Labor Parlamentaria

La señora CARABALL (Presidenta en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica los decretos con fuerza de ley N°s. 2, 7, 8, 10, 19, 25, 26, 27 y 29, de 1992, del Ministerio de Salud.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Acuña.

El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín N° 1037-11 (1) y figura en el Nº 4 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.

El señor ACUÑA.-

Señora Presidenta, el proyecto de ley, originado en un mensaje, con urgencia calificada de "discusión inmediata", modifica los decretos con fuerza de ley N°s. 2, 7, 8, 10, 19, 25, 26, 27 y 29, de 1992, del Ministerio de Salud, que tienen por objeto fijar las plantas de personal de los servicios de salud de Iquique, Valparaíso-San Antonio, Viña del Mar-Quillota, Libertador Bernardo O'Higgins, Llanquihue-Chiloé-Palena, Metropolitano Norte, Metropolitano Occidente y Metropolitano Sur-Oriente y Subsecretaría de Salud.

Para su estudio se contó con la presencia del señor Ministro de Salud, doctor Julio Montt, y del Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esa Secretaría de Estado, señor Jorge Figueroa.

La idea fundamental de la iniciativa en informe es corregir sólo errores de referencia, fechas, guarismos, palabras y omisiones formales en los decretos con fuerza de ley recién citados, dictados en uso de las facultades otorgadas a Su Excelencia el Presidente de la República por el artículo 42 de la ley N2 19.086.

Cabe hacer presente que el aludido cuerpo legal tuvo por objeto corregir la situación de menoscabo en que se encontraban los funcionarios de la salud respecto a los sueldos de los demás servidores del Estado, proponiendo una nueva estructura de grados y remuneraciones a fin de nivelar sus ingresos.

El artículo 4° facultó al Presidente de la República para fijar las nuevas plantas del personal de los servicios de salud, del Instituto de Salud Pública, del Fondo Nacional de Salud, de la Central de Abastecimiento, del Sistema Nacional de Servicios de Salud y de la Subsecretaría de Salud.

Con tal propósito, el 27 de noviembre del año pasado, el Ejecutivo dictó 31 decretos con fuerza de ley para establecer las plantas de personal de los aproximadamente 40 mil funcionarios titulares de los referidos organismos de salud.

El Ejecutivo, mediante la iniciativa legal en estudio, ha solicitado que se le otorguen facultades para subsanar errores y omisiones formales que se cometieron en la dictación de los decretos con fuerza de ley referidos. Las modificaciones que pretende efectuar corresponden a correcciones que básicamente pueden agruparse en dos tipos: primero, las relativas a errores de referencia, fechas, guarismos y palabras, y segundo, las referidas a omisiones formales, de títulos de párrafos y de artículos y palabras de los mismos. Hay que señalar que la explicación en detalle de cada una de estas correcciones se encuentra en el mensaje que acompaña el proyecto.

Con todo, su artículo único establece que dentro del plazo de 60 días, contados desde la fecha de vigencia de esta ley, el Presidente de la República deberá hacer efectiva la facultad otorgada mediante la dictación de un decreto con fuerza de ley, y las rectificaciones que se efectúen no implicarán mayor gasto ni mejoramiento en los escalafones o en las remuneraciones del personal. Asimismo, preceptúa que dichas rectificaciones regirán desde el 1° de febrero de 1993.

Además, se aprobó por unanimidad la indicación de los colegas señores Bayo y Masferrer que tiene por objeto sustituir el guarismo "60" por "45", a fin de acelerar el proceso de corrección a que se ha hecho mención.

La Comisión, junto con reconocer la necesidad y la urgencia de efectuar las correcciones de esos referidos cuerpos legales, estimó conveniente conceder a Su Excelencia el Presidente de la República la facultad solicitada. En consecuencia, aprobó el proyecto por la unanimidad de los Diputados presentes, con la indicación citada.

La Comisión estima que no hay disposiciones de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado que deban ser vistos por la Comisión de Hacienda y recomienda a la Honorable Sala la aprobación del proyecto de ley, con la indicación.

He dicho.

El señor SMOK.-

Señora Presidenta, es necesario hacer una recapitulación, porque la Cámara ya debatió el fondo del proyecto, que es el mejoramiento significativo del escalafón de los funcionarios de los sistemas de salud.

El proceso consta de tres etapas: en la primera y segunda, en forma automática a todos los funcionarios se les aumentó un grado en la escala única, y en la tercera, de la cual el proyecto forma parte, se entregó atribución al Ejecutivo para que reencasillara, en un procedimiento que resultó ejemplar en cuanto a la capacidad de actuar descentralizadamente, por un lado, y de conseguir consenso con los trabajadores, por otro, para establecer el elemento de justicia que estaba pendiente a través del reconocimiento de la antigüedad de quienes fueron postergados por irregularidades a lo largo de la eventual carrera funcionaría.

Dicho en otros términos, en lo sucesivo los funcionarios de salud dependerán de criterios de antigüedad, perfeccionamiento y mérito en su cometido. Era necesaria la carrera funcionaría de este sector para reparar la injusticia producida con la postergación de funcionarios antiguos, por una serie de sucesos. Hubo que facultar al Ejecutivo con el fin de encasillar a casi 40 mil trabajadores de distintos servicios, a través de más de 30 decretos.

Como es comprensible, en un proceso de tal complejidad y envergadura se deslizaron algunos errores menores, que se corrigen con este cuerpo legal, toda vez que la Contraloría no está en la posición de cursar los nombramientos y nuevos encasillamientos, por lo menos, en cuatro servicios, lo cual produce inquietud y malestar lógico en los trabajadores de los sistemas de salud, ya que el beneficio se impetra a partir del Ia de febrero de 1993 y no ha podido ser pagado.

Se debe consignar que los trabajadores de la salud han recibido las más significativas mejoras en su situación funcionaría durante este Gobierno, en comparación con otros servidores públicos. Todos han recibido al menos dos grados extras, y en esa tercera etapa, 20 mil, más de la mitad, recibirán de uno a cinco grados adicionales. Esto significa que el sector salud ha subido en el lapso de poco más de un año, un promedio de 3,2 grados en la escala funcionaría.

Como la atribución que se entregó al Ejecutivo venció el 31 de diciembre y la Contraloría descubrió los detalles posteriormente, es necesario renovar la facultad al Presidente de la República para corregir defectos menores y permitir el pago inmediato a miles de trabajadores. El proyecto acota los errores y están en conocimiento de la Comisión de Salud.

En consecuencia, con el acuerdo de la Comisión de Salud, de las autoridades del Ministerio, que especificaron los puntos a modificar, y en particular, de los trabajadores de la salud, que comparten el proceso de reencasillamiento y han pedido el pago de las nuevas remuneraciones a la brevedad, recomendamos la aprobación del proyecto, que nuestra bancada votará favorablemente.

He dicho.

El señor BAYO.-

Señora Presidenta, la bancada de Renovación Nacional votará a favor del proyecto. Es obvia la necesidad de corregir las deficiencias en que incurrió el Poder Ejecutivo en el ejercicio de una facultad legislativa delegada por el Congreso Nacional. Como dice el mensaje, el problema tiene trascendencia para las cientos y miles de personas afectadas, que están a la espera de un beneficio que deberían haber recibido desde el 1 de febrero del presente año.

Debo recordar que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para hacer su trabajo, ya que el proyecto que otorgó la facultad al Presidente de la República inició su tramitación legislativa en agosto de 1991 y se publicó como ley el 8 de octubre de ese año. Es decir, tuvo más de dos años para ejercerla correctamente.

De hecho, asumiendo que existen errores en los decretos con fuerza de ley, nada obstaría para que nosotros, como legisladores, en forma directa -personal-mente, creo que sería más rápida la vía de la iniciativa de ley-, corrigiéramos los errores y diéramos respuesta a los cientos de funcionarios que hoy esperan el despacho del proyecto.

El Ejecutivo estima que a través de la facultad al Presidente de la República, en un plazo determinado y mediante decretos con fuerza de ley, es posible corregir las deficiencias de manera rápida y expedita. Ojalá sea así. Confío en el señor Ministro de Salud para que se materialice este anhelo. La materia debe tenerse presente cuando el Poder Legislativo se preocupe de hacer más eficientes y eficaces las facultades legislativas.

No se entiende fácilmente cómo el Ejecutivo, que cuenta con medios y recursos humanos y materiales de gran magnitud, puede presentar iniciativas legales con tantos errores como los que hoy evidenciamos a través del mensaje que estamos analizando. Así, el Congreso Nacional ve dificultada y recargada su labor para dar aprobación a iniciativas que deben ser debatidas con trámite de "suma" urgencia o de "discusión inmediata". Esto significa volver a legislar bajo la presión de la urgencia, con los riesgos consiguientes para un análisis profundo y adecuado de proyectos complejos y trascendentes.

Quiero llamar la atención sobre este hecho, porque no es primera vez que nos vemos en la obligación de estudiar iniciativas que son producto de errores anteriores. Hay muchos ejemplos: de reforma constitucional, de modificaciones a la ley orgánica constitucional de municipalidades y a la de propiedad industrial, sobre obligaciones pendientes de la ex Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, que han sido retirados de la legislatura, vueltos a presentar, nuevamente retirados y otra vez vueltos a presentar.

Señora Presidenta, hay que tener presente esta circunstancia cuando nos veamos de nuevo abocados a aprobar, con trámite de urgencia, un proyecto que el Ejecutivo debió haber sometido a nuestro conocimiento y discusión mesurada, racional y tranquila.

Para terminar, reitero que los parlamentarios de Renovación Nacional votaremos favorablemente esta iniciativa que, como expresamos, debería haber sido un proyecto de ley que corrigiera en forma directa los errores detectados, en vez de volver a entregar facultades al Presidente de la República para materializar lo mismo. Es una forma de legislar que nos preocupa y que debe tenerse presente en el Congreso Nacional.

He dicho.

El señor MASFERRER.-

Señora Presidenta, hoy nos han entregado el informe de un proyecto calificado de "discusión inmediata", tendiente a corregir deficiencias en que incurrió el Ejecutivo y que encuentro gravísimas, porque en 1991 ingresó al trámite legislativo una iniciativa para mejorar las remuneraciones de un sector que reconocemos había sido postergado, el cual, en el año siguiente, fue aprobado por el Congreso Nacional.

Se concedieron facultades al Ejecutivo para hacer el encasillamiento de más de veinte mil funcionarios, que deberían estar recibiendo esa mejor remuneración. Sin embargo, considero que ha habido una despreocupación de su parte, por cuanto no ha tomado las medidas que corresponden para entregar ese aumento de remuneraciones a estos funcionarios del sector salud, que tanto aportan a nuestro país. Ahora, nos piden que en menos de cinco horas demos aprobación al proyecto.

En la Comisión le consulté al señor Ministro si este reencasillamiento contaba con el visto bueno de la Fenats, porque nuevamente estamos entregando un cheque en blanco al Ejecutivo para efectuar algo que no conocemos. Espero que los funcionarios del sector salud compartan el criterio que tuvo el Ejecutivo para reencasillarlos a ellos.

No podemos dilatar más esta situación porque tengo antecedentes de que los funcionarios de la salud están presionando y disponiendo un paro a nivel nacional, por cuanto esta mejor remuneración deberían estar recibiéndola desde principio de año.

¿Cuáles han sido los errores? Algunos sólo por no decir cuál es la antigüedad exacta de un funcionario. El Ministro decía que en ciertos casos se había puesto mal el nombre del funcionario. Hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo en este momento, y la opinión pública debe saber que esos funcionarios no han recibido esa mejor remuneración exclusivamente porque el Ejecutivo no ha tenido la preocupación adecuada. Además, pide 60 días más para que estos trabajadores puedan recibir ese aumento.

Junto con el Diputado señor Bayo hemos presentado indicación para que se rebaje el plazo, por lo menos en 15 días, quedando en 45, para que puedan recibir el aumento de remuneración que fue aprobado por esta Cámara hace ya casi un año.

Por lo tanto, y para no seguir perjudicando al sector salud, la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor TOHA.-

Señora Presidenta, en primer lugar, quiero decir que las palabras del Diputado señor Masferrer me han causado sorpresa, porque su actitud no se compadece con la que tuvo esta tarde en la Comisión, cuando aprobamos este proyecto de ley. En esa oportunidad, demostró comprensión y, por qué no decirlo, entusiasmo frente a este proyecto que hace justicia respecto de una situación reclamada durante mucho tiempo. Ahora demuestra enojo e incomprensión.

Vamos al asunto que nos interesa. La ley N° 19.086 mejoró las remuneraciones de los funcionarios de la salud y los reencasilló, lo que les significó mejorar bastante su carrera funcionarla y su posición dentro del servicio.

En el proyecto que otorga atribuciones al Presidente de la República para concretar la fijación de plantas, se cometieron errores en cuatro ocasiones. Como se incurrió en ellos cuando se trataba de regularizar la situación de 40 mil funcionarios en distintos servicios de salud, en una operación sumamente compleja, podemos damos cuenta de que, aunque los mismos no son deseables, tienen su explicación en la complejidad del proceso.

Nos interesa hacer justicia a los funcionarios de la salud, por lo cual apoyaré el proyecto y solicito de la Sala que lo aprobemos cuanto antes, a fin de solucionar la situación de desmedro en que se encontraban los funcionarios de la salud hasta que, durante la gestión de este Gobierno, aprobáramos en el Congreso Nacional la ley a que he hecho referencia.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, en nombre de la bancada democrata-cristiana, expreso nuestra voluntad de aprobar el proyecto de ley en virtud de los antecedentes y de los argumentos dados en la Sala.

Se trata de una situación que favorece, como se ha sostenido, a 40 mil funcionarios titulares de la administración de salud, y de rectificar 31 decretos con fuerza de ley, en los cuales han existido algunos errores meramente formales que deben ser subsanados. Esta iniciativa de ley concuerda plenamente con el espíritu de la ley N° 19.086 y con las condiciones y exigencias establecidas en el artículo 61 de la Constitución Política del Estado, en lo que se refiere al otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República. Por lo demás, sólo se corregirán omisiones formales y errores de referencia, de fechas, guarismos y palabras, por cuanto el proyecto no implica mayor gasto ni mejoramiento escalafonario o de remuneraciones, lo que comenzó a regir el 1° de febrero de 1993.

Aprobaremos el proyecto como una manera de coadyuvar a la labor que ha realizado el Ministerio de Salud en beneficio del mejoramiento de remuneraciones de sus funcionarios, situación que por primera vez se ha encarado de manera seria y profunda. Como esto no se hizo en el gobierno anterior, quizás sea ése el motivo de enojo e impotencia de los Diputados de la Oposición. Me extraña la actitud histérica del Diputado señor Juan Masferrer, quien mostró una conducta muy distinta en la Comisión de Salud. No sé por qué la ha cambiado ahora en la Sala.

Por estas consideraciones y por los antecedentes señalados, la bancada democratacristiana votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

La señora CARABALL (Presidenta en ejercicio).-

A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece beneficios por gracia para personas exoneradas.

Las modificaciones del Senado están impresas en el boletín N° 761-13, y figuran en el número 2 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.

El señor SEGUEL.-

Señora Presidenta, en esta oportunidad, en nombre de los Diputados de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, expreso nuestra alegría y satisfacción por el proceso que ha seguido esta iniciativa de ley, cuya tramitación se inició en conversaciones de los exonerados con el Ministerio, y siguió luego con la participación de los Diputados de la Concertación en la Comisión de Trabajo.

Después de más de un año de trabajo con la directiva de los exonerados, concordamos en la Cámara un texto que provocó alegría en muchos exonerados y algún grado de preocupación en otros, porque no se les entregaba todo lo que solicitaban. Con posterioridad, pasó al Senado -aquí cabe hacer notar algo importante que no había visto durante los tres años y medio que llevo en el Parlamento-, el cual, en dos sesiones magistrales y emocionantes para quienes tuvimos la oportunidad de participar en ellas, aprobó casi en su totalidad el proyecto.

Deseo referirme especialmente a la participación del Comando de Exonerados en el trabajo de seguimiento y conversación con los Senadores, en forma expresa con los de oposición, y al trabajo destacado del señor Ministro del Trabajo, don René Cortázar, y del señor Luis Orlandini, Subsecretario de Previsión Social, para convencer a algunos Senadores acerca de la importancia de ir a una verdadera reconciliación y reencuentro, con actitudes concretas y reales. Esas dos sesiones culminaron cuando los trabajadores exonerados, hombres y mujeres con sus hijos y nietos, cantaron la canción nacional en el Senado de la República. Para quienes tuvimos la oportunidad de presenciarlo, ese acto resultó emocionante.

Reitero el reconocimiento a los dirigentes de los exonerados, porque fueron ellos quienes convencieron a dos Senadores institucionales, de Oposición, para que votaran favorablemente el proyecto. Es bueno decir esto en una Cámara donde la Concertación constituye mayoría porque, aunque el Diputado señor Taladriz se mofe de esos trabajadores, los exonerados desplegaron gran esfuerzo para convencer a dichos Senadores, ya que sin su voluntad de votar favorablemente la iniciativa, hoy no estaríamos a las puertas de aprobar este beneficio.

Hoy sólo cabe expresar nuestra alegría y satisfacción por la labor desarrollada por ellos y por el apoyo unánime de los parlamentarios de la Concertación al proyecto de ley.

Espero que en la Cámara cuente con el respaldo que tuvo en el Senado, para ir dando pasos hacia un verdadero reencuentro de la sociedad chilena, porque el sufrimiento de los exonerados ha estado escondido o es algo que no se aprecia en su real dimensión cuando no se tiene el problema.

En nombre de las bancadas de la Democracia Cristiana y del Partido Radical, expreso la satisfacción y felicidad que nos provoca a quienes hoy somos legisladores el haber contribuido en forma importante con nuestro voto y trabajo al reencuentro de la sociedad chilena.

He dicho.

El señor OLIVARES.-

Señora Presidenta, en representación de la bancada del Partido Socialista y del PPD, expreso la satisfacción de quienes hemos trabajado permanentemente al lado del Comando Nacional de Exonerados, a lo largo y ancho del país.

Es necesario destacar esta noche, con los trabajadores en las tribunas, el gran esfuerzo y sacrificio realizado por ellos, en especial la semana pasada en el Senado, oportunidad en que me conmovió ver a cientos de mujeres y hombres esperar durante todo el día, afuera del edificio del Congreso Nacional, la discusión de su proyecto, la cual sólo se inició a las 19 horas. Hasta antes de las seis de la tarde, no sabían todavía con exactitud si alcanzaría a ser tratado, porque se estaba debatiendo otra iniciativa, también interesante, que legisla sobre los pueblos indígenas.

Ahora está a punto de culminar un esfuerzo grande, que no sólo nos permite avanzar hacia una real y efectiva reconciliación en nuestro país, sino hacer justicia a un grupo numeroso de hombres y mujeres que, por lo menos, tendrán la posibilidad de acceder a una jubilación.

Pido de manera particular a los colegas de las bancadas de Renovación Nacional y de la UDI que nos acompañen con sus votos favorables a aprobar las modificaciones introducidas por el Senado, muchas de las cuales son sólo de carácter formal, para que este proyecto pueda convertirse en ley a la brevedad posible. Con ello, satisfaremos las legítimas aspiraciones y necesidades de este sector de trabajadores, hombres y mujeres de nuestro país -representados por el grupo que se encuentra en las tribunas- que han debido soportar huelgas de hambre y hacer marchas de protesta.

Quienes concurrimos a los distintos puntos del país donde efectuaron huelgas de hambre para llamar la atención de la opinión pública, en general, respecto del drama que están viviendo, sabemos que éste no ha sido un esfuerzo de quince días ni de una semana, sino de más de dos años, tiempo que ha demorado la tramitación del proyecto en el Congreso Nacional. En junio del año pasado se inició la parte importante de la discusión y poco a poco se fueron produciendo los acuerdos entre la directiva del Comando Nacional de Exonerados y el Ministerio del ramo.

Por ello, más que hacer un largo re cuento de la situación vivida por este grupo ejemplar de hombres y mujeres de nuestro país, junto con anunciar los votos favorables del PPD y del PS a este proyecto y a las modificaciones del Senado, en su mayor parte de carácter formal y que han sido aceptadas por ellos, solicito respetuosamente a los colegas de Renovación Nacional y de la UDI que también lo aprueben en aras de la reconciliación del país y a fin de que esa gente, que tiene puesta su esperanza en cada uno de nosotros, pueda acceder a una jubilación.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señora Presidenta, en verdad la bancada de Gobierno no tiene por qué decimos cómo debemos votar. Somos bastante grandes y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer.

En lo personal, pienso que este proyecto da paz, estabilidad y tranquilidad a 58 mil chilenos. Lo digo muy honestamente. Para mí este no es un problema político, sino social, y entre más estabilidad y tranquilidad podamos dar al país, sobre todo si sé está en condiciones de cumplir con los exonerados, no veo problemas. Confieso que pensaba votar en contra del proyecto, pero el día en que se discutía la ley indígena, en la cafetería del Senado se me acercó el presidente de los exonerados, con quien conversé largamente. Me habló de la realidad que estaban viviendo, y me pidió apoyara el proyecto. Ahí comprometí mi palabra y no tengo vergüenza en decirlo. Además, no me gusta que se rían de la forma como decimos las cosas.

A pesar de que mucha gente del partido puede votar en contra, yo lo haré favorablemente, porque soluciona un problema social y, y repito, da estabilidad y paz al país. Cualquier proyecto de este tipo lo beneficia y no lo echa para atrás. Repito que votaré en conciencia. Con ello contribuiré a la tranquilidad necesaria para que el país siga avanzando.

Por su intermedio, señora Presidenta, concedo una interrupción al Diputado señor Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señora Presidenta, cuando estos temas se hablan con la sinceridad con que lo ha hecho el Diputado señor Seguel, uno se conmueve en lo más hondo del corazón, porque son materias de alguna manera criticables por el costo que significan, o análogos, por ejemplo, con un problema de la reforma agraria, en cuanto a que quienes fuimos robados en el pasado podríamos tener alguna compensación. En ese sentido, no he visto ningún gesto favorable. En este caso, son problemas cristianos y humanos.

Me agrada mucho que el colega Seguel haya alabado la actitud del Senado de la República, pues muchas veces lo he escuchado denostar a los Senadores institucionales y a los de nuestro partido. Le agradezco su sinceridad y le hago presente que cuando escuche alguna talla, no crea que nos reímos del proyecto ni de la gente que sufre, porque no sólo usted tiene corazón y criterio; nosotros también tenemos sentimientos y los expresamos cada vez que se trata de un proyecto de carácter social y humano.

Por estas razones, votaré favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señora Presidenta, también me sumo esta noche al buen ánimo y a las mejores intenciones que parecen primar en el corazón y en el sentimiento de todos los parlamentarios presentes, para que esta larga jomada ojalá culmine con la victoria de estos compañeros, repartidos por todo Chile, que sufrieron la cesantía y la miseria en sus hogares durante tantos años.

Es, tal vez, el premio al esfuerzo, sacrificio y responsabilidad de los dirigentes de los comandos nacional, regional, comunal o de área, quienes trabajaron incansablemente junto a personeros de Gobierno, del Senado y de la Cámara, y mantuvieron una actitud permanente de conversación, de diálogo, para hacer ver la justicia de su petición.

El domingo pasado, en el Sindicato de Madeco, estuve en una asamblea de exonerados del área sur, quizás los más extensos, organizados y esforzados, tal vez porque son de San Miguel. Allí escuché -lo digo con mucha satisfacción y orgullo, como lo han manifestado otros señores parlamentarios- sólo agradecimientos, buenas palabras y recuerdos generosos de Senadores, Diputados y funcionarios de Gobierno. En esa asamblea, de cerca de 400 compañeros exonerados, se entregó el reconocimiento público a los Senadores designados, señores Ricardo Martin y William Thayer, sobre todo a este último quien, aparte de haber tenido una actitud muy humana con estos trabajado-res, junto con Enrique Krauss y el que habla, son tres viejos tangueros de este país.

Como dijo un señor Diputado, siempre hemos sido muy críticos de la labor realizada por los Senadores designados. Ahora nos alegramos de esa actitud humana, la cual no los disminuye; al contrario, los engrandece frente a la opinión pública, porque, en caso contrario, este proyecto se habría perdido. Eso hay que reconocerlo.

En esa reunión se acordó, para hacer patente ese agradecimiento, hacer llegar notas a los señores Senadores y Diputados que trabajamos en este problema, como asimismo al señor Ministro del Trabajo y al señor Orlandini, para quienes los compañeros tuvieron sólo elogios en esa jomada tan emotiva, llena de recuerdos y de reencuentro con tantos amigos y trabajadores con los cuales luchamos durante muchos años antes de este conflicto. Por consiguiente, me sentí prácticamente en medio de la solución del problema humano de compañeros a quienes conozco desde hace tantos años.

Esta noche deseo expresar mi alegría y profunda satisfacción porque esté culminando esta larga jomada, llevada a cabo con responsabilidad, honestidad y esfuerzo. Ya hablaron señores Diputados de la UDI y de Renovación Nacional, quienes manifestaron su clara intención de votar a favor del proyecto, a fin de que se convierta en ley y estos trabajadores modestos y sencillos puedan recibir, no lo que quieren ni lo que esperaban, pero sí un pequeño alivio para su situación personal y familiar.

Repito que esta noche, como si fuera uno de los exonerados de este movimiento, expreso mi gran satisfacción por este hecho y anuncio que votaré favorablemente las modificaciones del Senado, las que hacemos nuestras para no demorar en otro trámite el despacho de este proyecto que hace justicia a cerca de sesenta mil compatriotas.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Distinguida señora Presidenta, mis expresiones las vertiré exclusivamente a título personal.

Anuncio que votaré a favor de este proyecto. Al mismo tiempo, quiero expresar que como Diputado de la UDI por la Octava Región, me siento orgulloso de que el Senador Eugenio Cantuarias haya entregado, en la Sala del Senado, los antecedentes sobre las razones y fundamentos de su aprobación al proyecto.

Digo que votaré por la aprobación de esta iniciativa porque conozco casos muy particulares de personas que, sin duda, fueron exoneradas en forma muy injusta. Pero ojalá ésta sea la última vez que el Congreso Nacional tenga que votar leyes de reparación de este tipo, porque si hay algo que tengo claro es que los exonerados no fueron culpables de lo que les ocurrió. Los culpables fueron quienes no supieron mantener la democracia en Chile. Perdonen algunos de mis colegas, a quienes no les gusta lo que hablo, pero es una verdad muy clara, y es necesario que se diga en esta Sala, que la culpa no fue de los exonerados, sino, lamentablemente, de los sectores políticos que hasta 1973 no supieron, por soberbia, mantener una democracia como correspondía en nuestro país. En consecuencia, reconozco que existió esa injusticia, de cuyo origen discrepamos. Aporto mi voto, precisamente, para reparar el daño que se hizo, y reitero mis sentimientos en el sentido de que ello no vuelva a ocurrir.

Por esa razón, señora Presidenta, a título personal este Diputado de la UDI aprobará las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor MANTEROLA.-

Señora Presidenta, este proyecto se suma a los que esta Cámara ya aprobó en favor de exiliados y retomados, de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos, de procesados y condenados en juicios injustos y, en general, respecto de todos aquellos que sufrieron la marginación como consecuencia de su opción política e ideológica.

El derecho a gozar de la igualdad ante la ley y de la protección del trabajo, que se garantiza en las constituciones políticas de todas las repúblicas democráticas, no debe ser conculcado sin que el Estado responda ante las víctimas de los excesos en que incurre. En este país hubo graves excesos y muchos chilenos perdieron sus empleos sólo por pensar políticamente en forma distinta.

Con aprobación por la Sala, se cumple el último trámite de este proyecto en el Congreso Nacional para establecer beneficios por gracia a aquellas personas que fueron exoneradas. Entendemos que se trata de un esfuerzo que realiza el Gobierno de la Concertación, a fin de reparar, aunque sea sólo en parte, los perjuicios causados a miles de chilenos que, por razones políticas o ideológicas, perdieron su fuente de ingreso.

Hoy damos un paso para la reconciliación. Ello supone reconocer que en Chile hubo situaciones desgraciadas, que en Chile hubo hechos injustificables, que en Chile muchos compatriotas fueron perseguidos sólo por pensar en forma distinta. Para la reconciliación hay que tener presente que en nuestro país se cometieron injusticias con muchos chilenos por quienes en un momento tuvieron el poder y lo detentaron en forma total.

La bancada del PPD dará su aprobación a las modificaciones del Senado al proyecto de ley que establece beneficios para los exonerados y se complace porque haya Diputados de Oposición que hoy entienden que, con su gesto, contribuyen a la reconciliación de un país que la necesita brutalmente. Por último esta iniciativa constituye una señal, en el sentido de que el Estado siempre debe responder -¡siempre!- por los daños que provoca.

He dicho, señora Presidenta.

El señor SOTOMAYOR.-

Señora Presidenta, esta tarde llega a su fin la tramitación, casi de dos años, de un proyecto difícil en cuya discusión se han barajado diversas posibilidades. Ahora, nos corresponde tratar las modificaciones del Senado, las cuales concuerdan con lo que anteriormente había aprobado la Cámara.

Hoy no es el día para hacer argumentaciones de carácter político, porque el problema de los exonerados ha dejado de serlo para el Gobierno o para un sector político. Su situación constituyó un problema del país. Al truncárseles su carrera laboral, muchos chilenos se vieron en la imposibilidad de obtener un beneficio previsional.

Por esta razón y sin más argumentaciones de índole política, me honro en anunciar el voto favorable de Renovación Nacional a este proyecto.

El señor VIERA-GALLO.-

Señora Presidenta, es importante resaltar la necesidad de que este proyecto sea aprobado en la Sala por unanimidad. Pero hay algo que ha dicho el Diputado señor Ulloa, de la UDI, que siempre habla con mucha apertura de espíritu, que me preocupa. Ha expresado que está debe ser la última ley de reparación.

Desgraciadamente, un sector de exonerados quedó marginado de esta iniciativa: los militares. Las Fuerzas Armadas y de Orden están dispuestas a buscar una fórmula de solución para ellos. Fue un sector que sufrió en forma muy particular la injusticia de las medidas adoptadas en su momento, porque se las aplicaron aquellos que fueron sus propios compañeros.

Por eso, quiero que el Diputado señor Ulloa rectifique sus aseveraciones y, además, por su intermedio, señora Presidenta, insto al Gobierno y al Ministro de Defensa para que a la brevedad envíen el proyecto que subsanará el problema de los exonerados de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Concedo una interrupción al Diputado señor Ulloa.

El señor ORPIS.-

Señora Presidenta, gran parte de la argumentación respecto de este proyecto la señalé cuando se discutió en primer trámite constitucional.

Se ha hecho un esfuerzo importante por dictar cuerpos legales en materia de reparación, los que en general han contado con el apoyo de las distintas fuerzas políticas no sólo en el Parlamento, sino también en el espíritu que se vive en Chile.

Personalmente, votaré en contra porque no comparto el criterio con que se elaboró. Al respecto, hay que tener presente que en el país existen muchas injusticias y necesidades que se arrastran por muchos años. Estoy absolutamente de acuerdo en legislar y aprobar un proyecto de reparación, pero muchísimo más focalizado.

El alto costo del que discutimos significará la postergación de la adopción de una serie de medidas en materia social. Además, muchos de los favorecidos con el tendrán beneficios adicionales otorgados por iniciativas aprobadas incluso por la Honorable Cámara.

Me habría gustado un proyecto mucho más focalizado, es decir, sobre la base de las personas que verdaderamente se encuentran en estado de necesidad.

He dicho.

La señora CARABALL (Presidenta en ejercicio).-

A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, con calificación de "suma urgencia", que perfecciona y rectifica diversas disposiciones tributarias de la ley sobre Impuesto a la Renta, decreto ley N° 825, de 1974, y ley N° 18.591.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Arancibia.

El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín N° 1030-05 y figura en el N° 7 de los documentos de la Cuenta de la sesión 19ª, celebrada el 20 de julio de 1993.

El señor ARANCIBIA.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley que informa a la Comisión de Hacienda tiene su origen en un mensaje.

A su debate asistieron distintos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y también del Servicio Nacional de Aduanas.

En lo fundamental, persigue modificar las siguientes disposiciones legales:

1- El número 4 del artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Renta, que considera como gasto, para efectos tributarios, los créditos incobrables que señala y las provisiones y castigos de los créditos incluidos en la cartera vencida de los bancos e instituciones financieras.

2.- El artículo 37 de la ley sobre Impuesto a la Renta, que establece un impuesto mínimo al ingreso que afecta a los bancos que no estén constituidos como sociedades chilenas, equivalente al 2,6 por ciento del total de sus depósitos.

3.- El número 2 del artículo 59 de la ley sobre Impuesto a la Renta, que grava con una tasa de 40 por ciento, adicional, a las remuneraciones por los servicios prestados en el extranjero, sin perjuicio de las exenciones que se mencionan.

4.- El artículo 36 de la ley sobre el Impuesto a la Ventas y Servicios, que regula el derecho de los exportadores a recuperar el IVA recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados a su actividad de exportación, y que incluye a los prestadores de servicios que efectúen transporte aéreo de carga y pasajero desde el exterior hacia Chile y viceversa.

5.- El artículo 4° de la ley N° 18.841, que otorga a las personas que ahí señala el derecho a solicitar la devolución del IVA y del impuesto adicional a las bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos similares, que compren mercancías por un valor superior a seis unidades tributarias mensuales en las zonas francas de extensión, y que porten y exporten tales mercancías por dicha zona.

6.- Finalmente, el artículo 11 de la ley N° 18.211, que grava con un impuesto único de 6 por ciento sobre el valor CIF a la exportación de mercaderías extranjeras a las zonas francas de extensión.

El informe elaborado por la Dirección de Presupuestos evalúa el impacto fiscal de las modificaciones propuestas según el siguiente detalle:

1°.- Reconocer como gasto las remisiones o condonaciones de créditos vigentes de recuperación incierta que practican los bancos. Las remisiones o condonaciones de créditos para los años 1990, 1991 y 1992 se estimaron en 5.957, 5.112 y 4.106 millones de pesos, respectivamente. En consecuencia, el costo potencial máximo para estos años, atribuible a esta modificación, se estima en 2.085, 1.789 y 1.437 millones de pesos, respectivamente, por menor impuesto de gasto rechazado. Sin embargo en el informe se reitera que es un costo potencial -y esto es muy importante remarcar- puesto que la calificación de estos gastos aún se encuentra en discusión y no ha habido ingreso en arcas fiscales por este concepto.

2°.- Eliminar la tributación mínima que establece para los bancos extranjeros. En 1992, los bancos extranjeros que registraron pérdidas hicieron provisiones por 966 millones de pesos a cuenta de este impuesto mínimo. Sin embargo, siendo una tributación cuestionada ante los tribunales, hay procesos pendientes. De mediar un fallo en favor de los bancos, no habría pérdida en ninguna recaudación.

3°.- Establecer la exención del impuesto adicional a los exportadores por los servicios que pagan en el exterior tendría un costo fiscal de 620 millones de pesos por menor recaudación del impuesto adicional, considerando la tasa del 35 por ciento que establece el acuerdo tributario para dicho impuesto.

4°.- Dar por ley la calificación del servicio de exportación al transporte de carga terrestre desde y hacia otros países. Además lo homologa con otros medios de transporte, es decir, lo somete a un tratamiento similar. La devolución del IVA a los transportistas por este concepto sería de 286 millones de pesos como máximo.

5°.- Mejorar el procedimiento de devolución del IVA a los turistas extranjeros que compren mercaderías en las zonas francas de extensión. Se estimó que la devolución del IVA a los turistas extranjeros alcanzaría una cifra anual de 165 mil dólares. En el año 1992, el gasto por este concepto fue de 63 mil dólares y, en consecuencia, el costo fiscal de implementar un nuevo procedimiento asciende a 100 mil dólares por año.

6°.- Por último, permitir la recuperación del impuesto único del 6 por ciento, lo que la Dirección de Presupuestos estima en un costo del orden de 44 mil dólares.

El debate de la Comisión estuvo destinado en gran parte a analizar y a debatir los fundamentos respecto de las imperfecciones detectadas en la legislación tributaria que se modifica, y a destacar los eventuales beneficios que pueden derivarse de la ampliación de ciertas franquicias tributarias especialmente para el desarrollo de las zonas extremas del país.

Puesto en votación en general, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Cabe observar que, de acuerdo con el informe que los señores Diputados tienen en su poder, se formularon diversas indicaciones para hacer extensivos algunos beneficios; por ejemplo, en el número 1 del artículo 1° a otros créditos, como los hipotecarios para vivienda, etcétera, las cuales fueron declaradas inadmisibles.

La mayoría de los artículos fueron aprobados por unanimidad, salvo los 3° y 4°

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación del proyecto sometido a su consideración.

He dicho.

El señor LEBLANC.-

Señora Presidenta, el del proyecto en discusión es un tema que, en reiteradas oportunidades, hemos planteado en este hemiciclo. Me referiré brevemente a él.

Tal como lo comentáramos hace algunas semanas, el Gobierno dio a conocer una serie de medidas tendientes a activar el desarrollo de la provincia de Arica. Dentro de las que el Presidente de la República se comprometió a realizar en favor de esa provincia, estaba el envío de este proyecto con "suma" urgencia, en el entendido de que una iniciativa de esta naturaleza, junto con otras que anunció en su oportunidad, tendientes a impulsar y dinamizar varios proyectos de desarrollo ya planteados para la zona, iban a cumplir efectivamente el rol de impacto que se requiere para reactivar toda una provincia, que ha pasado durante muchos años por una serie de problemas que han hecho crisis en el último tiempo.

No hay duda de que este proyecto entregará una herramienta importante para el despegue del comercio y del turismo de esta zona, toda vez que ambas actividades constituyen algunas de las pocas que puede desarrollar una zona extrema de tan singulares características para fijar sus perspectivas de crecimiento y de bienestar para toda una ciudadanía que espera que Arica vuelva a ser una provincia pujante y de pleno desarrollo.

El proyecto permitirá la devolución de impuestos, lo que constituirá una ventaja y un incentivo al desarrollo del comercio de los servicios y del turismo. Esto significa crear ventajas comparativas para acrecentar el flujo turístico de nuestra zona, recapturar mercados de compras potenciales que hoy tienen sus ojos puestos en otros centros de comercialización y distribución y permitirá, a su vez, incentivar el desarrollo del comercio consagrado como uno de los pilares fundamentales de desarrollo de nuestra zona.

Por eso, me complazco en hacer uso de la palabra cuando estamos abocados a discutir uno de los proyectos que forman parte del compromiso que asumió semana atrás Su Excelencia el Presidente de la República. Con esta iniciativa, más el proyecto que vimos la semana pasada sobre bonificación de la contratación de mano de obra en las zonas extremas, y los proyectos de desarrollo de Arica, en plena ejecución, se está cumpliendo un compromiso gubernamental y dando respuesta a una ciudadanía que espera, con ansias, que en el más corto plazo se materialicen todas aquellas iniciativas que logren una reconversión y un cambio de la situación de una ciudad que, inclusive, ha llegado a detener sus actividades en un ciento por ciento hace algunas semanas, por considerar que sus antiguos problemas no son de Gobierno ni de Oposición, sino una realidad que requiere un cambio sustantivo e importante y la voluntad política, que hoy se está expresando con nitidez por parte del Ejecutivo.

Por esta razón, anuncio mi voto favorable. El proyecto no es una excepcionalidad, porque este país es uno solo. Sin embargo, la realidad de las zonas extremas, en especial la que represento, demandan una preocupación preferencial, iniciativas que las saquen de su postración y medidas que hagan pensar a los ariqueños que también son parte de este país y que el beneficio que Chile recibe también debe ser destinado, en alguna medida, a lograr el bienestar que los ariqueños están buscando. En consecuencia, junto con reiterar mi voto favorable, apelo a la comprensión de los demás colegas para que voten en el mismo sentido.

He dicho.

La señora CARABALL (Presidenta en ejercicio).-

Corresponde continuar tratando, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria.

El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín N° 978-01, y figura en el número 36 de los documentos de la Cuenta de la sesión 12a, celebrada el 7 de julio de 1993.

El señor PEÑA.-

Señora Presidenta, la sesión en que tratábamos este proyecto de ley llegó a su hora de término en el momento en que estaba haciendo uso de la palabra. De modo que seré breve en lo que resta de mi intervención.

En primer lugar, con el objeto de mantener la armonía y la secuencia en la exposición, debo señalar que alrededor de 32 señores Diputados hemos patrocinado indicaciones al artículo 9°.

La primera de ellas fue explicada en la sesión anterior, y es un paso más en el tratamiento especial que el Presidente de la República -en este caso ha patrocinado una moción de los Diputados- está dando para procurar una solución a las deudas que tienen su origen en la reforma agraria, y que apunta básicamente a beneficiar a un amplio sector de chilenos a quienes se les asignaron parcelas en dicho proceso.

La Cámara de Diputados conoció, hace tiempo, un proyecto de ley que implementaba mecanismos de especial con-sideración para los efectos del pago en relación con los adquirentes originarios y al primero y segundo adquirentes de las llamadas parcelas Cora.

El primer aspecto que es necesario re-saltar en esta nueva normativa -estamos procurando que el Ejecutivo asuma el patrocinio- es dar un paso más en favor de este sector de chilenos, es decir, de pequeños parceleros que fueron adjudicatarios originales o primeros o segundos adquirentes de parcelas que provenían del proceso de reforma agraria.

Sin embargo, el Congreso Nacional debe hacer un esfuerzo que apunte a otro sector de chilenos que, de alguna manera, se encuentran involucrados en este proceso y se han transformado en deudores del Fisco como consecuencia de haber recomprado -si podemos llamarlo así- parte de sus predios que fueron expropiados en su oportunidad.

Con este propósito, igual número de parlamentarios que los ya indicados, hemos suscrito una indicación para agregar un inciso final al artículo 9a del proyecto que, en el fondo, tiene como propósito que el Ejecutivo estudie la posibilidad de condonar parte o el total de las deudas provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora-Odena del propietario expropiado que hubiere adquirido de la ex Corporación de la Reforma Agraria el total o parte de un mismo predio, respecto del cual no hubiere recibido indemnización. Esto apunta a un sentido de justicia, porque no podemos desconocer que en este país hubo un número importante de chilenos a quienes les expropiaron sus campos y que, con el propósito de tener derecho a las reservas, llegaron al acuerdo de renunciar, por la vía administrativa, a la indemnización a que tenían derecho como consecuencia de la expropiación. En esa virtud, se les reconocía el derecho sobre las reservas, pero no obtuvieron indemnización respecto de los bienes expropiados.

Con ese propósito, hemos presentado dos indicaciones, aun cuando sabemos que no son de iniciativa parlamentaria. Así lo señalamos en la intervención anterior, pero abrigamos la esperanza de generar un ambiente de discusión que posibilite la aprobación de una norma que apunte a los objetivos señalados.

En una conversación extraoficial, las autoridades del Ministerio de Agricultura me han solicitado que se les remita por parte de la Honorable Cámara el número y el texto de las indicaciones, con el objeto de estudiar la forma de incluirlas en el proyecto, sea en forma parcial o total.

Esas indicaciones fueron suscritas por un número importante de parlamentarios que representan a todas las bancadas.

Por último, desde el punto de vista legislativo, nos interesa dejar establecido en esta discusión general que nos parece conveniente que en la facultad que se otorga al Tesorero General de la República en el artículo 92 para otorgar facilidades -según el texto original del proyecto- hasta por el plazo de un año a los deudores de estos créditos, se consideren ciertos elementos o requisitos al momento de otorgar nuevas facilidades. Por ejemplo, las tasaciones de los campos, los informes que podría entregar el SAG, etcétera, con el objeto de enmarcar las condiciones en virtud de las cuales debiera asentarse o darse legitimidad a la facultad que se entrega al Tesorero General.

Hago presente que las indicaciones fueron entregadas a la Mesa.

He dicho.

El señor RECONDO.-

Señora Presidenta, al igual que en la Comisión, nuestro voto será de aprobación, principalmente porque la iniciativa se origina en un proyecto de acuerdo suscrito por varios Diputados de esta bancada y porque recoge en amplitud lo que se sugería. Además, el Diputado señor Longueira, junto con otros parlamentarios de esta bancada, presentaron una moción en el mismo sentido, con el objeto de darle un destino adecuado a los bienes comunes provenientes del proceso de reforma agraria que aún estaban en situación de propiedad colectiva.

Al margen de nuestro voto favorable, quiero referirme a un artículo distinto en su contenido, que dice relación con la facultad que se otorga al Tesorero General de la República para otorgar facilidades hasta un año, en cuotas periódicas, para el pago de las cuotas anuales provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora, con sus respectivos recargos.

Si bien este artículo no tiene mucha relación con el resto del articulado, fue incluido por el Ejecutivo a raíz de un proyecto de acuerdo aprobado por la unanimidad de la Cámara, por el cual se pedía al Ejecutivo que aumentara el plazo para que los deudores Cora se acogieran a los beneficios que otorgaba la ley que aprobamos en la Cámara, que consideraba una rebaja de hasta un 40 por ciento a quienes podían prepagar su deuda y cuyo plazo terminó en el mes de abril.

Fueron muchos los parceleros, asignatarios y adquirentes que no pudieron acogerse al beneficio en el plazo establecido, fundamentalmente por la difícil y crítica situación por la que pasa la agricultura nacional, en particular aquellas zonas que desarrollan rubros tradicionales. Normalmente son los pequeños agricultores, tenedores de parcelas y deudores ex Cora, quienes están en la situación más difícil.

Solicitamos ampliar el plazo para que dichos agricultores pudieran acogerse al beneficio, petición que no fue acogida por el Ejecutivo, específicamente por el Ministerio de Hacienda. En subsidio, el Ministerio de Agricultura agregó el artículo 9° al proyecto en estudio, con la finalidad de otorgar al Tesorero General la facultad de negociar con los deudores, lo que resulta insuficiente en relación con lo que habíamos solicitado, en especial por la situación tan largamente comentada, referida a la crisis del sector agrícola.

Por iniciativa del Honorable señor Ortega, suscrita por varios señores Diputados, se ha presentado una indicación tendiente a aumentar, de uno a cinco años, el plazo de la facultad que se otorga al Tesorero General para negociar con los agricultores. Aun cuando la consideramos insuficiente, la hemos suscrito porque, al menos, dará a los agricultores un plazo mayor para negociar o renegociar sus deudas, sobre todo a los que están en situación de morosidad.

Daremos nuestra aprobación al articulado que se refiere al procedimiento de enajenación de los bienes comunes y también el artículo 9a, pero hacemos presente que es insuficiente y que seguiremos insistiendo para conseguir que el beneficio otorga por ley, que rebaja las deudas Cora, pueda hacerse realidad. Incluso, que pueda llegarse a la condonación del total, como una forma de poner fin a un largo proceso de reforma agraria, que lleva más de 25 años desde su inicio, pues si aún hay pequeños agricultores, parcele- ros y asignatarios que no han podido terminar con el pago de su deuda, ello se debe a la baja rentabilidad del negocio y a la escasa capacidad de pago que deriva de esa situación. Después de este largo período, creo que ha llegado la hora de tomar una determinación importante respecto de los deudores Cora. A nuestro juicio, debería ser la condonación total de las deudas. Como ello no corresponde a nuestra iniciativa y lo hemos pedido por otras vías, he querido hacerlo presente en esta Sala, porque me parece que en ese sentido debemos apuntar. Si bien el artículo 9e va en esa dirección, es absolutamente insuficiente. Pese a ello, votaremos a favor del proyecto.

El señor CHADWICK.-

Señora Presidenta, quiero anunciar, en forma muy breve, mi voto favorable y, al mismo tiempo, expresar nuestra satisfacción, por cuanto esta iniciativa tiene su origen en un proyecto de acuerdo presentado en 1991 por diversos parlamentarios, plenamente coincidente con una moción que formulé junto con otros señores Diputados para solucionar problemas derivados de la administración de los bienes comunes.

En particular, quiero destacar el artículo 1-, porque soluciona un problema muy apremiante en las zonas rurales. Entre los bienes comunes se encuentran las canchas de fútbol. Al dificultarse su enajenación y donación, los clubes deportivos rurales quedan sin la posibilidad de recibir los aportes hechos a través de la Digeder para inversiones en campos deportivos.

Otro problema al que se ven enfrentados radica en que cuando se produce la enajenación de los bienes comunes, las canchas de fútbol no pueden seguir siendo destinadas a ese fin y los clubes deportivos rurales se ven privados de contar con recintos deportivos.

El artículo 7° del proyecto establece una condición muy importante para efectuar la enajenación, cual es que las canchas de fútbol ubicadas en los bienes comunes deberán mantenerse como recintos deportivos. Las demás disposiciones flexibilizan la posibilidad de hacer donación de estos recintos a los respectivos clubes, con lo cual tienen la posibilidad de optar a los proyectos de inversión en infraestructura deportiva que sobre esta materia consideran los distintos programas de la Digeder.

Reitero que votaré favorablemente y asimismo expreso mi satisfacción por el hecho de que el proyecto resuelve un problema muy apremiante, en particular, el que dice relación con la actividad deportiva en las zonas rurales.

Gracias, señora Presidenta.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señora Presidenta, haré un planteamiento muy breve y después una consulta.

Desde luego, ya se dieron los argumentos y nosotros compartimos plenamente lo positivo de este proyecto, que permite el traspaso de bienes comunes para diversos fines comunitarios, situación que hasta ahora había presentado dificultades por el enorme número de personas involucradas.

En relación con lo manifestado por el colega Chadwick, quiero llamar la atención de los señores Diputados en el sentido de que la actividad deportiva rural tiene gran importancia. Incluso existe una Agrupación Nacional de Clubes Deportivos Rurales que hace poco tiempo realizó un congreso en Arica. Esta solución permitirá que ellos puedan desarrollar sus actividades de manera mucho más eficiente.

Asimismo, al otorgársele facultades privativas, no obligatorias, al Tesorero General de la República para que determine un sistema de facilidades de pago para los deudores de la ex Cora, también se soluciona un problema que afecta a numerosas familias que todavía ocupan sitios, o a las que les fueron asignados terrenos de la reforma agraria.

Aparte de anunciar nuestros votos favorables, deseo hacer una consulta. Me llama la atención la redacción, que me parece errónea -no sé si algún parlamentario abogado podrá explicarla-, del inciso cuarto del artículo 1°, donde aparece una frase que se repite. Dice: "A la solicitud deberá adjuntarse un certificado del Servicio Agrícola y Ganadero que acredite la existencia del bien común, la nómina de los asignatarios originales con derechos sobre dicho bien, con indicación del porcentaje de sus derechos sobre dicho bien". Luego agrega: "con indicación del porcentaje de sus derechos". Creo que aquí existe una redundancia. Después señala otro tipo de antecedentes que se deben proporcionar cuando se presenta la solicitud. En consecuencia, si existe un error de forma, ésta sería la oportunidad de solucionarlo. No sé si el señor Diputado informante podrá responder mi consulta.

He dicho.

El señor RECONDO.-

Gracias, señora Presidenta.

Sólo quiero agregar que con el Diputado señor Andrés Sotomayor presentaremos una indicación para que en el mismo procedimiento aplicado a las canchas de fútbol se incorporen las medialunas, que también están entre los bienes comunes de la reforma agraria.

Señora presidenta, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Melero.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor NARANJO.-

Señora Presidenta, quiero expresar mi profunda satisfacción porque el Presidente de la República y el Ministro de Agricultura acogieron mi planteamiento en cuanto a legislar sobre el tema de los bienes comunes. Luego se sumaron a él, cuando lo planteé como proyecto de acuerdo, los Diputados señores Acuña, Aguiló, Devaud, Galilea, Letelier, Melero y Tohá, entre otros.

Es importante precisar ahora las cosas, porque aparentemente se produce una confusión al poner énfasis en el artículo 9°, que concede facultades al Tesorero General de la República, olvidando cuáles fueron las ideas matrices que fundamentaron el proyecto y que, en definitiva, le dieron vida.

Cuando se llevó a cabo el proceso de reforma agraria, particularmente se buscó desarrollar un tipo de propiedad, que más adelante dio origen a bienes que pasaron a ser comunes. De esta manera, para realizar cualquier enajenación, la ley requería la unanimidad de los miembros de los proyectos de parcelación que hubo en el pasado. Con el transcurso del tiempo, el asunto se transformó en una seria dificultad para alcanzar un adecuado desarrollo en el sector rural, ya que muchos de estos bienes estaban siendo ocupados por determinadas organizaciones, entre las cuales se encontraban las deportivas y los comités de allegados, que ocupaban de hecho los terrenos.

La iniciativa busca regularizar una situación que imposibilita a las organizaciones sociales y deportivas que pudieran hacer un uso adecuado de los terrenos, y por ejemplo, acceder a subsidios o aprovechar algún tipo de recursos, como se ha manifestado aquí, a través de la Digeder.

Por eso, expreso mi profunda satisfacción de que la iniciativa, que partió tan modestamente como un proyecto de acuerdo, al que se sumaron diversos señores Diputados, hoy permita regularizar una situación absolutamente adversa, si es que buscamos el bienestar y desarrollo de todas las familias que viven en el sector rural.

El criterio que se establece para buscar soluciones a la enajenación de este tipo de bienes me parece acertado, ya que al fijar en un 51 por ciento los derechos de la comunidad, se permitirá, a la larga, que los bienes tengan un uso adecuado, de acuerdo con los propósitos originales, cual fue darles un buen uso social. En la medida en que los clubes deportivos, los comités de allegados o particulares deseen hacer un uso productivo de ellos, se dará cumplimiento al fin para el cual fueron creados.

Los Diputados del Partido Socialista, principales autores de la idea, creemos acertado que hoy se cuente con el respaldo unánime de los parlamentarios para aprobar el proyecto.

En cuanto al segundo punto discutido, y que es tangencial a lo medular de la iniciativa, se originó en una medida adoptada por el Gobierno, a raíz de que el proyecto presentado por el propio Ejecutivo para resolver el problema de los deudores de la Tesorería General de la República en cuanto al pago de sus parcelas, en la práctica no ha dado resultado. Por eso, a través del artículo 9a se ha buscado una medida adicional de resolver la morosidad en el pago de las parcelas Cora que en la práctica se ha mantenido.

Por tal motivo, hemos presentado una indicación con otros Diputados, en cuanto a ampliar el plazo para pagar las deudas morosas que algunos parceleros o adquirentes de segundo orden mantienen en estos momentos.

El Partido Socialista va a respaldar de plano esta iniciativa, porque ella resuelve un problema bastante serio del sector rural.

Con su venia, señora Presidenta, concedo una interrupción al Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, en honor al tiempo, intentaré ser muy breve.

Sin duda, las ideas matrices de esta iniciativa abordan un tema que, para algunos, acompaña a varios fantasmas del pasado. Nuestro interés es contribuir a la consolidación de la tenencia de la tierra en el campo de nuestro país, lo cual permitirá una reconciliación en las zonas rurales, donde han quedado muchas heridas de diversa índole y origen.

No es ésta la ocasión para abordar este tema en profundidad -lo hemos hecho antes-, pero creo que todos estamos contestes en que esta iniciativa contribuirá a cerrar y sanar algunas heridas y a dejar algunos fantasmas en el closet del pasado.

Específicamente, me referiré a tres temas. En primer lugar, quiero agradecer públicamente a mi amigo y colega de distrito, Diputado señor Chadwick, que haya encontrado tan acertada la iniciativa que presenté para garantizar que las canchas deportivas queden definitivamente reservadas para ese fin y que nunca más veamos cómo a los jóvenes y a la juventud de nuestro país se les destrozan los sueños porque algún agricultor dueño de parcelas decide arar las canchas de fútbol. Este proyecto es de gran importancia y espero que su espíritu sea interpretado por quienes corresponda, una vez que sea ley de la República, en el sentido que le ha querido dar esta Corporación, es decir, que las canchas existentes o aquellas que figuraban en los proyectos originales de parcelación, queden en definitiva para el desarrollo recreativo de los jóvenes de esas localidades.

Digo esto por cuanto -y es el segundo aspecto que quiero abordar- una de las intenciones del proyecto de acuerdo que presentamos junto con los Diputados

Naranjo, la señora Muñoz, Hugo Rodríguez, Acuña, Jara, y también colegas de la Oposición, es la de que los habitantes de las localidades rurales donde hubo proyectos de parcelación, sean los primeros en beneficiarse con el uso de los bienes comunes. Este objetivo -entiendo- es compartido por todos. No es fácil -y en la discusión del proyecto lo hemos visto- garantizarlo, por cuanto no podemos pasar a llevar derechos de propiedad de personas que son adquirentes de parcelas, que no viven, que no son habitantes de las localidades donde existen los bienes comunes. Pongo dos ejemplos: la localidad de Totihue, en la comuna de Requínoa, donde el mayor y actual dueño de las parcelas que hubo en el proyecto local de parcelación es la empresa Concha y Toro. Por lo tanto, ella tiene los mayores derechos sobre los bienes comunes.

Efectivamente es así, pero sería muy lamentable que en este poblado, sus habitantes no lograran hacer uso o acceder a la propiedad de los bienes comunes con fines sociales, en particular para garantizar que la cancha quede para la comunidad, el terreno en donde existe la sede social quede efectivamente a nombre de la junta de vecinos y alguno de esos bienes sirva, además, para solucionar algunos graves problemas habitacionales. Entiendo que ése es el espíritu de todos nosotros, y espero que quede en la historia de la ley para sus posteriores interpretaciones.

Por último, quiero referirme a los artículos 8° original y 9° nuevo.

En la discusión de este proyecto, como consta en el informe, me correspondió formular una segunda indicación, que también contó con el apoyo unánime de todos los colegas. Ella dice relación con un aspecto adicional, cuyo objetivo es garantizar que los sitios incluidos en asignaciones del proyecto de parcelación de la reforma agraria; es decir, aquellos asignados a campesinos particulares que después enajenaron sus parcelas mediante buenas o malas artes -no entro en esa discusión-, muchas veces, debido a que el título de propiedad era uno tanto para el sitio como para la parcela, a pesar de estar ubicados físicamente incluso en distintos lugares, ocurrió que en la venta de las parcelas también se transfirió el dominio de los sitios. En muy pocos casos los campesinos pudieron excluir de la enajenación de sus parcelas los sitios donde vivían y donde habitan hasta el día de hoy.

La indicación faculta al Tesorero General de la República "para reducir las obligaciones fiscales de los titulares de una o más parcelas originadas en el proceso de reforma agraria, que no sean asignatarios, que cedan por escritura pública a título gratuito, el dominio de los sitios a los asignatarios originales o a su cónyuge, cuando ésta no existiera o a sus descendientes".

Esto es muy importante, pues contribuirá a traer tranquilidad a los habitantes de estas localidades. Muchos campesinos que perdieron el sueño de tener sus parcelas, o no fueron capaces de administrarlas y las enajenaron, están viviendo el terror de ser expulsados de los sitios donde han vivido estos últimos treinta o cuarenta años.

Es una indicación respecto de la cual, como Comisión, hemos solicitado en forma unánime el patrocinio del Ejecutivo, por cuanto, por razones obvias, en tanto establece una nueva facultad al Tesorero General de la República, fue declarada inadmisible por su Presidente.

Todos estamos de acuerdo en que la iniciativa apunta a reparar el tipo de situaciones planteadas. Junto con el colega Hugo Rodríguez las hemos planteado en múltiples reuniones con el Ministro de Agricultura y también con el Presidente de la República. Confiamos en que el Ejecutivo acogerá la indicación y que en el próximo trámite legislativo se votará favorablemente, de forma tal que los bienes comunes se destinen prioritariamente a los habitantes de localidades rurales, y se consolide la tenencia de la tierra para que sus habitantes vivan sin los fantasmas que surgieron con el proceso de la reforma agraria, para unos, y de la contrarreforma, para otros.

He dicho.

La señora CARABALL (Presidenta en ejercicio).-

Hago presente a la Sala que ha terminado el Orden del Día.

Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogarlo.

No hay acuerdo.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier para plantear un asunto de Reglamento.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, entiendo que existe un acuerdo de los Comités para despachar el proyecto en esta sesión.

Solicito a la Mesa recabar el acuerdo unánime para que aquellas bancadas que no han hecho uso de la palabra puedan hacerlo y se vote hoy el proyecto.

El señor MELERO.-

Señora Presidenta, estuve presente en dicha reunión, y quienes participaron conmigo en la mañana podrán ratificarlo. Fue que si era necesario, se prolongaba el Orden del Día, y es lo que debiéramos hacer.

Si el acuerdo ahora es que sólo hablen las bancadas que faltan, sí pediría que lo haga un señor Diputado por cada una y por la vía de la interrupción no haga uso de la palabra más de uno.

El señor CORREA.-

Señora Presidenta, Honorable Cámara:

Votaré favorablemente este proyecto de ley que soluciona un problema que se arrastra por más de veinte años y que permitirá mejorar sustancialmente muchos sitios y terrenos abandonados, logrando, además, facilitar funciones sociales, productivas y recreativas. Pero quiero demostrar mi extrañeza porque en este proyecto se incluye un artículo 9a que faculta al Tesorero General de la República para que otorgue facilidades de hasta un año para el pago de las cuotas anuales provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora-Odena, con sus respectivos recargos, siempre que estén con mandamiento de ejecución y embargo. Considero que no tiene ninguna relación el tema de los bienes comunes con el de los deudores Cora, y estimo altamente inconveniente entregar esta responsabilidad tan importante al arbitrio de un funcionario público en un año de elecciones como es éste, lo cual podría significar que en alguna región o provincia se utilizará como una intervención o ayuda a determinado candidato. Como es de conocimiento de la Honorable Cámara, en el mes de junio pasado se aprobó un proyecto de acuerdo, solicitando al Ejecutivo el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que prorrogaba en un año el plazo fijado por la ley N° 19.157, haciéndolo vencer el 30 de abril de 1994. Como se recordará, esta ley otorgaba a los adquirentes de los predios afectos a la reforma agraria un crédito fiscal no sujeto a devolución, equivalente al 40 por ciento del total de la deuda, siempre que el 60 por ciento restante se pagara de contado a más tardar el 30 de abril de 1993. Pues bien, señora Presidenta, la situación crítica que vive la agricultura, derivada de los bajos precios de sus productos como consecuencia de las medidas proteccionistas de los países desarrollados, hizo imposible que estos pequeños agricultores pudieran acogerse al beneficio de dicha ley y, por tanto, al crédito del 40 por ciento que definitivamente se perdió.

El artículo 9° de este proyecto de ley, entrega al Tesorero General facultades para otorgar facilidades hasta un año para pagar la totalidad de la deuda, más recargos e intereses respectivos, lo que, en muchos casos, hace subir la deuda a casi al doble de su monto original. Resulta absurdo pensar que los agricultores no pudieron pagar un 60 por ciento de la deuda sin recargos, puedan pagar en el plazo de un año el total de ella. Ha suscrito, junto con otros Diputados, una indicación para prorrogar las facultades del Tesorero en cinco años, pero estimo que debiera haber algún tipo de condonación que permita poner término definitivamente al proceso de reforma agraria, que tanto desencuentros ha causado en nuestro país. Sería una clara señal de reconciliación de la que tanto se habla, y beneficiaría a tantas familias de campesinos que representan uno de los sectores más postergados de nuestro país, que están pasando por una situación dramática y que no ha sido debidamente considerada por este Gobierno.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Hugo).-

Señora Presidenta: Hace más de dos años, en mayo de 1991, hablé sobre este tema que afecta a los campesinos de nuestro país.

En esa oportunidad, me referí a los engaños de que fueron objeto en la venta de sus parcelas, de la situación de los afectados por el DL. N° 208, y a la necesidad de que se legislara sobre la división de los bienes comunes que resultaron de los asentamientos y fundos parcelados. Asimismo presenté un proyecto de acuerdo donde solicitábamos al Ejecutivo que tomará medidas en favor de los campesinos afectados por el proceso denominado contrarreforma agraria. El Gobierno, encabezado por S.E. el Presidente Patricio Aylwin, acogió estos planteamientos que van en directo beneficio de los campesinos más modestos, dándoles una solución.

Lo más importante de este proyecto es permitir que los clubes deportivos con personalidad jurídica puedan adquirir el dominio de sus campos deportivos en forma definitiva, y que no tengan que ver el triste espectáculo de que sus campos deportivos sean arados por quienes sólo adquirieron la parcela, y luego se hicieron dueños de los bienes comunes.

También se beneficiarán los allegados que, debidamente organizados, puedan postular a viviendas definitivas en esos terrenos, los cuales además, podrán destinarse a sedes sociales, policlínicos rurales y escuelas para los campos.

Lo importante en este proyecto de ley es una indicación que permite que la casa y el sitio quede en manos del asignatario original, y que no suceda que luego de más de 25 años sean despojados de ella, en circunstancias de que muchos de ellos sólo vendieron la parcela y no la casa, pero por estar en un mismo rol, terceros se hicieron dueños de ella.

Es importante la unanimidad de todas las bancadas para aprobar este proyecto que beneficiará entre 1.500 y 2.500 familias. Aprovecho esta oportunidad para instar a los señores Diputados a seguir adelante y hacer justicia a los miles de campesinos afectados por el DL N2 208 y a aquellos campesinos engañados en la venta de sus parcelas Cora que hoy reitero, necesitan justicia para ellos y sus familias.

Voto favorablemente el proyecto, con el convencimiento de que estamos haciendo un acto de plena justicia.

He dicho.

El señor ACUÑA.-

Señora Presidenta, Honorables colegas:

En relación al proyecto que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria, me permito expresar algunas consideraciones que creo importantes.

En primer lugar, quiero señalar mis agradecimientos al Ejecutivo por el envío de este proyecto que viene a solucionar el grave problema de aquellas personas que viven en parcelas como resultado de la reforma agraria, hasta el momento bajo un sistema de bienes comunes.

Además, deseo destacar que los Diputados democratacristianos adherimos a las indicaciones presentadas, ya que además de representar fielmente las aspiraciones e inquietudes de los afectados, sirven para mejorar este proyecto, en cuanto a acortar los plazos que la Tesorería General de la República fijó para el pago de las deudas. Lo anterior, teniendo en cuenta especialmente la grave crisis por la que atraviesa la agricultura nacional.

Señora Presidenta, en Villarrica y Cuneo -comunas que represento- existen parceleros que desarrollan actividades deportivas en terrenos comunitarios; cuando este proyecto termine su tramitación, mediante la personalidad jurídica, tanto los clubes deportivos como de las juntas de vecinos, apoyados por la Digeder y los municipios, podrán lograr que esos terrenos, en forma definitiva, se transformen legalmente en recintos deportivos para la comunidad.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la localidad de Pedregoso, en la comuna de Villarrica, donde podremos tener, además de canchas de fútbol, de básquetbol y de babyfútbol, un recinto para realizar otras actividades de entretención y culturales.

Colegas, una vez más quiero recalcar la finalidad de este proyecto de ley porque significa mejorar las condiciones de vida de la gente que habita en el campo, haciendo más atractivo su entorno. Sin embargo, lamento la ausencia en esta Sala de las máximas autoridades del Ministerio de Agricultura, quienes no han podido apreciar, entre otras cosas, el grado de consenso que tenemos los parlamentarios de las distintas bancadas respecto de los temas mencionados.

He dicho.

El señor MASFERRER.-

Señora Presidenta, como representante de un distrito eminentemente agrícola, expreso mi satisfacción por este proyecto que hoy nos encontramos aprobando en la Honorable Cámara.

Cabe hacer presente que esta iniciativa legal, que establece normas especiales para la enajenación de los bienes provenientes de la reforma agraria, surge de una iniciativa parlamentaria. Esta inquietud y preocupación se materializó en un proyecto de acuerdo en el cual tuvieron activa participación los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente.

Es de suma importancia recordar cuáles fueron los planteamientos que los Diputados expusieron a las autoridades del supremo Gobierno para hacer realidad este proyecto de ley: Que los señores Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales, respectivamente, adoptaran las medidas administrativas y legislativas con el objeto de enajenar los bienes comunes, los que, como resultado de la reforma agraria, fueron entregados en forma de propiedad comunitaria, con el fin de cumplir una función social o productiva, lo que en la actualidad no ocurre, por lo que éstos podrían ser ofrecidos a clubes deportivos, comités de allegados, juntas de vecinos o para actividades productivas en general.

Los considerandos del proyecto de acuerdo que enviamos al señor Presidente de la República, idea matriz del proyecto que hoy discutimos, fueron los siguientes:

1°.- Que durante el proceso de reforma agraria se asignaron tierras a los campesinos, tanto en forma de parcelas individuales, como de propiedad comunitaria;

2°.- Que la realidad ha demostrado que las tierras asignadas como propiedad comunitaria han quedado abandonadas, debido a que para realizar cualquier trabajo o construir una obra en dichos terrenos es necesario el acuerdo de todos los comuneros.

3°.- Que en la mayoría de estos terrenos comunitarios abandonados se han instalado, de hecho, allegados, formándose así, espontáneamente, villorrios rurales. De igual forma han sido ocupados por clubes deportivos, transformándolos en canchas donde realizan sus actividades recreativas;

4°.- Que dichos terrenos, si no están ocupados por allegados o clubes deportivos, se encuentran abandonados, no cumpliendo los fines sociales o productivos para los cuales fueron entregados a la comunidad;

5°.- Que en numerosas ocasiones los allegados y los clubes deportivos ha conversado con la comunidad, con el fin de que dichos terrenos les sean traspasados o vendidos, situación que no se ha concretado por la imposibilidad de ponerse de acuerdo todos los propietarios comunitarios;

6°.- Que los allegados que ocupan estas tierras comunitarias, para poder postular al subsidio rural, necesitan poseer un terreno, el cual no poseen, ya que, por ser estas tierras comunitarias, no se les pueden adjudicar en propiedad. De igual manera, los clubes deportivos rurales, para poder acogerse a los beneficios otorgados por la Digeder, necesitan demostrar que son propietarios;

7°.- Que una forma de que dichos terrenos recuperen su finalidad social o productiva, es que éstos puedan ser enajenados sin el necesario acuerdo de todos los comuneros, sino por la mayoría de sus integrantes.

En este sentido, quiero resaltar que el señor Presidente de la República acogió plenamente nuestras inquietudes en el mensaje que hiciera llegar a esta Cámara, destacando que existen diversos bienes comunes que no cumplen con sus objetivos.

Finalmente, quisiera referirme al artículo 72 de este proyecto, el cual permitirá subsanar un problema que afecta a las organizaciones deportivas que tienen recintos constituidos como herencia del proceso de la reforma agraria, que son bienes comunes.

Esto significa que aquellos terrenos que son bienes comunes, originalmente destinados a canchas deportivas, de acuerdo con los proyectos de parcelación, o aquellas canchas deportivas actualmente consolidadas, en caso de estar ubicadas en un lugar distinto al proyectado en el plano establecido en el proyecto de parcelación, sólo podrán ser enajenadas para fines deportivos.

Por todo lo anterior, quiero manifestar que votaré favorablemente este proyecto de ley.

He dicho.

El señor JARA (don Octavio).-

Señora Presidenta, este proyecto recoge el acuerdo de la Cámara de Diputados adoptado en la sesión 36a, de 16 de diciembre de 1991, por el cual solicitó al Ejecutivo la formulación de un proyecto de ley destinado a facilitar la enajenación de los bienes comunes provenientes de la reforma agraria asignados para cumplir una función social o productiva, que no la cumplen en la actualidad, a fin de que éstos puedan ser ofrecidos a clubes deportivos, a sus actuales ocupantes, a juntas de vecinos, o sean destinados a actividades lucrativas.

El Ejecutivo acogió favorablemente esta iniciativa y ha presentado a nuestra consideración el proyecto de ley que hoy nos ocupa, cuya idea matriz es contribuir a resolver los múltiples problemas sociales que la situación de la tenencia a la tierra, en el proceso de reforma agraria, ha generado respecto de aquellos bienes entregados en propiedad comunitaria. Es decir, responde plenamente a la solicitud de esta Corporación y, además, incorpora normas que permitirán otorgar facilidades para el pago de las cuotas anuales provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora-Odena.

Dentro de los predios que fueron objeto de este proceso de reforma agraria, que tenía por finalidad otorgar la propiedad individual a los campesinos asignatarios, se estimó que determinados inmuebles debían ser mantenidos como bienes comunes, en el entendido de que iban a servir para la mejor explotación por parte de los asignatarios, tales como bodegas, espacios para lechería, canchas deportivas y otros. No se contempló ninguna forma de enajenación de estos espacios comunes.

En la actualidad, se ha podido constatar que dichos bienes comunes no cumplen con los objetivos para los cuales fueron asignados, constituyendo lugares abandonados o destinados a otros fines, debido a que para realizar cualquier trabajo o construir alguna obra se requiere el acuerdo unánime de los comuneros. Lo mismo ocurre para disponer su enajenación.

Incluso en muchos de estos lugares se han instalado, de hecho, allegados, formándose espontáneamente villorrios rurales sin posibilidad alguna de saneamiento.

Por ello, el proyecto da solución a un problema real, a través de regular un procedimiento especial de enajenación de los bienes comunes, comprendidos en la parcelación de predios provenientes de la re-forma agraria.

El detalle de la normativa está en el informe. Lo importante es que actualmente existen en el país más de 61.000 hectáreas que no cumplen ninguna función, las que en la mayoría de los casos se encuentran abandonadas. A través de esta ley se podrán destinar estos bienes a equipamiento comunitario, vivienda, infraestructura deportiva, etcétera. Sólo en la Octava Región existen más de 1.000 hectáreas de terreno que se podrán utilizar para los fines indicados.

La facultad concedida al Tesorero General de la República, a través de una norma permanente, para determinar un sistema de facilidades de pago para las deudas morosas ex Cora, idéntico al que se contempla en el Código Tributario, nos parece extraordinariamente conveniente, ya que flexibiliza estas normas y permite otorgar beneficios a este sector, en razón de la calificación de circunstancias especiales y locales, sin necesidad de dictarse cada vez una ley.

Destacamos que este proyecto ha sido aprobado en forma unánime por los Diputados de la Comisión de Agricultura, lo que revela su extraordinaria importancia.

Por lo expuesto, los Diputados de la bancada del Partido por la Democracia votaremos favorablemente este proyecto, que responde a una necesidad plenamente justificada de la gente de nuestros campos.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señora Presidenta, quiero celebrar la presentación del presente proyecto, y felicitar a los que lo han propiciado, ya que, si bien es del Ejecutivo, tuvo su motivación en un proyecto de acuerdo. Reconocemos, a la vez, la rapidez del Ejecutivo en el envío de un proyecto que es respuesta a la inquietud de un grupo de parlamentarios.

En el país, en múltiples sectores, se presentan problemas de indeterminación de la propiedad, por la sola posesión que muchas familias tienen sobre predios urbanos y rurales, por diferentes causas. Hay una mera posesión que hace irregular la situación de su titular. Nuestro país se encuentra enmarcado dentro de lo que es el estado de derecho, y ello unido a las exigencias de la propiedad, provoca, sin dudas, problemas a aquellos que siendo meramente poseedores necesitan del título de dominio para lograr algunos beneficios de cualquier carácter. En el caso presente, la necesidad del título de dominio es evidente. Los efectos de la ley Ne 16.640, del año 1967, para los que se adjudicaron los bienes, y para aquellos que los adquirieron posteriormente a los beneficiarios, son notorios dentro de lo que es la problemática que se discute. Los bienes comunes, que pertenecen por iguales partes a los adjudicatarios, presentan en la actualidad variantes que el legislador no previo en su oportunidad. Las tierras asignadas como propiedad comunitaria o bienes comunes han quedado, en muchos casos, abandonadas. El concurso de todos los comuneros para desarrollar un trabajo productivo o de otra índole no ha sido posible, por lo que dichas tierras han desmerecido la atención de los comuneros. Por estos motivos, estos bienes comunes han sido ocupados de hecho, constituyéndose una verdadera institución de los allegados. Se han formado villorios rurales, han sido ocupados por clubes deportivos, transformándolas en canchas donde realizan sus actividades recreativas. Tanto las familias de los allegados como los clubes deportivos han intentado sanear sus títulos de dominio, no lográndolo por la improcedencia legal. Se produce un círculo vicioso, donde los allegados, queriendo realizar actividades netamente productivas, no las han podido materializar, ya que para cualquier operación necesitan de título de dominio, como en la adquisición de créditos. Los clubes deportivos que desean regularizar el título, no pudiendo hacerlo, ven entrabados sus proyectos, ya que para cualquier ayuda de Digeder o de las municipalidades deben necesariamente exhibir título de dominio. El problema se debe a la improcedencia legal como también a la imposibilidad de que todos los comuneros puedan ponerse de acuerdo para procurar la propiedad al ocupante. El número de ocupantes ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Por ello se hace necesario dictar una ley que resuelve estos problemas, con el objeto de que las tierras ocupadas cumplan con la finalidad productiva y social para que fueron entregadas.

El procedimiento que por este proyecto de ley se establece, si bien requiere de una adecuación que le dé mayor eficacia, resuelve en gran parte este gran dilema. La autorización de los comuneros, expresa y tácitamente da a quienes ocupan los terrenos una solución pronta. La presunción de que la inasistencia de un comunero al comparendo significa la autorización es útil, tanto para la decisión del problema como para el ahorro que representa para el que debe concurrir al comparendo y se evita de hacerlo. La exención de la insinuación en la enajenación a título gratuito es también una gran ventaja. La entrega de estos problemas a los tribunales de justicia resuelve de manera objetiva el problema del título de dominio. Y la presunción de título saneado defiende a sus titulares ante cualquier acción que pretenda impugnar el título. Es decir, el proyecto evita las dificultades que la concesión de un título otorgado al margen de una mera escritura pública provoca, y le da el inmediato goce y disposición de los bienes.

Muchos problemas se solucionarán con este proyecto de ley, y los allegados y los clubes deportivos u otras instituciones sociales podrán usar de estos bienes in-muebles en plenitud. Los efectos de la mera posesión repercuten en la familia, ya que, aparte de todos los efectos señalados, el subsidio rural está vedado para ellos por la inexistencia de la propiedad. Pienso que estamos ante un proyecto de insospechadas facilidades para sus ocupantes. El asentimiento de la enajenación, que se hará en un comparendo ante los tribunales de justicia y que el proyecto establece, como base, el número de comuneros que consientan en a lo menos dos titulares de derechos sobre un bien común, o que representen el 20 por ciento o más del total de los mismos, es una exigencia aceptable, dado este mínimo y el procedimiento que establece una seguridad tanto para los comuneros como para los poseedores. A ambas partes garantiza sus derechos, ya que el procedimiento judicial se adecúa estrictamente a los principios generales de la legislación y métodos procesales, procedimiento y legislación que concuerda con las finalidades sociales del derecho.

Por otro lado, señor Presidente, apoyo la idea de facultar al Tesorero General de la República para que este organismo otorgue facilidades para el pago de las cuotas anuales provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora-Odena, con sus respectivos recargos.

En fin, creo que este proyecto es importante e incide notoriamente en la solución de los problemas que afectan al mundo rural en el aspecto que hoy se discute.

Por estas consideraciones, votaré a favor del presente proyecto de ley, sin perjuicio de las indicaciones que presen-taremos, y que serán discutidas cuando se analice en particular esta iniciativa.

He dicho.

El señor MUNIZAGA.-

Señora Presidenta, el proyecto que hoy discutimos es muy conveniente para todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que se encuentran afectados por situaciones como las descritas en el mensaje.

Tanto el propósito del proyecto como el contenido de sus disposiciones son adecuadas, por cuanto permitirán simplificar el procedimiento, hasta hoy engorroso, de enajenar los bienes cuya propiedad se muestra como indefinida o difusa.

Sin embargo, tal vez uno de los aspectos más relevantes de este proyecto lo constituye el social que puede cumplir, debido a que durante el proceso de reforma agraria estos bienes fueron destinados a ser campos deportivos, tranques o caminos, para lo que se entregaron en comunidad a los respectivos asignatarios.

Por lo tanto, el objetivo inicial de la asignación de estos terrenos era precisamente prestar una utilidad social, objetivo que con el tiempo se fue desvirtuando, hasta llegar a un punto en que esos terrenos no sólo no cumplen la utilidad social perseguida, sino que no cumplen ninguna utilidad, como producto de la difusión de su propiedad.

El problema se generó a raíz de la transferencia y posterior subdivisión de las parcelas, que originó una incierta propiedad sobre esos bienes, lo que redundó, en definitiva, en el abandono o deterioro de esas tierras.

Al exigir este cuerpo legal sólo el 51 por ciento de los derechos para proceder a su enajenación, en circunstancias de que normalmente se requiere el acuerdo de todos los comuneros, no se está haciendo otra cosa que facilitar la determinación de la propiedad y el saneamiento de sus títulos, base esencial del correcto y eficiente uso de la propiedad raíz.

La aprobación del proyecto, en consecuencia, terminará con el uso arbitrario que respecto de ellos pudieran estar efectuando sólo algunos comuneros o terceros ajenos a la comunidad, en perjuicio de los que realmente tienen derechos sobre esos bienes.

Además, este proyecto y su propósito central se insertan dentro de un tema en el cual Renovación Nacional ha venido insistiendo en los últimos años, cual es la desburocratización.

Simplificar procedimientos, facilitar los convenios entre particulares, evitar el dirigismo en la contratación, son conceptos que hoy se imponen en el mundo, y Chile no puede quedarse atrás.

Por estas razones, señora Presidenta este proyecto apunta en la dirección correcta, y constituye una buena señal para resolver los problemas derivados de la falta de focalización de la propiedad. En consecuencia, anuncio el voto favorable de los Diputados de Renovación Nacional.

Al artículo 1° 1.De los señores Sergio Jara y Peña

Al artículo 1°2.De los señores Sergio Jara y Peña

Al artículo 1°3.De los señores Sergio Jara, Ortega, Octavio Jara, Naranjo, Rojos, Hugo Rodríguez, Latorre y Matta "La Corporación Nacional Forestal en su calidad de Corporación de derecho privado, estará obligada a convocar a concursos nacionales campesinos, por lo menos una vez al año y hasta 1998 inclusive, destinados a seleccionar en las enajenaciones a título gratuito de bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria proyectos relevantes para la utilización de los inmuebles en el desarrollo forestal y turístico, en actividades deportivas, en la construcción de viviendas sociales u otras similares.".

Al artículo 6° 4.Del señor Sergio Jara

Al artículo 7° 5.De los señores Sotomayor, Hurtado, Chadwick, Recondo, Correa, Coloma, René García y Claudio Rodríguez

Al artículo 9° 6.De la señora Prochelle y de los señores Acuña, Alamos, Alvarez-Salamanca, Cardemil, Faulbaum, Galilea, René García, Hamuy Huenchumilla, Hurtado, Sergio Jara, Latorre, Letelier, Melero, Ojeda, Ortiz, Peña, Víctor Pérez, Ramírez, Recondo, Reyes, Hugo Rodríguez, Sabag, Salas, Taladriz, Ulloa, Valenzuela y Villouta "Facúltase al Tesorero General de la República para otorgar facilidades incluyendo condonación total o parcial de reajustes e intereses, hasta tres años, en cuotas periódicas, para el pago de las cuotas anuales provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex-Cora-Odena, con sus respectivos recargos, siempre que aquellas se encuentren morosas y se hubiere notificado el correspondiente mandamiento de ejecución y embargo.".

7.De los señores Acuña, Correa, Galilea, René García, Hurtado, Sergio Jara, Letelier, Masferrer, Melero, Naranjo, Ortega, Pizarro, Recondo, Hugo Rodríguez, Rojos y Taladriz "Facúltase al Tesorero General de la República para renegociar la deuda que mantienen con el Fisco los beneficiarios de la ley N° 19.118. El convenio de renegociación pactada no podrá exceder el plazo de 5 años.".

8.Del señor Sergio Jara para reemplazar en el inciso primero, el término "hasta un año" por el de "hasta seis meses".

9.De los señores Alamos y Peña para sustituir, en el inciso primero, las palabras "en cuotas periódicas" por "en cuotas semestrales".

Inciso nuevo 10.De la señora Prochelle y de los señores Acuña, Alamos, Alvarez-Salamanca, Cardemil, Faulbaum, Galilea, René García, Hamuy, Huenchumilla, Hurtado, Sergio Jara, Latorre, Letelier, Melero, Ojeda, Ortiz, Peña, Víctor Pérez, Ramírez, Recondo, Reyes, Hugo Rodríguez, Sabag, Salas, Taladriz, Ulloa, Valenzuela y Villouta "Con todo, podrá el Tesorero General, para los efectos de posibilitar el pago efectivo y total de la deuda, determina en la forma señalada en el inciso anterior, acordar con el deudor, hacer exigible y considerar como de plazo vencido todo saldo futuro insoluto y sujetarlo a las mismas modalidades y plazos de pago, que el aplicado a la deuda morosa.".

11.De los señores Acuña, Correa, Galilea, René García, Hurtado, Sergio Jara, Letelier, Masferrer, Melero, Naranjo, Ortega, Pizarro, Recondo, Hugo Rodríguez, Rojos y Taladriz "En el caso de las deudas morosas, la celebración del correspondiente convenio de pago producirá la inmediata suspensión de los procedimientos de apremio respecto del deudor que lo haya suscrito. Esta suspensión operará mientras el deudor se encuentre cumpliendo y mantenga vigente su convenio de pago.".

Inciso nuevo 12.De la señora Prochelle y de los señores Acuña, Alamos, Alvarez-Salamanca, Cardemil, Faulbaum, Galilea, René García, Hamuy, Huenchumilla, Hurtado, Sergio Jara, Latorre, Letelier, Melero, Ojeda, Ortiz, Peña, Víctor Pérez, Ramírez, Recondo, Reyes, Hugo Rodríguez, Sabag, Salas, Taladriz, Ulloa, Valenzuela y Villouta "Condónanse las deudas provenientes de los créditos fiscales derivadas de la cartera de deudores ex Cora-Odena, existente en favor del propietario expropiado, que hubiere adquirido de la ex Corporación de la Reforma Agraria, la ex Oficina de Normalización Agraria y el Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 67 de la ley 16.640 y en el artículo 2° del decreto ley NB 2.247, de 1978, el total o parte del mismo predio y respecto del cual no hubiere sido indemnizado. . El Servicio de Tesorerías podrá requerir los antecedentes que estime necesarios para determinar la procedencia de dicha condonación.".

13.De la señora Prochelle y de los señores Acuña, Alamos, Alvarez-Salamanca, Cardemil, Faulbaum, Galilea, René García, Hamuy, Huenchumilla, Hurtado, Sergio Jara, Latorre, Letelier, Melero, Ojeda, Ortiz, Peña, Víctor Pérez, Ramírez, Recondo, Reyes, Hugo Rodríguez, Sabag, Salas, Taladriz, Ulloa, Valenzuela y Villouta "Condónase a contar de la fecha de publicación de esta ley el 100% de los reajustes e intereses penales que afecten la deuda fiscal morosa al 1° de julio de 1993, dé aquellos propietarios de predios enajenados por la ex Corporación de la Reforma Agraria, la ex Oficina de Normalización Agraria y el Servicio Agrícola y Ganadero, en virtud de lo dispuesto en la letra e) del artículo 67 de la ley N° 16.640 y en el artículo 2° del decreto ley N° 2.247, de 1978, siempre que el propietario reúna, además la calidad de haber sido expropiado del total o parte del mismo predio y no hubiere recibido indemnización alguna como consecuencia del acto expropiatorio".