Labor Parlamentaria

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto que introduce modificaciones al decreto ley N° 3.625, de 1981, que regula la bonificación a la contratación de mano de obra, y al artículo 24 de la ley N° 18.591, que establece la vigencia de ese beneficio.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 1031-05 y figura en el N° 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 15a, celebrada el 13 de julio de 1993.

El señor DEVAUD.-

Señora Presidenta, Honorable Cámara:

La Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto que introduce modificaciones al decreto ley N° 3.625, de 1981, y al artículo 24 de la ley N° 18.591, que regula la bonificación a la contratación de mano de obra y establece la vigencia de ese beneficio, respectivamente.

Objetivo y estructura del proyecto.

La iniciativa tiene por objeto introducir algunas modificaciones a las normas sobre bonificación a la contratación de mano de obra, que se encuentra regulada especialmente en el artículo 22 del decreto ley N° 3.625, y en el artículo 24 de la ley N° 18.591.

El proyecto en estudio consta de tres artículos permanentes. Su idea matriz o fundamental consiste en incentivar la contratación de mano de obra en las regiones extremas del país, mejorando los sistemas actuales de bonificación.

El proyecto modifica el artículo 2° del decreto ley N° 3.625, de 1981, que modificó a su vez el decreto ley N° 889, de 1975, al establecer una bonificación equivalente al 17 por ciento de la parte de las remuneraciones imponibles que no excedan de 60 mil pesos y que los empleadores beneficiarios paguen a sus trabajadores. La bonificación está destinada a los empleadores que contraten trabajadores en la Primera, Undécima y Duodécima Regiones y en las provincias de Chiloé y Palena de la Décima Región.

En su inciso segundo, se exceptúan del beneficio al sector público, a la gran y mediana minería del cobre y del hierro, a los trabajadores de casas particulares y a las demás empresas que allí se indican.

Las otras disposiciones legales que modifica el proyecto en estudio son el inciso final del artículo 24 de la ley N° 28.591 y el artículo 21 de la ley N° 19.182, que cambiaron la vigencia de la bonificación hasta el año 1993.

En cuanto a los antecedentes presupuestarios o financieros, el informe remitido por la Dirección de Presupuestos estima que las enmiendas propuestas representan un efecto neto mínimo de mayor gasto fiscal equivalente a 135 millones de pesos mensuales, al elevar de 60.000 a 90.000 pesos el tope de la bonificación y fijar en 250.000 pesos la remuneración máxima que permite acceder al beneficio.

Sometido a votación general, el proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

Discusión y votación en particular.

En el artículo 1° se introducen seis modificaciones al artículo 2° del decreto ley N° 3.625, de 1981. Todas ellas se insertan en la idea matriz de perfeccionar el mecanismo de bonificación vigente.

La primera modificación sube el tope de la bonificación de 60.000 a 90.000 pesos, con lo cual se amplía su alcance.

La segunda modificación agrega a la lista las empresas que no tendrán derecho a la bonificación. Aparte de las relativas a la gran y mediana minería del cobre y del hierro y las otras ya señaladas, se excluyen expresamente de la bonificación a la contratación adicional de mano de obra a las administradoras de fondos de pensiones, a las isapres, a las casas de cambio, a las empresas corredoras de seguros, a las empresas beneficiarías del decreto ley N° 701, sobre bonificación forestal, y a los profesionales independientes.

La tercera modificación establece el tope máximo de la remuneración que se paga por el empleador, de 250.000 pesos mensuales, para tener derecho a acceder a la bonificación, de 17 por ciento, con un tope de 90 mil pesos.

La cuarta modificación precisa que no tendrán derecho a bonificación los empleadores que estén atrasados en más de dos meses en los pagos previsionales, pudiendo acogerse al beneficio una vez que se pongan al día, sin derecho a recuperar la bonificación por el tiempo intermedio.

La quinta modificación señala que la bonificación será pagada sólo por los trabajadores con más de seis meses de trabajo ininterrumpidos en la respectiva empresa.

La sexta modificación introduce una adecuación de referencia específica.

Puestas en votación las letras a), b) y f) del artículo 1°, fueron aprobadas, sin modificaciones, por unanimidad.

La letra d), que se refiere a la situación de los empleadores atrasados en los pagos previsionales por más de dos meses, se aprobó por 6 votos a favor y 1 en contra.

La letra e), que dispone que la bonificación se pagará respecto de trabajadores que lleven más de seis meses trabajando ininterrumpidamente en la empresa, se aprobó por 5 votos a favor y 3 en contra.

A propósito de la letra c), relativa a las empresas que no son beneficiarías del pago adicional por contratación de mano de obra, el Diputado señor Ringeling formuló una indicación para agregar entre las expresiones "1974," y la conjunción "y", la siguiente frase: "en relación con los trabajadores que laboren en la actividad forestal". Tenía por objeto hacer extensivo el beneficio del pago adicional por contratación de mano de obra a las empresas beneficiarlas de la bonificación contenida en el decreto ley 701. Puesta en votación, fue rechazada por 3 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

El artículo 2° amplía la vigencia de la bonificación hasta 1999. Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 3° faculta al Presidente de la República para refundir en un solo texto las disposiciones sobre bonificación a la contratación de mano de obra. Puesto en votación, fue aprobado por unanimidad.

En el debate del proyecto, la Comisión consideró el planteamiento del Diputado señor Pérez, don Juan Alberto, sobre la aplicación de la bonificación en estudio a la provincia de Palena en la Décima Región. A este respecto, los Diputados señores Orpis y Pérez, don Juan Alberto, formularon una indicación interpretativa, que fue declarada inadmisible, del siguiente tenor: "Para los efectos de esta ley y de todas aquellas en que incida, se entenderá que la provincia de Palena, escindida en 1985 de la de Chiloé, está compuesta de las comunas de Palena, Chaitén, Futaleufú y Hualaihué."

El problema se produjo especialmente por la consideración de que la comuna de Hualaihué ha sido agregada con posterioridad a la actual provincia de Palena. De manera que la Comisión estimó inadmisible una indicación de esa naturaleza, que tiene incidencia en la división administrativa y política del país.

Constancias:

Disposiciones del proyecto de ley que deben aprobarse con quorum especial, no hay.

Disposiciones o indicaciones rechaza-das: la del Diputado señor Ringeling, relativa a la actividad forestal.

Indicaciones declaradas inadmisibles: la sustentada por los Diputados señores Orpis y Pérez, don Juan Alberto, relativa a la descripción de las comunas que integran la provincia de Palena.

En conclusión, la Comisión de Hacienda propone aprobar el proyecto en la forma en que ha sido presentado.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señora Presidenta, el proyecto en estudio ha sido anunciado por el Presidente de la República como parte de una de las tantas so-luciones que se darán a la situación gene-rada en Arica, pese a que también beneficia a otras regiones del país.

Si analizamos cómo influye esta iniciativa en el norte, en la Primera Región de Tarapacá, sin entrar en detalles respecto de lo que, a lo mejor, otros colegas van a mencionar sobre sus regiones del sur y, en especial de Chiloé, podríamos decir lo siguiente: Arica está definida como una ciudad de servicios y, como tal, se busca su desarrollo a través del turismo, del transporte y, por qué no decirlo, del poco comercio que va quedando.

El proyecto modifica el artículo 2° del decreto ley N° 3.625, de 1° de marzo de 1981, en el cual se estipulaban 60.000 pesos como base para acceder a la bonificación. Si actualizamos ese dinero a 1993, alcanzaría a más o menos 250.000 pesos. Sin embargo, el monto anterior sólo se re-ajusta en 50 por ciento; es decir, de 60.000 a 90.000 pesos.

En la Comisión de Desarrollo de Arica, que preside el Diputado señor Luis Leblanc, el gobernador de la provincia se manifestó bastante contento con que en la reunión sostenida con Su Excelencia el Presidente de la República se informara que se enviaría este proyecto con un tope de 10 unidades de fomento, lo cual permitiría que el monto de la bonificación fuera reajustándose. Esto por una razón muy sencilla: querámoslo o no, el empresario tiende a pagar hasta el monto donde pueda recibir la bonificación y, por lo tanto, los trabajadores siempre quedarán en los límites de 60.000 ó 90.000 pesos de remuneración.

Es más, se habla de un tope máximo por el cual se puede impetrar esta bonificación, que es de 250.000 pesos, en circunstancias de que antes no tenía límite. Ahora se nos dice que respecto de los trabajadores que ocupan mandos medios y que perciben 260.000 pesos, las empresas tampoco tendrán el incentivo de la bonificación. Por lo tanto, a ninguna le interesará aumentar las remuneraciones de dichos trabajadores.

El proyecto también trae otro castigo, pues antes se pagaba la bonificación a todos los trabajadores que ingresaban a una empresa privada. Ahora, se estipula que debe tener seis meses de trabajo corrido en la empresa para que el empleador acceda a la bonificación. Con esto se limita la contratación de mano de obra, en especial la temporal, como es el caso de las industrias de maquila que trabajan en textiles y ocupan a los trabajadores cada cierto tiempo, dependiendo de la demanda que hagan los países vecinos de blue jeans y camisas que se confeccionan en Arica.

Se habla de Arica como ciudad de ser-vicios, de la carga internacional de Bolivia, del futuro puerto chileno para el uso del Perú.

En estos proyectos y en particular en los convenios de 1929 que en estos momentos se trata de aprobar por la Constituyente Peruana, que después los veremos aquí en Chile, se dice que las empresas de seguros de estiba y desestiba, que muevan esta carga peruana, serán chilenas. Sin embargo, aquí estamos sacando de la bonificación a las empresas corredoras de seguros, a las casas de cambio, cuando precisamente en esa ciudad se requiere bonificar todas las actividades de servicios, como, insisto, las de turismo y de carga.

Esta situación es preocupante, porque el paro que hubo en Arica no tuvo fines políticos. Solamente se trataba de dar a conocer al país una realidad que se venía viviendo desde hace mucho tiempo. No quiero responsabilizar al gobierno pasado ni a éste. Es una situación real, en una ciudad que necesita soluciones de Estado, donde no tan sólo tengan validez las posiciones políticas del Ejecutivo o del Legislativo, sino también la de otros sectores, que interactúen para decidir qué hacer con esta zona.

El proyecto en debate es una de las tantas medidas que permitirá a la ciudad salir adelante. Estamos creando una zona franca industrial para que vengan peruanos, bolivianos, taiwaneses a producir en Arica. Para ello necesitamos ser competitivos, y si queremos tener una ciudad Arica chilena debemos darle las herramientas que le permitan la competitividad necesaria para actuar. Sin embargo, acá la estamos amarrando, no digo con pequeñas granjerías, sino con algunas disposiciones que no conducen a su desarrollo. A Arica, que está a 2.200 kilómetros de Santiago, sin agua, con la ciudad más cercana, Iquique, a 300 kilómetros, le estamos limitando su crecimiento, producto de una serie de medidas que el Ministerio de Hacienda, a lo mejor, considera necesarias.

Este proyecto, que parece permitir bonificar a los empleadores, a los inversionistas, debe ir allá, debe abrir las puertas para dar trabajo a miles de personas que en este momento lo necesitan, a miles de personas que si no les damos la oportunidad de ganar una remuneración justa, las llevamos a la opción de que es más fácil vender drogas y obtener 100 mil pesos que trabajar donde no les pagarán más de 60 mil pesos.

Entonces me pregunto: ¿este proyecto permitirá solucionar los problemas de Arica o es bencina que estamos echando a una ciudad para que vuelva al Morro de Arica a poner una bandera negra en vez de la chilena, por la simple razón de que nos sentimos alejados y despreciados por el resto del país?

Con sinceridad, votaré por este proyecto porque de algo servirán estos 90 mil pesos a la situación de Arica, pero me gustaría saber si el Presidente enviará alguna indicación que suba esta cantidad a 10 unidades de fomento, lo que daría un respiro mejor. Si sacáramos la exigencia de seis meses continuos para bonificar a la empresa, sería otro respiro. Los 250 mil pesos, por último, los dejamos, porque son para la clase media, que está acostumbrada a sufrir. Pero no es posible votarlo tal cual, pues es un mejoral para un cáncer, y ese cáncer no se mejora con este tipo de medicamento, sino con otros mucho más fuertes, que es lo que requiere Arica.

Se anuncia que viene otro proyecto, con "suma" urgencia, sobre devolución del IVA y del 6 por ciento, que sería otra solución. Sin embargo, no lo será para los comerciantes minoristas, pero sí para las grandes tiendas mayoristas. Es decir, es-tamos legislando mal, y no quiero ser cómplice de este tipo de legislación que ' hunde a una ciudad tan sensible para el país, fronteriza con Perú y Bolivia. Necesitamos que Arica sea fuerte y grande, porque de esa manera resulta muy difícil que los nacionalistas peruanos continúen la presión por revisar el Tratado de 1929. Esa es la actitud que tienen nuestros vecinos. Por eso, de alguna manera tenemos que fortalecer a la ciudad de Arica.

He dicho.

El señor LEBLANC.-

Señora Presidenta, en primer lugar, me alegro de que estemos discutiendo un proyecto referido a nuestra zona sobre materias que ya hemos tratado en este hemiciclo en reitera-das oportunidades.

Como se ha señalado, esta iniciativa se enmarca dentro de una de las medidas que, días atrás, dio a conocer su Excelencia el Presidente de la República, en orden a estimular el desarrollo de una zona extrema bastante deprimida.

Sin perjuicio de haberse informado y señalado con mucha claridad el paro que hace algunas semanas hubo en Arica, que significó una paralización de todas sus actividades, cabe señalar que este proyecto se encontraba hace un tiempo, y quizás demasiado tiempo, en elaboración y análisis en el Ministerio de Hacienda.

Afortunadamente, el Ejecutivo, comprendiendo la situación de Arica y de sus habitantes, le otorgó "suma" urgencia a su tratamiento, lo que permite que hoy nos aboquemos a su discusión en particular y en general.

Como lo he dicho en reiteradas ocasiones, Arica fue una ciudad con mucho empuje, desarrollo y esplendor. Sin embargo, desde hace más de una década fue desprovista de todos sus activos industriales, de sus garantías, de sus beneficios y franquicias que permitían un desarrollo sostenido.

El esfuerzo desplegado en tres años no ha sido suficiente para reactivar una economía absolutamente deprimida. Iniciativas como ésta tienden, dentro de un con-texto global, a mejorar esta situación, que es el compromiso del Gobierno y de los parlamentarios.

No hay duda de que ha lugar a efectuar varias observaciones a este proyecto. No obstante, debemos compatibilizar dos casos fundamentales: el marco global de-finido respecto de las variables del desarrollo para nuestro país, con un sistema y modelo económico vigente, y las especiales y particulares características de una zona extrema, que la coloca en una dimensión muy diferente del resto del país, toda vez que estamos hablando de una zona fronteriza.

El desarrollo sostenido no podemos entenderlo por la vía de la excepcionalidad; no podemos concebir que para que haya progreso y desarrollo tengamos que estar permanentemente situándonos en el contexto de las bonificaciones, de las excepciones, de las granjerías y de las regalías particulares. De esa forma no habrá desarrollo sostenido. Pero las especiales características de esta zona extrema indican que es necesario proceder a ciertos ajustes y delimitar algunas circunstancias especiales que, por ejemplo, justifiquen el espíritu de este proyecto que bonifica la contratación de mano de obra.

La lejanía geográfica, la limitación de sus recursos, la particular realidad que ya hemos señalado indica que hoy, además de ser una zona deprimida, tiene una mano de obra cara, ya que todo es más caro en Arica. Hay que estimular de algún modo esta contratación para que permita bajar los índices de cesantía que muestra nuestra zona.

Por ello, este proyecto es oportuno, bueno y saludable, aun dentro de la excepcionalidad que muchos no terminan de comprender en el país ni en este hemiciclo. Entendemos que no es ni debe ser la norma general; pero apelamos a la comprensión del país y de nuestros propios colegas, porque esta realidad tan propia requiere de esta excepcionalidad.

Hay algunos alcances del proyecto que merecen alguna opinión de mi parte. La prórroga es fundamental. No podemos pensar que el desarrollo llegará de un día para otro, cual varita mágica, como algunos lo piensan. Debemos entender el desarrollo como un proceso, y este proyecto, como una parte de un complejo sistema que se debe aplicar en el marco de las iniciativas de desarrollo planteadas para la zona. Aquí se decía que hay un parque industrial en formación y un plan de in-versiones turísticas que se empieza a estimular. Para ello, obviamente, hay que implementar algunos mecanismos que favorezcan el impulso de estos proyectos con mayor energía.

Es importante esta prórroga, como también lo que señala el proyecto, que el trabajador deba tener a lo menos seis meses de antigüedad para ser acogido a este beneficio. Esto tiene una explicación, que no la señala el proyecto y que tampoco se ha dicho en esta Sala. Como en todas partes, desgraciadamente, se ha comprobado que ha habido mal uso de esta franquicia, desde el momento en que hay empleadores que usando el expediente de la bonificación y de la contratación de mano de obra, han hecho en reiteradas oportunidades contrataciones simuladas. Se han detectado en muchas empresas planillas falsas que son presentadas en su oportunidad para cobrar esta bonificación. Una cosa es la franquicia y otra, el abuso. Por eso, es importante establecer estos seis meses, única forma de clarificar la permanencia de aquel trabajador y de evitar el uso malicioso de este beneficio.

Por otro lado, no hay duda de que es fundamental que los empleadores se encuentren al día en el pago de las planillas de imposiciones para impetrar el beneficio. Es muy importante, porque aquí tenemos que compatibilizar este beneficio con las obligaciones legales que todos los chilenos debemos cumplir.

En el proyecto, echo de menos que los montos señalados no se expresen en alguna unidad que cubra la reajustabilidad. Es importante que esto esté señalado en unidades de fomento para evitar problemas que ha tenido esta excepción de que se congele el monto mientras, naturalmente, los índices de inflación crecen.

Espero que el Ejecutivo cumpla su compromiso de reestudiar la posibilidad de que esto pueda ser ampliado y se indique con absoluta claridad algún mecanismo de reajustabilidad, lo que se traduce, en mi opinión, en aplicar la unidad de fomento. Ese podría ser el mecanismo a través del cual pudiésemos dejar permanentemente esta prórroga hasta el término de este beneficio.

Por último, quiero señalar que este proyecto, como dije, es parte de un con-junto. Estamos a la espera de tratar aquel otro que también permitirá devolver el 6 por ciento y el IVA de todos los turistas extranjeros que compren mercaderías en nuestra zona.

Si nosotros enfocamos el progreso y el desarrollo de Arica sólo en la perspectiva limitada del análisis de éste y del otro proyecto, no daremos a conocer una misión global, de conjunto, que permita a este hemiciclo captar la intensidad de los proyectos de desarrollo para Arica.

Por eso, manifiesto mi satisfacción y anuncio mi voto favorable a este proyecto.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, quiero señalar algunos antecedentes de carácter general.

El proyecto responde a una movilización que desarrolló una de las zonas ex-tremas del país, como es Arica. El paro generalizado, en el fondo, ha sido el fusible que ha saltado en las regiones apartadas e históricamente abandonadas. En el análisis del desarrollo de Chile se ve una línea divergente entre la Metropolitana y las demás regiones. No es posible sostener que ha habido un desarrollo integral si en el 2 por ciento del territorio que habita el 40 por ciento de la población se realiza el 85 por ciento del gasto público. El 70 por ciento de la juventud, entre los 15 y 24 años, vive en la Región Metropolitana. El 70 por ciento del esfuerzo de ciencia, cultura y tecnología se desarrolla en ella a costa de las regiones. Prácticamente el 60 por ciento del territorio está abandonado: los sectores costeros y de montaña. En la zona austral -el 34 por ciento del territorio- el problema obedece a la falta de accesibilidad a las comunicaciones, a la salud y a la educación. Esto ha provocado una emigración rural dramática. Según los censos, desde 1960 a la fecha, la población rural ha bajado de más del 30 por ciento al 15 por ciento. La gente emigra de las localidades abandonadas a las grandes urbes. Pero con ello no resuelve su problema socioeconómico. Al contrario, lo agrava, y en el lugar del cual sale deja los recursos en estado potencial, sin desarrollo intensivo, incluso con graves problemas ambientales. De persistir esta línea, sucederán hechos como los que ocurren en Arica.

En este contexto, el proyecto que hoy llama nuestra atención es una gota en un tremendo vaso de agua y no resolverá el problema. Entre esto y nada, sólo queda aprobarlo, ya que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sin embargo, quiero mencionar algunos elementos específicos que contiene. Establece determinadas exclusiones, que son convenientes. La letra c) de su artículo 1° dice que no tendrán derecho a la bonificación las administra-doras de fondos de pensiones, las instituciones de salud previsional, las casas de cambio, las empresas corredoras de seguros, los empleadores que perciban la bonificación del decreto N° 701 y los profesionales independientes.

El objetivo de estas bonificaciones, en el fondo, es incentivar el empleo de mano de obra en las áreas extremas, como una manera de invertir para que se desarrolle el potencial abandonado. Obviamente, esto se recupera a través de lo que producen para la totalidad de la nación.

Llama la atención que se agreguen restricciones, particularmente, por ejemplo, la que se refiere a la bonificación del decreto ley N° 701, a la forestación y reforestación. Por tanto, creemos que esto debiera votarse en forma separada, lo que pediremos en su oportunidad.

Nos parece positivo que la bonificación no se pague a los empleadores que tengan atrasados por más de dos meses los pagos previsionales, como manera de incentivarlos a que estén al día en esta obligación.

Con respecto a la letra e) del mismo artículo, el hecho de que la bonificación se pague sólo por quienes lleven trabajando por más de seis meses ininterrumpidamente para el empleador nos parece desfavorable para los propósitos de incentivo a la mano de obra. En la zona austral, por ejemplo, las faenas de cultivo del salmón o de reforestación, requieren períodos menores a seis meses. Por lo tanto, los trabajadores del sector se verán impedidos de recibir la bonificación y, obviamente, no se cumplirá con la finali-dad del proyecto.

En cuanto al pago de las bonificaciones, hemos recibido quejas de que hay demora excesiva, que se manejan en forma centralizada y que otros, que de alguna manera tienen derecho a la bonificación por inversión y reinversión, no la alcanzaron porque, si bien la ley establece el pago retroactivo, al estar acotado el fondo la disposición quedó prácticamente en letra muerta.

En resumen, el proyecto tiene algunas ventajas, pues aumenta en 50 por ciento la bonificación -de 60 mil sube a 90 mil-, pero creemos que no resuelve el problema que históricamente vive nuestro país y que no ha sido resuelto por la regionalización, más bien formal que funcional. La mentalidad centralizadora debe abordarse con una iniciativa de carácter nacional bastante más importante que estas medidas legales.

Hecho este preámbulo, aprobaremos en general el proyecto, sin perjuicio de dejar constancia de que en la discusión particular pediremos votación separada en las letras que mencioné.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, desde el punto de vista de la administración financiera del Estado, es improcedente la votación separada de las letras a), b) y c) del artículo 1°, por cuanto contienen un conjunto de medidas que exigen un volumen definido de recursos. El rechazo de cualquiera de ellas significará un incremento en el gasto, lo cual se aparta del espíritu del mensaje. Las siguientes sí se pueden votar separada-mente, porque no tienen la misma implicancia.

Además, quiero poner en conocimiento de la Sala que la Comisión Mixta, al discutir ayer el contrato individual de trabajo, rechazó los 25 días de feriado para los trabajadores de las zonas extremas, con el voto desfavorable de los Diputados de la Derecha y de uno del Partido por la Democracia.

Como estamos hablando de temas relativos a las regiones extremas, considero importante que la Cámara se imponga de este resultado.

Agradezco la interrupción que me concedió el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, lamentamos la decisión adoptada ayer por la Comisión Mixta, porque ha quitado una de las garantías de que gozaban las regiones extremas del país por muchos años. Se pedía volver a la situación que existió en éstas durante largo tiempo y que el Gobierno anterior quitó a sus trabajadores. El proyecto que analizamos tiene como propósito incentivar la contratación de mano de obra en esas mismas regiones.

Hace poco, a un rector de una universidad importante del país se le preguntó cuáles eran los problemas más inmediatos que tenía Chile, y él señaló tres: la contaminación ambiental, la pobreza y la centralización. Compartimos plenamente que éstos son los tres problemas funda-mentales del país, y por nuestra parte en diversas oportunidades hemos planteado el de la centralización, que impide el crecimiento de las regiones, especialmente de las extremas.

Debemos decir, con claridad, que el Gobierno ha carecido de una política integral frente a las regiones extremas. Por eso, está en deuda con todas ellas. Por lo general, el mercado no basta para desarrollar económicamente las regiones demasiado débiles, como las extremas. De allí que el problema amerite un estudio serio que determine la situación real de cada zona, para poner recursos económicos en marcha, posibilitar su crecimiento y desarrollo e integrarla al resto del país. El mal de Chile, precisamente, es el centralismo. Una gran metrópoli crece en forma exagerada, en desmedro de las otras zonas del país. Esperamos que en el próximo Gobierno se realice el estudio para que las regiones extremas puedan incorporarse con toda su capacidad económica. Si bien el proyecto no soluciona íntegramente los problemas, es un aporte considerable. Desde luego, mejora lo que se hizo en el Gobierno anterior, lo que ya es importante.

En cuanto al contenido del proyecto, estamos en desacuerdo absoluto con algunas modificaciones a la ley anterior. Sobre todo, no compartimos que se pague subvención a las empresas que tienen trabajadores por más de seis meses. Esto deteriora o cambia un poco la realidad y hace más difícil que se contrate mano de obra. En las regiones existe mucho trabajo temporal, y lógicamente por las personas que lo realizan no recibirían el aporte del Estado que se contempla en el proyecto. Por eso, no conviene al interés de las regiones y no incentiva la contratación de mano de obra.

En segundo lugar, es importante que se beneficie sólo a los que están al día en el pago de las imposiciones. Es una de las cosas más importantes, porque incentiva a que los patrones permanentemente impongan sus imposiciones a los trabajadores.

Hubiera sido preferible que la cantidad específica de 90 mil pesos se hubiera expresado en unidades de fomento. La ley rige hasta 1999 y lógicamente va a sufrir un deterioro bastante importante, disminuyendo su valor real. Para conservar el valor de la moneda, debió quedar expresada en unidades de fomento y no en pesos. En consecuencia, debiera oficiarse al Ministro de Hacienda para que los 90 mil pesos se conviertan en las unidades de fomento que correspondan de manera de tener una cantidad reajustable.

Si bien no significa una solución total a los problemas de las regiones extremas, donde, por la debilidad de la economía el mercado no funciona y el Estado tiene el deber de incentivar el desarrollo económico asignando mayores recursos, el proyecto significa un aporte importante a la contratación de mano de obra. Por eso, y a pesar de las objeciones expuestas, le daremos nuestro apoyo.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, como se ha señalado, este proyecto centra su discusión en el rol del Estado en la economía del país. Aquellos que sostienen que el mercado es el que asigna los recursos y prioriza las necesidades encuentran aquí su más profundo desmentido. Se alzan voces para que el Estado cambie su finalidad y soporte las penurias, los riesgos y hasta los malos negocios que realizan los que sostienen, precisamente, el imperio del mercado. Según ellos, el papel subsidiario del Estado se debe limitar a establecer y a realizar aquellas cosas que los privados no pueden hacer. Sin embargo, este proyecto se ha considerado insuficiente cuando el Estado ha asumido un papel activo para solucionar algunos problemas de las regiones limítrofes de nuestro país.

Según datos del Ministerio de Planificación Nacional, actualmente, el 76 por ciento de la inversión es de carácter privado, y solamente el 24 por ciento es público. En consecuencia, corresponde a este 76 por ciento, si quiere asumir la tarea de engrandecer el país, realizar las inversiones en aquellas regiones donde se extraen o se procesan las materias primas. No se puede hablar de regionalización mientras esta economía privada, que cubre el 76 por ciento de la inversión del país, no se regionalice y descentralice, porque mientras el aparato político y administrativo del Estado está haciendo un esfuerzo en ese sentido -que constatamos a través de la Ley de Gobiernos Regionales-, el sector privado no se regionaliza ni se descentraliza. Por el contrario, los flujos de dinero que se extraen de las provincias y de las regiones se invierten, en definitiva, en la Región Metropolitana o en el extranjero. Esta ley es un correctivo, porque el Estado asume el papel activo de mejorar las condiciones de vida de las regiones extremas.

Pero hay otro problema, más propia-mente una injusticia, que se mantiene en la ley. Este proyecto modifica el decreto ley N“ 889, de 1975, por el que se favorece con diferentes incentivos a las Regiones Primera, Segunda, Tercera, Undécima y Duodécima, y a la actual provincia de Chiloé, que se escindió en dos: la de la Isla Grande de Chiloé y sus lotes adyacentes, y la provincia de Palena. A su vez, esta última incorporó a la comuna de Hualaihué. En consecuencia, por un sentido literal de la ley, la comuna de Hualaihué no se encuentra incorporada en estos incentivos a la provincia de Palena.

La provincia de Palena, compuesta por Chaitén, Hualaihué, Futaleufú y Palena, tiene, de acuerdo con el censo de 1992, 20.836 habitantes, y como la comuna de Hualaihué tiene 8.544 habitantes, prácticamente, el 50 por ciento de los habitantes de la provincia de Palena, vive en la comuna de Hualaihué, que anterior-mente perteneció a la de Llanquihue.

Con este proyecto se mantiene en una especie de área rara a la comuna de Hualaihué, ya que no recibe los incentivos que establece el proyecto. Los Diputados señores Orpis y Juan Alberto Pérez presentaron una indicación con el objeto de determinar qué comprende la provincia de Palena. Y decían que para los efectos de esa ley, y de todas aquéllas en que incidan, se entenderá que la provincia de Palena, escindida en 1985 de la de Chiloé, está compuesta de las comunas de Palena, Chaitén, Futaleufú y Hualaihué.

La indicación fue declarada inadmisible, pero en el informe no se señalan las razones por las cuales se procedió así, no obstante que en el mismo informe, en la página 2, se señala que esta bonificación destinada a los empleadores que contraten trabajadores, se refiere -dice el informe- a las regiones Primera, Undécima y Duodécima y a las provincias de Chiloé y Palena, de la Duodécima Región. Por tanto, no se observa cómo Hualaihué pueda quedar excluida de estos beneficios, en circunstancias de que pertenece a la provincia de Palena. Nadie ha discutido esta circunstancia legal y de hecho de la configuración actual de la provincia de Palena.

No se comprende por qué se declaró inadmisible esta indicación que beneficiaba a la comuna de Hualaihué, ya que pertenece, efectivamente, a la provincia de Palena. La razón que se aduce, que en el informe no se contiene, es que al agregar a la comuna de Hualaihué se estaría aumentando el gasto. En consecuencia, esto debiera ser de iniciativa del Ejecutivo y no moción parlamentaria. Me parece

que si interpretamos a la letra lo que es la provincia de Palena, llegaremos a la forzosa conclusión de que ella comprende a la comuna de Hualaihué. Al hablarse de la "actual" provincia de Chiloé, debe considerarse que "actual" es un adjetivo que significa presente, en el mismo momento, de modo que si posteriormente la misma provincia de Chiloé se dividió, no se ve cómo en ese caso, llevando la situación a un extremo, podría ser beneficiada la provincia de Palena, porque tampoco lo menciona el decreto ley N° 889. En consecuencia, cualquiera zona o área que se incorpore a alguna provincia mencionada en estos incentivos debería también hacerse acreedora a ellos, no obstante que al momento de dictarse el decreto ley N° 889, de 1975, no estaba configurada en esa forma la división administrativa y política del país.

Por esas razones, considero admisible la indicación. Por lo tanto, solicito que, si les parece a los señores Diputados, se oficie al Ejecutivo para que incluya en estos beneficios a la comuna de Hualaihué de la provincia de Palena.

He dicho.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, se han abordado varios puntos que inciden específicamente en el informe presentado hoy a esta Corporación, relativo a los beneficios de la contratación adicional de mano de obra.

El Diputado señor Valcarce formuló dos objeciones muy precisas. La primera, al tope de 90 mil pesos para que los empresarios accedan a los beneficios y la segunda a la determinación de este tope en pesos y no en unidades reajustables, como había sido anunciado.

Oportunamente, el alcalde de Arica, señor Hernán Lagos, hizo la objeción pertinente cuando fue especialmente invitado a la Comisión para comentar el tema que no sólo se refiere a Arica, sino que a las regiones extremas del país.

Tanto la definición del tope de contratación adicional de mano de obra cómo su determinación en pesos y no en unidades reajustables, por desgracia, no son materias de iniciativas parlamentarias, sino que corresponden a una facultad exclusiva y pertinente del Ejecutivo.

Luego, el Diputado señor Valcarce objetó la agregación del quinto inciso del artículo pertinente que se modifica, en cuanto señala que la bonificación por contratación adicional de mano de obra será pagada sólo por el número de trabajadores que lleven trabajando ininterrumpidamente más de seis meses para el empleador. Esta disposición tiene dos justificaciones que vale la pena señalar. En primer lugar, la observación formulada por el Diputado señor Leblanc al defender precisamente este artículo. Uno de los juicios que se consideró para aprobar la agregación de este inciso quinto tenía por objeto evitar los consabidos fraudes por las planillas fantasmas de trabajadores. Una de las maneras de cautelar los recursos fiscales comprometidos en la bonificación de contratación adicional de mano de obra consiste en establecer un rango de permanencia para concederla.

En segundo lugar, la agregación del inciso quinto apunta a ciertos rangos mínimos de estabilidad laboral, que nos parecen prudentes y necesarios.

Luego, el Diputado señor Horvath objetó el tema de las empresas excluidas. En el informe, señalé que aquí se han agregado a las empresas excluidas del beneficio de contratación adicional de mano de obra, las administradoras de fondos de pensiones, las instituciones de salud provisional, las casas de cambio, las empresas corredoras de seguros, los profesionales independientes y los empleadores beneficiarios de la bonificación forestal del decreto ley N° 701.

El punto en discusión se da específicamente respecto de los empleadores beneficiarios del mencionado decreto ley.

El decreto ley N° 889, de 1975, apuntaba principalmente a bonificar la contratación de mano de obra productiva. No obstante, todas las empresas señaladas, con excepción de las beneficiarías del decreto ley N° 701, son empresas de servicios.

La justificación por la cual se excluye a las empresas beneficiarías del decreto ley N° 701 es la incompatibilidad que establece el proyecto entre los empresarios beneficiarios de la bonificación otorgada por dicho decreto con la bonificación adicional de mano de obra, debido a que ese empleador no debería ser beneficiario de una doble bonificación por distinta causa. Es decir, no puede ser beneficiario respecto de su giro empresarial -referido a la bonificación forestal, que es un recurso del Estado implícito en el desarrollo de este tipo de actividad- con la bonificación adicional de mano de obra.

Esto es lo que, en este caso, nos impulsa a votar favorablemente la exclusión de las empresas forestales beneficiarias del decreto ley N° 701.

Por último, no hay que olvidar que los beneficiarios de la bonificación por contratación de mano de obra no son los trabajadores en forma directa, sino los empleadores. Lo que sucede es que hay un incentivo para la contratación, pero a los trabajadores se les aplica una regla general muy clara y categórica y se les contrata mediante normas comunes y generales a toda la legislación chilena.

El Diputado señor Horvath también hizo un juicio crítico, que comparto, al centralismo de la nación. Ello me lleva a preguntar, a pesar de que no es el tema en debate, si los federalistas de 1826 no tenían razón, pues a fines del siglo XX nos encontramos con que los intereses regionales se siguen resolviendo en la capital del reino.

He dicho.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, sólo me referiré a las personas que reciben bonificación a través del decreto ley N° 701.

Está bien que los empresarios no reciban doble bonificación, y menos por los trabajadores que realizan faenas forestales. Pero hay muchos empleadores que tienen dos o tres actividades y mantienen trabajadores que ejecutan otras labores que nada tienen que ver con lo establecido en el decreto ley N° 701. De acuerdo con la redacción del proyecto, tampoco recibirían bonificación por esos trabajadores, por ser acreedores a la bonificación otorgada por dicho decreto, lo que no es justo. De manera que si la intención es buena, el proyecto está mal redactado, porque hay empresarios que no recibirán bonificación, en circunstancias de que su actividad nada tiene que ver con lo dispuesto en el decreto ley N° 701.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, sólo quiero aclarar algunos conceptos de mi primera intervención, que, al parecer, no fueron comprendidos por algunos parlamentarios.

Soy un convencido de que el sistema de economía social de mercado es un buen asignador de recursos. Sin embargo, es claro que la Constitución Política del Estado y el modelo económico permiten un Estado subsidiario. Así como se destinan muchos recursos para subsidiar actividades del centro del país, como las empresas y vehículos que provocan el problema del "smog", en ese mismo contexto también las regiones necesitamos el subsidio del Estado. Por lo tanto, el modelo funciona; no "lloramos" por ser estafetas, sino porque los mecanismos funcionen como corresponde.

Respecto del plazo de seis meses que establece el artículo 5° para impetrar la bonificación de los trabajadores que estén empleados, se dice que se ha hecho así porque han existido fraudes. Con este argumento, deberíamos limitar muchas cosas en el país, pero ésa no es la solución. Ella está en la fiscalización que debe practicarse no sólo a las grandes empresas, sino a las pequeñas, que también pueden prestarse para este engaño al Estado.

También es necesario que quienes no cumplen o hayan transgredido la bonificación reciban el castigo adecuado y que las sentencias se cumplan, no como ha ocurrido hasta ahora, en que, después de conocerse una investigación, todo queda en el aire sin responsables ni en el sector fiscalizador ni en el que ha cometido el delito.

He dicho.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, siguiendo la argumentación del Diputado señor Elgueta y a petición del Diputado señor Juan Alberto Pérez -que no está presente-, quisiera que se revisara la declaración de inadmisibilidad -a mi modo de ver equivocada.- hecha por el Presidente de la Comisión de Hacienda respecto de la indicación relativa a los beneficios que establece el proyecto para la provincia de Palena, especialmente para la comuna de Hualaihué. Quiero explicar en forma breve el fondo del problema, que es de orden práctico.

Cuando se establecieron los beneficios del decreto ley N° 701, sobre contratación de mano de obra y otros contemplados en dicho cuerpo legal, la normativa se refirió a la provincia de Chiloé, porque no existía la de Palena. Posteriormente, cuando se creó la provincia, se fundaron tres comunas, más una cuarta que provenía de la actual Décima Región, provincia de Llanquihue de ese tiempo. Por lo tanto, en la actualidad, las tesorerías, que otorgan materialmente el beneficio, no han tenido un criterio permanente; algunas veces pagan, otras, no, pero nunca han pagado a los habitantes de Hualaihué.

En el mensaje se estableció claramente que la intención es otorgar el beneficio a las actuales provincias de Palena y de Chiloé. Por lo tanto, lo único que se pretende es interpretar el espíritu, que ya está claro en la iniciativa, agregando un artículo que señale con precisión que los beneficios se refieren a la actual provincia de Palena.

Es algo tan evidente que podríamos acordar, por unanimidad, renovar la indicación y aprobar el proyecto, porque éste tiene calificación de "suma" urgencia y porque pensamos que no existe inconstitucionalidad.

Asimismo, si existiera disposición, podríamos agregar -aunque es más difícil- lo relativo al decreto ley Ne 701, porque hay un error; no existe un problema de interpretación. La ley pretende que no se pague doble subsidio a los empleadores beneficiarios de trabajos forestales, porque un comerciante que tiene un predio agrícola sujeto a dicho cuerpo legal, estaría inhibido para contratar mano de obra, pues la normativa habla del empleador en general y no de los trabajos relacionados con el decreto ley N° 701.

Por eso, solicito la unanimidad para reconsiderar lo relativo a Hualaihué y, si es posible, al decreto ley N° 701.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, sería conveniente que la bonificación a la contratación de mano de obra en algunas regiones del país se hiciera extensiva a las zonas del carbón en que existen problemas.

Esta situación no debiera interesar sólo a los parlamentarios de esa región, sino ser una iniciativa del propio Gobierno. Tanto en la comuna de Coronel como en la provincia de Arauco existen serios problemas, pues en marzo del próximo año se va a cerrar la mina de Schwager y van a quedan cesantes más de 600 trabajadores, aparte de los 700 que fueron despedidos el año pasado, sin contar con la incertidumbre de lo que ocurrirá con los mineros de las comunas de Lota y de Lebu.

Por eso, pido que se oficie al Presidente de la República y a los Ministros del Trabajo y de Hacienda, para que se ex-tienda la bonificación de la mano de obra a esta zona, con el objeto de incentivar a los empresarios para que se instalen en el nuevo parque industrial que se construirá en la comuna de Coronel, para incentivar la instalación del puerto, que también está en perspectiva en la comuna y para estimular a los empresarios que deseen instalarse en la comuna de Penco. En virtud de un acuerdo firmado ayer entre Sercotec y los alcaldes de Penco, Coronel y Tomé, se instalarán fábricas de muebles de exportación, lo que permitirá absorber la gran cesantía originada en la quiebra de Lozapenco, la crisis del carbón y las quiebras, en 1980, de las industrias textiles de Tomé. Muchos trabajadores textiles se encuentran cesantes por su edad y otros por la escasa contratación de mano de obra de Bellavista, la única fábrica que está funcionando.

Los parlamentarios de la zona de todos los partidos políticos planteamos al Gobierno la necesidad de crear incentivos atractivos para que los empresarios in-viertan en estas comunas e instalen nuevas industrias que absorban la cesantía que sobrepasa el 15 por ciento, la más alta, me atrevería a asegurar, que existe en el país.

En consecuencia, solicito que se tome el acuerdo de pedir al Presidente de la República y a los Ministros del Trabajo y de Hacienda, que envíen una indicación tendiente a extender los beneficios de la contratación de la mano de obra a las comunas de la provincia de Arauco, al distrito 46, y a las comunas de Coronel, Penco y Tomé.

Nada más señor Presidente.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, respecto de la inadmisibilidad declarada por el Presidente de la Comisión de Hacienda de la indicación interpretativa de las comunas componentes de la provincia de Palena, sucede que a la fecha de dictación del decreto de bonificación de mano de obra, la provincia de Chiloé -la escisión de Palena se refirió a la composición de las comunas que integraban en ese entonces esa provincia.- sólo comprendía las comunas de Palena, Chaitén y Futaleufú. Hualaihué fue agregada en una división administrativa posterior. Por lo tanto, el sentido de la expresión actual que con-templa la ley estaba referida solamente a las tres comunas que integraban en ese entonces la provincia de Chiloé. Por tratarse de una materia relativa a la división política y administrativa del país, la agregación de Hualaihué es una facultad exclusiva del Presidente de la República, razón por la cual fue declarada inadmisible en la Sala.

Eso es todo.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero reafirmar lo señalado por el Diputado señor Devaud, porque al tratar la comuna de Palena y el beneficio de la bonificación de la mano de obra, el decreto 889, que establece la zona geográfica en donde se otorgará el beneficio, se refiere a la actual provincia de Chiloé, que después se subdividió creándose la provincia de Palena, pero la comuna de Hualaihué no era parte de la provincia de Chiloé. En estricta lógica, me vi en la obligación de declararla inadmisible, porque la extensión del beneficio a la comuna de Hualaihué significa mayor gasto. Por lo tanto, en este caso corresponde que, por unanimidad, se solicite al Presidente de la República que presente una indicación para modificar el decreto ley N° 889, a fin de incorporar la provincia de Palena, como tal, y, en consecuencia, incluir las cuatro comunas.

No sólo se trata de un problema de interpretación, sino que hay que remitirse necesariamente al decreto ley N° 889 que no contempla la comuna de Hualaihué. Es decir, bastaría una indicación para precisar el territorio geográfico de aplicación del decreto ley N° 889 -Palena como provincia- con lo cual se resolvería el problema.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, entendí que había el ánimo y la unanimidad para considerar la indicación que se presentó en la Comisión de Hacienda. Quiero que la consideremos para votarla. En caso de que Su Señoría la declare inadmisible, también se podría votar. Sostengo que no lo es porque en el mensaje se expresa claramente que la intención del Ejecutivo es otorgar los beneficios a las actuales provincias de Palena y de Chiloé. Es un trámite más rápido que el que señala el Diputado señor Orpis.

Señor Presidente, le solicito que se pronuncie sobre mi petición: considerar la indicación y votarla.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, creo que es importante lo que se ha planteado aquí. Muchas veces reclamamos porque no tenemos facultades en determinados proyectos, ya sea para aumentar gastos o, como en este caso concreto, para incluir alguna provincia.

Este es un problema grave para muchos trabajadores y amerita que el proyecto no sea aprobado hoy y que vuelva a la Comisión de Hacienda para pedirle al señor Ministro de esa cartera que incluya la provincia y las comunas solicitadas. Nosotros mismos, pese a todo lo que reclamamos, muchas veces nos cortamos nuestras propias iniciativas. Está bien que la Constitución diga que no podemos aumentar los gastos, pero podemos parar este proyecto y pedirle al Gobierno que incluya las zonas que faltan. La del carbón amerita tener un trato especial, porque su gente está cesante y quedará más gente cesante aún. Existe allí un grave problema social que debe asumir el Gobierno, como país.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor Juan Pablo Letelier.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N9 978-01 y se encuentra en el número 36 de los documentos de la Cuenta de la sesión 12a celebrada el 7 de julio de 1993.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, paso a informar, en nombre de la Comisión, el proyecto de ley que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria.

Las ideas matrices del proyecto tienen por objeto contribuir a resolver uno de los múltiples problemas sociales que la tenencia de tierras, en el proceso de reforma agraria, ha generado respecto de aquellos bienes entregados en propiedad común, mediante el establecimiento de normas especiales para la enajenación de los bienes comunes.

Como recordarán los señores Diputa-dos, el 18 de diciembre de 1991 esta Corporación aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo, elaborado y suscrito por varios señores Diputados -entre ellos, la Diputada señora Adriana Muñoz y los Diputados señores Naranjo, Acuña, Sota, Tohá, Melero y el que habla-, por el cual se solicitó al Ejecutivo que se oficiara a los Ministros de Agricultura y de Bienes Nacionales para que se tomaran las medidas administrativas y legislativas correspondientes con el propósito de enajenar aquellos bienes comunes que, como resultado de la reforma agraria, fueron entre-gados en propiedad comunitaria, con el objeto de contribuir y cumplir una función social o productiva -que actualmente no se cumple-, en el sentido de ofrecerlos a clubes deportivos, comités de allegados, juntas de vecinos o para actividades productivas en general. En diciembre de 1991 esta Corporación solicitó formalmente al Ejecutivo su colaboración para resolver un problema social que existe en las comunidades rurales, que surgió del proceso de la reforma agraria, y establecer un mecanismo especial que facilitara que los bienes comunes se destinaran a fines sociales en beneficio de los habitantes de esas comunidades. El Ejecutivo hizo suya esta idea y, a través de su mensaje, propone una iniciativa que establece normas especiales para dicho fin.

Vale la pena indicar que existe un diagnóstico compartido respecto de que hoy los bienes comunes no están siendo utilizados en forma óptima. Se han esgrimido diferentes elementos para llegar a ese diagnóstico, entre ellos, el incremento considerable del número de comuneros, ya sea por la subdivisión de las parcelas originales o por la formación de comunidades y herederos en esa zona, o por el proceso de transacción y enajenación de parcelas, etcétera. Lo cierto es que hay un diagnóstico compartido de que en la actualidad los bienes comunes no presten el beneficio social para los cuales fueron creados originalmente.

El Ministro de Agricultura expresó en el seno de la Comisión que el propósito de la ley es establecer dos mecanismos especiales para la enajenación de los bienes comunes. Ambos procedimientos toman como puntos de referencia el capítulo IV del Código de Procedimiento Civil, referido a los juicios no contenciosos contenidos, específicamente, desde los artículos 817 a 827. Los dos procedimientos generales que allí se establecen son: uno, para aquellos casos en los cuales la enajenación se hace a título oneroso, y el otro para aquellos en que la enajenación se realiza con fines sociales y, por tanto, a título gratuito. Esta es la materia que abordan los primeros siete artículos originales del mensaje.

Una segunda materia dice relación con un tema que fue tratado, a lo menos, en dos mensajes presidenciales -y, por consiguiente, en dos proyectos de ley - que fueron aprobados y que se refirieron a la situación de los deudores Cora-Odena, es decir, sobre los cuales pesan diferentes situaciones legales: son deudores fiscales como consecuencia de poseer títulos de dominio de parcelas provenientes de la reforma agraria.

Como se recordará, hace más de dos años despachamos una iniciativa que otorgaba beneficios tanto a los asignatarios como a los segundos adquirentes de las parcelas Cora, estableciéndose diferentes procedimientos. Con este proyecto se pretende subsanar en forma permanente el problema de los mecanismos de repactación de las deudas ex Cora-Odena.

Al comenzar el estudio de esta iniciativa, hubo un debate sobre su constitucionalidad, al final del cual se concluyó en forma unánime que no existía inconstitucionalidad. Algunas de las modificaciones puntuales, que después relataré, apuntan a asegurar esa situación.

Originalmente, esta iniciativa constaba de ocho artículos. La Comisión agregó uno nuevo.

Lo central del proceso de enajenación está contenido en su artículo 1°. ¿Qué se propone? Se crea un procedimiento especial, sin perjuicio de las normas generales sobre liquidación de comunidades, para la enajenación de los bienes comunes comprendidos dentro de la asignación individual de predios provenientes de la reforma agraria.

La letra a), aprobada por la Comisión, establece que, a lo menos dos titulares de derechos sobre un bien común o quien represente el 20 por ciento o más del total de los mismos, podrán recurrir al juez de letras competente y solicitarle que cite a los demás comuneros a un comparendo para que se pronuncie sobre la enajenación del mismo. Se propone un mecanismo regulado por el Código de Procedimiento Civil para los procedimientos no contenciosos. La solicitud deberá indicar si la enajenación que se propone es a título oneroso o gratuito. Si es a título oneroso, "deberá señalarse el nombre del oferente, precio, forma de pago y demás condiciones de la enajenación. Las enajenaciones a título gratuito sólo podrán proponerse con fines de beneficio directo para la comunidad que habita en la localidad en que se encuentre el inmueble o para resolver problemas sociales existentes en ella." Para este segundo caso, los donatarios "sólo podrán ser el fisco, municipalidades, iglesias, organizaciones comunitarias constituidas conforme a la ley que las rige y entidades sin fines de lucro."

A la solicitud deberá adjuntarse un certificado del SAG que acredite la existencia del bien común, la nómina de los asignatarios originales con derechos sobre dicho bien y sus porcentajes, el número de la parcela con que fueron asignados tales derechos y los demás documentos legales correspondientes.

Si se presentan dos o más proposiciones respecto a un mismo bien común, todas ellas deben incluirse en la citación, y se permitirá su presentación hasta el inicio del comparendo.

La letra b) señala que el juez citará a comparendo a quienes tienen derecho sobre los bienes comunes, mediante cédula que se dejará en la parcela correspondiente, la que indicará su objeto y contendrá el apercibimiento por la no concurrencia.

La letra c) indica que las personas que concurran al comparendo deberán acreditar sus derechos en la comunidad mediante instrumentos públicos debidamente inscritos en el conservador de bienes raíces.

En particular, expresa que las enajenaciones se acordarán por mayoría. Sin duda, éste es el punto más relevante de este procedimiento especial. La norma actual exige acuerdo unánime para enajenar los bienes comunes. Para enajenaciones a título gratuito u oneroso, el proyecto autoriza que las decisiones se tomen por mayoría de los asistentes al comparendo. Se definen criterios para que el juez determine cuáles serán los quorum necesarios. Esto permitirá que los bienes comunes tengan un fin social y productivo más adecuado.

La letra d) plantea elementos específicos del procedimiento no contencioso para este caso. Señala que, acordada la enajenación, el juez levantará un acta en la cual se dejará constancia del acuerdo y de las condiciones de la enajenación.

La letra e) establece que si la enajenación es a título oneroso el juez recibirá el precio y lo distribuirá entre los comuneros a prorrata de sus derechos. Vale la pena detenerse aquí en este punto para expresar que en el caso de que uno o más comuneros se opongan a una enajenación a título gratuito -para un fin social, por ejemplo- tendrán el derecho a exigir que se les paguen sus derechos. El juez deberá disponer una tasación del bien común por un perito. Sobre la base de su informe valorará los derechos de los oponentes. En este caso, será responsabilidad -y ésa es una de las precisiones efectuadas en el texto presentado a la Cámara- del donatario o del donante depositar el valor de los derechos de los oponentes.

Los artículos 2° 3°, 4°, 5° y 6° se refieren a elementos de procedimiento y fueron aprobados por unanimidad.

El proyecto señala que sus disposiciones no se aplicarán a la enajenación de aquellos bienes comunes constituidos por tranques, caminos y pozos. En particular, se propone que los caminos puedan ser donados al Fisco para que se haga cargo de su mantención.

El artículo nuevo que tuve el honor de presentar y que fue acogido por unanimidad, tiene por objeto evitar que en aquellos bienes comunes actualmente destina-dos a fines recreativos, en especial las canchas deportivas, no suceda lo ocurrido en algunas ocasiones, que han sido destruidas, desmanteladas o aradas por quienes tienen la propiedad sobre parte de los bienes comunes. La Comisión aprobó por unanimidad incluir específicamente el artículo 7°, nuevo, que señala: "Sin perjuicio de lo establecido en el artículo le aquellos terrenos de los bienes comunes originalmente destinados a can-chas deportivas, excluidas las medias lunas, de acuerdo a los proyectos de parcelación, o aquellas canchas deportivas actualmente consolidadas, en caso de estar ubicadas en un lugar distinto al proyecta-do en el plano del proyecto de parcelación, sólo podrán ser enajenadas para fines deportivos."

Esta disposición tiene gran importancia para las comunidades que surgieron del proceso de reforma agraria, por cuanto los deportes son, probablemente, las más importantes actividades sociales de los habitantes de esas localidades. Hemos pensado, en forma unánime, que es de gran importancia, valga la redundancia, garantizar a los jóvenes y a las comunidades que estas canchas deportivas sigan siéndolo y que, a través de este mecanismo, instituciones como la Digeder, los municipios o los gobiernos regionales inviertan en ellas.

El Ejecutivo presentó un artículo 8Q, no contemplado en el proyecto original. Se refiere a un tema no estrictamente relacionado con los bienes comunes, a diferencia de los primeros ocho. El artículo 82 original, actual 99, versa sobre un problema distinto. Su contenido es muy simple. Se faculta al Tesorero General de la República para abordar el problema de la deuda ex Cora-Odena-SAG en términos similares a los contemplados en el Código Tributario, es decir, los tesoreros pueden tratar las deudas como tributos. Esta norma faculta al Tesorero General de la Re-pública, y, a través de él, también a los tesoreros regionales y provinciales, a fin de fijar medios de pagos más flexibles para los deudores del proceso de la reforma agraria. En este contexto, no se hará ningún tipo de discriminación respecto del deudor, o sea, no se considerará si son asignatarios, segundos o terceros adquirentes. Se propone una disposición permanente, para evitar ampliar los plazos establecidos en leyes anteriores. Se incluye una atribución nueva para renegociar la deuda Cora-Odena-SAG. Esto es algo que vale la pena subrayar. La Comisión de Agricultura, antes de esta iniciativa, solicitó al Ejecutivo el envío de un proyecto sobre la materia, que ha sido incorporado como algo adicional, pero de gran relevancia, en el que está en discusión.

Finalmente, respecto al texto, vale la pena destacar que en relación con este artículo final, el Diputado que habla pre-sentó una indicación, que consta en el in-forme que todos los señores parlamentarios tienen en su poder, con el objeto de abordar un tema relacionado con la reforma agraria, que sufrió cambios que, a algunos, nos ha llevado a denominarla "contrarreforma agraria".

En ella se propone incorporar un par de incisos al artículo 9° y final del proyecto que apuntan a recuperar o a garantizar los sitios a quienes hayan vendido sus parcelas después de habérseles adjudicado en el proceso de la reforma agraria. Para ello, se faculta al Tesorero General de la República para reducir las obligaciones fiscales de los segundos adquirentes de una o más parcelas originadas en el proceso de reforma agraria, que cedan por escritura pública a título gratuito, el dominio de los sitios a los asignatarios originales o a sus descendientes, pues, aun cuando los sitios y parcelas normalmente estaban ubicadas en lugares geográficamente distintos, tienen una misma inscripción de propiedad, por lo que fue-ron incluidos en la escritura de venta de las parcelas, lo cual ha producido una difícil situación a los asignatarios originales que vendieron sus parcelas.

En caso de no existir deuda pendiente por créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora-Odena, se faculta al Tesorero General de la República para otorgar un crédito fiscal a cuenta de futuros pagos de contribuciones, a quienes cedan los sitios en la forma indicada anteriormente.

Señor Presidente, como es de su conocimiento, esta indicación fue declarada inadmisible, pero existe unanimidad en los miembros de la Comisión para que este tema quede explícitamente incluido en el informe.

Por lo tanto, solicitamos el acuerdo unánime de la Sala para oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República, con el objeto de que haga suya esta indicación, porque sentimos que contribuye al fin general, inserto en este proyecto, de solucionar los problemas sociales y los desencuentros que existen en las zonas rurales de nuestro país, producto de la reforma agraria, que, como señalé, denominamos "contrarreforma agraria", debido a los cambios producidos posteriormente.

Debo señalar que no existen normas de quorum calificado o de rango orgánico constitucional en este proyecto y que no es necesario que algunos de sus artículos sean conocido por la Comisión de Hacienda.

Quiero compartir una reflexión: este proyecto fue producto de un proyecto de acuerdo presentado por la Comisión y aprobado por esta Sala. Nos satisface haber sido escuchados por el Ejecutivo; reconocemos la importancia de los dos temas que aborda esta iniciativa, que debe entenderse como una pieza más que apunta a solucionar un problema real de las zonas rurales de nuestro país y, en particular, de los cientos de comunidades surgidas del proceso de reforma agraria. Para muchos de nosotros es una pieza importante, pero insuficiente. Tenemos confianza, como la tuvimos cuando pre-sentamos el proyecto de acuerdo y aprobamos éste, en que este mecanismo especial de enajenación de los bienes comunes comprendidos dentro de la asignación de predios de la reforma agraria, tendrá un fin social que permitirá a las juntas de vecinos construir sus sedes, a los clubes deportivos contar con canchas seguras, a los comités de allegados construir villorrios rurales y a los parceleros de la zona transformar sus deterioradas bodegas en activos productivos.

Confiamos en que se entienda que la votación unánime de la Comisión de Agricultura refleja un estado de ánimo muy constructivo de sus miembros. Por ende, solicitamos que se vote de la misma forma en la Sala.

He dicho.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, trataré de ser breve. En primer lugar, no sólo deseo manifestar satisfacción, sino que alegría, pues este proyecto de ley derivó de una iniciativa parlamentaria. Pocas veces tenemos ocasión de discutir en la Sala proyectos de tanta importancia para la sociedad chilena originados en una iniciativa de esa índole.

En segundo lugar, como bien lo señaló el Diputado informante, el proyecto con-tiene básicamente dos ideas fundamentales. La primera es el procedimiento para liquidar las comunidades y, a partir de ello, la posibilidad de enajenar bienes comunes procedentes del proceso de la reforma agraria. No es del caso, incluso sería distorsionar el sentido de la discusión, dar opiniones acerca de las bondades o defectos que dicho proceso tuvo en la transformación de la economía, especialmente en la agricultura chilena.

Desde el punto de vista del procedimiento, el proyecto indica a qué título se hará la enajenación de los bienes comunes, algunos de los cuales se pretende entregar en dominio exclusivo a las instituciones contempladas en él, con el fin de satisfacer necesidades sociales, en conformidad con lo propuesto en el proyecto de acuerdo. Sin embargo, es bueno puntualizar que se establecen excepciones respecto de ciertos bienes comunes que no pueden ser objeto de enajenación, como los caminos, los tranques y los pozos.

El artículo 8° establece una presunción de derecho, escasas en nuestra legislación, con respecto a la calidad del título. Considero conveniente resaltar este aspecto en el estudio del proyecto.

La segunda idea está desarrollada en el artículo 9°, y tiene como propósito principal generar un mecanismo que posibilite el pago de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores de la ex Cora-Odena.

Respecto de esta materia, aun cuando el artículo está bien inspirado, tiene algunos defectos que deben ser corregidos en la discusión de la Sala. Así, faculta al Tesorero General de la República para otorgar facilidades de hasta un año para el pago de las cuotas anuales provenientes de los créditos fiscales derivados de la cartera de deudores ex Cora-Odena. Quienes tenemos alguna vinculación con el campo podemos asegurar que un año es prácticamente nada. Además, es imposible lograr una productividad o rendimiento tan espectacular que en ese lapso permita a un agricultor cumplir con ese pago. Debo recordar que estamos hablando de parceleros, de gente que no tiene otras entradas o recursos económicos para satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, el plazo de un año es muy poco.

En virtud de este hecho, un número importante de parlamentarios hemos pre-sentado una indicación para agregar dos ideas al inciso primero del artículo 9°. La primera, apunta a explicitar de mejor manera en qué consisten las facilidades que podría otorgar el Tesorero General de la República, las cuales deben especificarse que corresponden a la condonación de reajustes e intereses, para que no sólo entendamos comprendidas en esa expresión la posibilidad de otorgar este nuevo plazo, que según el mismo texto del proyecto, es de un año. La segunda estima conveniente proponer a través de una indicación que el plazo de un año se ex-tienda, a lo menos, a tres.

Por su parte, este inciso exige dos requisitos copulativos para que el Tesorero General otorgue estas facilidades a estos deudores: primero, que se trate de deudas morosas, y segundo, que el deudor haya sido notificado del correspondiente mandamiento de ejecución y embargo.

A este respecto, y así lo señaló el Diputado señor Letelier en su informe, consideramos que si con este proyecto se pretende dar un nuevo paso para ir solucionando aquellas cuestiones pendientes, que todavía quedan como producto del proceso de la reforma agraria, nos encontraremos con muchos deudores con deuda morosa y además notificados y requeridos judicialmente en la forma como lo prevé la norma; pero también habrá otros deudores que pueden tener pendientes cuotas por saldos insolutos que deben vencer en 1994, 1995 ó 1996. Por lo tanto, queremos abrir la posibilidad de que estos deudores puedan pagar los saldos insolutos de deudas que no están en la condición que contempla el artículo 9°.

Para ello, hemos presentado una indicación, que esperamos sea estudiada por la Comisión en su oportunidad, que iría como inciso segundo, y que señala: "Con todo, el Tesorero General podrá,..." -es una facultad.- "... para los efectos de posibilitar el pago efectivo y total de la deuda determinada en la forma señalada en el inciso anterior, acordar con el deudor hacer exigible y considerar como de plazo vencido todo saldo futuro insoluto y sujetarlo a las mismas modalidades y plazo de pago que el aplicado a la deuda morosa."

Consideramos que el espíritu de la indicación satisface esta aspiración, acuerdo que hemos logrado con la participación de parlamentarios de las distintas bancadas que la han firmado.