Labor Parlamentaria

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta la dotación de Gendarmería de Chile, con informes de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 33a, en 27 de agosto de 1991.

Informes de Comisión:

Constitución y Hacienda, sesión 2a, en 3 de octubre de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Tanto la Comisión de Legislación como la de Hacienda proponen aprobar la iniciativa en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, el mensaje que da origen a este proyecto de ley establece que tiene por objeto aumentar en 500 plazas la dotación de la Planta del Personal de Vigilantes Penitenciarios y en 14 la Planta de Técnicos del Servicio de Gendarmería de Chile.

Es un hecho ampliamente conocido que Gendarmería de Chile atraviesa por una situación crítica en lo relativo a su dotación, producto, entre otros factores, del explosivo aumento de la población penal, que de 14 mil 726 reclusos, en 1981, llegó a 25 mil 250 en 1989.

El problema de la falta de personal se ve agravado por la asignación de nuevas responsabilidades y funciones al Servicio, como, por ejemplo, las que le impone la ley N° 18.216, que regula los beneficios alternativos a la ejecución de las penas restrictivas o privativas de libertad.

El fundamento legal del proyecto radica en la ley N° 19.012, de Presupuestos del Sector Público para 1991, la cual contempló un aumento en la dotación de Gendarmería de Chile: 470 nuevas plazas para el Escalafón Masculino, 30 para el Escalafón Femenino y 14 para la Planta de Técnicos.

Esta iniciativa modifica dos textos legales: los decretos con fuerza de ley N° 1.791 -en su artículo 8°-, de 1980, y N° 9, de 1990, ambos del Ministerio de Justicia.

El mensaje está acompañado de un informe técnico de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, para los efectos de lo previsto en el artículo 14 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

No obstante que el proyecto no significa un nuevo gasto, pues su financiamiento ya está autorizado por la Ley de Presupuestos para 1991, debió pasar a la Comisión de Hacienda, por acuerdo del Senado.

Como he dicho, la finalidad que se persigue es modificar las plantas del Servicio de Gendarmería para incorporar el aumento extraordinario de la dotación dispuesto por la Ley de Presupuestos del año en curso, ya que se enfrenta una carencia de 2 mil funcionarios. Para suplir esta falta el Gobierno aumentará anualmente la dotación en 500 plazas.

El artículo 3° del texto en estudio permite encasillar a los maestros instructores que laboran en los talleres fiscales de los Centros de Educación y Trabajo de Gendarmería de Chile, por estricto orden de antigüedad en el Servicio, en los 14 cargos que se crean en la Planta de Técnicos. Atendido que existen algunos instructores con varios años en el Servicio, pero que no cumplen con lo dispuesto por el Estatuto Administrativo en el sentido de tener un título profesional o técnico, el inciso segundo del mismo artículo declara que este personal cuenta con los requisitos establecidos en el decreto con fuerza de ley N° 9, de Justicia, de 1990, que exige título de contador, de dibujante técnico o de cualquier especialidad atinente a la Institución.

Hoy día estos maestros instructores están a contrata, con una remuneración equivalente al grado que les correspondería en su escalafón.

En la actualidad la Planta de Vigilantes Penitenciarios es de 3 mil 530 plazas, para cubrir 122 penales a lo largo del país. A nivel nacional hay un déficit en el personal mínimo que se requiere para las rutinas de vigilancia ordinaria, cifrado en el 42,41 por ciento. Con el plan del Gobierno de incrementar gradualmente dicha Planta y la de los Profesionales en un lapso de cuatro años, aquél bajará a un 19,44 por ciento.

Tal situación conlleva un recargo excesivo en las labores de los funcionarios. Como consecuencia de ello, las franquicias o descansos de los vigilantes son muy escasos, traduciéndose el natural agotamiento en un aumento extraordinario de las licencias médicas.

Además, la falta de personal determina que Gendarmería de Chile no pueda dar cabal cumplimiento a otras obligaciones, como son la rehabilitación y la readaptación de las personas privadas de libertad y la asistencia en el medio libre a aquellas que se ven favorecidas por la ley N° 18.216, que regula los beneficios alternativos a la ejecución de las penas restrictivas o privativas de libertad. Estos beneficios son la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada.

El sistema de las penas alternativas ha demostrado ser altamente eficaz: las estadísticas indican que los condenados que se ven favorecidos por la ley N° 18.216 reinciden sólo en un 6 por ciento de los casos.

Para enfrentar la labor de rehabilitación, la Institución requiere contar con profesionales, básicamente asistentes sociales y psicólogos. El aumento de la planta respectiva está previsto para 1992.

Atendidos los fundamentos del proyecto, cabe señalar que éste fue acogido por la unanimidad de la Comisión de Constitución, que compartió la idea de legislar y la forma de hacerlo propuesta en el texto de la Honorable Cámara de Diputados, por lo cual otorgó también su acuerdo unánime a todos y cada uno de sus artículos.

En consecuencia, y en mérito de lo expuesto, solicito a la Corporación aprobar esta iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la otra rama del Congreso.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, Honorable Senado, tal como lo ha manifestado el Senador señor Pacheco, el gasto que irrogará este proyecto, que incrementa la dotación de Gendarmería, está fundamentado en la Ley de Presupuestos. Cuando se estudió esta última normativa, el señor Director de la Institución y el señor Ministro de Justicia plantearon que el propósito perseguido se concretaría en un plazo de cuatro años, considerándose para 1991 el aumento que contempla el texto que nos ocupa.

Respecto del artículo 1°, que acrecienta la planta, en todos los grados, para el personal de vigilantes penitenciarios de los escalafones masculino y femenino, quiero dejar constancia de que, de acuerdo con la legislación vigente, los cargos que se crean -ellos se encuentran sujetos a la Escala Única de Sueldos- deberán proveerse por ascenso del personal en servicio y de que los correspondientes al último grado, con los cuales se completarán las nuevas plazas, serán llenados por nombramiento con la promoción de la Escuela de Gendarmería de Chile.

La letra b) de este mismo precepto reemplaza el total general de cargos establecidos en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley 1.791, esto es, 4 mil 909 -así dice el texto de la letra mencionada- por 5 mil 423. Pero la verdad es que dicho cuerpo legal contempla un número de 4 mil 900 plazas, y no de 4 mil 909. Por esta razón, señor Presidente, presento una indicación tendiente a corregir el error formal en que incurre el proyecto, y solicito que el Senado la apruebe. Reitero que deben considerarse 4 mil 900 empleos, como total general de planta.

Finalmente, el artículo 2° crea 14 nuevos cargos para los maestros instructores, correspondientes a funcionarios que actualmente laboran en los talleres del Servicio de Prisiones. Al respecto, el artículo 4° dispone que la "aplicación de la norma establecida en el artículo anterior" -esto es, la referente al encasillamiento que en ese caso procede- "no podrá significar para el personal a que ella se refiere, disminución de remuneraciones, cambio de sistema previsional o pérdida de cualquier derecho que le correspondiere a la fecha de entrada en vigencia de esta ley". Agrega más adelante que en esa situación será aplicable el artículo final de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, en el sentido de que quienes pasen a ser regidos por las normas de ese cuerpo legal luego de estar sujetos al Código del Trabajo no tendrán derecho, con motivo del cambio de régimen jurídico, a percibir ningún beneficio de carácter indemnizatorio, cuyo pago quedará postergado hasta la fecha del cese de sus funciones.

Quisiera que se aclarara lo relativo a si este personal se encuentra actualmente afecto al referido Código, porque tanto el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento cuanto el de la de Hacienda sostienen que está en calidad de "contratado", terminología que en la Administración Pública equivale a la asimilación a un cargo de planta. Ahora, si en el hecho está regido por el Código del Trabajo, la norma sería correcta; en cambio, si se encuentra contratado, asimilado a grado -como se contempla en ambos informes-, ella resultaría improcedente.

Por ello, señor Presidente, formulo la consulta respectiva, a fin de que algún señor Senador pueda absolverla.

He dicho.

Muchas gracias.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto.

En todo caso, quisiéramos dejar constancia de que se planteó una inquietud al Gobierno -y éste manifestó buena disposición en la materia- respecto de la situación de los profesores que imparten clases en las escuelas existentes dentro de los establecimientos carcelarios. Ellos actualmente se encuentran asignados a la dotación municipal, pero necesariamente deberían ser incluidos entre el personal de Gendarmería, puesto que su única función es la señalada. Dependen de las autoridades carcelarias y trabajan con ellas; sin embargo, administrativamente, están contratados por las municipalidades, creando una seria distorsión en lo que respecta a ese hecho y al pago de sus remuneraciones.

En este sentido, al concurrir con nuestros votos a aprobar la iniciativa, queremos dejar constancia de que es el deseo de Renovación Nacional que el Gobierno materialice la separación que debe haber en cuanto a esos docentes, a fin de que realmente sean traspasados al Servicio Penitenciario, bajo la dependencia del Ministerio de Justicia, y dejen de pertenecer a las corporaciones municipales o a los departamentos de educación de los municipios, porque es imprescindible terminar a corto plazo con la distorsión mencionada.

Señor Presidente, reviste especial importancia este aspecto, puesto que en algunos casos -por ejemplo, en Colina- el costo de la mantención de esos profesores pone en serio peligro el financiamiento de la educación municipal en la comuna.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Urenda.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, mi Partido votará favorablemente el proyecto y se complace de que el Gobierno esté dirigiendo su atención a los problemas de Gendarmería, ya que es obvio que el personal de ésta resulta insuficiente para cumplir una labor tan amplia.

A este respecto, quisiera hacer presente que entre las funciones más importantes que ese servicio debe desarrollar se encuentra la rehabilitación y readaptación de los delincuentes. Por ello, es imprescindible que la contratación de profesionales y la obtención de los elementos adecuados para realizar esa tarea se materialicen a la brevedad posible.

Lo anterior está íntimamente vinculado con la realidad carcelaria en su conjunto. Hemos visto que la sustitución de ciertas penas y la posibilidad de cumplirlas en una forma distinta ha tenido muy buenos resultados al disminuir fundamentalmente la reincidencia, lográndose, en consecuencia, los verdaderos propósitos que persigue la ley.

Sobre el particular, creo que deberíamos ir más allá e introducir otros cambios en la legislación, puesto que en Chile ha existido la costumbre de priorizar la privación de la libertad, en circunstancias de que puede haber otro tipo de sanciones con un efecto más práctico y que ayuden a disminuir la población carcelaria. Pienso que se plantea la posibilidad de muchas enmiendas tendientes a agilizar los procesos, y que al sustituir las penas permitirían disminuir el personal requerido en los recintos de reclusión y que Gendarmería se dedicara, cada vez más en plenitud, a la labor de rehabilitación y de asistencia que la ley le encomienda.

Dejando constancia de este propósito, que constituye el deseo de la Unión Demócrata Independiente, anuncio mi voto favorable a esta iniciativa.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Calderón.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente, nosotros compartimos plenamente este proyecto. Me ha tocado comprobar lo que expresa el informe en cuanto a las condiciones en que se desenvuelven los funcionarios de Gendarmería. Al respecto, he visitado las cárceles de Porvenir y de Punta Arenas, conociendo el hacinamiento que presentan y la carencia de personal. En su oportunidad incluso envié una carta a algunos señores Ministros, a fin de enterarlos de esta situación.

Todos sabemos que hay gran preocupación en el país por la seguridad ciudadana, por lo que en este momento es preciso destacar que ésta no solamente tiene que ver con la represión y la prevención, sino también con la rehabilitación, que en nuestros penales, como es sabido, no encuentra condiciones favorables. Por eso es tan urgente y necesario aumentar la dotación de Gendarmería.

Quisiera señalar, además, que si bien parte de este personal pudo estar comprometido con violaciones a los derechos humanos, he observado el espíritu de entrega profesional que anima a muchos de sus integrantes en la Región que represento. En una visita a la cárcel de Porvenir -quizás una de las que se encuentran en peores condiciones en Chile- pude constatar que sus funcionarios realizaban trabajos voluntarios para modificar las condiciones ambientales del recinto, con medios conseguidos de la pobre comunidad de la zona. Saludo en ellos, pues, el espíritu reinante en el personal de la institución.

Por otra parte, pienso que en estas nuevas contrataciones debiera considerarse a los exonerados. Tuve oportunidad de conocer la situación de la señora Perla Navarro , quien trabajó en la cárcel de Puerto Natales -su esposo también pertenecía a Gendarmería- y fue requerida, encontrándose en estado de embarazo, para que renunciara. No obstante que lo ha solicitado, hasta ahora no ha sido recontratada, aduciéndose que su marginación fue voluntaria, lo cual no es efectivo, pues fue exonerada administrativamente. Creo que hay muchos casos como éste, los cuales debieran considerarse en las nuevas contrataciones.

Nuestra bancada está plenamente de acuerdo con este proyecto, y estima que, incluso, al estudiar la Ley de Presupuestos deben hacerse esfuerzos para destinar mayores recursos a la importantísima labor social que, en condiciones tan desmedradas y difíciles, desarrolla Gendarmería de Chile.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, durante el análisis del proyecto que ahora se discute, oímos una exposición completísima del señor Director Nacional de Gendarmería, don Isidro Solís, quien presentó una documentada cuenta de las muy importantes funciones de ese Servicio -destacó, asimismo, los ímprobos esfuerzos de su personal para llevarlas a cabo-, las que se han visto incrementadas en el último tiempo con el aumento de la población penal, pero, además, por el hecho de que Gendarmería debe dar cumplimiento a diversas otras obligaciones, como la rehabilitación y la readaptación de las personas privadas de libertad, y la asistencia en el medio libre de quienes resultan favorecidos por la ley N° 18.216, que regula los beneficios alternativos a las penas restrictivas o privativas de libertad. Dichos beneficios son la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna y la libertad vigilada.

Para el cumplimiento de las funciones que la ley impone a Gendarmería, su personal resulta notoriamente insuficiente. Por ese motivo, es preciso aumentar la planta, tal como lo ha propuesto el Ejecutivo, dentro de ciertos plazos, hasta completar el número de funcionarios que requiere aquel importante servicio público.

Deseo señalar que, al igual que en la Comisión, en la Sala votaré favorablemente el proyecto que aumenta la dotación de Gendarmería de Chile, por cuanto se trata de una medida adecuada, que hace plena justicia a un trabajo muy abnegado y poco reconocido. Los gendarmes realizan, a través de todo Chile, una labor fundamental para resguardar la seguridad del país y de sus habitantes, y para cumplir las normas propias de un Estado de Derecho.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, desde ya, manifiesto mi voluntad de votar favorablemente el proyecto en estudio.

Deseo hacer presente que hace poco tiempo me reuní con personas vinculadas a Gendarmería, quienes me dieron cuenta de dos situaciones que estimo esencial discutir más adelante, en la Sala o en las Comisiones correspondientes. Y, para esos efectos, solicito oficiar al señor Director Nacional de Gendarmería , a fin de que nos informe respecto de esas dos materias, que me fueron expuestas en forma dramática.

En primer lugar, debido a que los funcionarios de Gendarmería de Chile se rigen por distintos sistemas previsionales, se producen situaciones molestas, desagradables, e incluso atentatorias contra la dignidad personal. Por ejemplo, cuando en alguna cárcel se produce un motín -como el conocido ayer-, normalmente los gendarmes procuran que vayan a aplacarlo en primera fila quienes gozan de mejor situación previsional, pues, si algunos son asesinados, los familiares no quedan en situación tan menesterosa. Por ese motivo, al registrarse un motín, los mismos gendarmes colocan en la retaguardia a aquellos que tienen una previsión más deteriorada.

Esa situación, señor Presidente, me ha impactado sobremanera.

En segundo término, al parecer -por la información que recibí-, en la Institución no existe una asignación de riesgo acorde con la naturaleza de las funciones que desempeña el personal. En consecuencia, considero indispensable que el señor Director Nacional de Gendarmería nos ilustre sobre esta materia, porque si hay una tarea que permanentemente está sujeta a alto riesgo, es la que llevan a cabo los funcionarios de dicho Servicio.

Estimo relevante el hecho de que se esté aumentando la planta del personal de Gendarmería de Chile a través de este proyecto de ley. Sin embargo, el número de cargos es todavía insuficiente para las exigencias del sistema penitenciario.

Existe una política carcelaria que se ha conocido por los medios informativos, la cual es resistida por parte de la comunidad. En otra oportunidad podríamos dar nuestras opiniones respecto de esa dramática situación. Pero, en lo esencial, preferiría que el señor Director Nacional de Gendarmería nos informara oficialmente respecto de los dos temas que he planteado: el previsional y el de la asignación de riesgo.

Muchas gracias.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Gracias, señor Presidente.

De acuerdo a lo expresado por los señores Senadores, existe unanimidad para aprobar el proyecto. Sin embargo, estimo necesario, además de las opiniones vertidas, hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, se trata de un personal que ha sufrido un grave deterioro en el desempeño de sus funciones durante un largo período, tanto en el monto de sus remuneraciones y en la dotación como en las condiciones de trabajo.

Concuerdo absolutamente con lo señalado por el Senador señor Núñez en el sentido de que en una legislación posterior -aunque podría aprovecharse este debate- debe revisarse el régimen previsional de Gendarmería, que es discriminatorio para cierto personal. No es admisible que una misma Institución, de gran importancia para la sociedad, tenga a los diversos funcionarios adscritos a regímenes previsionales distintos, algunos de ellos sin duda insuficientes.

Creo que, además, debiera modificarse el reglamento de trabajo del personal, cuyos turnos, precisamente por la falta de dotación que afecta a ese Servicio, a menudo son muy superiores a lo que la legislación acepta como jornada normal, e incluso a lo que estamos comprometidos en los tratados internacionales. En muchas oportunidades los gendarmes deben cumplir jornadas que exceden considerablemente las 8 horas; no pueden -y a veces lo hacen por vocación de servicio- tomar los días feriados o de descanso que les corresponde, y aun tienen que postergar sus vacaciones por la falta de un reglamento al respecto, pero también -y creo que en este sentido la iniciativa que estamos aprobando va a contribuir en algo- por la carencia de funcionarios para atender las necesidades básicas del sistema.

Ahora bien, quiero referirme a un tema que, a mi juicio, debiéramos analizar en el Parlamento -y creo conveniente solicitar al señor Ministro de Justicia una discusión sobre él-: el de la instalación carcelaria.

Todos tenemos conciencia de que los presos -al parecer, por tratarse de gente que ha infringido las normas de convivencia de la sociedad, a veces en forma muy grave- quedan abandonados a la peor suerte, quizá creyéndose que la suya es una prioridad de último rango, en razón de ser delincuentes.

No es un problema que afecta sólo a Chile. En muchos países existe casi el mismo concepto.

Por eso, cuando uno recorre las instalaciones carcelarias, en algunas ocasiones llega al espanto a causa de las condiciones inhumanas existentes y el hacinamiento en que allí se vive, lo que hace que terminen siendo lugares que, en vez de rehabilitar a los seres humanos ahí recluidos, los empujan mucho más al delito.

Dentro de este tema, quiero referirme más que nada a dónde se instalan los recintos carcelarios. Porque -al parecer, también con la teoría de abaratar costos o de mejorar la eficiencia en el servicio- en el último tiempo se empezó a adoptar la medida -no en este Gobierno: el problema es anterior- de acumular presos en determinados lugares.

Pondré como ejemplo el caso de Colina. Ésta es una comuna rural cercana a nuestro límite urbano, de gran tranquilidad, que, naturalmente, contaba con su propio recinto de reclusión, pequeño, destinado a la gente de la zona que delinquía. Se decidió instalar allí un complejo carcelario -por cierto, uno mucho mejor que los existentes en otras partes- donde puede albergarse a más de mil quinientos presos. Sin embargo, automáticamente la ciudadanía reaccionó, porque no tenía la voluntad -muchas veces uno no lo entiende, y lo atribuye a falta de solidaridad- de que se construyera un recinto de esas características, que pasó a ser el principal elemento de actividad de la comuna. A Colina, por ejemplo, los días de visita concurren 3 mil a 4 mil personas.

Ahora bien: el Gobierno anunció que se va a continuar con el plan -hace 8 años que se instaló la cárcel-, consistente en duplicar la capacidad del penal para albergar a reos rematados.

Personalmente, no creo que haya que oponerse a la construcción de esta clase de establecimientos. Al contrario, los considero muy necesarios. Si los objetara, sería contradictorio con lo que dije al comienzo. Tenemos una gran necesidad de recuperar los recintos existentes o reemplazarlos. Pero, en mi opinión, debe diseñarse una política y discutirse en este Parlamento, para determinar cómo instalarlos, de tal manera que se compatibilice el interés de la comunidad local con el de la sociedad toda por tener este tipo de establecimientos.

Creo que una de las primeras normas -por avanzar alguna idea sobre el particular- debe consistir en que los recintos carcelarios de alta peligrosidad, de reos rematados, no estén ubicados en sectores urbanos, sino en zonas más alejadas -dando, por supuesto, acceso y comodidad a quienes vayan a visitar a esos reclusos-, lo que evitaría crear una situación difícil con la comunidad. Ésta reacciona muchas veces en términos que superan lo que se podría esperar. Pero debemos ponernos en su lugar: ¿cuál sería nuestra reacción si en el barrio donde vivimos se proyectara instalar una cárcel? Estoy seguro de que muchos señores Senadores emprenderían acciones para evitarlo, o reclamarían frente a un hecho de este tipo.

En consecuencia, es necesario compatibilizar esta necesidad de la sociedad de dar a toda persona un tratamiento digno y acorde con los derechos que le corresponden -incluso, a quien haya delinquido- con los derechos humanos de la comunidad en su conjunto.

Por eso -y me declaro desde ya completamente partidario del proyecto, por las razones que he señalado-, tenemos que buscar fórmulas para establecer la referida política. Y sería conveniente que pudiéramos intercambiar ideas con el señor Ministro de Justicia, y a lo mejor impulsar un plan de establecimientos carcelarios que evitara ese tipo de conflictos.

Y tal problema lo conozco en forma personal, porque en la circunscripción que represento no sólo están los casos de Colina y Maipú, sino también el de Calera de Tango, donde se pretendió construir un centro de rehabilitación de menores en situación irregular. Pero la comunidad local, en su inmensa mayoría, se opuso a esta idea. Estamos conscientes de que en alguna parte debe instalarse un establecimiento de esa índole; porque no vamos a llevar a esa gente a una isla o fuera del territorio. Es necesario rehabilitar a los menores.

La misma situación se está produciendo en Maipú, donde los habitantes agrupados en la Junta de Vecinos N° 7 no reclaman por el hecho de que en esa localidad se vaya a construir un centro de rehabilitación, sino por su ubicación en el radio urbano. Ellos sugieren levantarlo a dos o tres kilómetros, en Rinconada de Maipú, o en otro lugar que le proporcione cierta independencia e impida conflictos.

En resumen, señor Presidente, solicito oficiar al señor Ministro de Justicia haciéndole presente la conveniencia de escuchar en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sus planteamientos sobre el tema, ocasión en la que podríamos opinar y aportar ideas sobre una política de construcción de establecimientos carcelarios.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.

Tiene la palabra el Honorable señor Papi.

El señor PAPI.-

Quiero expresar brevemente que el Comité Radical-Social Demócrata votará a favor del proyecto de ley en discusión.

Sin embargo, deseo hacer las siguientes reflexiones.

Es un hecho que la disminución del personal de la Administración del Estado se efectuó durante el Régimen pasado sin ningún criterio de racionalidad. Se olvidó que uno de los principios que deben informar una Administración, por reducida que sea, es el de que debe contar con una dotación suficiente, es decir, apta para el cumplimiento de los fines propios de cada servicio. Y, así, el Gobierno del Presidente Aylwin ha debido abordar simultáneamente diversos problemas cuya solución significa incurrir en gastos. Junto al pago de la deuda social, ha tenido que destinar recursos a complementar dotaciones de servicios fundamentales. Es lo que ocurre ahora con este proyecto, relativo a Gendarmería de Chile, cuyo personal -como lo señala el mensaje- no es suficiente para cumplir en forma adecuada su tarea, considerando que entre 1981 y 1989 la población penal prácticamente se ha duplicado y que han aumentado las responsabilidades y funciones del Servicio. Empero, estos aspectos, a lo largo de los años, no han sido acompañados del necesario incremento del personal, lo que ahora obliga a un esfuerzo adicional para suplir tal deficiencia.

Lo mismo ha ocurrido en la Policía de Investigaciones. Y el problema no es menor en Carabineros de Chile.

Todo lo anterior ha derivado, entre otras cosas, en la situación de inseguridad que vive la población y que el Gobierno del Presidente Aylwin no podía menos que enfrentar.

En ese sentido, quiero llamar la atención acerca de los enormes tropiezos con que el Régimen democrático ha tenido que asumir sus funciones, en las más diversas áreas, tan sólo para superar desequilibrios que, bajo otras condiciones, no habrían sido aceptables en el desarrollo normal del país.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Soto.

La señora SOTO .-

Señor Presidente, aquí, en Valparaíso, la cárcel pública es colindante con el cementerio. Este hecho, al parecer, constituye una demostración inequívoca de lo que expresó un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra. Me refiero al grave hacinamiento que se produce en los presidios, el que no sólo repercute en un deterioro desde el punto de vista de los derechos humanos, sino que también impide la concreción del objetivo perseguido por la ley sancionatoria: la rehabilitación del delincuente.

Por otra parte, Gendarmería, por contar con una dotación tan exigua, se encuentra en situación parecida. Prácticamente, los funcionarios tienen un día libre cada tres semanas, con el consiguiente perjuicio para su salud síquica.

Según las estadísticas, el 60 por ciento de los delincuentes condenados a cumplir sus penas en cárceles públicas son reincidentes. En cambio, tratándose de castigados con sanciones alternativas, la reincidencia es mínima: 6 por ciento.

En consecuencia, sería conveniente promover una gran discusión para cambiar en su totalidad el sistema que rige a ese Servicio. No es admisible mantener en Gendarmería una dotación tan escasa, que inclusive constituye un riesgo para la vida de su personal.

Me parece también que, si se pretende rehabilitar a quienes infringen la ley y convertirlos en ciudadanos útiles a la comunidad, es necesaria al respecto una política distinta. No podemos seguir considerándolos parias y, por lo tanto, muertos para la sociedad.

Por eso, me sumo a la solicitud de oficiar al Director Nacional de Gendarmería .

Nada más, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Se agregará el nombre de Su Señoría al oficio pertinente.

Tiene la palabra el Honorable señor Huerta.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, para conocimiento de mis Honorables colegas, debo informar que el personal de Gendarmería nació afecto al régimen previsional de Carabineros de Chile, antigua Caja de Previsión de esta Institución, hoy DIPRECA, Dirección de Previsión de la misma. A esta entidad imponen Carabineros, Investigaciones y 1.800 funcionarios de Gendarmería que por su propia voluntad decidieron permanecer en ella; los demás se afiliaron a otros organismos previsionales.

Tengo informaciones del señor Ministro de Justicia en el sentido de que se enviará al Parlamento un proyecto de ley que permitirá que todo el personal de Gendarmería retorne a la DIPRECA. Ésta cuenta con capacidad instalada necesaria para atenderlo, y la única condición exigida por Carabineros de Chile -y el Ministerio de Justicia la aceptó- es la de que, a fin de no desfinanciar a esa Dirección, los funcionarios se incorporen con los fondos acumulados.

En consecuencia, deseaba informar a los señores Senadores que el problema previsional se encuentra en vías de solución y que Carabineros de Chile, en su organismo correspondiente, acogerá al personal de Gendarmería con la mejor voluntad.

En lo relativo al proyecto en debate, anuncio mi voto favorable.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, al señalar Renovación Nacional que apoyaría la iniciativa en estudio, se limitó a expresar que lo hacía por tratarse del aumento de la dotación de Gendarmería de Chile, sin entrar en consideraciones sobre aspectos carcelarios. Sin embargo, las intervenciones de otros señores Senadores nos obligan a aclarar nuestra posición respecto de este último punto, a fin de que quede constancia de ella ante el país.

En primer lugar, debo rectificar las afirmaciones de algunos Honorables colegas que me precedieron en el uso de la palabra en cuanto a que el problema penitenciario es herencia del Gobierno anterior. La verdad es que se remonta a mucho antes. Y yo diría que viene de los años 40, sin que desde esa fecha ninguna Administración haya planificado una política destinada a solucionarlo. Y si analizáramos la situación desde el punto de vista de los metros cuadrados construidos, comprobaríamos que el Régimen anterior, en lo concerniente a penitenciarías y establecimientos carcelarios, ocuparía indiscutiblemente el lugar de vanguardia.

Pero no es ése el tema que nos corresponde estudiar en esta oportunidad, sino que, de una vez por todas, debemos analizar lo que realmente está ocurriendo en este país.

Aunque los problemas se hayan originado con anterioridad, hoy día están vigentes. Y hay que enfrentarlos ahora. Y al Gobierno actual compete hacerlo.

Me parece, entonces, que esto despeja muchas discusiones acerca de si las dificultades vienen de antes o no.

Hay una cuestión que todos debemos apreciar con absoluta frialdad y realismo. Nadie -menos aún Renovación Nacional- ha dejado de reconocer el gravísimo problema humano existente en materia de establecimientos penitenciarios. En la Cámara Baja, inclusive, se formó una Comisión Especial -la preside el Diputado de nuestro Partido señor Arturo Longton- que ha estado visitando dichos establecimientos para formarse una cabal impresión de aquello que no es humano.

Yo, señores Senadores, hice mi práctica profesional en la Cárcel Pública de Santiago. Y desde esa época -ya en ese entonces las condiciones eran absolutamente inhumanas- hasta ahora, la situación no ha variado, sino que ha empeorado, debido a que los nuevos reclusos, por la falta de vigilancia, de espacio y de comodidades, están expuestos a vejámenes y degradaciones que no se aceptan en ninguna otra parte.

Por ello, deseamos dejar en claro que el propósito de Renovación Nacional es contribuir con todos sus esfuerzos a estudiar un plan que realmente enfrente el problema penitenciario, no sólo en materia de establecimientos, sino además en lo tocante a la rehabilitación de quienes delinquen. Hay que distinguir entre los delincuentes reiterados, rematados, que no tienen posibilidad alguna, y aquellos que han delinquido por primera vez, y a veces llevados por circunstancias ajenas a su voluntad.

No podemos, sin embargo, estar de acuerdo con la política adoptada por este Gobierno para resolver el problema carcelario.

El Honorable señor Zaldívar, con quien representamos a la misma circunscripción, ha estado conmigo en algunos actos públicos donde la comunidad ha manifestado su rechazo a la instalación de establecimientos penitenciarios en sus propias comunas.

Quiero, señor Presidente, ser muy claro en lo siguiente: un error cometido en la Administración pasada no justifica mantenerlo y ampliarlo en la actual. Fue una equivocación construir un establecimiento penitenciario dentro del radio urbano de la comuna de Colina. Se cometió durante el Régimen anterior. ¡Sí! Pero ello no justifica que este Gobierno pretenda duplicarla o ampliarla. Porque, contrariamente a lo que se sostuvo en una concentración pública, los terrenos que estaban al lado no fueron comprados para ampliar la cárcel de Colina, sino para establecer una granja. Y hoy día se tiene la intención de destinarlos, no a la ampliación de dicho penal, sino a la construcción de un nuevo establecimiento carcelario.

Señores Senadores, es conveniente visitar el lugar y comprobar que entre las rejas de seguridad y las casas de una población no hay ni siquiera 20 metros. De manera que ante una fuga no podrían adoptarse medidas serias de prevención, por temor a poner en peligro la vida de quienes habitan en las cercanías. Las mujeres y las niñas de las poblaciones aledañas, después de que los penados son confinados en sus celdas, no pueden pasar por allí. ¿Por qué razón? Por la cantidad de improperios e insultos que les dicen. Hay que ir a ver lo que ocurre los días de visita, cuando llegan a Colina alrededor de tres mil quinientas personas, causando destrozos en los parques y plazas, y dejando toda clase de basuras.

En ninguna parte se levantan establecimientos carcelarios en medio de una ciudad. Y esto es muy grave, pues no sólo se ha intentado hacerlo en Colina, sino también en Calera de Tango. Afortunadamente, el Gobierno rectificó su decisión y anunció que no lo concretará. Pero sí se pretende construir uno en Maipú. Primero se habla de un recinto carcelario. Cuando la comunidad se opone, se cambia el nombre y se hace referencia a un Centro de Capacitación Profesional para Jóvenes, en circunstancias de que el proyecto contempla la edificación de un establecimiento carcelario. Y este Centro, destinado a delincuentes juveniles de alta peligrosidad, se instalaría a entre 50 y 100 metros de escuelas de enseñanza básica.

Se ofrece al Gobierno cambiar 5 mil metros cuadrados por 50 mil metros cuadrados en un lugar aislado, separado. Pero, como eso implica un mayor costo, se dice "no". Se insiste, y entonces se dice que la comunidad no tiene sensibilidad social. ¡No es que no se tenga sensibilidad social! ¡No confundamos las cosas! El problema penitenciario existe; pero démosle una solución lógica, racional, que no cree dificultades sociales mayores, como las que origina la instalación, en medio de una zona urbana, al lado de colegios, de un centro de rehabilitación de delincuentes juveniles de alta peligrosidad.

Yo me uno al oficio que pide enviar el Honorable señor Zaldívar . Me parece que hay momentos en que no podemos diferenciarnos por sostener distintas ideologías o pertenecer a la Oposición o al Gobierno. Se trata de una materia que interesa a todos los chilenos. Hemos ido a las poblaciones sin preguntar cuál es el color político de las personas a las que afecta. Es lo que nos corresponde a todos, porque somos Senadores de la República y no Senadores de un partido determinado.

Reitero: adhiero a la petición del Honorable señor Zaldívar , pues el oficio es adecuado. Pero, sobre todo, hago una invitación formal para que nos aboquemos en serio al estudio del problema carcelario, porque es una lacra que afecta a todos los chilenos sin excepción. Y en ese sentido comprometo autorizadamente la voluntad, el esfuerzo y los votos de los Senadores de Renovación Nacional.

He dicho, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Díaz.

El señor DÍAZ.-

Señor Presidente, estoy totalmente de acuerdo con las expresiones vertidas.

Quiero referirme a un hecho muy especial.

En Rancagua existe una escuela, la Moisés Mussa, que es la más antigua de Chile y que cumple este mes 200 años. Ayer desfiló con gallardía y marcialidad ante el Presidente de la República , quien fue ovacionado por más de 25 mil personas en el estadio El Teniente de la misma ciudad. Y esta escuela, indiscutiblemente, fue una de las más aplaudidas, por su longevidad. Sin embargo, ella se encuentra a calle por medio de la cárcel de Rancagua, donde han sucedido hechos de todos conocidos y que significan un riesgo increíble para la comunidad y, en particular, para los más de mil quinientos alumnos de dicho establecimiento educacional.

Me asocio a la idea de efectuar un estudio muy serio sobre la materia, porque incluso, desde el punto de vista económico, sería ventajoso para las cárceles ubicadas en sectores urbanos su erradicación a lugares más alejados. En el caso específico de la de Rancagua, dado el precio del metro cuadrado de los terrenos que ocupa actualmente (cerca -repito- de la escuela Moisés Mussa), podría construirse, con ventajas, un penal en un lugar alejado de la ciudad.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-SeRecuerdo que estamos en la primera discusión y que se han presentado dos indicaciones. Si la Sala las acogiera unánimemente, el proyecto se aprobaría con modificaciones, sin necesidad de volverlo a Comisión.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, me referiré a las indicaciones presentadas.

Efectivamente, el proyecto, en su artículo 1°, letra b), señala la cifra "4.909", que es errónea, pues el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 1.791, que se modifica, se refiere a un total general de cargos de planta de "4.900". En el hecho, por aplicación de distintas normas -unas que crearon empleos y otras que los suprimieron-, la situación actual es de 4.909 cargos. Sin embargo, la ley vigente habla de 4.900. Como la modificación de una ley sólo puede disponerse por otra ley, el proyecto debería remitirse al guarismo mencionado en la norma en vigor.

A mi juicio, el problema es claro. El señor Secretario de la Comisión de Constitución, a quien consulté ayer, me confirmó que efectivamente el texto vigente dice "4.900". Eso es lo correcto. En mi opinión, esta indicación no presenta ningún problema y podría ser aprobada por la Sala.

La segunda indicación, en cambio, se funda en una situación de hecho de la que no tengo, personalmente, certeza.

Lo que sucede es lo siguiente.

Hasta 1986 los Maestros de Talleres de Gendarmería habían sido contratados de acuerdo con el Código del Trabajo. La Contraloría, en esa fecha, dictaminó que dicho personal debía regirse por el Estatuto Administrativo y ser nombrado por Gendarmería.

El proyecto permite encasillar a estos Maestros -que son catorce- en los cargos que crea sin necesidad de acreditar cumplimiento de requisitos de estudios y por estricto orden de antigüedad en el Servicio. Todo eso está perfecto. Pero la misma iniciativa -en el artículo 4°- respeta la situación en que se encuentran estos funcionarios, pues, por la entrada en vigencia de la ley en proyecto, no van a experimentar disminución de remuneraciones -correcto; está perfecto-, ni pérdida de ningún derecho, ni cambio de régimen previsional, siéndoles aplicable el artículo final del Estatuto Administrativo, norma, señor Presidente , que sería congruente si este personal hoy día estuviera contratado de acuerdo con el Código del Trabajo. Pero el señor Secretario de la Comisión de Constitución don Fernando Soffia me informó -luego de consultar a Gendarmería a petición mía- que en la actualidad estas personas están contratadas de acuerdo con el Estatuto Administrativo. Si ello fuera así, este precepto estaría errado, y procedería aprobar la indicación que formulé, porque el artículo final del Estatuto Administrativo se refiere a quienes, estando sujetos al Código del Trabajo, pasan a regirse por aquél. Y lo cotidiano y normal en la Administración es que el encasillamiento en cargos de planta del mismo Servicio no puede representar ni cambio de régimen previsional ni disminución de ningún derecho.

Entonces, esta norma puede crear distorsiones.

He denunciado reiteradamente, señor Presidente , en los últimos días la grave situación de los juicios que se siguen en contra del Fisco. Éstos, en muchas oportunidades, se deben a preceptos que contienen pequeñas "gaffes", o errores. Por eso estimo que las normas deben ser perfectas desde el punto de vista de la congruencia entre la situación de hecho y la situación jurídica.

La iniciativa legal crea cargos para determinadas personas. Si se rigen por el Código del Trabajo, la norma es correcta; pero no lo sería si les fuera aplicable el Estatuto Administrativo, caso en el cual debería aprobarse la indicación presentada.

Luego -insisto-, se trata de una situación de hecho, respecto de la cual no tengo certeza: si hoy día este personal está sujeto al Código del Trabajo o al Estatuto Administrativo . El señor Secretario de la Comisión de Constitución -reitero- acaba de ser informado por el Subdirector de Gendarmería de que en la actualidad estos funcionarios se rigen por el Estatuto Administrativo.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, con respecto a la primera indicación en el sentido de sustituir "4.909" por "4.900", me ha confirmado el señor Secretario de la Comisión de Constitución que efectivamente es así, lo que corrobora los antecedentes dados a conocer por Su Señoría. Por ello considero que no habría inconveniente para acogerla.

Ahora, en cuanto a la segunda indicación, no tengo mayores datos. Además, la Senadora señora Feliú ha señalado que tampoco puede acreditar cuál es el régimen al que estaría adscrito en este momento dicho personal.

En consecuencia, como el asunto es bastante delicado -se refiere a la situación previsional de catorce personas-, el proyecto debe volver a Comisión.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, coincido plenamente con las observaciones del Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Y, en nombre de nuestra bancada, debo manifestar nuestro acuerdo en el sentido de cambiar el mencionado guarismo.

Y en lo atinente a la otra materia, me parece conveniente remitirla a Comisión, porque es de extremada importancia, y además reviste mucha gravedad para el Fisco.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para aprobar en general el proyecto?

Aprobado.

Como se han formulado dos indicaciones respecto de las cuales no hay unanimidad de pareceres, la iniciativa debe volver a la Comisión de Constitución.

El señor MC-INTYRE.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La Comisión, al ver nuevamente el proyecto, tomará en cuenta esa situación.

La señora SOTO.-

Pido la palabra.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, de acuerdo con lo expuesto, debo hacer presente que nuestra bancada también dará el consenso para que esta iniciativa vaya a la Comisión de Constitución y, también, a la de Hacienda.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

No habría inconveniente, señora Senadora.

Sin embargo, no tengo la misma opinión. Si el personal -como ya se ha dicho- está sujeto al Estatuto Administrativo, no habría ningún cambio en cuanto a sus remuneraciones, sino un reconocimiento de las mismas; si se rige por el Código del Trabajo, cabría acoger la indicación, y ello no importa un aumento del gasto que justifique el envío del proyecto también a la Comisión de Hacienda. No se desprende del texto, ni tampoco de la discusión.

Por consiguiente, la iniciativa -reitero- se remite a la Comisión de Constitución.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo tocante a legitimación de hijos naturales y a situación jurídica de los hijos ilegítimos.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 15a, en 9 de julio de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 29a, en 20 de agosto de 1991.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 23a, en 6 de agosto de 1991.

Mixta, sesión 2a, en 3 de octubre de 1991.

Discusión:

Sesión 25a, en 8 de agosto de 1991 (se aprueba en general y en particular).

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, durante la tramitación del proyecto hubo criterios dispares entre la Cámara de Diputados y el Senado, no obstante concordar en la finalidad perseguida, cual es la fijación de un procedimiento que permita establecer la calidad de hijo natural del nacido en forma póstuma, o de aquel cuya madre fallezca dentro de los treinta días posteriores al parto sin haberlo reconocido como hijo suyo, situación no prevista en nuestra legislación.

Como es de conocimiento de esta Sala, en conformidad a las normas del Código Civil, existe una filiación legítima y una ilegítima -esta última puede subdividirse en natural y en simplemente ilegítima-, además de la adoptiva. La tendencia mundial consiste en disminuir las diferencias entre uno y otro tipo de filiación, siendo lo ideal llegar a contar con normas semejantes para todos los hijos.

Sin embargo -y fundamentalmente por razones de prueba y, además, para no atentar contra el buen orden de la familia y mantener su unidad como núcleo fundamental de la sociedad-, es obvio que el legislador debe tomar todos los resguardos posibles para evitar la imposición, por vía subrepticia o indebidamente calificada, de algún tipo de filiación. Por eso, en general, las normas que regulan esta institución son extraordinariamente severas, especialmente en el caso de la legítima; tienen menos rigor respecto de la filiación natural; y, la simplemente ilegítima sólo habilita para poder cobrar pensión de alimentos. Es decir, los requisitos son menores.

Sin embargo -reitero-, la situación del hijo póstumo o de aquel cuya progenitora muere dentro de los treinta días siguientes al parto sin haberlo reconocido como suyo no está legislada en nuestro Código Civil. La Cámara de Diputados estableció que una forma de acreditar, en este caso, la calidad de hijo natural consistía en ceñirse a las normas generales de los actos judiciales no contenciosos, con algunas modificaciones: determinada publicidad en un diario o periódico y la obligación de oír, con conocimiento de causa, al defensor público.

Ésa era la tesis sustentada por la Cámara Baja.

El Senado, en cambio, optó por un procedimiento distinto, más severo y estricto que el aprobado por la otra rama del Congreso, consistente en exigir que el reconocimiento de la filiación en el caso a que me he referido se ajuste a lo previsto en los juicios ordinarios contradictorios, debiendo notificarse la demanda a alguno de los parientes a que alude el artículo 42 del Código Civil; o sea, a quienes pueden tener derechos e interés en la materia. De esta manera se dan amplias garantías a los parientes para hacer efectivas sus observaciones en el juicio, atendidos los efectos que produce la filiación natural, entre otros, los sucesorios.

La Comisión Mixta analizó ambos predicamentos y, en definitiva, por cinco votos a favor -de los Senadores señores Letelier, Pacheco y el que habla, y de los Diputados señores Rocha y Urrutia- y uno en contra -el del Diputado señor Molina-, se inclinó por el del Senado, en el sentido de exigir un juicio contradictorio, ordinario, en el cual la demanda debiera notificarse a alguno de los parientes de la madre fallecida.

Por las razones señaladas, y para ser consecuentes con lo ya aprobado por la Comisión Mixta y anteriormente por la Sala, resulta conveniente acoger el informe.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pacheco.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, a lo detalladamente expuesto por el Senador señor Fernández, puedo agregar que la Comisión Mixta, luego de discutir ambos proyectos, acordó aprobar el procedimiento establecido en el texto del Senado, porque estimó que un instituto tan importante como la filiación justifica un juicio de lato conocimiento, no obstante lo dilatorio que pudiere resultar.

Además, tuvo en consideración que el procedimiento ordinario, que obliga a notificar la demanda a alguno de los parientes de la madre fallecida, permite a éstos ostentar la calidad de legítimos contradictores en un asunto que interesa a quienes están vinculados por parentesco.

En cambio, el procedimiento voluntario establecido en el proyecto de la Cámara de Diputados, si bien es más expedito, resguarda en menor medida la institución de la filiación, a la vez que es más aleatorio, ya que la publicación de la presentación en un diario o periódico no asegura que su conocimiento llegue a los parientes de la madre fallecida.

Por cinco votos contra uno, la Comisión Mixta optó por el texto del Senado, que suprimió los números 5 y 6 del artículo único e incorporó en su lugar un número 5, nuevo.

Por las razones expuestas, los Senadores democratacristianos recomendamos al Honorable Senado aprobar el informe de la Comisión Mixta.

He dicho.

--Por unanimidad, se aprueba el informe de la Comisión Mixta.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Informe de la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y modo de resolver las divergencias producidas durante la tramitación del proyecto de ley que confiere el carácter de ministros de fe a funcionarios que indica.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 49ª, en 8 de mayo de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 29ª, en 20 de agosto de 1991.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 3ª, en 6 de junio de 1991.

Constitución, sesión 23ª, en 6 de agosto de 1991.

Mixta, sesión 2ª, en 3 de octubre de 1991.

Discusión:

Sesiones 5ª, en 12 de junio de 1991 (pasa a la Comisión de Constitución); 25ª, en 8 de agosto de 1991 (se aprueba en general y en particular).