Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse, en primer término, del proyecto de ley que transforma el Instituto Profesional de Osorno en universidad.

Diputados informantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación y de la de Hacienda son los señores Ojeda y Devaud, respectivamente.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 930-04 y figura en los números 35 y 36 de los documentos de la Cuenta de la Sesión 69i, celebrada el 4 de mayo de 1993.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, paso a informar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que transforma el Instituto Profesional de Osorno en universidad.

Esta iniciativa no contiene disposiciones propias de ley orgánica constitucional de quorum calificado y consta de 11 artículos permanentes y de tres transitorios.

Los artículos 1a, 2a, 3a, 4a, 8a y 9a son de competencia de la Comisión de Hacienda. Todos fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes.

Los artículos 2a, 8a, 10 y 11 permanentes y 3a transitorio fueron objeto de indicaciones que no inciden en el fondo ni en la forma y, por lo tanto, no alteran la idea central del proyecto. También fueron aprobados unánimemente.

La idea matriz o fundamental del proyecto es la transformación del Instituto Profesional de Osorno en una universidad que se llamará "Universidad de Los Lagos".

Con tal propósito, se fijan los fines de la nueva entidad, se le transfieren los bienes del Instituto, se le da el carácter de sucesora legal del Instituto, se establece la continuidad de funciones del personal del Instituto que se desempeñará en la Universidad, se reconoce a los alumnos el derecho a continuar siéndolo de la nueva universidad y a obtener los títulos que ofrecía el Instituto, sin perjuicio de optar a los grados y títulos que ofrezca la Universidad; se destinan a la Universidad los aportes fiscales, el fondo de crédito universitario y las donaciones y transferencias del sector público correspondientes al Instituto, como asimismo se le beneficia con las exenciones tributarias de que goza la entidad que desaparece; y finalmente, se faculta al Presidente de la República para dictar las normas estatutarias adicionales a las del proyecto, aplicables a la Universidad.

Entre los antecedentes considerados para fundamentar el proyecto, está la trayectoria del Instituto Profesional de Osorno, con sus 25 años de labor ininterrumpida, que recoge la tradición académica de la Universidad de Chile, sede Osorno, y del ex centro de la Universidad Técnica del Estado de Puerto Montt.

El Instituto se creó mediante el decreto con fuerza de ley N° 19, del Ministerio de Educación, de 1981, que fusionó ambas sedes universitarias.

Desde esa fecha ha desarrollado sus estructuras e instancias académicas y ha contribuido activamente al progreso económico de la región, aportando profesionales capacitados al territorio nacional cuya actividad ha incidido también en el crecimiento del país.

Cuenta con una población estudiantil de 2.500 alumnos, distribuidos en 19 carreras. El 53 por ciento proviene de la región donde funciona el Instituto. La procedencia geográfica de los alumnos ingresados en los últimos años, muestra que el Instituto ha captado progresivamente más alumnos de la Décima y Undécima Regiones.

La dotación académica es de 214 cuyo 47 por ciento tiene posgrado. Posee una infraestructura y capacidad instalada de 20.000 metros cuadrados en Osorno y su patrimonio institucional en los terrenos y edificios asciende, aproximadamente, a 2.000 millones de pesos. Cuenta con dependencias en su sede de Puerto Montt y Coihaique, con centros experimentales en piscicultura, un fundo forestal y un centro recreacional en el balneario de "Las Cascadas".

Es decir, la nueva universidad estatal se crea sobre la base de una realidad institucional ya existente y porque el Instituto Profesional de Osorno desarrolló su actividad académica en el marco de funciones propiamente universitarias, cumpliendo con eficiencia sus tareas de docencia y de extensión cultural.

En el ámbito de la investigación tiene el porcentaje de proyectos aprobados por Fondecyt durante 1991. Además, mantiene vinculaciones y contactos con otras universidades extranjeras.

Su gran capacidad académica y física supera lo estrictamente necesario para operar como instituto profesional. La disponibilidad de su capacidad instalada no sólo apunta a la formación técnico-profesional, sino también al desarrollo de otras carreras de grados académicos conducentes a implementar actividades de investigación y de extensión.

Su carácter marcadamente regional otorga al proyecto un distintivo de identidad geográfica, social cultural de la zona sur austral del país. El concepto universidad, en términos de conocimientos universales, dará al nuevo establecimiento una capacidad expansiva y una acción concretizadora en el plano nacional con vastas y variadas proyecciones, no obstante su carácter regional.

El proyecto institucional de la nueva entidad se centra en dos áreas fundamentales: del ambiente y recursos naturales acuáticos, y la cultura y desarrollo regional, en cumplimiento de las tareas específicas universitarias de acuerdo con las exigencias derivadas de su carácter regional.

El impulso actual al proceso de regionalización necesita complementarse con una universidad primordialmente regional, moderna y eficiente. Ello permitirá la educación continua de los recursos humanos y realizar una investigación básica y aplicada, condición fundamental para el desarrollo productivo del país.

El proyecto tiende a facilitar y profundizar el proceso regionalizador, un capital de Estado con inversiones cuantiosas que deben ser bien aprovechadas, terminando con las barreras que impiden la expansión del Instituto Profesional de Osorno.

Por estas consideraciones tenidas en vista por la Comisión de Educación el proyecto fue aprobado en general y en particular por la unanimidad de los miembros presentes.

Solicito dar por expresamente reproducido todo su articulado, que se transcribe en el informe escrito en poder de los señores Diputados.

Sin embargo, me referiré a la importancia de dos disposiciones. El artículo 1°, crea la Universidad de Los Lagos, institución de educación superior del Estado, como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio será la ciudad de Osorno, en la Décima Región. Su representación legal corresponde al Rector, y el artículo 2Q establece las funciones netamente universitarias. Su objeto será ocuparse, en un nivel avanzado, de la creación, cultivo y transmisión de conocimientos por medio de la investigación básica y aplicada, la docencia y la extensión, y de la formación académica, científica, profesional y técnica, en correspondencia con los requerimientos que emanen de su carácter regional.

Finalmente, en el despacho del proyecto se ha considerado el concepto de universidad, contenido en el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional de Enseñanza, para armonizar el carácter de la nueva entidad con los requisitos que se exigirán a futuro para el reconocimiento universitario.

En coincidencia con el mensaje, expreso que la Universidad de Los Lagos está llamada a convertirse en un centro de reflexión, de elaboración y formulación de propuestas para solucionar los problemas regionales en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la educación, y en el desarrollo de la cultura y de las artes.

En estas circunstancias, la Comisión dé Educación somete el proyecto a la consideración de la Sala.

He dicho.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley que transforma el Instituto Profesional de Osorno en Universidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 17 de la ley orgánica del Congreso Nacional, y artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

Esta iniciativa tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, y su idea matriz consiste en transformar el Instituto Profesional de Osorno en una universidad, que se denominará "Universidad de Los Lagos".

Esta idea central contiene cuatro iniciativas. La primera asigna a la nueva institución las funciones que tendrá en su carácter de universidad; la segunda transfiere los bienes que actualmente posee el Instituto Profesional de Osorno a la Universidad de Los Lagos. Se establece, además, la continuidad en su cargos de los profesionales que actualmente prestan allí servicios. Por último, se destinan al nuevo plantel los aportes fiscales, el fondo de crédito universitario, las donaciones y transferencias del sector público que correspondan al Instituto Profesional de Osorno, así como sus exenciones tributarias.

La Comisión de Educación estimó que los artículos 1a, 3a, 4a, 8a y 9a, permanentes, del proyecto requerían del pronunciamiento de la Comisión de Hacienda.

En relación con la discusión particular del articulado, hago presente que por el artículo 1° se crea la Universidad de Los Lagos como organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Sometido a votación, fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.

Por el artículo 3a se transfieren los bienes que integran, a la fecha de publicación de este proyecto como ley de la República, el activo del actual Instituto Profesional de Osorno a la Universidad de Los. Lagos. Para el cumplimiento de dicho cometido, se faculta a los conservadores de bienes raíces respectivos para efectuar las anotaciones pertinentes/ con el solo mérito del decreto que dicte el Rector de la Universidad para estos efectos. Puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de la Comisión.

Por el artículo 4a se precisa que la Universidad de Los Lagos será la sucesora y continuadora legal del actual Instituto Profesional de Osorno, en especial, en lo relativo al dominio de sus bienes, como también en los derechos y obligaciones que emanen de los actos y contratos celebrados por el Instituto.

Esta disposición fue aprobada por unanimidad.

El artículo 8° dispone que los aportes fiscales de cualquier naturaleza y el Fondo de Crédito Universitario que le correspondan al Instituto Profesional de Osorno, de acuerdo con las normas legales que se indican, se incorporan al patrimonio de la universidad creada en este proyecto. Igual destino tendrán los demás aportes, las donaciones y las transferencias del sector público, que a la fecha de publicación de este proyecto como ley se encuentren tramitándose para el Instituto Profesional de Osorno.

Durante el debate de esta norma, se precisó que con ella se quiere evitar que transferencias fiscales que estén siendo tramitadas en favor del Instituto queden sin destinatario. Se explicó que tales transferencias se refieren al aporte fiscal directo e indirecto del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981; a pagarés de crédito universitario a que se refiere la ley N° 18.591; a recursos provenientes de fondos concursables, como el Fondef o el Fontex, y a los otorgados por leyes especiales relativas a aguinaldos o bonificaciones.

En relación con el inciso segundo del artículo 8°, se planteó que la referencia a las donaciones junto a las transferencias del sector público produce una cierta interpretación equívoca, pues da a entender que todas ellas provienen del sector público, lo cual no es posible de entender de esa manera. Con el objeto de precisar el alcance de la norma, los Diputados presentes en la Comisión propusimos una indicación para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

"Asimismo, los otros aportes y transferencias del sector público y las donaciones que pueda recibir a cualquier título, que a la fecha de publicación de esta ley estuvieren en trámite para el Instituto Profesional de Osorno, corresponderán a la mencionada universidad."

Esta precisión tiene por objeto establecer la calidad de derechos adquiridos de los aportes, transferencias y donaciones en trámite, independientemente de que ellas se originen en el sector público o en el privado y no se constituyan en meras expectativas que, como es sabido, no constituyen derecho.

Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 9a establece que la Universidad de Los Lagos gozará de la exención de cualquier impuesto, contribución, derecho, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos de los cuales esté exento hoy el Instituto Profesional de Osorno.

Sobre el particular, se informó a la Comisión que esta norma busca cautelar la continuidad de la normativa tributaria que le sería aplicable a la institución creada, para lo cual se repiten los mismos beneficios que contiene el artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, respecto de la Universidad de Chile, entidad de la cual nació el Instituto Profesional de Osorno.

Se precisó que las exenciones a que alude este artículo se refieren al Impuesto a la Renta, por aquellos ingresos provenientes de las actividades educacionales que les son propias, y al impuesto territorial correspondiente a los inmuebles que les transfiere el actual Instituto Profesional de Osorno. Sobre este último punto, se determinó que durante 1992 la exención por dicho impuesto ascendió a la suma de $ 17.200.000.

Puesto en votación este artículo 9a, fue aprobado por unanimidad.

En este trámite constitucional, el Ejecutivo formuló una indicación para agregar dos artículos nuevos: el artículo 12, que sustituye en los artículos 4a, 5° y 7a de la ley N° 19.200 la palabra "universidades" por la frase "instituciones de educación superior"; y el artículo 13. Respecto del gasto que implica el artículo 12, el artículo 13 señala que "El gasto que demande la aplicación del artículo anterior a los Institutos Profesionales de Santiago y de Osorno, se financiará en la forma dispuesta en el inciso tercero del artículo 10 y en el artículo transitorio, ambos de la ley N° 19.200."

El objetivo de ambos artículos es precisar que lo dispuesto en los artículos citados de la ley N° 19.200, es decir, los artículos 4a, 5a y 7a, se aplica también a los institutos profesionales que se rigen por el decreto con fuerza de ley N° 3, de 1980, en su calidad de derivados de la reestructuración legal de las universidades existentes al 31 de diciembre de 1980, situación en la que se encuentran los institutos referidos por la norma, es decir, el Instituto Profesional de Santiago y el Instituto Profesional de Osorno.

Con lo anterior, se pretende lograr una igualdad en la solución del problema de imponibilidad que afectaba al personal de las instituciones de educación superior, ya que en la ley Na 19.200 sólo se estableció la situación del personal que labora en las universidades, excluyéndose al que labora en los institutos profesionales.

Finalmente, se dejó expresa constancia de que la incorporación del artículo 12 no representa un mayor gasto fiscal, toda vez que el personal al que beneficia fue incorporado en el costo total que se estimó para la aplicación de la ley N° 19.200.

Por consiguiente, corresponde a un gasto presupuestado y comprometido.

Puestas en votación las indicaciones aditivas del Ejecutivo, que se consignan en los artículos 12 y 13 del proyecto, fueron aprobadas por unanimidad.

Expuestos los contenidos señalados en el artículo 17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de este proyecto de ley con las indicaciones incorporadas en este trámite constitucional.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, desde un punto de vista reglamentario, quisiera saber si prima la Constitución, la ley orgánica, el Reglamento o el acuerdo de la Sala, por cuanto en la Cuenta de hoy tenemos un proyecto con discusión inmediata que vence su discusión hoy y otro con "suma urgencia", que también vence hoy. Pese a que haya habido cualquier acuerdo de la Sala, prevalece lo que establece la Constitución de la República y la ley orgánica, y, por lo tanto, el orden de la Tabla no es voluntad de esta Sala, sino que es un imperio de la ley a la cual tenemos que sometemos.

Por tanto, hago esta consulta para que se vea en base a qué disposición constitucional se puede alterar el orden de la Tabla.

El señor CONCHA.-

Señor Presidente, no considero conveniente transformar el Instituto Profesional de Osorno en universidad, porque es negativo para el sistema educacional. En esto no me guía ningún sentimiento de rivalidad provinciana, porque el proyecto no afecta a la Universidad Austral, con domicilio en Valdivia, porque es sólida, fuerte, prestigiada, reconocida en el concierto educacional chileno, de modo que la aparición de otra universidad en la zona, no le producirá efecto alguno.

Mis razones son las siguientes: El sistema educacional chileno -como en los demás países- se basa en la existencia, de cuatro niveles que comienzan en el nivel primario o básico: la escuela pública, donde el niño aprende lo elemental, que es leer y escribir, las cuatro operaciones aritméticas y rudimentos de historia y geografía. El segundo nivel está constituido por la enseñanza media, representada por el liceo, en que se da al estudiante un baño de cultura general, que le permite ingresar a los niveles siguientes. Este liceo sólo habilita para ingresar a la universidad, no capacita para el trabajo. El tercer nivel corresponde al campo profesional técnico, constituido por entidades de educación superior especializadas, encargadas de formar profesionales y técnicos capaces de aplicar modelos a situaciones nuevas o variables.

Un nivel superior ocupan las universidades, cuyo fin es la creación, cultivo y transmisión del conocimiento superior de las ciencias y artes, y formar personas capaces de generar proyectos o modelos.

El proyecto en discusión también se refiere a los centros de formación técnica, cuyo objetivo fundamental es entregar a sus alumnos conocimientos, habilidades y destrezas que los califiquen para el ejercicio de una actividad técnica o de apoyo al nivel profesional. En otras palabras, mientras sus titulados tienen la capacidad para operar modelos establecidos, el instituto profesional otorga capacidad para aplicar modelos a situaciones nuevas y la universidad gradúa personas capaces de generar modelos. Mientras la universidad es creativa por naturaleza, los primeros solamente aplicadores u operadores.

Dentro de este esquema, todos estos entes son fundamentales en el desarrollo y progreso del país; no es posible el desarrollo sin educación.

Por lo tanto, no podemos concebir la supresión de cualquiera de estos niveles porque cada uno satisface necesidades específicas en la educación de cada ciudadano. Por ejemplo, no podríamos pensar en la supresión de la educación básica; pero si lo hiciéramos, ¿cómo enseñaríamos a leer y a escribir? Lo mismo ocurre respecto de los institutos de nivel terciario; si suprimiéramos cualquiera de estos niveles, dejaríamos un vacío en el sistema educacional que impediría el desarrollo y el progreso del país o -en el mejor de los casos- sólo sería posible en forma muy lenta.

La transformación del Instituto Profesional de Osorno -IPO- en universidad tendrá esa consecuencia, tal como la tuvo la absorción del Instituto Profesional de Valdivia -IPV- por la Universidad Austral y en su tiempo la transformación de la famosa Escuela de Artes y Oficios en la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago.

En todos estos ejemplos la universidad, por su natural imperativo de ser lo que es, absorbió todas las instancias que no tenían relación con el saber superior.

¿Qué es universidad? El Ministro de Educación la definió, hace poco, como la zona organizada por la sociedad para transmitir el conocimiento humano vigente hasta ese momento. El sistema de las ideas de su tiempo, la enseñanza de las profesiones y, sobre todo, el lugar donde los individuos se abren a la reflexión e investigación de grandes problemas e intentan encontrar caminos concretos a desarrollos recién concebidos o imaginados.

Por su parte, Jorge Millas, universitario por excelencia, dijo que es una comunidad de maestros y discípulos, destinada a la creación, transmisión y progreso del saber superior, y la califica como la custodia del saber superior, que es la única medida de su esencia y existencia; el saber superior es su destino inexcusable.

De estos conceptos se deriva el cultivo de la excelencia que, por su propia naturaleza, debe buscar y perseguir la universidad; si no lo hace, estaría desconociendo su calidad de tal. Obligada como está, por lo tanto, a perseguir la excelencia, es obvio que dejará en el camino todo aquello que no tenga esta cualidad; la técnica, como aplicación del saber superior, es dejada de lado por considerarla impropia de la función universitaria. Por eso la Universidad Austral, que absorbió al IPV, suprimió las carreras técnicas propiamente tales y, por lo mismo, la Universidad de Santiago hoy no imparte enseñanza técnica.

Esta situación ha llegado a tal extremo que la Universidad de Santiago ofrece 13 carreras de más de 10 semestres cada una; 14, con 8 o más, y sólo 7, con 4.

De acuerdo con el proyecto sobre enseñanza, pendiente en la Comisión respectiva, el número de semestres califica la calidad de las carreras correspondientes.

El Instituto Profesional de Osorno, que desaparecerá como tal, producirá un vacío que no se justifica con su transformación en universidad. Si para lograr su desarrollo Osorno necesita una universidad, debe fundarla, pero no sobre la base de hacer desaparecer su instituto profesional.

El efecto negativo de la transformación del IPO en universidad se confirma con el proyecto en Tabla, que también debe tratarse hoy, que convierte el Instituto Profesional de Santiago en universidad, como si ya en la capital no existieran más de 55 universidades y escasos o incompletos institutos profesionales.

Cabe preguntarse: ¿es la universidad la única meta de la juventud de hoy? ¿Saben los señores Diputados que en 1992 existían 3.242.316 alumnos en toda la educación chilena, de los cuales sólo 246.000, es decir, el 7 por ciento, eran universitarios? ¿Dónde quedaron los tres millones restantes?

En la educación básica había 2.225.000 alumnos. ¿Qué pasó con ellos? Todos ellos no llegaron a ninguna parte, allí quedaron; no tuvieron acceso a ninguna otra posibilidad. Cuando visitamos cualquier fábrica y conversamos con los trabajadores, lo primero que nos dicen es:

"Señor, necesitamos capacitación. ¿Qué están haciendo ustedes para damos capacitación?" Sin embargo, estamos pensando en eliminar un instituto profesional, fundamentalmente técnico, para convertirlo en universidad, que aspirará, naturalmente, a la excelencia.

¿Acaso todos debemos tener título universitario? ¿Acaso la sociedad no requiere técnicos? ¿Acaso no se necesitan más técnicos que universitarios? ¿Acaso no estamos conscientes de que el constante progreso y la aplicación de la técnica en el uso de máquinas y elementos cada vez más sofisticados requiere de más y más técnicos especializados que no se preparan en las universidades? ¿Acaso no sabemos que en todas las industrias de cualquier género los trabajadores reclaman capacitación que el sistema vigente es incapaz de proporcionarles? ¿Dónde están las escuelas industriales? ¿Qué hemos hecho por ellas? Simplemente las hemos borrado. Y cito nuevamente la Escuela de Artes y Oficios, que duró den años, y que fue transformada en la Universidad Técnica, y actual Universidad de Santiago, la cual imparte las carreras que ya mencioné. No obstante, nos damos el lujo de convertir buenos institutos profesionales en universidades, en circunstancias de que éstas prácticamente están botadas.

Recordando a Gabriela Mistral, todas querían ser reinas.

He dicho.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, Su Señoría tuvo la gentileza de preguntarme por qué deseaba hablar.

Deseo hacerlo, porque en mi Región no hay ni nunca ha existido una universidad. Por lo tanto, para mí, que represento a la Undécima Región, es muy importante y constituye una satisfacción que estemos discutiendo la creación de una universidad que servirá a las regiones Décima y Undécima.

Son muchos los alumnos que todos los años salen de la región a estudiar, y muy pocos los que vuelven después de egresar de alguna universidad. Son muchos también los que se que se quedan, sin poder aspirar a un título universitario, pues, lisa y llanamente, no disponen de los recursos necesarios para financiar los gastos que ello demanda. Por eso nos sentimos esperanzados y alegres por la presentación del proyecto en discusión.

Sabemos que no es tarea fácil instalar una nueva universidad estatal en la Undécima Región, pero el desafío es importante y atractivo. No tengo dudas de que las autoridades del actual IPO y futura universidad responderán a él.

Sin duda, nuestras regiones requieren con urgencia el funcionamiento de una universidad, en especial en estos momentos en que estamos dando pasos trascendentales en el proceso de regionalización del país. No basta con tirar una raya en el mapa que indique dónde comienza y dónde termina una región, sino crear un sólido proceso de identificación regional, cultural, social y económica que permita la plena identificación de las capacidades de cada región para su despegue, desarrollo e inserción nacional.

No habrá desarrollo en las regiones si no somos capaces de crear en cada una de ellas una capacidad endógena eficiente de investigación, de desarrollo científico y tecnológico; de innovación, mediante la investigación y evaluación de nuestras riquezas naturales; de capacitación de nuestros recursos humanos; de extensión cultural, tareas que, lógicamente, corresponden y competen a un estamento universitario.

En este momento, el 75 por ciento de los recursos que destina el país a gastos en ciencias, tecnología y cultura está asociado a instituciones y proyectos que se realizan en nuestra capital, a pesar de saber que es fundamental invertirlos en las regiones, donde existe un importante sector humano al cual no llegan.

No se justificaría una nueva universidad estatal si no se la entiende profundamente comprometida con el desarrollo de la región a la cual sirve y a la cual pertenecen sus educandos; allí se debe investigar y crear nuevos procesos tecnológicos que originen un desarrollo acelerado y una buena calidad de vida.

Este fue el compromiso que adquirió el rector del Instituto Profesional de Osorno: crear una universidad que sirva a la macrorregión formada por la Décima y la Undécima regiones; entregar docencia, capacitación e investigación para el desarrollo de los recursos naturales y humanos; hacer extensión cultural más allá de la universidad y de sus estrechos marcos, para alimentar una universidad al servicio de la región y de sus cambios históricos.

Por los antecedentes expuestos, es lógico e ineludible contar con una universidad en nuestras regiones, y de ahí que daremos todo nuestro apoyo, comprendiendo el hecho de que algunos señores Diputados, cuyas zonas cuentan con universidades, estimen innecesaria su creación en otra donde no la hay.

Por estas razones, apoyamos este proyecto y rogamos a los señores Diputados que nos respalden, porque es fundamental para el desarrollo de nuestras regiones tan aisladas y con futuro incierto.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con que la Diputada señora Prochelle intervenga sobre el proyecto por convenir a su zona.

Sólo quiero decir que los Diputados democratacristianos de la Comisión de Educación, señores Sergio Velasco, Edmundo Villouta, Hugo Rodríguez y quien habla, estamos en total acuerdo con el proyecto que transforma el Instituto Profesional de Osorno en Universidad de Los Lagos. Aún más, destaco la actitud reiterativa del Diputado señor Víctor Reyes, del distrito N° 56, en favor de una iniciativa que significa un firme apoyo para esa región.

He dicho.

La señora PROCHELLE.-

Señor Presidente, como lo expresara Su Excelencia el Presidente de la República con ocasión de firmar esta iniciativa en la ciudad de Osorno, la transformación del Instituto Profesional en universidad representa un acto de justicia.

Nuestro Instituto ha venido cumpliendo labores universitarias más allá de lo que corresponde a un instituto técnico-profesional. Por lo tanto, la aspiración de la comunidad es contar con una universidad, no sólo por el deseo de tenerla, sino por su legítimo derecho de acceder al estatus.

Dadas las circunstancias que rodean a este proyecto, con el Diputado señor Teodoro Ribera presentamos algunas indicaciones para mejorarlo, pero, con el fin de que su tramitación sea más rápida, las retiramos en esta oportunidad para que se discutan posteriormente en el Senado.

Por otra parte, en la Comisión de Educación, los Diputados de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente han estado permanentemente de acuerdo en apoyar esta transformación.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que transforma al actual Instituto Profesional de Osorno en la Universidad de Los Lagos es una aspiración justa y respetable de la comunidad osornina.

Creo que las universidades regionales son necesarias para el progreso de las zonas y tiene gran influencia cultural, lo cual les permite convertirse en un centro o polo intelectual que irradia a la comunidad conocimientos, valores éticos y morales, y aprovechar cabalmente las riquezas naturales de la región.

Sin embargo, para cumplir con estos desafíos, estas corporaciones de estudios superiores necesitan de un real apoyo del Estado en lo económico, por cuanto no pueden sustentarse sólo en sus actuales presupuestos, más aún cuando como universidades deben abarcar y profundizar otras áreas de las ciencias.

Por lo tanto, junto con la creación de la nueva universidad debe existir una revisión total del sistema de financiamiento de las universidades regionales. De lo contrario, éstas nunca podrán llegar a competir ni siquiera con muchas universidades privadas de Santiago.

Por otro lado, es fundamental que el Gobierno aclare definitivamente, en la futura ley orgánica constitucional de Enseñanza, cuál será el rol de los actuales institutos profesionales, por cuanto, con la creación de la universidad de Los Lagos y la transformación del Instituto Profesional de Santiago en Universidad, el Gobierno está entregando señales confusas a las corporaciones de carácter privado. Esto significa que en dicho proyecto de ley deberá establecerse un sistema que permita una real continuidad de estudios para los alumnos de los centros de formación técnica que aspiren a continuar en los institutos profesionales y luego especializarse en las universidades.

Existe, señor Presidente, una gran tarea por hacer en lo referente al sistema educacional chileno. La actual ley orgánica de Enseñanza tiene vacíos, pero el proyecto presentado por el Gobierno para modificarla en ningún caso tendía a reformar el sistema educacional chileno en su totalidad para enfrentar el siglo XXI. Por eso, creo que se hizo bien en dejarlo adormecido.

Espero que la universidad que hoy estamos creando cumpla fielmente su misión y razón de ser, pero al mismo tiempo que sea la base intelectual que permita a la región de Los Lagos acelerar su desarrollo social y económico.

He dicho.

El señor REYES.-

Señor Presidente, el desarrollo del proceso de regionalización que vive nuestro país afectará, sin duda, todos los ámbitos del quehacer nacional.

De ello tampoco escapará lo concerniente al campo de la educación, la cultura, la formación profesional, la investigación científica, el desarrollo tecnológico.

En ese contexto, el surgimiento de un nuevo centro universitario en la Décima Región a partir del actual Instituto Profesional de Osorno, da una respuesta positiva a lo que es el requerimiento de una región que se caracteriza por su dinamismo y que será una de las con mayores proyecciones de futuro.

Como se ha señalado ya, el Instituto Profesional de Osorno es una entidad consolidada, con infraestructura física, con adecuada dotación de profesional académico, y con una cobertura de más de 2.500 alumnos en la actualidad.

Cuenta, además, con sedes en Puerto Montt, Coihaique, centros experimentales en el campo de la piscicultura y un importante quehacer en el ámbito a la investigación.

Su vinculación regional es indiscutida, no sólo por su emplazamiento físico, sino que también porque su personal académico y la inmensa mayoría de sus alumnos provienen de la misma Región.

Su propuesta de desarrollo apunta en el mismo sentido. El tratamiento prioritario que dará a dos áreas fundamentales: la de "ambiente y recursos naturales acuáticos" y la de "cultura y desarrollo regional" permitirá consolidar el carácter regional de la Universidad de Los Lagos.

En consecuencia, esta iniciativa de ley, originada en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, recoge un sentimiento generalizado no sólo en la ciudad de Osorno, donde este centro universitario tiene su sede principal, sino que en toda la provincia y en toda la región que da nombre a la Universidad.

En mi calidad de Diputado de la comuna de Río Negro, Purranque, Puerto Octay y Puyehue, señalo mi complacencia por este proyecto y anuncio mi voto en favor de su aprobación.

He dicho.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, los orígenes de la nueva Universidad de Los Lagos se encuentran en la Universidad de Chile, sede Osorno; en la Universidad Técnica, sede Puerto Montt, y en el Instituto Profesional de Osorno, creado en 1981.

La propuesta tiene su origen en la comunidad misma. El Rector del Instituto Profesional, su Consejo, las organizaciones sociales de todo orden de Osorno y la Región toda impulsaron esta idea, incluidos los partidos políticos, particularmente la UDI de Osorno. Personalmente me tocó acompañar al Senador Cantuarias a expresar nuestro compromiso con este proyecto y nuestra disposición a apoyarlo.

Son muchas las razones que justifican la creación de la Universidad.

Como Instituto ha logrado un nivel académico de buen nivel reflejado en una eficiente investigación. Así, es uno de los institutos profesionales con mayor porcentaje de proyectos aprobados por el Fondecyt.

Es digno de destacarse su compromiso e identificación con las actividades económicas y sociales propias de la Región, como que ha sido un factor de apoyo importante al desarrollo regional.

El número de estudiantes demuestra el alto interés de la juventud por incursionar en las carreras que el Instituto impartía.

El desarrollo regional requiere cada día de técnicos y especialistas capaces de liderarlo. Sin embargo también exige, por lo complejo de los procesos que lo sustentan, que los profesionales y técnicos tengan la posibilidad de acceder a grados académicos de mayor especialización y a una investigación más sofisticada, además de un servicio de extensión, comunicación y divulgación hacia la comunidad regional.

Con este proyecto lograremos dar respuesta a una sentida aspiración de la comunidad regional y de Osorno, entre otras cosas:

a) Para favorecer y fortalecer el desarrollo regional.

b) Para alcanzar mayor excelencia de quienes lideran ese desarrollo.

c) Aprovechar una infraestructura existente.

Por estas consideraciones la Unión Demócrata Independiente aprueba en general este proyecto de ley.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, la transformación del Instituto Profesional de Osorno en la Universidad de Los Lagos es una idea provechosa para la Décima Región y el país. Los pilares básicos de toda regionalización son la transformación del aparato político-administrativo del país que contribuya a una efectiva descentralización, el cambio de conductas y actitudes del sector privado económico-empresarial en orden a crear una economía endógena en las regiones la producción del conocimiento mediante el cultivo de la ciencia y la investigación.

La creación de una universidad en la región implica un sustancial mejoramiento del recurso humano, que es precisamente el elemento renovador, transformador y creador de las iniciativas para el mejor desarrollo y aprovechamiento de los bienes disponibles. En este aspecto, no hay duda de que la nueva Universidad tiene importancia fundamental. De este modo, en la Décima Región se asientan dos universidades: la Universidad Austral de gran prestigio académico y la de Los Lagos, que se crea mediante este proyecto.

Sin embargo, es conveniente señalar algunas observaciones importantes. Chile tiene uno de los mayores índices de establecimientos en relación a estudiantes matriculados a nivel mundial. Francia, con el mismo número de universidades, tiene 10 veces más alumnos. Holanda, con una matrícula similar a Chile, tiene sólo 13 universidades. Nuestro país, con 60 universidades, entre estatales y privadas, otorga en 38 de ellas carreras de ingeniería comercial o derecho, que tienen bajos costos. La pregunta que surge es ¿qué mercado laboral existe para tantos egresados universitarios? o, ¿cuáles son los recursos humanos, bibliotecas, docentes, de investigación disponibles para asegurar una buena calidad profesional?

La tendencia actual demuestra que la mayoría de los egresados de la enseñanza media busca acceder a la universidad. Un 53 por ciento está inscrito en las universidades, un 17 por ciento en institutos profesionales y un 30 por ciento en centros de formación técnica. En EE.UU. la proporción es 20, 37 y 43 por ciento y en Japón de las universidades enrolan sólo el 11,4 por ciento en la investigación. Otro problema es la acreditación o la exanimación diferente entre universidades del sistema estatal y del privado, lo cual conlleva a procedimientos y calidades diferentes, careciendo de un sistema que permita, mediante mecanismos de competencia, acceder a los recursos públicos, como sucede con el Fondecyt.

Por otra parte, la mayor parte de los recursos públicos se invierte en universidades ubicadas en la Región Metropolitana. Baste decir, que casi el 80 por ciento de los fondos disponibles para investigación se invierte en Santiago.

De aquí surge, entonces, la necesidad de cultivar la docencia, la investigación y la extensión en regiones, por lo que la Universidad de Los Lagos se justifica plenamente, como lo demuestran los datos entregados en el documento o anteproyecto de su creación y que he tenido la oportunidad de examinar.

Toda universidad, que desde la Edad Media era definida como el ayuntamiento entre profesores y alumnos, requiere en la actualidad ciertos presupuestos básicos, ya que son instituciones de un nivel avanzado y pilar de la creación y transmisión de los conocimientos mediante la investigación, docencia y extensión de las ciencias, técnicas, artes y humanidades, y de la formación profesional que tienen por base esas disciplinas. En el caso de las universidades estatales éstas son corporaciones de Derecho Público, creadas y regidas por la ley, sus estatutos y reglamentos, y que cumplen sus funciones considerando el interés público nacional, regional y tratando de coordinar sus actividades con otras.

Sus normas deben contemplar una democracia participativa de académicos en la elección de rector, y en órganos colegios, debiendo el Presidente de la República naturalmente designar a su primera autoridad. Igual debe reglar la participación de los estudiantes, y el régimen académico deberá ser transparente mediante concursos y en requisitos objetivos de calidad e idoneidad. El ingreso de los alumnos a ella debe ser público y con régimen equitativo. Por último, esta Universidad deberá recibir aporte fiscal directo para su financiamiento. Veo en este proyecto cumplidos todos esos requisitos.

Atendido que el Instituto Profesional de Osorno tiene una gran infraestructura en Puerto Montt: edificio, concesiones marítimas, barco, investigación y gran número de actividades relacionadas con el mar, su asiento ideal debe ser esa ciudad, para lo cual he propuesto una indicación en tal sentido. Estimo que en el mediano plazo tanto el IPO que ahora se convierte en universidad, como la Universidad Austral, sede Puerto Montt, serán los fundamentos básicos de la futura Universidad de Los Canales, de Malipulli, o simplemente de Puerto Montt.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación del Diputado señor Elgueta tiene por finalidad sustituir, en el artículo 1°, la expresión "Osorno" por "Puerto Montt".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley que transforma el Instituto Profesional de Santiago en universidad.

Diputados informantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación y de la de Hacienda son los señores Velasco y Orpis, respectivamente.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 849-04 y figura en bs números 37 y 38 de los documentos de la Cuenta de la sesión 69s, celebrada el 4 de mayo de 1993.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, como Diputado informante de la Comisión de Hacienda, aceptando el acuerdo de la Honorable Sala, quiero hacer presente, sólo para los efectos de que quede consignado en la versión, que, respecto de la imponibilidad, la ley N° 19.200 contiene disposiciones sobre el Instituto Profesional de Osorno y el Instituto Profesional de Santiago.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley sobre reajuste del ingreso mínimo mensual.

Diputada informante de la Comisión de Trabajo es la Diputada señora Prochelle; de la de Hacienda, el Diputado señor Estévez.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 981-13 y aparece en los números 7 y 8 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.

La señora PROCHELLE.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, vuestra Comisión de Trabajo y Seguridad Social pasa a informaros, en único trámite reglamentario, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reajusta el ingreso mínimo mensual. El proyecto, iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, ha sido calificado de "discusión inmediata" en todos sus trámites constitucionales.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto han sido aprobadas en conformidad con la Constitución Política del Estado, con la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y con el Reglamento de la Corporación.

En el artículo 1° el ingreso mínimo mensual de los trabajadores dependientes, se incrementa de 38.600 pesos a 46.000 pesos.

En la misma proporción se reajustan también los ingresos mínimos mensuales de los trabajadores de menos de 18 años de edad, y el usado como referencia para fines no remuneracionales, los que, en consecuencia, quedan en 39.587 pesos y 34.210 pesos, respectivamente.

El Ejecutivo recogió la petición de esta Corporación que se contiene en el artículo 2a, e incorpora al decreto ley N° 670, de 1974, una norma actualmente vigente contemplada en la ley N° 19.142, en virtud de la cual se establece que no se imputarán al ingreso mínimo las cantidades que perciba el trabajador por concepto de gratificación legal, cualquiera que fuere su forma de pago.

El artículo 3a dispone que los reajustes que establece este proyecto no se aplicarán para el cálculo de las remuneraciones de los profesionales funcionarios, es decir, los médico-cirujanos, farmaceúticos, o químicos-farmacéuticos, bioquímicos y cirujano-dentistas, que desempeñen funciones profesionales en cargos o empleos remunerados a base de sueldo, referidos en el artículo 7a de la ley N° 15.076, quienes gozan de un sistema propio de fijación de sus sueldos bases, originalmente expresados en sueldos vitales y transformados en ingresos mínimos por el artículo 8a de la ley N°18.018.

Finalmente, el artículo 4a establece que el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley, durante 1993, se financiará con la partida Tesoro Público del Presupuesto vigente.

En la discusión general y particular en la Comisión, el Ministro del Trabajo manifestó que el salario mínimo de este año, así como de los anteriores, tuvo su origen en un esfuerzo por tratar de encontrar un acuerdo social con las principales organizaciones de trabajadores y de empresarios, fundamentalmente, la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y el Comercio, respectivamente.

Desde 1991 -agregó- se concordó en que sería importante para la evolución de los salarios mínimos, la consideración de dos parámetros: la inflación esperada durante el período en que el salario mínimo tendría vigencia, dado que ése es el mejor modo de garantizar la protección al poder de compra de los salarios, y el crecimiento de la productividad de las fuerzas de trabajo, puesto que eso permite que se exprese en las remuneraciones de los trabajadores. En ese sentido, el incremento de las remuneraciones mínimas ha sido del orden del 19 por ciento, reflejo, precisamente, de los dos parámetros antes aludidos.

Por otra parte, algunos señores Diputados manifestaron la inconveniencia de diferenciar los ingresos mínimos entre los trabajadores mayores y menores de 18 años, aun cuando reconocieron que tal igualdad podría, eventualmente, afectar la oferta de trabajo de quienes se incorporan por primera vez al mundo laboral. De igual modo hicieron presente la inconveniencia de que el contenido del proyecto, producto de un acuerdo social entre Gobierno, empresarios y trabajadores, sea presentado a la opinión pública como un hecho consumado, antes de que el Poder Legislativo lo conozca y apruebe.

Durante el estudio pormenorizado del proyecto, la Comisión aprobó, por unanimidad, los cuatro artículos permanentes.

Como no existen artículos calificados con rango orgánico o de quorum especial ni tampoco indicaciones formuladas, termino el informe en comento recomendando la aprobación del presente proyecto de ley.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda propone a la Sala aprobar el proyecto de ley sobre reajuste del ingreso mínimo mensual, en los mismos términos del mensaje y del informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

El debate de la Comisión tuvo en consideración la incidencia de esta medida en el presupuesto fiscal y en la economía.

En el primer ámbito, el efecto presupuestario puede estimarse en alrededor de 370 millones de pesos para los próximos siete meses, por cuanto supone un reajuste equivalente en las asignaciones por muerte de activos y pensionados del antiguo sistema y en las pensiones de gracia. Más amplia es la incidencia en el funcionamiento global de la economía, pues el reajuste propuesto es significativamente superior a la inflación esperada para los próximos doce meses. Representa un incremento real de 6 ó 7 por ciento en las remuneraciones más bajas, atribuible a la mayor productividad de trabajo, y a la redistribución del ingreso. Este hecho es positivo, siempre que sea real.

A la Comisión de Hacienda preocupan tres aspectos: en primer lugar, que las empresas mayores paguen remuneraciones superiores al mínimo y que esta norma legal tenga su principal ámbito de aplicación en el agro, en el comercio, en servicios en general y en empresas pequeñas y medianas o familiares, donde conviven el empleo formal con el informal. En nuestra opinión, el mayor desafío de la política laboral, ahora, es mejorar la calidad de empleo, y continuar disminuyendo la informalidad en el mercado de trabajo. Se requiere, pues, que el incremento legal del salario mínimo sea complementado con una disminución de la informalidad o, mejor dicho, con un incremento de la calidad del empleo, y con sus respectivos contratos de trabajo, para evitar que se produzca un efecto inverso al deseado.

En segundo lugar, que es conveniente que las autoridades de Gobierno adopten, en forma simultánea con esta medida, otras complementarias que tengan un efecto inverso en las expectativas de inflación.

Preocupa a la Comisión de Hacienda que, con una inflación esperada para los próximos doce meses de 11 a 12 por ciento, el incremento del 19 por ciento del salario mínimo -muy positivo y conveniente para una mejor equidad y justicia social en Chile- sea una señal inconveniente, desde el punto de vista inflacionario.

Esta indicación debe ser compensada con la adopción por parte de la autoridad económica, de otras medidas, en distintos ámbitos de la actividad, de manera que el país tenga la certeza de que es combinable un incremento salarial de este monto con la mantención de las metas de inflación. Esta materia compete al Ministerio de Hacienda y a las autoridades responsables de la situación macroeconómica y tributaria del país.

En tercer lugar, nos parece oportuno insistir en la modificación del sistema de sueldos de los funcionarios públicos, que, en algunos casos, son inferiores al ingreso mínimo, situación que se expresan en el continuo y persistente reclamo por parte de aquéllos. Las asignaciones, el pago de horas extraordinarias y otro tipo de bonificaciones que benefician al funcionario hacen que, finalmente, el ingreso percibido sea mayor que el mínimo. Pero, como las personas buscan que su sueldo sea superior al mínimo, quizás sería mejor, más transparente y más claro, desde el punto de vista económico, eliminar las diferentes asignaciones y aumentar en lo que corresponda el sueldo propiamente tal, de modo que la gente perciba lo mismo, como sueldo.

Cuando se aprobó el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, a los funcionarios de la salud primaria municipal se les concedió una asignación, imponible, equivalente al ciento por ciento de su sueldo base. Entonces, uno se pregunta: ¿Por qué mejor no doblarles el sueldo base y eliminar esa asignación? Desde el momento que el Gobierno presidido por don Patricio Aylwin ha hecho plenamente imponible todas estas asignaciones, y son base de cálculo para las horas extraordinarias, no parece subsistir alguna razón para mantener un sistema tan engorroso como éste, en el cual el sueldo es una parte muy pequeña del ingreso que percibe el funcionario público, lo cual da lugar a diferentes confusiones.

Hechas estas tres consideraciones de orden general, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar unánimemente el articulado del proyecto en los mismos términos propuestos por el Ejecutivo y aprobado por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, sería digno considerar, a futuro, la creación de un mecanismo para que el ingreso mínimo se reajuste periódica y automáticamente, de acuerdo con indicadores objetivos, y eliminar la presentación de una iniciativa legal sobre la materia que cada año da origen al mismo tipo de discusiones y argumentaciones.

Quiero subrayar el hecho de que el ingreso mínimo se fija en un mismo valor para todo el país, sin tomar en cuenta las realidades regionales. Si bien en un momento eso es así, no es bueno que continuemos aceptándolo porque no cabe duda de que en Punta Arenas o en Copiapó no tiene el mismo poder adquisitivo ni permite las mismas condiciones de vida que en otros lugares del país.

Es necesario adecuar el salario mínimo a nivel regional, de acuerdo con las condiciones de vida de cada zona del país, por supuesto, de un conjunto de otros indicadores, como el índice de precios al consumidor, etcétera.

Si este país quiere un efectivo proceso de descentralización y desconcentración especial, debe generar condiciones para que en el resto del territorio nacional se perciban ingresos mínimos acordes con sus realidades.

Por último, señor Presidente, aunque las cifras acordadas no son del todo suficientes -siempre es deseable algo mayor-, estamos dispuestos a apoyar el proyecto, por entender que expresa un acuerdo entre los distintos sectores involucrados y el Gobierno, y porque con él los trabajadores menos calificados podían atender mejor sus necesidades mínimas.

He dicho.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, junto con manifestar mi voto favorable a este proyecto, quiero aprovechar la oportunidad de felicitar a quienes hacen posible un acuerdo de este tipo. Sé que, en alguna medida, significa restar facultades a esta Cámara, pero, dada, la importancia que tiene para la economía nacional que empresarios, trabajadores y Gobierno, se pongan de acuerdo en un tema de tan fundamental importancia, es bueno que se siga haciendo así, al menos, mientras exista el salario mínimo, como espero también que quienes participan tengan la grandeza de reconocer que, a veces, este es un trabajo ingrato, tanto para los representantes de los trabajadores como para los empresarios, porque hay que considerar una serie de variables que, a veces, significa ceder en algunas pretensiones.

Es fundamental que estos acuerdos que benefician al sector regido por el salario mínimo, se logren en forma seria y responsable, como se ha hecho en estos últimos años.

He dicho.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, si bien compartimos el fondo del proyecto y estamos contestes en aprobarlo, queremos, una vez más, reclamar que no se haya hecho un esfuerzo -como dijo el Diputado señor Arancibia- por estudiar un sueldo mínimo regionalizado.

Con el debido tiempo, solicitamos tanto a la CUT como al Gobierno, a través del Ministro del Trabajo, que se hiciera un esfuerzo por estudiar un sueldo mínimo regionalizado y entregar un sueldo mayor a las zonas donde la vida es más cara. Esto no se hizo y el Ministro del Trabajo, con todo respeto, ni siquiera tuvo la gentileza de contestar a nuestra petición.

El Gobierno tiene el deber de buscar equidad, de hacer justicia distributiva y de compensar a las regiones que tienen una situación económica más difícil. Por tercer año consecutivo hemos reclamado esta situación y por tercer año consecutivo se han hecho oídos sordos.

El Presidente de la República, cuando estuvo en mi región, dijo que haría un estudio regionalizado del ingreso mínimo, pero lamentablemente no se ha hecho. Esperamos tener éxito en el próximo período. Mientras tanto, la vida de los trabajadores en esas regiones continúa siendo muy onerosa.

Solamente quiero dar una cifra, a modo de ejemplo: el kilo de mercadería llevada desde Santiago a mi región cuesta 40 pesos. De allí, entonces, que este sueldo tenga una mínima capacidad de compra. Por eso, reclamamos con tanta fuerza.

He dicho.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, quiero dar mi respaldo al cuarto acuerdo marco a que han llegado los dirigentes sindicales de la CUT, los empresarios y el Gobierno; sumarme a las palabras de reconocimiento del Diputado señor Fantuzzi por lo que significan estos acuerdos, y hacer presente la forma en que han trabajado tanto los dirigentes sindicales como los empresariales.

Por cuarto año estamos discutiendo un tema y, seguramente, hemos repetido mucho de lo que ya hemos dicho. Sin embargo, me causa una gran preocupación y extrañeza la labor que ha realizado el Parlamento, porque hemos sido electos para legislar para todo el país, pero se producen situaciones de desencuentro, como entre la regionalización y el sueldo mínimo. Si bien es cierto que los Honorables parlamentarios puedan tener razón sobre el tema de fondo en discusión, no hemos entrado a debatir derechamente cuál es nuestra misión con respecto al país en general.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social tiene en estudio un proyecto de ley destinado a beneficiar en forma importante a las zonas extremas. Ayer, se dejó pendiente la discusión del aumento de las vacaciones de 15 a 25 días para los trabajadores de las zonas extremas, originado en una indicación presentada por la mayoría de los Honorables Senadores. Allí nos corresponderá asumir nuestra responsabilidad de parlamentarios, y no estamos hablando de un aumento del sueldo mínimo, de cinco o diez mil pesos, sino de una situación que se presentará en la Sala, la cual se discutió hace algún tiempo en la Comisión de Trabajo, la que no aprobó, dentro de la seriedad con que estudia las iniciativas, por la discriminación que provocaba entre los trabajadores de las zonas extremas con los de la zona central.

En consecuencia, nos corresponderá asumir con seriedad las justas reivindicaciones sobre los sueldos, derechos y vacaciones de los trabajadores; pero quienes somos parlamentarios de Santiago también tenemos el justo derecho de preguntamos, ¿por qué los trabajadores de Santiago, muchos de los cuales son de Arica, Antofagasta o Punta Arenas, no pueden tener 25 días de vacaciones para trasladarse a las zonas extremas de donde provienen?

Es un tema que deberemos abordar con la misma seriedad con que lo hizo el Senado y espero que los Diputados podamos dar una luz y ejemplo al país de lo que es la dignidad legislativa, que está antes que los intereses personales electorales.

Reitero mi respaldo al proyecto enviado por el Ejecutivo, pero más que eso, a los acuerdos marco a que se ha llegado entre los dirigentes de la CUT y los empresariales, y que el Gobierno ha hecho posible llevar adelante.

Con este anticipo que he planteado, invito a los señores Diputados a legislar con la seriedad política que corresponde en un Gobierno en que el pueblo cree que lo ha servido y que pretende seguir sirviéndolo.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, seré muy breve; ni siquiera emplearé los cinco minutos que se nos han concedido.

Estimo raquítico el aumento de ocho mil pesos mensuales acordado por el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores, en circunstancias de que los técnicos y especialistas sostienen que el sueldo mínimo debería ser de 58.000 pesos, pero si los dirigentes lo aceptan es problema de ellos con los trabajadores que dicen representar.

No tenemos alternativa frente a este proyecto. Quienes deseamos hacer justicia a los trabajadores lo habríamos rechazado, pero como no queremos perjudicar aún más a los obreros y trabajadores que van a recibir este "beneficio", votaré a favor, pero expresando mi rechazo absoluto por el magro aumento que se le otorga al ingreso mínimo.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, al comenzar la discusión de este proyecto, un señor parlamentario dijo que ésta iba a ser una repetición del debate producido en otra ocasión respecto del salario mínimo.

Quiero llamar la atención que el contexto en el cual se produce el incremento del salario mínimo propuesto nos debe permitir evaluar seriamente la decisión que vamos a adoptar.

Me alegro del acuerdo, que apoyo y respaldo, surgido entre la Confederación de la Producción y el Comercio, la CUT y el Gobierno para incrementar el salario mínimo al nivel que se nos ha propuesto en este proyecto de ley. Pero el que se nos haya propuesto no quiere decir que sea ley. Nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad al aprobarlo y decir que estamos conforme con este incremento, pues lo consideramos bueno para el país; pero también tenemos la alternativa de decir que no estamos de acuerdo con él, pues no lo consideramos bueno, y rechazarlo.

Al aprobar el proyecto que incrementa el salario mínimo, debemos tener conciencia del contexto económico en el cual se realiza esta modificación. Hay varios líderes de opinión en el mundo económico que, con motivo de la caída de precio del cobre y de otros productos de exportación, consideran que el país ya no es un tigre, sino más bien un gato. Sin embargo, estimo que la economía está bien encaminada, pues va a crecer este año. Este acuerdo entre empresarios, trabajadores y el Gobierno, ratifica nuestra visión de que la economía tendrá un buen desempeño, ya que habrá mayor crecimiento, se mantendrá el nivel de empleo, lo que hará posible incrementar el salario mínimo en este nivel.

Pero el aprobar este incremento del salario mínimo, también nos debe permitir evaluar la responsabilidad que estamos asumiendo con el país. De hecho, estamos generando un proceso importante de redistribución de los recursos de la economía. Si la inflación esperada es del orden del 11 por ciento anual, como está programada en los cálculos presupuestarios, que ya hemos aprobado, quiere decir que estamos entregando un incremento real importante del salario mínimo. Si bien todos consideramos que este aumento que se concede no es muy relevante, de hecho significa un beneficio real para 500 mil personas, a lo menos. Si queremos mantener este proceso de redistribución y de crecimiento de la economía y continuar la lucha contra la inflación, entonces debemos estar conscientes de que, en algún momento, tendremos que afectar otras variables de la economía e incrementar el ahorro aun por sobre los elevados niveles actuales. Si esto no puede realizarse sólo con declaraciones, debe hacerse en forma imperativa; es decir, por la vía de modificaciones presupuestarias, modificaciones al presupuesto nacional, que signifiquen un mayor ahorro del sector público; pero también el sector privado verá afectado sus actuales niveles de gasto, lo que posibilitará un mayor ahorro en la economía.

Por lo tanto, este incremento que aprobaremos ahora, como espero, tiene que generar un comportamiento de compensación de parte nuestra en el futuro, porque al aprobar el incremento del salario mínimo, elevaremos los niveles de gasto de la economía y, en consecuencia, deberemos aprobar en el futuro próximo incrementos en los niveles de ahorro, lo que significará necesariamente, porque no hay otro mecanismo en la economía, que habrá que modificar las condiciones tributarias. El que vote a favor del incremento del salario mínimo no podrá el día de mañana oponerse a un incremento tributario para mantener el correcto desempeño de la economía, cumplir la meta de inflación, aumentar los niveles de ahorro y procurar que la economía continúe creciendo como lo ha hecho en los últimos años. Es más serio que lo hagan saber quienes no están dispuestos a incrementar el salario mínimo porque no desean financiar los niveles de ahorro que el país necesita, a que voten hoy por este incremento y mañana voten en contra de las modificaciones que la economía demandará por lo que estamos decidiendo hoy.

Por ello, señor Presidente, invito a reflexionar. La economía necesita incrementar el salario mínimo. Empresarios, trabajadores y Gobierno han señalado que esto es posible, pero para concretarlo manteniendo el crecimiento y bajando la inflación, el día de mañana tendremos que actuar sobre la tributación y sobre el ahorro.

Por lo tanto, quien decida hoy aprobar este proyecto, el día de mañana tendrá que aprobar las medidas necesarias para que este incremento del salario mínimo ayude al correcto desempeño de la totalidad de la economía, posibilite la redistribución con crecimiento y la baja de las tasas de inflación.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero hacer tres comentarios respecto del tema del salario mínimo que hoy estudiamos, con el objeto de ilustrar a la Cámara sobre la posición de la UDI al respecto.

En primer lugar, el hecho de que se haya sugerido despachar este proyecto sin debate, y que sólo cuatro Diputados se hayan puesto, revela claramente que estamos en presencia de algo que es aparentemente importante, pero que, en la práctica, tiene muy poca influencia real en quienes estamos aquí.

Lo digo, porque, al igual como lo señalé al Ministro respectivo en la Comisión, estamos ante un caso grave de legislación aparente, porque ya se logró el acuerdo entre empresarios, trabajadores y Gobierno. Así se tituló en todos los medios de comunicación, y nadie planteó en forma enfática que esto fuera una proposición al Parlamento y que, como tal, éste debía resolverla, sino que, guardando las formalidades, todas las informaciones hablan de "Aprobado el salario mínimo".

A mi juicio, es importante decir esto sin ambigüedades, porque es la verdad, y cuando se legisla, no hay nada más importante que saber cuáles son los marcos en los cuales se está legislando.

El Gobierno decidió que era mejor, respecto de este tema -y puede que tenga buenos argumentos para sostenerlo, a pesar de que constitucionalmente el Parlamento tiene una injerencia real en él llegar a un acuerdo con empresarios y trabajadores y, en tal sentido, plantear una realidad determinada al país, respecto de la cual la Cámara y el Senado sirvieran simplemente de buzón para darle el trámite legislativo correspondiente.

También quiero señalar lo mismo que expresé al Ministro respectivo en la Comisión, que me parece un mal sistema operativo. Lo respeto, porque me parece bien inspirado, pero es evidente que el Parlamento no tiene injerencia real en él, porque no puede aumentarlo ni ha intervenido en su generación, lo que hace pensar que estamos jugando un papel que califico de bastante poco decoroso.

En segundo lugar, quiero referirme brevemente a la naturaleza del salario mínimo, para complementar lo que ha señalado con acierto el Diputado señor Fantuzzi.

El salario mínimo tiene una explicación ética y no económica; tiene relación con el mínimo necesario para la subsistencia de una familia o de un trabajador, lo que permite decir que pueden vivir una vida digna; pero es evidente que cada día tiene menos efecto económico.

Un verdadero aumento de remuneración se relaciona con la productividad del trabajador, y ésta no aumenta necesariamente con la fijación por ley de un mayor salario mínimo, sino por la capacitación laboral y por la inversión en el capital humano.

De otra manera no se explica que el salario mínimo afecte, y afortunadamente así es, a menos de un 10 por ciento de los trabajadores del país.

Por lo tanto, es importante que desaparezca este tipo de problemas en el trámite legislativo. Es previsible que la economía continúe creciendo en términos tales que éticamente no sea necesario recurrir a estas medidas para garantizar el mínimo de subsistencia a los trabajadores chilenos.

Comparto también el planteamiento del Diputado señor Fantuzzi.

Por último, no puedo dejar pasar el discurso amenazante del Diputado señor Andrés Palma, que nada tiene que ver con el tema tributario.

Realmente, es deplorable que trate de mezclar elementos en sí desvinculados. El señor Diputado sabe perfectamente bien que hay muchas fórmulas distintas en una reforma tributaria que permiten un ordenamiento fiscal. Nada ha dicho de las privatizaciones. No se ha referido al ahorro del Estado, a la responsabilidad estatal que se requiere para manejar este tipo de medidas. Y, al igual que en todas las economías que han fracasado en el pasado, simplemente dice: "Vamos a gastar más, entonces pidamos más por la vía de los recursos", sin pensar en otros aspectos de la productividad.

El salario mínimo, que tiene una dimensión ética, no guarda ninguna relación con tratar de obtener ventajas de corto plazo y de carácter partidista, como pretende el Diputado señor Andrés Palma. Y lamento que haya usado ahora esta tribuna, de naturaleza bastante diferente a la de pasar avisos comerciales, -por más que su tono haya querido indicarlo, no amenaza ni asusta a nadie-, ya que tenemos perfecta conciencia de que estamos trabajando por el bienestar del país. ¡Ni el Diputado señor Andrés Palma ni nadie impedirá que actuemos conforme con nuestros principios!

Señor Presidente, por su intermedio en el tiempo que resta al Comité, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, sólo complementaré lo señalado por el Diputado señor Coloma y contestaré al Diputado señor Andrés Palma.

En verdad, comparto su diagnóstico, pero no la conclusión; las cifras así lo demuestran. No necesariamente el Fisco se ha caracterizado por el ahorro, ya que no es su sinónimo. Tanto es así que un asesor directo del Senador don Eduardo Frei, don Juan Villarzú, ha propuesto una norma legal que establezca que el gasto fiscal no puede superar el crecimiento del producto geográfico bruto, porque, el crecimiento del gasto fiscal sobrepasa el crecimiento del PGB, lo que nos indica que nunca el Fisco ha sido sinónimo de ahorro, ya que el gasto fiscal supera con creces la posibilidad de incremento económico.

De manera que en el propio seno de la Democracia Cristiana se ha demostrado que el Fisco no es sinónimo de ahorro, sino que de mayor gasto. Esa es la consecuencia que tiene y que tratamos de evitar.

El señor MANTEROLA –

Señor Presidente, junto con anunciar el voto favorable de la bancada radical social demócrata a este proyecto, formularé algunas consideraciones.

En primer lugar, quiero celebrar que el espíritu sustentado durante el Gobierno del Presidente Aylwin en tomo a la materia en debate haya sido nuevamente de consenso en tres elementos fundamentales: empresarios, trabajadores y Gobierno.

Por cuatro años consecutivos, como se señala en el mensaje, se ha logrado este consenso, lo que cabe resaltar en esta ocasión.

En segundo lugar, también quiero celebrar que durante todo el período se

haya logrado un alza real del 30 por ciento en el salario mínimo, pero en verdad, este salario estuvo muy "deprimido" hasta 1989 -año de su mayor crecimiento- en que llegó aproximadamente al 15 por ciento, y para este período, en el supuesto de un IPC cercano al 12 por ciento, su alza real sería de alrededor del 6 por ciento. El 30 por ciento en que se ha incrementado durante todos estos años, refleja una política salarial sana y favorable a los intereses de los trabajadores, y la prueba es que todavía muchos ganan este tipo de salario en Chile.

Por último, reitero lo ya señalado, en cuanto a que la participación de la Cámara es prácticamente nula en esta discusión. En cambio, comparto las expresiones del Diputado señor Coloma, de que acuerdos sanos, relacionados con los actores reales del proceso productivo, año a año, no debieran someterse a una aprobación formal de esta Cámara de Diputados, y que debería existir una norma legal que fijara el salario mínimo por decreto supremo. En esta oportunidad, reiteramos esa posición.

Celebramos, asimismo, que el aumento del salario mínimo rija durante todo el período presidencial y ojalá que a futuro sigan la misma senda y el mismo espíritu para establecer el nivel de crecimiento real de las remuneraciones.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, en forma muy breve y puesto que la temática central del proyecto ya fue abordado, sólo voy a señalar tres aspectos.

En primer lugar, desde el punto de vista de la técnica legislativa, la presentación de este proyecto es un avance en cuanto a establecer en forma directa el monto del ingreso mínimo, sin referencias a normas anteriores, relacionadas a su vez con otros precedentes, en una línea continua de citas que hacen difícil entender la ley.

En segundo lugar, es positivo incorporar de manera definitiva al decreto ley N° 670 -que establece el concepto del ingreso mínimo- la exclusión de la gratificación legal para integrarla a esta idea.

Recuerdo que, al discutirse el tema el año pasado, la Sala acogió la indicación que presentamos con el Diputado señor Sotomayor, para establecer en forma expresa que las cantidades que el trabajador perciba por concepto de gratificación legal, cualquiera que sea su forma de pago, no podrán imputarse al ingreso mínimo.

La tercera observación se refiere a la gestación del acuerdo que posibilitó la presentación del proyecto. Todos celebramos que en nuestro país exista un proceso de concertación social; nadie podría objetar ni criticar con responsabilidad que las decisiones del Ejecutivo no obedezcan a acuerdos logrados en la base social. El gran mérito de cada una y de todas las propuestas sobre ingreso mínimo del actual Gobierno al Parlamento es que no son arbitrarias o unilaterales, ni hechas por sí ni ante sí, a pesar de contar con las facultades legales, sino que asume el acuerdo logrado por los sectores más directamente involucrados en el proceso.

Naturalmente, siempre ocurrirá que las facultades del Congreso Nacional estarán mermadas, toda vez que la iniciativa exclusiva en esta materia radica en el Presidente de la República. Lo que estamos viendo es simplemente la aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes en la materia. Entonces, es absurdo que quienes son partidarios de la institucionalidad y de la Constitución de 1980 critiquen la forma en que está operando.

Quiero aclarar que uno de los temas en que la Constitución de 1980 es plenamente válida, legítima y altamente conveniente, es precisamente la centralización de la temática económica, porque esa responsabilidad recae en el Gobierno. En consecuencia, es absolutamente necesario que las variables fundamentales que inciden en el proceso queden reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

Soy altamente partidario de esa normativa. Por eso, en lugar de criticar o de sentirme dolido porque el Congreso tenga pocas facultades sobre la materia, aplaudo que el Gobierno, que las tiene, busque el acuerdo entre los sectores interesados y nos presente como suyo el proyecto acordado por la base social.

Por todo esto, votaremos favorablemente el proyecto en los términos propuestos.

He dicho.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, me sumo a las expresiones de los señores parlamentarios que han reconocido el acuerdo de trabajadores, empresarios y Gobierno en el problema del salario mínimo.

En esta materia también se ha señalado la situación que viven algunas zonas extremas y la necesidad de regionalizar el salario mínimo. Me parece altamente positivo, siempre y cuando ello se logre en una conversación del mismo carácter tripartito: empresarios, trabajadores y Gobierno. En caso contrario, este mayor salario mínimo regionalizado deberá absorberse exclusivamente por las empresas, y si éstas tienen que asumir, además, los costos que implica trabajar en zonas aisladas o extremas del país, obviamente, ello no funcionará en una economía sana.

Por lo tanto, si este tema se quiere analizar con la debida seriedad, al igual que respecto de los 25 días de vacaciones en las zonas extremas, cabe preguntarse quién lo pagará.

Ello debe resolverse según la configuración de dicho salario. El Gobierno es el que debe definir condiciones especiales para que las empresas puedan asumir estos compromisos y desarrollar armónicamente la alternativa de permanecer en otras zonas del país.

También es un hecho que el verdadero salario mínimo se da cuando las empresas demandan mayor número de trabajadores, es decir, usando un término coloquial, cuando se pelean a los trabajadores y, por lo tanto, se paga más por sus servicios. Esto se logra solamente en condiciones de confianza, de seriedad, de capacitación y de acuerdo, que, en el fondo, es lo que subyace al acuerdo del salario mínimo.

Por eso, me parece bastante extemporáneo llevar a este debate la condición y uso de los fondos de la reforma tributaria.

Con estos antecedentes, expreso que votaremos a favor. Sin embargo, llamamos al Gobierno a discutir y analizar este tema a nivel regional, a fin de satisfacer demanda de las zonas extremas.

He dicho.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, el alza del salario mínimo que hoy tratamos en la Cámara constituye uno de los avances más importantes de este Gobierno, que sin duda beneficia en forma importante a un sector de trabajadores de escasos recursos, que en su mayoría no cuentan con calificación técnica y quienes, de otra forma y de primar los precios del mercado, obtendrían salarios más bajos y sin ninguna expectativa de aumentarlos.

Por otra parte, resulta importante destacar que los aumentos obtenidos durante el actual Gobierno se han producido en un marco de entendimiento entre trabajadores, empresarios y autoridades de Gobierno, lo que también es representativo del espíritu de equidad y justicia social que anima al Gobierno del Presidente Aylwin.

De esta forma se hace realidad, una vez más, uno de los compromisos fundamentales adquiridos, cual es esforzarnos porque la riqueza se distribuya equitativamente entre los chilenos, adoptando las medidas legales que se requieran.

Sin perjuicio de lo positivo de esta medida, no debe llevamos a la autocomplacencia por cuanto aún queda mucho por mejorar. Así, por ejemplo, señalo entre muchas otras cosas, las que deben ser prioridades para los años venideros. Por un lado, lograr a través de un proceso, la equiparación de la pensión mínima de este sueldo mínimo que hoy incrementamos, que permita al sector pasivo de nuestro país mejorar sus ingresos, y por otro, rechazando los intentos escuchados por parte de un señor Diputado de aconsejamos sobre la manera que debemos legislar, constatar que la realidad de nuestras regiones, en muchos casos, no se ajusta en cuanto a las fluctuaciones de los precios con los de la Región Metropolitana y otras del país por lo que considero legítimo que se estudie un sistema que pondere regionalmente.

En otro sentido debería estudiarse la posibilidad o la conveniencia que tendría para los trabajadores la implementación de un sistema de reajustabilidad periódica y automática del sueldo mínimo, con criterios objetivos, evitando la periódica discusión nacional sobre el tema y la tramitación de sucesivos mensajes en ese sentido, y que permita a los actores económicos prever las alzas y a los trabajadores contar con una expectativa cierta y determinada de la mejoría real de sus remuneraciones.

Por lo tanto, manifiesto mi aprobación a esta iniciativa por cuanto considero de sustancial importancia este aumento, que permitirá a miles de trabajadores ver incrementados sus recursos, haciendo patente el espíritu de justicia social que anima al Gobierno, lo cual no significa que nos encontremos plenamente satisfechos.

Aún queda mucho por hacer en este campo. Esta mejoría real sólo constituye un avance más de entre los muchos que los trabajadores chilenos nos reclaman.

He dicho.

El señor CARDEMIL –

En relación con lo manifestado por algunos señores Diputados, en el sentido de que este proyecto sea producto de un acuerdo social entre el Gobierno, empresarios y trabajadores, presentado a la opinión pública como un hecho consumado, manifiesto enfáticamente que es altamente conveniente que haya siempre acuerdos previos entre sectores tan importantes como lo son el Gobierno, empresarios y trabajadores, porque facilitan la labor legislativa y no menoscaban una importante función de proteger y beneficiar a los más necesitados, como son los trabajadores, los pobladores y los pensionados.

He dicho.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, sólo para reiterar lo ya expresado por los Honorables Diputados señores Coloma y Manterola en relación con el minimizado papel que le corresponde a este Poder del Estado cuando analizamos este proyecto de ley.

Al igual que el año pasado, me siento no como un parlamentario elegido para legislar, sino que como un Honorable señor notario público que da fe de lo ya acordado entre las partes.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, es atendible el punto planteado por algunos señores Diputados, pero eso no tiene que ver con el proyecto, sino que es un problema de la Constitución.

Esa discusión la podemos tener en otra oportunidad y hoy solo debemos dar tramitación rápida a este proyecto.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, es importante que se ratifique la tendencia que ha tenido la administración de este Gobierno de aumentar el incremento del ingreso mínimo por sobre la tendencia general del índice de precios al consumidor. Me parece muy importante y conveniente persistir en esa línea.

En esta oportunidad, se ha planteado una interrogante sobre la posibilidad de que la inflación esperada para este año, incorporada en los cálculos hechos para concordar este ingreso mínimo, pueda lograrse. Por lo tanto, desde este punto de vista, parece del máximo interés, para el país y los trabajadores, que se hagan los esfuerzos necesarios para que la inflación esperada se mantenga, porque si no el monto del ingreso mínimo para los trabajadores se diluiría, tomando en cuenta lo que se ha incrementado por efecto de la productividad.

Es obvio que existe una tendencia muy marcada entre las variables del ingreso mínimo con la variable macroeconómica de la inflación, ya que se relaciona con las distintas otras variables que se manejan actualmente en la economía nacional.

Quiero plantear un asunto que me parece muy importante. Normalmente la oposición de Derecha remarca que la inflación debería ser controlada a través de un manejo del gasto fiscal. No hay que dejar de desconocer que, en este último tiempo, ha habido un ahorro importante, que ha tenido un impacto favorable en la mantención de la inflación. Pero esta situación tiene ciertos límites. Básicamente, el problema radica en el alto consumo privado que existe actualmente en la economía. Si pensamos en términos teóricos, el gasto público, si corresponde con los ingresos fiscales, no debería tener ningún tipo de impacto en la inflación; sería de carácter neutro. Sólo tiene impacto negativo en la medida en que crece el gasto fiscal más allá de los ingresos; o positivo, si hay ahorro fiscal. El factor moderador de la inflación, a raíz de la variable del ahorro fiscal ya es lo suficientemente importante para que no podamos pensar que éste puede seguir indefinida o permanentemente aumentando, sin afectar gasto fiscales que inciden mucho en la mantención del crecimiento económico y en impactos también desfavorables respecto de las necesidades sociales que hoy tiene la población del país. No es posible, por lo tanto, no relacionar estos elementos con los temas de discusión de la reforma tributaria y la mantención de ésta, sin desconocer que un impacto bastante negativo en la inflación es la situación del poco ahorro privado que todavía hay en la economía nacional.

Por último, en relación con las facultades que tiene la Cámara, quiero decir que es cierto que las facultades del Poder Legislativo hoy están menoscabadas en la Constitución de 1980, que los Diputados de la Derecha no han querido, por ningún motivo, entrar a reformar más profundamente. Por lo tanto, es sorprendente que un señor Diputado que mantiene un inmovilismo tan grande respecto de esta Constitución, se arrogue la función de notario. Le pediría que si se siente en esta situación, pudiera favorecer algunas de las reformas legales hoy planteadas que permitan reequilibrar, entre otras cosas, la función del Parlamento con las que hoy tiene el Poder Ejecutivo.

Muchas gracias.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

A continuación corresponde, tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que otorga beneficios a los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076.

Diputados informantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Masferrer y Estévez, respectivamente.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 926-11 y figura en los números 9 y 10 de los documentos de la Cuenta de esta sesión.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, de acuerdo con los respectivos informes, entiendo que el proyecto fue aprobado en forma unánime, inclusive las indicaciones adicionales respecto de las cuales fue necesario votar su admisibilidad.

Esta sesión fue citada para tratar el proyecto que acabamos de aprobar, porque era de discusión inmediata. En atención a que la gran mayoría de los parlamentarios tienen vuelos a sus regiones a partir de las 16 horas, se solicitó el empalme de las sesiones.

Propongo que el proyecto se discuta ahora, hasta su despacho, pero no es conveniente suspender la sesión y reanudarla a las 16 horas, porque sería una pérdida de tiempo y dejaría a muchos Diputados sin la posibilidad de viajar.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, apoyo la petición del Diputado señor Estévez. Considero que el Diputado señor Elizalde está equivocado. Este proyecto generará discusión porque es importante y merece un análisis. En la Comisión de Hacienda fueron rechazados varios de sus artículos.

Por lo tanto, podría suspender la sesión por media hora, y luego discutir seriamente el proyecto hasta su total despacho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, en atención a la "masiva" asistencia que hay en la Sala, sería pertinente consultar al señor Ministro sobre la posibilidad de que el proyecto se trate el próximo martes, porque ocurrirá un hecho inevitable. A eso de las 16 horas, nos encontraremos con que el número de Diputados presentes en el edificio del Parlamento no será suficiente para tomar acuerdos. En consecuencia, dado que se trata de un proyecto con suma urgencia, lo sensato sería solicitar el acuerdo del señor Ministro para tratarlo el próximo martes.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, tal como señaló el Diputado señor Estévez, este proyecto contiene importantes disposiciones, que se trataron muy a fondo, tanto en la Comisión de Hacienda como en la de Salud, y no me parece un procedimiento correcto discutirlo en ausencia de gran parte de los parlamentarios, y el martes se proceda sólo a votarlo. Si se toma el acuerdo, debe discutirse y votarse ese día.