expresiones del señor Ministro.

De todo lo dicho acá habíamos adquirido el convencimiento de que existía una garantía amplia en cuanto a que CODELCO jamás iba a realizar un negocio inadecuado, sobre todo por las intervenciones -que señaló denantes, en forma muy precisa, el señor Hamilton - del Presidente de la República , de los Ministros y de la Corporación Nacional del Cobre. Sin embargo, los requisitos que para tal efecto consagra el artículo 4° -que son los que otorgan a la ciudadanía y al Senado la garantía aludida- al parecer no sirven para nada en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°, el cual permitiría a las mismas autoridades, por la vía de cumplir prácticamente iguales requisitos, burlar el objetivo de los anteriores.

En todo caso, no creo que sea tan peligrosa la disposición, porque cabe suponer que las autoridades -el Presidente de la República y los Ministros- van a resguardar debidamente el interés nacional. De modo que no considero tan grave lo que ha sucedido. Lo que pasa es que ahora, para desprenderse de la totalidad de los derechos, se requiere, además, una ley.

Reitero que preocupa que las exigencias del artículo 4°, que eran tan importantes, que nos tranquilizaban en cuanto a que no serían inadecuadas las enajenaciones que se realizaran o las sociedades que se formasen, no servirían, ante la posibilidad que abre el artículo 5°, que determina los mismos requisitos con otra consecuencia.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , estimo que las condiciones de seguridad establecidas son razonables, y ellas son mencionadas por el propio artículo 5°.

No obstante, es muy trascendente el proceso que estamos viviendo en el sentido de que el Gobierno escucha sugerencias y observaciones sobre la materia. Por lo tanto, dado que no se ha producido la unanimidad requerida para estos efectos, me basta lo señalado por el señor Ministro , en orden a que, en uso de su derecho, el Ejecutivo nos propondrá oportunamente un cambio que recoja el sentir que algunos señores Senadores le hemos hecho presente.

Como, reglamentariamente, no procede analizar el artículo 5°, porque está aprobado, sugiero continuar con el despacho de la iniciativa.

El señor CALDERÓN .-

Por mi parte, señor Presidente , considero que la indicación concreta el artículo 1° que hemos aprobado unánimemente, porque ésta es una mina propia de los planes de reposición.

En homenaje a que ya se ha discutido latamente este proyecto, quiero leer parte de la argumentación que los trabajadores del cobre han expuesto en una carta enviada al Presidente de la República. Me interesa que quede constancia de ella en la historia de la ley. Plantea lo siguiente:

"Chuquicamata tiene vida útil limitada. Se calcula que tendría productividad por 15 a 20 años más.

"Para compensar su agotamiento minero y ocupar los equipos que irán quedando vacantes, los Ejecutivos previsores que se han sucedido en la División han estado preparando El Abra durante veinte años y de ahí que esté en condiciones de ser explotada de inmediato desde el punto de vista geológico, minero y metalúrgico. Como tiene escasa sobrecarga, la remoción de material estéril sería corta y expedita. Su cercanía a Chuqui (40 Km.) constituye otra ventaja adicional de gran importancia.

"Con la puesta en marcha de esta mina se podrían absorber unos 1.000 trabajadores de Chuquicamata, dándole a esa División necesaria estabilidad laboral, así como incremento inmediato de productividad.

"El Abra contiene 406 millones de TM de óxidos con 0.73% de ley y 1.200 millones de TM de sulfuras con 0.58% de ley. Fue evaluada en 1981 y estuvo a punto de ser licitada, pero en aquel entonces no se disponía de las fuentes de agua hoy existentes en el Salar de Ascotan y en la quebrada Las Perdices y que pueden entregar de 1.000 a 1.500 Its/segundo.

"Su gran ventaja es que contiene 3 millones de TM de cobre fino en estado de óxidos, los que pueden ser explotados por medio del proceso hidrometalúrgico"...

He leído sólo parte de las argumentaciones técnicas contenidas en la carta, que me parecen importantes y que no han sido contestadas.

Creo que la ley debe concitar el consenso nacional. Así fue explicitado en el mensaje del Presidente de la República. Y quiero recordar al respecto algunas palabras que el señor Noemi pronunció en Chuquicamata en el sentido de que una empresa moderna no puede surgir si no cuenta con la confianza de sus trabajadores.

El señor Ministro nombró otros minerales que forman parte de los yacimientos de reposición. Eso es positivo. Pero también planteó una asociación mayoritaria en El Abra, en circunstancias de que la posición contraria de los trabajadores ha sido reiterativa.

Creo que este alegato puede servir para que el Gobierno tome en cuenta la posición tan unánime de los trabajadores del sector. Y a mi juicio, si no lo hace y no se incluye ese mineral entre aquellos a cuyo respecto CODELCO no puede asociarse -debe mantenerlos, precisamente para seguir siendo una empresa líder-, habrá movilizaciones continuas en el Cobre. Así lo han señalado los trabajadores. Porque consideran que El Abra es fundamental. Incluso, creen que la ley en proyecto se ha hecho para no mantener ese yacimiento en el seno de CODELCO.

Ninguno de los Parlamentarios presentes tiene todos los antecedentes necesarios sobre este importante mineral. Por lo tanto, creo que debe quedar abierto el debate, cualesquiera que sean los resultados a que se llegue en esta indicación, a fin de ver si es de interés nacional que dicha mina se mantenga en CODELCO o sea objeto de una asociación en que aquélla participe mayoritariamente.

Personalmente, estoy con la posición de los trabajadores, y apruebo la indicación. Estimo que el Gobierno debe tomar en cuenta los antecedentes técnicos a que he hecho referencia, sea cual fuere el resultado de la votación.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , a estas alturas del debate, creo que la indicación en análisis resulta muy ilustrativa.

En primer lugar, quiero destacar la actitud del señor Ministro de Minería , quien en la sesión anterior, avanzando un poco más en lo que es el criterio del Gobierno, tuvo la gentileza de clarificarnos y entregarnos antecedentes adicionales respecto de las minas que van a mantenerse en explotación por CODELCO. El señor Ministro , el señor Subsecretario y el señor Presidente de CODELCO han proporcionado toda la información que se les ha requerido. Examinando los dos informes, encuentro que en el primero, de sobre cien páginas, hay más de un tercio en que los representantes del Ejecutivo hablan de los planes que tienen, de lo que van a hacer y de lo que piensan respecto del tema del cobre.

Valoro altamente que el señor Ministro nos haya manifestado de nuevo su posición de mantener algunas de las minas contempladas en la indicación como parte de lo que explotará CODELCO. Y, desde mi punto de vista, también es importante la definición del Gobierno respecto al criterio mayoritario de la asociación en El Abra.

Adicionalmente, agradezco una vez más a la Confederación de Trabajadores del Cobre los antecedentes técnicos que acompañó a diversas presentaciones, pues nos permiten tener una visión de lo que sucede en cada una de esas minas. A partir, por ejemplo, de la información que entregaron los propios trabajadores, creo que el caso de Altamira correspondería a un nivel distinto del de la gran minería del cobre.

Tengo ante mí el cuadro N° 1, "Resumen de las Minas de Reposición de CODELCO", elaborado por el señor Donoso , gran ingeniero, quien ha prestado grandes servicios al movimiento sindical. Aquí se dice, por ejemplo, que mientras El Abra tiene 1.622 millones de toneladas métricas de reservas, Altamira , sólo 12 millones. Para aquélla se calcula una producción potencial de 150 mil toneladas métricas anuales; en cambio, para Altamira , una de sólo 10 mil.

De estos antecedentes surge la legítima inquietud respecto a si Altamira correspondería o no al plano en que algunos pensamos que debe manejarse CODELCO.

No obstante ello, señor Presidente , voy a respaldar esta indicación, porque me parece que complementa la posición del Gobierno. Y creo que mi aporte como Senador democratacristiano -compartido por varios Honorables colegas de esta bancada que han suscrito aquélla- es decirle al Ejecutivo que nos satisface el paso aquí señalado respecto de El Abra, pero que, de acuerdo a los antecedentes técnicos expuestos, nos parece que este mineral debería ser explotado ciento por ciento por CODELCO,...

El señor SULE .-

¡Muy bien, señor Senador !

El señor HORMAZÁBAL .-

...haciéndolo compatible con el desarrollo de esa gran empresa que va a ser la mina Radomiro Tomic. Y, si existe un problema de recursos, pienso que el Estado chileno puede aprovechar la capacidad e imaginación de muchos de sus personeros. Por ejemplo, en vez de colocar recursos de las AFP -que son de largo plazo- en el extranjero, podría intentarse su utilización en inversiones de este carácter en el país, que redundan tan positiva y significativamente en su beneficio.

Señor Presidente , no cabe duda de que el debate sobre este tema no puede agotarse. En la democracia, las leyes tienen un sentido: son la expresión de los órganos que la soberanía popular ha elegido. La ley que aprobemos, cualquiera que sea el destino de la indicación, tendrá carácter obligatorio para todos los chilenos. Y cada sector -me incluyo- buscará, por ejemplo, en el caso de El Abra, hacer llegar al Gobierno los antecedentes que recoja para favorecer su explotación ciento por ciento por parte de CODELCO. Pero, sin lugar a dudas, el aporte que hacen los trabajadores del cobre, los supervisores, la gente de CESCO, los ingenieros de minas y otros personeros que han estudiado el tema podrá contribuir a perfeccionar la decisión que CODELCO tomará en su momento.

Por las razones expuestas, y por considerarla un complemento a lo que el Gobierno ya ha avanzado, varios Senadores democratacristianos que suscribimos la indicación la votaremos favorablemente.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, estando ya casi en los minutos finales de la discusión de este proyecto, quiero decir un par de palabras para fundamentar mi voto.

Durante todo el debate, he tenido presente la importancia de la iniciativa con relación a dos grandes objetivos nacionales. El primero, mantener la significación del cobre como riqueza básica en nuestro desarrollo; y el segundo, conservar en vigencia la enorme representatividad que la Confederación de Trabajadores del Cobre tiene como interlocutor válido en la discusión de estos proyectos.

Me parece enaltecedor que parte importante del debate haya estado fundada en opiniones de un organismo cuya representatividad nadie discute. Sin embargo, debemos ser bien claros y precisos.

La estructura institucional de CODELCO entrega una representación en su Directorio a la Confederación de Trabajadores del Cobre. En un punto como éste, se trata de una cuestión decisiva de administración de la empresa: hasta dónde dispone de recursos para explotar simultáneamente dos, tres o cuatro yacimientos con determinada significación.

Por lo que expresó aquí el señor Ministro de Minería , entiendo que no está dentro de los planes de CODELCO la posibilidad de llevar simultáneamente la explotación tanto como hubieran deseado los trabajadores.

En este punto concreto, atinente a una decisión de una empresa nacionalizada y que está en manos de autoridades responsables, respetables y confiables, creo que sería una manifestación de desconocimiento de su responsabilidad imponerle un ritmo de trabajo que vaya más allá de lo que ella misma estima factible y oportuno.

Es por ese motivo que en esta materia apoyo el punto de vista del Gobierno. Por consiguiente, rechazaré la indicación.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , a mi juicio, la indicación que se discute en este momento es absolutamente inconstitucional.

Desde el punto de vista de la Carta y del Derecho Político, corresponde al Congreso Nacional aprobar leyes, que son reglas generales de conducta, y al Poder Ejecutivo, administrar el país.

Ahora bien, dentro del Poder Ejecutivo están comprendidas las empresas del Estado, calidad que tiene CODELCO. La administración en materia de empresas del cobre corresponde, por ley, a esta Corporación. La determinación de si una actividad se realiza o no y de la oportunidad en que ello se hace es propia de la Administración. En el caso de que se trata, es propio de la Administración, de CODELCO, y no de la ley, determinar si se explota una mina primero; con qué intensidad; si se invierten más recursos o menos; si se ocupa mayor o menor cantidad de personal, etcétera.

Esos principios generales del Derecho Político están plasmados en la Constitución de 1980, que, de manera perentoria, establece en su artículo 60 que "Sólo son materias de ley:" ...Es decir, no hay otras. Y el número 20) del mismo precepto señala: "Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.".

La enumeración anterior que contiene el citado artículo 60 estipula una suma de normas de carácter general.

Hace excepción a ese régimen el decreto ley N° 1.167, que también tiene rango constitucional y que, en virtud de la disposición tercera transitoria de la Carta, está vigente. Ese cuerpo permite al legislador, por excepción, dictar una norma de carácter particular, y no general, para autorizar la enajenación. En este caso, el proyecto de ley en trámite autoriza la enajenación de yacimientos que se encuentran en determinada condición jurídica. Pero establecer que yacimientos, precisa y determinadamente, señalados con su nombre, no serán objeto de enajenación es invadir el campo propio de la Administración.

Por eso, señor Presidente , estimo que la indicación, además de ser abiertamente inconstitucional -contraviene el artículo 60 de la Carta-, es muy inconveniente. Y me parece que el debate habido en esta Sala demuestra su inconveniencia. Se discute si debe haber mayor o menor cantidad de toneladas. ¡Estos son aspectos técnicos y administrativos que deben ser procesados y ponderados por la Administración! Si lo hiciera el legislador, carecería de los elementos de juicio necesarios para elaborar una normativa responsable, pues se trata de una tarea ajena a su quehacer. Estos antecedentes son propios de la Administración, la que, desde el punto de vista político, responde ante la Cámara de Diputados, y desde el administrativo, ante los organismos de fiscalización.

He dicho.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , con relación a las observaciones que acaba de hacer la señora Senadora que me antecedió en el uso de la palabra, sólo quiero recordar que la ley que nacionalizó los yacimientos de cobre los señaló expresamente. Y en ese instante no hubo dificultad alguna para enumerar aquellos...

La señora FELIÚ .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor NÚÑEZ.-

Con todo gusto, con la venia de la Mesa.

La señora FELIÚ .-

La verdad es que la ley N° 17.450, que nacionalizó los yacimientos cupríferos, señaló el sujeto al cual se iban a aplicar ciertas normas: se refirió a las empresas de la gran minería del cobre, y mencionó expresamente a la Compañía Minera Andina; pero no estableció disposiciones de excepción a empresa determinada.

El señor NÚÑEZ.-

En todo caso, independientemente de la validez que pueda tener la argumentación de carácter jurídico que acaba de hacer la señora Senadora , creo que aquí hay un problema más de fondo. En esta indicación hemos querido precisar cuáles son los yacimientos que, a nuestro juicio -me parece que hacerlo es un deber absolutamente insoslayable de nuestra parte-, deben estar incluidos en los planes de expansión o de reposición de los actualmente en explotación. Considero perfectamente factible señalarlos en esta indicación, la que, en nuestra opinión, no presenta dificultad alguna de carácter jurídico. Y estimo conveniente que, dada la importancia del proyecto en debate, individualicemos en él cada una de estas minas.

Me alegro de haber conocido la semana anterior el detalle de los yacimientos, de los que se encuentran en explotación, que serán considerados de reposición o de expansión. Nos satisface, obviamente, que estén entre ellos Chuqui Norte -hoy, Radomiro Tomic -, Chuqui Sur, Mansa Mina, etcétera.

Sin embargo, quiero señalar que por lo menos tres de esos yacimientos debieran merecer alguna consideración de carácter más especial. Por de pronto, Mina Vieja, de la División Salvador, es la antigua mina de Potrerillos, la que fue nacionalizada en su oportunidad por la ley N° 17.450, en 1971; en consecuencia, desde el punto de vista estrictamente jurídico constitucional, no debiera entrar, por esa causa, en asociación con terceros.

Estimo conveniente analizar concretamente tal hecho -y creo tener la razón-, porque cuando se legisló respecto de las divisiones pertenecientes a empresas extranjeras se hizo especial referencia al yacimiento denominado "Potrerillos".

En cuanto a Altamira -advierto que no contamos con todos los datos técnicos; y el señor Ministro , con justa razón, ha señalado que se encuentra en estado de evaluación-, no constituye, al parecer, una continuidad geológica del mineral Salvador y, según lo manifestaba un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, correspondería, por su magnitud, a los yacimientos propios de la mediana minería. Sin embargo, todo parece indicar, dadas las características de la prospección que se está realizando, que hay allí una gran mina. Por ello, estimo que, como medida de prevención, también debe ser considerada en el plan de expansión de la actual División Salvador.

El tema más complejo es, sin duda, el relativo a El Abra. Y, aun cuando estaríamos interdictos para referirnos a yacimientos como éste, quiero, por lo menos, señalar lo siguiente. Primero, es una mina que se conoce desde hace más de 20 años, donde el Estado ha hecho grandes inversiones, al extremo de que se ha anunciado -nos parece importante y positivo- que estaría en condiciones de asociarse con terceros como socio mayoritario. Sin embargo, creo que todavía no contamos con todos los antecedentes del caso. Y de ahí que al inicio del debate manifesté que habríamos deseado disponer de mayor tiempo para analizar estos temas. Nuestra información podría ser errada -no pretendemos ser poseedores de la verdad absoluta-, pero hemos tenido conocimiento de que existen posibilidades ciertas de que en tiempo relativamente breve el Estado cuente con los recursos necesarios para iniciar la explotación de ese mineral.

Un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra señaló que en las administradoras de fondos de pensiones existen recursos acumulados que podrían invertirse en muy buenos negocios. ¡Si hay tantas empresas realmente interesadas en El Abra, es por alguna razón! Porque, con entera seguridad, vislumbran allí una actividad rentable o lucrativa. Y no veo razón alguna para que, desde el punto de vista de los intereses del Estado, no podamos disponer de tales recursos, los que, a nuestro juicio, es perfectamente posible orientar de acuerdo con las nuevas disposiciones relativas al empleo de los fondos acumulados en las AFP.

Recientemente nos hemos impuesto de que, ante el éxito de nuestra política económica -culminó hace pocos días con la revaluación del peso-, el nivel de ahorro ha llegado a cifras extraordinarias, jamás pensadas hace algún tiempo. El señor Ministro de Hacienda sostuvo que estamos en condiciones de ahorrar un gran porcentaje del producto geográfico bruto, que puede llegar a mil millones de dólares en poco tiempo más, dado su brusco crecimiento, peligroso según técnicos que manejan nuestra política económica, pero que, con la debida autorización y regulación del Estado, podría invertirse en parte en El Abra, yacimiento que, por los datos de que disponemos y la información que hemos recabado, es altamente rentable. Estamos hablando de 406 millones de toneladas de óxido, y de más de 600 millones de toneladas de sulfuro. Si las empresas extranjeras que deseen invertir en ese yacimiento quieren hacerlo solamente en los óxidos -todos sabemos que requieren de menor inversión, por su más fácil explotación-, no veo razón para que nosotros, como Estado, no nos interesemos en explotar la parte constituida por óxido, donde no hay necesidad de efectuar todas las inversiones que se señalan.

Creo que es un dato técnico. Y -reitero- tal vez estamos errados. Pero debemos hacer un esfuerzo para considerar a El Abra, no entre los yacimientos de expansión de las actuales divisiones, sino como un mineral madre en torno del cual es factible constituir una nueva División de CODELCO. Es posible y lícito hacerlo; la ley orgánica de esta Corporación lo permite. Y no podemos seguir cerrados a lo que estableció casi como herencia la ley que nacionalizó el cobre, que consideró solamente cuatro divisiones, formadas todas por minas explotadas por empresas extranjeras. No veo impedimento alguno para que en el futuro podamos establecer una nueva División de CODELCO, cuyo yacimiento madre -repito- podría ser El Abra.

Por tales razones formulamos la indicación -podría ser inconstitucional; en mi concepto, no lo es-, y también para expresar nuestra preocupación -en gran parte satisfecha- en cuanto a que la ley debe incluir, ya sea en su historia o en su articulado formal, el detalle de los yacimientos que van a constituir parte de los planes de expansión de CODELCO. Porque todos sabemos que la minería no es, desgraciadamente, un recurso renovable; entonces, es incierta por sí misma. Y también estamos conscientes de que los mineros, al hablar de estabilidad laboral, no sólo están pensando en ellos, sino también en dos o tres generaciones. La mayor parte, por distintas razones, cree que sus hijos, si no ingresan a la educación formal, van a seguir sus huellas en la actividad minera. En consecuencia, cuando buscan estabilidad laboral -es una de las razones por las cuales hemos insistido en la necesidad de precisar los planes de expansión-, no lo hacen únicamente en función de sus requerimientos naturales y legítimos, sino también velando por sus hijos.

Por eso hemos estimado positivo el debate, ya que nos ha permitido precisar mucho más claramente que contamos con grandes yacimientos que darán vida a CODELCO en el futuro. Ojalá pudiéramos tener la seguridad de que dispondremos de yacimientos para 50 años más. A mi juicio -como ya lo he señalado-, vamos a tener dificultades con el cobre en ese lapso. Todo indica que en 35 a 50 años más este metal empezará a ser sustituido, principalmente por la fibra óptica. En consecuencia, debemos tener delineada una política para obtener el máximo posible del cobre, sin provocar, por supuesto, alteraciones muy violentas en su precio en el mercado internacional.

De ahí, entonces, que la indicación haya pretendido establecer con precisión cuáles son las políticas de reposición y lo que en el fondo nos interesa. Y es importante que las aclaraciones que he hecho respecto de Altamira, Potrerillos -o Mina Vieja- y El Abra sean consideradas desde las perspectivas que he señalado.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , pienso que cuando se está despachando una ley que posibilita la venta de minas o la formación de sociedades para su exploración y explotación, es posible establecer una excepción: "Se constituyen sociedades o se venden derechos sobre los yacimientos, con excepción" de tales o cuales. Creo que ello no es inconstitucional. Y excúseme, señor Presidente , por incursionar en un terreno de especialistas tan altamente calificados en este Senado. Pero me parece que es dable fijar una excepción ante la posibilidad de enajenar bienes del Estado.

Nos encontramos ahora frente a un proyecto que modifica fundamentalmente la política implantada en nuestro país hace veinte años, cuando, por acuerdo unánime del Congreso, se nacionalizó la gran minería del cobre. Y esto no es tan sencillo como parece, porque las proyecciones de este cambio pueden ser de enorme significación para el futuro del país.

Aquí se está autorizando la venta de bienes del Estado por sumas que pueden alcanzar miles de millones de dólares. Nosotros, señor Presidente , dentro de nuestro trabajo parlamentario, estamos acostumbrados a despachar proyectos, después de haberlos estudiado, que se refieren a gastos de unos pocos millones de pesos. Pero ahora, cuando se trata de sumas que no podemos ni siquiera calcular en este momento, no parece tan simple establecer una norma general e igualitaria para todas las minas, para todos los derechos, para todos los casos. No se estipula una fórmula concreta, sino algo muy vago: se da una autorización para asociarse. ¿Pero qué puede ocurrir, señor Presidente ? Por este camino podríamos volver a la situación que teníamos hace veinte años, cuando la gran minería del cobre de Chile estaba en manos de intereses extranjeros.

Se ha dicho, con razón, que capitales foráneos deben venir a impulsar el desarrollo de una mayor producción de cobre, en circunstancias de que no se ha estudiado si existen capitales chilenos en la cuantía necesaria -por ejemplo, en la mina Altamira, como aquí se ha señalado, los hay de AFP- para poder ejecutar proyectos medianos, al principio, con recursos propios.

Señor Presidente , desde el punto de vista de la soberanía nacional, del interés permanente de Chile, no es tan fácil pensar en entregar el manejo de la gran minería del cobre a compañías foráneas. Recordemos la situación que en el pasado se producía con las grandes empresas mineras extranjeras que operaban en Chile cuando había dificultades para colocar la producción de cobre o las ofertas del metal eran demasiado altas en el mercado internacional: se provocaba paralización o conflictos o disminución de las actividades en las minas chilenas, porque esas empresas privilegiaban mantener su producción, y a veces presionadas por sus Gobiernos, como ocurría con el de Estados Unidos, no la disminuían allá, sino en Chile, con perjuicio para nuestro país y, en particular, para los trabajadores.

Por consiguiente, no veo un grave inconveniente en aceptar hoy esta reserva, que la considero atinada y ajustada a la realidad, de eximir o de separar de la posibilidad de enajenación a determinados yacimientos mineros, lo cual no significa que nunca más se podrán enajenar o constituir alguna especie de sociedad respecto de ellos. Se trata de que en este momento empecemos esta privatización de los yacimientos de CODELCO en forma ordenada y moderada, y no nos lancemos con todos los que no están operando al mercado de los intereses foráneos de la gran minería.

Pienso, señor Presidente , que los ingenieros, técnicos y trabajadores chilenos dieron un ejemplo al mundo. Recuerdo que hace 20 años, cuando se nacionalizó la minería, dijeron: Chile desaparece como productor, porque sin los ingenieros extranjeros no podrán manejar las minas y se les cerrarán los mercados externos. En fin, hubo realmente una especie de campaña del terror en contra de la nacionalización. Y sus trabajadores, ingenieros y técnicos demostraron su capacidad; incluso, se pusieron a la cabeza del desarrollo de nuevas tecnologías en la metalurgia del cobre. Entonces, ése es también un capital importante que hemos ido acumulando, el que, sumado a los yacimientos, nos han dado una situación de primera importancia en la industria minera en el mundo entero.

No dudo, señor Presidente , de que con esas mismas capacidades y posibilidades de desarrollo de las actividades mineras, inclusive metalúrgicas en grado creciente, podremos continuar manejándonos por un tiempo más, mientras se aclara la situación de los capitales chilenos que ahora se encuentran buscando nuevas posibilidades de inversión.

No veo ningún inconveniente en que excluyamos hoy la posibilidad de venta de derechos o de yacimientos mineros a algunos de los que aquí se han señalado. Lo veremos más adelante.

Señor Presidente, existe la mejor voluntad -estoy seguro- de todos los sectores representados en el Senado para buscar siempre el bien del país y no el perjuicio de ninguna de las actividades productivas ni de ninguno de los sectores gremiales de trabajadores.

Por otro lado, cabe tener presente que aquí está envuelta una situación de soberanía y de defensa nacionales. Con razón las Fuerzas Armadas durante los últimos años se opusieron a desmantelar CODELCO y a la venta de sus yacimientos. Hay motivos suficientemente serios que debemos tomar en cuenta.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , ya hablé sobre la indicación. Ahora deseo referirme sólo al tema constitucional. Naturalmente, no soy versado en esa disciplina del Derecho. Quizás preferí discutir ahora el proyecto, porque me desagrada quedar con exámenes para marzo, como objetivamente en más de una oportunidad ocurrió.

Quiero aportar al debate constitucional la opinión entregada por un distinguido tratadista, don Alejandro Silva Bascuñán , en el informe a que he hecho mención respecto de otras materias. En la página 24 dice: "la promulgación de una ley de autorización de carácter general como la que se propone, no importa, por cierto, impedir que, en el futuro, según la forma como se ha empleado la habilitación concedida, pueda ella ser revocada o modificada según se crea conveniente o nuevamente se vuelvan a conceder autorizaciones de carácter singular y específico.". Y repito la última frase: "o nuevamente se vuelvan a conceder autorizaciones de carácter singular y específico".

Sin embargo, como aquí se ha expresado que la ley sólo manda, prohibe o permite, deseo enfatizar que, según mis recuerdos de estudiante, en los apuntes del señor Vodanovic de las clases impartidas por el distinguido académico señor Alessandri se objetaba la definición dada en esos términos, porque la ley es más que eso. Y el propio señor Silva Bascuñán nos reitera que la ley "puede otorgar la autorización" señalando "criterios, pautas, requisitos, formalidades, etc.". O sea, un tratadista de la envergadura de ese profesor manifiesta que la ley puede contener otros aspectos distintos de mandar, prohibir o permitir, que evoco de mis tiempos de estudiante, criterio que concuerda con algunas críticas que en ese tiempo se formulaban en Derecho Civil.

Pero, en cuanto al tema central -si se puede o no entregar, por ejemplo, autorizaciones de carácter singular-, estimo que pueden darse tales autorizaciones. En la página 8 de su informe el profesor Silva Bascuñán , cita el "decreto ley 2.128, de 21 de enero de 1978, por el cual" "se autoriza a la Corporación Nacional del Cobre para celebrar con la Compañía Minera Disputada de las Condes S.A. un contrato" especial.

Como puede aducirse, con razón, que esto es anterior a la vigencia de la Constitución de 1980, continúo citando ese informe: "Ley 18.083, de 9 de enero de 1982, que autoriza a la Corporación Nacional del Cobre para transferir a la Empresa Nacional de Minería" una serie de pertenencias "que cubren el yacimiento de Quebrada Blanca". Es decir, nuevamente singular: sólo las relativas a Quebrada Blanca.

Pero, a mayor abundamiento, ese informe agrega: "Ley 18.621, de 11 de junio de 1987, que autoriza también a CODELCO-Chile para dar en arrendamiento o celebrar convenios con terceros o aportar a una o más sociedades anónimas las pertenencias mineras que indica integrantes del yacimiento aurífero El Hueso y del yacimiento argentífero El Inca.".

Por lo tanto, señor Presidente , una opinión versada señala que se han dictado leyes de carácter singular que permiten adoptar una decisión como la que se está discutiendo. Y, sin perjuicio de respectar mucho los juicios jurídicos dados, considero que la indicación es plenamente constitucional. Y si se compartiera este criterio, procederíamos sólo a votarla.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , no me referiré a la parte jurídica ni constitucional de la indicación. Me parece que vale la pena centrarse más bien en la parte técnica.

La indicación que estamos viendo está directamente relacionada con los planes de expansión. Y ya ha sido mencionado lo tocante a la sustitución del cobre. Al respecto, pienso que lo que señalaba el Senador señor Núñez es bastante cierto: la sustitución no está tan lejana.

En nuestro propio país, hace pocos días -no sé cuánto tiempo-, ya se estaban adjudicando determinadas líneas de fibra óptica entre Santiago y Puerto Montt, reemplazando a cientos de kilómetros de alambre de cobre. Esta fibra óptica puede portar miles de líneas simultáneamente. Y recuerdo que no hace muchos años la principal vía de comunicación que llegaba a Chile fue el cable, que era excelente. Hoy los cables que existen en el Atlántico, entre Estados Unidos y Europa, son también de fibra óptica y guían miles de líneas.

Pero no sólo eso sucedía. Recuerdo, además, la ley del mar. Y una de las razones por las cuales no haya sido ratificada (desde 1982) por las grandes potencias, obedece a que no están de acuerdo en una organización internacional que les regule la explotación de minerales del fondo del mar.

Estas investigaciones han seguido avanzando. Recuerdo, asimismo, que no hace mucho estábamos muy preocupados de los nódulos. Creo que éstos están quedando atrás. Y ya se habla de verdaderas costras de metales, lo cual va a tener un significado muy importante para los estadistas y para CODELCO, pues será motivo de una especial preocupación por el futuro del cobre.

En estas condiciones la indicación en comento amarra más que permite a CODELCO y, en general, al Gobierno una política de cobre más abierta. Y recuerdo, por ejemplo, que en Chuquicamata las reservas están disminuyendo, no hay la menor duda. Mi familia vivió ahí; la casa donde vivimos y el hospital hace muchos años que desaparecieron. En esos mismos años, la ley del cobre era una figura diaria, que todo el mundo conocía: era 2 o más de 2. Hoy día está bastante baja. Y si la relacionamos con la de El Abra, veremos que no existe punto de comparación.

Por ello, las políticas del cobre que permitieron llevar a cabo todas estas investigaciones cercanas al área de Chuquicamata fueron muy buenas. Y, por eso mismo, la Mansa Mina como el yacimiento Radomiro Tomic son bastante buenos y de una excelente ley. Mientras, El Abra, que está a 40 kilómetros de Chuquicamata y a 4 mil metros de altura requiere -señalaba el señor Ministro - una inversión de 380 millones de dólares. Y yo estimo que la cantidad va a ser mayor. Son 380 millones que no tiene CODELCO. Y pienso que va contra nuestro interés, y no es conveniente, guardarse una mina que no sirve.

Por las razones expuestas, votaré en contra de la indicación renovada.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, es muy breve.

Quiero hacer presente que el Informe en Derecho de don Alejandro Silva Bascuñán -que es excelente- no se refiere al tema que es objeto de esta discusión.

Yo no tengo ninguna duda de que pueden establecerse, con nombres, los yacimientos mineros factibles de enajenar. Porque así lo indica una norma de rango constitucional, que es absolutamente excepcional. Y tan excepcional es que no se le puede dar el alcance de que, en virtud de ella, puede obligarse a CODELCO a explotar determinados yacimientos. Para eso no hay ninguna facultad. Ello es interferir en la Administración del Estado, en la administración de CODELCO, que es una empresa autónoma del Estado. Por eso, la indicación es inconstitucional.

Por consiguiente, señor Presidente -reitero-, el informe de don Alejandro Silva que se ha leído trata una materia distinta a la de esta indicación: se refiere a las autorizaciones para enajenar, y está reglada en el decreto ley N° 1.167, que es una excepción al artículo 60 de la Constitución Política.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , aquí se ha hablado de que la voracidad de inversionistas extranjeros poco menos que va a arrasar con nuestras minas. Y en ninguna parte del articulado he visto que se prohiba terminantemente a inversionistas chilenos asociarse con CODELCO. Formulo esta precisión porque en ninguna disposición de la iniciativa se excluye a los inversionistas chilenos de esa posibilidad.

En segundo lugar, el señor Ministro señaló muy claro que corresponde a CODELCO la facultad de elegir a sus socios. Por eso se rechazó una indicación en tal sentido también. Me parece que es lógico. Y se dio el ejemplo de Japón. Si en un momento dado un inversionista extranjero no le conviene a Chile, sencillamente lo rechaza o lo desecha.

En tercer término, quiero formular una pregunta, con la anuencia del señor Presidente, al señor Ministro. El señor Hamilton expresó que la inversión para poner en explotación y rendimiento la mina El Abra ascendía a 380 millones de dólares a lo menos, a los cuales se agregan un mil 400 millones de dólares que deben ocuparse en los próximos años para mantener en buen pie la producción a la gran minería chilena, de los cuales 430 millones de dólares se gastan este año. Por consiguiente, vamos sumando y sumando millones de dólares que nosotros no tenemos. Ese es el problema.

Concretamente, la pregunta es: si nosotros tuviéramos recursos propios -vale decir, CODELCO-, ¿en cuánto tiempo se podría empezar a explotar la mina El Abra? Si hay un aporte sustantivo de terceros para explotarla, ¿cuánto tiempo demoraría? Porque también el tiempo vale en la vida, señor Presidente.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , fundamentaré mi voto y haré, en forma muy breve, una exposición sobre algunos elementos que, a mi juicio, son importantes.

Se ha mencionado mucho la ley o el proceso de nacionalización del cobre, que se dio en un contexto determinado. Hoy -como se ha expresado- se vive otro ambiente, los vientos corren hacia otra parte. Y, por tanto, hallo justificadas las aprensiones planteadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre -que comparto-, por cuanto, conforme al clima existente en el país, es probable que nosotros decidamos colocar mayores resguardos que aquellos que se hubieran tomado en otra oportunidad.

Por eso, a mi juicio, considerando esa situación y la presencia de los trabajadores del cobre en el Senado -y hay que decirlo: muchas veces en los discursos se los alaba porque están presentes; pero, en otras oportunidades, no tanto, pues se dice que están muy preocupados de sus propios intereses-, yo los felicito. Como ex dirigente sindical, en su época, luché por defender el patrimonio del Estado, por apoyar a la ENAP, una empresa que, al igual que CODELCO, es tremendamente relevante para el destino del país. Y me alegro de haber escuchado hoy, de boca de importantes personeros, que se debe defender esas empresas porque con ello se está protegiendo al interés de Chile.

Lo anterior, a mi juicio, es importante que lo consideremos no sólo hoy en el debate de este proyecto, sino también en el de otras iniciativas que llegan al Senado, en las cuales muchas veces el patrimonio del Estado se pone en riesgo, porque nos dejamos llevar por una marea que actualmente existe con mucha fuerza en nuestro país y en el mundo.

Creo que debemos movernos con cautela -como se dice- en esta materia, y por eso, a mi parecer, no están de más los resguardos.

Por último, señor Presidente , quiero expresar que en un país como el nuestro, respecto del cual incluso las autoridades de la banca internacional manifiestan que no necesita más dólares y, al revés, que le sobran -tan así es que se anuncia, como se menciona en la Sala, que se estaría autorizando la inversión de recursos provenientes de las AFP en el exterior-, es conveniente considerar esa situación, al margen de la disposición legal que hoy discutimos aquí.

Es relevante que nosotros, como país, debatamos con amplitud el tema, y no sólo restringido a una disposición legal, para ver cómo se manejan los excedentes en dólares que existen en Chile y cómo, a lo mejor con esos recursos y sin producir ningún trastorno en el sistema económico vigente, podemos explotar minerales y, al mismo tiempo, con la participación responsable de los trabajadores del cobre, quizás aumentar su eficiencia y mejorar los niveles de productividad del cobre, de modo que esa riqueza, perteneciente a todos los chilenos, siga contribuyendo al desarrollo del país.

Voto a favor de la indicación.

El señor URENDA.-

Fundaré mi voto, señor Presidente.

Yo, al igual -creo- que todos los señores Senadores, estoy ansioso por que CODELCO siga desarrollándose con la mayor eficiencia posible, y ojalá su producción aumente en el futuro próximo en la misma proporción en que lo hizo en los últimos años.

Al mismo tiempo, tengo plena confianza en que quienes la administran y las autoridades pertinentes, resolverán las materias que les corresponden conforme al interés de CODELCO y del país, y usarán de las facultades, aquí concedidas, en forma eficaz.

Sin embargo, por esa misma circunstancia, me parece no estar en condiciones para determinar qué minas debe CODELCO explotar directamente y cuáles no. Confío en que explotará el máximo que esté a su alcance y que los recursos permitan. Pero, a mi juicio, no nos corresponde a nosotros decidir de cuáles minas se hará cargo y de cuáles no.

Por eso, voto que no.

El señor PALZA.-

Voto a favor, señor Presidente.

Y, como es la última indicación, quiero señalar que he atendido con gusto la petición de los trabajadores, porque considero que ellos, al igual que el Gobierno, desde sus puntos de vistas, están velando también por el interés nacional y por el futuro de esa importante empresa.

En el pasado, también nosotros hemos defendido el interés regional en otro tipo de empresa, como la ZOFRI, para lo cual, de la misma manera, contamos con la colaboración de todos los trabajadores, a fin de que esa palanca regional sea importante y continúe siéndolo en el desarrollo de Iquique y Arica.

Por esa razón -porque la indicación recoge lo que ya señalé y porque, como el señor Ministro en parte de su intervención expresó que a contar de hoy se establecerán los canales respectivos para que los trabajadores entreguen sus opiniones en el contexto de velar por la seguridad del país en esta importante materia-, voto que sí.

El señor THAYER .-

Fundamentaré el voto, señor Presidente.

Votaré negativamente la indicación, primero porque interfiere en la labor administrativa propia de una empresa del Estado. Posiblemente, lo que la indicación pretende sea del todo conveniente y que, tal vez, en el Directorio de CODELCO, por ejemplo, se resuelva no explotar determinadas minas o no mantenerlas en determinada actividad; pero no corresponde al Poder Legislativo decidir si una empresa estatal ha de explotar o no yacimientos específicos. Y, segundo, si así lo decidiere, estaría estableciendo una excepción a la norma de administración de bienes del Estado que, de acuerdo con el inciso segundo del número 21° del artículo 19 de la Constitución Política, debería aprobarse por quórum calificado.

Voto que no.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , las razones esgrimidas en la Sala son de mucho peso en un sentido y en otro, y naturalmente a uno lo hacen pensar mucho sobre cuál debe ser la votación acertada.

Sin embargo, me ha hecho mucha fuerza lo expresado por el Senador señor Thayer en el sentido de que establecer en una ley limitaciones para el manejo de una empresa determinada es sentar un precedente inconveniente, pues, en definitiva, se pretende que las empresas del Estado se administren como tales y no tengan una serie de cortapisas legales.

Por otro lado, sin duda alguna, desde todo punto de vista es adecuado -como expresó el señor Ministro de Minería - que CODELCO sea la que explote el mayor número de minas y que, como aseguró, gran parte de las pertenencias mineras que menciona la indicación sean explotadas por la Corporación, con lo cual -por lo menos, en lo referente a Chuquicamata- estaría garantizada la producción de mineral y se podría seguir trabajando y compensando el agotamiento de la actual mina.

Por eso, señor Presidente , existiendo también otros antecedentes que he tomado en consideración, y después de pensarlo, me abstendré en esta votación.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si me permite la Sala, fundaré mi voto desde la testera. Como decía el Senador señor Alessandri , existen muy buenas razones en un sentido y en otro. Pero a mí me hace más fuerza el hecho de que el artículo 4° del proyecto -ya aprobado- contiene procedimientos de tal naturaleza que la operación de CODELCO -empresa del Estado- queda suficientemente resguardada respecto de los yacimientos mencionados por la indicación, algunos de los cuales están cubiertos y otros no por la garantía constitucional de la nacionalización.

Sin embargo, a mi juicio, limitar la capacidad de administración de una empresa en términos de que se llega a requerir decretos del Presidente de la República para realizar los actos propios de su gestión es exagerar y pasar a llevar un principio de autonomía de las empresas. Se crea una dificultad de administración, que no comprendo, al excluir del artículo 1° del proyecto a algunos yacimientos, pues la evaluación de condiciones técnicas no es propia de una ley.

Por ello, voto que no.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , por las mismas razones de que entendemos y estamos interesados en la suerte de los mineros del cobre, el Gobierno y el Parlamento deben visualizar el interés de todos.

Indiscutiblemente, confío en que el Ejecutivo mandó un proyecto patriótico, de alto contenido, preservando el futuro y ateniéndose al presente. Por eso he respaldado en todas sus posiciones el proyecto, en su integridad, y por esa misma razón, voto que no.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente , estamos concluyendo una jornada que, en mi opinión, prestigia al Senado. Hemos tratado materias extremadamente delicadas que dicen relación al futuro de Chile, en las cuales están profundamente interesados los trabajadores del cobre, el Gobierno y el país en general. Y hemos podido apreciar cómo Senadores de distintas bancadas tienen posiciones disímiles respecto de temas relacionados con la ley en proyecto, lo cual demuestra que todos han actuado en la forma en que se ha venido haciendo en el Senado en el curso de estos dos años: con entera sujeción a los intereses superiores del país.

Por otro lado, suscribí esta indicación por haber un argumento que me hace mucha fuerza: los trabajadores del cobre han querido, mediante esta disposición, preservar su fuente de trabajo. Tienen derecho a hacerlo, y creemos que ello no se contrapone con los intereses de la nación. Hay muchos otros minerales y pertenencias que podrán explotarse de distinta manera.

Como señalé, he acogido esta expresión de los trabajadores del cobre, y estoy haciendo uso de la palabra para expresar mi aprobación a esta norma, aun cuando no puedo votar por estar pareado con el Senador señor Romero.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente , hace algún tiempo me correspondió votar por chilenizar la riqueza que representaba el cobre. Con posterioridad, lo hice para nacionalizarla. Y en el día de hoy, me pronuncio para preservar parte de las riquezas de Chile, para que puedan pertenecer al país y desarrollarse con el aporte de obreros chilenos y la participación del Estado.

Por ello, consecuente con mi posición de siempre, voto que sí.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Conforme a lo acordado en reunión de Comités, corresponde tratar el proyecto, en tercer trámite constitucional, que otorga beneficios que indica a los Ministros de la Corte Suprema, informado por la Comisión de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 15a, en 26 de noviembre de 1991.

En tercer trámite, sesión 39a, en 28 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 21a, en 3 de diciembre de 1991.

Hacienda, sesión 21a, en 3 de diciembre de 1991.

Hacienda (tercer trámite), sesión 40a, en 28 de enero de 1992.

Discusión:

Sesión 21a, en 3 de diciembre de 1991 (se aprueba en general y particular).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, relativo al acuerdo entre las Repúblicas de Chile y Oriental del Uruguay sobre prevención, control, fiscalización y represión del consumo indebido y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y sus precursores y productos químicos específicos, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 31a, en 8 de enero de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 37a, en 23 de enero de 1992.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , el convenio en estudio corresponde a un propósito común de los Gobiernos de Chile y de la República Oriental del Uruguay de enfrentar los problemas derivados del consumo indebido y del tráfico ilícito de estupefacientes. Sobre el particular, y tal como se hace referencia en el mismo instrumento, Chile ha suscrito diversos acuerdos y convenciones en actual aplicación, como la Convención Única sobre Estupefacientes, de 30 de marzo de 1961, enmendada el 25 de marzo de 1972; la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, de 21 de febrero de 1971; el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, de 27 de abril de 1973, y muy especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1988.

Esta última Convención, de mucha importancia, contiene una serie de compromisos que Chile ha asumido, que está cumpliendo, y que van más allá que este tratado con Uruguay, el cual, en el fondo, tiende a sincronizar la acción para combatir estos flagelos.

De allí, pues, que se hacen declaraciones en cuanto a actuar en común para reprimir la producción y el tráfico ilícito de esas sustancias, como también para prevenir su consumo y contribuir al tratamiento y rehabilitación de los toxicómanos.

Se señala, asimismo, que ambos países, conforme a sus legislaciones internas, se comprometen a adoptar medidas para controlar la difusión, en sus distintas formas, de material que contenga estímulos o mensajes subliminales que pueda favorecer el tráfico y el consumo de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, incluyendo sus precursores y productos químicos específicos.

Se habla de coordinar los esfuerzos en común y la acción de ambas partes; de la adopción de medidas para perseguir y sancionar la facilitación, organización y financiamiento de actividades relacionadas con el tráfico ilícito de tales sustancias, y de realizar una fiscalización rigurosa y un control estricto sobre la producción, importación, exportación, tenencia, distribución y venta de materias primas y de otros.

Los Gobiernos de Chile y de Uruguay acuerdan establecer formas de comunicación directa relativas al descubrimiento y eventual detención de los medios de transporte sospechosos de conducir ilícitamente estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o sus materias primas, entre las cuales se incluyen los precursores y los productos químicos esenciales.

El artículo VIII se refiere al "lavado de dinero". En él las partes se comprometen a adoptar las medidas necesarias y a prestarse, mutuamente, asistencia técnica para realizar pesquisas e investigaciones a fin de prevenir y controlar la adquisición, posesión y transferencia de bienes que sean el producto del tráfico ilícito de estupefacientes y de aquellas otras sustancias aludidas por el Acuerdo.

Más adelante, el documento se refiere a entrenamiento de personal para investigación y al intercambio de informaciones, y dentro de ellas, obviamente, se hallan todas las relativas a los problemas que he mencionado.

En el artículo XI se crea una Comisión Mixta, integrada por representantes de los servicios nacionales competentes y de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y de Uruguay, la que tendrá las siguientes facultades: recomendar determinadas acciones a los Gobiernos; evaluar el resultado de ellas, y formular las recomendaciones que estime pertinentes.

Asimismo, se acuerda adoptar medidas para la rápida tramitación de cartas rogatorias relacionadas con procesos seguidos por tráfico ilícito, conforme a los tipos penales de los ordenamientos jurídicos internos de cada país.

También se conviene en procurar unificar los criterios y procedimientos relativos a la extradición de los procesados y los condenados por tráfico ilícito de drogas, así como respecto de la calificación de la reincidencia y de la medida de aseguramiento de bienes. Sobre el particular, las partes se comprometen a comunicarse las sentencias ejecutoriadas dictadas por este tipo de delitos, en la medida en que recaigan sobre nacionales del otro país.

Por último, el Acuerdo contiene normas relativas a su vigencia.

La Comisión de Relaciones Exteriores, por unanimidad, recomienda aprobar el proyecto. Sin embargo, quiero dejar consancia de que, entre los considerandos del Acuerdo, se pone el acento más en aquello que tiende a evitar la producción y el comercio de estupefacientes, que en eliminar el consumo, es decir, la demanda, que en definitiva es la que produce el grave problema que sufre el mundo, y muy especialmente los Estados Unidos de Norteamérica.

Considero que, por corresponder el Acuerdo a un buen propósito de ambos países y complementar otros documentos sobre la materia, el proyecto debe aprobarse.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Por acuerdo de Comités, nos ocuparemos, en seguida, del proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre los Gobiernos de la República de Chile y de los Estados Unidos Mexicanos, con informe de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Educación, unidas

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En segundo trámite, sesión 37a, en 23 de enero de 1992.

Informe de Comisión:

Relaciones y Educación, unidas, sesión 40a, en 28 de enero de 1992.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión general y particular el proyecto de acuerdo.

El señor URENDA.-

Señor Presidente , se trata de un proyecto que aprueba el Convenio celebrado entre los Gobiernos de Chile y de México, relativo a cooperación cultural y educativa.

El Convenio, atendidos los fuertes lazos de amistad que unen a ambos países y sus vinculaciones de todo orden (idioma y religión comunes, y sentimientos culturales iguales), recomienda un conjunto de medidas que tienden a estrechar esos lazos.

En general, corresponde a un modelo ya visto, sobre el cual tal vez no valdría la pena insistir. Sin embargo, llama la atención -lo quiero destacar en el Senado, por las dudas que pudieran surgir- que se disponga que los contratantes facilitarán los encuentros entre las instituciones competentes de sus respectivos países, con el objeto de lograr un posible reconocimiento mutuo y, en su caso, el "establecimiento de equivalencias de estudios superiores, títulos y grados académicos, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.".

La iniciativa fue estudiada por las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Educación, unidas, las que por unanimidad acordaron dejar testimonio, respecto de la materia señalada, de que las normas del Convenio, por sí solas, "no facultan para reconocer, de pleno derecho, estudios superiores, títulos ni grados académicos, sino previo el cumplimiento de la normativa general atinente a la materia.".

En síntesis, se trata de un compromiso para buscar medios con el fin de facilitar el reconocimiento de títulos, pero no existe ninguna obligación concreta que implique alterar la legislación vigente en ambos países sobre el particular.

En otro orden de cosas, se señala que uno de los propósitos de la iniciativa es fortalecer la identidad cultural de las partes y lograr que la lengua castellana y su cultura se difundan en las áreas de común interés.

Asimismo, ambos Gobiernos fomentarán, dentro de sus fronteras, cuanto contribuya a que se conozcan mejor la cultura, la historia y las costumbres de la otra parte, procurando fortalecer los puntos de coincidencia, apoyando, así, la integración de Latinoamérica.

Las partes se comprometen a impedir la importación, exportación y transferencia de propiedades ilícitas de los bienes que integran sus respectivos patrimonios culturales, sean éstos bienes arqueológicos, artísticos o históricos.

Se señala que Chile y México propiciarán el intercambio de documentos sobre sus instituciones culturales y que, además, se proporcionarán, recíprocamente, información sobre historia natural, arte y artesanías.

En el área de la educación física y el deporte también se asume el compromiso de estimular los vínculos, y se crea la Comisión Chileno-Mexicana de Cooperación Cultural, a la que se asignan las funciones de evaluar las actividades efectuadas en el marco del Convenio y de proponer la ejecución de los programas que estime pertinentes. La Comisión estará integrada por igual número de miembros que representen a los dos países, y se reunirá, alternativamente, en Chile y México.

Se agregan normas usuales en este tipo de instrumentos, tales como que el Convenio no podrá ser modificado sin el consentimiento de las partes; que entrará en vigencia cuando éstas se comuniquen, por la vía diplomática, que se han cumplido los trámites respectivos, y que su duración será indefinida, no obstante lo cual podrá ponérsele término en cualquier momento por uno de los dos países por medio de una notificación escrita, formulada por conducto diplomático, realizada con seis meses de antelación. Sin embargo, su terminación no afectará los programas y proyectos en ejecución que hayan sido acordados durante su vigencia.-

Las Comisiones unidas, tomando en consideración los tradicionales lazos de amistad que unen a los Estados Unidos Mexicanos y a la República de Chile, recomiendan, por unanimidad, aprobar el proyecto de acuerdo que se somete a la consideración del Senado.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente , quiero dejar constancia de que el Convenio se haya redactado en forma adecuada, de la manera en que deben redactarse estos documentos internacionales, pues no contiene ninguna introducción referente a la política interna de Chile, como ocurrió con el suscrito con España, también con el pactado con Estados Unidos, relativo al caso Letelier.

Gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

-Se aprueba en general y en particular el proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas entre ambas ramas del Parlamento durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.838, sobre el Consejo Nacional de Televisión.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20a, en 23 de julio de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 39a, en 28 enero de 1992.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 6a, en 22 de octubre de 1991.

Transportes (segundo), sesión 16a, en 27 de noviembre de 1991.

Transportes (nuevo), sesión 34a, en 15 de enero de 1992.

Mixta, sesión 40a, en 28 enero de 1992.

Discusión:

Sesiones 4a, en 16 de octubre de 1991 (pasa sólo a consideración de la Comisión de Transportes); 5a, en 17 de octubre de 1991 (queda pendiente por falta de informe); 11a, en 13 de noviembre de 1991 (se posterga su discusión); 13a, en 19 de noviembre de 1991 (se aprueba en general); 18a, en 28 de noviembre de 1991 (se despacha); 34a, en 15 de enero de 1992 (se aprueba el nuevo informe de Transportes).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El señor Secretario dará cuenta del oficio de la Cámara de Diputados, donde se transcriben los acuerdos adoptados por esa rama legislativa con relación a las proposiciones de la Comisión Mixta.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

El oficio al señor Presidente del Senado expresa:

"La Cámara de Diputados ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 18.838, sobre Consejo Nacional de Televisión.

"Hago presente a V.E. que dicho informe fue aprobado por la unanimidad de 81 señores Diputados, sobre un total de 118 en ejercicio.".

La aprobación del informe requiere de quórum calificado, es decir del voto conforme de 24 señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , en verdad para mí es muy grato, como Presidente de la Comisión Mixta , señalar que el informe en debate fue aprobado en ella por unanimidad y que en prácticamente todos los artículos ratifica el texto aprobado, también en forma unánime, por el Senado. Contiene una sola modificación de importancia y se refiere al quórum exigido para nombrar a los consejeros. En el texto del Senado se establecía su aprobación por los tres quintos de los Senadores en ejercicio.

Hoy día la Comisión Mixta resolvió que la aprobación requerirá de la mayoría absoluta de ellos. En todo lo demás, confirma lo despachado por esta Alta Corporación.

De todas maneras, voy a referirme a las enmiendas introducidas al artículo único del proyecto, que a su vez modifica la ley N° 18.838.

El número 1 se mantiene casi igual, agregándose en el inciso primero del artículo 1°, a continuación de las palabras "Consejo Nacional de Televisión", entre comas, la frase "en adelante el Concejo", a fin de no tener que emplear aquéllas en cada una de las disposiciones.

En el número 2 se modifica, en el inciso segundo de la letra b) del artículo 2°, el quórum -.-a que me referí al comienzo- por el de la mayoría absoluta de los Senadores en ejercicio. Cabe mencionar que esta enmienda se aprobó en atención a la forma en que el Senado deberá pronunciarse acerca de las proposiciones del Presidente de la República.

Tocante a los números 3 y 4, se aprobó el texto del Senado. Lo mismo ocurrió con el número 6, con la sola supresión, en el inciso segundo del artículo 5°, de la expresión "los siguientes", que figura entre las palabras "de" y "quórum"; y con el número 7, donde se sustituyó en el número 1 del artículo 8°, la oración "por interpósitas personas, naturales o jurídicas", por "a través de personas naturales o de personas jurídicas,", manteniéndose el concepto total de lo aprobado en esta Sala.

En el número 8, nuevo, propuesto por el Senado, intercala en el inciso tercero del artículo 9°, entre las palabras "siguientes" y "Transcurrido", la frase "Contestada ésta o". ¿Qué significa esto? Que el consejero afectado por una solicitud de inhabilidad o de recusación podrá renunciar al plazo de 48 horas para informar al Consejo y contestar de inmediato. Por eso se dispone: "Contestada ésta o" -disyuntivo- "transcurrido el plazo de 48 horas".

En seguida, se agrega el siguiente inciso final al mismo artículo 9°:

"La notificación de la recusación se hará mediante carta entregada en el domicilio que el afectado tenga registrado en el Consejo, por el Secretario o Ministro de fe pública.".

En el número 8, que ha pasado a ser 9, se mantiene en el artículo 10 todo lo propuesto por el Senado, salvo dos causales de cesación en el cargo de consejero: la de la letra a), por estimar la Comisión que se daba por sentado que la muerte significa la cesación en el puesto; y la de la letra d), por ser redundante con lo dispuesto en la letra c). En el resto del artículo, como dije, se mantiene lo aprobado por esta Corporación, al igual que la forma en que deben ser declaradas esas causales.

En el número 9, que ha pasado a ser 11, se mantiene el texto propuesto por el Senado, como asimismo el del número 12, nuevo, sustituyendo en el inciso primero del artículo 13 la palabra "interferir" por "intervenir", con el objeto de dejar bien establecido que el Consejo no puede intervenir en las programaciones de los canales de televisión.

Se acogió también la sustitución del número 11 aprobada por el Senado, y también la del número 13, sustituyendo el inciso segundo del artículo 16 -que trata precisamente de las prohibiciones que afectarán a una empresa concesionaria de un servicio de televisión-, similar a la norma incluida en el proyecto sobre Televisión Nacional de Chile y que dice lo siguiente:

"Ello no obstante, ninguna concesionaria podrá celebrar acto o contrato alguno que implique, legalmente o de hecho, facultar a un tercero para que administre en todo o parte los espacios televisivos que posea la concesionaria o se haga uso de su derecho de transmisión con programas y publicidad propias. Esta prohibición no obsta a acuerdos puntuales y esencialmente transitorios destinados a permitir la transmisión de determinados eventos en conjunto, siempre que cada concesionaria mantenga su individualidad y responsabilidad por la transmisión que se efectúa.".

Se aprueban también la sustitución del Senado del número 15; el número 20, nuevo, reemplazando en el artículo 19 la palabra "usada" por "utilizada"; el número 18; el número 19, sustituyendo en el inciso segundo del artículo 23 la frase "en base al" por "sobre la base del"; el número 23, aprobando la sustitución del inciso final del artículo 30 que se reemplaza por este número, modificando la referencia al "artículo 23" por "artículo 27", y los números 29 y 31 nuevos.

Igualmente, es preciso señalar que los artículos transitorios se aprobaron exactamente igual como los aprobó el Senado.

En síntesis, la Comisión Mixta y la Cámara de Diputados aprobaron casi en su totalidad el proyecto aprobado por unanimidad en esta Alta Corporación, de lo cual me congratulo especialmente, por la forma en que trabajó la Comisión técnica.

No quisiera terminar mis palabras, señor Presidente , sin agradecer, de manera muy particular, a los miembros de la Comisión Mixta, que permitieron desarrollar el trabajo en forma fácil, agradable y sin consideración de las contingencias políticas.

De igual modo, expreso el reconocimiento de la Comisión Mixta al señor Ministro Secretario General de Gobierno por su acertada intervención en las distintas oportunidades en que hubimos de resolver, mirando el interés del país, discrepancias muy legítimas.

Señor Presidente , yo diría que el proyecto, tal como queda, satisface plenamente a todos los sectores políticos. Y reitero que corresponde prácticamente al mismo texto aprobado primero en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones; luego por la unanimidad del Senado; en seguida por la Comisión Mixta, y hoy unánimemente por la Cámara de Diputados y esta Alta Corporación.

Lo anterior es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , deseo manifestar, en forma muy breve, que aparte compartir los juicios expresados por el señor Presidente de la Comisión , es preciso destacar -para dejar constancia de ello en la historia de la ley- la predisposición y el esfuerzo realizado por los representantes de la Cámara de Diputados en el sentido de ceder en posiciones que consideraban trascendentes, en aras de lograr un acuerdo entre ambas ramas legislativas para el despacho conjunto de este proyecto.

El señor OTERO .-

No, señor Presidente. El texto aprobado por el Senado y ratificado hoy por la Cámara de Diputados, contempla dos fases de aprobación: la primera significa que en esa sesión secreta todo Senador puede impugnar la idoneidad de cualesquiera de los nombres propuestos por el Presidente de la República ; pero esa impugnación individual sólo se puede hacer por razones de carácter personal y ajenas a toda consideración política. Es decir, ahí se impugna directamente la idoneidad. En ese caso el Senado resuelve por simple mayoría si acoge o rechaza tal impugnación. Si la acoge, el Primer Mandatario tiene el derecho de retirar su proposición y formular una nueva dentro de un plazo determinado; o bien, sustituir sólo a la persona impugnada.

La segunda fase se configura al aprobarse una nueva impugnación de carácter personal. En tal caso el Jefe del Estado reemplaza a esa sola persona. Y una vez que el Senado estima que ninguno de los nombres propuestos merece impugnación de tipo personal, debe pronunciarse sobre el conjunto, sobre el total, acerca de la idoneidad que esas personas tienen en el aspecto político.

En el fondo son dos etapas completamente distintas. En una el Senado puede impugnar individualmente a la persona; pero debe pronunciarse en forma global respecto de la propuesta del Presidente de la República una vez establecido que ninguno de los nombres merece impugnaciones personales, o, de haber existido, al completarse la lista con otro nombre.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Me parece importante haberlo aclarado, a fin de que quede constancia en actas de la interpretación que debe darse a la disposición, porque he oído diferentes opiniones sobre la materia.

El señor OTERO .-

¿Me permite agregar algo, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , frente a la intervención del Honorable señor Ruiz De Giorgio , quiero hacer presente, también, que la actitud de los señores Diputados miembros de la Comisión Mixta nos merece igualmente profundo reconocimiento, sobre todo por la forma en que trabajaron. Eso nos llevó al convencimiento de que la mayor parte de los reparos que la Cámara Baja hizo al texto aprobado por el Senado fueron motivados por una falta de explicación. Cuando se les aclaró cuál había sido la razón de ser de las disposiciones, encontramos una buena acogida.

Asimismo, deseo dejar constancia de que el resultado final no significa que haya prevalecido una opinión sobre la otra, sino que, simplemente, cuando se conocieron los argumentos que impulsaron al Senado a introducir diversas modificaciones, éstas fueron aprobadas por la Comisión Mixta.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Si le parece a la Sala, se aprobaría el informe de la Comisión Mixta por unanimidad, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 28 señores Senadores presentes en la Sala concurrieron con su voto afirmativo.

Aprobado.

Al terminar quiero agradecer a la Comisión por su esfuerzo, pues se trata de una materia muy compleja y discutible, que ha creado ciertas dificultades con la Cámara de Diputados, y, en particular, a su Presidente , quien se ha desempeñado con gran eficiencia y rapidez para dar término -a una hora un poco tarde, pero esperada- a este difícil y bien resuelto problema.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley relativo a Televisión Nacional de Chile.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 13a, en 19 de noviembre de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 39a, en 28 de enero de 1992.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 30a, en 7 de enero de 1992.

Mixta, sesión 40a, en 28 de enero de 1992.

Discusión:

Sesión 30a, en 7 de enero de 1992 (se aprueba en general y particular).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se va a dar cuenta del oficio de la Cámara de Diputados con el que notifica su aprobación al informe.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Cámara de Diputados, en su oficio N° 672, comunica que "ha dado su aprobación a la proposición formulada por la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que crea la empresa del Estado "Televisión Nacional de Chile".".

Hace presente, asimismo, que "dicho informe fue aprobado por la unanimidad de 77 señores Diputados, sobre un total de 118 en ejercicio.".

Por su parte, la Comisión Mixta deja constancia en su informe de que deben ser aprobadas con quórum de ley orgánica constitucional -es decir, de 26 votos- las modificaciones que inciden en los artículos 8°, 10 y 30 de la Honorable Cámara de Diputados y 35 nuevo.

En consecuencia, por ser una proposición que debe ser votada globalmente, se necesita ese quórum.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , tengo el agrado de informar del acuerdo a que llegó la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley que reforma a Televisión Nacional de Chile.

En primer lugar, deseo cumplir con el deber de reconocer que, gracias al esfuerzo del Gobierno, del Senado y de la Cámara de Diputados, es posible contar hoy con un texto que garantiza al país, dentro de lo que es humanamente posible, la existencia de una televisión estatal que actuará realmente como un ente de Derecho Privado. ¿Qué significa esto? Que la corporación que se crea en virtud de este proyecto no va a estar sujeta a ninguna influencia del Gobierno de turno, y será dirigida por un Directorio que debe nombrar el Presidente de la República con la aprobación del Senado, y que, además, tiene una característica muy especial: sus atribuciones, deberes y obligaciones son los mismos que los de una sociedad anónima abierta. Todo el articulado reglamenta a la sociedad Televisión Nacional de Chile en la misma forma en que se haría con una sociedad anónima abierta; no se le dan privilegios de ninguna naturaleza, pero tampoco se le colocan gravámenes. Es decir, Televisión Nacional de Chile pasa a ser una empresa de televisión que debe competir en el mercado en igualdad absoluta de condiciones con cualquier otro concesionario de televisión.

He creído importante dejar constancia de este hecho, que es obra del Gobierno y del Congreso.

Deseo señalar que realmente hay muy poco que informar sobre el trabajo de esta Comisión, ya que prácticamente no hubo enmiendas a lo que el Senado aprobó por unanimidad. De tal manera que, en razón de la premura del tiempo y por no haber cambios sustanciales de ninguna naturaleza, propongo aprobar el informe de la Comisión Mixta.

Termino, señor Presidente , agradeciendo muy especialmente a los Senadores y Diputados que intervinieron en la Comisión Mixta, así como al señor Secretario General de Gobierno , con quien fue posible llegar a los acuerdos necesarios para que realmente Televisión Nacional de Chile pase a ser una empresa autónoma y que garantice el pluralismo y la independencia frente a cualquier Gobierno.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Hago presente que deben ser votadas con quórum de ley orgánica constitucional, esto es, de 26 votos, las modificaciones que inciden en los artículos 8°, 10 y 30 de la Honorable Cámara de Diputados y 35 nuevo.

Si le parece a la Sala y no hay objeciones, se dará por aprobado el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia de que se cumple con el quórum requerido, pues hay en estos momentos 28 señores Senadores.

Aprobado.

Queda, por tanto, despachado el proyecto.