Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde seguir ocupándose del proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo informe, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sustituye la ley N° 18.403.

Se declaran aprobados, por no haber sido objeto de indicaciones ni de modificaciones, los artículos 3°, 6°, 11, 13, 14,16, 22, 23, 25, 27, 31, 32, 36, 37, 40, 46, 47, 49, 54, 57 y 59.

El artículo 48 tampoco se modificó. Por contener normas que requieren quorum de ley orgánica constitucional, solicito el acuerdo de la Sala para votarlo en el momento oportuno.

Acordado.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, a este proyecto de ley hemos dedicado especial interés tanto en la Comisión Especial de la droga como en la de Constitución, Legislación y Justicia.

Se ha demostrado que resulta positiva la colaboración de otras Comisiones en proyectos de gran complejidad, por cuanto muchas de las indicaciones introducidas por la Comisión técnica fueron aprobadas unánimemente por la Comisión Especial, a la cual hay que felicitar por su estudio acucioso y por la prontitud con que ha presentado el informe a la Sala. También ha contribuido en esta labor la Comisión de Hacienda.

Es de esperar que la Sala despache la iniciativa con la mayor rapidez, porque todo lo que hagamos resulta lento en relación con el avance realmente dramático que está experimentando en el país el tráfico ilícito de estupefacientes.

Lo importante es que, por no haberse introducido modificaciones, han quedado establecidas algunas instituciones básicas de la ley. Desde luego, la penalización de la producción y comercialización de los precursores; las agravantes de penalidad, especialmente las referidas a menores de 18 años, respecto de hidrocarburos aromáticos; todo lo concerniente al delito de lavado de dinero, en relación con la investigación preliminar del Consejo de Defensa del Estado que hay que definir ahora, en su naturaleza, con sus amplias facultades y su actuación secreta.

Además, se ha sancionado el intercambio internacional de información como un procedimiento indispensable para la lucha contra la droga y el narcotráfico; se ha castigado a las asociaciones que se conciertan para cometer los delitos que la ley indica, y se ha introducido una institución extremadamente original, pero útil en esta lucha, cual es la cooperación eficaz para desactivar las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

También se consagraron disposiciones sobre la reincidencia y salida y entrada en envíos ilícitos, como parte de la cooperación internacional, y, asimismo, la creación de un registro especial.

Ahora discutiremos criterios fundamentales en función de temas como distribución, producción y tenencia de algunas sustancias sicotrópicas; el carácter de la investigación preliminar del Consejo de Defensa del Estado; el destino que debe darse a los bienes decomisados, y, especialmente, la eventual participación de las regiones del país en estas materias.

Señor Presidente, solicito que se divida la votación en el artículo le, para que nos pronunciemos primero sobre el inciso tercero propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y no respecto del que aprobó la Comisión Especial, porque allí hay algunas diferencias importantes. La Comisión Especial establece en ese inciso tercero que se presumen autores del delito sancionado a quienes tengan en su poder los elementos allí señalados, mientras que la Comisión de Constitución ha propuesto un inciso que nos parece mucho más acertado y técnicamente eficaz. En cuanto a la participación criminal, establece que se presumen legalmente partícipes del delito sancionado en este artículo a quienes tengan tales elementos, con lo que se quiere señalar, en todo caso, que la presunción es de carácter legal y que la participación criminal no sólo está relacionada con los autores, sino, además, con los cómplices y encubridores. No tiene por qué presumirse autores, en algunos casos, a quienes tengan en su poder elementos para la consumación de estos delitos, ya que podría haber presunción legal de participación criminal en relación con la complicidad o el encubrimiento. Por eso, a la Comisión de Constitución le pareció más acertada esa disposición.

He dicho.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, en la Comisión Especial, después de haber escuchado a miembros de Carabineros y de Investigaciones, nos dimos cuenta de la dificultad de la policía para determinar, en un momento dado de quién es realmente la responsabilidad cuando se encuentran estos elementos en poder de los traficantes. Por ello estimamos conveniente sancionar a aquellas personas que tengan en su poder los elementos señalados por el Diputado señor Molina, ya que podrían hacer pensar que se utilizan en el tráfico de drogas.

Por tal razón, votaremos favorablemente la indicación formulada al inciso tercero del artículo 1°.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, sólo para aclarar que la Comisión de Constitución no analizó los temas señalados por el señor Diputado, sino que estudió el carácter de la presunción, que, como ya he precisado, es legal, porque admite prueba en contrario. Para darle esa calidad jurídica, creemos que es más apropiada la proposición de la Comisión de Constitución, sin perjuicio de la existencia del problema. En todo caso, la presunción de autoría, de participación, queda vigente. Incluso, para la fuerza pública será más útil una disposición como la propuesta para la interpretación inmediata y en el hecho, y también para los tribunales.

Por lo tanto, insisto en la conveniencia de aprobar el texto propuesto por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, quiero hacer resaltar el esfuerzo realizado por los sectores que participaron en los debates de las Comisiones Especial de Drogas y de Constitución respecto de esta importante y trascendente iniciativa, que tiende a dar una respuesta integral al problema del narcotráfico y al tráfico ilícito de estupefacientes. Efectivamente, en los últimos meses, a través de los medios de comunicación y contactos con juntas de vecinos y otras organizaciones sociales, hemos comprobado que el tráfico de drogas, específicamente, la comercialización de pasta base de cocaína, ha llegado con mucha fuerza a las principales ciudades, incluso a la capital. El proyecto entrega a los funcionarios policiales instrumentos para neutralizar esta peligrosa situación. Asimismo, ha logrado algunas fórmulas de consenso en puntos de difícil tratamiento, como garantizar las libertades individuales y la necesidad de resguardar el bien social en contra del flagelo de la droga.

Expreso mi satisfacción por haber intervenido en la elaboración y discusión de este proyecto, el que, en nuestra opinión, da una respuesta a aspectos fundamentales: prevención, control y represión del tráfico ilícito de drogas.

Por eso, aprobaremos éste y los otros artículos del proyecto.

Por último, quiero destacar la publicación, hace algún tiempo, del Plan Nacional sobre el Problema de la Droga, elaborado por el Gobierno con la participación de diversas instituciones públicas y privadas. Allí están contenidas la prevención, educación, información y rehabilitación, tan fundamentales e importantes como los aspectos penales, policiales, y también se ha incorporado un nuevo tipo penal, el lavado de dinero, incluido también en el presente proyecto de ley.

Esperamos que la aprobación de esta iniciativa en la Cámara de Diputados llame la atención de la opinión pública de este país, en particular de las autoridades de Gobierno, encargadas de definir los ámbitos de inversión pública, presupuestaria, respecto de las tareas que contra la droga son tan urgentes de fortalecer. Asimismo, esperamos que los medios de comunicación, en particular las estaciones de televisión, se sumen a la iniciativa que Megavisión ha implementado en los últimos meses, de difundir spots publicitarios para fortalecer los programas de información, especialmente para la juventud sobre este dramático problema, el cual, de no enfrentarlo, continuará adelante. Se pretende que Chile se transforme en un corredor de la droga, lo cual es absolutamente inaceptable y todos debemos luchar decididamente en contra de ello.

Señor Presidente, con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Palestra. Con ella, doy por finalizada mi intervención.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, en el artículo 1° del Título I se establecen los delitos, sanciones, competencia y procedimiento a aplicar al criminal tráfico de drogas en contra de la ciudadanía, especialmente como dije ayer de la juventud.

Siempre he pensado que el Congreso debe despachar leyes muy claras, para no dar lugar a interpretaciones, pues, por ahí, justamente, penetran las distintas opiniones que muchas veces desvirtúan, transforman y deforman el contenido de un proyecto de ley, que puede tener las mejores intenciones.

Quiero consultar al señor Ministro o al Diputado informante sobre la frase del artículo 1° que dice "sin contar con la competente autorización, elaboren, fabriquen,...". Deseo saber quiénes tienen esa autorización en estos instantes y cuál es su extensión, ya que de la disposición se desprende que se permite el uso de estos estupefacientes a ciertos sectores, personajes o instituciones. Me imagino que los médicos tienen algo que ver en este asunto.

Muchas gracias.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Si no he entendido mal al Diputado señor Molina, la indicación es de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para reemplazar el inciso tercero del artículo, por el siguiente:

"Se presumirán legalmente partícipes del delito sancionado en este artículo quienes tengan en su poder elementos, instrumentos, materiales o equipos comúnmente destinados a la elaboración, fabricación, preparación, transformación o extracción de las substancias o drogas a que se refieren los incisos anteriores.".

El señor CORREA.-

Señor Presidente, quiero señalar cuáles fueron las razones que tuvo la Comisión Especial para cambiar el proyecto original del Ejecutivo.

Efectivamente, el proyecto entregaba la responsabilidad del otorgamiento del permiso al Servicio Agrícola y Ganadero con asiento en las cabeceras provinciales. Estimamos que traspasar esta responsabilidad al secretario regional ministerial hacía más difícil cualquiera tentación que pudiese existir a nivel de ese servicio; o sea, siendo un servicio menor, podría estar sujeto a algún tipo de presiones. Al entregarse responsabilidades cruzadas, es más difícil que puede? producirse esta situación.

Quiero preguntarle al señor Ministro por qué la atribución que el Ejecutivo puede entregar al secretario regional ministerial no corresponde otorgarla al Servicio Agrícola y Ganadero. A mi juicio, el Ejecutivo tiene las mismas facultades para entregar esta facultad al Servicio Agrícola y Ganadero o al citado secretario regional.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, quiero partir haciendo mención a lo señalado por el colega Correa. Discrepo pido disculpas si percibo en forma inadecuada lo manifestado por él, de la apreciación que tiene sobre las posibles tentaciones de los funcionarios del SAG. Creo que son los más competentes de la Administración Pública para asumir esta labor, por cuanto lo han demostrado, sin perjuicio de que puedan haber casos puntuales que requieran que esta Corporación y el Gobierno se preocupen de hacer los sumarios respectivos.

Por ello, discrepo del fondo de la indicación, pero no de la parte formal.

Además, quiero referirme a una modificación introducida en este proyecto de ley, relacionada con la anterior, la que será parte del debate de esta Corporación y del Congreso, en general, al tratar esta iniciativa legal. Todos estamos contestes en la necesidad de combatir el tráfico de drogas en la forma más severa posible y somos partidarios de aumentar las penas y de otorgar atribuciones a los organismos del Estado, como el Consejo de Defensa del Estado para que puedan investigar y castigar todo tipo de operación de lavado de dinero. Por ello, manifiesto mi concordancia con más del 90 por ciento del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, hay un tema que pareciera que lo estamos soslayando, por lo que prefiero que el debate lo hagamos más explícito que el efectuado con motivo de la discusión de la ley anterior y de otras normas de nuestra legislación. En la ley que esta iniciativa reemplazará se hace una diferencia muy clara entre tipos de drogas. En cambio, no sucede lo mismo con este proyecto, como queda de manifiesto en el artículo 1° Antes se efectuaba una diferenciación muy explícita entre las llamadas "drogas duras" y "drogas blandas", y, en particular, sobre la situación penal con que se abordará el consumo de la marihuana. Este es un tema que implícitamente está abordado aquí, pero explícitamente no es así, ya que en el artículo 42 se establece que quienes la consumen cometen una falta.

La experiencia de varios países ha demostrado que es mejor hacer explícito el debate y no implícito. Por ello, abogo porque parte del tiempo que destinemos a la discusión de este proyecto de ley permita hacerlo de este modo.

En el artículo 1“, que ya fue aprobado, hay una percepción o una forma de abordar este tema que puede entrar en contradicción con lo que dice el artículo 22. Por ello, lo destaco. El inciso segundo del artículo l2 señala: "Si se tratare de otras drogas o sustancias de esta índole que no produzcan los efectos indicados en el inciso anterior, el tribunal podrá rebajar la pena en dos grados." El problema radica en que no se definen cuáles son "las otras drogas o sustancias" ni "los efectos indicados en el inciso anterior", o sea, los graves efectos tóxicos.

Además, como no soy abogado, tengo dudas respecto de lo que significa la reducción en dos grados de la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio y multa de 20 a 200 ingresos mínimos mensuales, establecida en el artículo 29; y si esto entra en contradicción con lo dispuesto en el artículo 42, que sanciona la falta de quiénes son sorprendidos consumiendo un cigarro de marihuana en su casa.

Aquí se produce la siguiente cuestión: hasta qué punto el consumo de algún tipo de droga, que en opinión de varios médicos no provoca graves efectos tóxicos, puede llegar a ser penado en la forma que establece esta norma.

En relación con el artículo 2e, que se refiere a quienes siembren o planten, pareciera que la ley implícitamente tolera que una persona pueda consumir en su hogar una droga menos grave o "blanda".

Me gustaría que alguno de los miembros de la Comisión o el señor Ministro me clarificaran si una persona que tiene una planta de marihuana en su casa para su consumo personal se hace merecedora o no de las. sanciones que aquí se estipulan. De acuerdo con el proyecto de ley, considero que entraremos en ciertas contradicciones. Por ello hago la consulta.

Probablemente asumiré una posición de minoría en cuanto a debatir este punto en forma explícita. Creo que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran dentro de sus hogares, siempre que no afecten los derechos de terceros. Existen drogas consideradas legales en nuestra sociedad, que son bastante más nocivas, como el alcohol, que se expende en forma profusa y sin un control como el que se pretende imponer aquí para una droga qué puede ser igualmente nociva y condenable socialmente, pero no estoy seguro de que el Estado tenga derecho a imponer a los ciudadanos lo que deben hacer dentro de sus hogares.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, mi planteamiento iba en el mismo sentido del que apuntaba el Diputado señor Letelier.

Me parece increíble que aquí se justifique el consumo de marihuana; no soy partidario de que se apruebe el uso de estas drogas.

Hay algo que me llama la atención. Un señor puede arrendar una hectárea e instalarse con 200 personas a vivir allí en forma de comunidad, lo que está muy de moda y, a continuación, plantar media hectárea con marihuana. De acuerdo con esta norma, podrá decirle a la policía cuando llegue a investigar: "Aquí todos somos marihuaneros, nos gusta "volarnos" y tenemos una plantación para el consumo personal". Por lo tanto, señor Ministro, es necesario definir en el proyecto qué cantidad de droga se estima que corresponde al consumo personal.

Además, según los estudios médicos y lo expresado por diversas personas, éste es el primer paso para entrar a una drogadicción más profunda. De manera que si permitimos consumir legalmente este tipo de drogas en las casas, estamos amparando el segundo paso hacia el uso de las drogas más fuertes. Todos sabemos que el hogar es el núcleo fundamental de la familia, por lo cual no entiendo que la ley pueda amparar el mal ejemplo que dan a sus hijos los padres que fuman marihuana.

Por lo tanto, pediré votación separada para este artículo, porque no estoy dispuesto a aprobar ningún mal ejemplo, ni menos de permitir que un padre fume marihuana frente a sus hijos. El hogar es privado, pero se pueden dar buenos ejemplos de muchas maneras. Además, me gustaría que se especificara lo que se estima por consumo personal y cuánto es lo que una persona podría consumir, en el caso de que demos "carta blanca" para fumar esta droga y "andar volado". La gente podrá fumar marihuana en la calle y nadie le podrá decir nada, porque se trata de un consumo personal. Considero que las cosas deben ponerse en su lugar, porque lo que es malo es malo. No podemos permitir el uso de estas sustancias, aunque sea de a poco. Es lo mismo que para hacer dormir a una guagua le demos una copita de vino. Pero si se la damos todos los días, llegará a ser alcohólica. Eso lo sabemos todos.

Por todas las razones expuestas, no estoy de acuerdo con la indicación.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, la verdad es que en la Comisión se debatió si a los Diputados les correspondía introducir la indicación que está en debate, que establece que la facultad para autorizar estas plantaciones debe quedar radicada en el secretario regional ministerial de Agricultura correspondiente. Para quienes no somos expertos constitucionalistas, sería interesante que el señor Ministro nos dé a conocer las razones más de fondo que existen para que los parlamentarios no puedan proponer y aprobar una indicación como la que se debate. Si es como lo señaló el señor Ministro, también es importante hacer aquí algunas reflexiones que convenzan al Ejecutivo para cambiar su criterio sobre el particular. Esta indicación se redactó pensando en lo complicado que se está transformando el tráfico ilícito de drogas en nuestro país, en particular de la marihuana.

Por condiciones de clima, la zona que comprende las provincias de Los Andes y San Felipe, que represento en esta Sala, durante mucho tiempo se ha considerado adecuada para la plantación de cáñamo, la cual, como planta lícita, constituyó un interesante e importante factor de la económica local. Con el advenimiento de la drogadicción en el mundo, en la década del 60, que desgraciadamente Chile también imita, se descubrió que las plantaciones de cáñamo podrían ser derivadas a la producción de otro tipo de sustancias, en este caso ilícitas, como la marihuana.

Algunas personas se han ido especializando en el modo de ocultar las plantaciones para eludir la justicia, y cada vez son menos las que solicitan autorización para efectuar plantaciones lícitas de cáñamo y derivarlas a la fabricación de alpargatas o de cordeles. La policía y la gente tienen conocimiento de que muchas de esas plantaciones en la zona de Los Andes se destinan principalmente al tráfico ilícito, utilizando para ello distintos subterfugios, lo cual hace más masivo el consumo de drogas, en particular de la marihuana. También se sabe que se han introducido al país distintas variedades de marihuana que produce mayor adicción, como la chilombiana y la nigeriana.

Entonces, la posibilidad de comercializar y de obtener riqueza en forma rápida, aumenta el peligro de corrupción al interior de los organismos que autorizan este tipo de plantaciones. Pensando precisamente en eso, en la Comisión planteamos la necesidad de establecer controles cruzados, para no dejar las autorizaciones en manos de una sola persona, ya que existe el claro riesgo de que ella caiga en la tentación de autorizar plantaciones que luego verán derivadas al tráfico ilícito de drogas.

Es importante resaltar que en la zona de Los Andes, por ejemplo, en la actualidad existe sólo una fábrica, ¡una fábrica! y hay que hacer harto esfuerzo para llamarla así que procesa el cáñamo, y todos sabemos que la cantidad plantada excede en mucho su capacidad de producción.

Por eso, proponemos que la autorización quede radicada en el secretario regional ministerial, con informe fundado del Servicio Agrícola y Ganadero; es decir, que no se pueda autorizar una plantación sin contar con ese informe fundado. Ahí se encuentra la importancia de que la autorización quede radicada en una autoridad superior. Estamos conscientes de que ello puede generar mayor burocracia y complicación. Pero se trata de que las autorizaciones no resulten tan fáciles de obtener, porque así vamos limitando las plantaciones que derivan al tráfico ilícito de marihuana.

Quiero señalar los procedimientos que siguen esas personas. Primero, solicitan autorización para efectuar las plantaciones, la que es concedida ya sea por Carabineros, Investigaciones o el SAG. ¿Qué ocurre? Después de un tiempo, cuando la planta ya está crecida, la persona que ha obtenido la autorización concurre hasta los cuarteles policiales a denunciar que ha sido objeto de un ataque. En un principio, Carabineros e Investigaciones se abocaban a la investigación. Después, la experiencia y el conocimiento han ido demostrando que, en muchas ocasiones, se trataba de autoataques; es decir, la propia persona se ponía de acuerdo con un grupo de traficantes para cortar la parte superior de la planta de cáñamo y derivarla al tráfico ilícito de marihuana. ¡Esa es la realidad! Así se dan las cosas en nuestros campos, en especial en los sectores donde se realizan plantaciones de cáñamo. Por eso, creemos necesario poner mayores dificultades a la forma de otorgar las autorizaciones.

También me gustaría recoger lo expresado por el Diputado señor Letelier, pues está en un profundo error. El desea saber dónde están definidos los otros tipos de drogas que no producen los efectos que señala el inciso primero del artículo 1°. En el reglamento están indicadas claramente, desde hace mucho tiempo, todas las sustancias que producen estos segundos efectos que menciona el inciso segundo. También debo manifestar al Diputado señor Letelier que no solamente yo concuerdo, sino que también los estudiosos del mundo de las drogas, en que ya no existe la clasificación de drogas duras y drogas blandas. Todas son drogas y si bien no todas producen el mismo grado de adicción sí llevan a recorrer el mismo camino para finalmente terminar en una adicción total. Por ejemplo, se tiende a señalar que la marihuana es una droga blanda. Sin embargo, en Chile se han detectado, en varias oportunidades, plantaciones de la marihuana llamada nigeriana, que produce diez veces el efecto de la marihuana nacional.

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, sin duda es justo y legítimo tener opiniones discrepantes sobre los diversos temas que aquí se debaten.

En mi concepto, es necesario que en la ley se efectúe la diferenciación entre los distintos tipos de drogas en la legislación anterior así se establecía, independientemente de que también se haga en el reglamento.

No todo el consumo de drogas es penado por nuestras leyes. Es más, en nuestra sociedad está absolutamente legalizado el consumo de benzodiazepinas y sus derivados, y cerca del 30 por ciento de la población las usa en forma constante. Esto se acepta, genera dependencia y, evidentemente, no es bueno para la salud. En nuestro país está absolutamente legalizado el consumo de nicotina, y todos sabemos que provoca cáncer y causa daño a la salud. Sin embargo, no es ilegal. El alcohol es una droga bastante más negativa que otras, como la marihuana, pero su consumo es absolutamente legal y genera grandes utilidades a quienes lo producen.

Lo que reclamo es que se haga esta diferenciación, porque algunos expertos llegan al absurdo y perdonen que lo diga en esos términos de decir que la marihuana nigeriana produce diez veces el efecto de la chilombiana. Me gustaría saber si los que emiten esa opinión son consumidores para constatar que ello es así, porque es bastante dudosa la base científica de sus argumentos.

En los países en los que se ha cumplido un ciclo en este debate, se está reflexionando nuevamente sobre si la penalización de ciertos tipos de drogas lleva a que la sociedad ponga atajo al consumo, a los problemas sociales que ocasiona y a las profundas distorsiones que se producen. No estoy haciendo una defensa en favor de lo que quiera hacer uno versus lo que quiera hacer otro, a ciegas, sino que propugno por la dictación de una legislación lo más razonable posible.

En mi opinión, sería preferible que la ley estableciera en los artículos 1° y 2° una diferenciación más explícita entre los diversos tipos de drogas.

Agradezco al Diputado Rodríguez la interrupción que me ha concedido.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, respecto de lo señalado por el Diputado señor Letelier, la razón por la cual la identificación de cada una de estas sustancias se deja al reglamento y no a la ley obedece a que cada día se descubren nuevos fármacos o sustancias y drogas. Obviamente, resulta más fácil incorporarlas en el reglamento que en la ley.

Si bien es cierto que en la actualidad hay una enorme cantidad de sustancias que se expenden en las farmacias y que producen efectos tóxicos, no es menos efectivo que ellas deben ser prescritas por un médico. Al respecto, tanto este proyecto como la ley NQ 18.403 establecen penalidades para quienes hagan mal uso de esta facultad, como es el caso de médicos, químicos farmacéuticos, etcétera.

Creo que todos concordamos en que el alcohol es considerado como droga. La organización de las Naciones Unidas ha manifestado, en más de una ocasión, que el tabaco y el alcohol son drogas, lo que demuestra que el mundo camina en sentido contrario a como lo hizo hace 60 ó 70 años, cuando se abrió la posibilidad del Ubre consumo del alcohol. Hoy nos damos cuenta de que, tal vez, eso no debió permitirse. Sería lamentable también que en 70 años más las futuras generaciones de parlamentarios se dieran cuenta de que la legalización del consumo de drogas "blandas" ha provocado tal cantidad de desgracias que es necesario revertir la situación.

Si bien es cierto que en muchos países se ha abierto discusión sobre el tema, no estoy seguro de que haya tendencia a legalizar el consumo de drogas. De hecho, en la España de Felipe González, cuando éste llegó al poder, se decidió despenalizarlo; cinco años después se tuvo que revertir la situación y dejar vigente el decreto derogado en su oportunidad.

Hago estas reflexiones en dos sentidos. Primero, para saber realmente si los parlamentarios estamos o no facultados para conceder la nueva atribución al secretario regional ministerial, que no corresponde a determinación de funciones, según entiendo; y segundo, si no se introdujera la modificación aprobada en la Comisión Especial de Drogas, para que el Ejecutivo tenga a bien incorporar en el proyecto de ley el punto de vista expresado por varios parlamentarios.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, es conveniente ceñimos a la discusión del artículo 2°.

La regla general establece que quien siembre, plante, cultive o coseche determinadas especies vegetales sin la competente autorización será acreedor a la pena de presidio; y la excepción apunta a que el afectado que justifique que la siembra está destinada al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, será sancionado según el artículo 42. Esto despeja en cierto modo la duda del Diputado señor Letelier.

Si el señor Ministro y el señor Presidente de la Corporación estiman inadmisible el inciso tercero del artículo 3°, debe quedar en claro que permanece el texto del mensaje, que establece que la autorización a que se refiere el artículo será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero. En todo caso, no podemos eliminar la norma respecto de quien la otorga.

En lo demás, no veo inconveniente en aprobar el artículo 22 porque guarda relación con el 42 y siguientes y establece la distinción que ha ocasionado cierta preocupación.

Por eso, debiera votarse favorablemente, admitiendo la inadmisibilidad pero dejando en claro que la autorización corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero, de acuerdo con los reglamentos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, a partir del artículo 2°, quiero tocar un problema de fondo que existe en este proyecto de ley y pedir una explicación más clara al respecto.

Durante el gobierno del Presidente Allende se dictó una ley sobre la materia, que me correspondió tramitar en mi calidad de Subsecretario de Justicia. Hicimos un enorme esfuerzo en el Senado y en la Cámara para distinguir con toda claridad el tráfico del consumo, para penar al traficante y no al consumidor, quien básicamente necesita tratamiento terapéutico y asistencia sicológica, pero que en ningún caso puede ser considerado delincuente.

El artículo 2° establece que si la persona consume marihuana no comete delito, pero sí una falta; y el artículo 42 determine las sanciones algunas parecen extremadamente duras para la que sea sorprendida; por ejemplo, la rehabilitación, por el plazo de un año a 50 días, en instituciones consideradas idóneas por el Servicio de Salud. Me gustaría saber cuáles son y dónde están. ¿En qué región? ¿En qué ciudad? El joven que es sorprendido y enviado a una de ellas por cincuenta días, ¿no saldrá peor de lo que entró?

Además, el artículo 12 sanciona el consumo de droga de la gente de mar de dotación de buques de la marina mercante y del personal de Gendarmería y de Investigaciones. ¿Por qué ellos y no Carabineros, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea? ¿Por qué ellos y no los parlamentarios, los ministros y los jueces?

Se presenta un problema más de fondo. Todos estamos por sancionar el tráfico de drogas, a pesar de que en el mundo hay voces autorizadas que consideran que la mejor forma de combatirlo es legalizando su consumo. Entre ellas está la del señor Friedman, gran inspirador de la política neoliberal aplicada por el Gobierno anterior, posición que no predomina entre nosotros. Sin embargo, en el artículo 12 se castiga, abiertamente, con pena de presidio a quien consume droga; y en el 2°, se sanciona al consumidor de marihuana de modo extremadamente perjudicial, especialmente para el joven que es sorprendido consumiéndola.

En ese sentido, es necesario debatir más a fondo esta materia, sin perjuicio de que en el momento oportuno cada uno vote como piensa. Desde mi punto de vista, al menos, debe mantenerse la distinción tajante y clara entre consumidor y traficante. Es verdad que puede argumentarse que todo traficante va a decir que es consumidor y que la droga que tiene es para su uso personal, pero los tribunales, si son atentos, pueden distinguir fácilmente si se trata de uno u otro caso.

En consecuencia, estoy por rechazar la parte del artículo que sanciona como falta el consumo de marihuana. El consumo de alcohol o, incluso, de drogas mucho más fuertes, no debe considerarse falta ni delito, sino ser tratado en términos distintos de la ley penal. Entonces, menos se justifica que en el artículo 12 se sancione como delito el consumo de drogas por parte de gente de mar, gendarmes o detectives de Investigaciones. ¿Por qué respecto de estas personas y no de otras revestidas de mucho mayor autoridad, las cuales, si consumieran drogas, a lo mejor provocarían un efecto mucho más nocivo?

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, respecto de los artículos en discusión y a los que el Diputado señor Viera-Gallo incorpora en el tema del artículo 12, hay un concepto que aquí surge de la discusión y que ha estado en debate público, en cuanto a que el consumo de drogas no sería tan discutible por los efectos que produce.

Se habla incluso he leído algunas declaraciones del señor Presidente de la Corporación, las que ha reiterado de alguna forma de que puede legalizarse el consumo de marihuana. Estas señales, a mi juicio, se van dando, están reflejadas en el proyecto; pero, por lo menos, son confusas frente al planteamiento que surge desde los sectores policiales, en cuanto a prevenir y advertir sobre el grave flagelo que significa el consumo de drogas.

Si uno compara la penalidad para aquel que fabrique, transforme, prepare o extraiga sustancias que producen grave daño, con la sanción que se establece para quien sea sorprendido consumiendo la droga, e incluso con la consagrada en el artículo en discusión para el que tiene plantación para su uso personal, claramente uno no ve correspondencia entre la gravedad de la droga y la que reconocemos por su consumo. Ahí se produce una señal muy confusa.

Este proyecto de ley apunta a combatir un grave flagelo. Sin embargo, contiene elementos que nos hablan de que no es grave. Allí hay aspecto sustantivo que, en definitiva, debilita la iniciativa frente al drama que estamos viviendo por el consumo de la droga.

Se penaliza al fabricante y al traficante ¿Para qué hacen eso? Para que otros consuman la droga y no para guardarla en un aparador y observar su linda producción. Eso es lo que me parece extraordinariamente grave. En el proyecto no hay correspondencia entre tráfico y consumo, en circunstancias de que el tráfico está hecho precisamente para el consumo y eso es lo que daña a la sociedad.

Anteayer, en una conversación sostenida con el sacerdote Mariano Puga, párroco de la población La Legua, me contó que en esa población corre libremente la pasta base, la que se consume en todas las esquinas.

La Sociedad de Fomento Fabril entregó ayer un informe, en el que da cuenta de cómo se consume la droga en las empresas, en los lugares de trabajo, con los daños nocivos que causa a toda la producción nacional y, desde luego, a las personas.

Quiero llamar la atención sobre el hecho de que estamos aprobando un proyecto de ley para combatir el tráfico y el consumo de drogas, y advertir que, al mismo tiempo, debilitamos la señal que entregamos a la sociedad desde el momento en que el consumo aparece como algo permitido en la iniciativa. Aún más, se reconoce explícitamente que quien tiene una plantación para su consumo personal no daña a la sociedad. De ahí que si invitara a otras personas a participar en el consumo masivo de drogas y no son sorprendidos, todos podrían estar exentos de culpabilidad, por cuanto se encontrarían dentro de la casa.

La señal que estamos entregando es mala. El proyecto en este sentido, en su globalidad, en su concepción y contexto, es débil frente a un problema cuya magnitud y gravedad la sociedad nos informa. La droga se asocia al concepto de la corrupción. Vemos cómo sociedades tan desarrolladas como la de Japón, las europeas y la americana viene de regreso en esta materia. Parece que nosotros todavía nos queremos imaginar que en nuestro país, en nuestra sociedad, hay un espacio posible para que la libertad humana se desenvuelva hasta el extremo de no reconocer el peligro de un grave problema como es el de la droga.

Si se habla de prevención y de educar a la sociedad, esta iniciativa de ley, en alguna medida, está desdiciéndose respecto de lo que reconocemos que debe hacerse en nuestra sociedad. Estoy muy de acuerdo con el señor Ministro en que la concepción moderna no es encarcelar a aquellos que caen en el consumo de drogas. Pero también hay que advertir que hoy no existen en nuestra sociedad los centros rehabilitadores para ir en auxilio de aquel que está sumido en la droga.

Los flagelos que está produciendo la droga van mucho más allá de lo que aquí se puede reconocer. De hecho, el Diputado señor Hernán Bosselin solicitó que se oficiara hace mucho tiempo al señor Ministro de Defensa Nacional para que dijera cómo era efectivo que en Chile se estaba combatiendo eficazmente la droga y expresaba este parlamentario: "No quiero que me manden el clásico informe de los servicios policiales que señala: hubo tantas detenciones y tantos allanamientos. Deseo que me digan realmente cómo se están metiendo en el fondo de este problema, que apenas asoma la punta del iceberg." Hasta el día de hoy, el Diputado señor Bosselin no ha tenido respuesta.

¿Qué sucede hoy con los decomisos de drogas? ¿Qué hacen con ellos los servicios policiales? Existen dudas respecto de cómo esa droga es eliminada. No conocemos todos los antecedentes y bien sabemos que en esa materia hay corrupción o posibilidad de corrupción.

En consecuencia, redondeando la idea, estimo que este proyecto de ley es muy débil en su contenido y sustancia respecto del consumo de la droga. Aquel que lo lea en forma rápida, dirá: "Sí. Es posible el consumo". Y esa persona no entenderá jamás que el Estado esté hablando de la gravedad del problema de la droga si mira las leyes dictadas por los parlamentarios y ve que el consumo es penalizado de una manera casi ridícula frente a lo dramático del problema.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, concuerdo totalmente con las palabras del Diputado señor Bombal, porque quizás nos toca vivir realidades demasiado dramáticas que, si no las asumimos en su integridad, las leyes no serán efectivas, y este flagelo que va mucho más allá de lo que se ha mencionado, a lo mejor será insostenible en el tiempo.

El mencionaba la reunión que tuvo con el sacerdote Mariano Puga en la población La Legua. No sólo quiero reafirmar lo expresado por el Diputado señor Bombal, sino ir mucho más lejos. En días pasados, en el mismo lugar, recibí testimonios más dramáticos aún: en esa modesta población se ha perdido una generación completa debido al consumo de la droga. Quiero colocar un ejemplo para dimensionar hasta dónde ha llegado el problema. En días pasados, estuve allí en una reunión con 40 ó 50 familias, donde las madres y los pobladores me manifestaban cómo a raíz de la droga habían perdido a sus hijos. Pregunté a las personas cuál era el problema más grave que tenían. Un niño de seis años que había allí fue el primero en contestar. La realidad que vive él es la pasta base. ¡Y tiene sólo seis años, señor Presidente!

Esto es lo que en verdad está ocurriendo: se están perdiendo generaciones enteras. Cuando esto se ve en una realidad específica y el problema se extiende con una velocidad insospechada, significa que no estamos dimensionando el tema en sus justos términos. Creo que esta situación hay que atacarla por distintos lados. Sin duda, es complejo y no se resolverá con esta iniciativa de ley. Derechamente hay que castigar el consumo de la droga en forma severa, al igual que su tráfico pues, en caso contrario, nada resolveremos y pasará lo mismo que ha sucedido muchas veces con la delincuencia: que por no dimensionarla como correspondía hemos sido sobrepasados. Estimo que el Parlamento, en definitiva, está para hacer frente al problema de la droga y atacarlo en forma efectiva. De lo contrario, esta legislación es irreal y las realidades nos sobrepasarán.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, este proyecto lleva un tiempo larguísimo en la Cámara de Diputados, pues ha pasado por varias Comisiones. Podríamos realizar la discusión particular, muy importante y de fondo, en varias jomadas, tal como ocurrió con la discusión general.

Solicité el cierre del debate con la intención de que avancemos efectivamente hasta su total despacho en la presente sesión o lo antes posible. Todos sabemos que la situación de los quorum es muy inestable y debemos cooperar para que un proyecto tan importante, sobre el cual hay consenso en los aspectos fundamentales, pueda salir adelante.

Por lo tanto, antes de repetir la votación, solicito que Su Señoría recabe el asentimiento de la Sala para fijar una hora tope para el debate, a fin de aprobar todas las normas que no son de quorum calificado en la jomada de hoy.

Nada más.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En conformidad al acuerdo anterior, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que otorga beneficios a los profesionales de los servicios de urgencia del sector salud, regidos por la ley N° 15.076.

La proposición de la Comisión Mixta se encuentra en el boletín N° 926-11 y figuran en el número 8 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, en la Comisión Mixta que trató este proyecto ocurrió un hecho grave.

Como todos saben, el proyecto que otorga importantes beneficios a los profesionales de los servicios de urgencia tiene carácter retroactivo, a contar del 1 de enero de 1993. La diferencia entre la Cámara y el Senado se centró en el tema del pago retroactivo del 7 por ciento destinado al pago de cotizaciones a las instituciones de salud previsional.

La Cámara sostuvo, por unanimidad, que no correspondía pagar tal porcentaje con efecto retroactivo, por cuanto no se establecen contraprestaciones. Como se trata de un seguro, nadie lo paga en forma retroactiva, salvo que se acumule en una cuenta individual, como lo establece el proyecto que reforma la ley de isapres, en tramitación. La mayoría del Senado estimó que esta materia es de iniciativa del Ejecutivo y que la Cámara no estaba autorizada para modificar normas de seguridad social. El tema es discutible y hubo distintas opiniones.

Para evitar dudas sobre la constitucionalidad de la disposición aprobada por la Cámara, el Ejecutivo presentó una indicación a petición de la Senadora señora Feliú, en los mismos términos de la norma aprobada por la Cámara. Sin embargo, la Oposición votó en contra de la indicación argumentando como lo hizo la Senadora señora Feliú que era una indicación extemporánea y que no correspondía formular indicación en la Comisión Mixta sobre una materia que era iniciativa exclusiva del Ejecutivo, en circunstancias de que hay una serie de precedentes, muchas iniciativas la más conocida de todas es la propia Ley de Presupuestos respecto de las cuales el Ejecutivo ha presentado indicaciones precisamente en dicha Comisión.

El Diputado señor Masferrer, de la UDI, argumentó en favor de la indicación del Ejecutivo, pero, inexplicablemente, votó en contra. Por su parte, el Diputado señor José García estuvo de acuerdo con la indicación de la Cámara en el debate de ayer, pero también votó en contra.

El efecto práctico de esta actitud de la Oposición es regalarle 200 millones de pesos a las isapres. Ya en 1992, en virtud de distintas leyes, la suma ascendió a 400 millones. En esta ocasión, se les regalan 200 millones, sin existir, a cambio, ninguna contraprestación, ninguna causa. Lamentamos la actitud de los representantes de la UDI y de Renovación Nacional.

Las isapres ya obtienen altas utilidades. En realidad, estos 200 millones afectan el presupuesto de Salud, por cuanto se restan de su presupuesto, lo cual perjudica la atención primaria y otros programas en favor de la población.

Las bancadas del Partido Socialista y del Partido por la Democracia votarán en contra de la propuesta de la Comisión Mixta, porque la disposición aprobada por la Cámara de Diputados permitía que estos 200 millones de pesos fueran destinados a otras áreas de la política de salud y no constituyeran un regalo a las isapres, sin contraprestación de ninguna naturaleza.

Es todo cuanto puedo decir.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, efectivamente, como dice el Diputado señor Montes, junto con el Diputado señor Masferrer cambiamos de opinión. Pero no estimamos por ello haber cometido un acto carente de seriedad.

En primer lugar, es necesario aclarar que el 7 por ciento destinado al pago de cotizaciones de salud es obligatorio, y no existe necesariamente equivalencia entre el monto de la cotización y los beneficios que se reciben. Me explico. Si convengo con una isapre un programa de salud por 50 mil pesos, y el monto correspondiente al 7 por ciento de cotización obligatoria que debo pagar alcanza a 80 mil pesos, estoy obligado por ley a pagar los 80 mil y no los 50 mil que vale el programa de salud. Con esto queda demostrado que no existe una correspondencia exacta entre lo que se paga a la isapre por un programa de salud y la cotización obligatoria del 7 por ciento.

Respecto del argumento de que se les están regalando 200 millones de pesos a las isapres, quiero decir que ello es relativo, porque ellas también deberán otorgar beneficios que, de otra manera, no entregarían. Por ejemplo, las licencias médicas presentadas por los médicos en ese período deberán ser reliquidadas sobre la base de las nuevas remuneraciones y de las nuevas cotizaciones. De manera que no se puede afirmar que les estemos entregando recursos en forma gratuita.

Además, me imagino que habrá algunos médicos que están afiliados al sistema de salud público, es decir, del Fondo Nacional de Salud.

Además, hay dos argumentos constitucionales de mucho peso que influyeron para que modificáramos nuestro voto.

En primer lugar, la garantía constitucional de igualdad ante la ley. El Congreso ha despachado unos diez o catorce proyectos sobre mejoramiento de remuneraciones a distintos servidores públicos, todos los cuales, o su gran mayoría, tuvieron efecto retroactivo. Pongo un ejemplo que involucra mucho dinero: el Estatuto Docente. Los recursos destinados a su aplicación durante estos tres años deben llegar a una cifra cercana a los 50 mil millones de pesos. Sin embargo, ninguno de tales proyectos contempló una norma que no hiciera obligatorio el pago del 7 por ciento. Por lo tanto, hacerlo en este proyecto dejaba abierta la posibilidad de que se presentaran recursos de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad de la ley, ocasionándole problemas al Ministerio de Salud en su relación con los médicos de los servicios de urgencia.

En segundo término, efectivamente el origen de la indicación parlamentaria tiene vicios de constitucionalidad, pues se trata de una materia sobre seguridad social y sólo el Presidente de la República tiene iniciativa respecto de ella. Además, esta norma requería quorum calificado, cosa que tampoco se cumplió.

Por último, la redacción propuesta por el Ejecutivo no era satisfactoria. Las remuneraciones son indivisibles. No les estamos ahorrando dinero al Ministerio de Salud; se trata de mejorar las remuneraciones de los médicos y de los funcionarios de los servicios de salud. Por lo tanto, de ninguna forma el Ministerio estaría ahorrando estos recursos, porque, en todo caso, el 7 por ciento debería haber beneficiado a los médicos, porque es parte de sus remuneraciones y no veo por qué debemos quitársela.

Estas son las razones, los argumentos y los fundamentos que tuvimos para votar en la forma mencionada.

Además, si se trata de cambiar de opinión, quien lo hizo fue el Ejecutivo, porque lo votaremos ahora y lo que aprobaremos en los términos propuestos por el Senado, es exactamente lo mismo que propuso el Ejecutivo; por lo tanto, éste también cambia de opinión cuando envía una indicación, y no creo que por eso deje de actuar en forma seria.

He dicho.

El señor REYES.-

Señor Presidente, quiero anunciar el voto en contra de los Diputados democratacristianos a la disposición que aprobó la Comisión Mixta. Lo hacemos porque, en caso contrario, se producirá un traspaso de recursos y enriquecimiento sin causa de las isapres, las que como lo señaló con mucha claridad el Diputado señor Montes han ganado suficiente dinero durante sus años de gestión. Nos parece absurdo que cuando se reclama destinación de recursos para el sector salud y solución a problemas que heredamos de la administración anterior y que este Gobierno ha debido enfrentar, se priorice el traspaso de recursos fiscales a entidades que no los requieren.

Nos parece absolutamente contradictoria la posición asumida por los colegas de la Derecha que participaron en la Comisión, los cuales, con su voto, han concurrido a aprobar una disposición que, a nuestro entender, resulta absolutamente injustificada. La salud necesita de recursos y el fisco, a través de la norma propuesta, estaría obligado a destinar una cantidad no inferior a 200 millones de pesos contra una prestación absolutamente inexistente.

Por esa razón nos parece que la Cámara debe rechazar la propuesta formulada por la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el precedente en la tramitación legislativa de los informes de las Comisiones Mixtas ha sido que se aprueban en forma global o se rechazan. Por consiguiente, a mi juicio, en el artículo 4a en cuestión, la interpretación no permite desglosar el inciso primero respecto del segundo. En consecuencia, si se rechazara, nos quedaríamos sin ley en cuanto a este artículo. Ese ha sido el procedimiento normal de esta Corporación, en cuanto a que se rechaza la globalidad.

Entiendo la argumentación de que son ideas distintas las contenidas en los incisos primero y segundo; pero, a mi juicio, reitero, si se rechaza la proposición del Senado, no hay ley sobre este artículo.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención sobre el hecho de que ayer aprobamos este artículo y que los asuntos de que trata la Comisión Mixta son distintos. Entonces, no tendría sentido la interpretación del Diputado señor Melero, porque la retroactividad fue aprobada por el Senado y por la Cámara. Respecto de ella no hay punto de controversia. Lo único que está en discusión es el 7 por ciento correspondiente a las isapres. Cualquiera que sea la formalidad que adoptemos, eso es lo único que podemos debatir.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, desde el punto de vista del Reglamento, lamento discrepar con mi colega Huepe. Él está completamente equivocado por varias razones.

La primera es porque si fuera así, ¿para qué votamos? Además, si aprobamos o rechazamos la proposición no existirá esa frase, y mejor se retira el proyecto y se acaba la discusión. Eso demuestra que aquí está en discusión el artículo 4a, que tiene determinado costo con una indicación, y otro sin ella. Sobre eso no hay acuerdo. Por lo tanto, si la Cámara rechaza la proposición de la Comisión Mixta, no hay artículo 4°.

Varios señores DIPUTADOS

¡No!

El señor ESTEVEZ.-

Eso no quiere decir que no haya ley sobre la materia, sino, simplemente, que es necesario un veto aditivo de parte del Presidente de la República, quien podrá volver a proponer el criterio que hoy es corriente en todos los actuales y futuros proyectos de reajuste de remuneraciones con efecto retroactivo, cual es, que no se paguen cotizaciones previsionales. Por lo tanto, si se rechaza el artículo, el Gobierno hará uso del veto aditivo y repondrá la idea esencial que se quiere establecer.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, pienso naturalmente es algo debatible que esto lo resuelve la propia Comisión Mixta en la forma como elabora su informe.

Si ella hubiera decidido poner en votación la frase, y la rechaza, ése es su acuerdo. La Comisión Mixta votó tres propuestas de artículo 4°. Rechazó dos en su conjunto, y aprobó una tercera por mayoría de votos. Por tanto, la Comisión Mixta es soberana para entregarnos en paquete podríamos decir las resoluciones que nos somete a consideración. Votó el artículo en conjunto, no una frase. Ahora, es debatible si había acuerdo o no en cierta parte. Uno puede estar de acuerdo con determinado artículo en la medida en que tiene una restricción, o en desacuerdo con él si no la tiene. Por ejemplo, uno no puede decir que el acuerdo sobre el 80 por ciento sigue igual. En el caso específico de la Ley de Presupuestos, lo hemos discutido de manera distinta. Yo fundo mi argumento en que la Comisión Mixta votó el artículo en conjunto y no una frase de él. Por consiguiente, la proposición se refiere al conjunto del artículo.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, lamentablemente coincido con lo expresado por el Diputado señor García, aunque yo me opuse a la totalidad del articulado.

Ayer ya aprobamos el informe, salvo lo que concierne al 7 por ciento. Por lo tanto, el texto que se nos presenta como artículo 4a no es el resultado del debate habido en la Comisión Mixta y debiera ser promulgado como ley, salvo que el Ejecutivo hiciera alguna objeción, por cuanto fue aprobado en primer trámite por la Cámara de Diputados y en segundo trámite por el Senado, y no es la materia de controversia.

Creo, asimismo, que hay un defecto en la conclusión de la Comisión Mixta y que el informe debiera decir que la diferencia suscitada se resolvió sobre la base de una votación que determinó excluir lo que queríamos que se incluyera. Pero el citado texto ya fue aprobado y no tiene sentido volver a votarlo.