Labor Parlamentaria

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Pido el asentimiento de la Sala para tratar en el primer lugar del Orden del Día el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica las leyes Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y Nº 17.288, sobre Monumentos Nacionales.

Acordado.

El señor Secretario dará cuenta del referido informe.

Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de la señora Feliú y señores Alessandri, Gazmuri, Navarrete y Valdés).

En primer trámite, sesión 22ª, en 25 de julio de 1991.

En tercer trámite, sesión 26ª, en 13 de agosto de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 26ª, en 13 de agosto de 1991.

Informe de Comisión:

Mixta, sesión 38ª, en 12 de septiembre de 1991.

Discusión:

Sesiones 22ª, en 25 de julio de 1991 (se aprueba en general y en particular); 26ª, en 13 de agosto de 1991 (se rechazan las enmiendas de la Cámara y pasa a Comisión Mixta).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Los integrantes de la Comisión Mixta fueron, por parte del Honorable Senado, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y, en representación de la Cámara, los Diputados señora Caraball y señores Bartolucci, Jara, Ringeling y Rocha. La Comisión se constituyó el 10 de septiembre recién pasado, eligiendo como su Presidente al Senador señor González.

El informe deja constancia de que se estimó que el texto del artículo 2° que propone incide en materias de ley común, por lo que no requiere quórum especial.

La controversia aparece resuelta por la Comisión en el sentido de haber aprobado la unanimidad de sus miembros presentes las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados a la disposición citada, en el trámite constitucional respectivo.

Asimismo, la Comisión deja establecido, sin perjuicio de su acuerdo, y siempre por unanimidad, que al preceptuarse que los bienes de que se trata pertenecen al Congreso Nacional entiende implícito que éste, en su calidad de dueño, podrá ejercer todos los atributos inherentes a su derecho de dominio.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

El señor VALDÉS.-

Señor Presidente, Honorables colegas, el Senado aprobó un texto que, como ha explicado el señor Secretario, en la Cámara de Diputados sufrió enmiendas, lo que, en definitiva, provocó la formación de una Comisión Mixta.

En virtud de lo anterior, se discutieron latamente las diferencias producidas entre ambas ramas del Parlamento, relativas al artículo 2°, en el cual la Cámara de Diputados suprimió la parte final del precepto que el Senado había aprobado incorporar a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso para el efecto de que pudieran ser trasladados a Valparaíso las obras y bienes muebles, adheridos o no, que forman el patrimonio histórico del Parlamento y que se encuentran en el edificio que éste ocupó en Santiago. Por lo tanto, esta última disposición quedó de la siguiente manera:

"Declárase que los bienes muebles, adheridos o no, que alhajaban el edificio del Congreso Nacional ubicado en Santiago, en calle Compañía entre las calles Bandera y Morandé , que fuera declarado monumento histórico por decreto del Ministerio de Educación Pública Nº 583, de 1976, pertenecen al Congreso Nacional.".

Anteayer, después de una amplia discusión, la Comisión Mixta acordó unánimemente acoger el texto de la Cámara de Diputados, dejando expreso testimonio en el informe que, "al preceptuarse que los bienes de que se trata pertenecen al Congreso Nacional, entiende implícito que, en su calidad de dueño, el Parlamento podrá ejercer todos los atributos inherentes al derecho de dominio respecto de tales bienes". Ello comprende, por cierto, el uso, goce y disposición de éstos. De modo que la opinión unánime de la Comisión debe quedar en la historia fidedigna de la ley, para que el derecho de dominio que consagra la iniciativa no sea restringido por otras disposiciones, sino entendido en su plenitud.

En lo que respecta al artículo 1°, no hubo modificaciones.

En caso de que el proyecto sea aprobado ahora por la Sala, si lo tienen a bien los señores Senadores -para ello, les pido acoger lo propuesto por la Comisión Mixta-, la Cámara de Diputados podría despacharlo en la sesión que celebrará esta tarde.

Si bien ha quedado establecido que no se requiere quórum especial para aprobar la iniciativa, cabe tener presente que hay 26 señores Senadores en la Sala. Como lo que abunda no daña, me parece que puede dejarse constancia de que ha concurrido esa cantidad de votos favorables, para cualquier efecto que proceda.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si no hubiera oposición, se aprobaría el informe de la Comisión Mixta en la forma en que ha sido planteado.

--Se aprueba por unanimidad.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Fernández, Papi, Ruiz, Thayer y Vodanovic, que modifica el artículo 65 del Código del Trabajo respecto al feriado anual de trabajadores que prestan servicios en la Undécima y Duodécima Regiones, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Hago presente que se había cerrado el debate y aplazado la votación para el día de hoy.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 24a, en 7 de agosto de 1991.

Informe de Comisión:

Trabajo, sesión 33a, en 27 de agosto de 1991.

Discusión:

Sesiones 35a, en 4 de septiembre de 1991 (queda pendiente su discusión); 37a, en 10 de septiembre de 1991 (aplazada su votación).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Se han presentado diversas indicaciones: una del Senador señor Piñera, para pedir, en conformidad al número 7° del artículo 112 del Reglamento, que el proyecto vuelva a Comisión, a fin de que se emita un nuevo informe; otra del Honorable señor Díez, para solicitar, de acuerdo con el número 4° del mismo artículo del Reglamento, que se declare inadmisible la iniciativa, y una última, del Senador señor Gazmuri, para que en el inicio que la letra a) del artículo único intercala en el artículo 65 del Código del Trabajo se elimine la frase "I de Tarapacá, II de Antofagasta" y la palabra "y" que antecede a "XII".

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, en relación con la primera solicitud, formulada por el Honorable señor Piñera, deseo recordar que en la sesión anterior la Mesa dejó absolutamente claro que la petición de tratar el proyecto hoy suponía el desistimiento de aquella -también presentada en esa oportunidad- tendiente a enviarlo a Comisión.

Debo suponer que el Senador señor Piñera no estaba presente al momento de hacerse tal declaración, o bien, que no hemos tenido una común comprensión frente al tema. Insisto en que el señor Presidente -quien dirigía el debate en ese instante- fue muy claro al establecer que la petición de considerar la iniciativa en esta sesión partía del supuesto expresado.

Eso en cuanto a lo primero.

Respecto del requerimiento para declarar la inadmisibilidad, sólo deseo argumentar en un sentido, y en forma muy breve. Ese criterio seguramente se funda en la circunstancia de que el Ejecutivo tendría iniciativa exclusiva en una materia de esta naturaleza, por decir relación a beneficios de carácter económico.

Creo que hay un error en el planteamiento formulado, pues basta ver la Constitución para deducir que, cuando se trata del sector público, la iniciativa exclusiva del Primer Mandatario incide en el establecimiento de cualquier beneficio. La Carta habla de "beneficios", en general; del orden, de las características o de la naturaleza que fueren. Sin embargo, cuando se refiere al sector privado, la misma norma, después de una larga enumeración, reserva la iniciativa exclusiva al Jefe del Estado en el caso de los beneficios económicos. Es decir, se hace la siguiente distinción: para el sector público, cualquier beneficio; para el privado, sólo los de carácter económico.

El proyecto en debate favorece a trabajadores del sector privado. Y la comprensión que debe darse al concepto a que alude es que no se trata de un beneficio económico. El feriado, en efecto, tiene que ver con el descanso y con otros atributos no vinculados a la noción de beneficio económico, el cual, por el contrario, se identifica con lo relativo a la remuneración, en un sentido general.

En consecuencia, pienso que la tramitación de que ha sido objeto el proyecto es absolutamente procedente, por cuanto su contenido no está afecto a la limitación que señala la Carta. Si bien establece un beneficio, éste no es de carácter económico. Se me podría retrucar que tiene incidencia económica, desde el momento en que quien hace uso del feriado recibe remuneración, a lo que se podría duplicar que prácticamente no hay ninguna materia en el orden laboral -ni en ningún otro de la vida social- que no la tenga, aunque sea indirecta o remotamente.

Por esas razones, señor Presidente, solicito que se rechacen la petición de inadmisibilidad y, también, la propuesta previa de que el texto vuelva a Comisión, porque ya ha sido latamente discutido. Se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que preceptúa -incluso, entiendo que hay presentada una indicación acerca del fondo, que lo circunscribe y limita-; pero repito que no hay justificación alguna para que vuelva a Comisión, salvo dilatar la resolución sobre un tema de evidente interés social para un sector de trabajadores de distintas Regiones del país.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, puse mi firma al proyecto muy a conciencia de que se trata de una normativa excepcional pero justa. Ahora, existía la idea de votarlo; pero como se han planteado dos cuestiones -una, de inaplicabilidad, y otra, tendiente a que vuelva a Comisión, aparte otra indicación a la que aún no se ha dado lectura-, me permitiré referirme a continuación a la primera.

Concuerdo con el señor Senador que me ha precedido en el uso de la palabra en cuanto a que el proyecto se enmarca absolutamente en lo que es facultad o iniciativa del Congreso Nacional. No está reservado privativamente al Presidente de la República por su contenido, de acuerdo con lo consignado en el artículo 62, inciso cuarto, Nº 4º, de la Constitución Política de la República.

La iniciativa contempla un beneficio social, no uno económico. La ciencia del Derecho del Trabajo es absolutamente clara en el sentido de que no porque un beneficio social tenga alguna incidencia económica pierde tal carácter para transformarse en uno de tipo económico. Lo que caracteriza a este último es la particularidad de enriquecer o mejorar la remuneración.

El texto en estudio no busca ni lo uno ni lo otro, sino establecer una compensación o un equilibrio para cierto tipo de trabajadores, quienes, por la circunstancia en que prestan sus servicios, se encuentran en la imposibilidad práctica de hacer uso de un derecho que la legislación determina y que es común a todo el sector laboral en Chile: el descanso anual.

El descanso anual, señor Presidente y estimados colegas, no está consagrado como una facultad destinada a mejorar la condición económica, sino con una doble finalidad fundamental: asegurar la subsistencia física y anímica del trabajador, al disponer de un período que le permita recuperar tanto sus fuerzas, por una parte, como su desgaste, por la otra, además de permitirle disfrutar, al mismo tiempo, de la convivencia familiar. Está pensado en el mundo entero como una oportunidad en que la persona deja su labor para convivir con su familia, especialmente buscando lugares o trasladándose a puntos donde pueda realizar esta función indispensable a su condición biológica y psíquica.

Es absolutamente claro, respecto de trabajadores que prestan servicios en determinados lugares del territorio, que establecer un precepto que equipare su condición desmejorada, derivada de la configuración geográfica del país -no de otra circunstancia-, no tiene por fin enriquecerlos, sino hacer posible el disfrute de un beneficio establecido para asegurar su normalidad física y mental. Y por eso la disposición que consagra un feriado se considera -y siempre se ha estimado así- como un beneficio de carácter social y no uno de tipo económico.

Por otro lado, en oportunidad anterior he manifestado que el Congreso, en general, y el Senado, en particular, deben tener cuidado de no extender excesivamente los precedentes de su propia incompetencia. Se ha estado reclamando -y tal vez con razón- que la Constitución asigna demasiadas atribuciones al Poder Ejecutivo y restringe en exceso las iniciativas del Parlamento. ¡Bueno, pero no vayamos más lejos de aquello que la propia Carta establece, pues! Cuando ésta consigna una limitación respecto de beneficios económicos, no la extendamos a los de carácter social que tengan algún costo. Es muy difícil concebir alguno de estos últimos que no tenga una repercusión de esa índole.

Lo que acontece en el caso de que se trata es otra cosa. La norma perfecta, a la que ojalá se pudiera llegar -ésa sí que requiere iniciativa del Ejecutivo-, sería aquella que dispusiera que el mayor costo proveniente de la compensación de los trabajadores que prestan servicios en zonas apartadas debiera ser cubierto por la seguridad social, y no por la empresa. Esa sería la norma más justa y adecuada. Pero no por ser la más adecuada dejaría de requerir -repito- la iniciativa exclusiva del Ejecutivo , de acuerdo con el inciso cuarto, Nº 6º, del artículo 62 de la Ley Fundamental.

Espero que haya oportunidad de resolver este problema desde el punto de vista de la seguridad social. Pero no porque el Ejecutivo no haya ejercido en este momento su iniciativa para resolverlo por esa vía vamos a desatender una condición social absolutamente justa.

Más aún: de lo que he señalado se infiere algo que tiene relación con la sugerencia de inaplicabilidad planteada aquí, razón por la cual me atrevo a hacer una advertencia adicional.

En la actualidad no están sometidos al régimen de los 15 días hábiles de feriado en las Regiones a que se refiere la moción, primero, los empleados públicos, para los cuales el legislador -y este mismo Congreso- ha fijado una norma especial que amplía, de manera variada pero por sobre el mínimo de 15 días hábiles, el derecho a vacación anual. No lo están, en seguida, los trabajadores antiguos con más de diez años de servicios, los que hayan sido contratados antes del 14 de agosto de 1981; porque la norma que contemplaba 25 días de vacaciones fue suprimida por la ley Nº 18.018 -llamada ley "rastrillo"-, pero se conservaron y respetaron los mayores tiempos de feriado consignados en la legislación primitiva. Tampoco lo están todos aquellos trabajadores que han celebrado convenios o contratos colectivos -es el caso de los del cobre, en el norte, y de los del petróleo, en el sur- y gozan de vacaciones por períodos superiores. Y resultan igualmente excluidos, por último, quienes, aparte lo relativo a la antigüedad, disfrutan del beneficio adicional establecido en la legislación vigente de agregar un día de vacaciones por cada tres años de permanencia en el cargo, por sobre los primeros diez años de servicio.

Por consiguiente, los trabajadores que van quedando con derecho a quince días de vacaciones en las Regiones de que se trata son prácticamente una minoría; es la gente que no tiene poder sindical o poder de negociación. Hay muchas empresas que han reconocido este hecho y consagrado el beneficio en contratos individuales.

La legislación en análisis busca establecer cierta equivalencia para evitar una norma absolutamente injusta. Por eso, cuando defendemos el proyecto lo hacemos, no sólo por ser constitucional y ecuánime, sino además porque resulta conveniente. En la actualidad no hay ningún trabajador de mediana especialidad que acepte ir a trabajar a una zona extrema del país si no tiene un feriado más amplio que le compense el mayor costo y tiempo que le demanda el desplazamiento de una localidad apartada a una razonablemente adecuada para sus vacaciones.

El Congreso, hace muy poco tiempo, aprobó el Estatuto Docente y estableció para los profesionales de la educación un período de descanso superior, porque así lo justifica la función que desempeñan.

Por lo expuesto, estoy totalmente convencido de que la iniciativa es constitucional, justa y conveniente. Y pido, señor Presidente , que se deseche la objeción de inaplicabilidad, pues no se acomoda a las limitaciones que dispone el número 4° del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Senador señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el proyecto en estudio -que suscribimos con el Honorable señor Ruiz y otros señores Senadores- es, a mi juicio, de entera justicia para los trabajadores de la Duodécima Región y, además, se aviene con las normas de la Constitución Política.

En cuanto a su justificación, ya se han señalado aquí las razones de ubicación geográfica, geopolíticas, económicas y sociales que ameritan que la iniciativa sea aprobada y se otorgue así a los trabajadores de Magallanes el beneficio del feriado por un período mayor al que tienen otros trabajadores del país.

Ahora, se ha planteado la inadmisibilidad del proyecto -se invoca el número 4° del artículo 112 del Reglamento del Senado-, por ser contrario al número 4° del artículo 62 de la Carta Fundamental, pretendiéndose englobar dentro del concepto de "beneficios económicos" el aumento del feriado anual a quienes laboran en las zonas extremas.

Al respecto, debemos tener presente que el inciso primero del artículo 62 del Texto Fundamental establece la norma general acerca de quiénes pueden presentar proyectos, determinando que las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje del Presidente de la República o por mociones de los Parlamentarios, las que no pueden ser firmadas por más de diez señores Diputados ni por más de cinco señores Senadores.

Las excepciones están contenidas en los números 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° del inciso cuarto de la misma disposición. Se trata de preceptos excepcionales que, como tales, tienen que interpretarse en forma restrictiva, pues existe una norma de hermenéutica en cuya virtud no debe darse mayor amplitud a la excepción. Por lo tanto, el concepto de "beneficio económico" debemos entenderlo conforme a su significado literal y no referido a beneficios sociales que pueden tener contenido económico.

Por consiguiente, sin perjuicio de los argumentos formulados por los Senadores señores Vodanovic y Thayer , creo que este aspecto revela la admisibilidad y constitucionalidad del proyecto, conforme lo dispone el inciso primero del artículo 62 de la Constitución Política, que es la regla general. La norma invocada para declarar la inadmisibilidad es una excepción que -reitero- debe interpretarse en forma restrictiva.

En consecuencia, señor Presidente, creo que el proyecto se aviene con la Carta Fundamental y puede continuar su tramitación.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, siento discrepar de la posición sustentada por algunos señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, pues me parece que está violentándose el espíritu y el texto del número 4° del inciso cuarto del artículo 62 de la Constitución, que señala que corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones, pensiones, etcétera, y, también, para aumentar obligatoriamente las remuneraciones y demás beneficios económicos a los trabajadores del sector privado.

A mi juicio, interpretar que el aumento del feriado es un beneficio social que no tiene incidencia económica implica extremar la hermenéutica con relación a esta materia, porque prácticamente todo beneficio social tiene repercusión económica. ¿Cómo alguien podrá justificar lo contrario, si al concederse un beneficio de este tipo se está dejando de desarrollar parte de un trabajo remunerado?

Por otra parte, también enfrentamos un problema atingente al número 2° del artículo 19 de la Constitución Política, que establece la igualdad ante la ley. Porque, en definitiva, con el proyecto en debate estamos colocando a un grupo de chilenos -puede ser muy justificado; y lo entiendo- en una situación de excepcionalidad, lo que contraría el espíritu de nuestra Carta Fundamental.

Desde otro punto de vista, me parece sorprendente que se legisle acerca de este tema aisladamente de las enmiendas laborales que hemos estado conociendo. Además, tengo entendido que se tramita en la Cámara de Diputados un proyecto que modifica el Código del Trabajo. Lo lógico sería, entonces, que esta materia se estudiara en conjunto con dicha reforma, que se inserta dentro de un contexto. Porque aquí estamos estudiando una norma muy excepcional y aislada.

Reitero que no voy al fondo. Comparto la inquietud por mejorar la situación de trabajadores que atraviesan por circunstancias complicadas. Pero me parece que podríamos buscar solución al problema desde una perspectiva general, que favorezca a todos los habitantes de la Región.

En esta Sala se ha hablado de hallar fórmulas para aplicar un arancel cero a las Regiones Primera y Duodécima, respecto de las cuales, a mi juicio, debiera estudiarse esa posibilidad. Hemos visto que se han ido anexando otras Regiones donde también podría justificarse. Y, entonces, ¿por qué no las demás Regiones del país? ¿Por qué no la Quinta, la Cuarta, la Séptima, la Novena, donde existe extrema pobreza?

Señor Presidente, a mi entender, la aparente ventaja laboral que hoy estamos debatiendo puede transformarse en un perjuicio para los sectores a los cuales se pretende favorecer con esta iniciativa. Concretamente, estamos restando productividad y competitividad a la empresa, lo que conlleva una incidencia de carácter económico.

Al respecto, hay dos problemas: uno formal y otro de fondo. En lo primero, me parece que existe una clara improcedencia. Y pido al señor Presidente que, en uso de sus atribuciones, declare inadmisible este proyecto. Y tocante a lo segundo, reitero cuanto he manifestado, sobre lo cual podríamos reflexionar y extendernos.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ruiz.

El señor RUIZ (don José).-

Señor Presidente, como se ha efectuado un análisis bastante exhaustivo en cuanto a la interpretación jurídica del artículo 62 de la Carta Fundamental, sólo me limitaré a decir que, si el espíritu del constituyente hubiera sido el de que todos los beneficios sociales tienen incidencia económica, debería haber sido mucho más claro y, sencillamente, consagrado que es de iniciativa exclusiva del Primer Mandatario lo referente a remuneraciones y otros emolumentos que reciben los trabajadores; es decir, sin esa iniciativa no se podría introducir absolutamente ninguna modificación al Código del Trabajo ni a las normas sobre previsión social. Sin embargo, la Constitución establece claramente una diferencia entre legislación social en materia previsional y beneficios no económicos.

Por consiguiente, la interpretación dada por el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, a mi juicio, no se encuadra dentro del espíritu del constituyente, que está muy prístinamente manifestado, sobre todo en el primer inciso del artículo 62 de la Carta -es el que fija la norma general-, y posteriormente, donde se plantean las materias sobre las cuales se hace excepción, en que se definen nítidamente los elementos que quedan fuera de la norma general.

En seguida, el proyecto se inició en el Senado -sabiendo que existe una iniciativa que modifica, entre otros, el Libio I del Código del Trabajo- porque los Parlamentarios no tenemos facultades para presentar mociones pasado el 18 de septiembre. Por tanto, si queríamos legislar sobre esta materia, teníamos necesariamente que presentar el proyecto antes de esa fecha. De manera que ese aspecto no influye.

Por otra parte, al señor Ministro del Trabajo -esto fue latamente utilizado en las intervenciones que escuchamos en la sesión anterior, cuando analizamos esta iniciativa; pero debemos decir las cosas como son-, contrariamente a lo que se ha sostenido, no le gusta esta idea. Pero sí le gustaban otras cosas que aquí fueron rechazadas en su momento por los mismos señores Senadores que ahora pretenden usar ese argumento a su favor.

Lo anterior, sin duda, demuestra que no existe razón para tener coincidencia absoluta con el Gobierno. De lo contrario, los Parlamentarios de la Concertación estaríamos totalmente inhibidos para presentar iniciativas si no vinieran avaladas por el Ejecutivo. Y creo que tenemos la posibilidad de hacerlo, incluso discrepando del Gobierno, si el Congreso mayoritariamente las aprueba. Creo que ése es el espíritu de la Constitución. Y, haciendo uso de las facultades que ella nos entrega, un grupo de Senadores presentamos esta moción, respecto de la cual tenemos conciencia de que habrá amplia mayoría en ambas ramas del Parlamento.

Por último, en cuanto a la solicitud de que el proyecto vuelva a Comisión, debo decir que no tiene ningún sentido, pues ha sido largamente discutido. Además, se aprobó por unanimidad en la Comisión de Trabajo. Y si un señor Senador hace dicha petición basado en una facultad que le es propia, la Sala está capacitada para determinar si ella es procedente.

En consecuencia, pido al señor Presidente que someta el asunto a votación, para que la Sala se pronuncie sobre el curso del proyecto en debate.

He dicho.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Frei.

La señora FREI.-

Señor Presidente, no insistiré en los argumentos jurídicos -los comparto plenamente- aducidos para la aprobación del proyecto. Más bien, quiero referirme a la materia en otro sentido.

Los Parlamentarios tenemos la obligación de dictar leyes. Y debemos hacerlo en la mejor forma posible, a fin de que sirvan a la gente. Pero muchas veces olvidamos que la ley, ante todo, debe ser humana e interpretar el sentir de las personas y sus necesidades. Estamos en esta Corporación porque hemos sido elegidos representantes de seres de carne y hueso. Y es necesario trabajar por ellos.

Esta iniciativa es absolutamente justa. Y así lo entendemos los Senadores de las Regiones extremas. Hay mucha gente que, por condiciones de trabajo, debe viajar al norte, porque hay facilidades para laborar en la minería, o bien, al sur. Allá la vida es dura y difícil. Es un trabajo muy pesado. Y muchas veces tiene que dejarse a la familia en el centro del país.

Por eso, me parece de toda justicia fijar a los trabajadores de las zonas extremas un feriado anual que les permita visitar a sus familias.

Además, en un extremo, las condiciones climáticas son de sol abrasador, y en el otro, de nieve permanente. Y el hombre también necesita estar en el centro del país: ver el verde, comer frutas, cosas que son importantes para la vida diaria de una persona.

Entiendo bien que debemos legislar pensando en las necesidades del ser humano. Para mí, siempre será relevante compartir los beneficios y sacrificios entre todos los chilenos. ¿Por qué pedir sacrificios sólo a personas que deben trabajar en condiciones muy difíciles, que todos los días hacen patria, y no darles la compensación de las vacaciones justas que necesita todo ser humano?

Señor Presidente, quiero pedir a algunos Honorables colegas que representan a las zonas centrales del país que piensen como Senadores nacionales. No podemos legislar aquí únicamente en función de la Región que nos eligió. Estoy segura de que, si algunos señores Senadores del centro del país fueran de las Regiones extremas, estarían solicitando estos favores para sus representados. De modo que, como Senadores nacionales, debemos pensar en todas las Regiones, y no sólo en la capilla regional.

Por eso, acojo con gran entusiasmo la idea contenida en el proyecto, que me parece justa, porque apunta a lo que más deseamos: la dignidad de la persona y su buen desempeño en las zonas extremas del país.

El señor HORMAZÁBAL.-

Respaldo la proposición del señor Presidente en cuanto a votar, pero con un solo alcance.

Con anterioridad, algunos Honorables colegas se refirieron al artículo 62 de la Carta Fundamental y a sus eventuales implicancias de inconstitucionalidad. Pero otro señor Senador hizo alusión a una norma constitucional distinta, señalando que, en su opinión, se establecería una evidente desigualdad ante la ley de ser aprobado el artículo único de la iniciativa.

Para los efectos de la historia de la ley, quiero referirme solamente a ese punto y manifestar que no comparto tal apreciación. Pero, como mi opinión tiene el mismo valor que la del referido señor Senador, recurriré a expedientes más sólidos.

Por ejemplo, debo recordar que el artículo 101 del Estatuto Administrativo estatuye que los trabajadores del sector público disponen de un régimen de feriado especial precisamente en las Regiones donde el proyecto en estudio busca lo propio para los del sector privado. Además, esta Corporación en otras oportunidades ha conocido intervenciones de distintos señores Senadores -entre los que me cuento- respecto a que la interpretación correcta de la igualdad ante la ley es en el sentido, no de que un precepto sea idéntico para todos, sino de que, atendidas circunstancias diversas, se legisle tomando en consideración los elementos de desigualdad objetiva que existan. Y no profundizaré mayormente en ello, por estimar que existe suficiente constancia en Actas sobre el particular. Sólo quiero señalar que me parece destacable que exista interés de parte de los señores Parlamentarios por introducir cambios en las normas legales pertinentes. Soy Senador por la zona del Norte Chico, donde se dan otras condiciones objetivas de desigualdad, sobre las cuales estoy preocupado y tratando de legislar. Pero también me ha tocado vivir la realidad de la gente de las zonas extremas. Por lo tanto, comparto plenamente las observaciones formuladas por los Honorables colegas de esas Regiones.

Antes de terminar, señor Presidente, como observo que el Senador señor Romero desea una interrupción, con la venia de la Mesa, se la concedo con mucho agrado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROMERO.-

En primer término, se señala como procedente el hecho de que ciertos funcionarios públicos tienen la misma situación que hoy se está planteando para los trabajadores del sector privado. Sin embargo, esa norma -tengo entendido- es anterior a la Constitución de 1980; aparentemente viene de antes. Desconozco ese dato. Me gustaría conocerlo. Porque si la disposición se hubiese dictado a posteriori, podría tener un vicio de inconstitucionalidad.

En segundo término, me parece que aquí no se trata de que existan Senadores más humanos o menos humanos, ni de que haya Senadores nacionales o regionales.

Tengo muchas iniciativas de alto contenido humano. Y estamos tratando de legislar para el país. Como Senadores nacionales, nos preocupan todos los aspectos relevantes. Y si por la vía de la excepción legislamos como se hacía antaño en el país, dictando leyes en favor de determinados sectores o regiones, no estaremos contribuyendo a lo que es el trabajo parlamentario.

He dicho.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor HORMAZÁBAL.-

Solamente deseo aclarar una legítima duda planteada por el Honorable señor Romero: la ley Nº 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo, fue publicada en el Diario Oficial de 23 de septiembre de 1989, es decir, más de ocho años después de que entró en vigencia la Constitución de 1980.

Eso es todo, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Está en votación la indicación consistente en que el proyecto vuelva a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

--Se rechaza (14 votos contra 3 y 8 pareos).

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, es importante hacer algunas consideraciones respecto de esta indicación.

Es evidente para todos que la situación de los trabajadores que prestan servicios en el extremo austral del país es de mayor aislamiento y lejanía que la de quienes laboran en el extremo norte del territorio.

Sin embargo, personalmente voy a oponerme a la indicación, por dos razones.

Primero, porque el objetivo social del feriado persigue facilitar un cambio de ambiente que la gente del norte requiere con la misma urgencia que la del sur, por los motivos que ya se han expresado.

Segundo (me atrevería a pedir a mi Honorable colega y amigo, señor Romero , que atienda a lo que voy a decir), porque esta moción tiene también un importante fundamento de tipo geopolítico. Las Regiones Primera, Segunda, Undécima y Duodécima se ubican en un contexto internacional muy delicado. Tenemos que ser particularmente cuidadosos en todo cuanto se refiera a ellas, porque la población que allí trabaja con mucha facilidad busca a veces otros horizontes y puede perder el sentido de un valor nacional que hay que proteger.

Según mis informaciones (por lo menos era así hasta hace pocos años), en la hermana República del Perú el período de vacaciones anuales es de 24 días hábiles. No sé qué estará rigiendo hoy en el sur; pero, personalmente, estimo de absoluta conveniencia que la situación de los trabajadores de las Regiones extremas, cuya historia está vinculada a delicados asuntos internacionales, sea amparada de un modo muy especial.

Por esas razones, he apoyado el proyecto, y me atrevo a insistir en la necesidad de que el Supremo Gobierno, ojalá en su oportunidad, pueda considerar la transformación de este beneficio en un derecho protegido por el sistema de seguridad social.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, Honorables colegas, seré breve porque esta materia ya fue tratada en dos oportunidades y ha sido objeto de segunda discusión. Por eso, es nuestro ánimo (por lo menos el de esta bancada y, creo, el de todos los señores Senadores) lograr que la iniciativa se despache hoy.

Felicito a los autores de la moción, que persigue restituir un beneficio de que en el pasado gozaban los trabajadores de las Regiones extremas. Junto con mi colega la Honorable señora Frei y otros señores Senadores, presentamos una indicación destinada a hacer justicia a los trabajadores de Tarapacá y Antofagasta, a quienes asistía similar derecho hasta hace algunos años.

En consecuencia, solicito a los Honorables colegas que rechacen esta indicación, que tiende a marginar del beneficio a los trabajadores de Tarapacá y Antofagasta. No podría precederse de otra manera respecto de una compensación que fue concedida hace más de 30 años por los legisladores de entonces, que tuvieron para ello variadas razones. Como ha dicho el Honorable señor Thayer , la justifican condiciones geopolíticas, de lejanía, de rigor de las condiciones de vida en los extremos norte y sur del país; y porque, por último -seamos claros-, esos lugares distan 2 mil kilómetros, o, en términos de costo de viaje, 120 mil pesos, de Santiago. A esto debe agregarse una serie de inestabilidades derivadas de la situación económica de los países vecinos.

En fin, hay normativas económicas que tendremos que analizar más adelante -ya vienen en camino- tanto para el extremo norte como para el sur del país, que contienen ciertos beneficios para el sector empresarial, factor estabilizador y generador de desarrollo en esas zonas aisladas de Chile.

Por las mismas razones, legisladores con visión, en 1941 y en 1947, llevaron adelante una iniciativa similar a la que hoy día el Senado está tratando de aprobar.

En nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana, pido a los Honorables colegas que rechacen la indicación propuesta, pues tiende a privar del beneficio de vacaciones de veinticinco días a los trabajadores de la Primera y Segunda Regiones.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, hemos apoyado en general la moción.

El tema fundamental consistía en decidir si se entregaba el beneficio a los trabajadores de las Regiones Undécima y Duodécima o si se extendía a todos cuantos históricamente lo percibían.

Olvida el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que esa franquicia también favorecía a la Tercera Región; no se limitaba a las dos primeras. Beneficiaba a las tres, las que se consideraban (aún hoy se las estima así) las más extremas del norte.

Siempre nos ha parecido que las condiciones de aislamiento de la Undécima y Duodécima Regiones son mucho mayores que las que hoy afectan a las del extremo norte. Objetivamente, es así. Por eso, si yo tuviera hoy la posibilidad de votar (lamentablemente estoy pareado), lo haría en favor de la indicación del señor Gazmuri.

El señor HORMAZÁBAL.-

Señor Presidente , encuentro razonable que cada señor Senador tenga su opinión y la exprese; pero tratemos de establecer analogías.

A juzgar por lo que discutí -y escuché- en la Comisión de Trabajo, que presido, se trataba de establecer un derecho del cual ya disfrutan, por ejemplo, los empleados públicos en las Regiones pertinentes. Y allí tuvimos presente el ya varias veces citado artículo 101 del Estatuto Administrativo, que establece: "El funcionario que desempeñe sus funciones en las comunas" -debo precisar que, en cuanto a Isla de Pascua, hay que entender "provincia"- "de Isla de Pascua, de Juan Fernández y de la Antártica, tendrá derecho a que su feriado aumente". Y agrega: "Los funcionarios que residan en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, y de Magallanes de la Antártica Chilena,".

Señor Presidente, en la disposición del artículo 101 del Estatuto Administrativo no hay mención alguna a otra Región del norte, aparte la Primera y la Segunda.

Por esas razones -porque creo que se trata de mantener la justicia- si pudiera, votaría en contra de la indicación; pero, como he dicho, estoy pareado.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, creo absolutamente legítimo el proyecto presentado. Pienso que, cuando hablamos de igualdad, estamos significando equidad. Y la equidad se traduce en que los sectores extremos del país y la provincia de Isla de Pascua tengan un trato preferente. No es cuestión de pedir favores, como se ha señalado en esta Sala, sino simplemente de establecer la equidad. Y hay que hacerlo; es muy importante, no sólo porque se está atendiendo a la necesidad concreta de personas que sufren aislamiento, sino también por razones de bien común.

En nuestro país hay una situación particular con las zonas extremas y con Isla de Pascua, que se han visto muy expuestas a la publicidad en los últimos días. En consecuencia, por el bien común y también por favorecer a esas zonas, concretamente a personas, no estoy con la indicación y sí con el proyecto.

El señor CALDERÓN.-

Señor Presidente, alegué en favor del proyecto en la primera sesión en que se debatió, porque debe favorecerse a las Regiones extremas. Di mis razones en esa oportunidad. En todo caso, hubiera sido bueno incorporar la Tercera Región.

Por eso, rechazo la indicación presentada por el Senador señor Gazmuri.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

¿Su Señoría vota que no?

El señor CALDERÓN.-

Voto que no.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, tal como manifesté en la anterior oportunidad en que discutimos la iniciativa, estoy en absoluto desacuerdo con su contenido en sí. Pero, como la indicación del Honorable señor Gazmuri reduce sus efectos perniciosos -esto es, restringe la aplicación de un proyecto, que es malo-, a localidades en que realmente las condiciones de vida son muy duras y podrían justificar una excepción, voto que sí.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, por razones de carácter nacional, estimo absolutamente conveniente que existan normas de carácter social especialmente favorables para los trabajadores que sirven en las Regiones del extremo norte, concretamente las de Tarapacá y Antofagasta. En este caso, se trata de un beneficio que sólo tiende a equilibrar una situación de particular desfavor. Tengamos presente, por ejemplo, que lo que representa para el trabajador de Tacna su vinculación con Lima es distinto de lo que representa para el de Arica su vinculación con Santiago.

En consecuencia, por razones de carácter nacional, estoy en contra de la indicación y a favor del proyecto primitivo.

El señor PALZA.-

Señor Presidente, por las razones que di anteriormente, voto que no. Y, por el contrario, si se hubiera formulado indicación para agregar la Tercera Región, la habría acogido.

Nada más.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

--Se rechaza la indicación (10 votos contra 7, una abstención y 6 pareos).

El señor LARRE.-

Señor Presidente, a mi juicio, esta moción carece de equidad.

Los Honorables colegas han planteado aquí los principios de igualdad y de equidad. Sin embargo, quienes representamos a la Décima Región podemos manifestar que allí hay lugares tanto o más aislados que otros de la Segunda Región, y que incluso los pobladores de la Undécima Región tienen mucho más fácil acceso al resto del territorio que, por ejemplo, los de algunas comunas cordilleranas del sur de la Décima.

En consecuencia, si realmente queremos mantener los conceptos de igualdad y equidad, debemos votar en contra de la iniciativa.

Por otro lado, concuerdo con el Senador señor Siebert en el sentido de que este tipo de excepción constituye un freno para el desarrollo de las Regiones extremas, porque incide en costos y rentas. Además, no se condice con el objetivo de descentralizar el país que nos hemos propuesto.

Por lo tanto, voto que no.

--Se aprueba en general y particular el proyecto (15 votos contra 4 y 9 pareos).

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Proyecto, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores Señores Feliú, Huerta, Martin y Sinclair, que modifica el decreto ley Nº 1.094, de 1975, en lo relativo al egreso del país de los extranjeros, con informe favorable de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

La iniciativa consta de un artículo único.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley: (moción de la señora Feliú y de los señores Fernández, Huerta, Martin y Sinclair).

En primer trámite, sesión 47ª, en 24 de abril de 1991.

Informe de Comisión:

Gobierno, sesión 36ª, en 5 de septiembre de 1991.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, Honorable Senado, la primera parte del artículo 54 del decreto ley Nº 1.094 expresa: "Para salir del país, los extranjeros deberán estar premunidos de un salvoconducto otorgado por el Servicio de Investigaciones.". Y el inciso segundo del artículo 55 dispone: "Para conceder salvoconducto, el Servicio de Investigaciones exigirá la presentación previa de un Certificado de Registro y de un Certificado de Impuestos Internos que acredite el cumplimiento de las obligaciones tributarias del extranjero.".

De acuerdo con el reglamento de dicho cuerpo legal, el salvoconducto debe solicitarse con 24 horas de anticipación y tiene una validez de 48 horas.

En la actualidad estas exigencias no se aplican a los chilenos y, por consiguiente, constituyen una discriminación en perjuicio de los extranjeros y atentan contra el principio de igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todos los habitantes de la República.

Seguramente en la época en que se establecieron tales requisitos -que son muy antiguos- a los chilenos también se les demandaba presentar un salvoconducto para salir del territorio. Pero hoy los modernos sistemas computacionales con que cuenta el país, especialmente la Policía de Investigaciones, permiten controlar el cumplimiento de las órdenes judiciales, que son las únicas que realmente pueden impedir a una persona viajar al exterior.

La necesidad de contar con salvoconducto entraba a los extranjeros residentes su libertad de desplazamiento y ha dado origen a múltiples y justificadas reclamaciones.

Señor Presidente, según una entrevista publicada en "El Mercurio" de 25 de marzo pasado, durante 1990 se otorgaron 30 mil salvoconductos en Santiago y 50 mil en todo el país. Ello demuestra que este documento, además de ser una exigencia contraria a la Constitución, implica un aumento innecesario del trabajo que efectúa la Policía de Investigaciones, el que, además, carece de utilidad práctica.

El avance de las comunicaciones y el proceso de integración que tiene lugar en todo el mundo posibilitan el desplazamiento de las personas. Es bueno que eso ocurra, pero deben tener libertad para hacerlo.

En estas circunstancias, hemos considerado conveniente proponer al Senado un proyecto de ley que deroga las normas que exigen a los extranjeros un salvoconducto para salir del territorio nacional e incorpora adecuaciones a la legislación vigente sobre la materia.

He dicho.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, en mi concepto, el proyecto merece ser aprobado, máxime cuando permite sanear constitucionalmente una situación irregular que se producía con la subsistencia del precepto que modifica, toda vez que contiene una serie de exigencias que entorpecen el ejercicio de un derecho consagrado en el número 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que asegura que "los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.".

Es decir, la norma que se sugiere modificar pugna con la Constitución, por lo que podría estimarse tácitamente derogada o, en todo caso, inconstitucional. Por lo tanto, la iniciativa en debate, aparte cumplir la finalidad que se ha señalado, viene a reparar esta situación de anomalía constitucional.

Por estas razones, pienso que debe ser aprobada.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, me parece que esta moción tiene sólidos fundamentos y tiende a enmendar un precepto muy inequitativo que afecta a los extranjeros en este país.

Estimo que debemos hacer realidad, en términos materiales, la no discriminación entre chilenos y extranjeros. Porque efectivamente las normas vigentes discriminan respecto de éstos, puesto que no rigen para los nacionales, lo cual obviamente contraviene el principio de igualdad consagrado en la Constitución.

Como se ha dicho aquí, los sistemas computacionales, o micrográficos, modernos proporcionan una información clara, oportuna y eficaz acerca de lo que se trata de preservar. Por consiguiente, mi posición es favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, considero el proyecto justo e indispensable, por cuanto las disposiciones en vigor entraban la libertad de desplazamiento, de tan común ocurrencia en la actualidad, dados el avance de las comunicaciones y los medios de transporte existentes, de donde queda de manifiesto la necesidad de suprimirlas para dejar a los extranjeros en situación idéntica a la de los chilenos, que sólo deben presentar salvoconducto en los pasos fronterizos que no cuentan con sistemas computarizados.

Por eso, creo que debe ser aprobado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , el Comité Radical-Social Demócrata apoya esta iniciativa, porque, como se indica en el informe de la Comisión y en los fundamentos mismos del proyecto, tiene por objeto resolver el problema de discriminación que sobre el particular sufren los extranjeros en Chile.

Creo que tanto los avances en materia comunicacional -que hoy permiten un control mucho más eficiente- como el desarrollo de la humanidad y los positivos acontecimientos que estamos presenciando en todo el mundo establecen una relación cada vez más estrecha y vinculante entre las personas de diversas nacionalidades que habitan en los distintos países. Esto debe ser tomado en cuenta por cada nación a fin de hacer los ajustes legales que correspondan.

Espero que el avance que a través de este proyecto experimentará la legislación chilena sea imitado también por otros países de América Latina y del resto del mundo.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto.

Aprobado.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Proyecto, en primer trámite constitucional, relativo al Acuerdo referente a la exención del requisito de visa para portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales o de servicio, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Nicaragua, en Managua, el 20 de marzo de 1991, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de acuerdo:

En primer trámite, sesión 35a, en 4 de septiembre de 1991.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 36a, en 5 de septiembre de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión propone aprobar el proyecto en los mismos términos en que aparece en la página 4 de su informe:

"Artículo único.- Apruébase el "Acuerdo entre los Gobiernos de la República de Chile y de la República de Nicaragua, referente a la Exención del Requisito de Visa para Portadores de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, y Especiales o de Servicio, suscrito en Managua, el 20 de marzo de 1991.".".

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

En seguida, corresponde tratar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que propone denominar "Base Luis Risopatrón" a las instalaciones del Instituto Antártico Chileno en la caleta Coppermine de la isla Robert, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 20a, en 23 de julio de 1991.

Informe de Comisión:

Relaciones Exteriores, sesión 36a, en 5 de septiembre de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión propone aprobar la iniciativa en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. En la página 6 de su informe dice:

"En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de proponeros que aprobéis el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, en informe, en los mismos términos en que viene formulado.".

El proyecto consta de un artículo único mediante el cual se dispone:

"Artículo único.- Denomínase "Base Luis Risopatrón" a las instalaciones del Instituto Antártico Chileno, ubicadas en Caleta Coppermine de la Isla Robert, en latitud 62°22'55" S y longitud 59°39'50" O, Islas Shetland del Sur, en el Territorio Chileno Antártico, como homenaje en memoria del destacado geógrafo chileno don Luis Risopatrón Sánchez.".

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

A continuación, corresponde tratar el punto 6 de la tabla: proyecto de la Honorable Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.483, sobre régimen legal para la industria automotriz, con informes de las Comisiones de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 1a, en 4 de junio de 1991.

Informes de Comisión:

Economía y Hacienda, sesión 37a, en 10 de septiembre de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión de Economía propone aprobar la iniciativa en los mismos términos en que la despachó la Cámara de Diputados. Por su parte, la de Hacienda sugiere acogerla con la siguiente enmienda en el Nº 5 de su artículo único:

"En el inciso primero del artículo 11 reemplazado, sustituir el guarismo "15%" por "11%" en ambas menciones, y reemplazar la cifra "3,75" por "2,75".".

"Por lo anterior, -agrega-, el Nº 5 del artículo único del proyecto, con la referida enmienda ya incorporada, queda como sigue:

"5.- Sustituyese el inciso primero del artículo 11 por el siguiente:

"Artículo 11.- El crédito fiscal por concepto de estímulo a las exportaciones de componentes nacionales se calculará como un porcentaje del valor FOB de las exportaciones con un máximo del 11% del valor aduanero de los CKD o SKD importados o que se importen conforme a los programas aprobados por la Comisión Automotriz, según el caso, no considerándose para este efecto las exportaciones en compensación a que se refiere el artículo 3°. El porcentaje a considerar será un 11% hasta el 31 de diciembre de 1995, reduciéndose éste, a contar del 1° de enero de 1996, en 2,75 puntos porcentuales cada año.".".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general y particular el proyecto.

El señor ROMERO.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Efectivamente, como señaló el señor Secretario, esta iniciativa cuenta con informes favorables de las Comisiones de Economía y de Hacienda, en las cuales se escuchó, en términos generales y particulares, a numerosas personas e instituciones vinculadas a la actividad automotriz. Aparte las autoridades de los Ministerios de Economía y de Hacienda, concurrieron a las Comisiones diversos personeros de los sectores laboral, empresarial y comercial relacionados con la industria del ramo.

Este proyecto modifica la ley Nº 18.483, que regula el funcionamiento de las actividades automotrices en el país, y obedece fundamentalmente a un propósito expresado en el mensaje del Ejecutivo -de noviembre de 1990-, cual es facilitar la adecuación del sector a las normas generales que rigen el campo productivo.

Ciertamente, señor Presidente, el Estatuto Legal vigente ha tenido -diría- una aplicación en el tiempo, iniciándose en 1975 con el otorgamiento, a través de aranceles diferenciados, de una protección promedio del orden del 80 por ciento a las industrias ensambladoras nacionales.

Luego, en 1978, se le introdujo una enmienda a fin de rebajar dicho porcentaje y permitir la importación de vehículos terminados, con ciertas características, afectos sólo a 10 por ciento del arancel.

En 1985 se reemplazó el decreto ley Nº 1.239 y se eliminaron los aranceles diferenciados, otorgándose créditos fiscales a la industria automotriz por concepto de integración y exportación de partes y piezas; se modificó el decreto ley Nº 825, de 1974, en lo referente al impuesto al valor agregado; se crearon dos nuevos impuestos para los vehículos motorizados en lo que dice relación a la cilindrada y al lujo de los mismos -como se denominó-; se establecieron, además, rebajas de esos gravámenes para los vehículos nacionales, beneficiando principalmente a los de transporte de pasajeros con alta cilindrada y de valor CIF, sin costo, seguro ni flete.

Luego, en 1986, a través de la ley Nº 18.582, se aclararon los conceptos y definiciones de la ley Nº 18.483 -que desde 1985 hacía una referencia en la materia-, sin introducir cambios porcentuales en el calendario de los créditos a la integración nacional, disminuyéndose los impuestos a la cilindrada y al lujo. Al mismo tiempo, se extendió por dos años la exención parcial de éstos a los armados en Chile, afectando fundamentalmente a los vehículos nacionales de pasajeros con mayor cilindrada y valor.

En 1988, se modificó la ley Nº 18.483, rebajándose el crédito a las exportaciones de partes y piezas automotrices, de un 20 a un 15 por ciento, sin cambiar el calendario de rebajas o el porcentaje de los créditos a la integración nacional.

En el mismo año, mediante la ley Nº 18.746, se extendió el crédito fiscal por exportación a las partes y piezas incorporadas a vehículos fabricados en Chile destinados a su venta en el extranjero, y también a las que se utilicen en todo tipo de vehículos en el exterior, incluyendo a los que no sean similares a los hechos en el país.

Señor Presidente, en ese contexto el Ejecutivo planteó este proyecto, el cual ha sido objeto de importantes modificaciones, particularmente en la Cámara de Diputados.

Entre ellas se contabilizan, primero, la prórroga del crédito fiscal por integración nacional, hasta el 31 de diciembre de 1998, quedando condicionado a exigencias de exportación; esto es, para las industrias terminales que exporten anualmente en exceso, por sobre el promedio de los años 1989 y 1990, una cifra igual o superior a tres veces el monto del crédito fiscal por integración otorgado en exceso a la industria por los vehículos producidos y transferidos en el mismo año. Segundo, la prórroga de dicho crédito por exportación de componentes nacionales, hasta 1998, con una tasa de 15 por ciento hasta 1995, que se reduce en 3,75 puntos anuales a partir de 1996.

Como es obvio, existen criterios encontrados con relación a esta materia. Porque, si miramos la situación conceptual del problema -naturalmente, sin considerar la existencia real de industrias que hay en estos momentos en la Primera y Quinta Regiones-, encontraremos discrepancias en cuanto a la iniciativa en estudio.

La idea es cómo adecuar y aprovechar en mejor forma lo que hoy tenemos; puesto que, en definitiva, se trata de llevar esta actividad automotriz a un punto que permita acomodar las industrias del sector a la nueva realidad económica que vive nuestro país y, en particular, que posibilite un empalme con el proceso de integración en América Latina, conforme al cual Chile está generando un impulso, en especial respecto de México y de Venezuela, naciones con una actividad automotriz extraordinariamente subsidiada y altamente protegida.

Al contar nosotros con una posición de ventaja comparativa, en el sentido de que las industrias automotrices existentes logren beneficiarse con las reducciones arancelarias que se acuerden -en función de los acuerdos bilaterales que se suscriban con esos países-, tendremos la posibilidad de aprovechar esa ventaja y de lograr que se produzca el efecto deseado. Pero, si mantenemos el actual Estatuto, probablemente significará la desaparición del sector y, con ello, desechar la oportunidad real que se nos brinda para consolidarnos cómo país productor-exportador competitivo.

Por otra parte, las proposiciones que se han planteado con relación a esta materia permiten aprovechar los conocimientos adquiridos y las inversiones realizadas.

En este sentido, quiero destacar el alto nivel de capacitación del personal de las industrias automotrices, tanto de Arica como de Los Andes, que, en definitiva, ha adquirido los conocimientos del ramo y los ha perfeccionado durante los años de existencia de esas industrias, lo que debiéramos aprovechar como país. Ahora bien, se trata de una capacitación técnica muy especializada, que guarda relación con la actividad automotriz. Desgraciadamente, no podríamos utilizarla, como tampoco la tecnología desarrollada, en industrias de distinto rubro, porque -reitero- son muy definidas y especializadas.

Es cierto que el sector automotriz ha recibido importantes subsidios en el pasado. Ello constituye, efectivamente, una realidad que los Parlamentarios no podemos desconocer.

El punto que me inquieta -repito- es qué hacemos ahora. ¿Cómo convertir en rentable esta actividad? ¿Qué debemos hacer para que tenga alguna posibilidad de éxito? A mi juicio, debe tratarse de una opción única. Porque no podría aceptar que el día de mañana, utilizando los mismos argumentos que hoy día sostengo para acoger el proyecto, se nos dijera que no hubo la oportunidad para realizar la actualización de la industria a las normas vigentes.

Aquí estamos dando, por una sola vez, una opción real. Y quiero decir claramente que concurro a prestar mi aprobación a la iniciativa en estudio sobre la base de que las reglas del juego son muy estables, muy claras y muy exigentes. De modo que no se confundan, señores Senadores, porque, al profundizar en el estudio de las normas propuestas, encontraremos que las enmiendas que se han introducido al proyecto -cuyo texto es diferente del original- exigen que la industria automotriz nacional se "ponga de cabeza" -por describirlo en forma gráfica- para alcanzar los rendimientos establecidos en el proyecto y en sus modificaciones.

Nuestra idea es entregar una opción real, no solamente a la industria automotriz, sino también a sus trabajadores y a las ciudades en donde ellas operan. Creo que debemos dar una solución alternativa a esos trabajadores y a esas regiones, reconociendo que ellos serían los principales afectados si no hiciéramos el sacrificio final de brindarles apoyo ante sus posibilidades futuras, respecto de las funciones que actualmente desempeñan.

Conozco en detalle las actividades de esas industrias; las altas exigencias tecnológicas de ellas y del personal, y cuáles son los planteamientos de los trabajadores, quienes han demostrado bastante preocupación. Con esto no quiero decir que la industria no la haya tenido; también ha demostrado inquietud en cuanto a su futuro. Pero los trabajadores han manifestado mayor angustia respecto de la situación actual.

La opción que mencioné se funda en expectativas reales, porque las exportaciones posibles también lo son, y no consisten en simples deseos o consideraciones hacia el futuro. Actualmente, tenemos la posibilidad de que algunos componentes que se crean y fabrican en Chile puedan ser exportados a Latinoamérica, como ocurre, por ejemplo, en Arica, en donde se están vendiendo vehículos -particularmente de carga- a países vecinos, como Bolivia y Perú.

El proyecto brinda incentivos para que las empresas automotrices internacionales, que manejan los canales de comercialización entre las naciones, puedan sentirse motivadas a escoger a nuestro país como centro proveedor de partes, dado el desarrollo tecnológico de que se dispone al respecto. A mi juicio, éste podría constituir un incentivo particular para que las empresas extranjeras se establecieran en nuestro territorio y utilizaran el progreso tecnológico alcanzado.

Señor Presidente, termino mi intervención señalando que he respaldado la iniciativa en análisis en todas sus instancias -tanto en la Comisión de Economía como en la de Hacienda-, y que lo mismo haré en la Sala, particularmente, por las consideraciones que expuse en esta oportunidad.

He dicho.

El señor PAPI.-

Señor Presidente, no veo inconvenientes respecto de la iniciativa en debate y, por lo tanto, concurriremos con nuestros votos favorables para aprobarla.

Sin embargo, deseo que algún miembro de la Comisión de Hacienda me aclare -dado que no hay ningún representante del Ejecutivo en la Sala- por qué el proyecto (que -entiendo que así venía en el mensaje- consideraba un crédito fiscal como estímulo a las exportaciones, calculado en un porcentaje del valor FOB, con un máximo del 15 por ciento del valor aduanero, el cual se reducía en 3,75 por ciento anual, lo que implicaba que dicho crédito se eliminaba en 4 años) ha sido modificado, rebajando el beneficio de 15 a 11 por ciento, y el porcentaje de eliminación, de 3,75 a 2,75, con lo cual también termina el crédito en la misma cantidad de años.

No logro descubrir las consideraciones que se tuvieron en vista para realizar tales enmiendas, que responden a una indicación formulada por el Ejecutivo. O sea, durante la tramitación legislativa, éste modificó el proyecto enviado al Parlamento.

Me interesa aclarar ese punto, pues tengo la impresión de que el cambio efectuado no es indiferente. Debo dejar constancia de que deseo la mantención del crédito fiscal, porque entiendo su propósito.

He dicho, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Senador señor Romero.

El señor ROMERO.-

Como no se hallan presentes en la Sala otros miembros de la Comisión de Hacienda, me voy a permitir -digamos, muy a mi pesar- usar de la palabra nuevamente, sólo para contestar la consulta del Honorable señor Papi.

Efectivamente, la Comisión acogió la indicación del Ejecutivo tendiente a sustituir, en el inciso primero del artículo 11 del Estatuto Automotriz, contenido en el Nº 5 del artículo único del proyecto, los guarismos "15%" por "11%" y "3,75" por "2,75", respectivamente.

Lo único que se hace aquí es adecuar esas disposiciones a las normas contenidas en la ley Nº 19.065 -que acabamos de aprobar-, que estableció un paquete de medidas económicas, entre las que figuran la rebaja de la tasa arancelaria, del 15 al 11 por ciento; la modificación de otras normas, y la postergación de la entrada en vigencia de los reavalúos de los bienes raíces no agrícolas.

Ésa fue la única razón -que es obvia- para proponer la enmienda señalada.

He dicho.

El señor LAGOS.-

Señor Presidente, Honorables colegas, deseo fundamentar mi voto favorable al proyecto que modifica la ley Nº 18.483 y establece un nuevo régimen legal para la industria automotriz.

Como Senador por la zona donde se hallan las provincias de Arica y Parinacota, a las cuales tengo el alto honor de representar, considero un deber ineludible referirme a esta iniciativa, dado que, desde hace ya más de 25 años, una de estas industrias se encuentra instalada en Arica.

Muchas veces, los subsidios a distintas áreas de la economía son necesarios para el desarrollo de un lugar geográfico o de un sector del país. Algunos tienen directa vinculación con las ventajas comparativas que proporcionan estos lugares o sectores, los cuales requieren señales claras del Estado para que esas ventajas les permitan lograr, en el corto plazo, un claro desarrollo y un crecimiento autosostenido.

En otras oportunidades, los subsidios pueden ayudar a crear esas ventajas comparativas de modo que, a través de la tecnología "de punta", estos sectores económicos logren su consolidación y su propio crecimiento. En este caso, se requiere de una disposición y de gran esfuerzo por parte de las empresas para buscar nuevos mercados y competir con precios y tecnología adecuados en el comercio internacional. Es el desafío que se le presenta a la industria automotriz nacional.

En otros países de América Latina -a diferencia del nuestro-, el desarrollo de esta industria se encuentra protegido por altos aranceles a las importaciones de vehículos y de partes y piezas de éstos, lo cual la deja en condiciones de tener un mercado virtualmente cautivo, y, al mismo tiempo, enormes economías de escala, pudiendo competir en mejor forma en el ámbito internacional.

La industria automotriz permite en Chile la existencia de una serie de empresas medianas y pequeñas, lo cual, a veces, no es medible fácilmente, salvo cuando éstas ya no están. En Arica, ella no sólo representa una fuente de trabajo directa para los trabajadores de la ciudad, sino que crea una economía satelital alrededor de ésta a través de industrias auxiliares, como también de los trabajadores y la empresa, que, en nuestro caso, llega a casi 1.200 personas.

Si los señores Senadores toman en cuenta que Arica es una ciudad ubicada a 2 mil 200 kilómetros del centro de abastecimiento más importante de Chile -esto es, Santiago-, podrán intuir que la mayoría de los productos que se consumen en ella y en Parinacota se encarecería mucho más si estas provincias no contaran con el viaje de retorno de más de 100 camiones mensuales, lo cual facilita el abastecimiento y rebaja los precios de productos de primera necesidad.

Señor Presidente, como muchos saben, Arica está padeciendo, desde hace tiempo, diversos problemas, tales como la falta de empleos y de inversión pública; la difícil situación que enfrenta el comercio de la ciudad -que representa el 36 por ciento de la economía regional- a raíz de la puesta en marcha de la Zona Franca en Tacna; las altas tarifas del agua potable y de la energía y el incremento de la drogadicción, todo lo cual hace que hoy la economía ariqueña se encuentre deprimida.

La aprobación de este proyecto, con las modificaciones que se le han introducido, brindará buenas posibilidades para la consolidación de las empresas automotrices. No obstante ello, en alguna oportunidad cercana deberemos -por razones de soberanía- detenernos a estudiar la difícil situación en que se encuentran las provincias fronterizas de Arica y Parinacota.

Señor Presidente, la iniciativa en trámite contempla un novedoso mecanismo que tiende a desarrollar y hacer más eficiente el sector automotor, dado que:

1°. Prorroga el incentivo del crédito por integración nacional, hasta el 31 de diciembre de 1998, condicionado solamente al cumplimiento de metas de exportación.

2°. Incorpora los conceptos de "exportaciones en exceso" y de "crédito fiscal en exceso", lo cual incentiva significativamente el incremento de las exportaciones en este sector.

3°. Discrimina entre aquellas empresas que no se incorporan al programa de desarrollo de exportaciones y aquellas que sí lo hacen, otorgando a las primeras 40 por ciento de crédito fiscal hasta el 31 de diciembre de 1991 -que se reduce a 10 por ciento a contar del año 1992-, y postergando a las segundas, hasta el 1° de enero de 1996, la fecha en que dicho beneficio comienza, con 10 por ciento anual.

4°. Finalmente, los beneficios se otorgan a cada marca de vehículos, en el evento de que una misma empresa "arme o ensamble" vehículos de dos marcas, o más.

En consecuencia, señor Presidente, dadas las consideraciones anteriores -y, fundamentalmente, por el interés que tiene para el Senador que habla el que no se agrave el problema de cesantía que tanto afecta a Arica, y que se pueda otorgar tranquilidad y estabilidad laboral a las numerosas familias que directa e indirectamente dependen de esta empresa-, votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Palza.

El señor PALZA.-

Si bien preparé una intervención para el efecto -y aun cuando comparto el ánimo de despachar el proyecto en esta oportunidad-, deseo tan sólo expresar que tanto en la Comisión de Economía como en la de Hacienda concurrimos con nuestros votos para acoger la iniciativa del Ejecutivo tendiente a adecuar la industria automotriz en las Regiones Primera y Quinta, con el propósito de proyectarla hacia el futuro y de que pueda competir en mejores condiciones con el mercado externo.

Estamos ciertos de que las industrias del rubro que hoy permanecen en el país son sólo dos y tienen grandes posibilidades de desarrollarse plenamente, de ratificar lo que hasta ahora han señalado y de prepararse para competir en los mercados, que ya están siendo favorables. Es el caso de Perú y de Bolivia -y, posteriormente, de Brasil-, por la proyección que tiene la industria General Motors, ubicada justamente en la ciudad de Arica.

Después de las diversas reuniones sostenidas por representantes de nuestro Gobierno con los de su congénere de México, destinadas a estudiar la posibilidad de ampliar los lazos comerciales entre ambos países y suscribir los convenios pertinentes, estamos conscientes de que una de las industrias que podrían resultar favorecidas es la automotriz. Y, desde ese punto de vista, según informaciones que nos proporcionaron distintos dirigentes de los sindicatos de Arica, creemos que el proyecto del Ejecutivo, aprobado oportunamente por la Cámara de Diputados, permitirá proyectar estas industrias automotrices en los próximos ocho años y dejarlas así afinadas para que estén en condiciones de manejarse en forma independiente, sin necesidad de incentivos por parte del Estado.

Sabemos que a todas las industrias automotrices existentes en los demás países se les aplican aranceles tendientes a evitar la competencia con nuevas marcas, como sucede en México, Brasil, Argentina y Perú. En el caso de Chile, estimamos que con el gasto del Estado durante los próximos siete años -del orden de los 39 millones de dólares- será posible mantener en ese tiempo estas industrias e incluso aumentar su potencial. En Arica, si el proyecto se aprueba como lo hizo la Cámara de Diputados -donde además fue perfeccionado en la Comisión de Hacienda del Senado-, podría inclusive armarse una nueva línea, que permitirá la eventual contratación de alrededor de 150 trabajadores altamente especializados, que podrán recoger los frutos de una actividad que en Arica llegó a contar en el pasado con más o menos 15 empresas.

Con el propósito de permitir el despacho del proyecto hoy día, no extenderé estas consideraciones generales -entiendo que es el deseo de todos los señores Senadores- y me voy a limitar a anunciar el voto favorable de los Senadores democratacristianos, a fin de ratificar nuestro anhelo de que la industria automotriz siga incrementándose para competir en mejores condiciones en el mercado externo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente , a mi modo de ver, hay coincidencia en la Sala en cuanto a despachar la iniciativa en esta sesión; y, con arreglo a ese criterio, no haré un discurso que evite cumplir tal objetivo por razones de tiempo.

Indudablemente -como lo han manifestado otros señores Senadores- la iniciativa sometida a nuestra consideración apunta en la perspectiva de asegurar la mantención y el mejoramiento de la actividad automotriz en nuestro país. Como lo expresaron otros colegas en sus intervenciones, de particular importancia es este propósito para ciudades como Arica y Los Andes, donde están radicadas las industrias del sector, las cuales de ser afectadas significaría desempleo y perjuicio para las respectivas comunidades, que no sólo deben ser contempladas como de carácter excepcional o de estanco, sino analizadas desde el contexto de lo que esa actividad representa para el conjunto del país.

Por lo tanto -no únicamente por intereses económicos y comerciales, sino también por las connotaciones humanas y sociales involucradas-, resulta necesario, en nuestro concepto, acoger las ventajas que otorga el proyecto, sobre todo cuando los beneficiados -específicamente las industrias automotrices radicadas en el país- manifestaron que con los incentivos decrecientes consignados en la iniciativa pueden enfrentar los desafíos que en los próximos años les impondrá la comercialización. Han observado con interés el proceso de apertura en los mercados latinoamericanos y confían, ante las nuevas perspectivas que presenta el mercado, prescindir en el corto plazo de los subsidios que se le otorgan.

Por ello, no cabe duda de que la capacidad y el esfuerzo que tales empresas están dispuestas a desarrollar redundará en el cumplimiento de las metas para acceder, con justo derecho, a la prórroga de los beneficios que el proyecto en debate contempla.

Finalmente, quiero recalcar que, a mi juicio, no sólo estamos otorgando un beneficio a un sector, sino también dando un respaldo a los trabajadores y a las comunidades de las localidades mencionadas.

Por tales razones, expreso mi conformidad con la iniciativa y anuncio mi voto favorable.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Advierto a la Sala que la aprobación implicaría acoger la iniciativa en general y particular a la vez, con la indicación del Ejecutivo -aceptada por la Comisión de Hacienda-, consistente en readecuar las normas en conformidad a las del arancel aduanero.

Si le parece a la Sala, se aprobaría en esos términos.

Acordado.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en consulta de la Sala relativa a las leyes secretas dictadas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de mayo de 1990.

--Los antecedentes sobre la consulta figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Consulta:

Sesión 15a, en 10 de julio de 1990.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 37a, en 10 de septiembre de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión, en su informe, formula diversas conclusiones respecto de las cuales dará una explicación el Honorable señor Pacheco.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión el informe.

El señor PACHECO.-

Por la naturaleza del informe, la Comisión entendió que no era preciso una sesión secreta. El punto fue discutido entre nosotros, y el informe fue aprobado por la unanimidad de los Honorables señores Fernández, Diez, Vodanovic, Letelier, y el suscrito. Reitero que, por la exposición misma y por las conclusiones, la Comisión estimó innecesaria una sesión secreta.

El señor HORMAZÁBAL.-

Me parece que el señor Senador está en su derecho al pedir sesión secreta sobre el particular, y habría que resolver tal solicitud. Pero quiero señalar que en la página 4 del informe se menciona que incluso la Comisión tomó el parecer de la Cartera de Defensa acerca de la posibilidad de publicar algunas de las leyes secretas que remitió. La respuesta, contenida en el oficio Nº 2851, de 7 de agosto de 1991, dejó establecido que dicho Ministerio no advertía inconveniente en la publicación, salvo tres excepciones, criterio que la Comisión acogió. Es decir, se trataría aquí de analizar la situación producida respecto de las otras leyes, menos las tres excepciones, que la propia Comisión aprobó.

No pretendo cuestionar el derecho del señor Senador a pedir sesión secreta; pero, a mi juicio, el carácter de reserva de dichas leyes está resguardado por las prevenciones que oportunamente la Comisión adoptó en consulta con la autoridad.

En consecuencia, por lo menos en lo que a mí respecta, soy partidario de analizar en sesión pública el informe de la Comisión.

El señor PAPI.-

Recién estoy revisando el informe, y no dispongo todavía de los elementos de juicio como para emitir un pronunciamiento sobre la conveniencia de la sesión pública o secreta. No sé si el Honorable señor Jarpa tiene algunas razones que justifiquen una petición de tal naturaleza, porque, en principio, no habría inconvenientes en que la reunión tuviera carácter público. A menos -repito- que otros antecedentes aconsejaran un criterio distinto.

El señor JARPA.-

Pido la palabra, señor Presidente.

Para evitar la votación, pido segunda discusión para este tema.