Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el nuevo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la consulta de la Sala acerca de la constitucionalidad de la delegación de facultades legislativas en el Presidente de la República en relación a las disposiciones de la ley N° 16.282, sobre sismos o catástrofes; y el de la Comisión Mixta acerca de la misma materia.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 46°, en 23 de abril de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 48°, en 7 de mayo de 1991.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 47°, en 24 de abril de 1991.

Mixta, sesión 2°, en 5 de junio de 1991.

Constitución, sesión 29°, en 20 de agosto de 1991.

Constitución (nuevo), sesión 7°, en 23 de octubre de 1991.

Discusión:

Sesiones 47°, en 24 de abril de 1991 (se aprueba en general y particular); 5°, en 12 de junio de 1991 (se aplaza su discusión); 34°, en 3 de septiembre de 1991 (vuelve a Comisión).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión de Constitución absuelve la consulta formulada en el sentido de que, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 61 de la Carta Fundamental, el Congreso Nacional puede delegar facultades legislativas en el Presidente de la República sólo por el período de un año, o por el lapso inferior que señale el legislador, contado siempre desde la fecha de vigencia de la ley delegatoria.

En armonía con lo anterior, aquellas disposiciones de la ley N° 16.282 que contengan delegaciones de facultades legislativas en términos que no se avengan con el criterio señalado, vulnerarían, a juicio de la Comisión, la Constitución Política de la República, como es el caso de las normas delegadas comprendidas en algunos de los dieciocho primeros artículos del mencionado cuerpo legal, por las razones expresadas tanto en el presente informe como en el anterior. O sea, la Comisión reitera el criterio expresado en el primer informe.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión, también por unanimidad, dejó expresa constancia de que la conclusión anteriormente expuesta no es óbice para que el Primer Mandatario pueda ejercer las facultades administrativas directas que le otorga la ley N° 16.282, pero no aquellas que, por recaer en materias propias de ley, impliquen el ejercicio de facultades legislativas delegadas.

Hace presente, asimismo, que en el evento de que el Ejecutivo no estimare suficientes las mencionadas facultades administrativas, tiene siempre abierta la posibilidad de recurrir a la normativa sobre estados de excepción constitucional contemplada en los artículos 39, 40 y 41 de la Ley Fundamental, que lo faculta, en caso de calamidad pública, para declarar el estado de catástrofe, con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión.

El señor FERNANDEZ .-

Señor Presidente, en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizamos la situación en relación con la ley N° 16.282, que otorga determinadas facultades al Presidente de la República en caso de sismos o catástrofes.

A este respecto, conviene hacer presente al Honorable Senado que, producida una catástrofe, la autoridad presidencial tiene varios caminos por seguir: uno, declarar el estado de catástrofe a que se refieren los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución; o bien, regirse por las normas de la ley N° 16.282, o ambas cosas, es decir, declarar el estado de catástrofe y aplicar las disposiciones que le señala dicha ley.

Pues bien, la normativa legal que dio origen al conflicto y a la dispar opinión que se tuvo en la Sala respecto de su vigencia y de su aplicación, fue dictada con anterioridad a la Carta de 1980. Contiene preceptos de diversa naturaleza, y son facultades que se otorgan al Presidente de la República para el caso de producirse una catástrofe. Obviamente que, producida una catástrofe, están plenamente vigentes, y el Primer Mandatario puede disponer todas aquellas medidas, para lo cual la propia ley le concede atribuciones, como prorrogar plazos en materia de impuestos; hacer excepciones relacionadas con el funcionamiento de servicios públicos; otorgar prórrogas o, eventualmente, condonar determinados tributos.

Esas son -reitero- facultades que la ley confiere al Jefe del Estado, de carácter permanente, que él puede ejercitar cuando se declare o se produzca una catástrofe. En este caso, no es necesario que se declare para los efectos de los estados de excepción constitucional, pues se trata de medidas adoptadas mediante decreto supremo.

Además, en las normas de la ley N° 16.282 se contienen facultades delegadas al Primer Mandatario, que le otorgan la posibilidad de dictar decretos con fuerza de ley, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Carta.

A este último respecto, la Comisión señala que los plazos a que se refiere el mencionado cuerpo legal se encuentran vencidos. El Texto Fundamental dispone que, para los efectos de la delegación de facultades, el lapso sea de un año, el cual, ajuicio de la Comisión, debe contarse desde la fecha de vigencia de la ley delegatoria. Es decir, cada vez que exista la intención o decisión del Congreso de otorgar facultades al Presidente de la República, debe hacerse mediante ley, la que no puede exceder el plazo de un año. Lo que no puede ocurrir, a juicio de la Comisión, es que haya una ley de efectos permanentes. Si se produce una catástrofe y en ese momento surge o comienza la facultad del Ejecutivo de dictar decretos con fuerza de ley, ello vulneraría el artículo 61 de la Constitución, por cuanto la facultad presidencial de dictar tales decretos estaría sujeta a una condición, en circunstancias de que la norma constitucional dispone de un plazo. La condición sería el sismo o catástrofe.

Por lo tanto, la facultad delegada no puede estar sujeta o pendiente de un evento futuro e incierto; y la Comisión concluyó que el plazo, para los efectos de la facultad delegada, debe ser cierto y estar contenido en la ley delegatoria correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, en la ley antes citada se encuentra un sinnúmero de disposiciones obsoletas, sea por no tener aplicación práctica debido a la distinta legislación aplicable, o por referirse a instituciones que ya no existen, lo cual hace aconsejable y necesario adecuar la normativa a la realidad jurídica actual. Por eso estimamos conveniente derogar las normas de la ley N° 16.282 y enviar un nuevo proyecto que no contenga esas disposiciones anacrónicas. En todo caso, se trata de una facultad que corresponde a la autoridad ejercitar y no a la Comisión.

En síntesis, de conformidad con la ley N° 16.282, a juicio de la Comisión, manteniendo lo dicho en el informe anterior, permanecen vigentes todas aquellas facultades administrativas otorgadas al Presidente de la República para casos de sismos y catástrofes. Pero las facultades legislativas delegadas al Primer Mandatario , de acuerdo con dicho precepto, deben entenderse extinguidas, por cuanto no pueden exceder del plazo de un año. La delegación de facultades no puede estar sujeta a una condición -la ocurrencia de un fenómeno natural-, y sólo puede otorgarse por un plazo no superior a 12 meses; vale decir, si frente a una catástrofe el Jefe de Estado aplica las facultades administrativas que la ley le otorga y requiere delegación de facultades legislativas, deberá solicitar al Congreso una ley especial para ese efecto por el plazo que él otorgue.

En lo que dice relación a aquellas normas que se hallan obsoletas por no existir dentro de nuestra institucionalidad administrativa las entidades a las que se refieren -por ejemplo, la Caja Central de Ahorro y Préstamo, la Caja de Crédito Minero-, creemos aconsejable que dichas disposiciones sean modificadas o derogadas para adecuarlas a las necesidades del actual ordenamiento jurídico.

Esa es la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento respecto de la compatibilidad de la ley N° 16.282 con la Carta Fundamental.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, ¿el proyecto de ley debe votarse en conjunto, o número por número? Porque el punto conflictivo del artículo único de la iniciativa es el número 4, el cual dice: "Agrégase, en el inciso primero del artículo 19, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente párrafo: "Por decreto supremo fundado, el Presidente de la República podrá extender este plazo hasta por igual período". Entiendo que ésta es la disposición objetable. De manera que, si se votan favorablemente los demás números y no hay acuerdo en el que hice mención -que pueda rechazarse-; no hay ley y se acaba el problema, por cuanto la objeción de inconstitucionalidad, justamente reside en la facultad que se otorga al Presidente de la República para extender el período de un año -que establece la Constitución-, a dos años.

En consecuencia, si se aprueban los otros números -que, al parecer, no tienen reparos-, el problema de no haber ley quedaría circunscrito sólo al número 4. No sé si se pueden votar separadamente todos los números.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde discutir el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que sustituye el artículo 90 de la ley N° 18.768, en lo relativo a la distribución de ingresos del Sistema de Pronósticos Deportivos, con segundo informe de la Comisión de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 49a, en 8 de mayo de 1991.

Informes de Comisión:

Hacienda, sesión 31a, en 21 de agosto de 1991.

Hacienda (segundo), sesión 4a, en 16 de octubre de 1991.

Discusión:

Sesiones 34a, en 3 de septiembre de 1991 (queda para segunda discusión); 35a, en 4 de septiembre de 1991 (se aprueba en general); 5a, en 17 de octubre de 1991 (queda para segunda discusión).

La indicación, que por haber sido declarada inadmisible no viene en el proyecto, ha sido renovada con las firmas de los Honorables señores Navarrete, Ríos, González, Cantuarias, Calderón, Romero, Urenda, Martin, Fernández, Letelier, Sinclair y Mc-Intyre, y propone agregar el siguiente inciso final al artículo 1°:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, de los fondos destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación, las federaciones deportivas, a través del Comité Olímpico de Chile, COCH, recibirán un porcentaje no inferior al 15% para el cumplimiento de sus finalidades y las de sus federaciones afiliadas. Dichos fondos deberán ser entregados en un plazo no superior a 30 días desde la fecha en que sean percibidos por la Dirección General de Deportes y Recreación, sometiéndose a la supervisión y control de los organismos estatales contemplados en las disposiciones legales vigentes.".

Hay una pequeña diferencia entre la indicación primitiva y la renovada, ya que en la segunda la frase "Dichos fondos deberán ser entregados" reemplaza a la que en la anterior expresaba que "La administración de dichos fondos corresponderá al Comité Olímpico de Chile, quien los deberá percibir".

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, lo que voy a plantear es prácticamente lo mismo que ha dicho el Honorable señor Romero.

Me parece que el tema de la admisibilidad de esta indicación fue ampliamente debatido. Y la razón por la cual no se votó en su oportunidad tiene que ver con la solicitud de segunda discusión.

Sin embargo, para traer a colación con más exactitud aquello que debatimos en la sesión pasada, debo recordar que en la Sala no se formuló argumentación alguna relativa a la inadmisibilidad. Al discutirse el tema sólo se escucharon razonamientos de aceptación, y así lo declaró expresamente el señor Presidente del Senado, sin que el punto aludido haya sido analizado; ni siquiera propuesto.

Por lo tanto, corresponde pronunciarse derechamente respecto de la aceptación o no de la indicación, que ha sido renovada con las firmas reglamentarias.

He dicho.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, si bien es efectivo que en la sesión anterior la mayoría de los señores Senadores que intervinieron concordaron en la admisibilidad de la indicación, no es menos cierto que ello no fue zanjado por la Sala.

En este contexto, si la Mesa tiene dudas al respecto, debe recabar la opinión de la Sala. Si no las tuviere, perfectamente podría declararla inadmisible, tal como lo hizo el Presidente de la Comisión de Hacienda.

Sería conveniente escuchar la opinión del señor Secretario sobre el particular.

El señor CANTUARIAS.-

La situación es otra, señor Presidente. Porque en el trámite de Comisión, el Presidente de ésta, haciendo valer los argumentos que haya estimado atinentes -a mi juicio, no corresponden, pero es innecesario repetir el debate que debe de haberse producido-, tomó la decisión de declarar inadmisible la indicación, como se consigna en el informe respectivo. De conformidad al Reglamento, esto pasa a la Sala. Aquí existe la posibilidad de renovar las indicaciones que, rechazadas en el segundo informe, sean suscritas por diez o más señores Senadores. Y ha ocurrido este fenómeno.

En consecuencia, no es posible que en esta nueva instancia -contemplada claramente en el Reglamento- continúe una suerte de veto o inhabilitación para tratar esta indicación, que ha sido renovada en una oportunidad posterior. De lo contrario nos enfrentaremos con mayores atribuciones de una Comisión, en circunstancias de que la norma reglamentaria de trámite es distinta.

Estamos ante a una indicación renovada que, si la memoria no me falla -y concuerdo con la decisión adoptada-, el Presidente declaró admisible. Por lo tanto, el Senado debe pronunciarse acerca de su texto. Ahora, si el señor Presidente vuelve atrás y pretende recabar la opinión de la Sala acerca de ese punto, es otro el mecanismo. Pero reglamentariamente nos hallamos en una etapa posterior.

He dicho.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La indicación renovada dice lo siguiente:

"ARTICULO 1°.

"De los Honorables Senadores señora Feliú y señores Huerta, Lagos, Letelier, Navarrete, Piñera, Romero y Sinclair, para agregar el siguiente inciso:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso precedente, de los fondos destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación, las Federaciones Deportivas, a través del Comité Olímpico de Chile, COCH, recibirán un porcentaje no inferior al 15% para el cumplimiento de sus finalidades y las de sus federaciones afiliadas. La administración de dichos fondos corresponderá al Comité Olímpico de Chile, quien los deberá percibir en un plazo no superior a 30 días desde la fecha en que sean percibidos por la Dirección General de Deportes y Recreación, sometiéndose a la supervisión y control de los organismos estatales contemplados en las disposiciones legales vigentes.".

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, este proyecto ha sido objeto de diversos planteamientos tanto en la Cámara de Diputados como en la Comisión de Hacienda del Senado. Hemos recibido argumentaciones en el sentido de que el surgimiento de sorteos más económicos y cuyo monto en premios es mayor, como el Loto, el Kino, el Bingo y otros, ha puesto en crisis los recursos financieros provenientes de la Polla Gol, que han ido disminuyendo ostensible y sostenidamente. Y a este respecto se nos han hecho llegar cuadros estadísticos, los cuales se encuentran incorporados en el informe de dicha Comisión.

Los ingresos de la DIGEDER, en consecuencia, han decrecido considerablemente, provocando una situación muy conflictiva.

El Comité Olímpico de Chile, que conforme al artículo 3° del decreto supremo N° 379, de 1976, del Ministerio de Defensa, recibe un aporte de 15 por ciento de los ingresos que la DIGEDER obtiene por concepto de Polla Gol, ha planteado legítimamente la necesidad de que se mantenga ese porcentaje.

Por lo tanto, este proyecto de ley, que otorga nuevos recursos a la Dirección General de Deportes y Recreación, diferentes de los emanados de la Polla Gol, no contempla ninguna situación distinta de la que conocíamos antes de su presentación; tan sólo se está haciendo un ajuste, conforme a lo que son los nuevos sorteos. Y, como lo señalaba el Comité Olímpico de Chile, la idea es que se le reconozca una situación de hecho y de derecho: la posibilidad de percibir ese 15 por ciento.

Señor Presidente, en todo caso, nos parece que la situación del deporte no debe abordarse sólo a través de un precepto, pues significa una solución eminentemente transitoria y muy particular, que me atrevería a calificar de "parche", porque no apunta al fondo del problema de esa disciplina, que es mucho más complejo y de mayor envergadura. Pensamos que en la materia tiene que existir toda una normativa coherente y sistemática, que ordene y proyecte, con una política nacional, lo que debe ser el desarrollo del deporte en nuestro país.

De allí que estimamos importantísimo que tanto el Gobierno como los distintos sectores representados en el Senado y en la Cámara de Diputados pongamos nuestra voluntad para poder convenir una posición común frente a un problema que no es político; el deporte, a nuestro juicio, es algo que supera los límites de la política.

Creemos que debe legislarse en forma integral, sistemática y ordenada respecto de la materia. Este proyecto -repito- sólo está solucionando una situación muy puntual. Por tanto, nos parece necesario mantener por ahora el esquema existente.

He dicho.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, los Senadores de esta bancada queremos dar a conocer algunas inquietudes en cuanto al proyecto de ley en estudio, que procura distribuir de mejor manera los ingresos provenientes de determinados juegos, toda vez que se ha producido un cambio en la preferencia de los apostadores, quienes, en lugar de participar en la Polla Gol, de donde se destinan recursos a la DIGEDER, han optado por otros sistemas. De manera que el objeto de esta iniciativa es mantener los fondos que ese organismo ha obtenido tradicionalmente. Y, desde ese punto de vista, se hacía aconsejable una nueva legislación, para adecuar los dineros a los requerimientos del deporte en general.

Sin perjuicio de ello, deseamos hacer presente que el Gobierno se encuentra analizando una nueva Ley del Deporte, con el objeto de modernizar la normativa existente, que data de 1970 -ella surgió en el período de un gobernante de nuestras filas- y ha sido efectiva durante sus veintiún años de vigencia. Pero efectivamente, los tiempos aconsejan mirar dicha disciplina desde otra perspectiva, lo cual nos indica que debe dictarse una nueva legislación al respecto. Y no deseamos que ella provenga de las altas esferas. Propiciamos que sean los propios deportistas de todo el país los actores que den vida a sus inquietudes, en función de las deficiencias que aprecien en el terreno, a fin de que, una vez elaborado el proyecto pertinente, en el Congreso podamos enriquecerlo.

Por eso, en estos momentos se ha llevado a cabo la Primera Conferencia Nacional de Deportistas, en la que participaron alrededor de seiscientos dirigentes de todo el territorio, desde Arica a Punta Arenas, quienes expresaron su deseo de obtener una preceptiva legal que permita ir en ayuda del deporte en todas sus facetas, no solamente en sus disciplinas tradicionales, sino también en las nuevas, a las cuales se han integrado jóvenes y adultos.

Nos parece importante la inquietud demostrada por el Presidente Aylwin y sus asesores en lo referente a las normativas que dicen relación al deporte. Esperamos que a la brevedad pueda darse forma al anteproyecto que intentará modificar la ley de 1970 (creemos que en los próximos meses estará preparado). Y aguardamos la realización de algunos seminarios en las distintas Regiones, con el objeto de que los deportistas participen en su ámbito.

En más de una oportunidad hemos tenido contacto con los deportistas, especialmente con los de la zona norte. Y, en los casos de Iquique y Arica, se ha conversado con los Consejos Locales, cuyos integrantes nos han señalado muchas veces que no cuentan con recursos, por lo que deben recurrir a las oficinas regionales de la DIGEDER para procurar conseguir implementos y aportes destinados al mejoramiento de sus canchas. Además, nos han hecho presente que no siempre reciben del COCH la ayuda que les permita fomentar el deporte, por lo cual se ven obligados a acudir a los órganos regionales de la DIGEDER, que se encuentran más cerca de los Consejos Locales y son más expeditos.

Por ese motivo, nos parece que a través de la indicación en análisis, que pretende distraer 15 por ciento de los recursos de la DIGEDER para otorgarlos al Comité Olímpico de Chile, no se llega al fondo del problema ni se satisface el deseo expresado por los deportistas del país (hablo, por lo menos, de los de la Región que represento). Porque la Dirección General de Deportes y Recreación entrega hoy más de ese porcentaje a las distintas federaciones y al propio COCH. De manera que traspasar recursos al citado Comité coartaría la posibilidad de que la DIGEDER ayudara directamente a las instancias deportivas regionales.

Creemos que cuando se analice en profundidad la nueva Ley del Deporte podremos saber, mediante el contacto permanente con los representantes de deportistas de las diversas Regiones, si las federaciones pertinentes llegan a sus zonas. Porque se da el caso paradójico de que -como ocurre en otras actividades, cuando hablamos de descentralizar la vida institucional y económica del país- se han formulado cargos en el sentido de que muchas veces las federaciones están estructuradas sólo por directorios del centro del país y no representan al resto de las Regiones.

Desde ese punto de vista, nos parece más aconsejable que, al efectuarse un estudio profundo de la referida Ley, se determine de qué manera se puede encauzar la participación de todos los deportistas y distribuir mejor la ayuda económica para tal efecto.

Señor Presidente, nos parece que, al distraer el 15 por ciento de tales recursos para entregarlo directamente al Comité Olímpico de Chile, en cierto modo se estaría atentando contra las reales necesidades de las Regiones. Los Consejos Locales de Deportes -reitero- han expresado que se sienten mucho más ligados a la DIGEDER en cuanto a la ayuda indispensable para cumplir mejor sus actividades.

Esperamos que la iniciativa en estudio logre cumplir los anhelos de los deportistas de contar con recursos adecuados. Por eso, consideramos positivo aprobarla, pues, tal como se señaló en sesión pasada, permite disponer de los ingresos indispensables para tener una actividad deportiva mucho más integral y masiva.

Está de más señalar las ventajas que reporta la práctica de deportes. Hoy día, no sólo los jóvenes siguen alguna disciplina, sino también diversos grupos de seniors, quienes están mostrando facetas que tuvieron en el pasado, incorporando con ello a numerosas personas. Sin embargo, para todo eso se requieren fondos e implementos.

Consideramos importante hacer presentes las inquietudes de todos los deportistas, sean jóvenes o adultos.

Desde ese punto de vista, quisiéramos que se entregaran a la Dirección General de Deportes y Recreación todos los recursos necesarios, para desde allí canalizarlos a las distintas Regiones.

Es cuanto quería decir en esta oportunidad.

El señor GAZMURI .-

Seré muy breve, señor Presidente.

La discusión de este proyecto de ley tiene importancia, por cuanto el deporte es una de las actividades que resulta indispensable fomentar en el país.

No voy a hacer una fundamentación más extensa sobre este asunto. Pero creo que la fijación de una política que incentive el deporte y particularmente el masivo, debería constituir una de las preocupaciones principales tanto del Gobierno como del Congreso Nacional, por el impacto que tiene esa actividad, que está dentro del campo del desenvolvimiento cultural; por los problemas que afligen a muchos sectores, juveniles, adultos y de la tercera edad que no hallan cauces suficientes para utilizar creativamente las energías.

Sin embargo, estimo necesario que el Senado entienda que no estamos discutiendo una iniciativa relacionada con el conjunto de la política del deporte. Este proyecto tiene un objetivo muy preciso: destinar de manera directa a la DIGEDER parte de los recursos derivados de diversos sistemas de apuestas. No es más que eso. Y, en tal sentido, hemos apoyado la iniciativa durante toda su tramitación.

La Dirección General de Deportes y Recreación es un organismo del Estado que tiene como misión principal promover el deporte masivo -en mi concepto, es lo que el país más requiere-, sin descuidar, por cierto, el de alta competición, a cuyo respecto existe preocupación nacional, dados los bajos rendimientos exhibidos en el último tiempo.

A ese respecto, estimo que no conviene disponer que parte de los recursos sea destinada directamente al Comité Olímpico de Chile. Creo que esa medida debería adoptarse en el marco de un debate más general sobre la materia, donde se fijen los objetivos del deporte masivo y las políticas del de alta competencia.

Por otra parte, la indicación renovada no tiene efectos prácticos, pues los montos que el Comité Olímpico de Chile recibe de la Dirección General de Deportes y Recreación son bastante superiores al 15 por ciento que se procura establecer por ley.

En ese sentido, opino que no corresponde analizar aquí el asunto. Y por eso no deseo entrar a una discusión más de fondo sobre la política deportiva. Se ha anunciado el envío de un proyecto de Ley General del Deporte. Además, durante el estudio de la Ley de Presupuestos tendremos que examinar el régimen de la DIGEDER. Nos interesa en gran manera el debate respectivo. La materia está siendo discutida en el Parlamento: mañana la analizará una Subcomisión; después pasará a la Comisión Especial de Presupuestos, y por último, tendremos oportunidad de conocerla en la Sala, cuando veamos el proyecto pertinente.

Por tanto, los Senadores de esta bancada vamos a aprobar el proyecto tal como viene. Rechazaremos, pues, la indicación renovada, porque nos parece, por una parte, que no tiene fundamento suficiente; por otra, que carece de efectos prácticos; y, por último, que tampoco resolverá los problemas suscitados entre la DIGEDER y el Comité Olímpico de Chile. Consideramos que más bien introduce un factor innecesario al proyecto, cuyo objetivo es muy preciso: orientar parte de las recaudaciones del sistema de pronósticos deportivos al organismo público encargado de la promoción y el fomento del deporte masivo en el país, lo que sí es de la más alta importancia.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, quiero remitirme a la indicación renovada para destinar al Comité Olímpico de Chile parte de los recursos que recibe la Dirección General de Deportes y Recreación.

Las consideraciones que aquí podamos hacer respecto de los propósitos que animan a todos los sectores y, eventualmente, de la iniciativa que el Gobierno pudiera propiciar para la discusión de una Ley General del Deporte, en mi opinión, no tienen nada que ver con el trámite de este proyecto, que se refiere a materias bien específicas.

Por cierto, participaremos con mucho interés -e intentaremos hacer aportaciones- en la discusión de los proyectos relativos al tema general del deporte que se sometan a nuestra consideración. Pero hoy estamos enfrentados a una iniciativa que, en el fondo, redestina fondos de sorteos distintos del que originalmente aportó al deporte -el de la Polla Gol-, por las dificultades -llamémoslas "de mercado"- que ha experimentado ese concurso.

En consecuencia, nos preocupa que se esté pidiendo que los pronunciamientos sobre el proyecto en debate se reserven exclusivamente para esa discusión posterior, en la que, por supuesto, participaremos con mucho entusiasmo.

El segundo elemento -lo considero muy importante- se relaciona con una cuestión de administración y modernidad del país.

Podemos pensar que somos capaces de resolver los problemas y satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad a través del fomento de sus formas de organización y de los entes que en el tiempo se han creado para desarrollar ciertas actividades -por ejemplo, el deporte-, o creer, a la inversa -señal, a mi juicio, inequívoca de experiencias que caminan en sentido contrario a la historia-, que todo ello se soluciona por la vía de organismos públicos únicos y con atribuciones amplias en cada uno de los sectores.

Surge, pues, el contraste evidente entre centralizar los recursos públicos destinados al deporte en un único organismo -sería la DIGEDER-, con todos los peligros que ello encierra en términos de burocracia y de administración discrecional o de otra índole, y la posibilidad de entregarlos a otros entes que han nacido en el tiempo -y rescato esto, porque aquí se trata del Comité Olímpico de Chile, creado hace muchísimos años-, que son los representantes de las organizaciones y federaciones deportivas.

Pretender la existencia de un ente público que, como único canal, va a administrar los recursos que la sociedad destinará al deporte constituye, en mi concepto, un grave retroceso respecto de la forma como hemos querido administrar el país.

De allí extraigo, por ende un argumento adicional para requerir la aprobación de la indicación que hemos presentado, tendiente a que el 15 por ciento -apenas esa cantidad- de los recursos del deporte se entregue directamente al Comité Olímpico de Chile.

Sin embargo, de acuerdo a la información que aquí se nos ha proporcionado, se está aportando mucho más que eso, lo cual hace desaparecer una razón de índole práctica para oponerse a una indicación como la descrita.

Si, como se ha dicho, lo que ha ocurrido es que la DIGEDER ha aportado al Comité Olímpico más de ese 15 por ciento, ¿qué razón habría para no aprobar esta indicación, que limita la entrega de fondos a este ente exclusivamente al porcentaje que he señalado?

Por último, quisiera hacer una breve referencia a los desacuerdos públicos que hemos presenciado entre los directivos de ambos organismos. No deseo emitir opinión sobre los problemas surgidos, que han sido de conocimiento general.

Creo que, al igual que en tantas otras circunstancias de nuestro quehacer nacional, bien vale la pena una cuota de humildad y de esfuerzo colectivo. Empero, lo cierto es que hemos presenciado una controversia severa, que se ha traducido en juicios respecto de la eficiencia en la administración de ciertos recursos. Y, desde esa perspectiva, nace de inmediato la interrogante de si oponerse a la indicación en debate no constituye, por parte del Parlamento, una toma de posición respecto de uno u otro de los organismos que han tenido estas discrepancias, que en nada ayudan al deporte nacional.

Por el contrario, creo profundamente en los organismos intermedios de la sociedad. En la organización de las personas y de los entes que se han dado para ello -sobre todo, los que tienen más tradición entre nosotros- está justamente la clave para que alcancemos logros importantes en todos los ámbitos, incluido, por cierto, el deportivo.

Por último, considero que los cuestionamientos que se han hecho a los resultados obtenidos en torneos internacionales son, más bien, materia de otra discusión, y no debieran, bajo ningún pretexto, formar parte de la fundamentación para aprobar o rechazar la indicación que nos ocupa y que, como he dicho, tiene por objeto destinar apenas una pequeña cantidad de los recursos que la DIGEDER recibe -inferior a la sexta parte: el 15 por ciento- a un organismo único, público y conocido, creado hace ya varias décadas -el Comité Olímpico de Chile-, para el cumplimiento de sus finalidades y las de sus federaciones afiliadas.

Por las razones expuestas, anuncio nuestros votos favorables a la indicación que hemos patrocinado y, ahora, renovado.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, el otro día nos referimos a la incultura en el aspecto deportivo, y me parece que DIGEDER, o cualquier institución que tenga que ver con el deporte, debe tomar muy en consideración ese punto para resolverlo.

Quiero, asimismo, formular algunos comentarios sobre el deporte en general, materia que debería ser objeto de un plan y de una política general de Gobierno. Quizá su práctica habría que orientarla, más que al aspecto competitivo, al desarrollo integral de la persona. De acuerdo con el antiquísimo lema "mens sana in corpore sano", deberíamos también, con la disciplina del deporte, tender al perfeccionamiento de la condición del ser humano.

Y, aunque tal vez resulte un tanto antipolítico y antipopular, es necesario plantear algunas observaciones respecto de ciertos deportes. Me refiero al boxeo. Es probable que aquí haya algunos que sean excelentes boxeadores, o que lo hayan sido, o que lo practiquen. Pero, desde el punto de vista de la concepción médica, creo que es una actividad que en nada ayuda a la perfección corporal o espiritual del ser humano. Si tomamos en cuenta que un buen boxeador es aquel capaz de noquear a su contrincante, dejándolo por más de diez segundos botado en la lona, con serios riesgos cerebrales, indiscutiblemente debemos concluir que ello atenta directamente contra la vida de la persona víctima de ese campeón de boxeo. Tenemos los casos de Bonavena y de muchos otros, todos hombres jóvenes que, en la plenitud de su capacidad física, quedaron convertidos en vegetales para después morir en medio del olvido de la gente.

Considero que un deporte que no contribuya al perfeccionamiento del cuerpo humano es un antideporte. Obviamente, más que a la parte competitiva, debería darse mayor énfasis a la atinente al perfeccionamiento.

No obstante atribuirse gran importancia al deporte en general, se olvida que la mitad de los chilenos son chilenas, son mujeres. Y siempre que hablamos de deportes nos referimos habitualmente a los practicados por varones. Creo que deben incentivarse también los deportes más propicios para las damas. Y, sin entrar a discutir sobre la femineidad y la masculinidad, es indudable que existen deportes más apropiados para los hombres; y otros, para las mujeres. No me gusta -y perdonen que dé una expresión personal- ver a mujeres jugando fútbol, o boxeando, o haciendo "cachascascán" en el barro. Creo que es lo más antifemenino que hay. Puede ser un juicio controvertido, discutido y polémico, pero uno tiene derecho a dar su opinión y ésta es, por lo menos, la mía. ¡Y de ningún modo yo pretendería acercarme a una mujer que fuera campeona de "cachascascán" ni menos de boxeo!

Y respecto del deporte en general, señor Presidente , hay uno que nos brindan las montañas y la Cordillera de los Andes. Contamos con cinco mil kilómetros de blancas montañas que están esperándonos con los brazos abiertos -o, en último caso, "con las rocas abiertas"- llamándonos a practicar un deporte. Desde el Valle Central hasta Punta Arenas la cordillera se muestra propicia para recibirnos. Sin embargo, nunca se ha hecho, al parecer, un plan serio para permitir que miles y miles de hombres y mujeres jóvenes, y no tan jóvenes, se dediquen al maravilloso deporte blanco, el esquí. Creo que las condiciones económicas de nuestro país no lo ha hecho posible. Los centros invernales son lugares a los cuales sólo tiene acceso un grupo muy reducido y privilegiado de personas, por razones esencialmente económicas: primero, por su lejanía y, segundo, porque los equipos que se requieren son de alto costo. Por ello muchos quedan excluidos de su práctica, especialmente jóvenes estudiantes que se sienten atraídos por el deporte blanco y que, obviamente, no pueden hacerlo. Debería sugerirse a la DIGEDER la elaboración de un plan masivo para que nuestra juventud pueda acceder a una actividad que la naturaleza nos regala tan generosa y espléndidamente.

Repito; contamos con cinco mil kilómetros de cordillera, con centros que son los mejores de América y que pueden compararse con los más adelantados del mundo. Sin embargo, si se hiciera un recuento de las personas que pueden gozar de esa maravilla de la naturaleza, el porcentaje no llegaría ni al 0,1 por ciento de la población joven en Chile. Las razones son las expuestas, y me parece que están en conocimiento de todos.

Quiero también referirme a un asunto que en la Región que represento constituye un problema, que en seguida paso a exponer. Al respecto, ignoro cuál es la experiencia de otras Regiones.

Hay escuelas muy bien dotadas, con una gran arquitectura y con excelentes campos deportivos y buenos gimnasios, pero que, sin embargo, no están abiertos hacia la comunidad. Me decía el Diputado señor Seguel que en algunas partes se han suscrito convenios entre la DIGEDER y escuelas, los que han permitido que instalaciones deportivas queden a disposición de la comunidad. Lamentablemente, no es el caso de nuestra Región. Y lo digo específicamente porque hace unos días estuve en una de las tantas localidades de la comuna de Rengo y comprobé que a gente que vive en los alrededores de una escuela que tiene magníficos campos deportivos y gimnasios se le ha prohibido utilizarlos, en circunstancias de que se trata, a veces, de ex alumnos del mismo plantel o de padres o parientes de los niños que en él estudian.

A mi juicio, la idea negativa de que la gente es incapaz de cuidar las escuelas, no tiene ningún fundamento; creo que, cuando las siente suyas, las cuida y resguarda.

Quiero insistir en una petición al Ministerio de Educación -me parece que un planteamiento en esta materia ya fue formulado por el Honorable señor González - en el sentido de que los campos deportivos y los gimnasios se abran a la comunidad. Chile es un país pobre que no puede darse el lujo de construir más establecimientos de esa especie, en circunstancias de que ya los tiene. Se trata -repito- de que se abran a la comunidad para que disfrute de ellos.

Señor Presidente , las exposiciones que hemos estado haciendo se basan en que el deporte es una necesidad biológica. Y a quienes, como sucede con los señores Senadores, pasan muchas horas de sus vidas sentados, desgraciadamente se les nota. Las personas que disponen de oportunidad de practicar deportes debieran hacerlo en la mayor medida posible, porque no sólo desarrollan la parte muscular o neuromuscular, sino también la disciplina, el orden, el sentido de lealtad y de competencia limpia y sana, en una acepción similar al lema del frontis del gimnasio de la Universidad de Concepción: "Gana sin orgullo, pierde sin rencor". Y esto es válido no sólo en el deporte, sino también en política.

He dicho.

El señor THAYER .-

Voy a fundar mi voto en forma breve.

Personalmente, considero razonable el objetivo de la indicación, porque es conveniente adoptar las máximas medidas de seguridad en el manejo de fondos tan cuantiosos y en el resguardo del carácter independiente del deporte. Sin embargo, por razones que ya hice presente, deberé abstenerme por tener serias dudas respecto de la constitucionalidad de la disposición.

Me abstengo.

-Se aprueba la indicación renovada (13 votos contra 5, una abstención y 6 pareos).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La indicación, original de los Honorables señores Diez y Piñera, fue renovada con la firma de los Honorables señores Larre, Lagos, Romero, Diez, Otero, Cantuarias, Prat, Alessandri, Siebert y Cooper, y dice lo siguiente:

"Artículo.- El 50% de todos los fondos puestos a disposición de la Dirección de Deportes y Recreación deberá ser regionalizado, para ser invertido por los Gobiernos Regionales en el desarrollo del deporte.

"La Ley de Presupuestos de cada año contemplará los traspasos correspondientes.".

Como ya se hizo presente, la indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión de Hacienda, previa consulta a ésta.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, el objetivo de la indicación es obvio: hacer que la iniciativa en estudio responda a la idea general contenida en el proyecto de reforma constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y Provincial y Administración Comunal cuya ratificación por el Congreso Pleno está pendiente.

La indicación en debate es de absoluta justicia, ya que los fondos generados por el sistema de pronósticos deportivos provienen de todo Chile. Y, luego, es lógico que la DIGEDER los reparta y los regionalice en todo el país, de manera que puedan ser invertidos por los Gobiernos Regionales en la forma en que lo dispondrá la ley orgánica constitucional de regionalización que tendremos que aprobar.

Respecto a la declaración de inadmisibilidad debo señalar, señor Presidente, que, después de revisar cuidadosamente el artículo 62 de la Constitución Política, he llegado a la conclusión de que no existe ningún número en él que la fundamente. En efecto, la indicación no dispone nuevos gastos, ni cambia el objeto del proyecto, que es favorecer al deporte, y, dentro de la organización interna del Estado, establece que una parte de estos recursos deberá ser invertida por los Gobiernos Regionales en el desarrollo deportivo. Por consiguiente, pienso que la Sala no tendrá ningún inconveniente en aprobar la indicación, que es lógica, responde a la readecuación que se pondrá en marcha en el país y está dentro de la iniciativa y facultades del Congreso Nacional.

Por los demás, señor Presidente, el proyecto que ahora debatimos no tuvo su origen en un mensaje del Ejecutivo, sino en una moción de Parlamentarios.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, en este caso, a mi entender, no es atinente la preocupación que hice presente sobre la indicación renovada anterior, porque no se asignan recursos a un organismo determinado, sino, más bien, hay un afán general de regionalización.

No obstante ello, tengo mis dudas.

Por consiguiente, me abstengo.

El señor PALZA .-

Voto que sí, señor Presidente, porque esta indicación no es similar a la anterior, en la que se orientaban los recursos a un organismo determinado. Por lo demás, en el ánimo de que los recursos se inviertan en las Regiones, señalé la inconveniencia de parcializarlos y asignárselos al COCH, ya que, a mi entender, la mejor manera de favorecer a las Regiones es canalizarlos a través de la DIGEDER.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, fundaré mi voto en forma muy breve.

Voy a votar a favor de la indicación renovada, porque los escrúpulos de constitucionalidad que se habían manifestado aparecen de alguna manera contradichos por la amplia aceptación del Senado de su admisibilidad.

En segundo lugar -y es un factor muy importante-, recuerdo que el proyecto tuvo su origen en una moción de señores Diputados que el Gobierno hizo suya. Por consiguiente, me parece que en alguna forma está clara la participación del Ejecutivo.

Por las razones expuestas, voto que sí.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, propongo aprobar por unanimidad la indicación.

Zanjada la duda constitucional, estamos dispuestos a distribuir los recursos entre las Regiones; pero esperamos que los señores Senadores de la Oposición, tan estrictos en la interpretación constitucional, nos acompañen en varias iniciativas que vamos a presentar en el mismo ámbito más adelante y mantengan su postura interpretativa.

Eso es todo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si ningún señor Senador va a votar en contra la indicación, se aprobará por unanimidad.

Acordado.

Queda despachado el proyecto en este trámite.