Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios a los profesionales funcionarios del sector salud, regidos por la ley N° 15.076.

Diputado informante de las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda es el señor Estévez.

El texto del informe complementario está impreso en el boletín N° 926-11 y figura en el número de los documentos de la Cuenta de esta sesión.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda revisaron el articulado del proyecto y las indicaciones presentadas. El texto sometido a la consideración de la Sala ha sido repartido a los señores parlamentarios, destacándose como es usual con negritas los aspectos modificados por las Comisiones.

Las normas propuestas, que inciden en los artículos 1°, 2° y 3°, incorporan a los médicos que trabajan en los servicios de urgencia de los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Se nos ha informado que, en este caso, se trataría de 229 médicos, de los cuales 31 laboran en hospitales del Ejército, 85 en la Armada, 59 en la Fuerza Aérea y 54 en Carabineros, sin perjuicio de que se trata de personal civil contratado en estos establecimientos, es decir, que no son miembros de las instituciones armadas.

Estas modificaciones incrementan el costo del proyecto en 525 millones de pesos anuales, suma que será reasignada también al actual presupuesto de las Fuerzas Armadas, según lo manifestado por el Ministro de Defensa, por los Comandantes en Jefe y por el General Director de Carabineros. Es decir, esta incorporación no representaría, al menos en el ejercicio presupuestario de este año, un mayor costo para las arcas fiscales, sino que se financiaría mediante la reasignación mencionada.

Sometidas a votación estas indicaciones, fueron aprobadas por unanimidad.

El Ejecutivo propuso reponer el artículo 4°, que establecía la retroactividad del proyecto al 1° de enero del año en curso, y agregar un inciso segundo que dispone que estas normas, en el caso específico de los profesionales que trabajan en hospitales de las Fuerzas Armadas y de Orden tendrían validez desde la vigencia de la ley.

Varios señores Diputados compartieron la indicación que otorga validez al efecto retroactivo, salvo en lo del 7 por ciento destinado al pago de cotizaciones a las instituciones de salud previsional.

Como lo expliqué en el informe anterior de la Comisión de Hacienda, la idea que respalda esta disposición es que al pagar de una sola vez el efecto retroactivo de un incremento de salarios, correspondería destinar el 7 por ciento de cotización previsional de cada uno de esos meses retroactivos, lo cual no tiene una contraprestación de servicio efectivo, porque nadie puede negociar un mejor contrato de salud con una isapre o con otra institución de salud, con un pago hecho de una sola vez, a diferencia del pago que se hace para los efectos previsionales, que abonaría a sus cuentas en las AFP, lo cual sí puede ser beneficioso para estos profesionales. La indicación se aprobó por unanimidad.

El Ejecutivo también formuló indicación para modificar el artículo 5° aprobado por la Comisión de Hacienda, a fin de establecer un descanso de diez días adicionales para el personal de los servicios de urgencia de salud, beneficio que se ex tendió a los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Esta indicación también se aprobó por unanimidad.

Se aprobaron, además, dos incisos complementarios de esta norma que venían en la propuesta original del Ejecutivo.

Asimismo, formuló indicación para incorporar un artículo 6a nuevo, que en el mensaje venía con una redacción distinta y que fue rechazado en esa oportunidad por la Comisión de Salud. Este artículo otorga a estos profesionales la posibilidad de que al cumplir veinte años de servicios haciendo turnos, puedan acogerse a un sistema diferente de trabajo. Esto implica que podrían mantener los beneficios salariales de las 28 horas dé servicios de turno, pero asignándoseles distinto número de horas, sin tener que hacer tumos nocturnos ni en días festivos.

Se introdujeron dos modificaciones a esta disposición genérica que, por reglamento del Ministerio de Salud, permitía establecer el número de horas y las condiciones en que debían ser trabajadas por estos profesionales al cumplir veinte años de turno en servicios de urgencia. En primer lugar, la Comisión precisó en forma unánime, que estos beneficios, que mantendrán después de los veinte años, aunque no hagan tumos, no incluyen los diez días de descanso adicional, porque éstos son para quiénes están haciendo turnos efectivos y en forma permanente los fines de semana y durante las noches. Por lo tanto, si no los/ han efectuado no recibirán el beneficio de los diez días adicionales de vacaciones.

Las Comisiones Unidas precisaron que, sin perjuicio de que por reglamento el Ministerio precise cómo distribuirán esta carga de trabajo, el cargo conlleva la obligación de trabajar, al menos, 22 horas semanales. Es decir, se ha puesto un piso de 22 horas a lo que el Ministerio podrá establecer por decreto.

Esta modificación también se aprobó en forma unánime.

El artículo 1Q transitorio fue aprobado por unanimidad, pues no fue objeto de indicaciones. Respecto del segundo, fue necesario colocar la expresión concordante de Fuerzas Armadas y Carabineros, lo cual también fue aprobado por unanimidad.

Por último, el Ejecutivo formuló indicación para agregar un artículo 3°, nuevo, que hace aplicables desde ahora las disposiciones del artículo 6° nuevo permanente a los funcionarios, pero postergando la creación de cargos adicionales para el 12 de enero de 1994. También se aprobó por unanimidad.

En síntesis, tal como lo hicieron las Comisiones Unidas de Hacienda y de Salud, proponemos que, de la misma manera, la Sala apruebe el proyecto con las modificaciones en los términos propuestos.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto, cuyo artículo 1° comenzamos a discutir, sinceramente no me agrada. El origen de la asignación de estímulo está en la mala remuneración de los médicos de los servicios de urgencia.

Sin embargo, si examinamos la situación de todo el sector salud, comprobaremos que este beneficio no debiera ser otorgada sólo a los médicos de los servicios de urgencia. Desde hace mucho tiempo, el sector salud hace agua por muchos lados, no sólo por los servicios de urgencia.

Desde la creación del sistema de isapres, que determinó que las personas podían escoger dónde orientar sus recursos en salud, el empobrecimiento y el deterioro de los servicios de los hospitales públicos ha sido notable, pese al gran esfuerzo que se ha realizado en los últimos años por redotarlo.

En este contexto, no cabe duda de que la remuneración de los médicos es un punto crítico y uno no podría oponerse a su mejoramiento en un área como la de las urgencias, que también es crítica, dado el deterioro del resto de la red de salud. Lo que no se puede detener antes llega a los sistemas de urgencia y por eso están sobrecargados de trabajo.

Sin embargo, este proyecto está mal enfocado en lo fundamental.

Si el diagnóstico del sector salud es que hace agua por el lado de las remuneraciones del personal médico y de la urgencia, que es donde se requiere hoy día un mayor esfuerzo, entonces tenemos que ver cómo evitarlo. Pero aquí estamos poniendo un parche muy costoso, porque significa intentar colocarlo a un bote que hace agua por muchos lados.

En ese sentido, llamo la atención de los miembros de esta Cámara sobre los alcances efectivos de este proyecto. Queremos resolver el problema de los médicos de urgencia, pero estamos incrementando el problema del sistema público de servicios de salud y agudizando el problema de la atención de salud de los chilenos, porque aquí se ha privilegiado la solución de un elemento de urgencia, básicamente porque hubo un conflicto en esta área, en lugar de acelerar el estudio que nos ha sido anunciado en las Comisiones de Salud y de Hacienda, de la solución global del problema de salud.

Si en el artículo 4° de este proyecto se establece una retroactividad para los médicos de urgencia y si ellos obtendrán igualmente el beneficio, entonces, ¿por qué no se envió la reestructuración global del sector salud en lugar de someter aprobación esto que constituye un parche?, puesto que los médicos no obtendrán cambios en los beneficios, y a nosotros sí nos permitiría entender la magnitud global del problema de la salud y aprobar las asignaciones de recursos que correspondieran, para resolver un problema mucho mayor que el de los servicios de urgencia. Reitero que nosotros, al resolver sólo el problema de los médicos de urgencia, estamos agravando otros, como el de la atención primaria, porque para juntar los 5.400 millones de pesos que es lo que representa este proyecto en un año, hay que retirar recursos de otras áreas del sistema de salud. Así, se retiran más de 1.100 millones de pesos del reforzamiento de la atención primaria, que se deteriorará con la aprobación del proyecto. Todos los salubristas dicen que hay que poner énfasis en la atención primaria para resolver el problema de la atención urgencia, y aquí estamos resolviendo el problema de las remuneraciones de los médicos, pero agravando el problema de la atención de urgencia, porque retiramos recursos de la atención primaria.

¿Y de dónde más se están retirando recursos? Todos sabemos que un enfermo para operarse tiene que esperar mucho tiempo porque hay largas listas de espera, y se están retirando 500 millones de pesos de ese programa. Es decir, esos dineros, que podrían ser destinados a la solución de algunos problemas urgentes, como las largas esperas, a lo mejor deberán destinarse a urgencia, porque esas esperas se transformarán en urgencias. El resto, por un monto de 4.000 millones de pesos se está retirando de los programas de mejoramiento de la infraestructura del sistema de salud.

Contrariamente a lo señalado en el primer informe de la Comisión de Salud, casi poco menos de 300 millones de pesos corresponden a la Región Metropolitana; el resto se distribuye a lo largo del país.

Por lo tanto, para resolver el problema estamos retrasando la reparación, la puesta al día de la infraestructura médica del país. La decisión que vamos a adoptar ahora tiene muchos alcances.

Soy partidario de resolver el problema de la remuneración de los médicos de urgencia; pero, al mismo tiempo, no lo soy si ello se hace como si ése fuera el único problema del área de la salud. Ya vendrán otros problemas que tendremos que resolver, porque al poner un parche en un sector empezaremos a parchar otro y el costo final, sin duda, será más alto que si abordamos globalmente el tema de las remuneraciones y de los recursos del sector salud.

Ya se ha anunciado que deberemos resolver el problema de las matronas, y en la Comisión de Hacienda de la Cámara se aprobó en espera de una indicación del Ejecutivo para su despacho en esta Sala el proyecto sobre el personal auxiliar de los servicios de urgencia, que también es de vital importancia. En ese sentido, si continuamos por este camino tendremos un proyecto detrás de otro, pero que serán parches que resolverán problemas personales y no el problema de fondo de la administración del sector salud, donde se requieren cambios muy profundos, como la posibilidad de administración autónoma de los hospitales para provechar los recursos que resolverán algunos de los problemas que queremos resolver mediante este proyecto.

Invito a reflexionar en ese sentido, porque la aprobación de este proyecto que, en verdad, responde a un acuerdo entre el Gobierno y el Colegio Médico, como consecuencia de un conflicto social agudo que se desarrolló a fines del año pasado nos puede significar compromisos que tendremos que asumir como parlamentarios, y que a lo mejor nos impedirán junto con otros actores como el propio Gobierno y el Colegio Médico, que han estado más presionados por la coyuntura resolver el problema más de fondo que hoy representa una demanda social, cual es la proposición de una solución de fondo a los problemas del sistema de salud en Chile, la atención de cada uno de los chilenos por parte de los consultorios de los hospitales públicos.

Señor Presidente, por su intermedio pido al señor Ministro que nos explique por qué no se nos envía un proyecto de reforma más global que es necesario para el sistema de salud de Chile en lugar de continuar con la tramitación de éste.

Mientras tanto, debo señalar que, pese a que hemos recibido inclusive amenazas públicas por parte de dirigentes del gremio médico, como aquéllas que se publicaron en la prensa este fin de semana, sobre las calamidades que podrían ocurrir en este país si no despachamos pronto este proyecto, puesto que se generaría un deterioro atroz en los sistemas de urgencia, por las consideraciones expuestas no puedo aprobar este primer artículo ni los siguientes, porque con ellos estaría avalando la solución de un problema que sé positivamente los generará mayores en un futuro próximo para la administración y correcta atención de los beneficiarios del sector salud.

En ese sentido, invito a los miembros de esta Corporación a que no den su aprobación a este artículo ni a este proyecto, y solicito al Ejecutivo que lo retire para incorporarlo en un proyecto global que considere todos los elementos que necesitamos estudiar para que la salud no sea un lastre, sino, efectivamente, un beneficio para cada uno de los chilenos y también para los profesionales que se desempeñan en ese sector.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, quiero complementar de alguna forma la intervención del Diputado señor Andrés Palma, que ahorra muchos comentarios.

En mi opinión, este es un proyecto sobre el cual debemos reflexionar antes de aprobar, porque no hay discusión en que todos somos partidarios de mejorar las remuneraciones de los médicos que trabajan en los servicios de urgencia.

Pero, hoy se señala que ella se hará con la disminución de los ítems que nosotros mismos aprobamos en la ley de Presupuestos del año pasado, los cuales están enumerados uno a uno en el informe de la Comisión de Hacienda. Se reducen 300 millones al hospital de San Felipe; 110 al de Iquique; 405 al de Valdivia, y, finalmente, toda una larga lista, más los hospitales de la Región Metropolitana, Antofagasta, Linares, Copiapó, Los Vilos, etcétera. Cuatro mil millones de pesos que aprobamos en infraestructura y en equipamiento para los servicios de salud a lo largo del país, hoy se nos propone que los eliminemos, los posterguemos por un año para pagarle a los médicos de los servicios de urgencia.

Paralelamente, como si esto fuera poco, 1.162 millones, también aprobados por nosotros en la ley de Presupuestos, serán retirados de la atención primaria; es decir, de los consultorios del país. Y como si todo esto todavía fuera poco, otros 500 millones adicionales también se retirarán del programa de listas de espera.

Además, en la mañana, el señor Ministro señaló en la Comisión de Hacienda que en la partida nacional de 4.000 millones, hay una contrapartida nacional que aportan los gobiernos extranjeros o los organismos como el BID, con los cuales se suscriben convenios para la realización de estos proyectos que asciende a 1.500 millones. Es decir, para financiar un proyecto que otorga beneficios a los médicos de servicios de urgencia, cuyo costo alcanza a 5.500 millones, se deja de invertir en el sector salud la suma de 7.000 millones de pesos. Es una vergüenza, que se presente una iniciativa financiada de esta, forma, cuando en reiteradas ocasiones hemos escuchado que los sectores más pobres no pueden esperar.

Espero que este año no ingrese a la Cámara un proyecto para financiar a los partidos políticos con cargo al Tesoro Público, porque si no hay recursos para esta iniciativa, tampoco deberían existir para proyectos de esa naturaleza.

Por otra parte, varios hospitales, cuya administración es privada, no están contemplados en el proyecto. Por ejemplo, al hospital Parroquial de San Bernardo que opera por un convenio con una fundación del Arzobispado estos beneficios le cuestan, mensualmente, 13.500.000; por lo tanto, al año le significan 162 millones de pesos. Al Ministro le he solicitado que, al menos, el Ejecutivo asuma el compromiso de suplementar el convenio, porque cuando se firman estos instrumentos con el hospital Parroquial de San Bernardo, con el de Puerto Varas o con el J.J. Aguirre, de la Universidad de Chile que también están excluidos se hace en función de tarifados de costo, de atenciones y, en definitiva, no contemplan hechos como éstos, que el Gobierno presente un proyecto, fruto de un conflicto entre los médicos y el sistema, que plantea una mejoría de la envergadura que se señala. Por lo tanto, es evidente que el hospital Parroquial de San Bernardo no podrá solventar sus costos porque es una fundación sin fines de lucro, que acordó un convenio en determinadas condiciones con el Servicio de Salud Metropolitano Sur. Si no se suplementan los contratos con el hospital Parroquial de San Bernardo, con el de Puerto Varas, con el J.J. Aguirre, tendrán que dejar de invertir cifras importantes en la atención de salud si pagan los beneficios que aquí se establecen.

Para que tengan una idea, el servicio de urgencia del hospital Parroquial de San Bernardo, que cubre la zona sur de la Región Metropolitana, según estadísticas del Ministerio, atendió a 138.892 personas durante 1992; el hospital Barros Luco, a 4 mil menos, o sea, a 134.179; el Exequiel González Cortés, a 135.800; El Pino, también de San Bernardo, a 62.000, y el de Buin, a 58.000.

Es evidente que todos los médicos del hospital Parroquial de San Bernardo, con los cuales me reuní, tendrán que emigrar a otros servicios de urgencia que les den el beneficio que determina este proyecto.

De más está decir que en el presupuesto de este año del hospital Parroquial no contempla los 162 millones que se requiere para pagar estos beneficios a los médicos.

Respecto del proyecto, es muy importante tener presente que somos partidarios de que los médicos que trabajan en estos servicios reciban los incrementos que indica, si las autoridades del sector de salud establecieron que eran justos y correspondía otorgarlos. Pero no estamos de acuerdo en su financiamiento. Es una vergüenza avalar la fórmula planteada: disminuir fondos destinados a infraestructura y equipos de establecimientos que atienden a los sectores más necesitados del país. En el informe está la lista de los efectos de la reducción presupuestaria.,

Además, el servicio de urgencia, que atiende a un mayor número de personas en la zona sur de Santiago, tampoco se incluye en este convenio, porque el señor Ministro ha señalado que es un hospital privado efectivamente es así ya que depende de una fundación del Arzobispado, y más del 70 por ciento de sus ingresos provienen del convenio.

Con la aprobación de este proyecto, no sólo se desfinanciará la inversión en infraestructura y equipos, sino que, además, se generarán distorsiones en un servicio de urgencia tan importante, como es el del hospital Parroquial de San Bernardo; lo que también ocurrirá en el de Puerto Varas y en el José Joaquín Aguirre.

Respecto de este último, que atiende toda la zona norte de Santiago, no se dice que depende de la universidad, que también es privado y que no se suplementará. Pero, sin duda, los médicos que trabajan en su servicio de urgencia, también emigrarán a aquellos que tengan el privilegio concedido por este proyecto.

En consecuencia, es una iniciativa que nos debe hacer reflexionar. De aprobarla, avalamos su impropio financiamiento.

En esta oportunidad, también quiero pedir, formalmente, que en los convenios que se suscriban en un determinado momento del año entre los Ministerio de Salud o con sus servicios respectivos, de acuerdo con la descentralización deberán contemplar en sus cláusulas que si, inadecuadamente, durante el año legislativo se aprueba un mecanismo para mejorar las remuneraciones del personal que atiende los hospitales, en forma automática funcionará un suplemento, para no estar advirtiendo, sistemáticamente, esta situación a las autoridades.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso, señor Diputado; puede continuar en el tiempo del segundo.

El señor LONGUEIRA.-

Por último, reitero que no podemos avalar un financiamiento en los términos propuestos. En los tres años que llevamos legislando, jamás el Ejecutivo había enviado un proyecto financiado en la forma señalada.

Invito a los señores Diputados a leer el informe de la Comisión de Hacienda. En él encontrarán los efectos de la reducción presupuestaria, la lista de la infraestructura y los equipos que se dejan de financiar. En definitiva, no se invertirá en esos fines la suma de 4 mil millones de pesos, por lo que tampoco contaremos con la contrapartida internacional ascendente a 1.500 millones de pesos.

He dicho.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, como parlamentario de Oposición y médico a la vez integrante de la Comisión de Salud de la Cámara y de las Comisiones Unidas que han trabajado ayer y hoy, para traer a la Sala este proyecto, no sé cómo empezar mi discurso.

La parte crítica a la salud ya ha corrido por cuenta del Honorable Diputado señor Andrés Palma. Lamentablemente, esta opinión es la misma que tuvieron sus colegas democratacristianos en la Comisión de Salud, que lo votaron afirmativamente y por unanimidad.

En mi intervención reiteraré conceptos vertidos ayer a raíz del informe de la Comisión de Hacienda. Dije y repito que, en aras de un análisis racional de este proyecto, debemos focalizar la discusión en esta iniciativa. Es importante abrir un debate sobre la salud en general. Es positivo, conveniente y tranquilizador, pero si queremos avanzar, estimo que no es ésta la oportunidad para ello.

Al mismo tiempo, me alegro de ver confirmadas nuestras aseveraciones de hace tres años, cuando en esta Sala se discutían sistemáticamente proyectos relacionados con la salud, y la participación de nuestros Honorables colegas era bastante inferior a la que hoy vemos en esta Sala. Vaticinamos que en la medida en que se acercaran las instancias electorales, el interés por los temas de la salud sería progresivo. Y así ha sido.

Para ser consecuentes con nuestra actitud en el trabajo de las Comisiones y por compartir el objetivo central de la iniciativa mejorar las condiciones económicas de los profesionales funcionarios afectos a la ley N° 15.076 y que trabajan en servicios de urgencia, en maternidades y unidades de cuidados intensivos, los Diputados de Renovación Nacional la votaremos favorablemente.

Es indudable que el proyecto que hoy analizamos es un producto muy mejorado respecto del que ingresó a la Cámara el 2 de marzo de este año.

El aumento de la asignación de estímulo y la aplicación de criterios de especialidades en falencia deberían traer tranquilidad, aunque sea relativa estamos ciertos de ello, a las dotaciones futuras de estos centros de atención de urgencia indispensables para el país.

Al justificar esta posición, deseo resaltar la presencia en esta iniciativa del concepto "incentivos", herramienta que, hasta ayer, era patrimonio exclusivo del área privada, y que, felizmente, lo vemos cada vez con mayor frecuencia incorporado al quehacer del sector público. En el proyecto ya han sido explicitados convenientemente y estamos ciertos de que debería conducir a una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Este criterio apunta a la modernización de un sector que el país reclama hoy en esta Sala, y en la cual estamos empeñados desde hace muchos años, todos los que sabemos algo de salud.

También destacamos la decisión ministerial de modificar las prioridades en el uso de los recursos económicos. Bien o mal, pero se ha tratado de actuar con racionalidad, porque un sector cuyas necesidades siempre son superiores a las demandas debe priorizar; si no lo sabe hacer, tiene que aprender. A veces, los palos enseñan; a lo mejor, hoy estamos aprendiendo de esa forma. Estimamos que la reasignación presupuestaria no es un camino despreciable para solucionar un problema cuya urgencia es de todos, conocida, y que, indudablemente, es tanto o más importante de lo que ya se ha mencionado en la Sala.

Nos alegra la incorporación a estos beneficios de los profesionales que cumplen iguales funciones en las Fuerzas Armadas y en Carabineros. Esta iniciativa fue presentada y peleada inicialmente en la Comisión de Salud por el Diputado señor Masferrer, y el hecho de que el Ejecutivo la haya considerado, significa una contribución importante de la Comisión a este proyecto.

También nos habría gustado discutir simultáneamente esta iniciativa con el proyecto que beneficia al resto de los funcionarios que laboran en los servicios de urgencia. Incluso, pienso que deberíamos haberlo tratado con anterioridad, ya que éstos tienen similares o mayores necesidades. Me refiero al proyecto que beneficia al personal regido por el decreto ley N° 249 que aún está pendiente en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Reitero, me habría gustado que esta iniciativa la hubiéramos analizado en la Sala antes de la que beneficia a la ley N° 15.076.

Señor Presidente, finalizo mi intervención haciendo un llamado para sostener un debate elevado, constructivo y conducente, con el objeto de que ojalá nadie use el sufrimiento ajeno para sacar dividendos políticos en este año de elecciones.

Espero que el actor más importante del país en esta materia, que es el usuario, sea realmente beneficiado con este proyecto.

He dicho.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, como Diputado de Gobierno, no puedo iniciar mi intervención sin lamentar sinceramente las expresiones que ha vertido el colega señor Longueira en esta oportunidad. Ambos estuvimos en la mañana en las Comisiones Unidas de Hacienda y de Salud, donde se discutió el proyecto, y no usó los términos que ha empleado ahora, de que es una vergüenza que el Ejecutivo envíe este proyecto.

Debo decir al colega Longueira que lo que realmente da vergüenza es cómo recibimos el sector salud de este país cuando nos hicimos cargo del Gobierno. De tal manera que le solicito que no repita esas expresiones en las próximas reuniones que tendrá con los médicos las que seguramente serán muchas, pues estamos en un año de elecciones, cuando se refiera a la forma en que el Gobierno ha encarado no sólo este mejoramiento de remuneraciones, sino que todo el sector salud.

El proyecto que se discute pretende dar solución a un problema específico que afecta a los servicios de urgencia de los hospitales públicos, los cuales enfrentan una situación crítica, que se manifiesta en la dificultad para llenar los cargos vacantes y en una creciente migración al mercado privado de la salud de los profesionales médicos de mejor calificación.

Cabe destacar que esta situación tiene su origen en el profundo y sistemático deterioro de las remuneraciones del personal de la salud ocurrido durante el régimen anterior. Este Gobierno ha logrado revertir esa tendencia con la dictación de distintas leyes de mejoramiento salarial.

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para el caso específico de los servicios de urgencia, donde el sacrificio que deben realizar los profesionales es mayor que en otras unidades hospitalarias.

En consecuencia, este proyecto de ley tiene como único objetivo la creación de incentivos adicionales para este personal que permitan revertir en corto plazo la situación planteada y, de esa manera, asegurar el funcionamiento de estas unidades durante las 24 horas del día, las cuales deben atender al ciento por ciento de la población del país.

El tipo de incentivos que define el proyecto de ley y la forma en que se otorgarán, fueron acordados con los representantes del Colegio Médico de Chile durante la crisis vivida en octubre de 1992, acuerdo que permitió que se desechara una renuncia masiva de estos profesionales. La única variación de fondo a los términos de ese convenio es la indicación parlamentaria al artículo 42, que persigue evitar el traspaso de una gran cantidad de fondos a las instituciones de salud previsional por efecto de pagos retroactivos, recursos que, de no mediar esta indicación, se transformarían en utilidad neta para las isapres, pues el 7 por ciento obligatorio sobre remuneraciones de meses pasados no genera beneficio alguno para los asegurados.

El movimiento liderado por el Colegio Médico de Chile puso de manifiesto la necesidad de reordenar las prioridades que se habían fijado las autoridades del sector salud para el presente año, pues si no se cuenta con el recurso humano calificado en las unidades más sensibles del sistema de salud, donde la falta de atención oportuna y la ausencia de experiencia del profesional puede tener consecuencias fatales, cualquier otro objetivo pasa a segundo plano.

De ahí que el financiamiento del proyecto implica sacrificar el crecimiento previsto para determinadas inversiones y programas. No obstante, el aumento de 17 por ciento real en el presupuesto del sector salud para 1993, aun después de esta reasignación, permitirá incrementar la inversión en aproximadamente 6.000 millones de pesos y el gasto en el programa de reforzamiento de la atención primaria, en 2.500 millones de pesos durante 1993, respecto de lo realizado en 1992.

También cabe destacar que la reasignación de recursos no significa dejar de lado sino postergar para 1994 las inversiones previstas originalmente para el presente año, cuestión que también se dijo hoy en la mañana en las Comisiones Unidas de Salud y de Hacienda. Además, la reasignación se produce en un contexto de expansión significativa del gasto en los diferentes ítems del presupuesto de salud. Entre 1989 y 1992, el gasto en el ítem "inversión real" se incrementó en 284 por ciento real y el gasto operacional, en 32 por ciento real. Por lo tanto, no pueden esperarse efectos dramáticos, situación que sí se habría planteado en un escenario de contracción presupuestaria, como el ocurrido durante el régimen anterior.

A petición de las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, se ha decidido hacer extensivos los beneficios de este proyecto a 3íís hospitales dependientes, lo que será financiado con los presupuestos vigentes de estas instituciones.

Otros organismos del sector público que proveen servicios médicos de urgencia tienen la facultad de aumentar las remuneraciones de acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, sin la necesidad de una ley.

Respecto del personal de colaboración médica que se desempeña en los servicios de urgencia y unidades de cuidado intensivo, se encuentra en trámite otro proyecto de ley que otorga similares beneficios al que hoy se presenta. Asimismo, se ha formado una comisión conjunta entre el Ministerio de Salud y las organizaciones gremiales, con el objeto de estudiar beneficios especiales para las matronas y otros funcionarios que se desempeñan en turnos nocturnos en las maternidades del sistema público de salud. Considerando que este personal se rige por estatutos distintos y que el trabajo en maternidades presenta características peculiares, no se estimó conveniente abordar el problema en un solo proyecto.

En síntesis, la iniciativa que nos ocupa tiene el propósito de resolver, al más corto plazo, un problema que afecta el correcto funcionamiento de los servicios de urgencia, para lo cual se requiere otorgar beneficios y remuneraciones que estén de acuerdo con las condiciones de mercado que hoy enfrentan los profesionales médicos en el país.

Las reformas globales al sistema de salud chileno no caben en esta iniciativa, lo que no significa que el Gobierno no haya avanzado significativamente en esa dirección a través de cuantiosas inversiones que permitirán modernizar la infraestructura pública de salud y el modelo de atención, mediante nuevos sistemas de financiamiento y de gestión de los establecimientos hospitalarios; por medio de reformas profundas a los estatutos del personal, como el ya aprobado por esta Cámara, relativo a los funcionarios de la salud municipalizada; a través de un decidido impulso a la descentralización, etcétera.

Para finalizar, señalo que el proceso de reforma de los sistemas de salud está en la agenda de la mayoría de los países del mundo, industrializados o en vías de desarrollo, lo que, ciertamente, requiere una discusión pública permanente y de mayor profundidad.

Por estas consideraciones, la bancada democratacristiana votará favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, el propósito específico de este proyecto es mejorar las remuneraciones y las condiciones de trabajo de los p los servicios de urgencia, por lo que deben hacer tumos los domingos, días festivos y en la noche. Debemos entender que intenta mejorar en forma específica las condiciones de los servicios de urgencia.

Por eso, no acepto la argumentación de que debemos rechazarlo porque no soluciona integralmente el problema de la salud en Chile. Si usáramos ese mismo criterio, estoy seguro de que muchas leyes que hemos aprobado en esta Cámara tampoco solucionarían en su integridad los problemas de los distintos sectores del país. Todos sabemos que junto con estudiar en tenemos que entender que son las dificultades que afectan a los servicios de urgencia las que también nos fijan un camino paralelo para solucionarlas. Es indudable que la situación a que han sido llevados estos organismos, como muchos otros servicios y establecimientos de salud, por no haber privilegiado durante muchos años la inversión y la atención que se merecían, nos obligan a tomar con apresuramiento estas determinaciones.

Precisamente, fueron los profesionales que trabajan en estos servicios los que llamaron la atención sobre un problema que ya se estaba considerando a nivel del Ejecutivo y del Ministerio.

Los miembros de la Comisión de Salud nos constituimos en algunos establecimientos hospitalarios para interiorizarnos de la forma cómo se trabaja en los servicios de urgencia. Fuimos a la Asistencia Pública; conversamos con los médicos y nos dimos cuenta de la verdadera dimensión del problema, el cual, en cuanto a la disponibilidad de recursos, debemos situarlo en el marco global de la atención de salud.

Al exigir mejores condiciones de remuneración y de trabajo los médicos cumplen con su deber. Cuando conversamos con ellos, nos señalaron que esto es sólo parte de su preocupación, porque al obtenerlas estarán anímicamente motivados para prestar una atención de urgencia a quienes concurren a esos servicios.

La gente que recurre a ellos lo hace bajo un condicionamiento emotivo muy especial, ya que en los casos de urgencia lo inesperado de la dolencia hace que los usuarios exijan una respuesta adecuada.

Por eso, no sólo basta tener profesionales muy capacitados, sino que las condiciones materiales también deben ser las adecuadas para que la respuesta dada a los usuarios sea integral.

Luego de analizar el proyecto, se ha llegado a un entendimiento bastante global con los médicos.

No voy a referirme al articulado del proyecto en forma puntual, pero sí quiero destacar que aumentar la asignación de estímulo de un 85 por ciento a un 150 por ciento es muy significativo; como lo es el crear la asignación de 50 por ciento para la especialidad de falencia, como lo es también, incorporar el ciento por ciento de la asignación profesional en la base de cálculo de la hora y el valor de las horas trabajadas en horario nocturnos, domingos y festivos a la base de cálculo de las asignaciones de estímulo y de urgencia.

Todo ello ocupa parte importante del financiamiento.

Desde el punto de vista del mejoramiento de las condiciones de trabajo, vamos a restituir a los profesionales el derecho a un descanso complementario de 10 días.

Debemos recordar que el beneficio que tenían los profesionales que trabajaban en los servicios de urgencia les fue quitado después de 1973.

También debemos resaltar lo que significa para los médicos, después de cumplir 20 años de servicios en la atención de urgencia, mantener su cargo sin la obligación de trabajar en horario nocturno, porque para ejercer en plenitud y con eficacia el trabajo en los servicios de urgencia es necesario tener toda la energía y la vitalidad que da estar en un período adecuado del ejercicio profesional, el cual, después de 20 años, muchas veces se ve mermado.

En relación con el financiamiento del proyecto, que responde a una situación de emergencia, es indudable que no puede ser satisfactorio como una respuesta permanente ante este tipo de problemas.

Por ello, si este sistema de financiamiento se planteara como una modalidad permanente para financiar proyectos, estaríamos dispuestos a rechazarlo, pero por las circunstancias explicadas es conveniente que los aprobemos como vienen. No hubiéramos querido postergar proyectos o programas, pero como decía el Diputado señor Acuña, el aumento de la inversión ha sido tan extraordinariamente grande que la merma no debilitará los programas y proyectos.

Estamos de acuerdo con el principio de que a igual trabajo corresponde igual remuneración. Por eso en la Comisión votamos afirmativamente la indicación presentada por el Diputado señor Masferrer para considerar también a los médicos que prestan sus servicios en los hospitales de las Fuerzas Armadas.

En síntesis, aprobaremos el proyecto porque cumple con el propósito de responder a la necesidad de resolver la grave crisis a que fueron llevados los servicios de urgencia de salud durante tantos años.

En cuanto a la situación que enfrentan los hospitales de San Bernardo y creo el de Puerto Varas, es indudable que todos quisiéramos que sus necesidades fueran resueltas, pero no nos parece lícito exigirlas en todos los establecimientos hospitalarios de Chile, puesto que cuando éstos estuvieron en manos de quienes hoy nos reclaman soluciones, no mostraron igual dedicación y preferencia por satisfacerlas.

He dicho.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo en mejorar los sueldos, las vacaciones, las asignaciones y la falencia de los profesionales que se rigen por la ley N° 15.076, así como también de los demás profesionales, como enfermeras, matronas que también trabajan en los servicios de urgencia.

Comparto lo expresado por el Diputado señor Longueira, en el sentido que el financiamiento del proyecto, en un año, se logra a través del retiro de 4.000 millones de pesos de la inversión en hospitales, de los cuales 405 millones corresponden al equipamiento del hospital de Valdivia. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo porque se estaría desvistiendo a un santo para vestir a otro.

En realidad, somos Diputados nacionales, pero también nos debemos a nuestros distritos y a nuestras regiones. Compartimos la idea de que hay que mejorar la situación de los funcionarios que trabajan en los servicios de urgencia y, en general, de todos aquellos que laboran en el sector salud, pero también hay que aportar ideas creativas para solucionar los problemas, sabiendo que hay 48.000 millones de pesos del presupuesto anterior que no se usaron por ineficiencia.

No comparto para nada el financiamiento que se le busca al proyecto. Por eso, lo rechazaré como valdiviano y regionalista que soy.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, cuando el Diputado señor Acuña dice que yo no planteé en la Comisión de Hacienda que el financiamiento del proyecto es una vergüenza, no señala que en su sesión de hoy trató las indicaciones del Ejecutivo para extender los beneficios del proyecto a los hospitales de las Fuerzas Armadas, que enfrentan el financiamiento de sus prestaciones con sus propios fondos. Por lo tanto, si hubiese estado presente en la Comisión cuando se discutieron estos artículos, hubiera señalado exactamente lo que ahora digo: que es una vergüenza que se financie el proyecto con menor infraestructura hospitalaria, con menor equipo a lo largo de todo el país del orden de los 6.000 millones de pesos. Considero obviamente y lo reitero que es una vergüenza y lo hubiera dicho exactamente en la Comisión de Hacienda, si éste hubiera sido el tema cuando participé en ella, porque hoy fue otro radicalmente distinto.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, voy a referirme a varios aspectos de este proyecto.

En primer lugar, destaco que esta iniciativa surge en respuesta a las demandas sociales de los médicos dé servicios de urgencia, lo que culminó con una paralización nacional de sus labores el año pasado.

En segundo lugar, resalto que el esfuerzo económico del Gobierno, al otorgar más de 5.800 millones de pesos a esta iniciativa, ve disminuido su impacto social, dado que los fondos corresponden a reasignaciones del presupuesto del sector salud, lo que significa que múltiples proyectos de mejoramiento y de equipamiento de salud sean postergados, tales como los programas financiados por el BID, que afectan a los hospitales de San Felipe, Valdivia e Iquique, entre otros; y también se pospongan los proyectos financiados por el Créditos Alemán II, que beneficia a cuatro servicios de salud. Asimismo, se verán perjudicados los programas que se desarrollan con aporte del Banco Mundial en la Región Metropolitana. Estas obras serán postergadas teóricamente para el próximo año o quizás hasta cuándo.

También destaco la gravedad de distraer 1.162 millones de pesos del presupuesto de salud destinados originalmente al reforzamiento de la atención primaria y a la atención de los programas de pacientes en lista de espera, como se ha dicho precedentemente.

A nuestro juicio, lo anterior significa una mala focalización del presupuesto de la Nación, teniendo en consideración que el Ejecutivo tiene prioridades políticas más urgentes, tales como el proyecto de los exonerados que se le asigna la exorbitante suma de 70 millones de dólares.

Si bien el proyecto apunta a una mejor focalización del gasto en salud, al priorizarse el gasto en el capital humano el personal de salud y por ello apruebo el proyecto, se refleja claramente la deficiente distribución general del gasto público, pues, para mejorar al personal de salud, se tuvo que redistribuir el propio presupuesto del área, debiendo el Gobierno aportar recursos de otra fuente, especialmente de los innumerables y costosos programas políticos que lleva a cabo.

Nos hubiera gustado que en el tratamiento del proyecto del estatuto de salud primaria el Gobierno hubiera tenido la misma generosidad que con el proyecto en discusión, dado que el costo del proyecto del estatuto de salud primaria es de 3.500 millones de pesos y beneficia a 17 mil trabajadores.

También presenté una indicación en la Comisión de Salud de la Honora Cámara para extender los beneficios de este proyecto a los profesionales que laboran en los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, Instituto Médico Legal y Universidades, no sin antes agotar todas las gestiones ante los Ministros de Salud y de Defensa, respectivamente, para que el Ejecutivo la patrocine, considerando que el no incorporar a estos profesionales es una clara discriminación e injusticia.

Los efectos negativos de la discriminación a que hago mención serían los mismos que el Gobierno argumentó para enviar este proyecto, es decir, un éxodo delos profesionales hacia el sector privado con el consiguiente daño para los servicios de salud respectivos, y con el agravante de que los profesionales que laboran en los hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros también podrían emigrar hacia ese sector del Servicio Nacional de Salud, dadas las mejores condiciones económicas otorgadas por este proyecto. Sin embargo, el Ejecutivo no sólo no patrocinó mi indicación sino que además el propio Presidente de la República presionó a esta Honorable Cámara para que la declarara inadmisible, a pesar de haber sido aprobada por la Comisión de Salud, lo que significó una clara intromisión del Ejecutivo en materias que no son de su competencia y en que ha actuado al margen de la legalidad vigente, lo cual es absolutamente grave y peligroso en un estado de derecho en el que cada autoridad no tiene más atribuciones que aquellas que las propias leyes le confieren.

Con sorpresa para todos y contradiciendo su propuesta anterior, especialmente con los fundamentos que tuvo en cuenta para pedir la declaración de inadmisibilidad de mi indicación, el Ejecutivo envió esta semana varias indicaciones que, en su esencia, contenían las que yo había formulado en esta Cámara, incorporando los beneficios de este proyecto a los profesionales que laboran en hospitales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile.

Lo importante para quien tiene la oportunidad de dirigirse a esta Sala como legislador no es quien haya presentado las indicaciones, sino que se haga justicia a un sector de la población discriminado por el Gobierno y respecto del cual no se había actuado con equidad en el despacho de una iniciativa legal.

Por otra parte, es lamentable la exclusión de otros servicios de salud del país, que otorgan una valiosa atención a la comunidad y contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población, como son los hospitales, algunos de ellos tan importantes como el de San Bernardo, mencionado por el Diputado señor Longueira, el cual, para tener una referencia de su importancia, el año pasado atendió a 138.892 personas. Al no considerarlo, se produce una incidencia presupuestaria en sus recursos que asciende a 162 millones de pesos, considerando que los médicos que atienden el servicio de urgencia suman cincuenta.

Por estas razones, la bancada de parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votará en general el proyecto, básicamente por las mejoras en las remuneraciones del personal de los servicios de urgencia, pero lamentando profundamente que el actual Gobierno no haya tenido la voluntad, el criterio y la imaginación suficientes para financiarlo sin perjudicar el presupuesto de salud.

Creo que el Colegio Médico tampoco estaría de acuerdo con la forma de financiar el proyecto, aun cuando no ha presionado para que no se resten recursos al mismo sector, razón por la cual tampoco comparto algunas expresiones vertidas por algunos señores parlamentarios.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Recondo, representante de la zona sur del país, la que también ha sido perjudicada con el proyecto.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, aunque los Diputados de la UDI que han participado activamente en la Comisión de Salud ya han fijado nuestra posición sobre el proyecto que nos ocupa, no puedo dejar de opinar respecto del financiamiento del hospital de Puerto Varas, que funciona mediante un convenio con una corporación y que no va a poder asumir los compromisos a que lo obliga el proyecto. El convenio existente entre la corporación y el servicio de salud correspondiente lleva amarrado el hecho de que todo el sistema de remuneraciones de los médicos contratados se rige por la ley N° 15.076. Esta es una condición que habitualmente los médicos estipulan en los contratos con corporaciones privadas, con el fin de recibir los beneficios que esta ley pudiera otorgar a futuro. Por lo tanto, es imposible que la corporación se sustraiga de los cambios que tendrá como consecuencia de esta iniciativa y de los aumentos de remuneraciones que deberá asumir una vez que éste proyecto sea ley.

Estos convenios se negocian sólo una vez al año. Por lo tanto, en lo que resta de éste, la corporación no podrá contar con los recursos para suplir a los médicos del servicio de urgencia del hospital de Puerto Varas.

Me parece de justicia otorgar a estos hospitales los recursos adicionales para asumir el reajuste que significará la aplicación del proyecto a los médicos que operan en los servicios de urgencia. Si no es así, se producirán los efectos ya señalados por varios parlamentarios y que tienen que ver con la fuga de médicos hacia otros hospitales de la zona o hacia los sectores privados, por un problema de remuneraciones.

La otra consecuencia radica en que como la corporación negocia sólo una vez al año el convenio con el servicio de salud, al entrar en vigencia la ley verá restringido su presupuesto y, por ende, disminuidas las posibilidades de gastos operacionales y, lo que es más grave, de efectuar inversiones para mejorar la implementación del hospital.

Por esa razón, es de justicia que el hospital de Puerto Varas también sea considerado, pues requiere alrededor de 13 millones de pesos para el servicio de urgencia. Además, el servicio de salud le impone como condición para firmar el convenio que mantenga dicho servicio, por ser el único hospital de la comuna.

Esta cantidad adicional de recursos, que puede parecer pequeña, resulta muy importante para el hospital y para la comunidad de Puerto Varas.

Por tal motivo, solicito al señor Ministro que manifieste si existe voluntad de parte del Ejecutivo para incluir en el beneficio a este servicio de urgencia y de entregarle los recursos adicionales para el resto de este año, de manera que en el próximo esto quede incorporado como un elemento de negociación del convenio que debe firmar el hospital con el servicio de salud.

Solicito que el señor Ministro nos explique las razones por las cuales el hospital de Puerto Varas no está considerado en el beneficio y si es posible hacerlo.

He dicho.

El señor REYES.-

Señor Presidente, el año pasado el país se vio enfrentado a una difícil contingencia, derivada del movimiento efectuado por el personal médico de los servicios de urgencia en demanda de mejoras económicas y laborales. La situación planteada provocó arduo debate, en el que se entrecruzaron las aspiraciones gremiales, el derecho de la comunidad a recibir atención sanitaria de urgencia e incluso aspectos éticos, que se vieron comprometidos por la acción de los profesionales involucrados.

Nadie cuestionó el derecho de los interesados a exponer sus problemas y exigir soluciones. Lo que sí estuvo en discusión fue el procedimiento utilizado y el riesgo a que se vio expuesta la población, en especial los sectores más modestos y carentes de servicios asistenciales para enfrentar requerimientos de mayor urgencia en materia de salud.

Esperamos que nunca más sea menester llegar a situaciones extremas, para lo cual se requiere buena voluntad, comprensión y, sobre todo, anteponer el bien común al interés particular, por muy legítimo que éste sea.

Más allá de esta reflexión, lo importante es que el Gobierno asumió en su plenitud la situación producida, constatando que a pesar de la magnitud del esfuerzo realizado durante su gestión y el evidente mejoramiento de las condiciones de la salud pública chilena, resta aún mucho por hacer y no es suficiente destinar mayores recursos si la inversión no va acompañada de una gestión eficiente.

Por eso, en definitiva, el conflicto surgido permitió evidenciar las carencias • existentes y, como es necesario, hacer todavía un gigantesco esfuerzo para que las aspiraciones de la gente de salud fueran adecuadamente satisfechas.

En ese sentido, y más allá del proyecto que hoy nos ocupa y que deberemos despachar en los próximos días que se refiere al resto del personal de los servicios de urgencia y de otras iniciativas legales anunciadas, el país recibió con satisfacción los anuncios formulados a fines de marzo por el Ministro de Salud sobre un vasto plan de modernización e inversiones en el sistema público de salud, que recoge dos elementos centrales: el de la descentralización y el de la colaboración entre los sectores público y privado.

No es el momento de analizar los alcances del programa propuesto, pero sí es necesario hacer referencia a su existencia, toda vez que demuestra y ratifica el declarado propósito del Gobierno de seguir desarrollando políticas que tiendan a resolver las necesidades de la población en forma más directa y humanizada.

El proyecto que hoy nos ocupa cuyos informes conocimos en la sesión de ayer, complementado con las indicaciones del Ejecutivo, de las que se ha dado cuenta en esta sesión, responde al compromiso contraído por el Gobierno con los profesionales afectos a la ley NQ 15.076, razón por la cual lo respaldaremos, entregándole nuestro voto de aprobación.

En esta materia, el debate producido gira en tomo al financiamiento de la iniciativa, el que aproximadamente alcanza a 5 mil 650 millones de pesos, que se obtienen de la reasignación de recursos en los presupuestos actualmente vigentes, lo que indudablemente repercute en cambios de prioridades y en la postergación de proyectos de inversión cuyo inicio estaba considerado para el año en curso.

El Gobierno, al tomar la decisión de reasignar, ha tenido también a la vista los demás objetivos de su política económica, los que responden a las inquietudes y aspiraciones muy sentidas por la comunidad, como, por ejemplo, el control de la inflación, cuya disminución incide en el bienestar de los ciudadanos, especialmente de los más pobres.

Por otro lado, este debate ha dejado en evidencia la necesidad de contar con mayores recursos, razón por la cual desearíamos que la oposición mañana fuera consecuente con sus dichos de hoy, cuando debamos pronunciamos sobre la prórroga de la reforma tributaria que el Gobierno, ha planteado como una necesidad ineludible para seguir enfrentando los requerimientos sociales.

Este proyecto no apunta a resolver la totalidad de los problemas de la salud pública, sino que toca uno de sus aspectos: el de los servicios de urgencia. A ese respecto, nos parece adecuado, ya que permitirá evitar la emigración de profesionales y, en consecuencia, posibilitará que quienes acudan a ellos, encuentren la atención humana y profesional indispensable para recuperar a los pacientes de sus dolencias, heridas y enfermedades.

Por todo lo señalado, daremos nuestro voto favorable al proyecto en análisis.

El Diputadodon Claudio Rodríguez me ha solicitado una interrupción, que, con su venia, se la concedo.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, muy breve, sólo para aclarar una contradicción que se ha generado.

Por su digno intermedio, consulto al señor Ministro sobre algunas reducciones presupuestarias en la construcción del hospital de San Felipe. Tengo en mi poder un informe de la Comisión de Hacienda en que se hace mención de ello.

El proyecto de inversión señala que el hospital de San Felipe tendrá una disminución de 300 millones de pesos y el consultorio de Los Andes una de 241 millones de pesos. Consulto al señor Ministro cuál es la realidad de esta situación, porque tenemos dos informaciones absolutamente discrepantes.

MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES ULLOA, LONGUEIRA, MONTES, ROJO, PÉREZ VARELA, ELGUETA, VELASCO, CARDEMIL, RECONDO Y DE LA DIPUTADA SEÑORA CARABALL, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY 18.190, DE TRÁNSITO, Y ESTABLECE OBLIGATORIEDAD DE LA TERCERA LUZ DE FRENO EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS.

(boletín N° 995-15)

FUNDAMENTOS:

La protección de la vida humana exige ciertas restricciones y regulaciones por parte de la autoridad, sea esta administrativa, judicial o legislativa, especialmente mediante la incorporación de aquellos elementos técnicos que han demostrado eficacia práctica y por su uso masificado, representan bajos costos.

Muchos de estos adelantos técnicos consisten en la introducción a la vida diaria de inventos o implementos técnicamente menores, pero en la medida que tienden a proteger de mejor forma la seguridad de la población adquieren inmediatamente la categoría de elementos técnicos necesarios, y no meramente accesorios ni mucho menos suntuarios.

En esta situación, a mi juicio, se encuentra la llamada "tercera luz de freno" que por su ubicación especial en la parte posterior de los vehículos motorizados permite a los conductores prevenir anticipadamente, o al menos en mejor forma, maniobras bruscas en la conducción lo cual disminuye en forma importante este tipo de colisiones.

Debido al aumento sostenido del parque automotriz en nuestro país y proporcionalmente en número de víctimas de accidentes automovilísticos consideramos necesario introducir era forma obligatoria esta tercera luz de freno en todos los vehículos motorizados, como una forma eficiente de proteger la vida humana.

Por estas razones, sometemos a la consideración del Congreso Nacional el siguiente Proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO UNICO: Modifícase la letra b), del artículo 68° de la ley 18.290, Ley del Tránsito, en la siguiente forma:

“b) Parte Trasera: dos luces de estacionamiento, dos destellantes de viraje, tres de frenos situados en la forma que determine el reglamento, dos de retroceso, dos luces rojas fijas y una que ilumine la placa patente.”

ARTICULO TRANSITORIO: Esta Ley comenzará a regir ciento ochenta días después de su publicación en el Diario Oficial. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá un plazo de 30 días para dictar el reglamento que regule esta materia, contado desde la fecha de la publicación de la ley.

(Fdo.): ULLOA, LONGUEIRA, MONTES, ROJO, PÉREZ VARELA, ELGUETA, VELASCO, CARDEMIL, RECONDO Y CARABALL.