Labor Parlamentaria

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica el artículo 27 de la ley N° 16.468, sobre nombramiento como detectives de los aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales, con informe de la Comisión de Defensa Nacional.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 4a, en 13 de octubre de 1993.

Informe de Comisión:

Defensa Nacional, sesión 10a, en 2 de noviembre de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

La Comisión hace constar en su informe que el proyecto se inició en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, tiene urgencia calificada de "Suma" y su texto fue objeto de diversas enmiendas, por lo cual la unanimidad de sus miembros -Senadores señores Jarpa, Papi y Sinclair- recomienda reemplazar el artículo único y rechazar el transitorio.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En discusión general y particular a la vez.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, en la planta legal de oficiales policiales existen en la actualidad alrededor de 915 vacantes, situación que perjudica notoriamente la función policial que corresponde a la Policía de Investigaciones de Chile.

Anualmente, por diferentes motivos, se produce un retiro de la institución de aproximadamente 150 oficiales policiales, hecho que, unido a la proyección de egreso de la Escuela de Investigaciones Policiales, determina que las vacantes mencionadas sólo podrían ser cubiertas en un plazo de 10 a 12 años.

El artículo 27 de la ley N° 16.468, sustituido por la ley N° 18.055, dispone que el curso regular de instrucción para los aspirantes a detectives será de tres años -es decir, de seis semestres-, norma de carácter permanente que asegura la excelencia de la formación profesional del detective, por lo que se estima correcto mantenerla.

Con el propósito de solucionar el problema anteriormente descrito, se elaboró un proyecto de ley destinado a reducir a cinco años la completación de las vacantes existentes de oficiales policiales, que, primero,' mantiene la disposición legal que fija en tres años (seis semestres académicos) el curso de formación; segundo, faculta al Presidente de la República para que, en casos debidamente calificados, pueda graduar como detectives a los aspirantes que hayan cursado cuatro semestres académicos, resguardándose, sí, el nivel profesional mediante un plan de perfeccionamiento en servicio de dos semestres; y tercero, establece que tal facultad al PrimerMandatario -ello se estima conveniente- sea permanente y sin restricciones, con el objeto de facilitar su aplicación en situaciones de excepción y por razones debidamente fundadas.

La aprobación del proyecto de ley, conforme al texto acordado por la Comisión de Defensa del Senado permitiría que en el presente año se gradúen como detectives 470 aspirantes de segundo y tercer año, disminuyéndose inmediatamente las vacantes existentes a un número aproximado de 570; completar la totalidad de las vacantes en un plazo máximo de cinco años, y dotar de oficiales policiales a numerosas unidades que hoy se encuentran con grave déficit de personal.

Termino, señor Presidente, expresando que la iniciativa de ley en trámite se encuentra debidamente financiada en el proyecto de Ley de Presupuestos para 1994, y representa en sí misma una medida concreta en beneficio de la seguridad ciudadana.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En el punto 2 del Orden del Día figura la iniciativa en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.591 y establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, con informes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 12a, en 20 de julio de 1993.

Informes de Comisión:

Educación, sesión 10a, en 2 de noviembre de 1993.

Hacienda, sesión 10a, en 2 de noviembre de 1993.

Constitución, sesión 11a, en 3 de noviembre de 1993.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

El proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, fue calificado de "Suma Urgencia" y aprobado en general en la Comisión de Educación por la unanimidad de los Senadores presentes Honorables señores Cantuarias, Larre, Ruiz-Esquide y Thayer.

Cabe consignar que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a propósito de la consulta formulada por su congénere de Educación acerca de la constitucionalidad de la iniciativa, emitió un informe donde hace presente que a su juicio no le corresponde pronunciarse sobre el particular.

La Comisión de Educación introdujo diversas enmiendas al texto de la Honorable Cámara de Diputados -aparecen en las páginas 48 a 60 de su informe-, y la de Hacienda, por su lado, recomienda aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo aquélla.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En discusión general la iniciativa.

El señor ZALDÍVAR. -

Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con lo expresado por el Senador señor Ruiz-Esquide en cuanto a agilizar el estudio del proyecto. Pienso que, tratándose de una materia tan importante, contamos para ello con el respaldo de todos los señores Senadores.

Sólo quiero plantear al señor Ministro de Educación el tema de la tasa de interés aplicable a las deudas por crédito universitario, que la iniciativa fija en 4 por ciento. En la Comisión de Hacienda analizamos el punto y vimos que en muchos países ella es inferior. Además, debemos considerar que Chile es una nación de ingresos medios. Por tal motivo, sugerí reducirla a 2 por ciento, que es más o menos razonable, tomando en cuenta que se trata de una deuda expresada en unidades tributarias mensuales y que, por tanto, se recupera en términos reales.

Un 4 por ciento casi se compara con la tasa de mercado para instrumentos financieros de mediano plazo.

Ya hice presente esta observación al titular de Hacienda, y ahora pido al señor Ministro de Educación que la considere en la discusión particular.

El señor LARRE.-

Señor Presidente, el proyecto contiene, a nuestro juicio, algunas deficiencias graves que ponen en peligro el sistema de financiamiento público de la enseñanza universitaria. En primer lugar, no deja claro cómo se financiará.

En efecto, propone la creación de un fondo solidario de crédito universitario constituido por la recuperación de créditos, los recursos que anualmente consulte la Ley de Presupuestos, los aportes voluntarios que efectúen profesionales y ex alumnos y otras donaciones.

Como no se establece ningún incentivo tributario para las personas o empresas que deseen hacer una donación, lo más probable es que el fondo quede conformado, fundamentalmente, por la recuperación de créditos y los recursos que se le asignen en la Ley de Presupuestos.

Respecto de esos recursos, la iniciativa no indica la cuantía ni los criterios explícitos que se utilizarán para definirlos.

Consideramos que, en este sentido, el proyecto abre la puerta para que las universidades estén permanentemente solicitando nuevos recursos al Estado.

Por otra parte, lo propuesto termina con uno de los conceptos claves del crédito universitario: que sea un sistema autofinanciado sobre la base de la devolución por parte de los profesionales de los dineros prestados. Aun cuando sea difícil lograr el ciento por ciento del autofinanciamiento, deben hacerse todos los esfuerzos para que éste sea el mayor posible.

Cálculos preliminares indican que con el mecanismo en estudio los egresados devolverán sólo el 60 por ciento del crédito recibido, lo que significa un subsidio adicional.

Además, no se sostiene un sistema de becas, como el que existe en la actualidad, junto al de créditos sugerido.

A partir de 1991 se puso en marcha un sistema de becas que funciona paralelamente con el de créditos. La idea original que se tuvo en mente con las becas fue ayudar a estudiantes de muy escasos recursos que cursaban carreras de baja rentabilidad privada y alta rentabilidad social, como las pedagogías y la ciencias básicas. Sin embargo, en la actualidad, aquéllas se asignan únicamente en función del nivel de pobreza del alumno y de su rendimiento académico, lo cual corresponde a los mismos criterios utilizados para otorgar los créditos. La coexistencia de ambos sistemas es, entonces, un contrasentido.

El proyecto deja pendiente la situación de los alumnos que estudian en centros de formación técnica e institutos profesionales. En la actualidad no reciben ninguna ayuda, ni de créditos ni de becas. De manera que, al no innovarse sobre la materia, se comete una injusticia evidente, ya que los alumnos de estas instituciones son de mayor precariedad económica que los de universidades. Además, no se cumple con la intención declarada del Estado de fomentar la formación técnica en el país.

Nos preguntamos si no hubiese sido más conveniente -en vez de definir mecanismos generosos para seguir otorgando recursos públicos a las 25 instituciones que forman el Consejo de Rectores- haber abordado también la situación de aquellos otros alumnos cuya situación es urgente resolver.

Asimismo, se está discriminando contra las otras casas de estudios superiores, por cuanto la iniciativa impide que alumnos de universidades privadas puedan acceder al crédito. En general, ante esta discriminación se argumenta que estas últimas no están todavía acreditadas en la calidad de la educación que imparten. Cuesta aceptar esto, porque existe un sistema de acreditación de universidades privadas vigente, y algunas ya han logrado plena autonomía.

En este aspecto, lo sustantivo es que hay antecedentes objetivos que indican que en estas universidades también estudian alumnos de precaria situación económica.

Estimamos conveniente dar mayor transparencia al sistema de créditos y, al mismo tiempo, más coherencia con el actual programa de becas, a fin de permitir a las universidades y, principalmente, a los alumnos y apoderados, que conozcan los criterios y las posibilidades que tienen de acceder a un crédito y/o una beca.

En todo caso, señor Presidente, luego de estos comentarios, deseamos manifestar que, a nuestro juicio, el proyecto resulta favorable para los intereses de la educación superior del país, por lo cual daremos nuestros votos para aprobarlo en general.

Por otro lado, solicito a la Mesa pedir el acuerdo de la Sala para fijar el plazo para presentar indicaciones hasta el lunes próximo, a fin de estudiar en detalle las proposiciones que formulen el Ejecutivo y los señores Senadores.

El señor PALZA.-

Seré muy breve, señor Presidente, al tenor del compromiso de los miembros de la Comisión de Educación de que solamente fuese el señor Ministro del ramo quien, en términos generales, hiciera una exposición sobre el proyecto. En todo caso, estimo necesario hacer algunos planteamientos en cuanto a lo fundamental de la iniciativa en estudio.

En esta oportunidad quiero hacer presente la satisfacción de la bancada de Senadores democratacristianos por este trascendental proyecto que permite avanzar más significativamente en lo que entendemos que debe ser el rol subsidiario del Estado en materia educacional, sobre todo en la parte universitaria.

Creemos que la iniciativa no nace del aire, sino que es el resultado de distintas reuniones en las cuales han participado diferentes sectores de la comunidad y, en forma especial, los propios estudiantes universitarios a través de algunas comisiones. En el pasado -cuando, incluso, muchos de los aquí presentes estudiábamos en la universidad- prácticamente no se pagaba nada. Y, en ese aspecto, varios sectores seguramente añoran volver al sistema antiguo, cuando pagaban solamente los que podían hacerlo, mientras que el resto no lo hacía.

En todo caso, se ha establecido un sistema de becas cuya cobertura aumenta cada año, lo cual, a nuestro juicio, es bueno. Existe clara conciencia en el país, en cuanto a su eficacia, porque ya son alrededor de 15 mil -si mal no recuerdo- los estudiantes que acceden a tal beneficio del Gobierno, quienes, teniendo un buen rendimiento académico por un lado, por el otro carecen de recursos para ingresar a la universidad en igualdad de condiciones con las personas de mejor situación económica.

El proyecto, paralelamente a las becas, aumenta en forma significativa los créditos universitarios, a fin de que los estudiantes que no obtengan aquéllas puedan recibir ayuda mediante el otro sistema. Tal préstamo puede ser servido cuando egresen pagando solamente el 5 por ciento de lo que ganen en el futuro.

El Senador que habla y los democratacristianos creemos que el propuesto constituye un paso trascendental para el logro del objetivo de alcanzar el más adecuado nivel, la mejor situación y las óptimas expectativas para las generaciones juveniles, las cuales así podrán acceder a las universidades en igualdad de condiciones.

Ahora, en lo referente a por qué a los institutos profesionales y a los centros de formación técnica no se les aplica al sistema de becas, yo diría que, en términos reales, para llegar a eso sería necesario realizar un nuevo gran debate a objeto de tener una visión más integral de todo lo que hoy concierne a la educación superior, no solamente a las universidades, sino también a las muchas otras instituciones existentes. Y, en ese orden de ideas, si nos dedicamos a analizar ahora de qué manera podríamos concurrir a ayudar a esa parte de estudiantes, tengo la impresión de que ello tomaría varias sesiones, porque el tener que estudiar la disponibilidad de recursos para esa finalidad, retardaríamos en lo fundamental el despacho del proyecto

Por tales motivos, sin el ánimo de entrar al fondo de la materia -que me parece de suma importancia-, queremos reservar nuestra intervención cuando el proyecto sea tratado en particular. En esa ocasión, daremos a conocer nuestras inquietudes respecto de su articulado y responderemos las dudas planteadas en la sesión de hoy, así como también las observaciones aparecidas en la prensa en cuanto a la visión de los democratacristianos y, en general, de la Concertación, sobre el rol que debe cumplir el Estado respecto de los jóvenes que, teniendo la capacidad para seguir estudios superiores, carecen de los recursos económicos necesarios.

Por esas razones, anunciamos los votos favorables de los Senadores de la Democracia Cristiana a la iniciativa, pues -como expresé- la consideramos trascendental para las nuevas generaciones del país.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, tengo el propósito de intervenir brevemente, pues, al no haberse respetado en la práctica la finalidad que inspiró el acuerdo inicial de entregar la responsabilidad de informar el proyecto al señor Ministro de Educación, haré ciertos comentarios, a fin de compartir con el Senado algunas reflexiones.

Quiero señalar que, en mi opinión, la iniciativa informa un sistema de crédito universitario vigente en la actualidad que merece críticas a todos quienes participan de él, tanto a las universidades, como a los estudiantes y, por cierto, a los que dejaron de serlo y que se encuentran en calidad de deudores.

La realidad objetiva es que el sistema de crédito fiscal universitario, creado hace más de diez años, ya sufrió modificaciones al transferir la administración de los fondos a cada una de las universidades que primitivamente se adeudaban a la Tesorería General de la República y, en definitiva, al Fisco. Y, al ser merecedor de reparos, fue necesario introducirle enmiendas que llevaron, incluso, a la tramitación, aprobación y promulgación de una ley para otorgar condiciones excepcionales de trato a los deudores morosos del crédito universitario, quienes se encontraban en una situación insostenible, ya que las señales emitidas acusaban un altísimo endeudamiento. Los deudores entendían que, habiéndose legislado en forma especial para quienes se encontraban en tal condición hace dos o tres años, lo propio debería ocurrir para los que iban adquiriendo esa calidad hacia el futuro. Y era de suyo conveniente entonces legislar en forma permanente a fin de que todos los deudores, tuvieran reglas de juego similares y equitativas respecto de condiciones excepcionales de pago. Ese es el objetivo del proyecto, y con él estamos de acuerdo.

Por otro lado, existe otro concepto que me parece importante dejar en claro, principalmente en esta época de elecciones, cuando se escuchan proposiciones que no son parte de la iniciativa. La primera dice relación a la eventualidad de un sistema de retribución de los servicios de educación superior a través de un mecanismo de pago denominado, genéricamente, arancel diferenciado, como parte de las sugerencias que la opinión pública está conociendo. Es bueno tener presente que el proyecto en debate recoge un principio que, si bien no se encuentra consignado en el texto con todas sus letras, por lo menos queda explícito en su contenido. Al final, se trata de que las cosas valen por su valor real y de que ellas deben pagarse. Distinto es que, para facilitar la igualdad de oportunidades y hacer efectivo el mandato constitucional que obliga al Estado a preocuparse por quienes se encuentran en condición desmedrada, se ayude a los que, familiarmente o en forma personal, no se encuentran en condiciones de incurrir en determinados gastos. Es importante rescatar tal principio, porque, de lo contrario, se podría entender que estamos legislando sólo en favor de un grupo de chilenos, con el cual -al margen de las esperanzas que tenemos cifradas en él- la gran mayoría, sino la totalidad, de los miembros del Senado y del Parlamento en general, reconoce un cierto compromiso y vinculación, incluso más allá de lo afectivo, por su propio paso y realidad en las universidades. Es decir, reconoceríamos una suerte de extracción de origen respecto del trato del estudiante universitario y de sus condiciones de formación. Pero, las cosas, porfiadamente, valen lo que valen, y el papel del Estado es velar para que la igualdad de oportunidades actúe frente a quienes no pueden pagar ese valor real.

Por otra parte, sin duda alguna esta normativa nos pone en la dinámica de sistemas mejores y más objetivos para conseguir determinados propósitos. Nadie se cierra al perfeccionamiento de determinados instrumentos. Y, en ese sentido, quiero señalar que me parece un logro muy importante -quizá el más significativo- de esta ley en proyecto, el cual ha merecido muchas críticas tanto de parte de los estudiantes como de -curiosamente- las propias autoridades universitarias: cuánto es y en qué consiste el beneficio que se entrega. En ese plano, es preciso decir que aquí se hace un sacrificio que queda regulado por la ley. Pero incluso la tardanza en procesar el proyecto sería una mala señal, pues no condice con el propósito que anima tanto al Gobierno como al Parlamento de concretar rápida y claramente las reformas contenidas en el mismo. El sistema único de acreditación socioeconómica representa un importante avance. Porque, mientras para detectar pobreza -no para medirla- se ha utilizado la ficha "CAS", a partir de las cuales se distribuyen los beneficios a través de la red social del país, en el ámbito universitario la acreditación de necesidades y la oferta de crédito quedan más bien confiados al arbitrio de la propia universidad, lo cual -tal como pudimos constatar en la Comisión- ocasiona muchas veces que los hijos de una misma familia, al estudiar en distintos planteles de educación superior, por tener éstos diferentes criterios en la materia, reciben beneficios o condiciones de crédito diversos.

Eso es, en suma, lo que corrige el sistema único de acreditación (una suerte de homologación a nivel universitario de lo que son las fichas "CAS" perfeccionadas respecto de la red social), el cual, sin duda alguna, constituirá un beneficio evidente, por lo que merece ser respaldado como un elemento central del proyecto.

Adicionalmente, en la iniciativa se dan pasos, a nuestro juicio todavía en forma tibia o tímida -hemos conversado el punto con el señor Ministro, de manera que mi comentario no tiende en absoluto a menoscabar el proyecto, ni, menos, su competencia -, en pos de crear un sistema de ahorro para la educación superior. Quiero decirlo con entera franqueza: así como nos agrada el sistema de ahorro para la vivienda -que ha funcionado bien en nuestro país-, mediante el cual las familias con ahorro metódico comprometido obtienen al cabo de cierto tiempo un subsidio del Estado que se traduce en esta común aspiración, la casa propia, nos parece, en cambio, que señalar simplemente en la iniciativa en comento que se podrán abrir libretas de ahorro para la educación superior, sin establecer el paso siguiente, cual es, premiar tal esfuerzo con el subsidio del Estado, es todavía una medida insuficiente, apenas una señal, que debiera ser perfeccionada.

Reitero, pues, una vez más al señor Ministro -esta vez, en la Sala- que nos agradaría que se adoptara esa determinación. Son muchas todavía las familias en que los padrinos, abuelos u otros familiares regalan al recién nacido una libreta de ahorro para dar así inicio a un propósito de guardar reservas que se traduzcan en beneficios para él. Creemos que ello podría tener una utilidad muy concreta -como ocurre en el caso de la vivienda- para la educación superior de ese niño si ése compromiso familiar, que estuvo muy difundido en nuestra sociedad y que, además, es de largo plazo -pensemos en 17, 18 o, incluso, en 20 años- fuera recompensado por el Estado. El ahorro para la educación superior necesita ese premio final que se concede en otras áreas, en beneficio de las familias de nuestro país. Sin lugar a dudas, una medida en ese sentido tendría gran acogida.

Por otro lado, cabe destacar que se han perfeccionado las condiciones de pago de los deudores. Conviene tener presente que éstos, en su inmensa mayoría, no son ya estudiantes universitarios, sino profesionales, si bien existen casos de personas que han terminado sus estudios antes de concluir la carrera. Y no nos equivoquemos: cuando hablamos de perfeccionamiento nos estamos refiriendo a mecanismos mediante los cuales la deuda cambia de tamaño. De acuerdo con los estudios que he hecho, en atención a los porcentajes entregados y a la tasa de interés de 4 por ciento anual -creo interesante la proposición del Senador señor Zaldívar en orden a reducirla, porque, desde luego, ello constituiría un beneficio-, cabe afirmar que la extinción de la deuda a los 12 ó 15 años, dependiendo de su monto inicial, en realidad implica una condonación. En función de las cifras que he tenido a mi alcance -que, en parte, se asemejan a las que ha mencionado el Honorable señor Larre-, debo decir que dicha condonación alcanzará el 50 por ciento, o más, de la deuda.

Entonces, repito, no nos equivoquemos: los perfeccionamientos aludidos no se refieren simplemente a la creación de un sistema para que las cuotas que habrán de pagarse no superen determinada cifra -cosa de suyo justa, sobre todo respecto de las carreras que pueden significar menores ingresos-, sino a la reducción real de la deuda. A eso llamamos perfeccionamiento, y estamos de acuerdo en que el Estado haga este esfuerzo para premiar el pago o retribución que determinados estudiantes harán hacia el futuro.

Deseo hacer presente, además, que cuando se trata un proyecto de ley como éste, normalmente existe la tentación de traer al debate otras materias, las cuales, no obstante ser muy importantes y tener incidencia en él, son de otra entidad y no corresponde abordarlas aquí. La Comisión de Educación se interesó en conocer la forma como se planifica la educación superior, como se proyectan las disponibilidades y ofertas de matrículas en determinadas carreras. Y con tales antecedentes resulta muy fácil ponerse a pensar sobre la manera de orientar a las universidades respecto dea; las matrículas en carreras que son -digámoslo así- de alta rentabilidad social pero de bajísima rentabilidad económica. Tal vez el ejemplo más evidente sea el de las pedagogías. Pero reconozcamos que el propósito del proyecto no es evaluar o planificar la educación superior, ni, menos -personalmente, no aceptaría que se lo discutiera en estos términos-, abordar la reconocida autonomía de las universidades. Este es un tema que está relacionado con sus disposiciones, pero que, obviamente, debe ser objeto de otras decisiones.

Esperamos, sí, que las universidades -digámoslo francamente- tengan un papel más activo y responsable. En mis observaciones no me baso sólo en el testimonio de los planteles privados, como muchas veces se dice, sino, también, en el de los otros, cuyos alumnos sí pueden recibir el crédito universitario, materia que se envió en consulta a la Comisión de Constitución, la cual, desgraciadamente, por tratarse de modificaciones a una ley, no se pronunció. Hemos visto la necesidad de que las universidades ayuden en la labor de orientar a los estudiantes respecto de sus posibilidades de adquirir conocimientos y destrezas, de transformarse en profesionales, en áreas en las cuáles tengan como contribuir de alguna manera al desarrollo del país.

Deseo, también, expresar mi acuerdo con la proposición del Honorable señor Lavandero en orden a que las indicaciones sean analizadas conjuntamente por las Comisiones de Educación y de Hacienda. Me parece una buena forma de abreviar el trámite de la iniciativa. Vistas las dos proposiciones de plazo para la presentación de indicaciones que hemos escuchado, aparentemente habría coincidencia en señalar como término el lunes al mediodía, a fin de que las Comisiones pudieran evacuar su informe durante la próxima semana.

Termino diciendo: aquí se establece una ie de estímulos, y sería bueno tener presente otros. Resultó muy interesante escuchar a algunos dirigentes de federaciones estudiantiles en la Comisión. Ellos nos manifestaron su parecer favorable a la aceleración de los pagos, a la reducción del plazo de los mismos y a su suspensión en el caso de los estudiantes de postgrado. De esa manera se les da una señal para que sigan adelante, lo cual tiene que ver con la productividad futura y con el desarrollo del país. Uno de esos dirigentes, tal como consta en el informe, nos sugirió, también, premiar a aquellos profesionales que, siendo deudores del crédito universitario, deciden permanecer trabajando en Regiones, a fin de evitar la concentración de ofertas de matrículas en la Región Metropolitana, la cual, de persistir, continuará atrayendo juventudes hacia la capital, con todos los problemas que ello conlleva. No estamos en contra de la Región Metropolitana, pero creemos necesario dar algunos estímulos para que las personas no sólo estudien, sino que, una vez formadas, vayan a trabajar a Regiones. En mi opinión, así como se conceden beneficios a los estudiantes de posgrado por estimar que ello resulta conveniente y positivo, debiera analizarse la posibilidad de hacerlo respecto de aquellos profesionales que, habiendo estudiado en la capital o fuera de ella, deciden trabajar en Regiones. Así se les estaría dando una señal de que trabajar en otros puntos del territorio, e incluso en aquellos que pueden significar menos oportunidades en algún sentido -sobre todo, para profesionales recién formados- merece un premio, que podría ser similar al que se establece para los estudiantes de posgrado.

Por todas esas razones, señor Presidente, deseamos expresar nuestro acuerdo con las proposiciones que se han formulado, con la idea de que las Comisiones de Hacienda y de Educación trabajen conjuntamente y con el plazo señalado para la presentación de indicaciones. Asimismo, anunciamos nuestros votos favorables a este proyecto, que tanto interesa a los estudiantes universitarios, y que la Comisión de Educación despachó hace casi tres meses.

He dicho.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, para los Senadores de esta bancada el proyecto representa un avance significativo, aunque, en honor de la verdad, hubiésemos querido que éste fuera incluso mayor. Lo cierto es que cuando uno visita los hogares más pobres y desvalidos, advierte en ellos una actitud muy digna. Su único interés real es que el hijo se perfeccione y que, si tiene talento, llegue a la universidad en las mismas condiciones que quienes tienen medios económicos.

Como constituye un paso adelante, concurriremos a su aprobación, pero compartimos plenamente la proposición del Senador señor Zaldívar en el sentido de que se estudie la posibilidad de bajar la tasa de interés anual de la deuda. Nos parece que 4 por ciento es muy elevado. Y si se estima que aquello podría ser un incentivo para las personas que tienden a aprovecharse de estas situaciones, en mi opinión bastaría con tomar resguardos en ese sentido, porque la finalidad es favorecer a la mayoría y no a una minoría inescrupulosa que siempre va a existir.

En consecuencia, señor Presidente, sugerimos cerrar el debate y aprobar en general el proyecto.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, seré muy breve. Me parece extraordinariamente importante para la educación un proyecto de esta naturaleza, fundado esencialmente en el reconocimiento de que en nuestro país hay jóvenes que merecen una formación superior y que carecen de los recursos necesarios para recibirla. Pero, obviamente, deben acreditar que están en condiciones de acceder a ella, a continuación de lo cual también es imprescindible que mantengan el rendimiento académico y cumplan con la asistencia correspondiente. Creo que éstas son materias acerca de las cuales ninguno de los señores Senadores puede disentir.

No obstante, la iniciativa contempla un punto que me parece necesario destacar. En efecto, establece una discriminación que no se justifica, pues otorga fondos para crédito fiscal sólo a las 25 universidades que forman parte del Consejo de Rectores y deja fuera de ellos a otras universidades, institutos profesionales y centros de estudio, lo que no es lógico ni adecuado. Lo propio es que el alumno que tiene méritos necesarios para recibir un crédito fiscal pueda decidir en qué establecimiento educacional lo invertirá. Eso es reconocer la libertad de las personas, respetarlas, porque -como se ha dicho- hablamos aquí de quienes, por su grado de conocimiento e inteligencia, podrán realizar un estudio profesional superior.

Entonces, nos parece que el proyecto contiene ese error, que esperamos corregir a través de indicaciones y, fundamentalmente, conversando con el señor Ministro de Educación. Porque lo lógico es que el crédito se dé al alumno y que éste decida a qué establecimiento ingresará. De lo contrario, se lo está forzando a optar por alguno de los planteles privilegiados, en circunstancias de que puede haber otros mejores o más adecuados para lo que él pretende.

Señor Presidente, es necesario, de una vez por todas, reconocer a los jóvenes el derecho a elegir su propio futuro. Es más: quienes están haciendo uso del crédito fiscal son ya mayores de edad. Es muy raro que entre a la universidad un alumno me ñor de 18 años. Si esa persona puede administrar plenamente sus bienes, y elegir Presidente, Senadores, Diputados y concejales, sin limitación alguna, pregunto: ¿por qué el Estado la obliga a optar por un determinado establecimiento educacional para obtener el crédito fiscal? Aquí existe un contrasentido.

Quiero señalar claramente -y se lo planteo al señor Ministro- que no basta decir que uno respeta a la juventud y cree en las libertades; no basta dar la mayoría de edad a los 18 años. En una materia tan importante como es la educación, los recursos del Estado deben destinarse a la persona merecedora de ellos, y le concierne a ésta decidir dónde ocupará el crédito. Es lo mismo que si me otorgaran un préstamo para comprar un televisor y me dijeran: 'Tiene que comprarlo en tal casa comercial". ¡No, señor! ¡Yo sabré en qué parte lo adquiero! Así, también, yo elegiré el instituto, universidad o centro de enseñanza al cual iré a perfeccionarme. Es lo que corresponde y es lo lógico.

Por eso, aprovechando la presencia del señor Ministro, he hecho uso de la palabra •a destacar la conveniencia de un cambio le mentalidad sobre el particular. Respetemos a los jóvenes, pero hagámoslo en su integridad, y terminemos con una discriminación que va a beneficiar a cierto grupo de universidades y a perjudicar a otras. Aquí se pretende que el alumno sea quien elija la mejor universidad, instituto o centro de educación superior, sin indicarle con el dedo el establecimiento.

En segundo término, a mi juicio es muy importante el sistema de becas, el cual, en muchos casos, es bastante más adecuado que el crédito universitario. La beca, sí, debe ser excepcional, para los estudiantes de méritos extraordinarios, porque no es lógico gravarlos con la necesidad de tener que pagar con posterioridad. Ella ha sido siempre, en todas partes del mundo, un premio a la excelencia, a la buena conducta, al buen desempeño, a la buena escolaridad. Y, por lo tanto, los alumnos de escasos recursos que cumplan con todos esos requisitos deberían recibir una beca y no un préstamo. Este último debe estar dirigido, en cambio, a aquellos que no exhiban esa excelencia académica, a quienes también hay que ayudar a desarrollarse en el futuro.

Por último, adhiero plenamente a lo señalado por el Senador señor Zaldívar. Me parece que la persona que recién termina sus estudios universitarios no está en condiciones de pagar intereses. A veces, con mucho sacrificio, podrá satisfacer la deuda por la educación que recibió. Sin embargo, consecuente con ello, es el alumno quien debe decidir dónde invierte su crédito, y no el Estado, ni nosotros.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, procuraré ser muy breve sobre el tema.

El crédito solidario -o crédito universitario, como se denomina hoy- es un subsidio que otorga el Estado, para que puedan seguir cursos de enseñanza superior los alumnos que no están en condiciones de costeárselos por sí mismos. En esa perspectiva, no logro comprender que se conceda sólo a quienes estudian en determinadas entidades, y no a quienes lo hacen en aquellas que cumplen los requisitos que la legislación dispone para tener la calidad de establecimiento de enseñanza superior. Al restringir el beneficio en esos términos, creo que el proyecto atenta contra la igualdad ante la ley. Cabe advertir que de ningún modo se trata de un subsidio al establecimiento, sino que dice relación al alumno, y, desde este punto de vista, debería ser entregado a todos ellos.

En segundo término, hago presente que el sistema de crédito universitario es inconciliable -o, al menos, se roza, en gran parte- con un sistema de becas. En verdad, este último existe hoy en Chile -en la actualidad, son numerosas las que se conceden-, pero carece de reglamentación. Estimo que la iniciativa en análisis debe incluir las normas que determinen cuáles son los requisitos que tienen que cumplirse para ser merecedor de una beca y las condiciones para darla, a fin de que esa institución jurídica opere en forma paralela con el sistema de crédito universitario. En caso contrario, éste tenderá a desaparecer, porque, naturalmente, aquélla constituye un subsidio más completo.

En tercer lugar, se ha planteado cuál deberá ser el interés apropiado para este tipo de crédito. Coincido con lo señalado en la Sala por el señor Ministro de Educación, en el sentido de que el porcentaje respectivo no debe configurar un incentivo perverso para que los alumnos opten al crédito universitario, en perjuicio de otros préstamos a los que puedan acceder. El beneficio debe otorgarse de tal manera que puedan aspirar a obtenerlo las personas que lo necesitan, pero sin que haya abuso al respecto.

Situaciones similares se presentan en lo atinente a resolver la tasa de interés moratorio por el pago de contribuciones y de impuestos, en general. Ella siempre debe ser de tal cuantía que no represente una mayor ventaja económica deberle al Fisco que a una entidad financiera o bancaria.

En ese sentido, formularé las indicaciones pertinentes, en tanto que ahora anuncio que voy a aprobar en general el proyecto.

He dicho.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, quiero ser lo suficientemente breve como para cumplir con el propósito de abocarnos en este momento sólo a una discusión general y de debatir en particular esta materia la semana próxima. Creo que ha producido un buen efecto el que podamos ocuparnos aquí en algunos aspectos relacionados con la educación superior, lo que ha redundado, sin embargo, en el planteamiento de ciertas cuestiones susceptibles de controversia. Y, por eso, he pedido la palabra, a pesar de haber intervenido anteriormente

Tal como se ha dicho, en varias oportunidades, por los señores Senadores y el señor Ministro, el proyecto se basa en cuatro ideas fundamentales. En primer lugar, obedece a la decisión de que en el país ningún joven puede quedar fuera de la educación superior por razones de orden económico. Eso es lo primero, y lo básico: el reconocimiento de que la inteligencia, la capacidad, la honestidad y el trabajo son lo único que hace posible que la persona llegue a ser un buen profesional. No serán la falta de oportunidades económicas ni la situación que enfrente, lejana o cercana a una universidad, las que se lo impidan.

En segundo término, responde al concepto de solidaridad, que representa una superación de la igualdad, en la medida en que quienes posteriormente se hallen en condiciones de comenzar a trabajar revertirán, a través de su esfuerzo y de su dinero, lo requerido para que el Fondo siga manteniéndose. Es decir, si por una parte damos la seguridad de que nadie quedará fuera de la educación superior por razones económicas, por la otra se reconoce que se trata de un bien al cual se accede como fruto del esfuerzo nacional.

Querámoslo o no, por cada profesional que se forma en el país hay muchos jóvenes que carecen de esa posibilidad. Y todos, de una u otra manera, somos hijos del trabajo de nuestros familiares, que no pudieron, a lo mejor, acceder a la educación superior en las mismas condiciones que nosotros. Por eso, se incorpora el valor de la solidaridad.

En seguida, el objetivo es apoyar, en forma primordial, a quienes cumplen con lo que significa estudiar y llegar a ser un profesional eficiente.

Por último, se incorpora una idea que nos parece razonable: el ahorro familiar. O sea, no se concurre sin aportar nada, en el momento de acceder al crédito, sino que se da la oportunidad de reunir algunos recursos previamente, y eso se premia. Por consiguiente, la igualdad y la solidaridad se compensan con ese esfuerzo constante. Es un tema sobre el cual, muchas veces, se formulan observaciones en contrario, relativas a que hay una excesiva prodigalidad de la sociedad o del Estado para con quienes pueden o no acceder a ese crédito.

Sin embargo, aquí se han avanzado algunos juicios que, en mi opinión, hay que recoger, en el bien entendido que éste no es un debate sobre la educación superior, ni respecto de las posturas que tenemos frente a la juventud, ni acerca de cómo debe planificar esa relación. Tampoco se trata de reabrir una discusión suscitada hace mucho tiempo, y que, por desgracia, no hemos sostenido en estos años -la cual motivaba la forma en que orientábamos el crecimiento del país-, en el sentido de determinar el vínculo entre la universidad y el desarrollo nacional; la prioridad del esfuerzo que se hace en esa materia; el papel que los profesionales deben cumplir en el futuro; el aporte que éstos deben efectuar a Chile; el costo que deben pagar ellos, el país y las universidades que los forman.

Pensamos que una autonomía universitaria irrestricta -para nosotros, respetada y respetable permanentemente- debe existir en cualquier Gobierno, sistema y modelo económico. Los Senadores de estas bancas hemos dicho siempre que esa institución, por la cual luchamos tanto -y con tanta dureza- en los últimos años, debe ser inviolable. Pero también es verdad que, tras un debate largo, realizado no sólo en Chile, sino en el mundo entero -y, en particular, en América Latina, a partir de 1920, con los acuerdos de la juventud en Córdoba, a lo que se agrega toda la discusión universitaria al respecto-, se desprende la obligación de analizar cuál es la orientación que deseamos dar al desarrollo del país, sobre la base de garantizar la autonomía y de respetar la libertad de los jóvenes para seguir su vocación.

Eso no está en el debate, pero ya se ha insinuado. Y no por nosotros, los Senadores, ni por algún sector político. ¿Van a tener todas las universidades libertad para abrir, por ejemplo, escuelas de Medicina, en todo Chile? No somos nosotros -repito-, ni los planteles de carácter estatal, sino autoridades docentes de las facultades de Medicina de universidades con una gran vocación de respeto por la libertad académica, las que están diciendo que no puede mediar una falta de limitación en este ámbito, porque la existencia de ciertas profesiones, en el marco del desarrollo, de la eficiencia y de asegurar que sean adecuadamente formadas, implica la obligación de estudiar más a fondo el asunto.

He querido recoger ese punto de vista porque me parece razonable. Y es un aspecto íntimamente ligado con el problema expuesto por algunos señores Senadores en cuanto a por qué son determinadas instituciones universitarias las que tienen la posibilidad de recibir alumnos a quienes se les entrega el crédito.

Soy uno de los que creen, en relación con el primer punto que mencioné, tocante a que los jóvenes tienen derecho a pagar después lo que no pueden pagar hoy, que en el. futuro eso debe extenderse a todos ellos, respecto de todas las universidades. Pero lo anterior se halla sujeto a algo que previamente debemos definir y que se vincula con el debate que realiza la Cámara de Diputados acerca de los cambios a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, lo cual incluye lo relativo al concepto de acreditación.

En efecto, es verdad que todos tienen derecho a acceder al sistema de subsidio que nos ocupa, pero también lo es que, antes de que un estudiante ingrese a una universidad, es preciso saber cuál es la situación de acreditación que en el caso se plantea. Porque, de lo contrario -no me alargaré en este punto-, puede producirse un fenómeno perverso, en el sentido de llegar a que las universidades estén aceptando a quienes cuenten con subsidio o crédito en circunstancias de que no se justifica un financiamiento con recursos provenientes de todos los chilenos.

Formulo una invitación para que en el momento oportuno hagamos un debate sobre este punto. Y estoy dispuesto a que a partir de ahora dejemos establecido que nuestro criterio puede ser el que he señalado, para incluir a todos los jóvenes mediante alguna fórmula transitoria, a la espera del envío de las enmiendas definitivas a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Por otro lado, hace algún tiempo el Honorable señor Hormazábal y otros Senadores de estas bancas sugerimos al señor Ministro de Educación -en ese entonces, el, señor Ricardo Lagos- estudiar la posibilidad de que los profesionales favorecidos por esta ayuda estatal desarrollen sus actividades en las distintas Regiones. Creo que el tema fue abordado también por oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, y estamos redactando una indicación al respecto.

Termino mis palabras retomando mi argumento inicial.

Aun cuando la iniciativa que nos ocupa no da pie para un análisis a fondo de la situación de la educación superior, me pareció relevante refutar algunos planteamientos que, a mi juicio, no pueden formularse sin mayor discusión.

Y tampoco creo que sea apropiado concluir que votar a favor de que todos tengan becas o créditos de alguna manera implica reconocer los derechos de los jóvenes y su libertad, solidarizar con ellos y brindarles oportunidades de desarrollo, porque en los próximos días el Senado deberá conocer proposiciones de ley atentatorias contra todo ello. O sea, precisamente en el instante en que algunos señores Senadores abogan por la libertad de los jóvenes y sus posibilidades de desenvolvimiento, en una legislación aceptada por unanimidad, recogida por convenciones de las Naciones Unidas y aceptada internacionalmente se está retrocediendo al generarse una señal negativa dirigida, más que al perfeccionamiento y desarrollo de la juventud, a una acción punitiva en contra de ella.

En consecuencia, no se trata de que los partidarios de otorgar becas o créditos en todas las universidades -entre los cuales me cuento- apoyan el desarrollo personal de los jóvenes y de quienes limitan esos beneficios a las universidades estatales los lesionan en su libertad. No, señor Presidente esa es una extrapolación inadecuada y que no guarda relación alguna con los términos en que ha discurrido el debate.

He dicho.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, al comenzar la sesión se dijo que sólo haría uso de la palabra el señor Ministro de Educación, que el proyecto se aprobaría rápidamente y que no habría discusión. Sin embargo, llevamos una hora en debate y cada cual saca su espada, blandiéndola con argumentos contundentes.

Por mi parte, quiero referirme a una situación que estimo absolutamente injusta. Según el sistema propuesto, se otorgará crédito a los jóvenes que estudian en los planteles de educación superior que se encuentran bajo la jurisdicción del Consejo de Rectores. No obstante, ¿qué pasa en la Sexta Región, por ejemplo, que carece de universidades con tal característica? Indudablemente, como señaló un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, muchos jóvenes logran sus títulos profesionales con gran esfuerzo personal y de sus padres. Pero los de Temuco, Concepción, La Serena y Antofagasta, por ejemplo, casi no tienen que moverse, porque sus universidades están a 15 ó 20 minutos de sus casas. ¿Y qué sucede con los de la Sexta Región? Deben trasladarse a Valdivia, a Temuco, a Antofagasta o a Santiago. Se nos aduce: ¡Si están tan cerca de Santiago! Pero olvidan que quienes viajan a la Capital desde Pichilemu o San Fernando deben, además de su matrícula y la mensualidad, pagar pensión, porque no van a estar viajando cuatro o cinco horas cada día.

Aprovecho la presencia del señor Ministro para transmitirle la petición tan clara, lógica y justa de que también la Sexta Región, que cuenta con más de 600 mil habitantes y sobre tres mil egresados de la educación media, tenga una universidad estatal. De ese modo podrá darse respuesta a la solicitud tan elocuente de que los créditos vayan también a las Regiones.

Nada más, señor Presidente. Y me parece que fui realmente breve.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, en forma muy breve, deseo formular al señor Ministro una consulta relacionada con los estudiantes extranjeros.

Nuestra enseñanza universitaria goza de merecido prestigio en el exterior. Y es muy satisfactorio apreciar en otros países que gran número de sus profesionales se educaron en Chile. Pero, como la iniciativa en debate introduce diversas modificaciones, habría que analizar en qué forma éstas influirán en el tratamiento que otorgarán las universidades a quienes vienen estudiar a ellas desde el extranjero.

Creo que, así como existen becas a nivel nacional, podría haberlas también de carácter internacional. Y ello contribuiría a una mejor relación entre los países.

Por otra parte, no debemos olvidar el problema de costos. Hay chilenos a quienes su educación les ha resultado más barata en países como Uruguay y Bolivia. ¿Y qué debe hacer en materia de financiamiento de las carreras una universidad ubicada en un área fronteriza cuando gran número de estudiantes extranjeros desea matricularse en ella?

Me parece que es un punto muy importante de tener en cuenta en una política sobre la materia o en un proyecto.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Continúa la discusión particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y modificaciones a los recursos de queja y de casación, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 13a, en 21 de julio de 1993.

Hacienda, sesión 13a, en 21 de julio de 1993.

Constitución (segundo), sesión 1ª, en 5 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesiones 17a, en 11 de agosto de 1993 (se aprueba en general); 7a, en 19 de octubre de 1993 (queda para segunda discusión); 10ª, en 2 de noviembre de 1993 (queda pendiente la discusión).

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, el Senado debe ser consecuente con lo que ya ha resuelto. Como muy bien lo señaló el señor Ministro de Justicia, cuando analizamos los requisitos para ser Ministro de la Corte Suprema, tratándose de abogados ajenos a la carrera, se eliminó el requisito relativo a desempeño académico. Por lo tanto, si se suprimió respecto de quienes iban a ser miembros en propiedad de esa Corte, sería inconsecuente que, en este caso, lo exigiéramos.

Debo dejar constancia de que ambos proyectos fueron aprobados por la Comisión antes del pronunciamiento del Senado. De manera que no hubo contradicción, sino plena concordancia entre una y otro. Por eso, para mantener esa concordancia, lo que corresponde es aprobar esta enmienda. Y, si lo permite la unanimidad de la Sala, habría que omitir la frase respecto de haber desempeñado o estar desempeñando una cátedra universitaria de Derecho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, no me referiré a la primera parte de la modificación, porque iba a plantear exactamente lo mismo. Coincido con la tesis sustentada por el señor Ministro y por el Honorable señor Otero. En verdad, no debería establecerse este requisito, sino diferentes opciones que demuestren idoneidad y, desde luego, años de ejercicio. Habiéndose rechazado con anterioridad por el Senado la exigencia para los efectos de desempeñar el cargo como titular, no cabe duda de que debería eliminarse para ser abogado integrante.

En todo caso, tengo dudas sobre la frase, relativa a las personas que han pertenecido al Poder Judicial, que condiciona también a haber "figurado permanentemente en lista de mérito" su inclusión en las ternas para abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Como la calificación es anual, el "figurar permanentemente" puede originar problemas para acreditar este requisito, que es objetivo. En su lugar, debería aludirse a que tal figuración en lista de mérito corresponda a los últimos cinco años con anterioridad al cese de servicio.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, la Honorable señora Feliú ha estado acertada en su última apreciación, porque también una materia fue modificada por el Senado en el sentido de que la exigencia se refiriera a haber estado calificado en lista de mérito durante los últimos cinco años de desempeño en el Poder Judicial. De manera que perfectamente la Corporación, por unanimidad, podría aprobar la norma propuesta, con las enmiendas sugeridas en este debate.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo; pero me parece que habría que mejorar la redacción, porque, antes de la frase "o que hayan pertenecido a la primera o segunda categoría del escalafón primario del Poder Judicial", etcétera, habría que consignar una expresión como "un abogado de reconocido prestigio" u otra semejante.

El señor OTERO.-

Los Senadores de Renovación Nacional estamos de acuerdo, pero queremos sugerir lo siguiente: en la oración final, donde comienza diciendo "En ningún caso podrán figurar en las ternas profesionales", etcétera, separar con una coma estos dos últimos términos, para que no se entienda que se trata de "ternas profesionales".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, de la lectura del artículo 252 vigente se deduce que se modifica su inciso final, en el sentido de que, en lugar de comunicar a la Contraloría General de la República y a la Tesorería respectiva la imposición de una multa, sólo se deja a este último organismo. En consecuencia, como la enmienda importa un cambio en las funciones del organismo contralor, debería aprobarse con quórum orgánico constitucional, porque las normas relativas a sus facultades así lo requieren.

Por otra parte, en cuanto al mérito de la disposición, considero que no es conveniente alterarla en ese aspecto, porque las funciones que corresponden a ambos servicios son distintas: a la Tesorería se le comunica para los efectos de recibir el pago pertinente, de acuerdo con los medios que la legislación establece al respecto en cuanto a multas o impuestos; y a la Contraloría, en lo tocante a la fiscalización que le concierne en cuanto a que se efectúen tales pagos, y a que aquélla cumpla la labor que le encarga la ley.

Por lo tanto, propongo no modificar la norma vigente en el sentido de enviar tal comunicación sólo a uno de esos organismos, sino a ambos.

He dicho.

El señor OTERO.-

Al no haberse formulado indicación sobre el particular, reglamentariamente no podría tratarse esta materia. Sin embargo, debo señalar que en la Comisión nunca existió el ánimo de excluír a la Contraloría General de la República, pero sí el de regular la forma de pagar las multas, pues, tal como está la norma, no hay manera alguna de cobrarlas, por lo que condenar en multa es, simplemente, condenar a nada.

En consecuencia, si la Sala lo estima a bien, podríamos aprobar por unanimidad lo propuesto, agregando, después de "la Tesorería General", las palabras "y a la Contraloría General de la República,".

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

En seguida, corresponde tratar la indicación N° 18, renovada por los Senadores señora Feliú y señores Martin, Letelier, Mc-Intyre, Thayer, Sinclair, Siebert, Urenda, Cantuarias y Valdés. Ella incide en el N° 1 del artículo 2°, y tiene por objeto reemplazar el texto del inciso primero del artículo 776 propuesto, por el siguiente:

"Presentado el recurso el tribunal examinará si ha sido interpuesto en tiempo, si se ha hecho debidamente la consignación ordenada por los artículos 797 y 801, en su caso, y si ha sido patrocinado por abogado habilitado. En el caso que el recurso se interpusiere ante un tribunal colegiado, el referido examen se efectuará en cuenta.".

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En discusión.

El señor OTERO.-

No tengo inconveniente en acoger lo propuesto por la Honorable señora Feliú. Pero en cuanto a casación en el fondo hay distintas materias, una de las cuales -es muy importante- es si se va a requerir o no consignación, la misma que se aborda en tres o cuatro indicaciones.

Por lo tanto, podríamos discutir ese aspecto en primer lugar. Y, de rechazarse la proposición de la señora Senadora, automáticamente deben entenderse desechadas todas las modificaciones relativas al mismo.

El segundo grupo de indicaciones se refiere a los requisitos del recurso, lo que es necesario debatir artículo por artículo.

Finalmente, está lo relativo a las costas y a la responsabilidad de los abogados patrocinantes del recurso.

Por consiguiente, tal vez sería bueno partir por la primera parte, esto es, por lo tocante a la consignación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, pienso que deberíamos iniciar el debate sobre el recurso en general, pues las modificaciones atinentes a la consignación o a la solidaridad para el pago de costas apuntan a un cambio en aquél. Pero no tengo inconveniente en proceder conforme a lo sugerido.

En primer término, deseo plantear que, a mi juicio, las enmiendas propuestas respecto del recurso de casación en el fondo son, en esencia, contradictorias. Por una parte, y , en lo que atañe a las relativas a la consignación y al pago de costas que veremos, se facilita el recurso, en relación a las normas actualmente vigentes, al eliminar los requisitos de que la causa tenga una cuantía mínima y de que se efectúe una consignación. Con ello, en mi concepto, se lo convierte prácticamente en un recurso ordinario. Y, por otra, en cambio, se entrega a la discrecionalidad de una sala de la Corte Suprema su procedencia o admisibilidad. Porque no otra cosa significa la apreciación, en cuenta, sobre la admisibilidad del recurso de casación, según sea o no -entre comillas- "de relevancia jurídica".

Con la evaluación discrecional de la relevancia jurídica de la infracción que se denuncia en el recurso -como no es posible realizarla de manera reglada, tiene que ser siempre de carácter discrecional-, la suerte de un recurso extraordinario y de estricto Derecho se deja entregada a una calificación no jurídica. En efecto, ésta podrá depender de la cuantía del asunto, de su falta de frecuencia, de consideraciones políticas que hagan inconveniente emitir doctrina en un momento dado, del recargo de trabajo que eventualmente tenga el tribunal de casación, etcétera.

De tal modo, las normativas o los preceptos legales, en la medida en que su contravención merezca o no ser conocida por la Corte Suprema, serán de dos clases o categorías: los que merezcan la atención del Máximo Tribunal, y los que no la merezcan.

Esa clasificación de las leyes también se hará extensiva a las personas o ciudadanos: aquellos cuyos recursos de casación en el fondo sé estiman "de relevancia jurídica", y aquellos cuyos iguales recursos no se estiman de esa naturaleza.

Tal distinción entre normativas legales infringidas es inconstitucional. La observancia de las leyes es obligatoria. Todas las leyes "decisoria litis", esto es, que influyen en la decisión de un "conflicto con relevancia jurídica sometido a la resolución de un órgano jurisdiccional" -en los términos de la definición de juicio o proceso-, son de similar importancia.

Y dado que el juicio o proceso judicial es por definición, un conflicto con relevancia jurídica, ocurrirá que, al final, después de haberse seguido la causa, una resolución del más Alto Tribunal de Derecho del país -encargado de fijar el recto sentido y alcance de las leyes cuya inteligencia se controvierta- expresará: "La infracción de esta ley no tiene relevancia jurídica. Esta ley no nos interesa; su denunciada infracción no importa a la Corte; es poca cosa. Vulnerada o no, a la Corte la tienen sin cuidado las consecuencias que su transgresión pueda ocasionar a las partes en este juicio, ya sea por ser éste poco novedoso, o porque recarga excesivamente el trabajo del tribunal.".

Esa es una discriminación injusta e inconstitucional. Por ello planteo, desde ya, para ante el Tribunal Constitucional, cuestión formal de constitucionalidad, para los efectos del artículo 82, N° 2°, de la Constitución Política, y de la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de ese Excelentísimo Tribunal.

Además, las normas propuestas son contradictorias porque eliminan la exigencia de que el juicio en que incide la impugnación en comento exceda de determinada y mínima cuantía, y, también, la de efectuar una insignificante consignación. Se aduce que esas supresiones tienen por finalidad facilitar su interposición a todo litigante: recurso de casación en el fondo para todos.

Sin embargo, este propósito se ve contrariado o frustrado por la facultad discrecional que se otorga a la Corte Suprema de descartar o declarar inadmisible cualquier recurso por "falta de relevancia jurídica".

Si se aprueba esa facultad discrecional, el recurso de casación en el fondo, en su más alta significación política de garantía de uniformidad en la aplicación de la ley, deja de existir. Sobre algunas preceptivas se ejercerá este control en su aplicación; sobre otras no.

Asimismo, señor Presidente, el precepto atenta contra la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley, pues para algunos ciudadanos regirán sus disposiciones con un sentido o alcance, y para otros, con otros sentidos y alcances. Y no habrá certeza de que un tribunal de casación decidirá que su aplicación deber ser análoga o uniforme.

Nótese que la facultad discrecional de descartar el recurso de casación en el fondo por "falta de relevancia jurídica" es contradictoria con el requisito esencial que se exige para interponerlo y que, en definitiva, el proyecto conserva: que la infracción de ley que se denuncia debe influir substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. O sea, que tal contravención de ella haya provocado necesariamente un fallo distinto del e debió pronunciarse si ésta se hubiere aplicado de manera correcta.

Entonces, reitero: el recurso de casación en el fondo tiene que denunciar, forzosamente, una infracción de ley que haya influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Mas, pese a esa exigencia, la Corte Suprema podría decir: "Aunque exista la infracción de ley que influye substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, este Tribunal no la examinará porque carece de relevancia jurídica".

Señor Presidente, lo anterior es más grave si se considera que estas normas del Código de Procedimiento Civil son aplicables, igualmente, en materia penal o criminal. De tal manera, la Corte Suprema podría negarse, discrecionalmente, a examinar un recurso de casación en el fondo que denuncie la transgresión de leyes penales, por estimar que ella carece de relevancia jurídica, no obstante que se invoquen una o más causales del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. O sea, que se condenó a quien legalmente está exento de responsabilidad penal; que se impuso una pena más severa, o menos grave, que la señalada en la ley, por haberse cometido un error de Derecho en cuanto a las atenuantes, o a las agravantes; que se consideró como delito un hecho lícito; que se calificó un delito por otro; que se cometió un error de Derecho al tomar en cuenta causales de sobreseimiento definitivo, o que se violaron las leyes reguladoras de la prueba.

Lo expuesto reviste enorme gravedad. Y es lo más opuesto o contradictorio con la naturaleza del recurso de casación en el fondo.

Por otra parte, la ordinarización del recurso de casación en el fondo, que se produce al suprimirse los requisitos de cuantía y de consignación de una cantidad de dinero para interponerlo, es contraria a su carácter de recurso extraordinario. Los requisitos señalados no son elevados, ni mucho menos, pero constituyen exigencias que han existido desde siempre y que ameritan especial cuidado, obligan a una ínfima diligencia y sirven para separar los recursos ordinarios de los extraordinarios. Por ello, su supresión no representa una conquista procesal.

En cuanto a los datos que deberá contener el escrito en que se deduzca el referido recurso, reservaré las observaciones pertinentes para el momento en que se discuta la indicación renovada concerniente a la manera de interponer el mismo.

Por estas consideraciones, señor Presidente, me parece que deben acogerse las indicaciones renovadas para mantener las normas relativas al modo de presentar los recursos de casación, tanto en el fondo como en la forma, en cuanto a la necesidad de que sigan en vigor las exigencias de que la causa tenga una cuantía mínima, de efectuar una consignación y de condenar en costas, solidariamente, a los patrocinantes del recurso.

He dicho.

El señor MARTIN.-

Señor Presidente, el proyecto en debate amplía el recurso de casación en el fondo en condiciones que desvirtúan su finalidad esencial, de manera que su naturaleza procesal adquiere caracteres que lo diferencian fundamentalmente del contemplado en el Código de Procedimiento Civil, que es el más importante, preciso y formal de todo nuestro sistema procesal.

Así se desprende del texto modificatorio del artículo 772 y de la propuesta tendiente a derogar los artículos 801 y 809 de dicho Código. Con ello se eliminan requisitos de procedencia y normas que limitan su interposición, pudiendo deducirse, en materia civil, sea cual fuere la cuantía del asunto y sin necesidad de consignar un porcentaje de aquélla. Estas restricciones han permitido, hasta hoy, mantener la casación en el fondo como recurso extraordinario y de trascendencia en el respeto a la ley y como único y genuino creador de jurisprudencia. Lamentablemente para nuestro régimen procesal, la derogación de esos preceptos y, por ende, la supresión de los requisitos que contienen, redundarán en un notable aumento de este tipo de impugnaciones, en forma tal que sustituirán al recurso de queja, cuya presentación llegó a constituir un abuso en los últimos años.

¡El recurso más excepcional, el de mayor trascendencia jurídica en el respeto a la ley, descenderá en importancia entre las instituciones de Derecho, sustituyendo al de queja! Este hecho originará, también, un nuevo motivo de retardo en la vista de las causas en la Corte Suprema. Y si a ello se agrega la vista en tabla de la queja -incorporada en el proyecto-, ¡olvidemos, señor Presidente, los buenos propósitos de una más pronta y expedita administración de justicia!

Se pretende eliminar de nuestro sistema procesal el recurso más importante y de mayor trascendencia en el respeto a la majestad de la ley, en su finalidad de revisora de la correcta aplicación del Derecho, en los conflictos que deben resolver los tribunales. Las enmiendas que se proponen le hacen perder esa finalidad, que le ha dado rango de recurso extraordinario y protector exclusivo de la aplicación del Derecho.

El proyecto determina que, elevado un proceso en que se interpone un recurso de casación en el fondo, el Tribunal deberá examinar, en cuenta, si éste tiene relevancia jurídica para la interpretación y aplicación del Derecho. Es decir, en cada oportunidad deberá hacer esta estimación y decidir si existe tal relevancia, sin considerar que la observancia de todas las leyes es igualmente obligatoria, sin distinción, y que no puede calificarse una como importante o no, según el caso, o según la apreciación de quienes integran el tribunal en ese momento. Y tendremos que aceptar que, con relevancia jurídica o sin ella, la casación en el fondo no seguirá protegiendo el respeto a todas las normativas legales, salvo que el tribunal, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil, determine que el fallo recurrido se dictó con infracción de ley y que este hecho influyó en forma substancial en lo dispositivo del fallo y siempre, naturalmente, que esa transgresión concilie con la calificación acerca de la relevancia jurídica.

Las enmiendas a los artículos 767 y 772 me merecen otra observación. El primero de ellos exige, como requisito de las resoluciones contra las cuales tiene lugar el recurso, que se hayan pronunciado con infracción de ley y que ésta haya influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, y el segundo señala las especificaciones que deberá contener el escrito en que se formalice el recurso. Pero ninguna de las modificaciones precisa -como el artículo 772 en vigor- que deberá hacerse "mención expresa y determinada de la ley o leyes que se suponen infringidas,", esto es, del fundamento esencial que da vida al recurso de casación en el fondo: la infracción de ley en que se funda y de qué ley se trata. En consecuencia, debemos preguntarnos: si no se indican las disposiciones infringidas, ¿a qué preceptos legales se estima referida la relevancia jurídica? ¿Al error de Derecho? ¡Pero si el error de Derecho es una fórmula tan inmensa, de tanta importancia y magnitud, que existen posibilidades de incurrir en él ya sea en términos de amplitud como de restricción!

Señor Presidente, eminentes juristas, destacados Ministros de la Corte Suprema y sobresalientes catedráticos, como don Humberto Trueco, don Ramiro Méndez, don José María Eyzaguirre y muchos otros, fueron distinguidos cultores y respetuosos admiradores del recurso de casación en el fondo, según la concepción contenida actualmente en el Código de Procedimiento Civil. Hoy, juristas y catedráticos de gran magnitud en las enseñanzas del Derecho Procesal, lo mismo que aquéllos, son indiscutidos defensores de esa instancia; con argumentos preciados en resguardo del Derecho que el propio recurso respalda. Y a estos arquetipos de la casación se les derriban sus posiciones sin motivaciones jurídicas, sólo con el incomprensible deseo de quebrar el más fuerte defensor de la ley en los recursos procesales y el más genuino creador de la jurisprudencia que ilustra a nuestros juristas y jueces.

No soy obstinado, señor Presidente, y al asumir la defensa del recurso de casación en el fondo en su actual estructura procesal -esto es, como lo contiene el Código de Procedimiento Civil-, creo defender el Derecho, en una permanencia de tal magnitud que lo enaltece, no con mi voz, sino con la justicia, que, como virtud, no puede perecer.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, la indicación número 19, de la Senadora señora Feliú, tiene por objeto suprimir, en el inciso primero del artículo sugerido como 782 del Código de Procedimiento Civil, la frase "y si tiene relevancia jurídica para la interpretación y aplicación del derecho".

La Comisión decidió rechazarla por considerar plenamente válidas las consideraciones para incorporar en el proyecto la idea de que la Corte Suprema puede declarar inadmisible un recurso de casación en el fondo por carecer de relevancia jurídica en la interpretación y aplicación del Derecho.

Sobre el particular, cabe recordar que la Comisión estimó conveniente entregar al máximo tribunal de la República, por razones de fondo, en armonía con su rol primordial de tribunal de casación y a fin de que pueda disponer del tiempo de estudio y reflexión necesario, la atribución de resolver en la mejor forma la admisibilidad de dicho recurso.

Considero, además, que otorgar la referida facultad a la Corte Suprema contribuirá a precaver la posibilidad de que, una vez limitado el recurso de queja, según se propone en el proyecto, eventualmente podría producirse una proliferación de recursos de casación en el fondo como una forma alternativa de llegar al órgano superior de justicia.

Deseo destacar, asimismo, la opinión vertida en la Comisión por el profesor señor Enrique Barros Bourie en cuanto a que parece indispensable establecer un mecanismo que permita a la Corte Suprema decidir, de manera racional, sobre los casos de que conocerá en atención a la importancia de la materia, por cuanto hoy en día lo hace en consideración a razones meramente formales.

El profesor Barros mencionó, por vía ejemplar, que en países como Francia y Alemania, donde también se produjo, alrededor de 1940, una situación de exceso de trabajo, se resolvió el problema mediante la adopción de diversas fórmulas destinadas a circunscribir el ingreso de causas a la Corte Suprema, destacando que en ambas naciones se establecieron sistemas que facultan al tribunal superior de justicia para que, en Cuenta, determine si el asunto es o no es digno de ser conocido por él. Precisó que esta última medida constituye una especie de filtro previo, que cumple una función análoga a la que existe hoy en día con la inadmisibilidad de las casaciones por razones de forma, pues parece obvio que la Corte Suprema no puede transformarse en un tribunal que, eventualmente, llegue a conocer de todos los asuntos sobre los cuales se litigue en el país.

La Comisión destacó que la Corte Suprema, al ejercer la facultad que se le confiere, deberá ponderar si el asunto tiene o no tiene relevancia jurídica, pero no en abstracto o desde cualquier punto de vista, sino, específicamente, para la interpretación y aplicación del Derecho. Además, resaltó que, precisamente en atención a la particular importancia de la declaración de inadmisibilidad de un recurso de casación en el fondo por carecer de relevancia jurídica, se estatuye que la resolución que así lo declare deberá ser acordada en forma unánime por la Sala de la Corte Suprema que conozca de la materia.

Por ello, se consideró que la norma aludida no atenta contra el derecho de igualdad ante la ley, como se ha dicho, ni es discriminatoria, como también se ha sostenido, pues, por una parte, todas las personas podrán interponer el recurso de casación en el fondo en los casos y forma que establece la ley; y por la otra, todas ellas estarán sujetas a la decisión que tome el tribunal acerca de la admisibilidad y, específicamente, sobre la relevancia jurídica que tenga el recurso para la interpretación y aplicación del Derecho.

Por ello, debemos tener presente que la resolución sobre esta última materia debe tomarla el máximo tribunal de la Nación y que, además, es necesario que concurra la opinión unánime de todos los integrantes de una de sus Salas para que un asunto sea declarado inadmisible por carecer de la debida relevancia jurídica, por lo que no parece posible pensar que la aplicación que la Justicia haga de la norma afecte la igualdad ante la ley o que se corra el riesgo de que adopte sus decisiones por consideraciones subalternas.

En todo caso, es indudable que el asunto tiene relevancia jurídica para la interpretación de un mismo precepto legal, no sólo por la obvia y directa relación existente, no, también, porque para esa situación, precisamente por la trascendencia que reviste, se incorporó una norma en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, conforme a la cual las partes pueden solicitar que el recurso de casación en el fondo sea resuelto por el Pleno de la Corte Suprema.

En consecuencia, señor Presidente, considero que la relevancia jurídica para la interpretación y aplicación del Derecho se relaciona con el interés general de la sociedad de que exista certeza jurídica y una uniforme interpretación del Derecho, y no con un interés particular.

Por lo expuesto, solicitamos el rechazo de la indicación.