Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse, en primer lugar, en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica diversos cuerpos legales relativos a la Administración del Estado, con nuevo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, además del de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 33a, en 15 de enero de 1991.

Informes de Comisión:

Gobierno y Hacienda, sesión 46a, en 23 de abril de 1991.

Gobierno y Hacienda (nuevos), sesión 27a, en 17 de diciembre de 1991.

Discusión:

Sesiones 38a, en 19 de marzo de 1991 (queda pendiente su discusión); 46a, en 23 de abril de 1991 (se suspende su tramitación).

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

El señor GAZMURI.-

Seré muy breve, señor Presidente.

Sólo deseo dar cuenta a la Sala de la discusión habida en el seno de la Comisión de Hacienda. Tal como indica el informe, nos referimos únicamente a las disposiciones que implicaban gastos, como el artículo 1°, número 1, en donde no existe un costo fijo, sino una estimación del costo máximo de las dos alternativas establecidas respecto del personal de la planta de confianza exclusiva del Presidente de la República. Se trata de 141 cargos de una planta de 155, puesto que 14 de ellos ya son de exclusiva confianza del Jefe del Estado.

Si todos los funcionarios optaren por cargos adscritos en plantas en extinción -o sea, por mantenerse en la Administración Pública-, se incurriría en el costo mayor, de 163 millones 500 mil pesos, en tanto que si optaren por la indemnización de los ocho meses, el costo máximo ascendería a 109 millones.

Ése es el informe sobre el eventual costo de este proyecto, que -repito- se basa en la estimación de las alternativas que el texto contiene, en caso de ser aplicadas.

En segundo lugar, se hizo presente, también, en la Comisión, en cuanto al artículo transitorio, el cual indica el ítem del Presupuesto de la Nación a cuyo cargo se imputaría el mayor gasto que irrogue la aplicación de la ley, que habría que referirlo al Presupuesto del año 92, y no al del año 91, como venía en la iniciativa. Porque si la despachamos hoy, es evidente que entrará en vigencia el próximo año. La indicación respectiva ya fue anunciada en esta Sala por el señor Ministro.

En seguida, señor Presidente , deseo manifestar que hemos introducido -para que se tenga en cuenta en la discusión particular- dos modificaciones al proyecto, tal como fue evacuado por la Comisión de Gobierno, que inciden, más bien, en cuestiones de forma.

La primera tiene que ver con el artículo 1°, el cual deroga el artículo 2° transitorio de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. A la unanimidad de los miembros de la Comisión nos pareció útil mantener ese precepto transitorio, que se refiere precisamente a los derechos de quienes dejan de ser funcionarios de exclusiva confianza, situación en la cual el texto en estudio consagra la opción entre la planta en extinción y la indemnización, de acuerdo con el artículo 20 transitorio que agrega al Estatuto Administrativo. No logramos entender exactamente la razón por la que la Comisión de Gobierno propuso la derogación aludida. Por lo tanto, proponemos que no se acoja esa parte de su informe.

Por último, sugerimos eliminar el inciso tercero del precepto con que el número 2 del artículo 2° de la iniciativa sustituye el artículo 7° del Estatuto mencionado, por considerar que éste ya contiene la materia de que se trata. El inciso que señalo dispone, en efecto, que "El personal de carrera funcionaria que fuere designado en cargos de la exclusiva confianza conservará la propiedad del cargo o del empleo de carrera de que fuere titular a la fecha de su nombramiento". Como esta norma ya forma parte -repito- de la ley N° 18.834, nos parece redundante reproducirla en este proyecto.

Ésas son las dos modificaciones introducidas, unánimemente, por la Comisión de Hacienda.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, efectivamente, como ha dicho el señor Ministro , el proyecto enmienda la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, fundamentalmente para señalar que todos los cargos de la planta de la Presidencia de la República serán de confianza exclusiva, y las normas del Estatuto Administrativo, esencialmente para hacer más operantes diversas instituciones jurídicas que establece.

Me referiré solamente a algunos aspectos de la iniciativa.

1.- Personal de exclusiva confianza

En primer término, en lo que dice relación al personal de confianza exclusiva -llamado también "personal político"-, quiero recordar que es aquel que se mantiene en su puesto mientras cuente con la confianza de la autoridad que lo designó. Debe constituir una excepción dentro de la Administración del Estado, cuyos integrantes están sujetos, por regla general, a un sistema de carrera funcionaria, consagrada en el artículo 38 de la Constitución Política del Estado.

Bajo la vigencia de la Carta de 1925 y del Estatuto Administrativo aprobado por el DFL N° 338, de 1960, sólo tenían la calidad de exclusiva confianza las más altas autoridades de la Administración del Estado (Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores); todo el personal de las Subsecretarías que tenía relación con el despacho de la respectiva Cartera; algunos jefes superiores de servicios, y los fiscales a quienes la ley había conferido tal condición.

Posteriormente, diversas normas legales fueron ampliando el campo de los cargos en cuestión, y, finalmente, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado limitó tal calidad sólo a los funcionarios de los tres primeros niveles de cada servicio, dejando entregada a sus respectivas leyes la decisión concreta.

Así, en la actualidad sólo son de exclusiva confianza los Ministros, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Embajadores, Ministros Diplomáticos y representantes ante organismos internacionales.

A su vez, la propia Constitución prevé que la ley común puede declarar de confianza exclusiva otros empleos o cargos.

Sin embargo, dada la trascendencia de esa declaración, que incide directamente en la extensión de la carrera funcionaria, la cual se ha elevado a rango orgánico constitucional, la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 51, fija los límites dentro de los cuales la ley puede atribuir la calidad de funcionario de confianza exclusiva. Las normas pertinentes están contenidas en las leyes N°s. 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y 18.972.

No cabe duda, señor Presidente , de que toda autoridad tiene que contar, para el buen desempeño de su cometido, con un número de personas de alto nivel que conformen su equipo de trabajo, quienes deben ser de su entera confianza, pues son las que dirigen la aplicación de las políticas del órgano o servicio de que se trate.

Creo, también, que ciertas funciones, ya no de dirección, sino de apoyo directo a algunas autoridades, tienen que ser desempeñadas por empleados de su confianza, considerando la confidencialidad o secreto que es necesario guardar respecto de decisiones que se adoptan al más alto nivel, lo cual exige que los funcionarios que directa o indirectamente, en razón de sus cometidos, puedan tomar conocimiento de ellas sean de exclusiva confianza de la autoridad para la cual trabajan.

Empero, insisto en que ese tipo de personal debe constituir la excepción dentro de la Administración del Estado, por lo cual resulta indispensable que la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado delimite con precisión el ámbito de esa clase de empleos.

En esa línea de razonamiento, estoy de acuerdo con la modificación que el proyecto en análisis introduce al artículo 51 de la Ley Orgánica Constitucional antes citada y que permite ampliar los cargos de exclusiva confianza existentes en la Administración del Estado en la forma como se aprobó en definitiva por las Comisiones de Gobierno y de Hacienda del Senado. Esa ampliación se limita a los cargos que conforman la planta de la Presidencia de la República , órgano del más alto nivel dentro de la Administración, cuyo personal ejerce funciones de apoyo directo al Jefe del Estado , constituyendo lo que podríamos llamar "su gabinete".

En suma, señor Presidente , daré mi aprobación al precepto.

En seguida, deseo referirme a otras enmiendas del Estatuto Administrativo, respecto de las cuales creo que puede ser perfeccionado en los términos propuestos.

2.- Suplencias

En esta materia, la iniciativa en estudio introduce varias alteraciones a las normas estatutarias tendientes a superar dificultades presentadas en su aplicación práctica.

No obstante, el texto propuesto no considera que es de común ocurrencia en el actuar de la Administración que la persona nombrada suplente no asuma las funciones propias del empleo suplido, sino otras de jerarquía inferior, especialmente cuando la designación es para desempeñar un cargo de carrera y no recae en otro funcionario del mismo servicio.

Por ello, es importante que la autoridad administrativa, en ciertas circunstancias, tenga la posibilidad de nombrar suplentes, no sólo en el grado que sigue al del empleo suplido -como establece el proyecto-, sino en cualquier otro inferior a ése, según las funciones que en definitiva se asignen al empleado suplente.

En ese sentido, presentaré una indicación para que el Estatuto Administrativo contemple tal posibilidad.

3.- Grados máximos para los contratos

Al respecto, la iniciativa persigue fijar grados máximos para el personal a contrata, finalidad que comparto íntegramente. Sin embargo, debo hacer dos observaciones.

En primer término, considero indispensable omitir, en el inciso que se agrega al artículo 9° del Estatuto Administrativo, la alusión a la planta directiva, puesto que no es posible contratar personal asimilado a ella, en atención a que las funciones directivas o de jefatura deben ser desempeñadas por funcionarios que ejerzan cargos de planta -esto es, de aquellos contemplados con carácter permanente en la organización de los servicios públicos- y no por personal eminentemente transitorio, como son los empleados a contrata.

Aún más: de mantenerse esa mención, podría interpretarse en el sentido de que la ley estaría autorizando la contratación de personal para el ejercicio de funciones directivas, lo que sería altamente inconveniente, atendido lo que planteé en cuanto a que la dirección debe estar entregada a la organización permanente del servicio.

Por lo tanto, presentaré la indicación correspondiente.

En segundo lugar, y también con relación a los grados máximos de los contratos, deseo precisar, por una parte, que a mi entender el alcance del nuevo inciso no es otro que fijar un límite en cuanto al grado máximo que es posible asignar a los cargos a contrata, según la naturaleza de las funciones; y por otra, que resulta necesario complementarlo dando una solución a los servicios que no cuentan con todas las plantas que permite tener el Estatuto Administrativo y resolviendo, asimismo, la contratación de profesionales de especialidades distintas de las consultadas en la planta del órgano o servicio correspondiente.

Formularé indicación sobre esta materia.

4.- Comisiones de servicio

En lo relativo a este punto, el proyecto contempla una alteración del plazo.

Efectivamente, los tres meses consignados en el Estatuto Administrativo como plazo máximo para las comisiones de servicio son exiguos. La enmienda que se introduce permite ampliarlo hasta por dos años, término que incluso podría considerarse excesivo.

Sin embargo, me preocupa que la norma no limite la posibilidad de que, a continuación, o luego de una breve interrupción, se comisione nuevamente al funcionario, pues ello permitiría burlar cualquier plazo máximo que se fije en definitiva.

En consecuencia, presentaré la indicación correspondiente.

Sobre la misma materia, deseo recordar que el Estatuto Administrativo vigente con anterioridad a la ley N° 18.834 -el DFL N° 338, de 1960- contenía un resguardo similar al contemplado en la indicación que formularé.

5.- Compatibilidad de cargos

En lo relativo a este aspecto, cabe señalar que los artículos 81 y 82 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, consignan las situaciones en que excepcionalmente dos empleos públicos son compatibles y las modalidades especiales a que están sujetas algunas de las compatibilidades.

Así, entre otras situaciones, se permite a los empleados titulares nombrados en un cargo de exclusiva confianza -calidad que tienen los empleos de mayor jerarquía dentro de la Administración- mantener la propiedad de su puesto primitivo sin ejercerlo y optar entre la remuneración del de exclusiva confianza en que son nombrados y la de aquel cuya titularidad conservan.

Pues bien, aunque las universidades e institutos profesionales estatales forman parte de la Administración del Estado, dada la autonomía de que gozan sus rectores y demás autoridades superiores, no son de exclusiva confianza y, por tanto, no quedan comprendidos en esta compatibilidad especial.

Debido a ello, es necesario que el precepto estatutario correspondiente considere expresamente esa situación, para cuyo efecto presentaré una indicación que permita aplicar esa norma también respecto de las designaciones en dichos cargos en las universidades estatales.

6.- Beneficios para el personal cuyos cargos de carrera se transforman en empleos de exclusiva confianza

Los funcionarios públicos cuyos cargos fueron declarados de exclusiva confianza por la ley N° 18.972, publicada el 10 de marzo de 1990, conforme a lo establecido en su artículo 2° transitorio, cuando se les pida la renuncia, tienen derecho a acogerse a los beneficios alternativos que contempla el artículo 2° transitorio de la ley N° 18.575.

Por otra parte, tanto el artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972 cuanto el artículo 20 transitorio que el proyecto agrega a la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, disponen que uno de los beneficios alternativos que ambas normas otorgan se materialice mediante la creación de cargos que deberá disponer el Presidente de la República , lo que importa delegarle facultades legislativas para esos fines; esto es, que tal creación de cargos se efectúe en virtud de decretos con fuerza de ley. Sin embargo, como la posibilidad de acogerse a los beneficios no tiene limitación en el tiempo y, en cambio, la delegación de facultades no puede exceder el plazo de un año, conforme a la Constitución Política, transcurrido dicho término no sería posible crear el empleo de quien hace uso de la opción.

Cabe recordar que, en el caso de la ley N° 18.972, tal situación fue advertida por la Contraloría General de la República, la que puso en conocimiento del Poder Ejecutivo que resultaba necesario legislar para superarla, dándosele momentáneamente la solución administrativa de contratar al funcionario que opta por permanecer en el servicio.

En consecuencia, presentaré indicación para superar el problema que implica el plazo que la Carta establece para la delegación de facultades, sobre la base de que sea la propia ley la que cree los cargos necesarios para que opere el beneficio que otorga.

De igual modo, teniendo presente que la nueva norma sobre la materia autoriza para destinar al funcionario a un servicio distinto de aquel al cual pertenece -posibilidad que en múltiples oportunidades es también de interés de él, pues le permite obviar la situación de menoscabo que se le produce al permanecer como subalterno en el mismo servicio donde ejerciera funciones directivas-, formularé indicación para igualar la situación de los empleados a que se refiere la ley N° 18.972 con la de aquellos a quienes el proyecto otorga beneficios semejantes.

He dicho.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , los Senadores de estas bancas concurrimos a votar favorablemente el proyecto en la Comisión. Empero, dejamos establecidos -y los reitero ahora en la Sala- algunos criterios que desde nuestro punto de vista son muy relevantes en materia de Administración del Estado.

Nosotros creemos mucho en una Administración Pública profesionalizada, a cuyos cargos superiores tengan acceso todas las personas que cumplan con los requisitos que los mismos exigen, marginando lo más posible en algunos de ellos toda expresión política, pues esto debilita la carrera funcionaria.

Por otra parte, no obstante haber votado favorablemente el artículo 1° del proyecto, que dice relación a la planta de personal de la Presidencia de la República , queremos tener el compromiso de reestudiar en una nueva iniciativa, una vez que transcurra un tiempo prudente después de que el Primer Mandatario haya establecido la fórmula más adecuada para desarrollar su actividad gubernamental, la alternativa de que dicha planta figure dentro de la Administración Pública común, entregando, obviamente, al Jefe del Estado determinado número de cargos de su exclusiva confianza.

Para nosotros, lo anterior es muy importante. Entendemos que el Presidente de la República ocupa un cargo de alta responsabilidad y sabemos que, ante la referida norma, actuará de manera adecuada. Sin embargo, nos interesa que no exista una gran excepción, un número muy elevado de personas que queden marginadas de la carrera funcionaria en la Administración Pública.

En cuanto al número 4 del artículo 2° del proyecto, que permite a los extranjeros ingresar a la Administración del Estado, en la Comisión lo voté en contra, y presentaré indicación en este momento para que vuelva a revisarse. Ello obedece -se señala en el informe- a que nosotros aprobamos, el año recién pasado, la creación del Ministerio de Planificación y Cooperación, dando origen a la Agencia de Cooperación Internacional, a la cual se entregó la responsabilidad de apoyar la transferencia, desde el exterior, de conocimientos que refuercen el sistema científico, la capacidad tecnológica, el proceso productivo, el comercio exterior y el desarrollo social del país. Y el artículo 20 de la ley pertinente señala que dicha Agencia podrá realizar y ejecutar todos los actos jurídicos necesarios para lograr sus objetivos.

Por tal motivo, nos parece adecuado que lo concerniente a la participación de los extranjeros dentro de la Administración del Estado quede radicado en un organismo que se creó para esos efectos y que tiene todas las facultades para establecer convenios con otras entidades públicas. De esa manera no se tienta a toda la Administración Pública a contratar extranjeros que, siendo muy útiles para el país, pueden desplazar a los trabajadores chilenos.

Por otra parte, entendemos que todo lo vinculado con los directivos superiores -y esperamos que quede claro- se refiere sólo a la administración de los servicios del Estado y que, por tanto, se margina de la denominación pertinente a los directores de servicios municipales del país. Es muy importante que se precise esto en la historia de la ley, a fin de dejar establecida transparentemente nuestra voluntad de votar a favor de las normas respectivas.

Por último, tocante al número 6 del artículo 2°, que permite extender las comisiones de servicio en el extranjero, me abstuve. Tal como se menciona en el proyecto del Ejecutivo , se pueden ampliar hasta por el plazo máximo de dos años. Y en verdad, pese a todas las fundamentaciones hechas y a los términos usados -por ejemplo, "casos calificados"-, la razón de mi abstención fue el propósito de analizar más a fondo la materia. Y llegué a la conclusión de que la responsabilidad que atañe a una comisión de servicio que se extiende hasta dos años merece un tratamiento distinto. A mi juicio, eso debe considerarse, a fin de que exista un mayor ordenamiento dentro de nuestra Administración y de que, al mismo tiempo, se establezcan reglas del juego más claras para todos los funcionarios.

En consideración a los aspectos mencionados, presenté las indicaciones pertinentes, que me parecen importantes. Sin embargo, reitero que, si bien nos pronunciaremos favorablemente sobre la planta de personal de exclusiva confianza del Presidente de la República , queremos tener el compromiso de volver a analizar el tema, luego de que el Jefe del Estado determine la fórmula más adecuada para llevar a cabo sus funciones, en una iniciativa que nos posibilite establecer definitivamente una planta en la Presidencia de la República.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , estamos básicamente analizando el tema de la planta de la Presidencia de la República en lo referente a los cargos de exclusiva confianza.

Comparto el criterio general de que en esa repartición los cargos debieran ser de exclusiva confianza del Primer Mandatario. Sin embargo, quiero hacer una observación por lo que, como precedente, pudiera significar esta resolución.

Con el proyecto en debate se pretende establecer que todos los cargos de la Presidencia de la República , sin ninguna excepción, serán a futuro de la exclusiva confianza del Jefe del Estado. La norma respectiva podría contravenir lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución Política, que garantiza en todo el ámbito de la Administración del Estado, y por tanto en la totalidad de sus órganos, la existencia de una carrera funcionaria. Esta garantía es incompatible con la posibilidad de que todos los empleados de una repartición sean nombrados y reemplazados con absoluta discrecionalidad por la autoridad.

Creo que esto tiene su origen en el texto propuesto por el Ejecutivo para el artículo 51 de la ley N° 18.575, pues la terminología que en él se emplea entiende como cargos de exclusiva confianza a aquellos en que existe vinculación directa con la autoridad respectiva, conforme a lo cual todos los cargos de un servicio podrían llegar a ser de exclusiva confianza. Si esto se aceptara como norma general, por simple mayoría del Congreso se podría extender el alcance del precepto a Ministerios, Subsecretarías, Intendencias y Gobernaciones, y también a las municipalidades, pues la terminología usada en el proyecto es idéntica. O sea, si mediante una ley se hiciera extensivo a otras reparticiones del sector público el criterio aplicado a la Presidencia de la República , en la práctica se podría convertir en letra muerta el principio sobre la carrera funcionaria, consagrado con mucha claridad en la Constitución de 1980, a diferencia de la Carta Fundamental de 1925, bajo cuyo imperio todos los cargos públicos eran políticos y, por tanto, estaban bajo la discrecionalidad de la autoridad.

Hago presente lo anterior porque aquello que es válido para un caso tan especial como el de la Presidencia de la República no lo es para el resto de las reparticiones de la Administración Pública. Y si mediante una ley -como la que derivará del proyecto que hoy debatimos- se establece que para la Presidencia de la República todos los cargos, incluyendo los que no tienen dependencia directa de la autoridad, pueden considerarse de exclusiva confianza, a través de otro cuerpo legal podríamos hacerlo extensivo a otras reparticiones, con lo cual el texto de la Constitución de 1980, en materia de carrera funcionaria, pasaría a ser letra muerta.

Por consiguiente, quiero dejar establecido claramente que lo que es válido para la Presidencia de la República -tema que estamos discutiendo y, eventualmente, aprobando con el proyecto- no constituye un precedente para otras reparticiones del Estado. Y si no fuera ésa la intención, se requeriría una reforma constitucional y no simplemente una ley.

He dicho.

La señora FREI.-

Señor Presidente , la bancada democratacristiana votará a favor del proyecto, el cual fue largamente discutido en la Comisión de Gobierno.

Somos absolutamente partidarios de que el Jefe del Estado disponga de gente de su exclusiva confianza, porque, sin duda alguna, por la Presidencia de la República pasan asuntos reservados y de mucho interés. En todo caso, las personas que en este momento no cuentan con la confianza del Primer Mandatario pueden continuar desempeñándose en un cargo en extinción adscrito a dicha repartición, con la factibilidad de ser destinadas a cualquier órgano de la Administración Civil del Estado.

Por eso, a diferencia del proyecto original, separamos los cargos de exclusiva confianza del Jefe del Estado. Y la iniciativa, que es muy clara al respecto, no dará lugar, contrariamente a lo que piensan algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, a que se adopte igual medida en otras reparticiones públicas.

Tocante a los extranjeros con título profesional que puedan trabajar en Chile, la Comisión dejó claramente establecido en el informe que, en todo caso, en igualdad de condiciones, se preferirá a los chilenos.

Todos entendemos que existen labores que requieren personal especializado y que, por ende, debe abrirse la posibilidad de que un extranjero que posea los conocimientos necesarios se desempeñe en nuestro país y entregue un aporte muy beneficioso.

Por consiguiente, votaremos favorablemente el proyecto en general y seguiremos discutiendo en la Comisión las indicaciones presentadas.

He dicho.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente , seré muy breve.

Efectivamente, en la Comisión se planteó el temor expresado por el Senador señor Piñera , en el sentido de que la iniciativa pudiera afectar al principio constitucional de la carrera funcionaria.

Sólo quiero insistir en que en la Constitución hay dos elementos que la ley está llamada a compatibilizar: uno, la necesidad de que existan cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República , y otro, que se respete la carrera funcionaria como norma general en la Administración.

Por consiguiente, la constitucionalidad de la iniciativa en debate es muy clara, pues se refiere de manera específica al personal que sirve directamente en la Presidencia de la República; o sea, es precisa.

Y también quedó claro en la Comisión que en este caso muy particular no puede establecerse el criterio de otorgar sólo a los cargos directivos u otros del resto de la Administración Pública el carácter de exclusiva confianza del Primer Mandatario, pues en la planta de personal de la Presidencia se desarrollan funciones que, sin tener esa calidad, atendida su naturaleza, -por ejemplo, la de servir al Presidente de la República , aunque sea modesto-, deben ser realizadas por personal de la exclusiva confianza del Jefe del Estado. Y, por tanto, creo que el argumento de constitucionalidad no está presente, dado el carácter específico de la iniciativa.

Considero, además, que nadie, ni en la Comisión ni en la Sala, ha cuestionado el principio de tener una Administración Pública estable, con carrera funcionaria, etcétera. Eso no ha sido discutido. Y pienso que el proyecto, al desestimar otras proposiciones y referirse sólo a la Presidencia de la República , es bastante claro en ese aspecto.

Quiero, también, hacer un breve comentario sobre la capacidad del Estado para contratar profesionales o técnicos extranjeros, dando prioridad al personal nacional cuando existan méritos equivalentes. Me parece una norma bastante elemental para una Administración moderna, con una economía abierta, como la nuestra. En ese sentido, me sorprende la presentación de una indicación contraria al precepto que se intenta establecer. Estimo que son resabios del pasado, que no se corresponden con la modernidad que todos decimos querer, al menos en esta Sala, para el país, modernidad que debe traducirse en una Administración Pública que pueda responder a los requerimientos que plantea el inmenso avance científico-tecnológico que caracteriza a nuestra época. Por lo tanto, creo que no seríamos prudentes, ni sabios, ni modernos, si no aprobáramos esta disposición.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente , ni siquiera son cosas del pasado. Podemos recordar a grandes extranjeros que dieron lustre y brillo a la Universidad de Chile: don Andrés Bello , Domeyko , Philippi , etcétera. Nos basamos en que fueron funcionarios -¡funcionarios!-del Estado de Chile, que dieron, repito, lustre y prestigio al país. Lo que sí es parte del pasado es la xenofobia, señor Presidente.

Nada más.

El señor THAYER.-

Señor Presidente , tengo la impresión de que la discusión del proyecto, en esta instancia de debate en general, se halla cerca de estar agotada o quizá agotada ya. No tengo dudas de que la iniciativa será aprobada, y yo le daré mi voto,

Quiero hacer presente que en la discusión particular ahondaremos un poco más en el asunto relativo a los cargos de exclusiva confianza. Es un punto bastante delicado, que a todos nos importa manejar bien. Es evidente que en ciertas áreas de la Administración Pública -como la Presidencia de la República -, no parece suficiente la norma establecida en el artículo 51 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (permite conferir dicha calidad sólo a empleos que correspondan a los dos primeros niveles jerárquicos del respectivo órgano o servicio). Es explicable que la disposición del proyecto vaya más allá y sea más abierta. Sin embargo, es delicado hacerla aplicable a toda la dotación de la Presidencia de la República. Hay que ver bien las palabras que se usan, porque, si son demasiado amplias, vamos a topar con lo que señalaba el Senador señor Piñera ; esto es, entra a jugar el asunto de la carrera funcionaria. Naturalmente, no la hay donde existen cargos de exclusiva confianza. Entonces, si la norma que los fija queda demasiado abierta, va a existir la tendencia a incrementarlos produciendo, en definitiva, por ser ajenos a la carrera funcionaria, una erosión del objetivo de la norma constitucional que la ampara.

Si el artículo que propone, por ejemplo, se refiriera a los actuales cargos -si mal no recuerdo, ascienden a 155, de los cuales sólo 14 han sido nombrados por la actual Administración-, estaríamos frente a una situación específica y transitoria. Pero perfectamente podría entenderse mañana que tienen esa calidad todos los que se incorporen a una planta llamada " Presidencia de la República ", que absorbería, poco a poco, a otras reparticiones ministeriales. Eso, evidentemente, ya estaría atentando contra la carrera funcionaria.

Como creo que nadie pretende eso, es probable que la disposición se acote en la discusión particular a través de las indicaciones que se formulen.

Debo reconocer que el proyecto en examen (es decir, aquel que fue objeto de este nuevo informe de la Comisión) se ajusta, en general, a principios razonables y merece ser aprobado. El inicial nos merecía objeciones serias. Este otro, en cambio, refleja un esfuerzo bastante acucioso de la Comisión -y seguramente de conversación con el Ejecutivo- para llegar a un texto que, creo, amerita la aprobación general del Senado y, probablemente, sólo algunas observaciones durante la discusión particular.

He dicho.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente , de las intervenciones de los Senadores señores Thayer y Piñera surge, desde mi punto de vista, una inquietud de orden constitucional respecto del articulado. Dejo de manifiesto que lo voté favorablemente.

Efectivamente, al aprobarse a través de una modificación a una ley orgánica constitucional -pero ley, al fin-, y no de una reforma constitucional, una extensión de cargos de exclusiva confianza que la Carta Fundamental no señala expresamente, pareciera necesario un mayor análisis de la norma desde el punto de vista constitucional.

Por tal motivo, quiero solicitar a la Mesa un pronunciamiento al respecto. Si para ella resulta clara la constitucionalidad, votemos; pero, si tiene dudas, valdría la pena consultar a la Comisión de Constitución, pues se trata de un precepto que ha merecido algunos reparos que, al tenor de las expresiones de los señores Senadores, me parecen muy justos.

Nada más, señor Presidente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , me referiré a lo planteado con anterioridad por varios señores Senadores en relación con la posible inconstitucionalidad que presentaría el proyecto.

A mi juicio, no existe ningún vicio de inconstitucionalidad porque el artículo 38 de la Carta Fundamental establece que "Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública," -debo recordar que, de acuerdo con el artículo 1° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, Administración Pública es un concepto amplio que abarca a todos los Ministerios, órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa-, "garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.".

Luego, el artículo 38 se refiere a una ley orgánica constitucional para la Administración Pública y para sus servidores. ¿Cuál es el concepto? Una Administración encabezada por el Presidente de la República e integrada por todos los Ministerios y éstos, a su vez, por los Servicios que se relacionan con ellos o que dependen de ellos.

Por consiguiente, la ley vigente N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala los empleos a los cuales puede atribuirse la calidad de "exclusiva confianza" (sólo a los dos primeros niveles jerárquicos), entrega a la ley una decisión sobre la materia. Esta podría conferir dicha calidad a uno de esos niveles o a los dos, pero no a más. Ahora dicha Ley Orgánica se modifica y se dice: De todo este universo de la Administración del Estado, compuesta por numerosos Ministerios y Servicios de la Administración Pública, en una repartición determinada -la Presidencia de la República -, la ley podrá atribuir la calidad de cargos de confianza exclusiva a todos los de planta. En mi concepto, esta norma no violenta la Constitución Política, porque, dentro de ese universo de la Administración del Estado, faculta o habilita al legislador común para otorgar la calidad de confianza exclusiva en un Servicio determinado de todo el conjunto de organismos que integran el Poder Administrador , o Administración Pública, en los términos de la Constitución Política.

A mi juicio, no hay un mandato directo en la Carta Fundamental en orden a que ciertos cargos de la Administración deban ser de carrera. No podría haberlo. Y entrega a la Ley Orgánica Constitucional respectiva la tarea de determinar, para la Administración Pública, su organización básica, y para quienes trabajen en ella, el derecho a una carrera funcionaria, principio este último que, en mi opinión, no se violenta ni se rompe con una norma que, en un Servicio del Estado integrante de esa Administración (que es parte de ella, no el total), permite que todos sus cargos tengan la calidad de confianza exclusiva.

Por las razones expuestas, señor Presidente, pienso que la disposición de que se trata no presenta vicios de inconstitucionalidad.

He dicho.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, vale la pena detenerse en este punto.

Quiero manifestar mi conformidad con lo que dije denantes y con lo que acabo de escuchar. Si en este momento tuviera que pronunciarme acerca de la constitucionalidad del proyecto, resolvería que es constitucional, pues, a mi entender, sólo está modificando una norma de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, que fijó en determinados niveles los cargos de exclusiva confianza.

Lo que me preocupa es que la norma, como está redactada, me parece inconveniente y requiere mayor precisión. ¿Por qué razón? Porque, si sencillamente quedara establecido que todo cargo de la Presidencia de la República es de exclusiva confianza, podría acontecer mañana que una ley que modificara, por ejemplo, la estructura de los Ministerios, incorporara la Secretaría General de Gobierno, el Ministerio de Planificación u otros a la Presidencia de la República , con lo cual su planta se ampliaría y se reduciría la carrera funcionaria. Esto lo veo, no como un vicio del artículo propuesto, sino como un inconveniente, en caso de no acotar suficientemente lo que se entiende por cargos de exclusiva confianza del Jefe del Estado en la Presidencia de la República.

Es evidente que todo Gobierno que asume (en esta materia sólo tengo la autoridad que dan los años y el haberme fijado un poco en lo que ha ocurrido en la historia política de Chile) trata de ampliar el ámbito de los cargos de exclusiva confianza, y todo ex Gobierno que pasa a la Oposición empieza a defender la estabilidad de la Administración Pública.

Lo que me interesa es que el asunto quede razonablemente acotado, como se hizo -y muy bien- con el proyecto que ahora debatimos, si se lo compara con el texto primitivo. Me parece que la norma en cuestión debe ser perfeccionada en alguna medida -labor que yo dejaría para la discusión particular-; pero no creo que adolezca de algún vicio.

Nada más, señor Presidente.

La señora SOTO.-

Señor Presidente , en realidad parecen claramente despejadas las dudas de constitucionalidad. Y, además, existe consenso en la Sala en cuanto a la necesidad de aprobar el proyecto, con el fin de permitir, por las razones que se han expuesto, que el Presidente de la República cuente con estos funcionarios de exclusiva confianza. Por consiguiente, pido cerrar su discusión y, luego, proceder a aprobarlo en general.

-Se aprueba en general el proyecto, y se deja constancia de que concurrieron al pronunciamiento favorable 29 señores Senadores.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

En conformidad al acuerdo adoptado por los Comités, corresponde tratar el proyecto que permite a las instituciones de educación superior realizar actividades en beneficio del desarrollo regional y nacional.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 2a, en 5 de junio de 1991.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 27a, en 17 de diciembre de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La iniciativa tuvo origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República . La Comisión de Educación propone aprobarlo en los términos que indica su informe.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general.

El señor PALZA.-

Señor Presidente , el Ejecutivo envió este mensaje atendiendo a una petición de diversos señores Parlamentarios (entre otros, el Senador señor Arturo Frei ) y de algunos planteles de educación superior, en el sentido de que éstos también contaran con algunas disposiciones legales que tienen otras instituciones del mismo nivel.

En el ánimo de establecer igualdad de tratamiento, el Ejecutivo hace notar que dichas instituciones, además de desempeñar actividades docentes, de investigación y de extensión, deben contribuir, en su máxima expresión, al desarrollo nacional y regional.

En este orden de ideas, apunta que es lógico y equitativo facultar a las universidades de carácter estatal, al igual que las regidas por normas de Derecho Privado, para formar, con otras personas naturales o jurídicas, entidades destinadas a realizar acciones que contribuyan en forma concreta y efectiva al desarrollo de las instituciones, al del país y, especialmente, al de la Región en que desenvuelven su quehacer.

Las Universidades de Antofagasta, de Santiago, de La Serena, de Chile, de Talca, de La Frontera, Metropolitana de Ciencias de la Educación , de Playa Ancha y el Instituto Profesional de Santiago, cuentan en sus respectivos estatutos con una disposición que les permite desarrollar tales actividades. Sin embargo otras Universidades -como las de Arturo Prat y de Tarapacá en la Región que represento- no la poseen.

Por esa razón, se ha enviado este proyecto. Lo hemos estudiado en la Comisión de Educación, donde se ha escuchado a representantes de las distintas instituciones mencionadas, entre ellos el Rector de la Universidad de Tarapacá y los de otros planteles superiores del sur del país. Pareciera ser -así lo entendió la Comisión- que es importante acoger el mensaje del Ejecutivo para hacer más dinámica la actividad de esas instituciones.

En consecuencia, los Senadores de esta bancada vamos a dar nuestro apoyo al proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , esta iniciativa, como aquí se ha relatado, faculta a las Universidades de Valparaíso, de Tarapacá, de Atacama, de Magallanes, Arturo Prat y del Biobío, y al Instituto Profesional de Osorno, para crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, corporaciones o fundaciones sin fines de lucro y cuyos objetivos correspondan a los propios de las entidades.

La legislación en proyecto nace de una petición expresa de la Universidad del Biobío, e inicialmente fue presentada a discusión en el Senado (si bien con un texto ligeramente diverso) por el Honorable señor Arturo Frei . Posteriormente, el Ejecutivo envió un texto más amplio que fue incluido en la legislatura extraordinaria, que es el que hoy nos ocupa.

Sin ánimo de repetir el informe, quiero señalar que son tres los argumentos fundamentales que hacen imprescindible aprobar la iniciativa.

En primer término, está el principio de igualdad. Efectivamente, otras universidades estatales (la mayoría de ellas provenientes de ex sedes tanto de la Universidad de Chile como de la Técnica del Estado en su época, constituidas en planteles regionales independientes) tienen la facultad que hoy día se propone entregar a las instituciones que carecen de ella. Parece razonable entonces -y muy válido- argumentar en favor de que el principio de igualdad se extienda en estos términos.

En segundo lugar, hay una cuestión de flexibilidad de administración. Las universidades estatales afirman, muchas veces con diversos y bien documentados fundamentos, que, por la naturaleza de los nombramientos, la forma como administran y suscriben convenios con otras universidades (aun extranjeras) a fin de traer profesionales del exterior, para organizar seminarios o conformar su propia docencia, se ven obstaculizadas enormemente por las trabas administrativas propias de entes regidos íntegramente, en la práctica, por el Estatuto Administrativo y por las normas de la Administración Pública. Existe, entonces, la necesidad de apoyar a estas universidades para que consigan la flexibilidad administrativa correspondiente.

Por último, algunas de ellas plantean la factibilidad de crear asociaciones o sociedades -y es el tercer elemento- como una posible fuente de financiamiento, porque con el desarrollo de ciertas actividades, en las que estiman que tienen ventajas comparativas, podrían obtener ingresos y beneficios que ayudarían a resolver su situación financiera, normalmente precaria.

Sin embargo, respecto de este último tema, debemos considerar que la experiencia ha sido diversa y -diría- no muy feliz Desde luego, hay un único plantel de educación superior que, disponiendo de la facultad, ha hecho uso de ella. Se trata, concretamente, de la Universidad de Chile, que maneja, en la forma de una sociedad, la Editorial Jurídica de Chile. Las Universidades de Antofagasta, de Santiago, de La Serena, de Talca, de La Frontera, Metropolitana de Ciencias de la Educación , de Playa Ancha y el Instituto Profesional de Santiago, pudiendo legalmente proceder a la formación de asociaciones o sociedades, no lo han hecho y recurren a otro tipo de organismos, con los cuales han logrado solucionar en buena parte, por lo menos, el problema de la flexibilidad administrativa y, eventualmente, el del financiamiento.

Por otro lado, algunas Universidades, cuya organización es de carácter privado, como la de Concepción, la Austral y otras, han desarrollado actividades que genéricamente podríamos denominar empresariales o de giro comercial, y normalmente los resultados -y ésa es la experiencia que existe en nuestro país- han sido deficitarios. En consecuencia, esas actividades, lejos de constituirse en fuentes de recursos que apoyen la función universitaria, se han transformado en causantes de problemas financieros que, en muchos casos -como en el de la Universidad Austral-, han requerido de un esfuerzo administrativo muy importante para alcanzar, en el último tiempo, un equilibrio tras años de continuos y permanentes déficit.

En consecuencia, el tema del financiamiento y del apoyo a los ingresos de las universidades por la vía de la conformación de asociaciones o de sociedades para emprender actividades de tipo empresarial o comercial debe ser enfocado teniendo presente que bien podrían, por ese mecanismo, exponer a riesgo situaciones financieras reconocidamente precarias.

Con estos elementos -aparte algunas consideraciones de índole jurídica respecto de los quórum que requeriría la aprobación de una norma como la propuesta; porque, naturalmente, apareceríamos estableciendo una facultad que va de la mano con el concepto de Estado empresario-, la Comisión, después de escuchar a personeros del Ministerio de Educación, de las Universidades, de la Fundación Chile, en forma unánime introdujo las modificaciones que el informe recoge, en términos de facultar a las instituciones de educación superior para formar corporaciones o fundaciones sin fines de lucro. Con ello se resuelve el problema de la flexibilidad administrativa; se entrega, por lo menos, una posibilidad de igualdad ante la ley respecto de los otros planteles estatales que tienen la facultad y que no han organizado sociedades comerciales; y, por otra parte, se introduce un precepto de sana administración, a nuestro juicio, al establecer que dichas corporaciones o fundaciones deben ser aprobadas por las Juntas Directivas, a proposición de los respectivos Rectores, con el quórum especificado en el inciso tercero de los dos artículos que se proponen. Estas normas se aprobaron unánimemente por la Comisión.

Se consultó a los diversos planteles acerca del alcance y conveniencia del nuevo texto. Y puedo informar que, de los consultados, tres respondieron: la Universidad de Valparaíso, que se opuso a través de su Rector, estimó que prevalecía un criterio de desigualdad y que, por lo tanto, la nueva norma era restrictiva respecto de sus aspiraciones; la Universidad Arturo Prat manifestó su completo acuerdo con la nueva redacción de los artículos; y, finalmente, la Universidad de Atacama lo estimó restrictivo, pero hizo suyo lo consignado en los incisos terceros relativo a los quórum exigidos a la Junta Directiva, que debe decidir, a proposición del Rector, sobre el proyecto que se presente.

Señor Presidente , la Comisión de Educación, en forma unánime, propone un nuevo texto a la Sala, para el cual pedimos aprobación.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , en forma muy breve quiero expresar, primero, que votaré afirmativamente el proyecto que estamos conociendo; y en seguida, que tuve oportunidad de asistir a la Comisión de Educación, por lo cual voy a acotar un hecho.

Quizá sería conveniente que el Senado encargara a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estudie, con tranquilidad, la situación que se presenta como consecuencia de este tipo de proyectos de ley, que corresponden a efectos de una legislación proveniente de un sistema constitucional distinto. Porque en el ordenamiento constitucional que ahora nos rige no parece razonable una iniciativa destinada a otorgar ciertas facultades para que determinados institutos o universidades modifiquen sus estatutos agregando tales o cuales disposiciones.

Lo que hace el proyecto en debate es regularizar situaciones anómalas, derivadas de normas dictadas con anterioridad y que implican discriminación, por cuyo motivo deben corregirse. Tal vez, aguzando un poco más el raciocinio jurídico, podríamos pensar que dichas disposiciones han sido de suyo derogadas. Pero, como esto no es claro, mediante la iniciativa que nos ocupa se realiza una especie de limpieza, de regulación, a fin de que la normativa sea pareja, y no discriminatoria.

Asimismo, cabe destacar que el texto sometido a la aprobación del Senado en este momento, que se compone de dos artículos referidos -diría- nominativamente a determinados establecimientos de educación superior, en realidad tiende a establecer una regla general, poniendo término a una discriminación; no pretende instituir una nueva, como podría aparecer a primera vista.

Por esa razón, repito, daré mi voto favorable a este proyecto.

El señor LARRE.-

Señor Presidente , tal como expresaron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, el objetivo de esta iniciativa es, fundamentalmente, otorgar iguales oportunidades a todas las casas de estudios superiores estatales del país para el desarrollo de sus actividades propias. De esta forma, aquellas que carecían de esa facultad podrán operar con agilidad y flexibilidad con otros sectores, muy particularmente en la contratación de expertos, profesores extranjeros o personas altamente calificadas, ámbito en el cual se les presentaban serias dificultades.

Por otro lado, posibilita también el cumplimiento de las tareas que deben asumir las universidades -en especial las regionales- en el sentido de propender al desarrollo cultural y artístico, al autorizar su participación en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro.

Por lo tanto, junto con manifestar que coincido plenamente con lo expuesto en las intervenciones precedentes, informo que los Senadores de Renovación Nacional votaremos positivamente este proyecto.

Nada más.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , sólo deseo agregar un argumento: el de la oportunidad con que debemos despachar este precepto. En la Comisión se hizo presente la necesidad de aprobarlo con relativa urgencia, por encontrarnos en el plazo preciso para que los beneficios o aportes potenciales que se derivan de su texto pueda ser aprovechados el próximo año por planteles de enseñanza superior a que él se refiere.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, al examinar el proyecto, juzgo importante considerar algunos antecedentes sobre esta materia respecto de las universidades estatales en general.

En la actualidad, existen 14 universidades y 2 institutos profesionales que forman parte de la Administración del Estado, y que provienen de lo que eran la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago de Chile (ex Universidad Técnica del Estado). De estos establecimientos, 8 universidades y un instituto disponen de facultades para crear el tipo de organizaciones de que se trata y aportar recursos de su patrimonio, atribuciones que la ley otorga en términos muy similares para unas y otro. La diferencia más importante dice relación a la Universidad de Santiago, ya que el artículo 49 de su estatuto orgánico la faculta para aportar no sólo recursos, sino también bienes.

En consecuencia, de esos 14 planteles de estudios superiores, hoy día 8 cuentan con facultades para formar corporaciones o fundaciones de Derecho Privado, e incluso sociedades.

Tocante a las universidades que podríamos llamar "discriminadas", esto es, aquellas que carecen de las atribuciones señaladas, en el Senado se presentaron dos proyectos de ley: uno del Senador señor Arturo Frei y otro del Poder Ejecutivo . Pero se incluyó en la convocatoria sólo el enviado por el Gobierno, texto que, a mi juicio, concede una facultad muy amplia, y en parte inconstitucional por cuanto faculta a esas universidades para formar asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones.

La amplitud de esos términos puede considerarse inconstitucional en razón de que el ejercicio de actividades empresariales por parte del Estado debe ser autorizado por una ley de quórum calificado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19, N° 21°, de la Constitución Política, cuyo tenor es sumamente claro: para conceder al Estado este tipo de autorización se requiere de una ley de quórum calificado. Y, naturalmente, ésta deberá pronunciarse sobre la actividad empresarial de que se trate.

Teniendo presente ésta y otras consideraciones, la Comisión de Educación del Senado aprobó un texto en términos más restringidos que los del propuesto por el Presidente de la República en su mensaje. Mediante el nuevo articulado, las universidades que no tienen estas facultades podrán, en casos específicos, crear corporaciones o fundaciones de Derecho Privado regidas por las normas del Derecho común, y participar en ellas.

Sin embargo, la Comisión, teniendo en cuenta que esto es algo absolutamente extraordinario dentro del régimen por el cual deben regirse las universidades -que son organismos del Estado y cuyas atribuciones están señaladas en sus respectivas leyes orgánicas-, estableció que la decisión de incorporarse a una corporación o fundación deberá adoptarse por la Junta Directiva de la universidad o instituto profesional (que para este tipo de resoluciones precisan del más alto quórum), a proposición del Rector.

Vale decir, se exige que el organismo máximo de administración del establecimiento apruebe crear una corporación o fundación de esta naturaleza, y que ello se haga previa proposición del Rector; que exista la voluntad de estas dos instancias de dirección del plantel universitario.

En estas condiciones, señor Presidente , y teniendo las organizaciones cuya creación se autoriza el propósito de cumplir las finalidades propias de la universidad o del instituto profesional que corresponda, realmente creo que este proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado en los términos propuestos por la Comisión de Educación.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente , al votarse en la Comisión el proyecto tal como venía del Ejecutivo , tuvo mi voto de minoría. Y no lo aprobé, fundamentalmente, por la capacidad que concedía a los institutos profesionales y universidades para formar asociaciones o sociedades prácticamente con fines económicos.

Las correcciones introducidas por la Comisión han dejado su texto en forma más satisfactoria. No obstante, me preocupan los planteamientos formulados allí por representantes de esos establecimientos en orden a que sus recursos son insuficientes, de modo que necesitan estas organizaciones para obtener mayor financiamiento. Punto uno.

Punto dos. Algunas de esas casas de estudios superiores poseen unidades productivas. Por ejemplo, la Universidad del Biobío quería explotar integralmente un aserradero; además, posee una imprenta en Chillán y una radio en Concepción. La Universidad Austral tiene otra organización comercial.

Por lo tanto, me preocupa que la ley en proyecto verdaderamente se cumpla con el espíritu que inspira la nueva redacción de la Comisión.

Nada más.

El señor DÍEZ.-

Señor Presidente, creo que estamos legislando acerca de una materia delicada para el funcionamiento de las universidades.

Sin perjuicio de manifestar mi conformidad con el proyecto en análisis, estimo que en esta oportunidad debiéramos tener en cuenta otra circunstancia: que estas universidades no sólo se puedan asociar con personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales para crear corporaciones o fundaciones sin fines de lucro a fin de lograr los objetivos de sus estatutos, o participar en ellas.

Tal vez dichas personas naturales o jurídicas no quieran constituir propiamente una corporación o una fundación, sino que pretendan asociarse con estos establecimientos de educación superior para el desarrollo de proyectos o programas específicos, también sin afán de lucro y para el cumplimiento de las mismas finalidades, sin la obligación -reitero- de participar en una corporación o de aportar bienes en una fundación, y, en consecuencia, sin que sea necesario seguir la estructura de la persona jurídica de Derecho Privado contemplada en el Código Civil, que implica algo más o menos permanente.

Me parece que sería conveniente colocar, al término del inciso segundo del artículo final que agregan los artículos 1° y 2° del proyecto a los decretos con fuerza de ley que individualizan, la siguiente frase: "o asociarse con ellas sin fines de lucro para las mismas finalidades.". De manera que no resulte una exigencia muy limitativa que en algunos casos pueda perturbar la realización de programas específicos que no tienen la permanencia ni la profundidad necesarias como para establecer una fundación o crear una corporación, que significa trámites de escritura pública, etcétera.

En esta forma, las personas naturales o jurídicas señaladas quedarían en situación de asociarse, lisa y llanamente, con las universidades o institutos con la libertad que otorga el Derecho Privado, sin fines de lucro y con las mismas finalidades mencionadas en los estatutos de estos planteles.

Por eso, señor Presidente, presentaré la indicación a que he hecho referencia.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente , aparte los comentarios efectuados por el señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra -con los cuales estoy de acuerdo-, quiero señalar que a través de consultas informales he percibido que existe la intención de formular otras indicaciones.

En consecuencia, como moción de orden, sugeriría aprobar el proyecto en general, e inmediatamente fijar un plazo muy breve para presentar indicaciones, por ejemplo, hasta las 11 ó 12 de mañana miércoles 18 de diciembre, a fin de que la Comisión de Educación -que se encuentra citada para mañana en la tarde- pueda estudiarlas y evacuar el segundo informe, para que la Sala lo trate ojalá este jueves, por ser un asunto de enorme interés en este momento para las universidades e institutos a los cuales beneficia.

Por lo tanto, señor Presidente , pido cerrar el debate y aprobar el proyecto en los términos en que aparece en el informe de la Comisión; y respecto de las indicaciones, acoger el calendario que cité recién.

He dicho.