Labor Parlamentaria

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

Señor Presidente, en esta oportunidad me referiré a la relación bilateral con Argentina.

Después de tres años, podemos mirar con satisfacción los logros alcanzados en la relación bilateral entre Chile y ese país, los que se han podido obtener fundamentalmente gracias a la voluntad política de ambos gobiernos y de dos Presidentes que con profunda visión de la historia y del futuro entendieron que el advenimiento de la democracia en Chile y en Argentina podía crear la instancia propicia para impulsar una nueva relación.

En efecto, se ha producido un cambio sustancial en la relación bilateral que ha dejado atrás una larga etapa de recelos y desencuentros, creando ahora un marco político adecuado que ha permitido establecer una relación leal, franca, clara y de mutua confianza.

Parece increíble que los Presidentes de dos países que comparten la tercera frontera más extensa del mundo, así como una historia, una raíz cultural e intereses comunes, sólo se reuniesen cuando había problema o crisis de proporciones.

Se estableció un sistema permanente de consultas políticas de alto nivel, que incluye encuentros de trabajos anuales entre ambos Presidentes, iniciado con la histórica visita de Estado que el Presidente Aylwin realizó a la Argentina en agosto de 1991, la primera de un Jefe de Estado chileno a ese país luego de más de 37 años. Lo anterior ha permitido no sólo llevar a cabo acciones en el ámbito bilateral, sino que también ha facilitado el emprendimiento, por parte de nuestras cancillerías, de diversas iniciativas en el campo multilateral.

En este sentido, cabe recordar que materias de trascendencia, como la reforma al Tratado de Tlatelolco, la prohibición de armas químicas y biológicas, la acción conjunta frente al transporte de plutonio, la reforma de la Carta de la OEA, las coincidencias en los temas sobre Perú, Haití y Cuba, la acción conjunta en defensa de la democracia venezolana, etcétera, fueron posibles gracias a la acción concertada de ambos gobiernos, dentro del marco de este nuevo diálogo.

En este contexto, en el ámbito bilateral, se ha podido impulsar una serie de iniciativas de trascendental importancia para las dos naciones. Es así como hemos encontrado una solución definitiva a 22 de los 24 problemas limítrofes pendientes, quedando Laguna del Desierto para la solución arbitral y Campos de Hielo para la aprobación del Congreso, poniendo término de esta manera a una cuestión que por décadas había condicionado la relación y que era, además, fuente de frecuentes roces y conflictos.

Asimismo, y también en el orden bilateral, cabe recordar la creación de una Comisión Binacional Parlamentaria, cuyo trabajo de coordinación y conocimiento entre ambos Congresos ha sido de gran importancia. Además, esta nueva relación ha permitido dar un nuevo énfasis al diálogo, en distintos campos, a través de un adecuado y más ágil funcionamiento de la Comisión Binacional establecida en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. También es importante destacar que entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas hay un nuevo espíritu y nuevas instancias de comunicación. La concreción más destacada es el convenio entre Carabineros de Chile y Gendarmería Argentina.

En el ámbito de las relaciones económicas, los logros han sido múltiples y extraordinariamente positivos.

Las exportaciones chilenas a Argentina, que en 1989 alcanzaban a los 110 millones de dólares, en 1992 llegaron a los 461 millones de dólares, mientras que el intercambio comercial, en el mismo período, subió de 500 millones a más de 1.100 millones de dólares. Esta mayor vinculación comercial ha estado acompañada por un importante proceso de diversificación de nuestras exportaciones.

Argentina es hoy el cuarto socio comercial de Chile en el mundo.

Las inversiones chilenas en Argentina han superado los mil millones de dólares en el último trienio, lo que constituye una cifra sin precedentes que implica que muchos destacados empresarios chilenos contribuyan hoy, de manera significativa, al desarrollo de Argentina, creando lazos permanentes adicionales entre nuestras dos naciones, y que cientos de ejecutivos chilenos colaboren estrechamente con profesionales y trabajadores argentinos.

Hace tres años era imposible pensar que el 85 por ciento de la energía eléctrica del gran Buenos Aires pudiera ser generada hoy por operadores chilenos, y que el 30 por ciento de ella sea distribuida por una empresa chilena, o que las monedas argentinas se acuñen en la Casa de Moneda de Chile.

Obviamente, los empresarios chilenos han entendido que hoy existe una nueva relación política entre los dos países, que ellos proyectan como promisoria y estable.

En este sentido, la suscripción del acuerdo de complementación económica, el tratado de promoción y protección recíproca a las inversiones y el régimen de solución a las controversias, constituyen los instrumentos adicionales fundamentales que han facilitado esta corriente de inversión y comercio.

Importantes avances se han logrado en materia de integración energética: el propanoducto de Tierra del Fuego; la explotación conjunta de petróleo en la boca oriental del estrecho de Magallanes; el oleoducto Neuquén-Talcahuano, que transportará 15 mil metros cúbicos diarios de petróleo, abaratando nuestro abastecimiento de combustibles; el gasoducto de la cuenca neuquina a la zona central de Chile, cuyo contrato de provisión de gas se ha firmado en estos días, significará un cambio en la matriz energética chilena y nos permitirá disponer de un combustible más barato y más limpio; la interconexión de las redes eléctricas en las zonas central y austral constituyen realizaciones que hace sólo tres años eran inimaginables y que hoy demuestran, como ejemplo, el nivel de integración a que pueden llegar dos naciones vecinas.

En el campo de la integración física, se ha alcanzado una amplia y profunda cooperación. Se han abierto nuevos pasos; se han mejorado los servicios aduaneros y agilizado los controles; se ha fomentado y facilitado el turismo, así como el tránsito de mercaderías; se han creado tres nuevos comités de fronteras (Norte Grande, Región de Los Lagos y Zona Austral), lo que facilita las vinculaciones de todo tipo entre las regiones de Chile y las provincias aledañas argentinas; la coordinación entre las autoridades y policías de ambos países es hoy fluida y existe una adecuada cooperación. Hay proyectos que se están llevando adelante y que, sin duda, redundarán en beneficio mutuo, como, por ejemplo, el túnel Juncal Horcones, el puente sobre el río Encuentro, la concreción de un nuevo plan maestro de pasos fronterizos, las interconexiones ferroviarias, etcétera.

Hemos avanzado en la desregulación del transporte terrestre y marítimo, en el programa de cooperación e integración minera; en la definición de normas técnicas; en telecomunicaciones, y también, aunque con dificultades, en los temas de sanidad animal y vegetal.

En materia de medio ambiente, hemos suscrito un tratado sobre la materia y dos protocolos; sobre recursos hídricos y sobre protección del medio ambiente antártico, aprobados por el Congreso Nacional, que deberían servir de ejemplo y que, sin embargo, no hemos divulgado eficientemente.

En el campo cultural, hemos logrado una presencia chilena en este medio tan rico en manifestaciones de ese tipo, a través de las semanas culturales anuales (teatro, música, cine, video, fotografía, plástica y literatura), y la participación activa en numerosos eventos de la vida cultural argentina.

Una de las cuestiones prioritarias a la que se ha otorgado especial relevancia, fue la preocupación constante por los centenares de miles de compatriotas que viven en la Argentina. En este sentido, los catorce consulados existentes se constituyeron en pequeñas embajadas ante las autoridades del país vecino. Paralelamente, se difundió la práctica del consulado a distancia, por medio de la cual nuestros cónsules se trasladan a lugares apartados donde viven comunidades chilenas de escasos recursos, con el objeto de interiorizarse de su situación y ayudarlos en los trámites que requieran.

En este sentido, la dictación por parte de la autoridad argentina de un decreto de regulación migratoria ha permitido a miles de chilenos que estaban en situación ilegal, regularizar su permanencia en ese país. Paralelamente, la suscripción de un acuerdo de reconocimiento de estudios y títulos, ha facilitado la radicación de muchas familias.

Están en estudio otros acuerdos que dicen relación con la salud y la previsión, los cuales esperamos que se concreten en los próximos meses.

Creo que estos logros deben ser destacados en forma especial, por cuanto demuestran no sólo la capacidad de acción de la diplomacia chilena, sino también constituyen el testimonio real y tangible de la dedicación, la inteligencia y el trabajo del embajador señor Carlos Figueroa Serrano, a cuya labor se está poniendo término en estos días.

Desde esta Cámara rindo un homenaje a este embajador de Chile que, sin duda, ha sido un gran benefactor de los intereses chilenos y de los intereses comunes y globales de nuestros dos países y, por lo tanto, merece nuestro reconocimiento. Lo digo porque, en esta misma Sala, el embajador don Carlos Figueroa Serrano fue injustamente criticado y el Diputado que habla salió en su defensa. Creo que hoy, al ver esta inmensa labor en las relaciones de Chile y Argentina, las personas que lo criticaron dentro y fuera de esta Sala podrán darse cuenta de que estaban equivocadas y de que el país reconocerá el gran aporte de este excelente diplomático chileno.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de algunos antecedentes que reflejan la dimensión de los daños ocurridos en la División El Teniente de Codelco, con motivo del fulminante aluvión de agua y lodo que sufrió la zona central del país el día lunes 3 de mayo.

Los antecedentes permiten reflejar la gravedad de la situación que se ha generado y la necesidad de que no sólo exista nuestra atención, sino que también la del público, en el esfuerzo que demanda la recuperación de esta División para que cumpla eficientemente su rol tan decisivo en el desarrollo nacional.

En la mañana del lunes 3 de mayo se produjo una crecida de los ríos Pangal y Cachapoal, provocada por una lluvia en la alta cordillera que derritió nieve y que, arrastrando lodo, piedras y árboles, hizo subir el nivel de las aguas que regresaron a una angostura existente en la localidad de Coya.

El muro, construido en 1986 para proteger la central Coya, fue sobrepasado en tres metros, lo cual ocasionó que la central quedara bajo cuatro metros de agua y absolutamente aislada. Aunque se alcanzó a evacuar gran parte del personal, ocho personas quedaron atrapadas en el último piso del edificio. El rescate debió efectuarse mediante un andarivel que se instaló en forma provisoria, puesto que los helicópteros que actuaban en la emergencia no pudieron acercarse por medidas de seguridad.

Las pérdidas sufridas en la central Coya y sus instalaciones son cuantiosas; la aducción de agua y el canal Cachapoal sufrieron varios daños. Además, el tubo Pangal Coya, quedó totalmente destruido, lo que significará trabajar meses para su reconstrucción.

La central hidroeléctrica misma, cuyos generadores quedaron absolutamente bajo el agua, hasta fines de la semana pasada, todavía estaba cubierta con metros de lodo, piedras y ramas, generando con ello un proceso gradual en la recuperación de su actividad.

Cursos de agua surgidos espontáneamente en diversos lugares socavaron, asimismo, tramos del camino de acceso a Sewell y provocaron daños muy grandes en toda la zona. Además, se produjo la destrucción de bocatomas de agua y tuberías, que disminuyeron considerablemente el suministro de agua, elemento vital para el proceso productivo, afectando las actividades en la mina, en el concentrador y en la fundición.

Adicionalmente, como consecuencia de anegamientos, inundaciones y embancamientos en el resto del área industrial, especialmente en el concentrador, la fundición y La Junta, debió suspenderse durante algunos días la operación habitual de la División.

La situación de pérdidas y daños es muy seria, por lo que la administración divisional debió adoptar un proceso de planificación y de emergencia, destinado a superar esta situación, procediendo, en primer término, a una evaluación total de los daños, a fin de que la División pueda entrar en proceso pleno de producción en el plazo más breve posible. Sin embargo, las pérdidas de equipos e instalaciones repercutirán, inevitablemente, en las metas y proyectos de la empresa en el mediano plazo.

Pese a este panorama, y ante los duros momentos de emergencia vividos por el personal de las áreas afectadas en los últimos días, la administración ha tenido una reacción exitosa y oportuna, no sólo en el procedimiento de evacuación de los trabajadores que estaban al interior de las minas Sewell y La Junta, sino que también intentando, a través de la generación de un espíritu de colaboración y entrega, una reacción de todo el personal, que ha permitido retomar, en gran medida, la actividad normal de esta División.

Señor Presidente, quiero destacar ante la opinión pública, en primer lugar, la gravedad de esta situación que ha afectado a una División tan importante para el desarrollo de Codelco y, por ende, del país.

En segundo lugar, deseo manifestar nuestro reconocimiento a la administración de la División El Teniente, por la adecuada reacción de sus ejecutivos, de sus ingenieros y de sus trabajadores, frente a una emergencia que pudo tener consecuencias extraordinariamente funestas para las personas. Es notable destacar que, pese a la gravedad de los hechos, no hubo trabajadores lesionados y que sólo en algunos casos debió prestarse atención a algunos de ellos.

En tercer lugar, quiero solicitar que, por su intermedio, se oficie al señor Ministro de Minería o a la presidencia ejecutiva de Codelco, para que haga llegar a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, un informe lo más completo posible acerca de la situación en que se encuentra la referida División como consecuencia de la dramática situación vivida, y de los planes y proyectos con que su administración espera normalizar la producción y las metas que pretende alcanzar después de lo ocurrido.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, durante el transcurso de la semana pasada -lamentablemente, por toda la contingencia política habida, y quizás por cierta falta de preocupación de los medios periodísticos- ha pasado casi inadvertido un hecho que me parece reviste la más alta trascendencia.

Desde esta tribuna, solicito que se envíen, en mi nombre, oficios de felicitación al Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, al Canciller don Enrique Silva, y, en la misma forma, al Presidente de la hermana República del Perú y a su Canciller, por haber superado las situaciones pendientes del Tratado de 1929, que puso fin a la Guerra del Pacífico.

Me parece que estamos avanzando hacia la realización de ese sueño bolivariano de forjar y de avanzar hacia la unidad latinoamericana. El hecho de haber solucionado esos problemas nos hace avizorar que efectivamente estamos caminando por la buena senda.

Quiero, también desde esta Cámara, saludar al hermano pueblo peruano y a todas sus autoridades, en el entendido de que el trabajo que hoy realizamos en el Parlamento debe ayudar a estrechar mucho más los lazos de amistad.

El señor ELIZALDE.-

Por otra parte, solicito que se oficie al señor Ministro de Educación, en mi nombre, para que se exija a una serie de alcaldes, en particular al de la comuna de Renca -a los cuales esa Cartera entregó los recursos necesarios-, el pago a los profesores de la asignación de experiencia establecida en el Estatuto Docente, que en la mayoría de los casos ha sido retrasado o dilatado, y los fondos destinados para ese efecto por el Ministerio han sido usados en otros fines no relacionados con este punto.

Tengo entendido que, según el Estatuto Docente, la asignación de experiencia o bienios debería haberse pagado a partir del l2 de enero del presente año. Estamos en mayo, y eso no ha ocurrido.

Por ello, pido que el Ministerio de Educación obligue a estos alcaldes a hacer realidad dicho beneficio.

Nada más.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, quiero plantear un problema preocupante para quienes representamos distritos que incluyen comunas turísticas.

Si bien es cierto que mucha gente va a veranear a Villarrica o a Pucón, por ejemplo, porque son ciudades muy bonitas en las vacaciones, hay personas que viven permanentemente en esos lugares. En Villarrica hay un déficit entre 600 y 800 viviendas para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Y en este momento se ha dado la paradoja de que las empresas constructoras no se interesan en las licitaciones de esa zona debido a que los sitios tienen más valor que las casas. Por lo tanto, el Ministerio de la Vivienda debe tomar conciencia de su alto precio y tratar de adquirir terrenos, para venderlos posteriormente a las empresas que estén en condiciones de construir poblaciones. Este es un tema importante. En varias comunas, como consecuencia del turismo, de la afluencia de público y del interés por comprar, se han generado distorsiones en el valor de los sitios.

Por consiguiente, solicito que se oficie en mi nombre al Ministro de la Vivienda para que considere esta situación en el Presupuesto para 1994, o haga un estudio de factibilidad de la posible compra de terrenos para la construcción de viviendas, específicamente en las comunas de Villarrica y Pucón.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, quiero plantear un segundo punto.

En reiteradas oportunidades he pedido oficiar al Ministerio de Agricultura –y se ha respondido favorablemente- para que en la Novena Región se cree el banco de vientres. He sabido que esta iniciativa se ha implementado en otras regiones del país, especialmente en aquellas que han tenido problemas con el arroz, y han logrado un paliativo a esa situación, que les ha significado otra entrada a los agricultores.

Por esa razón, solicito que se oficie al Ministro de Agricultura para que se realice un estudio en la Novena Región respecto de las comunas en que sería factible implementar el plan de banco de vientres por medio de Sacor -que ya lo está haciendo en otras partes del país-, que se podría llevar a cabo en las comunas que el Ministerio estime que son más ganaderas que agrícolas, porque, debido a la situación por la que atraviesa la agricultura, mucha gente de esas zonas se ha visto en la necesidad de plantar y les ha ido mal, ya que, por motivos obvios, la tierra no es apta para la siembra.

He dicho.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, como ha señalado el Diputado señor Sergio Pizarro, la integración de Chile con la República Argentina es cada día más concreta y más fuerte, lo que ha generado un gran comercio entre ambos países.

Como consecuencia del aluvión que azotó a nuestro país y destruyó el paso

Los Libertadores, la semana pasada hice ver la conveniencia de utilizar el paso Huahum.

En la actualidad, se ha desviado todo el tránsito hacia el paso Puyehue, lugar donde estuve la semana recién pasada, y en el que constaté la presencia de más de 700 camiones cerca de la ciudad de Osorno, lo cual hace prever que se dañará el camino que une Osorno con Puyehue.

Seguramente, después de que se reconstruya el paso Los Libertadores, la Décima Región quedará con el problema de reparar sus caminos.

Si se produce una emergencia de carácter nacional como la mencionada, los arreglos de los caminos que absorben el tránsito que no puede hacerse por otro paso, como era lo habitual, deben efectuarse con recursos nacionales y no regionales. Con el uso del paso fronterizo ubicado en la Décima Región tendremos problemas en todas sus provincias, porque Se gastará una gran cantidad de fondos en reparar los daños que el exceso de tránsito ocasionará. Señalo esto antes de que el hecho suceda, porque después se dirá que reclamamos por problemas propios de la región, y no es así, por cuanto ellos derivan de una emergencia nacional.

Por lo tanto, solicito que se envíe oficio al señor Ministro del Interior y al gobierno regional de la Décima Región, haciéndoles ver que ésta es una emergencia nacional y que, por ello, todo lo que se destruya por esta causa debe reconstruirse con recursos nacionales y no regionales.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, durante la reciente visita que efectué a mi distrito, se plantearon diversos problemas que lo afectan, a algunos de los cuales me referiré en esta Corporación.

Hace aproximadamente dos años, solicité el envío de oficios al Ministro de Defensa, específicamente al señor General Director de Carabineros, con el objeto de pedir que se dispusieran los medios necesarios para la adquisición de vehículos destinados a algunas tenencias o retenes.

Fruto de esa gestión, se dotó de vehículos motorizados a las localidades de Hualpín, de Trovolhue y de Cholchol.

Sin embargo, en esta zona costera de la Región de La Araucanía existen aún otros retenes que carecen de vehículos motorizados, y lo más singular es que los jefes de ellos deben facilitar sus automóviles particulares para realizar las diversas gestiones que les encomiendan los tribunales de justicia o para combatir el abigeato y el alcoholismo.

Así sucede con el jefe del retén de Almagro, quien ha visto destruidos dos de sus vehículos, sin que hasta el momento se le dote de un bien público para el adecuado desempeño de sus funciones.

Por lo anterior, solicito que se oficie al señor Ministro de Defensa, a fin de que se sirva ordenar que se destinen los fondos necesarios para dotar de vehículos motorizados tanto a la localidad de Barros Arana como de Puerto Domínguez y Almagro, ya que los retenes que allí existen cumplen una gran función de apoyo a la seguridad en los campos y tienen amplias zonas de cobertura que satisfacer.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, el Fosis ha implementado un sistema directo de ayuda a la comunidad, circunstancia que apoyo; sin embargo, se están destinando dineros para que las personas, en forma particular, adquieran los bienes.

Por ejemplo, en la localidad campesina de Carilafquén, en Pitrufquén, se destinaron 3.700.000 pesos para la compra de un tractor, una rastra y herramientas. Lo más sorprendente es que, en resumidas cuentas, estos bienes se adquirieron con dineros fiscales a nombre de particulares, quienes luego hacen uso de ellos en forma no muy social, por lo cual, en definitiva, se benefician sólo algunas personas.

Me asaltan dudas en cuanto a la corrección administrativa de que con dineros fiscales se adquieran bienes sobre los cuales no existe ningún control.

Por eso, pido que se envíe oficio al Ministerio Secretaría General de Gobierno para que el Fosis informe específicamente sobre un proyecto relacionado con la localidad de Carilafquén, Pitrufquén, en la Novena Región, donde se habrían destinado cuantiosos recursos para ayudar a un comité de pequeños campesinos, y que se justifique por qué con dineros de ese organismo se compraron bienes a nombre de particulares que pueden desconocer el origen del financiamiento.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, por último, solicito que, en mi nombre, se dirija oficio al señor Ministro de Obras Públicas para hacerle presente que los ciudadanos señores Salatiel Vera y Oscar Bonilla, de la localidad de Guamaquí, próxima a Cholchol, me han pedido que se confeccione un nuevo estudio para la realización del puente de Corrientes Blancas, que debe unir las comunas de Carahue y Galvarino, a fin de solucionar el problema de incomunicación que afecta a ese sector campesino.

He dicho.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, me referiré a un asunto relacionado con el patrimonio estatal y a su correcto uso, específicamente al de los vehículos fiscales.

El decreto ley N° 799, de 1974, estableció las condiciones que regulan su uso y circulación. Al respecto, dicho cuerpo legal establece como premisa y regla general que se prohíbe la circulación de dichos vehículos durante los sábados en la tarde, domingos y festivos y que, además, deberán llevar pintados en colores azul y blanco, en la parte exterior de ambos costados, un disco que distinga su calidad de estatal.

El decreto ley establece algunas excepciones, bajo ciertas condiciones, de una o ambas exigencias en determinados vehículos. En reparticiones en que por su naturaleza deban funcionar los fines de semana, el Ministerio respectivo autorizará, mediante decreto supremo fundado, que deberá ser firmado además por el Ministro del Interior, el uso del disco distintivo en vehículos fiscales cuya excepción, según el espíritu de la norma, se basa en la necesidad de fiscalización por parte de ciertas reparticiones públicas, lo que naturalmente justificaría dicha excepción.

No obstante lo restrictivo de las excepciones contempladas en el decreto ley citado, en los últimos años hemos visto que, por una abusiva interpretación de las normas, se han otorgado autorizaciones que no necesariamente cumplen con los presupuestos establecidos, lo que ha redundado en un aumento considerable de estos permisos.

Sabemos de diversas denuncias sobre abuso del uso de vehículos fiscales, especialmente para hacer campañas políticas, tal como lo hemos visto de parte del candidato presidencial de la Concertación, don Ricardo Lagos.

Sin perjuicio de la credibilidad de las denuncias, lo importante es que en la actualidad no se cumple ni con la letra ni con el espíritu de la ley.

Las razones que me llevan a esta conclusión son las siguientes:

1°.- En aquellos casos en que se autoriza el uso de un vehículo fiscal durante los fines de semana, éstos deberán pertenecer a reparticiones que, por la naturaleza de las funciones que desempeñan, deban circular durante esos días. Basta dar un vistazo a los vehículos autorizados para darse cuenta de que muchos corresponden a instituciones que no desempeñan funciones que los obliguen a mantenerlos circulando en fines de semana o festivos.

Dentro de las autorizaciones otorgadas en los últimos años, el Ministerio de Minería figura con 46 vehículos; el de Obras Públicas, con 10; el Ministerio del Interior, con 45. ¿Qué facultades de fiscalización tienen estos Ministerios? Ninguna, señor Presidente.

2° - En los casos en que se autoriza la circulación los fines de semana, no existe razón alguna, salvo las excepciones lógicas, para eximirlos de la obligación de llevar el sello fiscal distintivo.

3°.- La exigencia del decreto ley N° 799, en cuanto a que los decretos que autorizan la excepción deban ser fundados, no es respetada, ya que no señalan específicamente las razones que motivan el permiso, sino que se limitan a invocar necesidades genéricas, lo que, en el fondo, vulnera la exigencia legal.

4°.- Estos hechos han llevado a un aumento objetivo del número de vehículos fiscales que hoy poseen autorización para circular los fines de semana y festivos sin la obligación de llevar el disco fiscal y, además, se autoriza guardarlos en domicilios particulares. Así, por ejemplo, durante el último año, se autorizó circular sin el sello distintivo a 240 vehículos fiscales.

El cuadro descrito nos hace concluir, inequívocamente, que no se está respetando el espíritu ni la letra de la norma.

Como consecuencia de lo anterior, y con el objeto de evitar que esta situación llegue a niveles peligrosos, estimo que se debieran tomar ciertas medidas.

Por ello, solicito que se oficie al señor Contralor General de la República, para pedirle que, si lo tiene a bien y por las Consideraciones precedentemente expuestas, se elimine de la nómina de decretos exentos aquellos que digan relación con autorizaciones a vehículos fiscales para circular los días sábados en la tarde, domingos y festivos, como asimismo, los que eximan del uso obligatorio del disco fiscal distintivo.

También pido que se oficie al Presidente de la República para solicitarle que imparta instrucciones a los funcionarios correspondientes, en el siguiente sentido:

1. Que se reduzcan al mínimo las autorizaciones para circular los días sábados, domingos y festivos a los vehículos fiscales, y muy especialmente aquellas relacionadas con la exención del uso de sellos fiscales, con el objeto de que se cumplan los requisitos legales, en el sentido de que las primeras se refieran sólo a reparticiones que, por su naturaleza, deban funcionar en aquellos días, y las segundas se limiten a vehículos que tengan fundamentalmente labores de fiscalización, de acuerdo con el espíritu de la legislación.

2. Que se impartan instrucciones a los jefes de servicios públicos para que fiscalicen los vehículos que cuentan con dichas autorizaciones, con el objeto de que cumplan efectivamente los fines para los cuales fueron concedidas.

3. Que se establezca un sistema para simplificar las denuncias de los funcionarios públicos y también de particulares por el uso indebido de vehículos o, en general, de bienes fiscales.

Señor Presidente, la implementación de estas medidas, o de alguna de ellas, sería muy útil en la prevención de la corrupción y en el correcto uso y destino de los bienes fiscales que, debemos recordar, no pertenecen al Gobierno ni a las reparticiones a las cuales son asignadas, sino que son patrimonio de todos los chilenos.

He dicho.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, la semana pasada un voraz incendio afectó casi en su totalidad al liceo B-13 de Coihueco, destacada comuna de la provincia de Nuble.

Este importante establecimiento educacional cuenta con una matrícula de 1.390 alumnos en educación media, básica y parvularia, y con una relevante dotación de maestros que alcanza a 65, 6 administrativos y 4 auxiliares.

Pues bien, este incendio destruyó en su totalidad doce salas de clases, ocho oficinas con su implementación, laboratorios, sala de útiles deportivos y didácticos, instrumentos musicales recién adquiridos, retroproyectores, equipo de amplificación, grabadoras, videos, televisores, maquinarias, biblioteca, etcétera.

Las autoridades locales y la Municipalidad de Coihueco han dispuesto trabajar en tres jornadas de emergencia, utilizando la infraestructura existente. Indudablemente, es necesario ir en auxilio de este establecimiento, pero también deben tomarse medidas para contar con un nuevo edificio.

Por estas razones, solicito se oficie, en mi nombre, a los ministros del Interior y de Educación para que estudien la posibilidad de volver a dotar al liceo de Coihueco de mobiliario y de material didáctico, con el objeto de que pueda trabajar en esta situación de emergencia, y para que se reconstruya su edificio.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, en nombre del Partido Socialista, cumplo con el penoso deber de expresar públicamente nuestro testimonio de dolor frente al desaparecimiento de don Ramón Páez, un querido y alto funcionario de esta Corporación.

Desgraciadamente, a raíz de nuestros compromisos, no podremos asistir a sus funerales, como era el deseo de los parlamentarios de nuestro partido, aquí presentes; pero, sí, queremos exteriorizar nuestros sentimientos de pesar a su familia y a sus colegas por esta dolorosa pérdida que nos afecta a todos.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, entre las comunas que ostentan el más elevado índice de pobreza en el país se encuentra la de Alto del Carmen, en la provincia de Huasco, la cual, aunque es básicamente rural y minera, ha hecho un gran esfuerzo para superar paulatinamente las condiciones de retraso en que vive.

Es una satisfacción respaldar y formar parte de un gobierno como el del Presidente Aylwin, que entre otras muchas acciones en favor de las comunidades que allí habitan, hoy lleva adelante un proyecto de electrificación para localidades que en la práctica permanecían al margen de la civilización al no contar con electricidad. A través de una importante iniciativa se va a dotar de energía eléctrica a localidades del interior del valle del río El Tránsito, que carecía de este elemento, lo que llevó al Presidente Aylwin y a los parlamentarios de esa zona a manifestar nuestra extrañeza por ese hecho. Sin embargo, dentro de este esfuerzo gubernamental y regional hay una localidad que está quedando fuera de proyecto de electrificación. Me refiero al lugar denominado El Canuto, situado a muy pocos kilómetros, dos o tres, del punto donde está previsto el término del tendido.

En conversaciones sostenidas con representantes de la empresa que abastece de energía eléctrica a la zona y con funcionarios del gobierno regional de Atacama, en particular con el Serplac de Atacama, representante del Ministerio de Planificación y Cooperación en esa Región, nos hemos encontrado con que el costo de la ampliación del proyecto no sólo no es prohibitivo, sino que es posible contar con medios para lograrlo. Sin embargo, hay trabas administrativas y en los mecanismos para obtener el financiamiento de este tramo adicional. En todo caso, hay fórmulas a las cuales recurrir para que los vecinos de El Canuto cuenten con electricidad.

Por lo expuesto, pido a Su Señoría que se oficie al señor Intendente de la Tercera Región para solicitarle que disponga todas las medidas necesarias para que este proyecto de electrificación se extienda hasta el sector de El Canuto, un poco más arriba del pueblo de Chollay, hasta el cual está previsto el tendido eléctrico.

Conociendo la disposición del gobierno regional, estoy seguro de que adoptará las medidas conducentes a satisfacer la aspiración de los vecinos de esta tan apartada localidad de nuestro territorio, en cuanto a acceder a este factor básico de modernidad, que es la electricidad.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, quiero transmitir a esta Honorable Corporación una inquietud que me ha planteado hace algunos días un grupo de personas que padece de cáncer.

De acuerdo con los antecedentes que tengo en mi poder en relación con una reestructuración del hospital Paula Jaraquemada, de Santiago, su director habría dictado una resolución para fusionar servicios, con lo cual se suprimiría la unidad de oncología, especialmente las camas destinadas a cirugía oncológica, con lo que se verían perturbados los tratamientos a que están sometidas no menos de 300 personas.

Tengo aquí la resolución exenta número 724, de 30 de abril de 1993, mediante la cual el director del hospital y el director del Servicio de Salud Metropolitano Central hacen esta readecuación de camas en el hospital San Borja-Arriarán, afectando seriamente la mencionada unidad de oncología del hospital Paula Jaraquemada.

Todos sabemos que el tratamiento oncológico es extraordinariamente caro y que una de las prioridades de la salud es la atención primaria, lo que se demuestra con el debate producido en la mañana sobre la forma en que se debía asignar recursos a ese sector. Sin embargo, la inquietud planteada no nos puede dejar indiferentes, porque no sólo las personas que padecen esta enfermedad y carecen de recursos sufren un verdadero calvario, sino que también sus familias.

La administración de medicamentos, en la quimioterapia de estos pacientes, requiere de una especialización muy grande, pues esta patología los hace reaccionar de maneras muy distintas durante el tratamiento oncológico, que no puede ser ambulatorio.

En consecuencia, este tema tiene mucha relevancia, por estar asociado con la dignidad y la privacidad de las personas que requieren ser atendidas debido a esta enfermedad. Y cuando la dolencia debe ser tratada mediante cirugía, se necesita una especialización aún mayor de parte de los profesionales que las atienden.

En la mañana de hoy conversé en la Sala con el señor Ministro de Salud, a quien le manifesté esta inquietud, tras lo cual señaló que hará estudiar los antecedentes.

Por último, quiero señalar que existen los centros suprarregionales de oncología dentro del sistema de salud, los que cuentan con quimioterapia, radioterapia y cirugía oncológica. Están los de Antofagasta y Valparaíso, la Fundación López Pérez, como centro de derivación nacional; el hospital Caupolicán Pardo Correa, como centro de derivación nacional, y el Servicio de Oncología del hospital Paula Jaraquemada, que además tiene un tratamiento con Iram, Instituto Privado de Irradiación, además de Concepción y Valdivia.

El hospital Paula Jaraquemada es un centro suprarregional de oncología, es decir, una unidad donde se atienden pacientes de todo el país con personal especializado en tratamientos a largo plazo.

Sorprende, entonces, que vaya a ser disuelta.

Solicito que se oficie al señor Ministro de Salud para que proporcione a la Cámara todos los antecedentes relacionados con la reestructuración y también con la situación a que quedarán expuestos los pacientes, a fin de saber si seguirán siendo tratados o no -lo que sería lamentable en ese servicio especializado en una enfermedad tan grave como es el cáncer, la cual, según antecedentes estadísticos, constituye la segunda causa de mortalidad en nuestro país.

Sabemos que para mejorar los servicios de salud se requiere hacer economías. Pero ¡cuidado con aplicarlas a este tipo de patología, que es muy onerosa.

Lamentablemente, no sólo padece las consecuencias del cáncer la persona que sufre la enfermedad, que finalmente fallece, sino que también se ve afectado todo un grupo familiar que por la carestía de las drogas y de todo lo que hay que implementar, queda arruinado.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, quiero referirme a una carta de fecha 7 de mayo, enviada por los señores Genaro Arriagada, Sergio Bitar, Germán Correa y el Diputado señor Gutenberg Martínez, a todos los alcaldes del país, con el fin de solicitarles locales, preferentemente recintos cerrados donde anteriormente se hayan realizado elecciones, lo más centrales posible, con sus correspondientes mesas, urnas y cámaras secretas, para que el 23 de mayo la Concertación realice la votación de las primarias. Se supone que estos locales son municipales y si así no fuera, la adquisición de estos implementos se hará con fondos fiscales.

Dada la gravedad de la carta, solicito que se oficie a la Contraloría ojalá sea antes del 23, fecha en que se realizará la votación, de lo contrario sería extemporánea la petición- para que dé las instrucciones pertinentes a los alcaldes, recordándoles que los bienes fiscales no pueden ser usados con fines partidistas ni particulares.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el 17 de abril, en el gimnasio municipal de Quilpué, se realizó un evento con la participación de la unidad vecinal N° 8 y el comité de agua potable de la unidad Vecinal C-90, con el objeto de recaudar fondos para obras benéficas.

Para mala suerte de los vecinos, dicha actividad no arrojó ganancia alguna, de manera que quedaron, como se dice vulgarmente, "sin pan ni pedazo".

Esta situación ameritó un sumario administrativo en la Municipalidad de Quilpué, con resultados adversos para el señor Miguel Angel Botto Salinas, organizador del evento, a quien no se le puede asignar responsabilidad administrativa por su calidad de funcionario contratado a honorario.

Como la Contraloría no podría hacer efectiva la responsabilidad administrativa del señor Botto, solicito oficiar a Impuestos Internos, toda vez que no se han pagado los tributos pertinentes ni se contó con la autorización de ese Servicio para la venta de entradas.

He dicho.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, de los oficios pedidos por el Diputado señor Longton, por lo menos, con el primero, que pude escuchar con atención, estoy absolutamente de acuerdo.

Espero que la Contraloría, frente a los mismos hechos, proceda en igual forma.

Como dice el viejo adagio, donde existen las mismas razones existe la misma disposición.

En la administración pasada, con mucha frecuencia se ocuparon bienes fiscales municipales, incluso invirtiéndose recursos. Prueba de ello es que aquí hay muchos Diputados que fueron alcaldes, algunos de los cuales, al llegar a este Parlamento, estaban sometidos a juicio de cuentas. Eso es bueno tenerlo presente, independientemente de manifestar que es compartida la inquietud de fondo.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, rara vez formulo peticiones por la vía de los oficios, porque a veces no tienen los efectos que se persiguen, sino otros -diría que de conformidad con el parlamentario para cumplir con algunas cosas.

Hace algunos días se discutió y se votó en la Cámara un proyecto de acuerdo que tenía por objeto llamar la atención del Presidente de la República, a fin de que declarara zona de emergencia o de catástrofe el área metropolitana, afectada por aluviones y por las inclemencias del tiempo.

En realidad, fui el único parlamentario que levanté la voz y señalé que, independientemente de la gravedad de los hechos que en ese momento estaban ocurriendo en Santiago, mi región, la Novena, en especial las comunas de Nueva Imperial, Carahue y Puerto Saavedra, todos los años estaban siendo azotadas por fuertes lluvias y vientos, con las consiguientes calamidades.

El fin de semana recién pasado, habiendo hecho un recorrido por dichas comunas, advertí que de nuevo en esta zona del país, por las condiciones climáticas derivadas de la lluvia y de los vientos, se inundó gran parte de los terrenos adyacentes a los ríos Imperial, Cautín, Cholchol y otros afluentes, por lo cual hay alrededor de mil damnificados hasta la fecha.

Hoy se me informó que el alcalde de Nueva Imperial, tal vez haciendo uso de alguna atribución municipal, declaró zona de emergencia la comuna de Nueva Imperial.

Por lo tanto, solicito oficiar, con suma urgencia en mi nombre o en el de esta Cámara, al Ministro del Interior, con el objeto de que instruya a los servicios que corresponda, a fin de que el Gobierno central envíe al Intendente de la Novena Región recursos extraordinarios, específicamente de carácter económico en cantidad suficiente y a la brevedad, para destinarlos a socorrer a los damnificados de las comunas afectadas por esta situación, en particular a las de Nueva Imperial, Carahue y Puerto Saavedra. Los elementos que la gente necesita, al igual como en Santiago, son alimentos, fonolas y casetas de emergencia destinadas a la vivienda.

El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-

Señor Diputado, como es interesante su intervención, le solicito que redondee la idea, ya que ha terminado el tiempo de su Comité.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, era sólo para pedir a la Mesa urgencia en el despacho de este oficio, para que sea oportuna y eficaz la ayuda que eventualmente pueda prestar el Gobierno en forma extraordinaria.

He dicho.