Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley N° 17.235, respecto de impuesto territorial.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el Diputado señor Elizalde, y de la de Hacienda, el señor Huenchumilla.

El texto del proyecto está contenido en el mensaje impreso en el boletín N° 396-06, que figura en el N9 1 de los documentos de la Cuenta, de la sesión N° 13°, celebrada el 2 de julio de 1991 y los informes respectivos aparecen en los N°s. 28 y 29 de los documentos de la Cuenta de la sesión 22°, celebrada el 3 de agosto de 1993.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje y con urgencia calificada de "suma", que modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre rentas municipales, y la ley N° 17.235, relativa a impuesto territorial.

La Comisión contó con la asistencia y colaboración permanentes de los señores Enrique Correa, Ministro Secretario General de Gobierno; Gonzalo Martner, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo; Ornar Ahumada, Jefe del Departamento de Municipalidades de dicha Subsecretaría; de los señores Samuel Garrido y Mario Cortés y de las señoras Verónica Jiménez y Elima Urrea, asesoras de la mencionada Subsecretaría.

Contó, además, con la presencia de los alcaldes de Santiago y de otras municipalidades del país y de asesores del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio de Hacienda.

Antes de dar a conocer las ideas centrales del proyecto quiero señalar que la Comisión, durante un tiempo largo, estuvo sujeta a una negociación política para eliminar el tope de mil UTM respecto de las patentes comerciales, lo que provocó una demora en el análisis de esta iniciativa, el cual sólo fue retomado una vez que se llegó a acuerdo en cuanto a la reforma tributaria recientemente aprobada por este Congreso. En consecuencia, deseo dejar claramente establecido que la Comisión ha tratado de agilizar al máximo este proceso. Nos hubiera gustado que esta legislación de rentas se hubiera aprobado antes de la elección de concejales y de alcaldes, pero, por las razones expuestas y la falta de acuerdos políticos respecto del tema, sólo en esta oportunidad ha sido posible tratarla.

Las ideas matrices del proyecto son:

1.Facultar a las municipalidades para rebajar la tarifa por el servicio domiciliario de aseo prestado a ciertos usuarios, atendida la condición socioeconómica de éstos.

2.Precisar que en los casos en que se autoriza a las personas para extraer las basuras, por sí mismas o por medio de terceros deberán ceñirse a las ordenanzas e instrucciones emanadas por la respectiva municipalidad.

3.Posibilitar que la municipalidad pueda, por sí misma o contratando el servicio con terceros, efectuar el cobro del servicio de aseo a las propiedades exentas del pago de contribuciones de bienes raíces. Como todos sabemos, es extraordinaria la cantidad de personas que están exentas del pago de contribuciones, situación que hace que el servicio tienda a ser deficitario.

4.Hacer de cargo del propietario el pago del derecho de aseo, autorizando al arrendatario para deducir la suma pagada por concepto de este servicio de las rentas de arrendamiento.

5.Determinar la obligatoriedad de proceder a la licitación pública respecto de los bienes municipales y de aquellos que les encomiende la ley, que sean entregados en concesión u objeto de permisos por un plazo superior a un año.

6.Rebajar, de 60 a 50 UTM, la parte del precio de los vehículos en que la tasa del permiso de circulación es del uno por ciento.

7.Reducir, de 250 a 200 UTM, el tope máximo del precio en que la tasa del aludido tributo es del 3 por ciento.

8.Excluir a los automóviles de alquiler, de lujo, de turismo y de servicios especiales, del tratamiento diferenciado por concepto de impuesto por permiso de circulación.

9.Suprimir la franquicia de pagar este impuesto respecto del 50 por ciento del precio de los vehículos que ingresan al país con liberación aduanera, total o parcial.

10.Consignar cambios de fechas para renovar los permisos de circulación.

11.Crear un sistema de control visual para la fiscalización del permiso de circulación al día.

12.Suprimir el límite de mil unidades tributarias mensuales a pagar por patente municipal, con lo cual los contribuyentes pagarán por este concepto el porcentaje proporcional de su capital propio, cualquiera que sea el monto a pagar manteniéndose el mínimo en una UTM.

13.Dar fecha cierta a la publicación en el Diario Oficial del acto en el cual se modifica la tasa de patente municipal.

14.Radicar el cálculo del valor de la patente en cada municipio.

15 Eliminar de la exención del pago de patente municipal a las personas naturales que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso y de promoción de intereses comunitarios.

16.Establecer, para el caso de las patentes temporales, que su monto será determinado por la municipalidad, no pudiendo ser inferior al 30 por ciento ni superior al 70 por ciento de la patente ordinaria.

17.Determinar que las personas que ejerzan profesiones liberales, cualquiera otra, u ocupación lucrativa pagarán una patente anual, donde tengan su oficina principal, cuando su ingreso en el año anterior haya excedido las 100 UTM.

18.Precisar que constituirá ingreso propio de cada municipio el excedente del impuesto territorial que se recaude en la comuna, luego de descontar el aporte al Fondo Común Municipal.

19.Establecer que el Fondo Común Municipal estará compuesto por el 60 por ciento del impuesto territorial que resulte de aplicar la tasa del 1,6 por ciento, según se propicia en el número 3 del artículo 2° del proyecto.

20.Crear otro sistema para la distribución del Fondo Común Municipal, introduciendo un nuevo factor, cual es el indicador socioeconómico.

21.Limitar las facultades de las municipalidades solamente para rebajar las tasas de derechos que se deriven de aquellos servicios que éstas prestan u otorgan relativos a urbanización y construcción.

22.Señalar que el impuesto del uno por ciento de transferencia de vehículos con permiso de circulación será a beneficio de la municipalidad en donde el vehículo obtuvo el último de éstos.

23.Fijar el mes de noviembre de cada año como la época de publicación en el Diario Oficial de las ordenanzas relativas a derechos correspondientes a servicios, concesiones o permisos cuyas tasas no estén fijadas por ley.

24.Otorgar mérito ejecutivo al certificado emitido por el secretario municipal que acredite la deuda proveniente del no pago de patentes, derechos y tasas municipales, entregando a la justicia ordinaria el conocimiento de la acción y sometiéndola a las normas del juicio ejecutivo establecido en el Código de Procedimiento Civil.

25.Hacer extensible al no uso del distintivo acreditante del pago del permiso de circulación la sanción consultada para el caso de no contarse con dicho permiso o si éste se encontrare vencido.

26.Aplicar al propietario de un vehículo que llevare un distintivo otorgado a otro vehículo una sanción equivalente al 200 por ciento del valor del permiso de circulación que corresponda.

27.Ampliar al contribuyente que falseare los antecedentes para calcular su capital propio, aludido en los artículos 24 y 25, la multa de hasta 75 UTM.

28.Precisar y regular el procedimiento de entrega a los municipios de los recursos provenientes del Fondo Común Municipal.

29.Entregar a la Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo y a la Tesorería General de la República la determinación, en el mes de diciembre de cada año, de las fechas y montos a distribuir, en calidad de anticipos, de los tributos señalados.

30.Facultar a los municipios para castigar de su contabilidad aquellos créditos o deudas incobrables, mediante decreto alcaldicio.

31.Especificar, reduciéndolas, en el texto legal las propiedades exentas, total o parcialmente, del pago del impuesto territorial; estableciendo, al mismo tiempo, el procedimiento para acogerse a tal beneficio y fecha.

32.Hacer de cargo de las municipalidades el aporte de los antecedentes necesarios para que el Servicio de Impuestos Internos efectúe la tasación de los inmuebles.

33.Fijar una tasa anual de 1,6 por ciento por concepto de impuesto territorial, a aplicar sobre aquella parte del avalúo que exceda su monto exento.

34.Autorizar a las municipalidades a rebajar la aludida tasa en cifras que van desde el 1,1 por ciento al 1,5 por ciento, como, igualmente, para alzarla entre el 1,7 por ciento y el 1,9 por ciento, lo que deberá ser puesto en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos y publicado en el Diario Oficial en el mes de noviembre del año anterior al de su entrada en vigor.

35.Limitar a una la propiedad con destino habitacional que puede acogerse a la exención del pago de impuesto territorial.

36.Establecer una sobretasa de ciento por ciento del impuesto territorial que le correspondería pagar a los sitios eriazos y a los edificios que permanecen sin concluir o reparar.

37.Determinar un reajuste semestral conforme al IPC, respecto de los avalúos de bienes raíces; los montos exentos y tramos de exenciones; los avalúos de las líneas, postaciones y cañerías, y los derechos municipales por los servicios de aseo domiciliario facultando al Presidente de la República para suspender tales reajustes en lo que respecta al segundo semestre del año de que se trate.

38.Hacer coincidente la fecha determinada para que entren en vigencia las modificaciones de avalúo de los bienes raíces.

39.Obligar al Servicio de Impuestos Internos a mantener actualizados los roles anuales de contribuciones de cada comuna.

40.Incorporar, como nueva fecha de pago de los impuestos de bienes raíces incluidos en roles suplementarios y de reemplazo de contribuciones además del mes de diciembre, el mes de junio de cada año, los que deberán contener las modificaciones consideradas en resoluciones notificadas hasta el 30 de abril.

41.Definir el impuesto territorial a ser pagado por el dueño o usufructuario.

42.Prescribir la obligación de pago del referido impuesto.

43.Hacer aplicable las normas del título VI de la ley N° 17.235 al cobro de derecho de aseo, cuando éste se efectuare conjuntamente con el impuesto territorial.

44.Encomendar la recaudación de este impuesto al Servicio de Tesorerías y cuyo producto será de beneficio municipal, sin perjuicio de la normativa consultada al efecto por la ley de Rentas Municipales.

45.Hacer de cargo de la municipalidad, donde el inmueble está situado, el cobro judicial del impuesto en referencia.

46.Obligar al Tesorero Regional a remitir, en la época que indica de cada año, la nómina de los contribuyentes morosos correspondientes al año anterior a cada municipio, con el propósito de efectuar su cobro judicial, asignándole mérito ejecutivo a dicha nómina.

47.Establecer y reglamentar el procedimiento judicial aplicable, radicándolo en el juez de letras con competencia civil que corresponda.

48.Hacer obligatorio comunicar al Servicio de Impuestos Internos la transferencia de un inmueble, para efectos de perseguir el cobro de las contribuciones impagas.

49.Imponer a los conservadores la obligación de remitir al Servicio de Impuestos Internos copia simple de las transmisiones o transferencias de dominio que practiquen.

50.Señalar que los directores de Obras Municipales deben poner en conocimiento del Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo de 15 días, las causales de modificación de avalúos que se practiquen en conformidad a la ley N° 17.235.

51.Consultar, como único fundamento para que los Ministerios del Interior y de Hacienda puedan ordenar la suspensión de entrega del Fondo Común Municipal, aquellos antecedentes emanados de la Contraloría General de la República que sean el resultado de auditorías solicitadas por las aludidas carteras, atingentes al destino dado a dichos recursos.

52.Disponer que, en tanto no entre en vigor el nuevo avalúo de bienes raíces agrícolas, no se aplicará lo analizado en los números 33 al 36 precedentes.

53.Indicar que la sobretasa del ciento por ciento que se aplica al pago del tributo de los sitios eriazos regirá luego de un año de entrada en vigencia de esta ley.

54.Facultar al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año y mediante decreto con fuerza de ley, determine las propiedades que continuarán siendo beneficiadas con aquellas exenciones actualmente vigentes, manteniéndolas, en todo caso, en igual situación, hasta el 31 de diciembre de 1993.

55.Disponer que aquellas exenciones decretadas por un tiempo determinado mantendrán su vigencia hasta el 31 de

diciembre del año correspondiente a su término.

56.Preceptuar que aquellos propietarios beneficiados con la exención del pago de contribuciones de bienes raíces, dentro del plazo de un año, deberán solicitar del Servicio de Impuestos Internos tal reconocimiento, exceptuando de ello a los inmuebles acogidos al decreto con fuerza de ley N° 2.

57.Determinar un plazo de seis meses para que el Ministerio del Interior señale las condiciones de operación de las tarifas relativas a aseo domiciliario, plazo que hace extensivo a la dictación del reglamento que debe regular la aplicación del Fondo Común Municipal.

58.Indicar que los coeficientes de distribución de los recursos que componen el Fondo Común Municipal regirán a contar del 1° de enero de 1993.

59.Prorrogar por el plazo de un año la facultad concedida al Presidente de la República para determinar aquellas actividades comerciales e industriales a las que no se les podrá otorgar patente provisional.

60.Otorgar al Presidente de la República la atribución, mediante decreto con fuerza de ley, de dictar el reglamento a que alude el inciso final del artículo 55 que el proyecto de ley propone introducir a la ley N° 17.235.

Esas son las ideas matrices del proyecto.

En la discusión general se propusieron una serie de modificaciones. Tengo entendido que algunas han sido objeto de estudio en la Comisión de Hacienda y que se llegará a fórmulas diferentes a las propuestas por las de Gobierno Interior. En todo caso, en su momento plantearemos nuestros puntos de vista al respecto.

En el Fondo Común Municipal, se trata de elevar el monto de aporte que deben hacer los municipios por concepto de recaudación de patentes municipales y de incorporar en él a las Municipalidades de

Lo Bamechea y Vitacura, que quedaron excluidas como consecuencia de la creación de nuevas comunas.

Se incorporó a Vitacura y, por indicación de la Diputada señora Caraball, se excluyó a Lo Bamechea, por cuanto esta comuna es relativamente pobre, y mientras no se consolide la aplicación del plano regulador y se cobren todos los derechos de la enorme cantidad de terrenos exentos, naturalmente no está en condiciones de hacer aporte.

Se elevó a un 65 por ciento el aporte de la Municipalidad de Santiago al Fondo Común Municipal, en lo que dice relación con patentes municipales y alcoholes.

En el inciso primero del artículo 76 se posibilitó que cualquier concejal, en forma independiente, pueda fiscalizar tanto el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal y la ejecución del presupuesto municipal, como las actuaciones del alcalde. Esta indicación fue aprobada por unanimidad.

Esta norma, que introduce modificaciones en el decreto ley N° 3.063, fue motivo del siguiente tratamiento por parte de la Comisión:

En el inciso primero del artículo 2°, en términos de dejar expresamente establecido que los ingresos o rentas municipales serán percibidos por la unidad encargada de la administración y finanzas de cada municipalidad, según lo dispuesto en la ley orgánica constitucional de municipalidades.

En el inciso primero del artículo 7°, se intercaló entre las palabras "oficinas" y "quioscos", la frase "y los sitios eriazos", para integrarlos a los cobros que deben realizarse.

En la letra b), que sustituye el inciso segundo del artículo 7° del citado cuerpo legal, se aprobó una indicación del Ejecutivo que entrega a las ordenanzas municipales la determinación de la forma en que habrán de fijarse las tarifas del servicio de aseo.

Su letra c) sustituye el inciso final del artículo en referencia y establece la fecha anual en que se fijará el monto de las tarifas y su reajustabilidad.

Por indicación del Diputado señor Elgueta, de la Diputada señora Caraball y de quien les habla, se incluyó la extracción y el transporte de los desperdicios.

En el número 5, se aprobó una indicación del Ejecutivo para reemplazar la fecha en que las municipalidades deberán informar al Servicio de Impuestos Internos acerca del monto del derecho de aseo que regirá para el año siguiente.

En el número 7, el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva, que elimina el inciso primero del artículo 11, y en el inciso segundo la palabra "Asimismo" y la coma que la sigue, a fin de concordar la norma con lo preceptuado en los artículos 5° y 6° de la ley orgánica constitucional de municipalidades.

El número 9 fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, aprobada por mayoría de votos, que aumenta el monto del impuesto por permiso de circulación que deberá pagarse, expresado en unidades tributarias, de acuerdo al tipo de vehículo de que se trate.

El señor Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo sostuvo en la Comisión que se trataba de suprimir las situaciones de excepción en el pago de este impuesto y que, en términos generales, se había aplicado un criterio exclusivamente recaudatorio, esto es, que los dueños de vehículos pagaran más impuesto por este concepto, independientemente del tramo en que se encontraran. Esto implica que el próximo año, una vez aprobado el proyecto, habrá un incremento de diez por ciento en el valor de todos los permisos de circulación.

Por el número 11 se intercala un inciso cuarto, nuevo, en el artículo 21 de la Ley de Rentas, que obliga al municipio a otorgar un distintivo para acreditar el pago del impuesto por permiso de circulación.

En el número 12, nuestra Comisión, por unanimidad, aprobó fijar el tope superior para el pago de la patente municipal en 10 mil UTM. Quizás el tema más debatido fue la eliminación de este tope.

Tengo entendido que posteriormente, en la negociación política, se determinó un monto de 4 mil UTM. Sin embargo, seguimos considerando que aquí hay una discriminación que tiende a favorecer a las grandes empresas en desmedro de los pequeños comerciantes o industriales, porque se recarga a éstos con un monto mayor. En todo caso, se llegó a este acuerdo político en los términos planteados.

El número 13 sustituye el inciso sexto del artículo 24, a fin de dar mayor precisión a la fecha de publicación en el Diario Oficial del decreto que deberán dictar los municipios para modificar la tasa de la patente en vigor.

El número 14 reemplaza los incisos segundo y tercero del artículo 25 del decreto ley N° 3.063 para obligar al contribuyente que posea una empresa con más de una unidad de gestión, ubicadas en distintas comunas, a presentar en cada una de las respectivas municipalidades la declaración a que se refiere el artículo 24, para determinar el valor proporcional de la patente que le corresponde pagar en cada comuna.

Al respecto, en la Comisión se plantearon nuevas alternativas que consisten fundamentalmente en que la patente pueda ser distribuida en relación con la superficie ocupada por cada uno de los recintos de la empresa. Por lo complejo del tema, se solicitó informe al Ministerio, el que presentó en la Comisión de Hacienda indicación para que exista una distribución más justa del monto de la patente.

En número 16, que reemplaza el inciso segundo del artículo 28, en términos de consignar un rango variable para que cada municipalidad fije el valor de la patente de temporada, con excepción de las de alcoholes, que pagarán el total de dicho valor, fue objeto de una indicación. Cuando se otorgue una patente de alcohol, especialmente en lugares de veraneo, por el incremento producido en la entrega de ellas, propusimos que su monto sea el doble del valor anual de la patente de un comerciante instalado, es decir, un 200 por ciento del monto de la patente original. En cierto modo, esto es para impedir que los lugares de veraneo en conviertan en centros de proliferación de alcoholismo.

En ese mismo artículo, se aprobó una indicación de la Diputada señora Caraball y de los Diputados señores Aguiló, Ulloa, y el que habla, que agrega una norma que prohíbe a los municipios renovar la patente temporal al comerciante que no cumpla con las exigencias establecidas por las ordenanzas municipales respecto de la actividad de que se trate. Normalmente, en las épocas de veraneo, los municipios tienden a entregar patentes con menores exigencias que a un comerciante permanente del municipio. Por ello, los requerimientos se han asimilado.

El número 20, que sustituye el inciso segundo del artículo 37, en orden a señalar que constituirá ingreso propio municipal el excedente del impuesto territorial que se recaude en la comuna, fue objeto de una indicación del Ejecutivo que elimina la referencia a la disposición siguiente, por cuanto ésta fue sustancialmente modificada.

El número 21, que norma sobre el Fondo Común Municipal, fue objeto de una indicación del Ejecutivo, aprobada por unanimidad, tendiente a eliminar el inciso primero, en la medida que establece la integración del referido Fondo, materia que, como se sabe, se encuentra regulada por la ley orgánica constitucional correspondiente, en cumplimiento de un mandato de la Carta Fundamental.

Estamos hablando del Fondo Común Municipal, respecto del cual se ha planteado una serie de proposiciones a fin de obtener mayores recursos y, a la vez, generar formas adicionales de distribución que permitan, en atención a la situación socioeconómica, entregar más recursos a aquellos municipios que se encuentran en una situación más precaria.

El resto de las indicaciones, sobre todo en la última parte, fueron más bien de forma. Por lo general, las formuló el Ejecutivo, y las aprobamos en el entendido de que esta Comisión requiere despachar el primer proyecto con urgencia y de que puede ser modificado en el segundo trámite con las indicaciones de la Comisión de Hacienda, que también se presentarán en la Sala.

De manera que la Comisión, para ganar tiempo y como el informe es bastante largo, solicita de la Cámara aprobar esta iniciativa, dejando establecido que hay una serie de artículos que tienen el carácter de ley orgánica constitucional, y otros que son de quorum calificado.

La Comisión determinó que se encontraban en el primer caso los dos números del artículo 1°; los números 3, 4, 5,13,14, 16 y 21 letra b), 22, 23, 24 letra b), 26 y 31 del artículo 2°, y los números 5 y 7 del artículo 3°.

En todo caso, la Comisión estimó que el texto completo del proyecto debía ser conocido por la Comisión de Hacienda.

No fueron aprobados por unanimidad los artículos 1°, 2°, 3° y 4°.

En consecuencia, vuestra Comisión recomienda a la Sala la aprobación del proyecto.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.-

El presente proyecto modifica cuatro normas legales: la ley orgánica constitucional de municipalidades, el decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales; la ley N° 17.235, sobre impuesto territorial, y la Ley de Impuesto a la Renta.

Me referiré básicamente a las modificaciones que introdujo la Comisión de Hacienda al proyecto que nos remitió la Comisión técnica de Gobierno Interior, por cuanto el señor Diputado informante de esta última ha relatado en detalle el contenido global del proyecto y sus ideas matrices más importantes, sin perjuicio de señalar como corresponde al ámbito de competencia de nuestra Comisión, al impacto monetario que produce este proyecto en las municipalidades y en la economía nacional en general.

El artículo 1°, tal como se señaló, modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, básicamente en dos aspectos.

En el N° 1, se eleva a 65 por ciento el aporte que se efectúa al Fondo Común Municipal, por parte de las Municipalidades de Santiago, Las Condes, Providencia y Vitacura.

Respecto de las patentes municipales y de alcoholes, este artículo provocó una amplia discusión.

Escuchamos a representantes del Ejecutivo y a personeros de la Municipalidad de Santiago. A juicio de nuestra Comisión, en el debate no se entregaron elementos de convicción suficientes por parte del Ejecutivo ni de la Municipalidad de Santiago en cuanto a las cifras involucradas, por lo cual la Comisión rechazó por unanimidad el N° 1.

El N° 2 sustituye el inciso primero del artículo 76 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, con el objeto de establecer el derecho de los concejales a ser debidamente informados sobre la marcha y funcionamiento de la Corporación. Al respecto, se formuló una indicación para borrar la frase "o quien haga sus veces", que fue aprobada por unanimidad. Pero, además, en el seno de la Comisión se produjo un debate de orden constitucional, en el sentido de si era compatible con lo señalado en el artículo 108 de la Constitución Política, que se refiere al concejo en su conjunto, la posibilidad de que los concejales, en forma individual, pudieran ejercer facultades de fiscalización.

Sin embargo, no hubo un acuerdo definitivo sobre el tema, el cual hago presente a la Sala, aprobándose el número por cuatro votos contra dos.

El artículo 2° contiene las modificaciones que se introducen al decreto ley N° 3.063, sobre rentas municipales.

El N° 1° que introduce sólo una referencia, no sufre mayores modificaciones. Lo mismo ocurre con el N° 2, que entrega a la unidad de administración y finanzas de cada municipalidad la percepción de los ingresos o rentas municipales.

En el N° 3°, que se refiere a los derechos de aseo que cobra la municipalidad, se formula indicación sustitutiva a la letra

c). Se trata simplemente de dar una redacción más simple y directa, con la cual la norma queda de la siguiente manera: "El monto de las tarifas de aseo será determinado anualmente para que rija a contar del 1° de enero del año siguiente. Dicho monto se reajustará a partir del 1° de julio en el mismo porcentaje que experimente la variación del indice de Precios al Consumidor calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas para el semestre inmediatamente anterior." Fue aprobada por la unanimidad de los señores Diputados presentes en la Comisión de Hacienda.

Respecto de numerosos proyectos que le ha correspondido conocer a la Cámara, algunos parlamentarios han señalado que la Comisión de Hacienda se ha extralimitado en sus funciones y en su competencia, conociendo más allá de los artículos que las Comisiones técnicas respectivas han colocado para su conocimiento.

Sin embargo, en esta oportunidad, al revés de lo sostenido, no obstante que la Comisión de Gobierno Interior señaló que el proyecto en su totalidad debía ser conocido por la de Hacienda, se determinó que numerosos artículos no eran de su competencia. Con esto quiero señalar que el criterio con que actúa la Comisión de Hacienda es estrictamente riguroso, apegado a la ley y al Reglamento que rige las debidas competencias que tienen cada una de nuestras Comisiones. Precisamente, en esta situación se encuentra el Ne 4 del proyecto de ley respectivo.

El N° 5, que se refiere a la facultad que tienen las municipalidades para cobrar directamente o contratar con terceros el servicio de cobro del derecho de aseo, fue aprobado por unanimidad y sin mayores modificaciones.

Con respecto a los N°s 6 y 7, que corresponden a los artículos 10 y 11 de la ley de rentas municipales, la Comisión estimó que el contenido de esas materias no son propias de su competencia.

El N° 8, relativo al aumento del impuesto anual por permiso de circulación, y que incorpora también a los automóviles de alquiler de lujo, automóviles de turismo o de servicios especiales, fue aprobado por 4 votos y 2 abstenciones.

Con el mismo quorum fue aprobado el N° 9, que reemplaza la letra b) del artículo 12, en el cual se enumera el impuesto que se aplicará por cada vehículo y el monto del impuesto por permiso de circulación.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar un N° 9 bis, con el objeto de eliminar del inciso segundo del artículo 12 la exención del pago de contribución de patente municipal referida al transporte terrestre de pasajeros y carga por carreteras. Se aprobó por 4 votos a favor y uno en contra.

La Comisión de Hacienda estimó que el N° 10, que consigna una serie de cantidades respecto de la renovación de los permisos de circulación, no era materia de su competencia.

El mismo criterio se aplicó respecto del N° 11, que faculta a las municipalidades para otorgar un distintivo especial a los vehículos para ser colocado al interior del parabrisas, con el objeto de acreditar el pago del permiso de circulación.

En el N° 12, que se refiere al valor de la patente, se fija el límite máximo en 10 mil UTM. Al respecto, en la Comisión de Gobierno Interior se estimó que éste debería corresponder a una cifra superior a diez mil unidades tributarias y, por su parte, el Ejecutivo formuló indicación con el objeto de establecer un límite superior de cuatro mil unidades tributarias mensuales.

En consecuencia, el inciso quedó de la siguiente manera: "El valor de la patente, por doce meses, será de un monto que estará comprendido entre el dos y medio por mil y el cinco por mil del capital propio de cada contribuyente, el que no podrá ser inferior a una unidad tributaria mensual ni superior a 4 mil unidades tributarias mensuales".

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 5 votos a favor y una abstención.

El sentido de la norma, relativa al valor de la patente por sobre el capital propio, con los límites señalados, ya fue descrito por el Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior.

El N° 13 no compete a la Comisión de Hacienda.

En el N° 14, el Ejecutivo formuló indicación para reemplazar en el inciso primero del artículo 25 del decreto ley N° 3.063, la expresión "al número cíe trabajadores que laboren en ellas" por "la superficie utilizada en la explotación y administración, ..." de cada una de las empresas por las cuales el contribuyente está obligado a hacer la declaración a que se refiere el artículo anterior.

Hubo un amplio debate en la Comisión sobre el impacto que la indicación produciría en los ingresos municipales, pero se consideró que ésta carecía de antecedentes suficientes como para tomar una resolución y cambiarla.

Puesta en votación, fue rechazada por 6 votos en contra y una abstención.

Puesto en votación, el N° 14 en los términos propuestos por la Comisión de Gobierno, Interior, fue aprobado por 7 votos a favor y 2 abstenciones.

El N° 15 sustituye el artículo 27, relativo a las entidades exentas del pago de patente municipal.

El Ejecutivo formuló indicación para eliminar este número, pero fue rechazada por unanimidad.

Se presentó una indicación de origen parlamentario, que sustituye el artículo 27 por el siguiente: "Sólo están exentas del pago de la contribución de patente municipal las entidades sin fines de lucro que realicen acciones de beneficencia, de culto religioso, de promoción de intereses comunitarios o de difusión cultural, artística o deportiva". Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

En la Comisión se produjo una discusión en tomo a la utilización del concepto "entidades", que resulta bastante equívoco por cuanto podría englobar a personas jurídicas, a agrupaciones que carecen de personalidad jurídica o a personas naturales. Por no corresponder a un concepto estrictamente jurídico, podría prestarse a diversas interpretaciones.

En el N° 16, que introduce, dos modificaciones al artículo 28, la letra a) fue aprobada por unanimidad, pero la b), que dispone que en ningún caso una municipalidad podrá otorgar patentes temporales para la realización de actividades comerciales a un contribuyente que no cuente con los requisitos exigidos en las ordenanzas respectivas, fue rechazada por 2 votos a favor y 4 en contra.

El N° 17 no corresponde a Hacienda, y el 18, que elimina el inciso tercero del artículo 32, integrando a los abogados al régimen general del pago de patente, fue aprobado por unanimidad.

El N° 19, que deroga el Título V, relativo al aporte fiscal para las municipalidades en la Ley de Presupuestos, fue aprobado por 5 votos a favor y 3 en contra, en atención a que esta materia hoy se encuentra regulada en la ley orgánica constitucional de municipalidades.

El N° 20, que sustituye el inciso segundo del artículo 37, que dispone que constituirá ingreso propio de cada municipalidad el excedente del impuesto territorial que se recaude en la comuna, una vez descontado el aporte al Fondo Común Municipal, fue aprobado por 4 votos a favor y 3 en contra.

En el N° 21, la letra a), que suprime el inciso primero del artículo 38, relativo al Fondo Común Municipal, se aprobó por unanimidad.

En la letra b), el Diputado señor Andrés Palma, formuló una indicación sustitutiva del inciso segundo del artículo 38 que señala, a la letra: "El reglamento determinará la forma como se recaudarán los recursos a que se refieren los números 1, 2 y 3 del inciso segundo del artículo 12 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades estamos hablando del Fondo Común Municipal, como asimismo, determinará el procedimiento que se utilizará para incluirlos en el Fondo Común Municipal. Para la aplicación de la fórmula de distribución, señalada en el inciso segundo del presente artículo, se utilizará como fuente de información sólo cifras oficiales." Fue aprobada por unanimidad.

En el inciso segundo (tercero) se señala la forma en que se distribuirá el noventa por ciento del Fondo.

Los Diputados señores Estévez y Huepe formularon una indicación para reemplazar los números 1 y 2 de este inciso, por los siguientes:

"1.- Un diez por ciento por partes iguales entre las comunas.

"2.- Un diez por ciento en relación a la pobreza relativa de las comunas medida por el o los indicadores que establezca el reglamento.".

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

Por su parte, el Ejecutivo formuló una indicación que sustituye en el inciso 4° la expresión "40% del ingreso por Impuesto Territorial" por la expresión "el excedente del impuesto territorial que se recaude en la comuna, una vez descontado el aporte al Fondo Común Municipal", que viene a ser concordante con la disposición a que me refería anteriormente y que también fue aprobada.

El Ejecutivo también formuló indicación para agregar un inciso segundo al N° 1 de la letra c), que establece: "Se refiere a que se entenderá que existe eficiencia en la gestión municipal, cuando al menos se destine una menor proporción del gasto operativo para realizar las funciones a ella asignadas, en relación al marco presupuestario de los años precedentes". El Diputado señor Orpis formuló indicación para reemplazar la expresión "al marco presupuestario" por "a los ingresos propios". En consecuencia, la eficiencia en la gestión municipal se entenderá que existe cuando, al menos, se destine una menor proporción del gasto operativo para realizar las funciones a ellas asignadas, en relación con los ingresos propios de los años precedentes.

Esas son las principales innovaciones aprobadas en la Comisión respecto del Ne 21 del proyecto relativo a la ley de rentas municipales.

El N|°22, que deroga el artículo 39 fue aprobado por unanimidad.

El N° 23, que reemplaza los números 1 y 7 del artículo 42, que fueron explicados por el Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, como el N° 24, fueron aprobados.

El N° 25, que sustituye la frase "el Tesorero Comunal, Tesorero Municipal o Martiliero Público" por la frase "El funcionario municipal o Martiliero Público que el Alcalde designe" y que se refiere a los remates que deban realizarse para vender bienes en pública subasta, tales como los objetos perdidos o decomisados, la Comisión rechazó por unanimidad esta modificación.

El N° 26 no corresponde a la Comisión de Hacienda.

Los N°s 27 y 28 fueron aprobados por unanimidad.

En el N° 29 hay una indicación del Ejecutivo para agregar un artículo 29 bis, para modificar el artículo 59, intercalando en el inciso segundo, a continuación de la palabra "negocios" la expresión "sin patente o", que fue aprobada por unanimidad por la Comisión.

En el N° 30 se aceptó una indicación para corregir la redacción y cambiar en la letra c), sobre derechos de aseo y la forma de establecer las facultades que tendrá la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la palabra "determinar" por "precisar".

En el N° 31, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar un artículo 68 bis, que faculta a los municipios para que, mediante decreto alcaldicio, sujeto a toma de razón, puedan castigar de su contabilidad toda clase de créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente, y se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro, y hayan transcurrido, a lo menos, cuatro años desde que se hicieron exigibles.

El Ejecutivo formuló una indicación con dos modificaciones: por la letra a) elimina la frase "sujeto a toma de razón de la Contraloría General de la República"; y por la letra b) agrega el siguiente inciso segundo: "Sin perjuicio de lo anterior, la municipalidad deberá continuar con las acciones legales pertinentes para hacer exigible el pago de dichos créditos." Puesta en votación, la letra a) fue aprobada por 6 votos a favor y 2 votos en contra;

pero fue rechazada por unanimidad la indicación a la letra b).

El N° 31 fue aprobado por unanimidad.

Una especial discusión se produjo en una indicación de origen parlamentario, que fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión, cuyo objeto era condonar reajustes, intereses y multas derivados del atraso en la declaración y pago de los impuestos, en beneficio de las municipalidades que señala. En esta indicación el representante del Ejecutivo se comprometió en la Comisión a estudiar esta situación y a dar una respuesta sobre esta materia.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

¿Me permite, señor Diputado? Terminó el tiempo de su primer discurso; puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.

El señor HUENCHUMILLA.-

Gracias, señora Presidenta.

También se formuló una indicación de origen parlamentario facultando a las municipalidades para condonar multas e intereses de patentes municipales, del siguiente tenor:

"Se faculta a las municipalidades para que mediante decreto alcaldicio debidamente fundado, condonen multas e intereses de patentes municipales a que se refiere el artículo 23.

"Dicho decreto se deberá dictar una vez vencido el plazo definido en el artículo 29, y sólo se podrá beneficiar aquel contribuyente que, por razones justificadas y por escrito, solicite la condonación, previo estudio de los antecedentes acompañados."

Esta indicación, suscrita por los Diputados señores Arancibia, Estévez, Huenchumilla, Orpis y Palma, don Andrés, fue aprobada por unanimidad.

Respecto de la ley sobré impuesto territorial, en el N° 1 se eliminaban las exenciones a la Línea Aérea Nacional y al Hospital Alemán. Fue aprobado, como también lo fue el N° 2. Los N°s. 3 y 4 no corresponden a Hacienda, y en el N° 5 relativo a la tasa del impuesto, se produjo una indicación del Ejecutivo. Este número 5 agrega un inciso segundo al artículo 15, que fija la tasa del impuesto, a través del cual se faculta a la municipalidad para rebajarla o alzarla en 1, 2, 3, 4 ó 5 puntos mediante resolución municipal, la que deberá ser informada y comunicada según se indica, no pudiendo ser modificada antes de dos años desde su entrada en vigencia.

También hubo discusión sobre la constitucionalidad de esta disposición: ¿Es posible que la ley faculte a un organismo del Estado -mediante delegación-para alzar o rebajar la tasa del impuesto? De acuerdo con la Carta Fundamental, la delegación de facultades del Congreso Nacional es exclusivamente en la persona del Presidente de la República para dictar decretos con fuerza de ley en los términos, restricciones y bajo los parámetros señalados por el artículo 61. No nos parece correcto que mediante una ley se establezca la posibilidad de delegar facultades en las municipalidades para subir o rebajar las tasas de impuesto.

El Ejecutivo formuló indicación al N° 5, para reemplazar "el siguiente inciso segundo" por la frase "los siguientes incisos como segundo y tercero respectivamente:" e incorporar el siguiente inciso tercero: "Dicha modificación no se considerará para los efectos del cálculo de los montos a que se refiere el artículo 12 número 1 de la ley N° 18.695, orgánica constitucional de municipalidades". La indicación fue aprobada por cinco votos a favor y tres en contra, y el N° 5, por cuatro votos a favor y tres en contra.

Asimismo, se aprobaron los N°s. 6,7 y 8.

El N° 9, no le corresponde a Hacienda.

Los N°s. 10, 11, 12 y 13 se acogieron por unanimidad.

El N° 14 también se aprobó por unanimidad, salvo la letra c), que agrega el siguiente inciso final: "Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, los propietarios estarán obligados a informar al Servicio de Impuestos Internos, e la forma y plazos que éste disponga, cualquier modificación catastral o de clasificación a que se refieren los artículos 28, 29 y 30 de la presente ley", la que fue rechazada por unanimidad.

El N° 15 reemplaza en el artículo 38, las palabras "año" por "semestre" y "anual" por "semestral", adecuando la norma al resto del articulado. Se aprobó por unanimidad.

En el N° 17, que modifica el artículo 42, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar, en punto seguido, la frase: "Además, sustitúyese la palabra "anuales" por "semestrales"." También propone incorporar el siguiente N° 17 bis: "En el artículo 43, reemplázase la frase "Los impuestos incluidos en los roles anuales de contribuciones serán pagados" por "El impuesto territorial anual será pagado". Se aprobó por unanimidad.

El N° 18 reemplaza el artículo 44, relativo a las fechas en que se pagarán los impuestos incluidos en los roles suplementarios y de reemplazos. Se aprobó por unanimidad, con la indicación formal de sustituir la expresión "y contendrán", por las palabras "e incorporarán".

El N° 19 se rechazó por un voto a favor, seis votos en contra y una abstención.

El N° 20 se aprobó por unanimidad, al igual que el artículo 4e. El artículo 1Q transitorio, que establece la vigencia de la ley, se aprobó por cinco votos a favor y dos abstenciones.

En el informe de la Comisión de Hacienda se señala el impacto monetario de este proyecto, en millones de pesos, desde marzo de 1993. Al respecto, debo hacer presente que las patentes comerciales aparecen con el límite de mil UTM, en circunstancias de que, en la Comisión de Hacienda, se determinó como límite superior cuatro mil UTM y no las 10 mil UTM que señalaba la Comisión de Gobierno Interior.

En las municipalidades, los derechos de aseo producirán un impacto, desde marzo de 1993, de 6 mil 500 millones de pesos; los permisos de circulación de 4 mil 277 millones de pesos; las patentes municipales, que se producen en dos escenarios, dependiendo de si se toma la tasa inferior o superior, de 13 mil 402 millones de pesos o de 8.154 millones, si se considera la tasa superior o inferior; en el caso de las patentes temporales, de 43 millones de pesos; en las exenciones especiales derogadas, de 120 millones y la tasa del impuesto territorial -de diversos puntos por la facultad que se concede a las municipalidades y cuya constitucionalidad fue cuestionada en la Comisión de Hacienda- de 30 mil millones de pesos; en la sobretasa del impuesto territorial a sitios eriazos, en 1.300 millones, con lo cual el impacto monetario total del proyecto en uno de los escenarios sería de 55 mil 842 millones de pesos.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, después de tan exhaustivos informes no cabe más que dar una opinión global sobre el proyecto.

El tema del fortalecimiento de los municipios es clave en la perspectiva de avanzar en la descentralización del país. En menos de un año de municipios con dirección democrática, vemos que hay un conjunto de problemas que requieren de reformas para perfeccionar y fortalecer esta institución.

Hemos avanzado en una reforma a la ley orgánica, pero está claro que aún están pendientes las relativas a los sistemas de gestión de los servicios, a la facultad de los municipios para crear empresas y a la forma de generar los alcaldes.

Hemos aprobado el Estatuto Docente, pero todo indica que ahí hay serios problemas pendientes, no sólo en lo que se refiere a remuneraciones del profesorado sino que también a la manera de gestionar la educación y están en discusión el estatuto de atención primaria, el proyecto de plantas municipales y la ley de juntas de vecinos. Es un conjunto de reformas legales que apuntan a fortalecer al municipio como instancia de gobierno de la comuna, y el nivel de descentralización.

El sistema de financiamiento municipal es un aspecto fundamental en la solidez y consistencia de los municipios. El nivel y las características de los recursos es lo que en definitiva determina la real autonomía y capacidad de esta institución local.

Durante el régimen pasado se instauró un sistema de financiamiento municipal, de los más modernos del continente, en la medida en que consagra impuestos de afectación local y se otorga una base de financiamiento autónomo sobre un porcentaje importante de sus ingresos. En 1991 fue 50 por ciento y, en 1992, 44,8 por ciento. Es decir, los municipios reciben una proporción muy alta de recursos que no dependen de otras instancias, lo que les da autonomía para efectos de su financiamiento. Se ha constatado, sin embargo, que este sistema, con una base interesante, moderna y nueva, adolece de insuficiencias importantes que el proyecto busca subsanar. Los problemas en que los municipios tienen cada vez menos fondos para destinarlos a inversión real, la cual se estima en más o menos el 10 por ciento de los recursos municipales. Por otra parte, el Fondo Común Municipal ha ido reduciendo su carácter redistributivo, pues las comunas más ricas tienden a serlo cada vez más, por lo que hay que revisar la manera de distribuir más los recursos. En la Región Metropolitana, los municipios de Santiago, Providencia y Las Condes absorben el 45 por ciento de los recursos municipales. También hay déficit en educación y salud que afectan las finanzas municipales. Esta es la realidad que el proyecto busca afectar, alterar y reformar.

Los objetivos del proyecto se han planteado de distintas maneras por los Diputados informantes y el Ministro Secretario General de Gobierno, por lo que sólo me referiré a los cinco aspectos claves a los que apunta la iniciativa.

Primero, incrementar los recursos municipales, ya que éstos requieren más recursos.

Segundo, dar más estabilidad al financiamiento municipal, ya que no puede estar sujeto a lo que ocurra cada año.

Tercero, entregar mayor autonomía a las municipalidades en el manejo y en la generación de los recursos.

Cuarto, racionalizar los impuestos y derechos de beneficio municipal.

Y quinto, mejorar la capacidad redistributiva del Fondo Común Municipal.

En relación con el primero, el Esputado informante de la Comisión de Hacienda dio a conocer un conjunto de aspectos referentes al incremento, el cual, en definitiva, de acuerdo con lo dicho tendrá un tope máximo de alrededor de 56 mil millones.

Si consideramos que los ingresos municipales totales en 1992 fueron 566 mil millones, el tope máximo de incremento significaría un aumento del 10 por ciento, cifra importante y significativa, pero que, sin embargo, no es suficiente para resolver los déficit que hoy tiene el sistema municipal por la vía de los requerimientos de inversión, de salud, de educación y, en definitiva, para cumplir bien el conjunto de funciones que se adjudican a los municipios. Por lo tanto, sigue pendiente la necesidad de hacer un ajuste adecuado entre las funciones y los recursos municipales.

En cuanto al segundo objetivo, el proyecto modifica distintos aspectos que apuntan a darle mayor estabilidad al financiamiento municipal.

La modificación al sistema de actualización de los avalúos tiene por objeto aplicarlos a grupos de comunas cada cierto tiempo, de manera de asegurar un proceso continuo que evite los traumáticos reavalúos nacionales, que los haga más graduales y diferenciados y que evie que se generen distorsiones como las que existen hoy en el avalúo de propiedades ubicadas en comunas vecinas. En dos ocasiones hemos aprobado la postergación del reavalúo de las propiedades, producto de un sistema inadecuado.

Además, habrá mayor estabilidad en la distribución del Fondo Común Municipal, en la medida en que se está considerando modificar las variables que muestran mayor volatilidad, asegurando un horizonte financiero mínimo de tres años a las municipalidades que dependen fuertemente de los aportes recibidos del Fondo.

En relación con el tercer objetivo de autonomía en el manejo de las finanzas municipales y en la generación de nuevos recursos, el proyecto modifica una serie de normas, vinculadas con los derechos y patentes de beneficio municipal y el impuesto territorial, que apuntan a fortalecer la capacidad de los municipios de tomar iniciativa para atraer recursos, generarlos y tomar decisiones en el ámbito de la dinámica económica y financiera.

Se facilita, por ejemplo, el cobro de los derechos de aseo, dejando a criterio de los municipios la tasa que aplica y no una norma general que deja exento a un conjunto de empresas. Por lo tanto, ahí se genera un espacio de decisiones de cada concejo.

En cuanto al impuesto territorial, se faculta a las municipalidades para fijar su tasa dentro de cierto rango. Por lo tanto las municipalidades que quieran atraer recursos tendrán un margen de flexibilidad que les permitirá no sólo tomar la decisión en el nivel local sino que aplicar las que se tomen en otros niveles.

Con respecto al cuarto objetivo, se ha planteado exhaustivamente que el proyecto ayuda a racionalizar los sistemas de ingresos municipales, de tributos y de derechos, eliminando exenciones y un conjunto de normas que sólo hacen más complejo el sistema e impiden que opere de manera más racional.

En lo referente a la redistribución de los recursos municipales, el proyecto incorpora, entre las variables que determinan la asignación del Fondo Común Municipal, la idea del indicador socioeconómico, que refuerza el rol redistributivo de este mecanismo.

Más allá del proyecto, se ha anunciado también que se incorporarán indicadores variables de escolaridad y de nutrición. No sabemos como quedarán en definitiva, pero la idea es que apunte a reconsiderar mejor la calidad de vida y las condiciones específicas de pobreza de las distintas comunas.

Creemos que el conjunto de aportes y de objetivos contenidos en el proyecto, que son de gran importancia, fortalece el sistema de financiamiento municipal, en la medida en que incrementa sus recursos, da más estabilidad al financiamiento municipal, mayor autonomía y permite mayor racionalidad en los impuestos y mejora la capacidad redistributiva del Fondo Común Municipal.

Junto con estos aportes también tenemos críticas globales al proyecto. Nos parece, y así lo hemos sostenido en la comisión y en los diálogos con autoridades de Gobierno que cuando se legisla sobre el sistema de financiamiento municipal no sólo hay que hacerlo sobre la manera de generar ingresos municipales, sino también sobre el conjunto de las finanzas municipales para sanearlas, fortalecerlas y hacerlas más adecuadas a los objetivos de los municipios.

Aquí hay dos aspectos que nos han preocupado desde el comienzo del debate del proyecto y que lo hemos hecho ver más de cincuenta veces a distintas autoridades, particularmente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pero que, lamentablemente, hasta la fecha no han sido asumidos: el perfeccionamiento del sistema de decisiones y de control de algunas partidas de ingreso y de gasto que se prestan para irregularidades, relacionadas, por ejemplo, con la forma de arrendar vehículos a nivel municipal y de contratar sistemas de computación y de sonido para los eventos locales, y las reparaciones a nivel local. Aquí hay un terreno donde no está clara la forma cómo se enfrentan ciertas situaciones. Por lo tanto, es necesario legislar para regular el gasto y darle más transparencia y claridad.

También nos preocupa la manera de entregar servicios a terceros. Los municipios efectúan el servicio de basura con un procedimiento que, a mi juicio, deja mucho que desear. ¿Es posible que un municipio contrate la extracción de desperdicios por siete años, en circunstancias de que la dirección del mismo dura sólo cuatro, con lo cual compromete a las futuras administraciones municipales?

La manera de establecer los contratos con las empresas licitadas no es suficientemente clara y transparente. Lo mismo ocurre con el sistema de mantención de jardines, de paletas publicitarias, respecto de cuya regulación no hay normas claras y definidas.

Reiteramos que existe un alto descontrol en estos rubros, los que constituyen la fuente de problemas que pueden afectar la marcha de los municipios.

Nos preocupa lo que ocurrió en Puente Alto y en Cerrillos, porque son dos ejemplos que pueden repetirse en el sistema municipal, si no somos capaces de establecer normas, procedimientos y formas de decidir que den mayor claridad y transparencia al manejo del gasto municipal. Esto ayudaría a sanear el sistema de gestión local.

La otra crítica global que hacemos a este proyecto es que no precisa el concepto de "presupuesto", incorporando en él no sólo los ingresos, sino también los gastos y el rol del concejo respecto de ellos. Es muy preocupante que el concepto de presupuesto municipal esté restringido a los ingresos propios y a una parte de los complementarios. Cuando se habla de "presupuesto", debe referirse a todos los ingresos y gastos, con el objeto de incrementar la injerencia del concejo en la marcha de la gestión local. Hay muicipios en que lo presupuestado no va más allá del 60 por ciento de los ingresos y de los gastos efectivos. En estos casos, el margen de discrecionalidad del alcalde a nivel local es muy alto y no asegura una dirección colectiva respecto al destino de los gastos y al control de los ingresos.

Todos los proyectos que existen, como los del Fosis, del Fondev, etcétera, deben ser incorporados y tratados como parte integrante del presupuesto municipal. Eso incrementará la soberanía del concejo para tomar decisiones a nivel local, asegurará transparencia y permitirá generar mecanismos de fiscalización y control a nivel local en función de los objetivos que la dirección municipal vaya diseñando.

El concejo debe sancionar el presupuesto de todo lo que se refiere a ingresos y gastos, y no sólo establecer partidas genéricas. En definitiva la interpretación de la Contraloría respecto de lo que es un presupuesto sólo establece partidas generales y, por lo tanto, el concejo dice: "Inversión, tal cantidad." Pero no hay ninguna posibilidad de que el concejo establezca partidas más específicas de inversión. Se está aplicando el mismo concepto de presupuesto nacional a nivel local, en circunstancias de que en el último caso, es el concejo el que debe tomar decisiones sobre una gestión más directa e inmediata. Debe aclararse el concepto "presupuesto", de manera que el concejo determine los rumbos del municipio.

En consecuencia, la bancada del Partido Socialista estima que este proyecto es un gran avance y un gran aporte para fortalecer el sistema de financiamiento municipal, porque incrementa los recursos, le da más estabilidad, fortalece la autonomía, racionaliza el sistema y, además, porque redistribuye mejor los recursos. A pesar de todas estas ventajas, de todo este avance, en el marco de legislar sobre las finanzas municipales, es necesario incorporar el control y la racionalización del gasto, y un nuevo concepto de "presupuesto", con el objeto de fortalecer el rol del concejo y de las distintas instancias comunales en la confección del presupuesto.

Los socialistas votaremos a favor en general el proyecto, y esperamos perfeccionar su alcance en el curso del segundo informe y superar las deficiencias que hemos señalado.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, anuncio que Renovación Nacional votará favorablemente en general el proyecto de ley que modifica la ley sobre rentas municipales. Sin embargó, quiero dejar constancia de las muy serias discrepancias y observaciones que tenemos respecto de esta iniciativa, las que reseñaré a continuación.

Para analizar este proyecto, deben tenerse presentes dos órdenes de argumentos: los de hecho y los de derecho.

En cuanto a los argumentos de hecho, si bien se comparte la opinión del Ejecutivo de que los ingresos de las municipalidades han sido insuficientes, el proyecto no entrega una solución, ya que sólo se refiere a una parte de los recursos que manejan los gobiernos locales y no Se pronuncia sobre los ingresos por concepto de subvenciones a la educación, salud y atención de menores, que son los que generan los déficit municipales. En consecuencia, el esfuerzo debería centrarse en el financiamiento de estas funciones básicas de las municipalidades, mediante el establecimiento de subvenciones reales, para impedir la reversión del proceso de descentralización.

Respecto de las razones de derecho, deben tomarse en cuenta tanto las normas constitucionales como las contenidas en la ley orgánica constitucional de municipalidades. En efecto, la Constitución

previene que lo que se recaude por tributos no debe estar afecto a destino determinado, debiendo ingresar a rentas generales de la Nación; que subsisten los impuestos de afectación vigentes en 1980 mientras no sean expresamente derogados; que se permiten excepcionalmente los tributos establecidos en favor de las municipalidades, siempre que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local, exista una ley que los autorice, sean establecidos por las autoridades comunales dentro del marco de la ley y que el producto de estos tributos sea destinado a obras de desarrollo comunal; y que las atribuciones de las municipalidades deben ser establecidas por ley orgánica constitucional.

Por su parte, la ley orgánica constitucional de municipalidades dispone como atribución esencial de las municipalidades la de establecer derechos por los servicios que presten y por los permisos y concesiones que otorguen, atribución que no está sujeta a límites legales, norma que ha consagrado la autonomía municipal, por lo que el monto de esos derechos será los que fije el alcalde con acuerdo del consejo de desarrollo comunal. Agrega que también puede establecer tributos que graven actividades o bienes que tengan una clara identificación local y estén destinados a obras de desarrollo comunal, para cuyo efecto las autoridades comunales deberán actuar dentro de los marcos que fija la ley.

De esta forma, y con base en las normas señaladas precedentemente, el proyecto de ley presentado a tramitación por el Ejecutivo, nos merece las siguientes observaciones:

Primero, las autoridades económicas han manifestado su intención de no propiciar nuevas alzas de impuestos ni establecer cargas impositivas, manteniendo el compromiso asumido durante la tramitación de la reforma tributaria que, además, establece el retomo a los niveles vigentes en 1989, a partir de 1994. No obstante, dicho compromiso se ha manifestado en las palabras y en los discursos, pero no se cumple en los hechos. En efecto, la iniciativa gubernamental tendiente a modificar la ley de rentas municipales en el contexto de las reformas de gobiernos regionales y locales, considera un alza de ciertos impuestos que actualmente son de beneficio local; es decir, no hay ningún aporte del Gobierno a las finanzas municipales, sino que todo se traslada por la vía del alza de impuestos a la comunidad local.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la Comisión aprobó el reemplazo del número 7 del artículo 42, por lo que el impuesto municipal del 1 por ciento proveniente de la transferencia de vehículos será entregado por el Servicio de Tesorería al municipio donde se obtuvo la última patente, en lugar de hacerlo a la municipalidad de asiento del notario u oficial civil que autorizó la transferencia.

Al respecto, solicito que el Gobierno incorpore este 1 por ciento al Fondo Común Municipal, dado que una de las situaciones más delicadas que se advierten radica en que los municipios ricos cada día incrementan sus recursos, sobre todo los de las comunas donde existe concentración de vehículos. Esta modificación implicaría que los municipios pobres, que no cuentan con muchos vehículos, se vean favorecidos con este impuesto, ya que los vehículos circulan a lo largo de todo el país y no sólo en las comunas ricas. Para lograr lo anterior, es necesario modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades, incorporando un nuevo número.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, en el plano de las observaciones al proyecto que nos propone el Ejecutivo, quiero referirme a los derechos de aseo.

En primer lugar, la legislación vigente permite a las municipalidades establecer y cobrar derechos por los servicios de aseo que presten. Administrativamente será muy difícil cobrar derechos de aseo domiciliarios diferenciados en cada comuna. Esto es factible en el aseo comercial, porque la propia municipalidad realiza todo el proceso, mediante el cobro conjunto con la patente comercial. Pero sucede una cosa muy diferente en los casos en que se cobran contribuciones, dado que la información la deben trabajar dos organismos distintos. Además, no existen parámetros objetivos que permitan tarifas rebajadas por barrios o sectores; más bien, se prestará para cumplir objetivos ajenos a los que se persiguen en la norma propuesta.

En lo que se refiere al cobro del derecho de aseo de los predios exentos de impuesto municipal, la idea es justa, pues actualmente estos predios no los pagan. A contar de la promulgación de esta ley, todos los vecinos, sin excepción, deberán pagar por la recolección de desechos. Sin embargo, administrativamente se hace muy difícil su cobro, como lo fue en la antigua ley de rentas, en que la municipalidad cobraba directamente este derecho, lo que produjo una morosidad alarmante.

Si se quiere que los predios exentos también paguen este derecho, en estos casos el recibo también debería ser confeccionado por el Servicio de Impuestos Internos, y debiera representar legalmente la misma función que los recibos de contribuciones.

Los derechos o tarifas por concesiones y permisos están tratados como atribución esencial de carácter orgánico constitucional, en cuanto a establecer derechos por servicios y concesiones con motivo de la administración de los bienes municipales y nacionales de uso público existentes en la comuna. Más aún, el otorgamiento y la renovación de permisos son atribuciones exclusivas del alcalde, sin necesidad de acuerdo del Concejo.

El otorgamiento, la renovación y el término de las concesiones son facultades del alcalde que requieren acuerdo del Concejo, materia que no modificó la ley orgánica constitucional de municipalidades.

Por lo tanto, es innecesaria una norma específica sobre el particular.

En relación con el impuesto anual por permiso de circulación, no comparto la modificación del actual sistema de impuestos que alzará en un 10 por ciento todas las patentes de los vehículos. En cambio, se sugieren cambios en materias diferentes que afectan directamente al rendimiento de ese impuesto. Por ejemplo, la renovación de los permisos debe realizarse según un calendario de dígitos en tres períodos distintos del año, para evitar las aglomeraciones de una sola oportunidad.

Asimismo, debe otorgarse un distintivo anual de diferentes colores, adherido al parabrisas del vehículo a fin de facilitar la fiscalización visual de inspectores municipales y carabineros; y debiera cambiarse el registro comunal por uno de carácter nacional, con funciones claras y precisas, como el Registro Nacional de Vehículos Motorizados, el cual, mediante computación, de acuerdo con lo informado por los municipios, llevaría el control del pago de los permisos.

La evasión actual de este impuesto es altísima.

Lo más importante en este impuesto es modificar el sistema a criterio para fijar el avalúo anual de los vehículos, que determina el Servicio de Impuestos Internos, sobre la base del valor de la venta de vehículos usados, los que, en su mayoría, se venden por el mal estado en que se encuentran. De este modo, existen varios factores por los cuales el rendimiento de este impuesto a nivel nacional, comparado en moneda de igual valor, ha bajado con respecto al año anterior. El más preocupante es la evasión del pago de impuestos en los registros comunales, dado que no existe un sistema eficiente de fiscalización.

La tabla, en el artículo 12 de la ley, está expresada en unidades tributarias mensuales. Luego, muchos vehículos van cayendo, de un año para otro, en el tramo inferior, y, por último, lo más importante el avalúo, por lo general, se fija en relación con los autos en malas condiciones, lo que se llama "precio corriente en plaza.

En cuanto a las patentes municipales, parece procedente aumentar el actual tope máximo afecto de 1 mil a 4 mil unidades tributarias mensuales; pero, también, sería procedente rebajar el mínimo de una a media unidad tributaria mensual a aquellos contribuyentes con capitales propios inferiores a 2 millones 980 mil pesos.

En el caso de las patentes máximas, su mayor valor anual es llevado directamente a pérdida por las grandes empresas; es decir, se trata, en gran medida, de traspasar un impuesto fiscal 15 por ciento sobre utilidades a beneficio de las municipalidades. Y en el caso de las patentes mínimas anuales actualmente, de una unidad tributaria mensual, es un valor muy subido para los contribuyentes de bajo capital.

Respecto del Fondo Común Municipal, por tratarse de una norma de rango constitucional, deberá existir un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos entre las municipalidades del país.

Pienso que no podría entregarse a un reglamento el procedimiento para integrar los recursos al Fondo, como tampoco la metodología de distribución de dicho Fondo.

En todo caso, a dicho Fondo deben integrarse mayores recursos, que provengan de esta modificación o del aporte que el Fisco debe restituir. En la actualidad el Ministerio del Interior dispone su asignación mediante programas diversos, lo cual contraviene totalmente la autonomía municipal.

Otra forma de aumentar el Fondo Común Nacional es normalizando y simplificando los procedimientos administrativos y el cobro judicial del impuesto territorial. Con las proposiciones de modificar la base de cálculo de los permisos de circulación y de las patentes municipales, también se aumentarán los recursos del Fondo. De acuerdo con las modificaciones propuestas, los recursos municipales sólo aumentarán en 10.9 por ciento, porcentaje absolutamente insuficiente, dado que aún no se define el financiamiento de los servicios traspasados.

De todo lo anterior se pueden extraer conclusiones como las siguientes:

En primer lugar, la afirmación de que no se establecerán ni mayores ni nuevos impuestos durante el actual período, se contradice con la materialización del proyecto de ley sobre rentas municipales, que eleva ciertos tributos y establece un nuevo impuesto patrimonial bajo la forma de patentes comerciales.

En segundo lugar, las autoridades no están dispuestas a resolver el problema de las finanzas municipales mediante el traspaso de recursos desde el nivel central hacia el local, si no con la imposición de una mayor carga tributaria a la poblaión en general y a las empresas en particular, con todos los daños que ello ocasiona a la inversión, que genera crecimiento económico y empleos mejor remunerados para resolver el problema de la pobreza.

A la luz de lo anterior, el Ejecutivo no parece dispuesto a consagrar mayor autonomía municipal y local, en la medida en que ello signifique disminución del poder central, sino que, al parecer, la concibe como una limitación de los espacios y recursos de las personas y empresas, fortaleciendo sobre ellas una nueva instancia de poder institucionalizado.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, deseo dejar constancia de que estoy de acuerdo con este proyecto, sin perjuicio de formularle una serie de observaciones.

Los municipios, que nacieron como bastión de los hombres libres, han cumplido una trayectoria no siempre ascendente, y así, entre nosotros, de comunas autónomas, eficientes y realizadoras, se convirtieron en meras corporaciones burocráticas con un poder limitado al aseo y ornato de la ciudad. Y durante el gobierno militar, alterándose su naturaleza, pasaron a ser parte del Poder Ejecutivo.

Hoy, por primera vez en nuestra historia, se avanzó hacia una efectiva descentralización al establecerse los nuevos municipios y crearse los gobiernos regionales, lo que abrió oportunidades de participación desconocidas planteando tareas cuyo cumplimiento demanda el ejercicio de la máxima responsabilidad, especialmente de los que ocupan los cargos de alcaldes.

En el nuevo modelo de sociedad que estamos construyendo, se ha dado al municipio un papel preponderante en la organización y funcionamiento de las comunidades de base, como juntas de vecinos y organizaciones sociales, en el diagnóstico y realización de políticas educacionales de salud y de progreso económico, social y cultural de la comuna. Pero, en el hecho, hemos podido comprobar, salvo excepciones, que no se está cumpliendo con estos objetivos. Las necesidades de la comunidad local no están siendo satisfechas. No ha existido una organización eficiente para obtener la participación, y el municipio no llega a la gente.

Creemos en un municipio que lidere a la comunidad, propugnando que la participación es la base de toda acción: juntas de vecinos, comunidades intermedias integradas por vecinos que realizan el diagnóstico de los problemas de su sector, que presentan proyectos para acogerse a los diversos programas. Un municipio que señala el camino, asesorando, entregando la información y dando los elementos para que la comunidad se integre.

La realidad es diferente. Los alcaldes no han entendido su rol de dirección en conjunto con el concejo político y el concejo económico y social y están actuando, muchas veces, en forma individualista.

El municipio no es eficiente. Sus departamentos no cumplen con sus objetivos. La dirección de obras no asesora al vecino en la labor que está realizando, no se allana a prestar asesoría. Inspección, patentes, juzgado de policía local son, en el hecho, meros recaudadores de recursos. El desarrollo comunitario se ha transformado en un ente burocrático o en la antesala de los partidos políticos. El municipio se ha ido transformando en una hijuela pagadora de favores electorales, donde se da empleo al pariente, al amigo, al correligionario; donde, en lugar de la capacidad, la preparación, la responsabilidad, se privilegian otros factores.

Las plantas municipales están agotadas. Se han llenado los cargos a contrata y se ha seguido con los cargos a honorarios. Muchos concejales se han insertado en el sistema y se ha producido él cambio o entrecruzamiento de ellos. Las señoras y familiares de unos trabajan en el municipio vecino. Hay exceso de funcionarios en nuestros municipios y, lo más grave, son ineficientes. Se pagan horas extraordinarias injustificadas, se contratan periodistas para montar departamentos de relaciones públicas destinados a fortalecer la imagen de sus alcaldes.

Hoy, se somete a nuestra consideración un proyecto de ley que modifica las rentas municipales y el impuesto territorial; se aumentan los aportes que deberán hacer las Municipalidades de Santiago, Providencia, Las Condes y Vitacura, del 45 al 65 por ciento; se deja entregada a las ordenanzas municipales la determinación de las tarifas y la reajustabilidad del aseo domiciliario; se aumenta el monto del impuesto para los permisos de circulación; se elimina el límite para el cobro de patentes municipales; se hace pagar patente a las empresas de cada comuna donde tengan agencias y sucursales; se aumenta el valor de las patentes de temporada y de alcoholes, se establece el derecho del uno por ciento sobre el precio de venta de los vehículos y se aumenta el impuesto a las contribuciones de bienes raíces.

Estamos de acuerdo con otorgar nuevos recursos a las municipalidades; pero se debe considerar la realidad que viven sus habitantes, en el sentido de que tengan participación. Así, por ejemplo, en nuestras comunas populares, desde los tiempos de don Pedro Aguirre Cerda existen las ferias libres, que corresponden a trabajadores independientes que carecen de baños químicos y oficinas, que no tienen previsión ni salud, y a quienes, a través de ordenanzas les fijan el valor de sus patentes y que, además, deben tributar. En tales condiciones, el que trabaja con un exiguo capital, ¿qué derecho tiene para reclamar de la regulación excesiva de su patente? ¿A quién y adonde puede recurrir?

Hoy, si no paga la patente, le quitan su lugar, lo persiguen. ¿Dónde está su participación? ¿Dónde, la acción del municipio? ¿Qué municipalidad, salvo la de La Serena, le ha construido mercado de abasto? ¿Quién se ha preocupado de asesorar a sus sindicatos e instituciones para que puedan acceder a la previsión y a la salud?

En esta ley debemos establecer no sólo las obligaciones del feriante, sino también su derecho a reclamar, su derecho a ser escuchados.

Similar es la situación de los pequeños comerciantes; del almacenero, del botillero, etcétera, quienes no sólo deben enfrentar la competencia monopolizante de los supermercados, sino también defenderse de las altas patentes municipales, de los cobros arbitrarios por propaganda, de los derechos de aseo, y que, a mayor abundamiento, trabajan sin previsión y sin sistemas de salud, y deben sufrir la competencia del clandestino.

La situación se agrava con el aumento del impuesto a los bienes raíces. El empleado que construyó su casa paulatinamente; que la adquirió a través de una caja de previsión con sus fondos de jubilación o desahucio; que durante años la fue mejorando, ampliándola, modernizándola, dándole un mínimo de confortabilidad, hoy se ve enfrentado al hecho de que será reavaluada y se aumentará el pago de las contribuciones, dándose el caso de qué muchas veces carecerá de los ingresos para pagar las cuotas, pues su pensión, jubilación o, en otros casos, montepío, son exiguos.

Los impuestos no deben determinarse sólo en razón del valor del inmueble, sino de la capacidad económica de su titular. Hoy, el propietario se ha ido transformando, en el hecho, en arrendatario del fisco, en circunstancias de que un sistema justo debería eximir del pago a quien posee sólo una casa o inmueble que habita con su familia.

El señor MOLINA (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Ruego a Su Señoría redondear su exposición, porque ha terminado su tiempo.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, ¿se seguirá el orden de las inscripciones o se harán ajustes en los tiempos?

El señor MOLINA (Presidente).-

Mañana, junto con los Comités, procuraremos hacer ajustes en los tiempos. Por el momento, se respetará estrictamente el orden de inscripción.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento de la Sala para terminar mi intervención, pues no demoraré más de tres minutos.

Varios señores DIPUTADOS.-

¡De acuerdo!

El señor MOLINA (Presidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor ROJO.-

Quien tiene más de un inmueble debe tributar, porque se presume que a contar del segundo, obtendrá renta.

Los impuestos no sólo deben constituirse en fuente de ingresos, sino en una manera de hacer justicia social. Por ello, estimo procedente otorgar nuevos recursos a las municipalidades, pero siempre que ellas se enmarquen dentro de una política general que contemple mayor participación de los concejales en la elaboración de los presupuestos, asignación de recursos y fiscalización, mayor participación del consejo económico social y racionalización del personal de los municipios: sólo funcionarios de planta excepcionalmente y para casos muy calificados plantas de funcionarios a contrata, supresión definitiva y absoluta de todo empleo a honorarios. En este sentido, hago mías las observaciones del Diputado señor Montes en cuanto a que se debe considerar la forma en que se efectúan los gastos, el concepto de presupuesto con la incorporación de los proyectos Fosis y otros, y la necesidad de la acción conjunta con el concejo.

Es de la esencia de la democracia la participación del pueblo en los asuntos públicos, la cual no puede estar limitada exclusivamente al proceso electoral. La comunidad organizada debe tener participación en la gestión comunal, y por ello lamento que esta iniciativa, que tiene plena incidencia en el quehacer comunal, no considere una real y efectiva participación.

Por último, no he visto en el proyecto norma alguna del Ejecutivo que condone impuestos y derechos municipales. Se han dictado disposiciones sobre condonación de impuestos y contribuciones fiscales y sobre la deuda del sector agrícola; se dio solución al problema del crédito universitario, pero nadie ha respondido a los requerimientos de feriantes, pequeños comerciantes y taxistas, que necesitan una norma de excepción para sanear su situación.

Son muchos los feriantes que se atrasaron en el pago del permiso de circulación del viejo camión que transportaba su mercadería, y hoy el pago de patentes insolutas, más los recargos del IPC, intereses y multas, les representa una deuda superior al valor de sus vehículos. Los pequeños comerciantes de mi distrito requieren una condonación para regularizar el pago de sus patentes impagas. Confiamos en que el señor Ministro acceda a esta petición e incluya una norma que contemple la condonación de impuestos, derechos y patentes municipales.

Cada año, en la discusión de la Ley de Presupuestos de la Nación he planteado esta inquietud, y siempre se me ha respondido que sería considerada; incluso, hice entrega de minutas sobre la materia. Espero que hoy nos escuchen.

He dicho.