Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto ley que modifica el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil, sobre deserción del recurso de apelación, y el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal, respecto de la contestación de la acusación.

El informe de la Comisión Mixta está impreso en el boletín N° 399-07 y figura en el número 6 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley que garantiza la probidad de las autoridades y jefes de los servicios públicos, diputados y senadores.

El texto del proyecto impreso en el boletín 966-07, figura en el número 7 de los documentos de la Cuenta de la sesión 73 celebrada el 12 de mayo de 1993.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en relación con este proyecto de ley tan interesante y positivo, me referiré exclusivamente a su artículo 4°, dado que hay distintas formas de enfocar el tema de la independencia de los altos servidores públicos de la administración y de los representantes políticos. De alguna manera, el artículo en referencia conciba diferentes puntos de vista tales como la independencia o la asepsia total de los servicios públicos en materia de negocios que se puedan administrar, con la libertad o liberalidad que ha existido hasta hoy sobre sus representantes y, en particular, respecto de la administración de los negocios.

Sobre el particular, mantendré una posición distinta de la señalada en el artículo 4°, ya que las personas indicadas en los artículos 1° y 2°, vale decir, los de la alta administración pública y los representantes populares Diputados, Senadores, alcaldes y concejales elegidos, no deben mantener negocios de ningún tipo, única forma de ejercer cabalmente una representación sana.

Soy partidario de que quien inviste el carácter de representante público sea totalmente independiente. En el caso de los Senadores y Diputados, la dieta parlamentaria debe garantizar la independencia de los representantes.

Planteo este punto de vista, a pesar de que el Diputado señor Jorge Pizarro mantiene una opción distinta, ya que prefiere una cierta libertad en los negocios, un niquiscocio.

Estoy en desacuerdo con este artículo 42 porque implica solamente la pérdida de la administración directa de los negocios y de mantención por medio de interpósitas personas. En verdad, no garantiza de manera alguna la independencia de intereses de los representantes populares, en relación con las decisiones que adopten en beneficio de la nación.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, me parece pertinente la moción presentada por algunos señores Diputados sobre este tema que, en el último tiempo, ha rondado en el ambiente de nuestro país. Sin embargo, su contenido me merece algunos reparos, ya que no cumple la finalidad que tuvieron en mente sus autores.

Si uno examina pormenorizadamente el articulado, llega a la conclusión de que este proyecto, como instrumento para concretar las ideas rectoras de los señores Diputados, no cumple con la finalidad de realizar adecuadamente lo que ellos han pretendido. A modo de referencia, simplemente señalo algunas de las observaciones que me merece el desarrollo de las disposiciones.

La primera pregunta consiste en si el artículo l2 comprende efectivamente a todos los altos funcionarios del Estado o si es excluyente respecto, por ejemplo, de los altos magistrados del Poder Judicial y de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Ella es válida porque entiendo que estamos legislando acerca de aquellas personas que ejercen altos cargos de responsabilidad en distintos ámbitos de la conducción del Estado, como quiera que hablamos de "ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicios". De tal manera que ahí tenemos una primera interrogante. Me gustaría saber si la enumeración del artículo l2 es suficiente o debería comprender también a otras personas •que ejercen responsabilidades en otros ámbitos de la Administración del Estado.

Otra pregunta: ¿Qué pasa si estas personas no hacen la declaración jurada a que se refiere el artículo l2? ¿Cuál es la sanción? No se especifica en el proyecto, a pesar de que el artículo 82 establece que "el incumplimiento de las obligaciones dispuestas en esta ley será considerado como infracción grave...". ¿Y qué significa que sea una infracción grave? La iniciativa no lo explícita.

Por lo tanto, podemos tener una muy buena propuesta programática en el artículo le, pero sin contenido real, sin finalidad concreta y sin sanción eficaz respecto del posible grado de responsabilidad que podría caberle a la persona si efectivamente no cumple con esa obligación legal. La verdad de las cosas es que las obligaciones impuestas por la ley tienen por finalidad servir a los objetivos del proyecto.

Lo mismo puedo decir sobre el artículo 2°. ¿Qué pasa si no se cumple con la obligación que impone? En ese caso, simplemente no pasa nada y, por lo tanto, tal como se concibe la disposición, en la práctica es del todo inocua e ineficaz.

Respecto del artículo 4°, creo que es abiertamente inconstitucional, porque la norma general que establece nuestra Carta Fundamental es la plena libertad de las personas para trabajar y desarrollar las actividades económicas que estimen pertinentes y, en consecuencia, la ley norma de rango inferior no puede consignar una excepción en contra de ese principio general. Como las excepciones establecidas en nuestra Carta Fundamental no se refieren precisamente a lo señalado en este artículo, no es posible aprobar una norma de esta naturaleza sin violar el principio general consagrado en aquélla y que rige para todos, en cuanto a que, en el ámbito económico, los ciudadanos de este país, cualquiera que sea su cargo, pueden ejercer toda la libertad de trabajo y de negocios propios o ajenos que estimen pertinentes.

Por lo demás, la posibilidad de designar un mandatario en el hecho y jurídicamente no tiene ningún significado, porque todos sabemos que lo que éste hace se entiende por mandato de la ley que efectivamente lo realiza el mandante. De tal manera que en ese aspecto esta norma también sería ineficaz.

Respecto del artículo 5e, pienso que también es inconstitucional, por establecer una inhabilidad que va mucho más

allá de la que, excepcionalmente, contiene l° Constitución, por ejemplo, respecto de los ministros de Estado, y vuelvo a la norma general que establece que las personas no están inhabilitadas para ejercer las funciones a que se refiere el artículo 5a, toda vez que la Constitución no lo prohíbe. En consecuencia, si la propia Carta Fundamental no prescribe una excepción, a mi juicio, no podría la ley, siendo una norma de rango inferior, establecer una excepción que violaría el principio general consagrado constitucionalmente.

El artículo 6°, por ser muy amplio, no cumple la finalidad que persigue.

El contenido del artículo 7° no debería ser materia de ley, pues, por la vía del reglamento, se podría crear una comisión de ética, incluyendo en las modificaciones en estudio una disposición que así lo permita, pero acotando debidamente su sentido y alcance.

Respecto del artículo 9a, su interpretación puede llevar a ciertos equívocos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere cuando habla de "las autoridades administrativas"? ¿Cuál es el alcance de este concepto? ¿Se refiere a las autoridades políticas a cargo de los entes administrativos del Estado?, ¿a sus jefes superiores?, ¿a todo empleado público que ejerce alguna autoridad en el ámbito del Estado, cualquiera que sea su rol en los distintos escalafones? A mi juicio, no está claro. El concepto de autoridad administrativa es muy amplio y, por lo tanto, hay que especificarlo en forma adecuada.

Al prohibir cualquier influencia en favor o en representación de empresas nacionales o extranjeras, ¿se refiere al concepto de empresa establecido en el Derecho Comercial?, ¿a empresas constituidas jurídicamente?, ¿a empresas individuales? En consecuencia, estamos en presencia de un concepto muy generalizado.

Lo mismo ocurre cuando hablamos de empresas nacionales o extranjeras interesadas en negociaciones...". Es decir, se parte de la base de que existirían empresas nacionales o extranjeras interesadas en celebrar determinados contratos o negociaciones con el Estado chileno. ¿Por qué no establecer un enunciado mucho más amplio que contemple no sólo el interés que podrían tener estas empresas, sino también las influencias que se podrían ejercer cuando están constituidas, cuando los contratos se han celebrado o producen efectos? ¿Por qué limitarlas sólo a la etapa previa a la celebración de los contratos? Por lo tanto, también habría que redactar este artículo en forma correcta.

Respecto del artículo 10, por el que se pretende configurar un nuevo tipo penal, también habría que consignar en forma clara algunos elementos de juicio de este tipo. Por ejemplo, cuando habla de que el sujeto activo que podría cometer el delito es un "empleado público" y en los artículos anteriores se establecen determinadas obligaciones para las más altas autoridades del Estado, cabe preguntarse: ¿Qué entendemos, en este caso, por empleado público?, ¿están contemplados los altos funcionarios, muchos de los cuales tal vez no tengan tal calidad?

Por otra parte, cuando habla de "un incremento patrimonial apreciable", ¿a qué se refiere? Este es un concepto sustancialmente relativo. Puede ser apreciable respecto de una persona que tiene muy pocos bienes y que los duplica, pero no de la que posee un patrimonio considerable, caso con el cual bastará con que lo incremente en uno, dos o cinco por ciento para estar en presencia de un incremento patrimonial apreciable. Por lo tanto, a mi juicio, también debería acotarse debidamente este tipo penal.

Asimismo, se refiere a ser "debidamente requerido". ¿Requerido por quién? ¿Quién es la persona o institución que puede requerir a ese funcionario público o a ese alto funcionario del Estado a fin de que justifique el incremento patrimonial apreciable a que se refiere el tipo penal?

Por todas estas razones, y no obstante valorar la iniciativa de algunos señores Diputados tendiente a introducir en nuestra legislación elementos más específicos para resguardar la probidad en el desempeño de las altas funciones, la materialización de este instrumento legal no conlleva necesariamente la justa determinación de las ideas que tuvieron en mente sus autores.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Huenchumilla me permitirá resumir mi exposición, ya que sus observaciones me parecen fundadas y válidas, y coincido en gran parte con su contenido.

Antes que nada, quiero felicitar a los autores de la moción. La idea de legislar sobre la materia es positiva, sobre todo porque proviene de Diputados y en un momento en que es muy fácil criticar y hacer imputaciones a la labor que el Congreso realiza, fundamentalmente en cuanto a las supuestas ventajas que tendrían los parlamentarios en el ejercicio de sus cargos respecto del resto de los chilenos.

Esta iniciativa es sana para el país, y todo lo que apunte a dar mayor transparencia al ejercicio de los cargos públicos debería contar con la aprobación de la Honorable Cámara de Diputados.

Cosa distinta es que su articulado sea susceptible de perfeccionamiento, lo cual resulta propio de la tramitación de un proyecto de ley, y entiendo que lo señalado por el Diputado señor Huenchumilla apunta precisamente en la dirección de que se puede perfeccionar en el segundo trámite reglamentario. Es más, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia no asistí a la sesión en la cual se votó el proyecto tampoco entró en el análisis exhaustivo de las normas con el ánimo de agilizar su tramitación, para no tenerlo estancado por semanas en el trámite de primer informe y permitir una discusión más amplia en el segundo con las indicaciones presentadas en la Sala o con las que se presenten durante su tramitación en dicha Comisión.

A continuación, formularé algunas breves observaciones sobre el contenido del proyecto.

En primer lugar, y con justa razón como lo ha sostenido el Diputado señor Huenchumilla es necesario determinar qué personas estarían obligadas a cumplir con la obligación de hacer una declaración jurada y con las demás normas contenidas en el proyecto. Tiene razón cuando puntualiza que no están todas las que debieran estar. Por lo tanto, si es necesario definir un concepto sobre esta materia, más allá de la descripción caso a caso que, obviamente, tendrá que hacer la ley, el artículo 1 podría referirse a toda autoridad que tenga altas responsabilidades públicas, ya sea en los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o en otras instituciones relevantes del país. El colega también tiene razón en la necesidad de describir con mayor amplitud las personas afectadas. No veo por qué no se podría afectar, por ejemplo como aquí se ha señalado, a personas que cumplen altas funciones en la Contraloría General de la República, en las Fuerzas Armadas o en el Poder Judicial. El proyecto trata de prevenir precisamente que, producto de la influencia que una persona tiene por el ejercicio de su cargo público, el día de mañana caiga en la tentación de cometer actos de corrupción que restan transparencia a su gestión, fundamental para el normal desarrollo de un país.

En síntesis, es necesario perfeccionar ese artículo 1° en los términos enunciados precedentemente.

Respecto del artículo 4°, estoy en absoluta discrepancia con su contenido. El Diputado señor Huenchumilla hacía mención a ciertas limitaciones de carácter constitucional. Al respecto, deseo plantear una cuestión distinta, sin perjuicio de lo que él manifestó.

No debe impedirse que un parlamentario o un alto funcionario público ejerza legítimamente la actividad que escogió como profesión. Si a la Cámara de Diputados accede alguien que es empresario, abogado, médico o profesional, no veo por qué se le debe inhabilitar para que ejerza su profesión o administre sus negocios. Lo que la ley debe precaver es que tal administración no sea utilizada en las relaciones con la Administración del Estado y que, producto de su influencia, esa alta autoridad obtenga beneficios ilegítimos en su favor. Pero no veo por qué, por ejemplo, a los Diputados señores Schaulsohn o Huenchumilla se les deba prohibir ejercer su profesión de abogado si tienen una sociedad profesional; o a los Diputados que son médicos, si el día de mañana quieren instalar un centro médico; como, asimismo, que un Diputado no pueda ejercer legítimamente su actividad de empresario para la cual estudió y se formó, y con la cual pretende seguir viviendo.

De manera que ahí existe una mala orientación del contenido del artículo. Entiendo que se pretende evitar que las personas que administren sociedades y que ejerzan funciones públicas hagan uso indebido de su cargo para obtener ventajas en empresas públicas; pero esa posibilidad se puede obviar de manera distinta. Pueden existir todos los mecanismos de control imaginables, pero no es legítimo impedir a los parlamentarios, a los ministros, a los concejales y a los alcaldes administrar sus propios bienes o las empresas en que ellos participen. En ese sentí do, no estoy de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4a.

El artículo 5°, a mi juicio, discrimina en forma absurda, porque se refiere a las personas señaladas en el artículo 1°, el cual excluye a los Diputados y Senadores. No entiendo por qué esta disposición sólo tendría que aplicarse a los Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, etcétera, y no a los parlamentarios.

Este artículo dispone: "Las personas a que se refiere el artículo 1° quedarán inhabilitadas, durante el ejercicio de la función pública y hasta un año después de haber cesado en dicho cargo, para desempeñarse como directores o gerentes en empresas que presten servicios a la comunidad en virtud de concesiones otorgadas por el Estado, aun cuando éste no tenga participación alguna en su propiedad.". O sea, inhabilita para participar en tales cargos.

No logro entender por qué la limitación se establece compartiendo su principio respecto de las "empresas que presten servicios a la comunidad en virtud de concesiones otorgadas por el Estado.". Creo que son muy limitados los casos de este tipo de empresa. La norma apunta a que mientras una persona ejerce un cargo público no puede ser director de una empresa pública y que, para ello, al término de su función, hay un período en el cual no puede continuar ejerciéndolo. Así, un señor Diputado que ha dejado de serlo, no puede ser director del Banco del Estado durante el año siguiente al cese de sus funciones, porque podría presumirse que ese cargo lo obtuvo mediante un compromiso contraído en el ejercicio de su función parlamentaria, y lo que nosotros queremos es la mayor transparencia en esta materia. Pero ése es un asunto absolutamente distinto. Creo que no debemos limitar el artículo a una situación tan menor como serían empresas que presten servicios a la comunidad, en virtud de concesiones otorgadas por el Estado.". Aquí hay un problema de redacción, aun cuando trato de entender el espíritu que animó a los señores parlamentarios autores de la moción.

Coincido con el artículo 6°. Una de las formas más comunes de corrupción, en la política o en la actividad pública moderna, son los regalos, las dádivas, el cobro por gestiones que se realizarán. Constituyen fórmulas o maneras que no corresponden al ejercicio de una función pública.

Sin embargo, me parece que, al respecto, es razonable establecer un límite, y con mucha claridad, porque cuando la norma habla de "regalos", se supone que ellos se perciben en el ejercicio de las funciones, puesto que, de lo contrario, este texto se prestaría para abusos. En principio, me parece que el sentido es claro: quien ejerce un cargo público no puede recibir ningún tipo de dádivas, regalos o promesas de terceros, salvo aquellos que se efectúen a través de los canales regulares y con el objeto de poder cumplir con las funciones del cargo, porque si no, ello se presta para fórmulas veladas de corrupción. El Parlamento no quiere que existan dudas al respecto, pero me parece que hay que establecer, con mucha transparencia, una limitación porque la norma es demasiado extensa y el día de mañana podría prestarse, a su vez, para abusos en el sentido contrario: que a un parlamentario lo terminen acusando de recibir dádivas o de ejecutar acciones impropias del cargo, porque un amigo, gerente de una empresa, le haga un regalo con motivo de su cumpleaños.

En cuanto al artículo 7°, soy contrario a las comisiones de ética, salvo cuando ellas den la seguridad de que no se utilizarán con fines políticos; porque, a veces, mucho más importante que una sanción judicial o una sanción política, es la sanción ética. Afortunadamente, en una sociedad como la nuestra es frecuente que el honor y la dignidad sean valores más apreciados que la propia vida. Basta recordar lo que ocurrió recientemente en Francia, donde un alto funcionario, acusado de corrupción, se suicidó estimando que su honor valía más que su propia vida, situación que provocó en Francia un gran debate en relación, incluso, con la actividad de los medios de comunicación en estas materias. Entonces, las comisiones de ética se pueden prestar para que, en momentos de tensión y agitación, sean utilizadas como mecanismos de presión política; y como sobre ellas tendrá control una mayoría política, me parece extraordinariamente delicado que esa mayoría política, finalmente, emita un juicio ético sobre un parlamentario.

Levantaría esta observación en la medida en que creáramos un mecanismo que neutralizara esa ventaja política de mayorías o de minorías. Quisiera una comisión de ética en que no hubiese ventaja política de quienes son mayoría en un momento determinado y, obviamente, de quienes son minoría, sino que estuviesen en situación de igualdad, integrada de tal forma que nadie pudiere discutir que en un momento determinado mayorías políticas sancionarán la conducta de un parlamentario. Tengo esa aprensión. Por eso, las comisiones de ética no me parecen correctas en la medida en que no se garantice que no se utilizarán en un momento determinado, de gran agitación política o de grandes diferencias para emitir un juicio atentatorio contra la integridad moral de una persona, por razones de orden político y no por las que entiendo inspiran al artículo 7°.

Respecto de las sanciones, comparto la opinión del Diputado señor Huenchumi11a de que deben establecerse con mayor claridad. Me parece que no hay correlación exacta entre la conducta que se establece como ilícita y la sanción; pero ése es un problema de ajuste, perfectamente factible en el segundo informe de la Comisión.

También soy partidario del artículo 241 bis, que dispone que el empleado público deberá justificar el incremento patrimonial apreciable que obtenga durante el ejercicio de su cargo o de sus funciones, porque si lo ha logrado en forma lícita, nunca tendrá temor de decir cómo lo hizo.

En la historia de este país, y de otros, se han dado muchos casos en que de la noche a la mañana, curiosa y misteriosamente, aparecen personas con un enriquecimiento injustificado de sus bienes; pero cuando esa situación es lícita, nadie tiene ningún temor a decir cómo obtuvo el dinero. Quienes pagan sus impuestos nunca temen explicar cómo la ganaron; pero quienes no los pagan siempre tienen el temor de que en una investigación se les pueda encontrar alguna irregularidad.

Esta es una norma cuya redacción también hay que perfeccionar, porque lo relativo a incrementos patrimoniales apreciables es un juicio subjetivo que se debe estudiar. Pero pienso que es sano que exista algún mecanismo natural de control cuando una persona que ejerce un cargo público aparece de la noche a la mañana enriquecida indebidamente. De hecho, ésta es la forma como opera el Servicio de Impuestos Internos. Cuando advierte que una persona compra casas, autos, viaja y lleva una vida lujosa, retiene su declaración de renta, lo llama y le pregunta cómo justifica la adquisición de esos bienes y sus gastos. De manera que este artículo no es sino la repetición de una norma tributaria vigente, incluso quizás innecesaria, considerando que el Servicio de Impuestos Internos puede realizar un control más riguroso al respecto.

En síntesis, señor Presidente, felicito a los señores Diputados autores de esta moción tan importante, cuyas disposiciones no obstante, presentan vacíos y contradicciones que hacen imprescindible un estudio más acucioso; pero ella contiene la correcta inspiración de dar transparencia a la gestión pública, lo que, por provenir de una iniciativa de los propios señores parlamentarios enaltece aún más la función que realizamos en el Congreso.

Por esas razones, votaré a favor de la idea de legislar.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, este proyecto es de tal importancia que acoge, en cierta manera, el sentimiento de la opinión pública con respecto a la función que realizan los parlamentarios.

En días pasados, en una encuesta de un canal de televisión, entre 15 ó 20 personas entrevistadas, tal vez el 80 ó 90 por ciento de ellas se pronunció abiertamente en contra de la política y de los políticos, y esa mayoría dijo, justamente, que los parlamentarios se dedicaban exclusivamente a enriquecerse y prácticamente esta función, que muchos de nosotros realizamos con honestidad, limpieza y transparencia, ha dado pie para que, incluso, también caigamos en el mismo saco, seamos señalados con el dedo de la opinión pública y se nos identifique con los pocos parlamentarios que quizás puedan estar metidos en negocios sucios o negociados de cualquier naturaleza.

Yo soy un viejo parlamentario, y puedo decir, con absoluta franqueza, que en períodos en que nuestra función era muy controversial y de mucho enfrentamiento, prácticamente jamás hubo alguna denuncia para culpar a algún Diputado de cualquier bancada de que realizara negocios oscuros aprovechándose de su condición. Los que somos de ese tiempo quedamos marcados para siempre en cuanto a cómo debíamos enfrentar nuestra función, y porque íntimamente también sabíamos que para ser elegidos y ejercer el cargo de parlamentario debíamos tener una conducta intachable, de modo que nadie, absolutamente nadie, pudiera señalamos como corruptos, como alguien que se aprovecha de su función para hacerse millonario. Creo que eso hizo grandes aquellos períodos parlamentarios.

Este proyecto viene a poner en la línea, desde el punto de vista legal, y ojalá constitucional, cuál debe ser, no sólo la función de los parlamentarios, sino también la de todos los altos funcionarios de la Administración Pública, como asimismo las de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y del Poder Judicial.

Justamente aquí, el Diputado señor Jaime Campos denunció, públicamente, con una valentía que hay que aplaudir, nada menos que a un juez de la Corte Suprema, acusándolo de venal. Creo que a esa actitud del colega, en lugar de cuestionarla, hay que darle el valor que tiene, porque significa que ese parlamentario tiene la calidad moral para denunciar a un juez de la Corte Suprema, como se dice en chileno "coimero", quien fuera sancionado en forma reiterada por sus pares, por la propia Corte Suprema y expulsado del Poder Judicial.

Digo esto porque todos los hombres que ejercemos una función que nos ha entregado con toda limpieza, aprecio y respeto el electorado tenemos que cumplirla justamente como estimamos que debe ser la función del parlamentario, del regidor, del concejal. Pero, a mi juicio, no se trata de incurrir en demasía. Por ejemplo, los vecinos de los parlamentarios, de los alcaldes o concejales de determinadas comunas, siempre son muy tentados para darse también un solaz en su barrio o en su propia vida familiar, e invitan a una comida, a comerse un asado o a servirse un trago de vino. ¡Y quién no lo toma! Salvo algunos evangélicos, los que de todas maneras se lo beben detrás de la puerta de la casa...

Risas.

El señor PALESTRO.-

Pero, en todo caso, creo que es un exceso, una demasía prohibir ese tipo de manifestaciones, pues el pueblo, siempre tan generoso, aunque sea tan pobre, tan modesto, acostumbra atender a su compañero, a su amigo parlamentario, al concejal o al alcalde. Eso no se puede evitar. Sería controlar demasiado la vida privada de la persona que ejerce esos cargos. En el Parlamento chileno solamente hubo un solo caso, y a la distancia, y cuando, al decir de los historiadores, se aplacan las disidencias de la juventud y el enfrentamiento ideológico y político, uno empieza a mirar con más tranquilidad la historia y a ver con ojos distintos los cargos que se le imputaron a una Senadora único parlamentario desaforado y juzgado por el Senado y puede concluir que en ese caso primó la pasión política. Fueron los Senadores quienes estimaron que ella estaba comprometida en negocios poco claros y adoptaron el acuerdo de desaforarla. Fue un hecho bastante grave, que no sucedió ayer ni anteayer, y que no se ha repetido en este corto tiempo en democracia que llevamos ejerciendo cargos de representantes populares.

Por eso, considero que no debe quedar duda alguna respecto de quiénes tendrán que cumplir las disposiciones de esta iniciativa. Debe evitarse que por no caer en excesos, se deje abierta la "gatera" por donde puedan colarse los "gatos de campos" que siempre pululan en toda clase de negocios, actividades y funciones. Todos los altos funcionarios públicos tienen que quedar incluidos en esta norma, y comportarse como corresponde. Debemos elevar la imagen de los parlamentarios y de la política en general, que en Chile está tan decaída y desprestigiada y, tal vez, no por este Congreso, ya que hemos asumido nuestras funciones con plena y limpia honestidad, sin caer jamás ni siquiera en la intención de cometer un desaguisado en la vida privada o pública.

Fui regidor concejal en la actualidad en dos oportunidades, y en aquel tiempo no ganábamos "ni una chaucha", absolutamente nada, y cumplíamos a cabalidad con nuestra obligación las "veinticinco" horas del día. Los alcaldes percibían una remuneración miserable. Por ejemplo, don Carlos Valdovinos, excelente funcionario público, ex Ministro de Defensa y ministro de la Corte Suprema, recibía un sueldo de 30, no recuerdo si escudos o pesos. Quien acepta este tipo de responsabilidad debe estar consciente de que hay que sacrificarse. Aquellos años en que actuamos como regidores o alcaldes ni siquiera nos sirvieron para agregarlos a nuestra previsión, y ahora son muchos quienes solicitan que se incluyan para mejorar sus jubilaciones.

Por eso, aparte de considerar un exceso el prohibir que los parlamentarios, concejales y alcaldes reciban invitaciones a comidas populares, estoy de acuerdo con la intencionalidad del proyecto. Es muy diferente si me invitan a la Unión Soviética para publicitar los vuelos de una determinada línea aérea como han procedido muchos, y nadie puede negarlo; eso no lo acepto. Tampoco aquellas invitaciones a parlamentarios a ciertos países o, aquí mismo en Chile, para inaugurar grandes empresas. Siempre he pensado que debemos guardar respeto hacia la gente que nos eligió para ocupar un cargo en el Congreso o en una municipalidad.

En consecuencia, salvo mis objeciones al artículo 6e, estoy de acuerdo, en general, con el proyecto, en el sentido de que todo aquel que ejerce una función debe cuidar su imagen y demostrar moralidad. Coimear a grandes empresarios significaría, sencillamente, desnaturalizar el pensamiento de la opinión pública respecto de nuestra lucha, de nuestro trabajo y de nuestro quehacer como parlamentarios.

Votaré en forma favorable todos los artículos del proyecto, salvo algunos puntos contenidos en el artículo 6°, por parecerme exagerados y estimar que no vale la pena incorporarlos en esta iniciativa.

Hecha esta salvedad, reitero que estoy de acuerdo con todos los artículos propuestos, pues sirven para subrayar ante la opinión pública la gran función que cumple el parlamentario, el alcalde, el concejal y todos los jefes de servicios que ejercen un alto cargo en la administración pública.

Nada más.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la discusión de este proyecto se inició en una sesión anterior, pero como no se alcanzó a votar por haber llegado el término del Orden del Día, quiero formular algunas precisiones.

Agradezco lo expresado por los Honorables señores Huenchumilla y Espina y, en general, por todos los señores Diputados que han intervenido en el debate. Estas son ideas nuevas; ninguna ley en Chile aborda este problema. Por ello, resulta absolutamente lógico que la Comisión se aboque a perfeccionar un proyecto que, para ser eficaz, debe redactarse con mucha precisión, como dijo el Diputado señor Huenchumilla. Lo importante es la concordancia de todos los sectores políticos de la Cámara en estudiar una iniciativa de esta naturaleza.

Me parece importante referirme brevemente a algunas de las cosas que se han dicho en esta Sala, porque, al parecer, cuando se formulan observaciones críticas a veces se piensa que hay más disenso que consenso. Esa es una impresión errada.

Creo que todos estamos absolutamente de acuerdo incluso el Ejecutivo, que ha formulado indicación rerredactando algunos aspectos de los artículos 1Q y 2Q, para que los funcionarios públicos de cierto rango y las personas elegidas por votación popular hagan una declaración jurada de sus bienes. Si se produce una disparidad entre los bienes que poseían al asumir el cargo y los que tiene al cesar en sus funciones, la situación es susceptible de ser investigada.

La observación del Diputado señor Huenchumilla es pertinente, en el sentido de que es necesario precisar los alcances de la norma, para que no sea arbitraria y cumpla su propósito. En el momento en que consagremos una disposición de ese tipo, creo que vamos a tener mayor probidad y transparencia.

Tampoco existe un listado exhaustivo respecto de las personas que deben presentar esa declaración. He escuchado en la Cámara entiendo que hay indicación del Ejecutivo y de algunos señores parlamentarios en tal sentido la idea de agregar a los altos magistrados de los tribunales de justicia, y hay quienes sugieren incluir a los mandos superiores de las Fuerzas Armadas y de Orden. Este es un tema perfectamente discutible. En todo caso, estoy absolutamente de acuerdo en que se vea en la Comisión.

En mi opinión, en el artículo 4° se plantea una cuestión delicada. A la pregunta del Honorable señor Espina de por qué vamos a impedir que un destacado empresario continúe manejando sus negocios, quiero responderle con mucha franqueza que ésta es una opción de carácter ético y político que puede adoptarse o no. Lo único que agregaré en esta oportunidad, ya que el debate se va a dar en la Comisión, es que en la mayoría de las democracias occidentales se ha optado por distanciar la gestión de negocios privados del ejercicio de cargos públicos. Se ha estimado que los conflictos de intereses y esto lo quiero subrayar hay que prevenirlos para evitar la corrupción. Tal vez la redacción de los artículos es incompleta o imperfecta, caso en el cual nos pondremos de acuerdo en otra fórmula; pero el concepto absolutamente novedoso que trae el proyecto es que cuando uno es senador, diputado o ministro tiene poder, influencia y hay que evitar que esa influencia y ese poder se pongan voluntaria o involuntariamente al servicio de los intereses privados. Es decir, la norma busca amparar el interés público.

No comparto la observación del Diputado señor Huenchumilla en cuanto al tema constitucional pero ya habrá oportunidad de discutirla, porque no se establece un impedimento para ejercer una actividad económica, sino una incompatibilidad o inhabilidad, que, como de hecho la Constitución las contempla, no infringen el derecho constitucional de realizar actividades económicas. Pero el punto hay que explorarlo hasta encontrar una redacción adecuada; porque se puede dar la ridícula situación del médico que no puede atender su consulta, y no queremos eso. Además, no lo dice el artículo.

Sobre la comisión de ética, quiero recoger una observación. Con los Diputados señores Elgueta y Bosselin, quienes redactaron el proyecto conmigo, no creemos que esta normativa sólo deba ser materia de reglamento, por dos razones. En primer lugar, porque el ideal es que exista en el Senado y en la Cámara, caso en el cual es preferible que sea materia de ley, ya que de este modo queda automáticamente consagrada para ambos. Y, en segundo lugar, porque, como muy bien lo ha dicho el Diputado señor Espina, esta es una comisión que, por la naturaleza de su función, debe ser distinta y quedar contemplada en la ley orgánica constitucional del Congreso sin que la disposición tenga este rango. En el segundo trámite habrá que regular muy bien determinados aspectos, como, por ejemplo, quiénes la integran, cómo se toman sus acuerdos y en qué casos se puede proceder. Pero que el Senado y la Cámara se autoimpongan un control ético es una señal que la opinión pública espera de nosotros.

Por último, considero de toda lógica el artículo 9a, que prohíbe a los dirigentes políticos hacer gestiones, norma que desde hace mucho tiempo debería existir en nuestra legislación. Trataremos la duda del Diputado señor Huenchumilla en cuanto a qué tipo de empresas se refiere; pero no nos cerremos los ojos, porque es evidente que el Estado es una fuente de negocios, como también que contrata con el sector privado, toda vez que éste es el que tiene las empresas, lo que, por lo demás, es bueno que así sea. Hoy nuestro país está repleto de empresas extranjeras que tratan de obtener contratos con el

Estado. Y sabemos, por experiencia, que ellas buscan el amparo de quienes tienen poder e influencia, y esos son los dirigentes políticos, ya sea para hablar con el ministro, con el subsecretario, con el seremi, etcétera. Esto ha sido siempre así. En Chile es normal que se haga. Pero, a mi juicio, no debería serlo. El presidente, el vicepresidente, el secretario general de un partido o un dirigente nacional no tiene por qué llamar por teléfono a un ministro de Estado para pedirle que reciba a una persona determinada, "que es muy amigo mío y representa a tal sociedad anónima" y que quiere contratar con el fisco, situación en la cual ese persone ro está ejerciendo una influencia indebida. Esa conducta debe ser declarada ilegal, que es lo que pretende el proyecto de ley.

Un último comentario respecto de las dádivas. Este es un tema que parece muy inocuo, pero no lo es. Porque, ¿es acaso razonable que nosotros, como Diputados, aceptemos una invitación, por ejemplo, de una empresa pesquera para conocer sus instalaciones en el norte del país, con traslado en LanChile, Ladeco o National, o en cualquiera de las aerolíneas que circulan hoy, con alojamiento a "todo trapo", en el mejor hotel de la ciudad, con comida, etcétera, a sabiendas de que en tres o seis meses se va a enviar un proyecto de ley al Congreso Nacional que afecta de manera dramática y determinante los intereses de la misma empresa pesquera que nos ha regado con atenciones?

No dudo de la moralidad de los parlamentarios, pero en una democracia se debe prevenir la apariencia de lo impropio y no sólo el hecho impropio.

Por lo tanto, no corresponde continuar con la actual situación, de ser objeto de toda clase de atenciones sin que ocurra absolutamente nada. Esto no debe ser lícito, y han de existir regulaciones, por lo que considero importantes las observaciones del Diputado señor Espina sobre esta materia.

Quiero agradecer al Ejecutivo que haya dispuesto urgencia para este proyecto en dos oportunidades consecutivas, pues, como lo señaló el Presidente de la República en su Mensaje del 21 de mayo, es uno de los puntos que interesan al Gobierno, preocupación que también ha encontrado eco en los parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI.

Dado que la aprobación de este proyecto es un paso trascendente, espero que sea aprobado en general por la unanimidad de esta Honorable Cámara.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, he adherido como copatrocinante de este proyecto de ley, pues considero que es deber de todos los que tenemos alguna responsabilidad pública velar por que la corrupción no llegue a nuestro país.

Sin embargo, deseo manifestar enfáticamente mi parecer en cuanto a que, gracias a Dios, hoy no existe en Chile corrupción en ninguna esfera pública o gubernamental. Es más, me siento muy satisfecho por la seriedad, eficiencia y honorabilidad con que se manejan los recursos del Estado.

No obstante, y a pesar de existir diversas normas legales al efecto, estas son complementadas por las facultades fiscalizadoras de esta Corporación que sancionan severamente cualquier acto o procedimiento corrupto de los funcionarios o autoridades de la Administración del Estado.

Hemos propuesto el financiamiento público de los partidos políticos precisamente para mantener la transparencia en el actuar de esta actividad e impedir que las personas o empresas que les hacen aportes puedan ejercer, posteriormente, presiones indebidas sobre ellos, con lo cual se evita la corrupción inherente a esta circunstancia.

También deseo manifestar que no estoy de acuerdo con la aprobación de los artículos 4a, 5a y 6a, por lo que he presentado indicaciones para suprimirlos. Específicamente y en relación con el artículo 4a, no veo inconveniente alguno para que las personas señaladas en los artículos le y 2a puedan administrar sus propios bienes o actividades, salvo naturalmente que se trate de empresas muy grandes y que, de alguna manera, se relacionen con la autoridad que les corresponde desempeñar. Creo, además, que la disposición propuesta, que he señalado, contraviene claras disposiciones constitucionales.

En relación con el artículo 5a estimo exagerado que a dichas personas se les inhabilite por un año, después de haber cesado en su cargo, para desempeñarse como gerentes o directores de empresas. Tampoco estoy de acuerdo en lo que dice relación con el artículo 6a que prohíbe hasta las invitaciones que les hagan personas naturales o jurídicas con el fin de dar a conocer sus productos o actividades, lo que he considerado muy exagerado.

Teniendo en cuentas las observaciones mencionadas, votaré favorablemente la idea de legislar sobre esta materia, y espero que mis observaciones sean acogidas en el segundo informe del proyecto.

He dicho.

El señor CAMINONDO.-

Señor Presidente, en el último tiempo, la opinión pública nacional ha tenido conocimiento de varios hechos en los cuales se han denunciado irregularidades en organismos de la Administración del Estado.

A raíz de esto se ha comenzado a debatir, en distintos sectores de la vida nacional, acerca de la necesidad de evitar que en el país se puedan producir actos de corrupción que tanto daño han causado a la democracia en algunos países de América y de Europa.

Parece oportuno, entonces, analizar este tema en la Cámara de Diputados, y determinar si es adecuado introducir una nueva normativa, o bien, si resulta necesario aplicar en forma rigurosa la actualmente vigente.

En síntesis, el proyecto de ley que hoy se somete a nuestra consideración, obliga a diversas autoridades y jefes de servicios públicos a efectuar una declaración jurada de los bienes, corporales e incorporales, muebles e inmuebles, que integren su patrimonio, el de la sociedad conyugal, si la hubiere, y el de su cónyuge.

Se propone, asimismo, agregar un artículo al Código Penal para sancionar, incluso con penas privativas de libertad, al empleado público que durante el ejercicio de su cargo o de sus funciones obtuviere un incremento patrimonial apreciable que no pudiere justificar al ser debidamente requerido.

Se prohíbe, además, a los dirigentes nacionales de los partidos políticos ejercitar cualquier influencia ante las autoridades administrativas y parlamentarias, en favor o en representación de empresas nacionales o extranjeras interesadas en negociaciones de orden económico con el Estado chileno.

Estas normas, a las que me he referido, apuntan, a mi juicio, en una dirección correcta. Sin embargo, el artículo 4Q dispone que ninguna de las personas a que se refiere la iniciativa podrá continuar desempeñándose como administradores de sus propios negocios o empresas y deberán, por tanto, designar un mandatario que los administre. Tampoco podrán continuar desempeñándose como administradores o representantes de empresas o negocios ajenos durante el desempeño de su función pública.

Este artículo resulta absolutamente inadecuado, ya que podría significar una falta de incentivo para quienes deseen acceder a una función pública, ya que ello les provocaría una verdadera interdicción.

Esta norma supone que las autoridades y funcionarios públicos harán primar el interés privado sobre el interés público, lo cual no es efectivo.

Todas las democracias del mundo deben dar a la ciudadanía la seguridad de que sus autoridades se van a conducir con corrección y ética. Sin embargo, debemos tener presente que la probidad de la función pública no se obtiene por el simple hecho de que una legislación impida la entrada a aquellas personas exitosas en el ámbito económico.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, creo que el proyecto sobre probidad administrativa que estamos analizando, presentado por el Diputado Schaulsohn con el gran sentido de la oportunidad que lo caracteriza, es de gran importancia.

Sin duda, es indispensable legislar sobre este tema, ya que la corrupción es un fenómeno que ha afectado a muchos gobiernos, no sólo hoy, sino a lo largo de la historia. Es importante señalar que no es característico de la democracia, como algunos lo señalan, sino que, por el contrario, este fenómeno se presenta especialmente en regímenes autoritarios o en dictaduras, donde el dictador confunde el país con su hacienda, el erario con su fortuna personal, y, como no hay prensa libre, nadie puede criticar, no existiendo transparencia alguna.

Podríamos recordar, por ejemplo, los casos de Pérez Jiménez, de Rojas Pinilla, de Duvalier o de Somoza; o, yendo a otros continentes, los de Bokasa, Idi Amin, en fin, tantos casos de jefes de Estado que al abandonar el país pudieron vivir por largos años, ellos y sus familiares, en el lujo y la ostentación a costa de la pobreza de sus pueblos.

Por eso he señalado que están muy equivocados quienes han afirmado que la corrupción es característica de los regímenes democráticos. Muy por el contrario, en democracia este fenómeno es mucho menor, porque los dirigentes políticos y funcionarios públicos saben que existe la prensa libre y el respeto a los derechos de las personas, que permite que sus actos ilícitos o dolosos puedan ser denunciados y ventilados ante la opinión pública.

Por cierto, no pretendo afirmar que en democracia no existe corrupción. Por supuesto que la hay, como lo demuestran los dramáticos hechos que leemos día a día sobre la situación italiana, la crisis venezolana, las acusaciones contra el Gobierno de Mitterrand, derrotado recientemente, o el debate que hemos visto en estos días en España a raíz de la última elección.

Sin duda, en una democracia incipiente como la chilena es muy necesario que tratemos de prevenir determinados hechos que pueden atentar contra una sana convivencia nacional. Las recientes denuncias sobre casos de irregularidades administrativas como en el caso de la Refinería de Petróleo de Concón, o los hechos denunciados en Onemi o en Digeder, que están siendo investigados por los organismos correspondientes, no pueden ser señalados como ejemplos de que en nuestro país existe corrupción administrativa. Por el contrario, todos reconocemos que estamos muy lejos de esa situación. Sin embargo, recordando el viejo dicho que "más vale prevenir que curar," es bueno que establezcamos ciertas normas claras sobre el comportamiento de los funcionarios públicos y, tal como señalaré más adelante, creo que es bueno también analizar ciertas normas sobre el comportamiento de las personas en el sector privado.

En concreto, señor Presidente, creo que es muy positivo que legislemos sobre el tema. Sin embargo, deseo señalar que se puede perder la ocasión de legislar a fondo sobre este problema de la corrupción y con el afán de actuar oportunamente como algunos lo señalan, podamos perder una oportunidad muy valiosa para tener una buena legislación sobre este flagelo.

Tal como lo han manifestado numerosos Diputados que han participado en este debate, este proyecto tiene muchas insuficiencias y, además, algunos errores. Esto lo analizaremos más en detalle cuando entremos en su discusión particular, ya sea en la Comisión o en su segundo informe en la Sala, y en el momento que corresponda formularemos las indicaciones correspondientes.

En esta oportunidad, sólo deseo señalar algunos criterios generales y aspectos que a mi juicio no están tratados en el proyecto.

En primer lugar, creo que es un grave error pensar que la corrupción afecta sólo al sector público. También afecta, de manera muy clara, al sector privado ¿Qué sentido tiene hablar de probidad o de corrupción pensando sólo en los funcionarios públicos, ministros, parlamentarios, altos funcionarios, etcétera? ¿No es acaso un problema de corrupción también el del industrial que adultera productos, el del que se concierta con otros para tratar de fijar tarifas que perjudican a la gran masa de los chilenos o para engañar al fisco en las declaraciones tributarias?

El problema de la corrupción no puede limitarse sólo al sector público. Por ejemplo, en estos días hemos estado discutiendo en la Comisión de Hacienda el proyecto de reforma del mercado de capitales, y creo que hay un parangón en el debate que allí se realiza en relación al tema de los conflictos de intereses, en el sentido de que determinados ejecutivos o personeros del sector privado que en función de su cargo disponen de información privilegiada y sobre todo cuando manejan fondos de terceros, no pueden utilizar esa información en beneficio de su propio enriquecimiento. Eso es claramente un delito, y como lo veremos cuando se discuta ese proyecto de ley en detalle, este tema ha sido altamente debatido, y algunos de los colegas en esta Sala, que tanto insisten en la necesidad del control de los funcionarios públicos, protestan cuando se pretende legislar para evitar que per soneros del sector privado se encuentren en la posición de poder usar malamente esta información privilegiada. Por lo tanto, creo que en una ley de probidad administrativa también debe considerarse el sector privado.

Algunos argumentan que sólo debe fiscalizarse la acción de los funcionarios del Estado, por el hecho de que ellos se pagan con el dinero de todos los chilenos. Sin embargo, creo que también los altos sueldos de determinados ejecutivos, los que pueden ser legítimos, son pagados al menos en parte por todos los chilenos. En estos días, hemos leído que en Estados Unidos existe un importante debate, planteado por la administración Clinton, en el que se cuestionan los altos salarios, de millones de dólares, que a veces se pagan a importantes ejecutivos del sector privado. ¿Y cuál es el argumento que allí se plantea? Que, al menos en algún porcentaje, ese salario también es pagado por todos los ciudadanos.

¿En qué sentido se hace esta afirmación? Pensemos que si el impuesto a las empresas, que en algunos casos es de más del 30 por ciento, (Corporate Tax), deja de pagarse cuando parte de las utilidades de las empresas es pagado a un alto ejecutivo considerándolo sueldo y, por lo tanto, costo. Luego, por ejemplo, en un altísimo sueldo, que a veces llega a millones de dólares, al menos en un 30 por ciento, que es la tasa de impuesto, es pagado por todos los ciudadanos de ese país. Y existe, señor Presidente, una propuesta que está ganando creciente aceptación, en el sentido de limitar la parte de los sueldos de los ejecutivos que se puede descontar de impuestos, la parte que se puede imputar como gasto, sólo a una cifra determinada, y todo el resto debiera ser de costo de la corporación. Siguiendo con el ejemplo, un ejecutivo que gana 10 millones de dólares, considerando que se está hablando de que sólo hasta un millón de dólares puede ser considerado costo de la empresa, podría descontar sólo esa cantidad para efecto de impuestos y todo el excedente sería pagado por la empresa sin que pueda ser descontado para efecto de impuestos.

No quiero entrar en detalle en este tema, sino señalar que no es exacta la afirmación de que sólo los funcionarios públicos son pagados con el dinero de todos los chilenos. También, en algún grado, los altos sueldos del sector privado, que reitero pueden ser legítimos, son pagados por todos los chilenos. Por esa razón, creo que una carencia importante de este proyecto es la situación de falta de probidad en el sector privado, en el mismo sentido que he señalado, y esto es mucho más cierto en empresas que realizan actividades económicas que funcionan con concesiones del Estado o que son claramente un servicio público, como el agua potable, la electricidad, el gas, el transporte, etc. En ese sentido, tenemos aquí el desafío de encontrar mecanismos para incluir en la legislación este tema. En este aspecto, también es conveniente considerar que incurre en un eventual acto de corrupción no sólo el que recibe dinero o dádiva ilícita, sino también quien las otorga. En el caso italiano que señalamos inicialmente, hemos visto en la prensa cómo han sido llevados a los tribunales no sólo los funcionarios públicos que recibieron eventuales sobornos, sino que los altos ejecutivos de la Fiat, Olivetti u otras empresas, que fueron los que intentaron sobornar.

Otro gran tema ausente en el proyecto es la influencia indebida del sector empresarial en los partidos políticos. Aquí tengo un ejemplar de un diario del día domingo 30 de mayo, en que aparece una entrevista al señor Andrés Allamand. Este dice textualmente: "Hay influencia ilegítima del dinero en la política", y este dirigente de Renovación Nacional nos habló de poderes fácticos, los empresarios, El Mercurio y el Ejército, que influyen o pretenden influir en las decisiones políticas. ¿No puede considerarse también corrupción el intento de usar el dinero para influir en las decisiones políticas? ¿No es necesario legislar también sobre este tema? O, mirado en un contexto mucho más amplio, existe un problema que, creo, no puede pasar mucho más tiempo sin que lo enfrentemos con seriedad, que es el problema del financiamiento de los partidos políticos. Algunos han señalado que en Italia, por ejemplo, la legislación que otorgaba financiamiento a los partidos políticos ha sido derogada. Pero eso no es totalmente cierto, porque ha sido una derogación parcial y se sigue contribuyendo al financiamiento de las campañas electorales. Por cierto, este es un tema muy de fondo. Se sostiene, con algo de razón, que en un país con grandes problemas sociales esto sería un gasto superfluo o un gasto innecesario. Por cierto, yo creo que la prioridad del gasto público está en enfrentar los problemas sociales, pero un gobierno está en la obligación de enfrentar múltiples problemas y siempre he sostenido en esta Cámara que no me parece adecuado el argumento de que, cada vez que hay que realizar un gasto, se plantea cuánto significaría esto en vivienda o en salud o en educación, porque una sociedad, si bien tiene que darle preferencia a esos aspectos, no puede dejar de realizar otras tareas. Es tan falaz el argumento de sostener que debiéramos reducir a cero los gastos como el de disminuir en forma muy importante los gastos de Defensa, o de Relaciones Exteriores, para destinarlos a gasto social; como el sostener que no se puede destinar ningún recurso a una actividad legítima y noble, como han dicho algunos pontífices, como es la actividad política. Yo creo que existiría una amplia mayoría en la opinión pública para que este problema se enfrente con transparencia, y seguramente importantes sectores opinan que es preferible un financiamiento público a los partidos que aquella relación oscura que se genera entre partidos políticos y determinados sectores empresariales que, en definitiva, terminan colocando o tratando de colocar a los dirigentes políticos al servicio de sus intereses. Este tema, que no nació en nosotros y que ha sido colocado en el tapete, con mucha valentía, por el presidente de Renovación Nacional, creo que debe ser enfrentado también muy a fondo, y este proyecto de ley es un marco adecuado para ello.

Finalmente, quisiera señalar otro aspecto que debiéramos incluir en esta legislación. Así como en la legislación sobre mercado de capitales planteamos el tema de los conflictos de intereses en el sector privado, también este tema debe ser planteado en relación a los funcionarios públicos, y debiéramos agregar alguna disposición legal que establezca que aquellos funcionarios públicos que en función de su cargo tengan información confidencial no puedan realizar determinadas operaciones que para otras personas pueden ser legítimas. Hablando más en concreto, si un funcionario del Ministerio de Hacienda o del Banco Central sabe que va a existir determinada medida económica que influya en el precio de determinado instrumento de ahorro, obviamente no sería correcto que este funcionario usara esta información en función de sus intereses privados y que, por ejemplo, consiga dinero para invertir en ciertos títulos que van a ganar un gran diferencial de precio. Podríamos recordar, por ejemplo, el negro episodio de un Ministro en el Gobierno de Alessandri que tuvo la información sobre una devaluación y esta información, que debía ser guardada en estricta reserva, fue utilizada para pedir un préstamo, comprar dólares y venderlos después de la devaluación. Obviamente, esa situación es absolutamente irregular y un funcionario que realiza acciones de ese tipo debe ser sancionado. Por lo tanto, creo que también debiera incorporarse alguna disposición en relación a este aspecto.

Señor Presidente, estando de acuerdo en que es importante legislar sobre ese tema, opino que de aprobarse el proyecto tal como está presentado, estaríamos perdiendo una gran oportunidad para legislar de una manera mucho más profunda, más amplia y más acorde con los problemas reales de corrupción que pueden existir en nuestro país. Por eso, sin perjuicio de que prestemos nuestra aprobación en general a este proyecto, creo que el debate en particular en la Comisión debe realizarse con mucha mayor detención, para reunir un conjunto de antecedentes, por ejemplo de legislación comparada, sobre cuáles son las disposiciones legales en otros países y realmente tratar de hacer una buena ley. No creo que, con el afán de hacer algo urgente o hacer algo a toda carrera, sea conveniente dejar el proyecto tal como está, ya que a mi juicio tiene muchas carencias. Espero que ese sea el espíritu con el que trabajemos en la próxima etapa de su discusión.

He dicho.

1.- De los señores Dupré, Huenchumilla y Velasco para eliminar los artículos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10° del proyecto.

3. Del señor Palestra, para consultar el siguiente inciso segundo:

"Lo señalado en el inciso anterior, es también aplicable a los altos mandos de las Fuerzas Armadas, y de Orden y Seguridad, a los miembros de los escalafones superiores del Poder Judicial y a los notarios, conservadores y archiveros.".

5. Del señor Navarrete para eliminar la palabra "concejales".

6. De los señores Devaud y Palestra para intercalar los siguientes incisos segundo y tercero:

"En todo caso, al término de la función pública de las autoridades a que se refieren el artículo 1° y el inciso anterior, deberán también hacer una declaración jurada de sus bienes.

Las declaraciones juradas a que se refiere esta ley, deberán prestarse ante Ministros de Fe competentes.".

8. Del señor Devaud para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 4°.- Las personas a que se refieren los artículos 1a y 2a, no podrán continuar desempeñándose como administradores de sus propios negocios o empresas; en consecuencia, deberán liquidar sus negocios o empresas, y su función será incompatible con todo negocio, empresa o ejercicio de una profesión.

Exceptúame de esta norma, a los concejales.".

9. De los señores Urrutia, Galilea y Álvarez-Salamanca para suprimirlo.

10. De los señores Huenchumilla y Sabag para eliminarlo.

12. De los señores Huenchumilla y Sabag para suprimirlo.

13. Del señor Andrés Palma para sustituir la expresión "un año" por las palabras "seis meses".

15. De los señores Huenchumilla y Sabag para eliminarlo.

17. Del señor Coloma para eliminarlo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la normativa legal de las comunidades agrícolas.

Las modificaciones del Senado se encuentran impresas en el boletín N° 608-01, y figuran en el número 2 de los documentos de la Cuenta de la sesión 78s, celebrada el 20 de mayo de 1993.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, ninguna de las modificaciones es sustancial, ya que sólo mejoran formalmente este proyecto, el cual reviste gran importancia para alrededor de 15 mil familias campesinas, particularmente de la Cuarta Región, que viven bajo el régimen de propiedad de comunidad agrícolas.

Por lo tanto, nuestra bancada también es partidaria de aprobar globalmente las modificaciones propuestas por el Senado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto de ley que reprime desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos.

Diputados informantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia son los señores Alberto Espina y Gutenberg Martínez.

Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.

El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín N° 259-07 y figura en el número 5 de los documentos de la Cuenta de la sesión 71°, celebrada el 6 de mayo de 1993.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, la Comisión sugiere a la Sala aprobar los artículos que motivan este segundo informe, ya que no representan ningún cambio medular o sustantivo del proyecto original, sino que sólo apuntan a perfeccionarlo y a dar mayor claridad a algunas de sus ideas matrices. Por ejemplo, en el artículo 2° se establece que el intendente regional podrá delegar en los gobernadores respectivos las facultades que le confieren los artículos l2 y 2° relativas a la autorización de funcionamiento que debe otorgarse a los recintos deportivos, lo que no figuraba en el proyecto original.

De tal manera que todas estas indicaciones no son más que ajustes de carácter menor, ya que ninguna de ellas influye en lo sustantivo respecto de lo aprobado por la Sala, por lo que solicito que ahora las apruebe en la votación en particular.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en esta segunda discusión se presentaron las siguientes indicaciones en la Comisión:

La primera, como lo señaló el señor Diputado informante, previene que el intendente puede delegar, en el gobernador respectivo, las facultades que le confieren los artículos l2 y 22, relativas a la autorización de funcionamiento que debe otorgarse a los recintos deportivos, porque existen numerosas regiones que, por su extensión, hacen necesaria esta delegación. Esta facultad también estaba contemplada en la ley orgánica sobre regionalización, pero aquí se quiso remarcar y precisar esta situación.

Otra indicación define en mejor forma las penas de arresto de fin de semana. En tal sentido, se aprobó una norma que establece que este arresto "se llevará a cabo los días sábados y domingos, en el recinto de la unidad policial más próxima al domicilio del condenado, no podrá exceder de doce horas en cada uno de esos días, y durará de dos meses a un año.".

También se aprobó una indicación relativa a la forma en que debe verificarse el trabajo comunitario a que serán condenadas las personas que cometan desmanes con ocasión de un espectáculo deportivo.

"El trabajo comunitario se llevará a efecto en cualquier entidad de carácter comunitario del lugar del domicilio del condenado, o en la que el juez determine, y su duración será de dos meses a un año.".

Por último, se aprobó la indicación que señala: "El juez, por motivos calificados y en resolución fundada, podrá dispensar parcialmente el cumplimiento de las sanciones anteriores.", ya que el proyecto disponía que a la policía le correspondía suspender o modificar las sanciones de arresto de fin de semana, trabajo comunitario o la prohibición temporal de asistir a un determinado tipo de espectáculo.

Como consideramos que el proyecto contiene normas jurídicas adecuadas, le daremos nuestra aprobación.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero referirme al trabajo comunitario, previsto en el artículo 12 del segundo informe.

En el primer informe se establecía el trabajo comunitario como pena alternativa, lo cual debía llevarse a efecto en el domicilio del condenado. En ese trámite presenté una indicación, de la máxima relevancia para la rehabilitación, en el sentido de que ese trabajo comunitario se ha de realizar en el sector donde la persona causó el daño. Sin embargo, el artículo 12 fue modificado, prescribiendo que el trabajo comunitario se efectuará en el domicilio del condenado o en el lugar que determine el juez.

Me habría gustado que la norma hubiese enfatizado en que ese trabajo comunitario ha de efectuarse en el lugar en que se produjo el daño. Al revés de lo que viene propuesto, lo que debería puntualizar es que, en los casos en que eso no sea posible, el juez determine el lugar; pero no se ha hecho así, pues se establece una facultad amplia para el juez.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, el artículo 4° dispone que los clubes de fútbol profesional deberán contar con un padrón oficial de los miembros de su barra, copia del cual deberá remitirse, actualizado semestralmente, a la unidad de Carabineros de Chile correspondiente a su domicilio. Esta sería la primera vez en la historia de Chile que a un ente de la sociedad civil se le exige, sin otras consideraciones, la remisión del padrón de sus integrantes a un organismo policial. La medida que genera cierta imagen y que podría llevar a situaciones delicadas en el futuro, es innecesaria, toda vez que los clubes deportivos tienen individualizados a todos sus miembros, de manera que si la policía necesita realizar alguna investigación, puede solicitar los padrones de sus afiliados. Enviar, por definición, dichos padrones a un organismo policial, sentaría un precedente y, eventualmente, en otro proyecto, se podría obligar a cualquier organización civil por ejemplo, podría ser una de carácter político a adoptar similar procedimiento con sus afiliados.

Por tratarse de una materia delicada, estimo innecesario considerarla en el proyecto. Basta con que los padrones existan para que estén a disposición de las autoridades correspondientes. Enviar anticipadamente los antecedentes a un organismo policial es un exceso, sobre todo, teniendo en vista las realidades de provincias, de regiones, donde jamás un club deportivo ha generado las situaciones que hemos visto en la capital.

Como se trata de un prejuicio innecesario, solicito someter a consideración de la Sala la eliminación del inciso segundo del artículo 4°

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el único cambio del artículo 2Q respecto del texto contenido en el primer informe dice relación con la facultad del intendente regional para delegar en los gobernadores sus atribuciones para calificar los recintos deportivos, de acuerdo con las respectivas exigencias y requisitos, donde se van a realizar eventos deportivos. Los parlamentarios de provincias adujeron que dadas las distancias existentes en algunas ciudades en relación con la capital de la región, todo aconsejaba que la medida pudiera ser adoptada por el gobernador mediante la delegación de facultades. Como el artículo no contiene nada excepcional, salvo una delegación de facultades, solicito su aprobación.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, a propósito de la discusión del artículo 2°, me referiré a la consulta del Diputado señor Aguiló.

El artículo 4° establece que una copia del padrón de los miembros de la barra oficial de cada club debe remitirse a Carabineros de Chile. ¿Por qué? Porque en el artículo 2° se establecen exigencias para posibilitar algunos eventos o partidos denominados de alto riesgo relacionados con la facultad del intendente para suspenderlos en un momento determinado. ¿Y sobre qué bases puede suspender? Que efectivamente tenga información o antecedentes de que pueden producirse problemas en la realización de algún tipo de evento.

Ahora, esa suspensión puede quedar sin efecto, siempre y cuando se cumplan algunas exigencias. Por ejemplo y claramente lo establece el artículo 2a en su segundo inciso las barras deberán ubicarse en sectores separados, claramente determinados, a los cuales sólo podrán ingresar los integrantes de ellas, previa exhibición de la credencial a que se hace referencia en el artículo 4a.

¿Quién informa el cumplimiento de estas exigencias? Carabineros, que requiere copia del padrón del respectivo club para estos efectos.

Además, los clubes tienen distintos tipos de socios, de miembros, de simpatizantes o de adherentes. Normalmente, los que conforman las barras oficiales no necesariamente son socios. De manera que la aprensión del Diputado señor Aguiló cuando planteaba que bastaba con la existencia de la lista de los clubes para satisfacer el requerimiento del inciso primero del artículo 4a no se justifica en razón de este planteamiento. Los clubes tienen distintas categorías de socios, y aquí nos estamos refiriendo a los integrantes de las barras oficiales que, en su mayoría, no tienen tal calidad. Por ejemplo, el Club Deportivo de la Universidad Católica cuenta con tres categorías de socios, y no necesariamente están en ellas los que forman parte de su barra oficial.

De manera que, tal como están enunciados los artículos 2° y 4°, inciso segundo, son complementarios y posibilitan que, en un momento determinado, el intendente o el gobernador, en su caso, adopten las medidas correspondientes.

Aprovecho también la oportunidad para referirme inmediatamente a la proposición del colega Orpis respecto del lugar donde se debe cumplir la condena de los trabajos comunitarios. Entiendo el espíritu con que se ha planteado, pero, indudablemente, hay situaciones prácticas, más allá de la voluntad que tengamos como legisladores para lograr que quienes provocan daños los reparen en el mismo lugar en que los causaron.

Tal como está establecido, indudablemente es mejor el artículo del segundo informe, que radica en el juez la facultad de definir en qué lugar se cumple la sanción, para los efectos de que la disposición realmente se cumpla y tenga el efecto rehabilitador o de reeducación perseguido.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Su Señoría se está refiriendo al artículo 12?

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Sí, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Lo vamos a discutir después.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Estoy hablando del artículo 12 porque el Primer Vicepresidente permitió que se discutiera.

No quiero intervenir dos veces; sólo deseo dejar establecida mi observación respecto de este punto, si no le molesta, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Mi obligación es dar cumplimiento al Reglamento.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Lo ideal sería establecer lo planteado por el Diputado señor Orpis, pero, en general, las más de las veces se producen inconvenientes por razones económicas, de desplazamiento o de tiempo, de manera que lo lógico es que el juez quede facultado, de acuerdo con la realidad de cada persona, para decretar el lugar donde se ha de cumplir la pena.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Concuerdo con lo expresado por el Diputado señor Pizarra respecto de la redacción del artículo 2a, que tiene íntima concordancia con el inciso segundo del artículo 4a.

No veo dónde está el problema de que los padrones de las barras deban remitirse, actualizados, semestralmente, a Carabineros de Chile. No hay que olvidar que los socios de las instituciones deportivas permanentemente se están acreditando, puesto que para hacer uso de sus beneficios, tales como precio rebajado en las entradas, atención preferente en boleterías y otras atenciones directas y personalizadas deben presentar su credencial. Frente a los lamentables sucesos que hemos visto, fundamentalmente en Santiago donde sectores del "lumpen" se introducen en estos núcleos deportivos, con resultados tan dramáticamente repugnantes, lo que abunda, si es bueno, no daña.

No estoy de acuerdo con la redacción del inciso tercero del artículo 2°, que entrega al club deportivo la responsabilidad de vigilar el sector destinado a la barra. En mi opinión, estas atribuciones no corresponden a los dirigentes, los cuales carecen de la capacidad y de los elementos para ejercerlas. Esa labor corresponde y compete en todo momento a Carabineros. De otra manera se deja un vacío en la ley que podrá acarrear graves consecuencias en el futuro.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en relación con lo planteado por el Diputado señor Pizarra, insisto en el criterio expuesto en mi primera intervención, basado en que el Poder Legislativo dicta la ley y el Judicial la aplica.

Por lo tanto, la ley debe tener las orientaciones precisas para lograr el objetivo que se busca. En este proyecto da lo mismo que la pena alternativa del trabajo comunitario se realice en el domicilio del condenado o en cualquier lugar determinado por el juez. Originalmente, insistí en la indicación contenida en el primer informe, porque estimo que lo más ejemplarizador es que la persona repare el daño en el lugar donde lo produjo. Por último, el proyecto debió establecer un criterio de preferencia de manera que el juez procure que el condenado ejecute el trabajo comunitario en el lugar donde se produjo el daño. Por motivo de distancia o de otra índole, podrá determinar otro; pero, al establecer la preferencia, automáticamente se orienta al juez, lo que no ocurre en el presente proyecto.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución tuvo un criterio muy distinto al expresado por el Diputado señor Orpis.

El trabajo comunitario, como sanción establecida en el proyecto, no apunta a ser una medida ejemplarizados, sino rehabilitadora, y tiene por objeto evitar que el joven vinculado a hechos de violencia en un espectáculo deportivo quede preso. A la Comisión no le parece que la solución sea que estos jóvenes terminen en la cárcel, porque la experiencia demuestra que, lejos de rehabilitarse, aprenden otras prácticas delictuales, habitualmente más graves que aquellas por las cuales han sido detenidos, y pueden llegar a transformarse en delincuentes.

La Comisión, con la experiencia y asesoría de quienes concurrieron a ella, estimó que había que dar una salida al juez para la rehabilitación de estos jóvenes, que consiste en obligarlos a realizar trabajos comunitarios en los lugares donde existan mejores condiciones de rehabilitación. ¿Dónde resulta más fácil ejecutarlos? A lo mejor, en aquellos lugares o instituciones cercanos al domicilio del joven objeto de la sanción; pero no se trata de que repare los mismos daños causados, porque ésa no es la finalidad de la norma ni apunta a que los jóvenes entiendan que cumplen con su deber si arreglan los destrozos que causaron en el estadio o si realizan trabajos en una entidad comunitaria cercana a éste; lo importante es que el trabajo comunitario les sirva para aprender hábitos de conducta social adecuada.

La Comisión propone que lo hagan cerca de su casa o, si el juez lo estima conveniente, en otro lugar.

Por lo tanto, el criterio del domicilio es irrelevante. Lo que importa es que exista un centro comunitario que sirva a la rehabilitación del joven, que sea útil y que le ocasione las menores dificultades de acceso a él por la distancia.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción a los Diputados señores Palestro, del Mida, y Elgueta, del Partido Demócrata Cristiano.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, que Dios me perdone cuando digo que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento extrañamente humano del Diputado señor Espina.

Hubo épocas y las conocimos en que a un detenido por un delito menor en día viernes o sábado lo sacaban a trabajar el lunes siguiente, incluso con esos trajes a rayas de los presidiarios y con una gran bola en los tobillos. Es decir, en lugar de recuperar al hombre para enfrentar de otra manera los avatares que presenta la vida, era objeto de burla y de desprecio de los vecinos, porque lo paseaban en

público con sus materiales de trabajo, como palas y chuzos, custodiado por gendarmes. Eso lo hacía visible en público.

Como decía el Diputado señor Espina, se trata de darle la oportunidad de entender que ha cometido un delito menor así considero los que se cometen en los estadios, que puede recuperarse y enfrentar la vida en mejores condiciones y con posibilidades de insertarse en las cosas útiles que proporciona la sociedad.

Votaré en contra de este artículo, porque no estoy de acuerdo con ese espectro que se deja a discreción del juez, ya que pueden producirse excesos que no son convenientes cuando se trata de recuperar a un joven para las buenas y nobles actividades que debe realizar.

Muchas gracias, Diputado señor Espina.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, comparto la opinión del Diputado señor Espina y concuerdo con el texto del proyecto, pero quiero señalar las razones para dejarlo como estaba y desechar parcialmente la idea del Diputado señor Orpis.

En primer lugar, se tuvo en cuenta que los daños pueden producirse en lugares muy distantes del domicilio del condenado. Si una barra se traslada a Concepción y allí causa los daños, el que una persona con domicilio en Santiago cumpla este trabajo comunitario en aquella ciudad implicaría una doble pena, muy costosa y contraproducente.

En segundo lugar, muchos de los daños se ocasionan en propiedades públicas, incluso en las que son movibles, como en el metrotrén entre Santiago y Rancagua. En consecuencia, resulta difícil precisar el lugar geográfico donde se comete la acción.

Por eso, se adoptó el criterio de fijar como norma general que el trabajo comunitario se realice en el lugar del domicilio del condenado. Si el juez estima factible cumplir la sanción en el lugar donde se cometió el daño, puede usar esa facultad y disponer que la cumpla en ese lugar.

Nuestro país tiene geografía dificultosa, y eso nos llevó a acoger la idea del Diputado señor Orpis para que el juez tenga tal facultad.

Agradezco la interrupción al Diputado señor Espina.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, quiero hacerle una consulta al Diputado informante.

¿Qué pasa cuando el bien un microbús, un ferrocarril, un camión tiene un seguro comprometido? Sin duda, debe responder por el daño, porque el condenado no va a lijar el vagón del tren, ni a desabollar la máquina o el camión dañado. ¿A quién se va a condenar si la labor del seguro es cubrir los daños del bien asegurado?

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el trabajo comunitario no tiene por finalidad reparar el daño causado por el acto de violencia que motiva la sanción o la condena. Si hay un seguro comprometido, obviamente que la compañía de seguros se arreglará con el dueño del recinto deportivo o de los bienes corporales, muebles o inmuebles, objetos del daño. La pena no tiene vinculación alguna con los bienes, lo cual explica el que el trabajo pueda realizarse en cualquier lugar.

Quiero aclararle al Diputado señor Palestro que Dios lo va a iluminar después de coincidir con la apreciación de esta bancada.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, el texto del artículo 12 indica claramente que, ahora, la intención es atacar el problema desde el punto de vista represivo, pero le falta todo el aspecto preventivo, que no se abordó, para impedir la violencia.

Las medidas propuestas tienen por objeto enfrentar un problema inmediato, que observamos en forma permanente.

Daré mi aprobación al artículo en la forma propuesta, pues si se rechaza no hay proyecto; pero me hago un deber señalar que pronto debe comenzarse a discutir una ley del deporte, porque si no se modifica la ley N° 17.276 no se enfrentará el problema de fondo en su estructura generacional. Una ley del deporte la actual está prácticamente obsoleta debe regular la forma de vicia de las instituciones deportivas, porque muchas actividades deportivas en torno a las cuales gira la violencia tienen una estructura absolutamente permisiva, con gran cantidad de vacíos y muchas contradicciones, situación de la cual no escapan las máximas autoridades de esas instituciones, las que durante los días anteriores al evento van activando, de una u otra manera, a través de los medios de difusión, la espoleta que provocará la explosión el día en que se efectúe el evento deportivo. En este proyecto no hay una sanción ni se responsabiliza a los dirigentes que toman papeles protagónicos.

Daré mi apoyo al artículo 12, pues, de rechazarse, el proyecto no tendría razón de ser.

He dicho.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, concuerdo con el artículo 12, porque lo considero muy necesario.

En relación con la duda del Diputado señor René García, cabe referirse al punto b) del mismo artículo, que agrega como pena accesoria la prohibición temporal para asistir al espectáculo deportivo que haya motivado la condena, sanción que junto con el arresto de fin de semana para efectuar trabajo comunitario son penas nuevas.

En relación con el seguro, la compañía va a operar siempre que ferrocarriles, el empresario de buses, el dueño del estadio o de cualquier otra propiedad dañada por un fanático, tenga el seguro y el adicional correspondiente. En ese caso, la compañía paga, pero, a su vez, le sigue el juicio de cobro al que provocó los daños.

Si la persona afectada no tiene el seguro adicional, simplemente pierde. Por eso, se supone que si lo estima necesario seguirá un juicio a quien o quienes provocaron los daños, situación que estamos abordando en este proyecto.

He dicho.