Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde continuar ocupándose del proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial del matrimonio y otros cuerpos legales que indica.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 432-07 y se encuentra en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 63s celebrada el 14 de abril de 1993.

EL señor BOSSELIN.-

Señor Presidente; ésta no es una cuestión de carácter reglamentario, porque atañe al fondo de una votación. De acuerdo con la Constitución, las nulidades de derecho público, restan absoluta validez a lo actuado. De manera que no procede la disposición reglamentaria invocada en cuanto a requerir la unanimidad para resolver lo planteado. Aquí se deben aplicar normas de carácter general. En consecuencia, es erróneo el criterio de Su Señoría. Creo que debe votarse la petición de nulidad.

De no ser así, la norma relacionada con la despenalización del adulterio no va a regir en Chile, por cuanto la doctrina tradicional no requiere de una declaración expresa sobre nulidades. Pero yo pido que la haya, o un rechazo, para que exista una claridad amplísima sobre la materia.

He dicho.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, el tema no está contemplado en el Reglamento. Por consiguiente, no se está en posición de hacer un sitio donde se reclamen nulidades de votaciones.

Resulta casi pintoresca la continua movilización de argumentos del Diputado, quien, al comienzo se refirió latamente a las razones existentes para mantener la penalización; después alegó inconstitucionalidad y, ahora, nulidad. Es evidente que las instancias de reclamo del señor Diputado deben ser informables, le queda el Tribunal Constitucional, la Corte Internacional de la Haya, la corte celestial, etcétera. Pero no corresponde a la Cámara resolver su planteamiento y nos oponemos a que se debata.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, previamente quiero rechazar las últimas afirmaciones del Diputado señor Smok que, a mi juicio, están de más.

En la sesión pasada sostuve puntos de vista similares a los del Diputado señor Bosselin, en cuanto a discrepar de la forma en que la Cámara operó. Sin embargo, el señor Diputado plantea ahora la inconstitucionalidad de la norma; pero algunos señores Diputados incluso citaron las actas de la Comisión que estudió el anteproyecto de la Carta Fundamental, en que consta que esto se deja entregado a la respectiva Cámara.

Creo que bajo ninguna circunstancia hay nulidad. La habría si los órganos legislativos actuáramos fuera de la competencia que investimos.

Pero la Cámara ya resolvió el punto.

No comparto la posición del Diputado señor Bosselin, ya que para bien o para mal, el asunto, por lo menos en esta Cámara, está cerrado y corresponderá al Senado, con mayor mesura, meditar al respecto.

Gracias.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, me parece que esta Cámara, después de debatir muy latamente el tema, llegó a una resolución que se expresó en el resultado de la votación. Se entregaron los argumentos éticos y jurídicos y la Cámara adoptó una decisión.

Llama la atención que la inconstitucionalidad se plantee con posterioridad a ello. No me parece una práctica sana y adecuada que por esta vía se cuestionen acuerdos de la Corporación. Si aceptamos este criterio, abriríamos peligrosamente un flanco de eterna discusión sobre los temas y sus implicancias jurídicas y legales, desde el punto de vista constitucional.

El Diputado señor Bosselin sigue un procedimiento y expresa una actitud muy propia de un abogado de larga y brillante experiencia en el foro: buscar los últimos recursos que, desde el punto de vista de un concienzudo y creativo análisis procesal, es capaz de formular. Pero, la Cámara ha adoptado un criterio sobre este punto y, en definitiva, no corresponde revisarlo.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, en primer lugar, la interpretación analógica de las normas de derecho público no procede desde la noche de los tiempos.

En segundo lugar, las declaraciones de nulidades a las cuales se ha referido y objetado el Honorable Diputado Señor Yunge, son reconocidas en todos los países del mundo y forman parte de la base del .derecho, de su esencia misma.

En cuanto a la opinión del Honorable señor Ribera, la Cámara se pronunció acerca de la constitucionalidad, pero sólo consideró que no se infringía el Capítulo I de la Constitución. Ahora se plantea una infracción al N° 4 del artículo 19 del Capítulo III, sobre el cual no existe pronunciamiento.

Sin embargo, como el propósito de la Cámara es insistir en su planteamiento y no rever la materia, sin perjuicio de que haré efectivos los recursos que la ley me franquea ante las autoridades competentes, quiero responder al Honorable señor Smok que, con determinada soma, se refiere a la corte celestial. Ojalá alguna vez ambos nos encontremos en ella, pero antes está la voz del pueblo, del país, y espero que lo sostenido tanto por él como por el resto de los Honorables Diputados sea expresado de frente al pueblo y no sólo en esta Sala, porque la votación de la Cámara de Diputados de la semana pasada representa, desgraciadamente, en mi concepto -puedo estar equivocado, pero es mi opinión y mi convicción- un baldón para el prestigio de la Cámara de Diputados. .

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, formulamos indicación, que fue rechazada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con el objeto de permitir a los cónyuges que hayan celebrado el pacto de separación de bienes durante el acto del matrimonio o durante su vigencia, optar al nuevo régimen patrimonial, porque muchas veces, especialmente la mujer -que es a quien se pretende beneficiar-, queda en la indefensión al celebrar dicho pacto sin conocer exactamente sus consecuencias.

Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala y el Consentimiento de la señora Ministra para tratar el artículo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Continúa la sesión.

Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Aylwin.

El proyecto está impreso en el boletín N° 948-07 y figura en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 663 celebrada el 21 de abril de 1993.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en el informe no aparecen indicaciones que se presentaron en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Aylwin emitirá el informe y supongo que consignará ese hecho.

El señor SCHAULSOHN.-

Es que no aparecen en el informe y quizás el Diputado señor Aylwin no consigne ningún hecho.

Quiero saber qué pasó con las indicaciones presentadas al proyecto en la Sala, que no aparecen ni tratadas, ni discutidas, ni votadas, ni aprobadas, ni rechazadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Diputado señor Aylwin emitirá su informe y después el señor Secretario dará la respuesta a ese punto.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, estoy haciendo cuestión de la unanimidad para que se me dé una respuesta satisfactoria.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Secretario va a dar la explicación a lo que usted plantea.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Efectivamente, el Honorable Diputado señor Schaulsohn presentó una indicación al proyecto que modifica la ley orgánica sobre votaciones populares y escrutinios en el momento en que Su Excelencia el Presidente de la República le retiró la "suma urgencia", pero ya estaba informado por la Comisión.

El señor SCHAULSOHN.-

¿Y qué significa eso?

El señor LOYOLA (Secretario).-

Significa que de analizarse hoy el proyecto, o cuando se vea, la Cámara tendría que pronunciarse sobre ella.

El señor SCHAULSOHN.-

Pero si no está en el informe, ¿cómo se va a pronunciar?

El señor LOYOLA (Secretario).-

Señor Diputado, no está en el informe porque la Comisión ya había despachado el proyecto.

El señor SCHAULSOHN.-

Pero, ¿está admitida a tramitación? ¿Es parte del proyecto?

El señor LOYOLA (Secretario).-

Efectivamente, es parte del proyecto.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto tiene por objeto modificar la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios, con el simple fin de legalizar una tradición existente entre nosotros.

El Ministerio del Interior entrega cómputos parciales y finales durante los actos plebiscitarios o en las jomadas electorales, proceso que en la actualidad suele ser bastante largo, lo que provoca que muy a menudo las radios y la televisión informen al respecto con anterioridad.

El artículo 175 bis que agrega el proyecto, señala: "Con el objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Ministerio del Interior emitirá boletines parciales que contengan información respecto de la instalación de las mesas de votación y de la situación de orden público, como, asimismo, sobre los resultados que se vayan produciendo, en la medida en que las mesas culminen su proceso de escrutinio."

En todo caso, las informaciones que entrega el Ministerio del Interior tienen carácter meramente informativo, porque, en definitiva, los resultados oficiales son dados por los colegios escrutadores o por el Tribunal Calificador. Sin embargo, es importante que la opinión pública esté adecuadamente informada el mismo día en que se realiza la elección.

Para hacer más expedito el sistema de informes parciales o finales del Ministerio del Interior, el proyecto establece, básicamente, en cada lugar de votación, la existencia de un funcionario de la administración civil del Estado, que recibirá del respectivo delegado de la Junta Electoral, una minuta con el escrutinio, la que deberá trasmitir de inmediato a dicha Secretaría de Estado.

El sistema actual es más largo, pues el delegado -que es un ministro de fe- recibe la minuta con la cual debe hacer un escrutinio, para entregarlo posteriormente a la respectiva gobernación, que, en definitiva, es la que informa al Ministerio del Interior.

Con el sistema propuesto, habrá un funcionario cuya única misión consistirá en informar los escrutinios al Ministerio.

En la actualidad, el delegado -insisto, es un ministro de fe, normalmente, un notario, un juez o un oficial de registro civil-, repito, sólo recibe un formulario o minuta de escrutinios que le sirve para hacer los cálculos -en lo sucesivo no los hará- que después lleva al Ministerio del Interior.

Si se aprueba la modificación propuesta, el delegado de la junta recibirá dos formularios con la minuta de escrutinios: el primero, le servirá para iniciar todos los trámites legales, ir a la gobernación, y, mandarla al Servicio Electoral, y el otro set le entregará a este funcionario de la administración civil del Estado, quien deberá enviarlo de inmediato al Ministerio del Interior. Con este sistema se conseguirá un trámite más expedito que permitirá que dicha Secretaría de Estado informe los resultados a medida que se vayan produciendo.

Con anterioridad, cuando informaba este proyecto -ocasión en que se acordó remitirlo nuevamente a la Comisión, por lo que éste es el primer informe-, se consultó si este funcionario de la administración civil del Estado iba a tener alguna remuneración. Debo señalar expresamente que no percibirá ninguna remuneración. Por esta razón el proyecto no se sometió a la consideración de la Comisión de Hacienda. Es un funcionario de la administración civil del Estado que será designado por el gobernador y que el día de las elecciones tendrá que instalarse en el respectivo local donde se constituyen las mesas, se realizan las votaciones y se efectúan los escrutinios.

La información que dará el Ministerio del Interior y que será producto de lo que oportunamente le comunique este funcionario, tendrá un carácter meramente informativo pues, insisto, los resultados finales, definitivos y únicos con valor realmente legal, serán los que entreguen los colegios escrutadores y, en su caso, el Tribunal Calificador de Elecciones.

Durante la discusión en la Comisión sólo se presentó una indicación tendiente a modificar el orden en que se dan los escrutinios, en el caso de existir plebiscitos, elecciones de Presidente de la República, de Senadores y de Diputados.

En el sistema actual se entrega primero el acta con el resultado del plebiscito, después el de la elección presidencial, posteriormente el de la de Senadores y, al final, el de la elección de Diputados.

La indicación tenía por objeto modificar este orden. Proponía entregar, primero, el escrutinio de la elección de Diputados, seguir con el de la de Senadores, continuar con el de la de Presidente de la República y si correspondiera, por último, con el del plebiscito. Pero se estimó que no era adecuado modificar la ley orgánica en este sentido, puesto que hay un grado de importancia en las elecciones, y no cabe duda que la de Presidente de la República es la que más interesa a la opinión pública. Además, como es unipersonal, su escrutinio es mucho más rápido.

Por esas razones, la indicación fue rechazada y no sé si fue renovada.

Es todo cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, del informe entregado por el Diputado señor Aylwin, deduzco que la indicación que presenté en la Sala no ha sido analizada ni discutida en la Comisión. Por ello, no veo cómo vamos a despachar el proyecto sin haberla discutido.

¿En qué consiste la indicación? Como los señores parlamentarios recordarán, con motivo de la última elección de concejales, los partidos de la Concertación solicitamos que se dieran facilidades para que existiera la franja televisiva, que corresponde cuando se efectúan elecciones de carácter popular. La ley orgánica constitucional de municipalidades -que posibilitó esta elección- hizo aplicable a la elección municipal todas las disposiciones de la ley sobre votaciones populares y escrutinios que no fueran incompatibles con esa normativa. Sin embargo, el Consejo Nacional de Televisión de la época -en uno de sus últimos actos antes de ser debidamente reemplazado, fruto de las modificaciones legales-, resolvió que no procedía la franja televisiva para elecciones municipales.

A juicio de los partidos políticos de la Concertación, esta resolución -y así fue señalado en los medios de prensa-, era completamente contraria a derecho, porque no había fundamento ni razón alguna que la justificara. La causa por la cual no estaba establecida expresamente en la ley sobre votaciones populares y escrutinios era absolutamente obvia: no existían los concejales al momento de su dictación. Sin embargo, cuando se discutió la ley orgánica de municipalidades en la Cámara y en el Senado, que hizo viable la elección de los concejales y de los alcaldes, se trató este punto. Por eso, se aprobó una disposición amplia que hacía aplicable a la elección municipal todas las normas de la ley sobre votaciones populares y escrutinios. Los partidos de la Concertación recurrieron de protección ante los tribunales en contra de la resolución del Consejo Nacional de Televisión que negó la franja televisiva para las elecciones municipales.

La Corte Suprema, haciendo gala de la expedición que la caracteriza, postergó la decisión del recurso de protección hasta después de efectuados los comicios. Al resolverlo, cuando ya era tarde para todos los efectos prácticos, falló en contra de la presentación de los partidos de la Concertación sobre la base de diversos argumentos jurídicos, uno de los cuales tenía que ver con el hecho de que en la ley no estaba expresamente consagrado ese derecho.

La indicación que he presentado justamente busca establecer con toda claridad en la ley N° 18.700 que la franja televisiva también se aplica a la elección municipal, que es la tesis que los partidos de la Concertación sostuvimos ante el Consejo Nacional de Televisión y, posteriormente, ante la Corte Suprema.

En consecuencia, la indicación pertinente está acogida a tramitación y debería ser aprobada. Por razones que ignoro, no fue estudiada en la Comisión y, por tanto, no forma parte del informe. Pero no está en discusión que la indicación se presentó y, en su momento, el señor Secretario la leerá; me interesaba explicar a la Cámara en qué consistía.

Señor Presidente, con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, considero de la más alta relevancia la indicación presentada por el Diputado señor Schaulsohn, y para emitir opinión, aun cuando su exposición ha sido muy clara, sería conveniente que el señor Secretario leyera la indicación, a fin de adoptar alguna resolución sobre la materia: votarla en esta sesión, o enviar el proyecto a la Comisión. Es importante analizar su trascendencia y ver cómo está redactado.

Hago esta petición porque es necesario proceder con pleno conocimiento de las cosas que vamos a analizar.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación del Honorable Diputado señor Schaulsohn tiene por objeto agregar el siguiente artículo 35 bis, a la ley N° 18.700: "Lo dispuesto en este párrafo se aplicará igualmente a las elecciones de los concejales que integran el Concejo Municipal de que tratan los artículos 61 y siguientes del texto refundido de la ley N° 18.695".

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la indicación es muy simple y busca llenar un vacío legal, considerado como tal por la Corte Suprema, cuando falló en contra del recurso de protección de los partidos de la Concertación. En virtud de ella, se hace aplicable la franja televisiva a la elección de concejales. A mi juicio, no hay razón alguna para que sea de otro modo, por cuanto la esencia de la franja televisiva es, de acuerdo con las reglas fijadas en la ley, el acceso gratuito a la televisión de los distintos partidos políticos, para que informen sobre los principios y postulados de sus candidatos.

¿Qué razón puede haber para que esta norma rija respecto de todas las elecciones populares y no para la de concejales?

La única causa para no haberla contemplado expresamente en su momento es que el constituyente o legislador -por llamarlo de algún modo- previo al restablecimiento del sistema democrático, no tenía en mente la elección de concejales y alcaldes.

Por eso, nos parecía obvia la aplicación de las normas existentes a cualquiera elección nacional, sobre todo porque el proyecto lo disponía así, siempre y cuando las disposiciones no fuesen incompatibles con la nueva legislación. Pero si la Corte Suprema estimó que había un vacío y estamos legislando sobre el tema, éste es el momento de llenarlo. No hay razón ni fundamento alguno para que no exista franja televisiva para las elecciones municipales. Parafraseando el viejo aforismo jurídico, "donde hay la misma razón, debe haber la misma disposición". Si se estima que en las elecciones parlamentarias y presidenciales el acceso a la televisión forma parte de un sistema electoral público y transparente, en que los distintos partidos políticos tienen igualdad de oportunidades en función del porcentaje de votos que representan a nivel nacional, no veo por qué -y ésta fue la tesis que sostuvimos todos los partidos de la Concertación en el recurso de protección- debe hacerse una excepción con las municipales.

Por lo tanto, ha llegado la hora de llenar este vacío jurídico con la aprobación de la indicación. De esa manera, en las futuras elecciones municipales los partidos políticos que participen en ellas también tendrán la oportunidad de hacer uso de este derecho que forma parte de nuestro sistema democrático.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, quiero consultar si estamos en la discusión general o particular.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En la general, señor Diputado.

El señor LEAY.-

Pero este proyecto ya fue tratado por la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se acordó enviarlo nuevamente a Comisión; por lo tanto, seguimos en la discusión general.

El señor LEAY.-

O sea, la Comisión deberá pronunciarse, en su debido momento, si la indicación del Diputado señor Schaulsohn es o no admisible.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Salvo que la Sala decida votarla de inmediato, para lo cual se requiere la unanimidad.

El señor LEAY.-

Es mejor que lo decida la Comisión.

Cuando el proyecto se trató en la Sala por primera vez, manifestamos nuestra posición favorable a la idea de legislar sobre la materia, pero, junto con el Diputado señor Chadwick, formulamos una indicación que regulaba la forma de efectuar los escrutinios.

Como bien explicaba el Diputado informante, y así lo establece la respectiva ley orgánica, en las elecciones presidenciales y parlamentarias, primero se efectúa el escrutinio de la votación para Presidente de la República, después el de la de Senadores y Diputados, y, por último, el del plebiscito, cuando corresponda.

Nuestra indicación alteraba sustancialmente el orden de los escrutinios, básicamente en atención a dos razones que nos parecían valederas, y que figuran en el informe. Como sabemos, el funcionamiento de las mesas puede empezar a las siete de la mañana, pero no todas comienzan a la misma hora. Así que puede haber mesas que se constituyan a las siete, y otras a las 10, a las 11, etcétera. La ley también establece que deben funcionar durante nueve horas a menos que haya sufragado la totalidad de los miembros inscritos en ellas, lo que implica distintas horas de cierre. Y en el caso de una elección de Presidente de la República, si se empiezan a abrir las urnas a las cuatro de la tarde y el Ministro del Interior está facultado para entregar cómputos parciales, ello puede influir en un alto porcentaje de votantes, que aún no han emitido su preferencia.

La segunda razón se basa en que si bien es cierto que los argumentos entregados por el Diputado informante son valederos, en el sentido de que el centro de la elección radica en la del Presidente, asimismo es necesario considerar que se elige un Parlamento, que también es igualmente importante para el país, razón por la cual, una vez concluido el proceso eleccionario presidencial, es posible que se produzca desorden en las mesas. En la práctica se ha apreciado cierta relajación que perjudica el proceso relacionado con la elección de parlamentarios.

Por lo tanto, la indicación tiende a solucionar estas dos situaciones: primero, a evitar la inducción de votos y, segundo, a dar toda la seriedad que requiere la elección de parlamentarios. Si se da vuelta el proceso, la concentración de la mesa llegaría hasta el final.

Estos son los aspectos que nos preocupan, y por eso presentamos la indicación.

No obstante, los seguiremos estudiando cuando se trate el segundo informe.

He dicho.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, en primer lugar, deseo expresar mi apoyo a la indicación del Diputado señor Schaulsohn, porque es inaceptable que se discrimine en materia de información pública en la etapa previa a una elección municipal, y que la indicación presentada por los Diputados de la Concertación al proyecto de ley municipal, aprobado por la Cámara, no contara con los votos necesarios en el Senado para terminar con esta discriminación.

El artículo 175 bis del proyecto en discusión señala: "Con el objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Ministerio del Interior...", etcétera. La opinión pública debe tener, previamente y durante el proceso electoral municipal, toda la información sobre las distintas alternativas y, específicamente, sobre las políticas que ofrecen los diferentes partidos. Por lo tanto, nadie puede discutir que la indicación del Diputado señor Schaulsohn, que respaldamos con entusiasmo, no se vincula con las ideas matrices del proyecto.

En segundo lugar, quiero hacer referencia a una condición establecida al final del inciso segundo del mismo artículo 175 bis, que indica: "... las municipalidades deberán habilitarle, en cada local de votación, desde el tercer día anterior a la elección o plebiscito, un recinto dotado de instalación eléctrica."

Esta norma no toma en cuenta la realidad rural del país, pues hay muchos recintos de votación -incluso de mi provincia- que carecen de luz eléctrica y, por lo tanto, será imposible que cumplan con esta exigencia.

Por lo tanto, presentaré una indicación que diga "en lo posible, un recinto dotado de instalación eléctrica."

Señor Presidente, el Diputado señor Aguiló me solicita una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, quiero hacer un breve comentario sobre la indicación del colega señor Schaulsohn. A pesar de compartir el propósito que la anima considero que podría presentarse alguna duda de carácter formal.

En efecto, la idea matriz del proyecto en discusión, originado en un mensaje, es, simplemente, legalizar -tal como lo planteó el Diputado señor Aylwin- una práctica histórica en nuestro país respecto de las informaciones oficiales emitidas por el Gobierno a través del Ministerio del Interior.

Pero, más allá del aspecto formal, quiero plantear un tema vinculado al contenido de la indicación. Las elecciones municipales de concejales y de alcaldes son de carácter local, los temas en discusión son eminentemente locales. Por lo mismo, es probable que una franja televisiva nacional no atienda en forma adecuada la preocupación de la ciudadanía.

En consideración a que Televisión Nacional, a lo largo del país ya tiene una red de informativos regionales y a que en tres años y medio, cuando se realicen las próximas elecciones municipales habrá televisión privada regional suficientemente extendida, sería interesante que de la indicación del colega Schaulsohn, estudiada con mayor atención, surgiera otra, en el sentido de que esta franja se regionalizara, es decir, que cada red regional de televisión la emitiera, dando a conocer a la opinión pública temas de carácter local, pues la información nacional le dirá muy poco en una elección de esta naturaleza.

Insisto en que, sustancialmente, comparto el espíritu de la indicación del colega señor Schaulsohn, pero como tenemos tres años y medio para corregir esta deficiencia que todavía tiene la ley, probablemente no sea ésta la oportunidad de discutirla. Así, tendremos tiempo de saber si existen las posibilidades de una regionalización de la franja de televisión para las elecciones municipales.

Agradezco la interrupción al Diputado señor Ortega.

Nada más.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, antes que nada quiero llamar la atención de los Honorables colegas, en el sentido de que, tanto en la Cámara como en el Senado, existen diversos proyectos relacionados con la ley sobre votaciones populares y escrutinios. Y lo hago porque ésta es, más que nada, una iniciativa miscelánea que trata un tema específico, y lo que debió hacerse fue englobar en diversas mociones que aún esperan ser tramitadas, las cuales, de fructificar, traerán consigo continuas modificaciones, a goteo, de la ley N° 18.700, con todo lo negativo que ello significa.

En este proyecto debió incluirse la totalidad de las iniciativas presentadas sobre la materia en ambas ramas del Congreso.

Por otro lado, producto de la existencia de proposiciones de diversos parlamentarios, se ha planteado el tema de la información política a través de las franjas televisivas. Este problema aparecerá, también, como consecuencia de las elecciones parlamentarias, que al ser principalmente regionalizadas y distritales y en la medida en que necesiten una televisión capaz de dar información segmentada por regiones, la franja televisiva no beneficiará por igual a la totalidad de los candidatos.

También subsiste el problema, que discutimos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sobre el tiempo excesivo entre la inscripción de las candidaturas y la votación misma. No olvidemos que el 14 de junio se inscriben las candidaturas, y casi seis meses después se realizan las elecciones. Es un plazo muy extenso que mantiene al país en un clima electoral y que inhibe innecesariamente el trabajo parlamentario.

En cuanto al proyecto, debo señalar que, si bien consagra legalmente una situación que existe de hecho, puede ser mejorado mediante la reducción de la cantidad de documentos que utilizarán las personas que efectúen este trabajo en el Ministerio del Interior. Hago notar que aumentamos de dos a tres, o de una a dos, las copias que deben realizarse. En la última elección, diversas personas que efectuaron esta labor manifestaron la necesidad de implementar un sistema más ágil. Quizás un formulario en triplicado, porque advertimos que se dilata el conocimiento del resultado de la votación como consecuencia de la confección de dos o tres formularios en su original, y de no utilizar técnicas más modernas, como duplicados o fotocopias. Se podría mejorar en parte el proyecto, modificando en ese sentido los números 2) y 3) del artículo único, lo que implicaría una agilización en la entrega de la información.

Además, también tengo una duda en cuanto a la conveniencia de que la información que recaben los funcionarios sea remitida directamente al Ministerio del Interior y no a través de las gobernaciones respectivas. Si bien la medida agilizaría el conocimiento nacional de los resultados, dilataría innecesariamente su conocimiento regional y distrital. Por tanto, la solución no es sólo establecer una comunicación expedita-y ágil entre el funcionario respectivo y el Ministerio del Interior, sino que, también, con las gobernaciones en cada caso. Tiene que haber dos fuentes de información distintas. A nivel provincial, gobernaciones, para que en cada una de ellas los candidatos y los partidos tengan un conocimiento cabal del resultado; y, a nivel nacional, un conocimiento centralizado.

Establecer la simplificación del papeleo y dos vías distintas de comunicación, para facilitar el conocimiento provincial y nacional, podría perfeccionar este proyecto, el cual -insisto- es misceláneo, incompleto, y deja afuera muchas mociones que aún esperan su tramitación en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

He dicho.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, las intervenciones de los Diputados señor Aguiló y Ribera especialmente, me ahorrarán muchos comentarios.

Efectivamente, este proyecto apunta a una etapa muy precisa de un proceso eleccionario: a los escrutinios, al último acto, respecto del cual podríamos introducir algunas normas de procedimiento con el objeto de procurar una más rápida información.

Entiendo el fundamento de la indicación del Diputado señor Schaulsohn, apunta especialmente a informar en un proceso eleccionario; pero, junto con reconocer su gran valor -idea con la cual estuvieron comprometidos los partidos de la Concertación que, a través de los recursos judiciales pertinentes, llegaron, incluso, hasta la Corte Suprema-, debo señalar que la discusión de este proyecto no es la oportunidad para plantearla.

Debemos tener presente también que se trata de una iniciativa aislada, que pretende modificar la ley orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios. Por esa razón, aprobaré el texto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y la indicación del Diputado señor Schaulsohn debe discutirse en otro contexto.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, hace rato, después que el Diputado señor Schaulsohn planteó su indicación, pedí la palabra para aclararle que dicha indicación no estaba contenida en el informe porque, simplemente, llegó después de su elaboración. Además, quería señalar que estábamos recién en la discusión general del proyecto y éste era el primer informe, de manera que se podrían presentar indicaciones, y por esa razón, en ningún caso, la del señor Schaulsohn iba a quedar fuera de la discusión.

Con respecto a la indicación misma, me atengo a lo que expresa la idea matriz o fundamental del proyecto: "Formalizar, legalmente, una histórica y aceptada práctica informativa aplicada con ocasión de las elecciones populares, que consiste en que el Ministerio del Interior, a medida que las mesas de votación concluyen sus procesos de escrutinio, procede a entregar resultados parciales y finales de la elección, en base a la información que las propias mesas de votación vayan generando."

En mi concepto, la idea del Diputado señor Schaulsohn, no obstante ser muy interesante y estando de acuerdo con ella, se aparta de las ideas matrices del proyecto. En todo caso, eso lo resolveremos oportunamente.

En los demás, me atengo a lo expresado por los otros señores Diputados.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo con lo expuesto por el Diputado señor Ribera, en cuanto a que en las gobernaciones provinciales también se debe llevar esta información oficial, con el fin de que la ciudadanía conozca, dentro de ese territorio jurisdiccional, los resultados parciales y totales de los escrutinios realizados con motivo de las elecciones de Presidente, Senadores, Diputados y plebiscitos.

En segundo lugar, el artículo 175 bis señala que se designará "un funcionario de la Administración Civil del Estado, que será responsable únicamente de obtener de aquél la información pertinente...".

Pero esta "información pertinente", verbal o escrita, puede ser de muchas clases y referida a ciertos aspectos de la votación o de sus escrutinios, y allí debería precisarse que se trata de la obtención de la minuta a que se refiere la modificación del N° 6 del artículo 54: "Recibir, tan pronto termine cada escrutinio de mesa, los formularios de minuta a que se refiere el N° 7 del artículo 71." Esa es la misión oficial de este funcionario de la administración civil en cada local de votación.

Por último, el artículo 175 bis señala que estos boletines parciales "tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno." En verdad, allí debería hablarse de la prueba frente al Tribunal Calificador de Elecciones, el que posteriormente determina el resultado oficial y proclama los candidatos elegidos. Por esa razón, quizás debería hacerse una referencia al carácter -probatorio o no- de los boletines parciales.

Existe en Tabla, desde hace casi seis meses, el proyecto signado con el número 12, que también propone modificar el artículo 54, en relación con el voto de personas impedidas o enfermas. Como se trata de una sola disposición legal, por economía procesal, si pudiéramos aplicar ese principio a este caso, debería abordarse conjuntamente con este proyecto, a fin de procurar mayor facilidad para que esas personas sufraguen el día de la elección.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Honorable Cámara sobre un punto que no debe pasar inadvertido y que otorga relevancia a la referida indicación.

La Corte Suprema, en los fundamentos esgrimidos para rechazar el recurso de protección presentado por los Partidos Socialista, por la Democracia, Radical y Demócrata Cristiano, señaló que imponer una franja televisiva en las elecciones municipales era lesivo para los intereses económicos de los canales de televisión.

Por lo tanto, se ha abierto una brecha que cuestiona la franja de televisión, no sólo para las elecciones municipales, sino que también para las parlamentarias que se aproximan y que se efectuarán en diciembre próximo junto con la presidencial.

Pero, además -y esto es lo más grave-, la Corte Suprema ha dejado abierta la puerta para la adquisición de tiempo televisivo por candidatos que estén dispuestos y en condiciones a pagar por él.

Me parece que la reflexión más liviana nos tiene que hacer meditar sobre el tremendo desbalance que se generaría en nuestro sistema político si en Chile se permitiera que los candidatos con dineros compren tiempo en la televisión.

Recuerdo a los señores Diputados que, con motivo de la elección municipal, un candidato con recursos utilizó el subterfugio de pasar avisos de sus empresas. Fue el caso del nuevo aliado que hoy tiene el bloque opositor, don Francisco Javier Errázuriz y su partido de bolsillo, la UCC, quien, a propósito de la producción de salmones, se dedicó a promover a los candidatos que presentó a dicha elección.

Otros, optan por promover libros en la televisión, con propósitos políticos velados. La fundamentación jurídica de la Corte Suprema ha abierto una brecha que no podemos dejar de corregir.

En primer lugar, volver a establecer de manera clara e inequívoca que el acceso gratuito de los partidos políticos a la televisión forma parte de las obligaciones de los canales de televisión una vez que obtienen la concesión de la frecuencia para sus transmisiones y, en ningún caso, pueden entender lesionados sus intereses económicos porque no son retribuidos monetariamente por un servicio de utilidad pública. Por lo tanto, el momento para legislar sobre la materia es ahora.

En segundo lugar, no puedo dejar pasar la aseveración del Honorable Diputado señor Ribera, en el sentido de que las elecciones parlamentarias son de tipo regional. Eso no debería repetirse nunca más en este hemiciclo. Los Diputados, al igual que los Senadores, somos parlamentarlos de la República. La división por distritos tiene como propósito única y exclusivamente facilitar su elección de un modo racional.

En el Senado se está discutiendo un tema tangencialmente vinculado a éste: la residencia, porque un parlamentario representa a toda la Nación y es elegido por un determinado segmento geográfico, con criterios de proporcionalidad, pero no son regionales.

Ahora, en cuanto a lo manifestado por el Diputado señor Aguiló, debo hacer presente que el acceso a la televisión no lo tienen los candidatos, sino los partidos políticos legalmente inscritos -así está establecido en nuestro sistema- fundamentalmente para la difusión de sus ideas y principios básicos, porque las elecciones en nuestro país, como en toda democracia, son fenómenos políticos donde se participa a través de partidos o en condición de independientes, que también tienen acceso a la televisión.

De modo que no hay razón alguna para que en una elección municipal no haya una franja a la que tengan acceso los partidos que apoyan a los candidatos –y también los independientes-, con el objeto de mandar un mensaje de carácter general. De hecho, en la elección municipal anterior, la mayoría de los candidatos era de partidos políticos con campañas de tipo nacional, sin perjuicio de los énfasis en programas comunales.

Pero la idea de la franja televisiva es otra y muy distinta. En consecuencia, por el fundamento de la Corte Suprema, por la posibilidad cierta de que hayan candidatos o grupos que quieran pagar avisos en la televisión en esta elección parlamentaria y presidencial, y por la incoherencia jurídica de haberla prohibido para la elección municipal, sólo cabe aprobar la indicación.

Por último, una palabra respecto de si la proposición está o no dentro de las ideas matrices del proyecto.

La Cámara de Diputados debe analizar el tema de las ideas matrices con la amplitud necesaria para legislar con eficacia.

El Ejecutivo, cuando plantea las ideas matrices de un proyecto, no nos limita a los artículos que le interesa reformar. Las leyes son sobre materias y forman un todo coherente. Aquí se trata -como lo ha dicho muy bien el Honorable Diputado señor Ortega-, de perfeccionar la información que tiene la opinión pública respecto de un proceso eleccionario. Ese es el propósito del sistema electoral público. Lo que está puesto en discusión en esta Cámara es la modificación de la ley pertinente en sus distintos aspectos, porque de otro modo, siempre la Cámara sólo podrá presentar indicaciones a los proyectos de ley del Ejecutivo en relación con los artículos precisos que pretende modificar.

Ese puede ser el criterio que la Honorable Cámara decida adoptar, pero me parecería absurdo que como parlamentarios contribuyamos a cercenar aún más nuestras magras facultades legislativas, interpretando restrictivamente las ideas matrices de un proyecto presentado por el Ejecutivo.

El señor Ortega ha leído un párrafo del proyecto de ley que hace perfectamente admisible la indicación. Otro señor Diputado puede leer otro párrafo del mensaje en que aparentemente hace la indicación inadmisible. La opción es nuestra: ¿queremos comportarnos como legisladores con capacidad para incursionar en una materia con amplitud o estamos sólo dispuestos a decir sí o no a lo que este Ejecutivo o cualquier otro, en forma restrictiva, plantee en un momento determinado?

La actual Constitución es tan restrictiva, que respecto de cualquier materia se puede esgrimir que la indicación parlamentaria está fuera de las ideas matrices o escapa a las facultades parlamentarias, pero creo que éste no es el caso. Hay una necesidad de legislar, y antes de la elección parlamentaria no tendremos ocasión de hacerlo -como han sugerido algunos señores Diputados- por la vía de la presentación de otro proyecto. Existe una historia detrás de esta indicación; hay recursos de protección interpuestos por los partidos de la Concertación y si ahora tenemos sobre nuestros escritorios un proyecto de ley por medio del cual podemos corregir el vacío legal, me parece indispensable hacerlo. Por lo demás, no he escuchado argumentos de fondo en contra de la indicación.

Si queremos franja televisiva para las elecciones municipales es el momento de actuar. Si tenemos interés en eliminar cualquier viso de duda respecto de la fundamentación de la Corte Suprema, en el sentido de que se lesionan los intereses económicos de los canales de televisión, ahora tenemos que legislar. Si deseamos terminar con el subterfugio del avisaje de la producción de salmones para promover ideas políticas, ésta es la oportunidad para legislar. La indicación que he formulado es admisible y pertinente, clarifica una materia legal, y me parece que la Cámara no puede sino acogerla ahora, para que continúe su discusión en el Senado donde, naturalmente, se podrá perfeccionar.

Creo que ha llegado el momento de "ponerle el cascabel al gato" en esta materia.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, está fuera de toda duda que las elecciones de Diputados son por distritos y las de Senadores por circunscripciones. Eso no está en discusión, pero para que la propaganda televisiva tenga eficacia para informar a la ciudadanía, necesariamente debe parcelar la información sobre los candidatos, para llegar a cada uno de los electores, porque en las elecciones no hay listas de partidos, sino que los candidatos presentados por aquéllos.

Quiero decir al Diputado señor Schaulsohn que mientras la televisión no esté regionalizada, no es posible implementar fácilmente un sistema de comunicación e información a los electores en materia comunal, y también es difícil mantenerlo para las elecciones parlamentarias.

También le quiero decir al señor Diputado, por su intermedio señor Presidente, que aparentemente, la idea matriz no nos permite accionar en el campo que desea.

Es un tema digno de análisis que no podemos rechazar de antemano, pero considero que lo más conveniente, sin lugar a dudas, es incluirlo en una modificación global de la ley Ne 18.700 y no seguir elaborando proyectos de ley separados.

Hace pocos días, la Cámara aprobó una iniciativa sobre esta misma ley; hoy, discutimos otra y aún esperan su tumo proyectos que en este momento están sometidos al conocimiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Es una muy mala técnica legislativa tratar y despachar proyectos que modifiquen sucesivamente una legislación tan importante.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, me referiré a esta interesante iniciativa para situarla en su exacta perspectiva constitucional. En forma previa quiero mencionar algunos aspectos debatidos sobre las ideas matrices de los proyectos de ley, conforme con los precedentes sentados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, en consecuencia, por esta propia Cámara.

En primer lugar, las ideas matrices de un proyecto son las líneas orientadoras, las ideas fuerzas de un cuerpo legal; pero es posible para el legislador cambiar completamente el articulado propuesto por el Ejecutivo o, en su caso, por una moción parlamentaria, y traducirlas -esas ideas fuerzas- en una forma y en términos distintos a los expresados por el patrocinante de la iniciativa. Este fue el criterio del antiguo Tribunal Constitucional, que rigió bajo el imperio de la Constitución de 1925, cuando aquél tuvo ocasión de estudiar en profundidad lo que eran las ideas matrices.

En consecuencia, debemos sacar de nuestro razonamiento o forma de actuar que la redacción de un proyecto de ley nos ata. En verdad, no podemos apartarnos de las ideas matrices, pero sí del texto de cada artículo.

En segundo lugar, creo que corresponde pronunciarse respecto de la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, a la cual se ha hecho referencia, que recayó en una presentación de los partidos de la Concertación por la Democracia. A mi juicio, ese fallo es erróneo, pues su argumentación y construcción lógica y jurídica entró en un fuerte choque con lo que se discutió en la Cámara de Diputados, con opiniones fundadas.

Los fallos de la Corte Suprema tampoco obligan "ad aeternum", sino que producen -como todos los fallos de los tribunales de justicia- el efecto relativo de la sentencia, que sólo rigen para el caso concreto.

Es menester situar esta proposición del Ejecutivo en su ámbito constitucional, para no dar lugar, en el curso de los procesos electorales, a eventuales debates o contiendas que en un momento determinado podrían ser extraordinariamente explosivas. Porque más allá de lo que diga el legislador en estos artículos, la opinión pública, cuando reciba esos boletines preliminares meramente informativos, como dice este cuerpo legal, va a entender que es la información definitiva y que el proceso electoral, propiamente tal, ha terminado. No comprenderá que, con posterioridad a su consagración, hecha por el Ministerio del Interior a través de este .procedimiento, se modifique el resultado a través de los mecanismos instituidos por la Ley Electoral. Resulta obvio que el legislador debe precaver esa situación. ¿Qué sucederá, no en esta elección, sino en una que se realice a futuro, si se informa que la diferencia de votos es tal y cual, y que determinado candidato ha ganado la presidencia de la República, o que tal postulante a Diputado, en cierto distrito, obtuvo mayoría o que ese aspirante a Senador, en esta otra circunscripción sacó más votos; pero con posterioridad, por los mecanismos de la Ley Electoral se indica un resultado diverso? Obviamente, se presentará un fuerte clima de intranquilidad, incluso de afectación al orden público y a la credibilidad de la institucionalidad vigente.

Enfocado así el tema -y coincido plenamente con la idea de legislar- sería muy conveniente, para prevenir perniciosas consecuencias, y no generar un proceso que puede ser altamente explosivo, que en cada boletín que entregue el Ministerio, se señalara expresamente que esa información no representa ni constituye el resultado definitivo, el que será comunicado por el Tribunal Calificador de Elecciones.

La Constitución, en su artículo 84, prescribe: "Un tribunal especial, que se denominará Tribunal Calificador de Elecciones, conocerá el escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores; resolverá las reclamaciones a que dieren lugar y proclamará a los que resulten elegidos. Insisto: "...proclamará a los que resulten elegidos." Más adelante, abunda en mayores precisiones. Vale decir, en la terminología constitucional, la cual no podemos ni siquiera rozar o afectar a través de este proyecto de ley, quien proclama, quien afirma o le da fuerza a los escrutinios es precisamente el Tribunal Calificador de Elecciones. Es un proceso que se inicia en el escrutinio por mesas, que es el único que va a recoger esa información preliminar; pero continúa a través de la actuación de los colegios escrutadores, nivel en el cual no habrá informaciones, porque éstas se van a circunscribir únicamente a las mesas.

En consecuencia, el colegio escrutador, que no es calificador, sino que sólo recibe actas y suma, en un primer momento podría llegar a un resultado diferente al que arrojó la información dada por las mesas receptoras de sufragios.

Con posterioridad, existe un mecanismo de reclamaciones electorales. Esto hay que decírselo a la ciudadanía; hay posibilidad de reclamar respecto de resultados entregados por las mesas receptoras de sufragios, se puede demandar nulidades o la rectificación de determinados escrutinios. Hay instancias, procedimientos y recursos que no pueden ser dejados de lado.

Finalmente, la ley N° 18.700 nos indica que entra a operar el Tribunal Calificador de Elecciones -momento en que ha pasado bastante tiempo desde el día de la elección, como del instante en que las autoridades del gobierno central dieron su información- para practicar el escrutinio general. "Convocado por el solo ministerio de la ley, tiene que reunirse a las diez de la mañana del décimo día siguiente a la fecha en que se verifique una elección o plebiscito...". Allí está el acto electoral realizado con toda su ritualidad, su formalidad y la liturgia que le es propia y consustancial. Cuando se han planteado reclamaciones, la labor del Tribunal Calificador de Elecciones concluye con una sentencia, y, en seguida, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 108 de la ley N° 18.700,.... "el Tribunal proclamará a los candidatos que hubieren resultado elegidos por resultado del plebiscito, en su caso."

Con estos elementos de juicio, expresado en una muy apretada síntesis, uno puede entrar a analizar este proyecto de ley, situado adecuadamente en su cosmos constitucional. ¿Qué dice la parte esencial de la proposición del Ejecutivo que, hasta este momento no ha sido leída, y que es conveniente conocer para que la Cámara vote con la totalidad de los antecedentes, y para que la opinión pública, que está escuchando este debate, y los medios de comunicación, que van a dar una información adecuada, como siempre, también lo tengan en consideración? El artículo 175 bis propuesto dice: "Con el objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Ministerio del Interior emitirá boletines parciales que contengan información respecto de la instalación de las mesas de votación y de la situación de orden público, como, asimismo, sobre los resultados que se vayan produciendo, en la medida en que las mesas culminen su proceso de escrutinio". La expresión "resultados", de este inciso primero necesita una precisión de carácter conceptual, porque las palabras se van a entender siempre en su sentido natural y obvio. Y cuando alguien habla de "resultados", está señalando que se trata de una conclusión.

En consecuencia, es indispensable que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia trabaje en este punto con mayor acuciosidad.

Es necesario precisar la expresión "resultados", ya que no la vamos a emplear en su sentido natural y obvio, sino que le daremos un significado diverso, porque el resultado, de acuerdo con la Constitución, lo proclama el Tribunal Calificador.

El inciso segundo de la disposición que se agrega indica: "Para estos efectos, los gobernadores provinciales acreditarán, en cada local de votación, ante el respectivo delegado de la Junta Electoral, un funcionario de la Administración Civil del Estado, que será responsable únicamente de obtener de aquél la información pertinente y remitirla al Ministerio del Interior en la forma que éste determine.

Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitarle en cada local de votación, desde el tercer día anterior a la elección o plebiscito, un recinto dotado de instalación eléctrica." O sea, esa persona que se inmiscuye como intruso en el mecanismo electoral queda limitada por la propia norma a un local determinado.

El inciso tercero de la disposición legal que estamos comentando y apoyando, expresa: "Los boletines parciales que dé a conocer el Ministerio del Interior durante el proceso electoral o plebiscitario, y los finales que emita a su término, y que digan relación con los resultados, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno." Aquí hay una frase que pretende precisar las ideas que sostenemos:

"...no constituirán escrutinio para efecto legal alguno."

Sin embargo, el legislador siempre debe ser muy cuidadoso en la redacción de las disposiciones legales, porque la ley, una vez aprobada, adquiere su propia voluntad, independiente de los juicios que pudiéramos haber emitido, se incorpora al sistema jurídico y será interpretada dentro de éste.

Si se analiza minuciosamente este inciso tercero, se concluirá que incluye determinados términos o palabras, cuyo uso puede ser peligroso. Por ejemplo, dice "...y los finales que emita a su término, ..." ¿Cómo va a entender la ciudadanía "los finales" y "su término", que dicen relación con los resultados? ¿No podría plantearse, en caso de resultados realmente estrechos, una controversia que afecte severamente el orden público, bien jurídico que esta norma trata de cautelar y proteger?

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

El Diputado señor Longton le solicita una interrupción.

El señor BOSSELIN.-

Se la concederé con todo gusto, al final de mi intervención.

Daremos nuestra aprobación a este proyecto, a sus ideas matrices, pero hacemos presente que cuando vuelva a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ésta debe tener el mandato expreso de afinar la redacción.

A continuación abordaré el punto planteado por el Diputado Schaulsohn relacionado con su indicación sobre la franja informativa de los canales de televisión. Aquí estamos tratando el tema de la información, de la opinión pública, de los boletines parciales. Además, la norma legal, en forma repetida, utiliza la expresión "información". Lo que reclama el Diputado señor Schaulsohn y quienes apoyan su indicación, es que exista una franja que en el proceso electoral correspondiente permita que la ciudadanía esté suficientemente informada. El propósito de la franja es que, a través del medio de comunicación más importante, más poderoso y con mayor penetración en la siquis de las personas, llegue a su conocimiento toda la información.

En consecuencia, esa indicación concuerda con las ideas matrices. No cabe la menor duda de que es plenamente coincidente con el tenor literal, con el contexto, con el propósito, con el espíritu, con las finalidades de este proyecto de ley, que permitirá respaldar una práctica administrativa que siempre se ha realizado en nuestro país. A través de esta iniciativa, sólo reafirmamos y damos cobertura legal a prácticas administrativas muy recomendables de las autoridades centrales, pero éstas conviene que las situemos en la correcta dirección.

La historia de muchos países consigna convulsiones sociales muy agudas por la discrepancia entre los resultados anunciados por las autoridades del gobierno interior y, con posterioridad, por el Tribunal Calificador. Si mañana se comunica que el Diputado Juan Carlos Latorre, por ejemplo, ganó en su distrito -y estoy cierto de que va a ganar-, ¿qué sucede si el Tribunal Calificador de Elecciones después dice que los resultados llegados a través de las mesas receptoras de sufragios adolecían de defectos, eran erróneos, y termina ganando otra persona? ¿Qué conmoción se va a producir en la comunidad? Obviamente, muy grande. Si proyectamos esto a un Senador o a un Presidente de la República, Dios nos pille confesados si no hemos sido claros y nítidos.

Con la venia del señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Longton, del Partido Renovación Nacional.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, me parece una falta de respeto que el Diputado señor Bosselin nos someta a esta tortura nada más que para ganar tiempo, porque no tienen el quórum suficiente para aprobar la reforma constitucional.

Hay un abuso de confianza por parte de la bancada oficialista, por cuanto autorizamos al Presidente para tratar el proyecto que figuraba en el N° 9 de la Tabla.

Reitero que el oficialismo carece del quórum necesario y está haciendo tiempo, lo cual es inaceptable.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, lo planteado por el Diputado señor Longton no se aviene con el acuerdo de votar el proyecto a las 13.30. El señor Bosselin ha argumentado responsablemente y lo que importa es que votemos a la hora señalada. No se trata de dilatar su discusión, porque suponemos que habrá mayoría para aprobarlo.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, las cosas tienen que decirse como son y no de manera indirecta.

Yo he hecho una exposición razonada, metódica y fundada adecuadamente en textos de carácter constitucional. Si ello representa una tortura o alguien se siente torturado por la lectura de un artículo, de una disposición de la Constitución, en realidad, no puedo solucionar ese problema, y otros profesionales tendrían que hacerse cargo de esta situación muy particular. Estoy cierto de que bajo ninguna circunstancia he abusado ni incurrido en un exceso con mi intervención. Fundar su votación es el derecho más elemental que puede tener un Diputado. Si alguno no hace uso de él, es harina de otro costal. El hecho de que no estudien la materia, como es el caso de quienes me han objetado, se los digo con mucho afecto y cariño, no los autoriza para representar el cargo gravísimo de haber abusado en esta oportunidad, que espero que sea levantado. Se infiere un agravio injusto a un Diputado que, basado en la Constitución, en la ley orgánica del Congreso Nacional y en el Reglamento de la Cámara, ha expresado con bastante profundidad su opinión.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le ruego referirse al tema del debate.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, amonéstelo por no referirse al tema en debate, porque esto no es una chacra.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Continúa con la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, lamentablemente el Honorable Diputado señor Ringeling ha expresado que esto no es una chacra. Le pido que diga qué parte de mi discurso constituye una chacra.

Varios señores DIPUTADOS.-

Toda.

El señor BOSSELIN.-

Es muy fácil agraviar sin fundamento.

Antes de concluir mi intervención, concedo una interrupción al Honorable Diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, ojalá que el Diputado señor Bosselin me rehabilite antes de terminar su intervención, ya que me objetó, con motivo de un alcance al Tribunal Calificador de Elecciones y me dejó en una situación inconveniente.

Gracias.

Artículo único

1. De los señores Schaulsohn y Ortega para intercalar el siguiente N° 1), nuevo:

"1) Agrégase el siguiente artículo 35 bis:

"Artículo 35 bis.- Lo dispuesto en este párrafo se aplicará igualmente a las elecciones de los concejales que integran el concejo municipal de que tratan los artículos 61 y siguientes del texto refundido en la ley N° 18.695.".

2. Del señor Ribera para sustituir el N° 2), por el siguiente:

"2) Reemplázase el N° 15) del inciso segundo del artículo 55, por el siguiente:

"15) un formulario en triplicado de cada elección o plebiscito;".

3. De los señores Chadwick y Leay para intercalar el siguiente número 3), nuevo:

"3) Sustitúyese el inciso primero del artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- Si hubiere de practicarse más de un escrutinio, primero se realizará el de Diputados, luego el de Senadores, luego el de Presidente de la República y, por último el de plebiscito.".

4. Del señor Ribera para reemplazar el N° 3), por el siguiente:

"3) Sustitúyese en el N° 7 del artículo 71, las palabras "una minuta con el resultado" por "una minuta en triplicado con el resultado".

5. Del señor Ortega para intercalar en el inciso segundo del nuevo artículo 175 bis, a continuación de la palabra "plebiscito", la expresión "en lo posible".

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del nuevo informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, constituida en comisión investigadora del cumplimiento del Convenio y sus acuerdos y consecuencias posteriores entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, ESO.

Para este efecto, se destinará hasta una hora treinta minutos, sin perjuicio del tiempo que utilice el señor Diputado informante, don Jorge Pizarro.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, en cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Honorable Cámara de Diputados en sus sesiones de los días 27 de enero, 17 de marzo y 7 y 14 de abril de 1993, la Comisión de Relaciones Exteriores efectuó una investigación del cumplimiento de los convenios internacionales celebrados por el Gobierno de Chile con la Organización Europea para, la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, ESO, con el objeto de que ella establezca un observatorio astronómico en el país.

La investigación tuvo su origen en un proyecto de acuerdo presentado en la Sala por los Diputados señores Elizalde, Galilea, García, don René; Hamuy, Matthei, doña Evelyn; Molina, Munizaga y Urrutia, a través del cual propusieron a la Honorable Cámara solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la celebración de un acuerdo internacional complementario del Convenio de 1963, que autorizó construir, equipar y mantener el observatorio astronómico de La Silla, en la Cuarta Región, con el objeto de regular, conforme a derecho, la instalación y operación de un nuevo observatorio astronómico, ahora en el cerro Paranal, de la Segunda Región.

En el proyecto de acuerdo, además, se planteó la necesidad de resolver los problemas laborales que afectan a los trabajadores chilenos contratados por dicha organización internacional y también los que afectan a la comunidad astronómica nacional, por la falta de garantía para tener un tiempo de observación para los astrónomos chilenos, que otros países anfitriones de observatorios internacionales han estipulado en los respectivos convenios de sede.

Asimismo, se estableció que la eventual incorporación de nuestro país como Estado miembro de la ESO debería contemplar una justa evaluación de las donaciones beneficios, inmunidades, prerrogativas, privilegios y facilidades otorgados por el Gobierno de Chile para el funcionamiento del observatorio que la organización mantiene en el país, y en forma especial, las ventajas comparativas que ofrecen los cielos y el territorio chilenos para la observación astronómica, de manera que Chile quedara liberado de cualquier pago, ya sea por concepto de incorporación o de cuotas de inversión, equipamiento y funcionamiento de la Organización.

En las distintas reuniones que efectuó la Comisión en los meses de marzo y abril, se recibieron antecedentes orales y escritos de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación, de los municipios de La Higuera y de Antofagasta; de expertos de la Facultad de Física de la Universidad Católica de Chile, del director del observatorio Las Campanas, del sindicato de trabajadores de la ESO y otros relacionados con el estatuto jurídico de la organización y con los principales problemas que se han detectado durante su funcionamiento en el país.

La Comisión acordó proponer a la Honorable Cámara que, en reemplazo del proyecto de acuerdo reseñado anteriormente, se adopten las conclusiones que en los aspectos jurídicos, laborales, científicos, tributarios, mineros y administrativos, relacionados con el funcionamiento de la ESO en Chile, debieran ser transmitidas a Su Excelencia el Presidente de la República, para que se sirva tenerlas presente en las negociaciones que se celebrarán con dicha organización internacional, lógicamente, para mejorar las condiciones en que nuestro país ha estado cooperando con ella en el desarrollo de sus actividades de investigación astronómica, ya sea mediante la celebración de un acuerdo modificatorio del Convenio de 1963, o la firma de un acuerdo complementario.

La Comisión, además, sostiene que si las negociaciones son inconducentes a tal mejoramiento, procedería que el Gobierno hiciera uso del derecho a denunciar el citado Convenio, conforme lo contempla el inciso quinto en su artículo II.

Se insiste también en la oportunidad y urgencia de que la Cámara entregue estas opiniones al Gobierno para que sean consideradas en todo el proceso de negociaciones que se está llevando a cabo.

La Comisión negociadora chilena ha tenido reuniones con los representantes de la ESO, por lo que es muy importante que el informe sea aprobado por la Cámara.

Las conclusiones a que llegó la Comisión, son las siguientes:

A) En el plano jurídico:

1.- Comparte el criterio expresado en los informes jurídicos emitidos sobre la nulidad de los actos jurídicos relativos a las ampliaciones, correcciones o complementaciones que se han hecho respecto del Convenio inicial, en forma muy particular y especial, del decreto supremo del Ministerio de Bienes Nacionales N° 861, de 1988, puesto que ellos no reúnen los requisitos exigibles para su aprobación.

2.- Afirma que existen antecedentes que permitan sostener que la ESO está autorizada por la Convención de París, de 1962, y por el Convenio de 1963, para construir y operar en Chile sólo un observatorio astronómico; por tanto, para que pueda establecer otro, se requiere que sean modificados, derechamente, ambos instrumentos por sus respectivas partes.

En Chile dichas modificaciones deben ser aprobadas por el Congreso Nacional, conforme con los procedimientos que la Constitución Política establece en su artículo 50, N° 1, para la sanción legislativa de los tratados internacionales.

Además, se ha detectado que la ESO no ha cumplido cabalmente con el compromiso de instalar la sede central de sus actividades en el terreno donado por el Gobierno de Chile en 1964, en la actual comuna de Vitacura.

En consecuencia, se concluye que es absolutamente necesario que el Gobierno chileno, en resguardo del patrimonio nacional, revise con la ESO las condiciones en que le ha transferido terrenos para el desarrollo de sus actividades. Así, por ejemplo, la donación del cerro Paranal debe necesariamente sujetarse a los términos del decreto supremo original del Ministerio de Bienes Nacionales que llevó el N° 643, de 1988, en cuanto a que se debe estipular, claramente, que el donatario no podrá transferir el bien objeto de la donación a ningún título.

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión ha estimado que existen antecedentes que podrían llevar al fisco de Chile a solicitar la nulidad del decreto supremo N° 861, de 1988, del Ministerio de Bienes Nacionales, que dispuso la transferencia gratuita de terrenos de una superficie total ascendente a 72.500 hectáreas, en el lugar denominado cerro Paranal, en condiciones especialmente ventajosas para la ESO y contrarias a las establecidas en el decreto supremo N° 643, de 1988, del mismo Ministerio, cuya derogación dispuso el referido decreto N° 861.

B) En el plano laboral:

Otra de las grandes preocupaciones señaladas en el informe de la Comisión -que producto del proyecto de acuerdo transformó a la Comisión de Relaciones Exteriores en Comisión investigadora para estos efectos-, se refiere a las situaciones producidas en el plano laboral. En ese contexto, concluye que debe exigirse a la ESO el cumplimiento de la ley chilena respecto del personal local, tanto en su representatividad ante la Organización, como en el reconocimiento de la existencia legal del sindicato y fuero de los dirigentes sindicales; lo mismo que la autoridad de los representantes del Ministerio del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales chilenas.

Abona esta conclusión el hecho de que la ESO está obligada por los artículos V y XXII del Protocolo Multilateral sobre Privilegios e Inmunidades, suscrito por sus Estados miembros, en París, de 1962, a observar en sus relaciones laborales precisamente los principios antes enunciados y, sucesivamente, aprobados por la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

C) En el plano científico:

La Comisión propone apoyar los planteamientos de la Comunidad Científica

Nacional en orden a obtener, perentoriamente, en forma inmediata o gradual, a lo menos el 10 por ciento del tiempo de observación, con el objeto de que la ESO contribuya efectivamente al desarrollo de la astronomía en Chile; sin perjuicio de contemplar su colaboración en el intercambio académico y el financiamiento de actividades académicas en Chile.

En el evento de que la cooperación científica sea una consecuencia de la incorporación de Chile a la ESO como Estado miembro, las donaciones, beneficios, inmunidades, prerrogativas, privilegios y facilidades otorgadas por el Gobierno de Chile y, en forma especial, las ventajas comparativas que ofrecen los cielos y el territorio chileno para la observación astronómica, debieran ser reconocidos como la contribución de Chile a la ESO, quedando nuestro país, de acuerdo con las conclusiones de este informe, liberado de cualquier pago, ya sea por concepto de incorporación o de cuotas de inversión, equipamiento y funcionamiento de la Organización.

D) En el plano tributario:

La Comisión concluye que las franquicias establecidas en favor de la ESO sólo deberían abarcar la internación y adquisición del material necesario para la investigación científica que realiza dicho organismo.

Tratándose de la exención arancelaria contemplada en beneficio de los funcionarios internacionales de la ESO, se sostiene que sólo debiera comprender una partida de bienes personales del funcionario y su familia.

E) En el plano minero:

Se propone solicitar algunos antecedentes al Presidente de la República para los efectos de que esta Corporación pueda tener información sobre dos materias:

1.- Acerca de los perjuicios que pudieren haber sufrido los terceros que tenían o tienen inscritas pertenencias mineras en los terrenos transferidos a la ESO, y

2.- Acerca de los antecedentes científicos que sirvieron de fundamento para determinar la amplia extensión de los terrenos en los cuales se prohíbe desarrollar actividades mineras, en protección de la observación astronómica que realiza la ESO.

F) En el plano administrativo:

Se sugiere que debe exigirse el cumplimiento y regularización de los permisos que en el orden normativo interno se requieren para las obras y construcciones que la ESO ha efectuado en el país.

Como última conclusión se acordó proponer a la Honorable Cámara, que faculte a la Comisión de Relaciones Exteriores para emitir un informe complementario, con posterioridad a la fecha en que el Gobierno de Chile y la ESO concluyan las negociaciones relacionadas con las materias de este informe.

El informe de la Comisión y todas las conclusiones fueron aprobadas por unanimidad, salvo el voto en contra del Diputado señor Guzmán, fundado, en lo sustancial, en que la ESO tiene derecho, como toda organización internacional e intergubernamental, a contar entre sus funcionarios a personal regido por un estatuto interno que contemple el recurso al Tribunal Administrativo de la OIT, como mecanismo para la solución de las controversias, con exclusión de la jurisdicción local del país sede.

Por acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores, este informe fue entregado al Canciller, y producto de la necesaria oportunidad con que debería ser hecho, también fue dado a conocer públicamente, en el entendido de que será esta Corporación la que tendrá que aprobarlo o rechazarlo en última instancia.

Es cuanto puedo informar.

El señor GUZMAN.-

Señor Presidente, el Diputado informante ha expuesto claramente cuáles son los problemas que la Comisión investigadora detectó en el Chile y la ESO, publicado en el Diario Oficial del 4 de abril de 1964.

En ese Convenio se reconoce a ESO las mismas inmunidades, prerrogativas, privilegios y facilidades que el Gobierno de Chile da a la Cepal en Chile.

En los años siguientes, el convenio inicial ha tenido sucesivas modificaciones y ampliaciones, las que culminan con la donación del Paranal por el fisco de Chile con una superficie de 72.500 hectáreas para la instalación del gran telescopio.

Los problemas que se han presentado, fundamentalmente sobre la base de los antecedentes vistos en la Comisión, son:

En el convenio inicial se autoriza la instalación de un observatorio ¿Qué se entiende por un observatorio? El actualmente instalado de Lá Silla. ¿Y el del cerro Paranal sería otro observatorio? Es una de las primeras dudas que tiene que analizarse en las conversaciones que sostiene el Gobierno con la ESO.

¿Qué estatuto rige la relación laboral de funcionarios chilenos con el organismo internacional? Hay antecedentes en que las inmunidades otorgadas le permitirían tener un sistema distinto, sin la participación de la Inspección del Trabajo chilena. También hay informes en contrario.

Este es un punto que se debe aclarar en las conversaciones, que se llevan a cabo entre el Gobierno y la ESO.

En lo relativo a las facilidades de uso e instalación a nuestros profesionales y tiempo de observación, no hay nada que obligue a la ESO disponer de tiempo para observación de los funcionarios chilenos.

Es importante que en las conversaciones se acuerde dejar un porcentaje de tiempo para estos profesionales, que hemos estimado debe ser 10 por ciento.

Los que más nos preocupan es la donación del cerro Paranal que son 72.500 hectáreas, mediante el decreto 861, de 19 de octubre de 1988, y que se formaliza con la escritura firmada el 21 de noviembre de 1988.

A nuestro modo de ver, ¿cuál es el problema fundamental en este instrumento?

El fisco de Chile entrega 72.500 hectáreas a la ESO, a título gratuito, con una prohibición de enajenar por solo cinco años, que expira en octubre de 1993. En esa oportunidad, la ESO puede determinar irse del país y negociar, parcelar o explotar las pertenencias mineras allí existentes. Eso creemos que es de vital importancia, sobre todo por los antecedentes tenidos a la vista, ya que el 9 de agosto de 1988 ingresó a la Contrataría General de la República el decreto supremo 643, de 1968, el cual fue rechazado porque su letra a) era contradictoria con su letra c).

Su letra e) deja expresa constancia que las mejoras, instalaciones e infraestructuras que allí se introduzcan, quedarán a total beneficio del fisco, si la ESO por cualquier causa, razón o motivo, haga abandono de ellas o del país.

Esta determinación, que consideramos importante hubiera quedado establecida en la escritura y en el decreto N° 861, se eliminó de ambos documentos. A pesar de que también opinamos que los trámites que debían llevarse a cabo no fueron cumplidos a cabalidad, al no estar refrendados por el Poder Legislativo del momento, y tratándose de una donación del Gobierno de Chile a una organización intergubernamental, estimamos conveniente recomendar a Su Excelencia y a la comisión negociadora que hagan especial hincapié en que, tanto el decreto N° 861 como la escritura deben ser modificados, a fin de salvaguardar los intereses del fisco, en caso de que la "ESO", por cualquier circunstancia, abandone el país.

También consideramos conveniente revisar los privilegios tributarios que se le concedieron. Tenemos antecedentes de que son muy considerables las exenciones que otorgó el Gobierno chileno. Por lo tanto, la Comisión acordó enviar sus conclusiones al Presidente de la República, a fin de que sean consideradas en las negociaciones que mantiene nuestro Gobierno con la ESO.

No tenemos inconveniente en que se instale el observatorio, pero consideramos que mediante la corrección o la firma de un nuevo convenio entre la ESO y el Gobierno de Chile, se incorporen nuestras observaciones, que consideramos de gran interés para el país y para que no se produzcan nuevos problemas -como los que ya han ocurrido- entre la ESO con sus funcionarios y con el Estado chileno, producto de las diferentes interpretaciones del convenio inicial, que ha debido ampliarse a través de notas verbales.

En consecuencia, las conclusiones entregadas, de ninguna forma contienen la intención de que la ESO abandone nuestro territorio o de que no desarrolle sus actividades en Chile. Muy por el contrario, sólo tienden a subsanar los problemas puntualizados y a que el Gobierno los considere al firmar un nuevo convenio o al efectuar las ampliaciones y correcciones necesarias.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, estamos en presencia de una materia que excede los ámbitos partidista y regional, que incluye una sucesión de errores y negligencias que llenan un período importante de nuestra historia reciente y dañan la imagen de personas e instituciones que no tuvieron la visión necesaria para intuir las consecuencias de su imprevisión.

Chile fue generoso en exceso; prácticamente regaló valiosos terrenos para la instalación del gran telescopio de La Silla; liberó de tributos a países europeos, y en un gesto también muy chileno, concedió franquicias a los extranjeros que los operaban.

En esta acción no veo gérmenes de mala fe; sino, más bien, inexcusable ingenuidad y poca valoración por el aporte de nuestro país a naciones extranjeras sin recibir la retribución adecuada. Los artífices de los convenios creyeron que de esta manera hacían una gran contribución al desarrollo del ser humano y al conocimiento del universo. Pero no advirtieron que la ciencia no siempre está ajena a las debilidades humanas y no pensaron, por ejemplo, que también era necesario dar a nuestros científicos la posibilidad de asomarse a las estrellas, como lo hacían todos los países del mundo.

Tampoco apreciaron el privilegio que nos otorgó el Creador de contar con los cielos más puros y limpios que alumbran la tierra y nos olvidamos, incluso, de los trabajadores chilenos, quienes han tenido que soportar un trato inadecuado y han debido golpear las puertas del Parlamento para lograr el que les corresponde y se exija a sus patrones el cumplimiento de la legislación laboral chilena.

Es bueno insistir en que Chile donó 3, 4 hectáreas en Vitacura; en que transfirió, por 8 mil dólares, 62 mil 700 hectáreas en la Cuarta Región; en que eximió del pago del IVA a la ESO, y en que regaló 72 mil 500 hectáreas en la Segunda Región, donación que adolece de evidente nulidad, por las razones ya expuestas.

En estas condiciones, nuestros científicos -insisto- no han tenido ni siquiera la posibilidad de gozar de las garantías y privilegios que todas las naciones que han celebrado convenios de esta especie han otorgado a los del país anfitrión. En Chile, los observatorios de Las Campanas y de cerro Tololo lo reconocen, y en Europa, con mejor criterio que en Chile, por ejemplo, los ubicados en España, reservan un 20 por ciento de telescopio para sus astrónomos españoles, como lo recuerda la Pontificia Universidad Católica de Chile en su comunicación recibida en nuestra Comisión de Relaciones Exteriores.

El informe emitido por dicha Comisión es de claridad meridiana y los Diputados radicales y socialdemócratas adherimos a él. Debemos resguardar el interés nacional. Por ello, sugerimos que se inicien todas las acciones tendientes a que se revisen los documentos suscritos, se estudien y se deduzcan las nulidades que procedan, para impedir que hechos tan graves como los denunciados por el señor Diputado informante sigan produciendo el daño que la Cámara de Diputados debe procurar evitar.

He dicho.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, como lo señaló el Diputado informante, en enero de este año, un grupo de Diputados de distintas bancadas presentamos un proyecto de acuerdo para solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que tomara las medidas conducentes a la suscripción de un acuerdo complementario, o a la modificación del Convenio de 1963, suscrito por el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica del Hemisferio Austral, ESO, con el objeto de solucionar los problemas pendientes. Entre estos, cabe mencionar los siguientes:

En primer lugar, el desamparo laboral de los trabajadores chilenos que no pueden acogerse a nuestra legislación y, en consecuencia, se ven desfavorecidos en el trato con la empresa, situación que pudimos comprobar los parlamentarios de la zona: Baldo Prokuriqa, de la Tercera Región; Jorge Morales y quien habla, de la Cuarta, y la Diputada señora Evelyn Matthei, que visitó esas regiones y que ha estado interiorizada de los problemas originados por el Convenio aludido, de 1963.

En segundo término, la ausencia del acceso garantizado de los astrónomos chilenos al porcentaje de tiempo de observación que otras organizaciones internacionales otorgan en la actualidad.

En tercer lugar, los problemas relacionados con las faenas mineras, respecto de las cuales el decreto supremo N° 584, de 1967, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ordena cumplir como ley de la República el Acuerdo Complementario del Convenio de 1963, que dispone que no podrán ejecutarse labores mineras sin permiso del Jefe del Estado de Chile, en el lugar donde quede instalado el observatorio del cerro La Silla, comuna de La Higuera, y en los terrenos circundantes de la Cuarta Región. Como es de conocimiento público, la comuna de la Higuera y los terrenos que la rodean, que corresponden a las provincias de Elqui y a la comuna de Vallenar, son zonas eminentemente mineras, de modo que este Convenio ha perjudicado notablemente el desarrollo de dicha actividad en las dos regiones.

En el proyecto de acuerdo también se solicita regular adecuadamente las instalaciones y operación del nuevo observatorio del cerro Paranal, en la Segunda Región, para que no ocurran allí los mismos inconvenientes del observatorio del cerro La Silla, algunos de los cuales ya se han detectado.

Por último, se hace un alcance sobre el régimen de liberaciones tributarias que favorecen a la ESO, las cuales parecen excesivas.

Se estimó que todas las medidas solicitadas eran pasos previos para contestar la invitación de incorporar a Chile como país miembro de la ESO.

Esta inquietud surgió a raíz de los planteamientos hechos por los propios trabajadores de la organización, por científicos, mineros y vecinos, los cuales hemos creído de justicia que deben considerarse.

La Comisión de Relaciones Exteriores recogió nuestras principales aprensiones respecto del Convenio de 1963, y las conclusiones a que llegó serán un importante aporte para las negociaciones que desde el 20 de abril pasado el Gobierno de Chile realiza con la ESO, y servirán en forma efectiva para mejorar las condiciones en que dicha organización opere en el futuro.

En consecuencia, aprobamos el informe y sus conclusiones, y esperamos que la autoridad los tenga presente en sus negociaciones con la ESO, para asegurar el desarrollo científico en armonía con los derechos de los trabajadores, de los mineros y de la comunidad científica, cuidando, de igual manera, el medio ambiente de las áreas que se conceden a la organización europea para que cumpla sus propósitos.

He dicho.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, naturalmente comparto el informe que votamos en forma favorable en la Comisión, en relación con el tema de la ESO.

Existen algunos matices respecto de las intervenciones de algunos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra.

Nuestra investigación en la Comisión de Relaciones Exteriores respecto del cumplimiento del Convenio, sus acuerdos y consecuencias posteriores entre el Gobierno de Chile y la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral, ESO, nos llevó a concluir que existen graves irregularidades en el funcionamiento de la organización en Chile.

En primer lugar, coincidimos que existe una serie de actos jurídicos nulos, considerándose como tales todos los derivados de gestiones poco claras que efectuó la ESO con el gobierno anterior relacionadas con la dictación del decreto supremo N° 861, de 1988, el cual, en el fondo, modifica el Convenio original que posibilitó la instalación de la ESO en Chile.

El tema central de la nulidad se originó en el sucesivo intercambio de notas que implican claramente una modificación del Convenio inicial, lo cual no fue sancionado por el Poder Legislativo de la época, la Junta de Gobierno, ni tampoco sometido a la consideración de este Parlamento.

Aparte de que estas modificaciones no fueron sancionadas por el Congreso Nacional -trámite contemplado en las Constituciones de 1925 y de 1980- se desprende que la ESO vulneró el acuerdo al iniciar la instalación de un segundo observatorio, para lo cual no tenía autorización, puesto que el Convenio original señala que el instrumento se suscribe sólo para la instalación de un observatorio de la ESO en Chile: el del cerro La Silla.

Si se revisa la historia fidedigna de la aprobación de los convenios originales, a través del debate parlamentario ocurrido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la época, se comprueba que los parlamentarios aprobaron -y así lo señalaron categóricamente- un convenio que permitía la instalación de un solo observatorio y no de dos, situación con que nos hemos encontrados y a la cual me referiré a continuación.

Existe, entonces, nulidad de una serie de actos jurídicos, que son todos aquellos que, a mi juicio, infringen el Convenio original que permitió la instalación de la ESO en el país.

Por otra parte, la ESO ha cometido irregularidades en cuanto a no respetar el estado de derecho existente en el país y, particularmente, la legislación laboral.

Expulsó a dos dirigentes sindicales, impide la posibilidad de que sus trabajadores se reúnan libremente y hagan uso de los mínimos derechos sindicales.

Como resultado de diversas conversaciones, lo único que se ha logrado es que se congele el despido del presidente y del tesorero del sindicato. Todos los informes de la Dirección del Trabajo señalan que la ESO y su personal extranjero radicado en Chile, han vulnerado la legislación laboral chilena y se niegan a someterse a las normas jurídicas que rigen las relaciones entre los trabajadores y la empresa.

Además, ha demostrado una evidente mala disposición para aceptar una vez instalados los observatorios en los terrenos donados la participación de científicos y astrónomos chilenos para desarrollar las investigaciones que se determinen. Esta es una situación muy particular, puesto que hay otros observatorios como los del cerro Tololo y de las Campanas, que permiten que científicos de universidades chilenas, realicen sus investigaciones en ellos.

Pensamos que esta actitud de la ESO implica una conducta a un ánimo que nos parece vulnera el respeto que se nos debe como país. Evita que nuestros astrónomos y científicos accedan a lo que Chile en parte, también contribuyó a instalar.

Asimismo, la ESO ha obtenido de Chile los siguientes privilegios, inmunidades y donaciones:

Se le entregó en venta simbólica, 8 mil dólares en terrenos de la Cuarta Región, que incluye, incluso, la cima del cerro La Silla, para el observatorio original.

Se le donó 72.500 hectáreas del cerro Paranal en la Segunda Región, que equivalen a casi la superficie de la Región Metropolitana. Se le donó 3,39 hectáreas de terreno en Vitacura para sus oficinas centrales.

Se le declaró exenta del impuesto a la renta y del territorial de compraventas por los materiales que se adquieran para la construcción, del impuesto establecido en el Título II del decreto ley N° 825, de 1974, IVA, por la adquisición de bienes o utilización de servicios destinados a la construcción, equipamiento y alhajamiento de sus oficinas y dependencias en general, como también por la adquisición de bienes o utilización de servicios necesarios para la operación de sus observatorios.

De igual beneficio goza respecto del impuesto fijado en la letra d) del artículo 6° de la ley N° 18.502, que grava las compras de petróleo diesel destinado a las operaciones del observatorio.

Está exenta de los impuestos que dispone el artículo único de la ley N° 15.174, modificado por el artículo 11 de la ley N° 17.182, que permite que los observatorios gocen del mismo régimen, prerrogativas y facilidades que contemplan los convenios vigentes con organismos internacionales en general.

Otra de las irregularidades cometidas por la ESO en Chile fue que no solicitó permiso municipal para los trabajos de construcción de sus observatorios. Tenemos conocimiento de que al respecto han señalado que si, originalmente, la intendencia, el Ministerio de la Vivienda u otros no les pidieron autorizaciones municipales o permisos administrativos, menos podrían solicitarlos en la actualidad.

De modo que sus construcciones tienen un privilegio adicional: se ejecutaron sin ningún permiso.

Pero como si fuera un caso de Ripley, además hay otra irregularidad. La última donación que efectúa el país a la ESO, y que dice relación con 72.500 hectáreas de terrenos del cerro Paranal, en la Segunda Región, adolece de un vicio de nulidad.

Un informe del Seremi de Bienes Nacionales de la zona indica que ese sitio de la comuna de Taltal se superpone por las inscripciones de dominio de que es titular un privado: la sucesión Latorre. Es decir, los descendientes del Almirante Latorre son propietarios en gran medida de las donaciones que en su oportunidad hizo el fisco, desconociéndose su existencia, en los actos jurídicos efectuados.

Señor Presidente, el Diputado señor Valenzuela me solicita una interrupción que se la concedo con su venia.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, como el Diputado señor Dupré ha tocado el tema, aprovecho la oportunidad para solicitar que se remita un oficio al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que inicie las acciones tendientes a obtener la nulidad del decreto supremo N° 861, de 1988, a que se ha hecho mención, porque la donación se otorgó bajo la condición de que en el plazo de cinco años -el cual ya está cumplido- se efectuara una serie de construcciones que no se han hecho.

Además, tengo información de que herederos de la sucesión Latorre, dueños del referido terreno, han presentado los títulos correspondientes y piensan demandar al fisco chileno, -si es que no lohan hecho- para que les cancele el valor de las 72.500 hectáreas. De manera que si no se obtiene la nulidad del citado decreto, que cedió en forma gratuita a la ESO el terreno señalado, el fisco chileno debería pagar a esos particulares su valor.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, para información del Diputado señor Valenzuela, el 11 de enero de este año, la sucesión Latorre inició una acción judicial ante los tribunales, a fin de solicitar la rectificación de la inscripción de dominio y la restitución del bien raíz. Se indica en la presentación que el lote número 2 del lugar denominado cerro Paranal, de la comuna de Taltal, se superpone a las inscripciones de dominio de las que es titular la sucesión Latorre. Son hijuelas de propiedad de los descendiente del Almirante don Juan José Latorre, quien adquirió la antigua estancia Paposo, en ventajosas condiciones que le otorgó el fisco por sus extraordinarios servicios prestados a la Patria en el siglo pasado.

La sucesión ha solicitado al Ministro de Bienes Nacionales la rectificación de la inscripción del dominio que indica y la restitución del bien raíz, o, en subsidio, el pago de las indemnizaciones correspondientes.

El Secretario Regional Ministerial de esa región revela en el informe esta nueva irregularidad cometida durante el gobierno anterior, en cuanto a la donación del cerro Paranal, y dice que la situación anterior se originó en la forma genérica con que se practicó, a fojas 41, vuelta número 44, de 1977, la inscripción global fiscal de la citada comuna, que sirvió de antecedente para efectuar la transferencia gratuita a la ESO, sin que se estableciera expresamente en ella que la inscripción del dominio global era sin perjuicio de las propiedades particulares que pudieran existir en la superficie que abarcaba, ni menos se detallaron como en estricto rigor debió hacerse.

No quiero extenderme en la materia.

Sólo deseo dejar muy claro que, en nuestra opinión, aquí hay actos nulos y graves, irregularidades y que de parte de la ESO existe una situación de vulnerabilidad respecto de sus gestiones para lograr cambiar o modificar el tratado inicial.

Además, de su parte hay una actitud de franco abuso de la legislación chilena en materia laboral y de uso de los privilegios e inmunidades. No se ha respetado absolutamente nada de la legislación municipal, en cuanto a permisos y a otros actos administrativos que se requieren para las instalaciones del cerro Paranal y del observatorio La Silla.

Damos nuestra aprobación al informe y esperamos que la Comisión de Relaciones Exteriores, continúe atenta a las conversaciones iniciadas al respecto, entre el Gobierno y la ESO, y que se concrete lo señalado por el Diputado señor Valenzuela para anular el decreto N° 861, de 1988.

He dicho.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, los colegas Diputados se han referido suficientemente al tema y me parece que la situación ha quedado muy clara.

Sin embargo, deseo puntualizar lo siguiente:

El 5 de octubre de 1962 se firmó en París un convenio entre Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Suecia, para la creación de la denominada Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral y a la cual nos referimos con la sigla ESO. El objetivo de esta organización es el estudio del universo desde el hemisferio sur. Como Europa está situada en el hemisferio norte, la instalación de un observatorio astronómico, necesariamente tenía que hacerse en otro continente.

A raíz de las excelentes condiciones de transparencia del cielo y, sobre todo, del gran número de noches despejadas que hay en nuestro país, y específicamente en la Cuarta Región, la ESO decidió instalar en Chile su único observatorio. Pero, previamente, se realizaron muchas mediciones en diferentes lugares y las ventajas comparativas de Chile eran evidentes, puesto que aquí había 300 noches despejadas en las que se podía hacer observación, y en Sudáfrica, por ejemplo, había apenas 220.

Es importante señalar, además, que una vez que la ESO se instaló en Chile, no lo hizo en ninguna otra parte. No tiene ningún otro observatorio que el del cerro La Silla.

En el libro "La historia de ESO", editado en inglés, donde se expresa que la celeridad con que se firmó el Convenio en Chile sorprendió incluso a los países europeos.

Eso se debió, básicamente, a que el primer director general de la ESO, el alemán Otto Heckman, encontró una gran receptividad de numerosas autoridades chilenas de origen alemán, con conexiones en Alemania en los tiempos del gobierno del Presidente Alessandri. Se mencionan a don Julio Philippi y al padre Starischka, que es un astrónomo que actualmente trabaja en la Universidad Católica.

Fue tal la rapidez con que se suscribieron esos convenios, que los gobiernos europeos se molestaron porque no alcanzaron a revisarlos adecuadamente. Sin embargo, Otto Heckman en el libro dice: "No había ninguna razón para el enojo o la molestia de esos gobiernos europeos, porque Chile lo dio todo y los países europeos lo recibieron todo en ese convenio".

Esas palabras reflejan la realidad no sólo de ese convenio original, sino que de todo lo que ha sido la historia de la ESO durante los 30 años de su operación en Chile.

Sólo me referiré a algunas irregularidades. Los problemas laborales son realmente vergonzosos. No existe ningún otro observatorio: ni los de Aura ni los de la Fundación Carnegie que no respeten la legislación laboral en Chile. Eso no lo podemos permitir ni por una supuesta extraterritorialidad ni por ningún otro argumento.

Para qué hablar de todas las facilidades que Chile le ha dado que incluyen la donación de 3,4 hectáreas para el funcionamiento de la sede central de la ESO en la comuna de Vitacura.

Al respecto, quiero decir que la municipalidad de esa comuna, recientemente instalada, no tiene terreno donde construir su edificio consistorial. Sin embargo, en la sede de la ESO opera una recepción, un encargado de adquisiciones y otro de importaciones; es decir, no hay más de 8 personas ocupando una propiedad de mucho valor, de 3,4 hectáreas.

Tampoco me referiré a los decretos supremos N°s. 643 y 861, en cuya tramitación, a mi juicio, probablemente hubo irregularidades, hecho que fue denunciado y objeto de reclamos por el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, el General Matthei, y por el actual, el General Vega.

Los representantes de los observatorios del Aura, y de la Fundación Carnegie, que tienen instalaciones en los cerros Tololo y Las Campanas, respectivamente, voluntariamente firmaron acuerdos con la Universidad de Chile, mediante los cuales le ceden el 10 por ciento de los tiempos de observación a los astrónomos nacionales. Ellos compraron los terrenos y verificaron cuáles eran los mejores cerros y las mejores cumbres para la observación, sin recibir prácticamente ninguna ayuda de Chile. Aun así, han respetado religiosamente la legislación laboral chilena y -como dije- firmaron acuerdos voluntarios para ceder tiempo de observación a nuestros científicos.

Se ha dicho que la instalación del Observatorio del cerro Paranal significa la inversión de muchos cientos de millones de dólares en nuestro país. Eso no es cierto, porque el 90 o el 95 por ciento de esos 250 ó 350 millones de dólares se invertirán en instrumental comprado y hecho en Europa y no en Chile. Esa inversión no es productiva para nuestro país y no generará empleos, al margen de los transitorios que se creen para hacer caminos y construir la sede.

Además, hay otras instituciones interesadas en instalarse en nuestro país, porque nadie puede negar que Chile tiene los mejores cielos del hemisferio austral para la observación astronómica. Por lo tanto, no es importante para Chile ni para el mundo que la ESO continúe o no haciendo sus observaciones. Estas se seguirán realizando, ya sea por japoneses, norteamericanos o por cualquier otro grupo, si es que la ESO finalmente se va de nuestro país.

Las conclusiones de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se constituyó como Comisión investigadora, son clarísimas. Hasta ahora Chile ha sido generoso más allá de toda lógica. Más que generosos, hemos sido descuidados en defender los intereses de nuestro país, de nuestros trabajadores y científicos. Ya no sé puede hablar de generosidad, sino de descuido.

Y la organización europea ha actuado hacia nuestro país con una arrogancia difícil de entender, si consideramos todo lo que ha recibido.

Me parece que ninguno de los Diputados que participaron en la Comisión investigadora tiene el deseo de que la ESO se vaya; pero nuestra posición es muy clara: Chile no ha ganado nada y no tiene nada que ganar, a menos que se modifiquen las condiciones de los convenios. Si no se logran cambiar de una forma razonable para nuestros intereses como país, entonces, lo justo es que se denuncie dicho convenio y se ponga fin a sus actividades en Chile.

Quiero ser, nuevamente, muy clara.

No es nuestra intención echarlos, sino cuidar los legítimos intereses de nuestro país, de nuestros trabajadores y científicos.

He dicho.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, quiero ser muy breve y no tocar aquellos problemas descritos con anterioridad por mis colegas, porque los analizaron en profundidad y quedaron bastante claros.

Cuando se inició el trabajo de la Comisión, participé en ella especialmente para plantear lo que ocurría en el rubro de la minería. Como se ha descrito, a través de estos tratados se cedieron grandes extensiones de terreno, no sólo en el caso del cerro Paranal, sino también en el del cerro La Silla, donde se entró en conflicto con intereses de la actividad minera, ya que estos terrenos se declararon "zona de interés científico".

Existen solicitudes al Presidente de la República, las cuales llevan más de tres años, esperando su autorización para trabajar en una zona netamente minera.

Por ello, pido incluir en el informe de la Comisión estas peticiones a Su Excelencia el Presidente de la República para que, a la brevedad, a la luz de los antecedentes, se pronuncie respecto de la autorización solicitada por aquellos que tenían derechos mineros y que, en este momento, no pueden trabajar por la oposición de esa institución.

He dicho.

El señor KUZMICIC.-

Señor Presidente, tal como se señala en el informe entregado por el Honorable Diputado señor Jorge Pizarro, y por tratarse de una de las conclusiones sobre las cuales no hubo consenso, me referiré a lo más discutido y polémico de la gestión de la ESO, que se relaciona con la discriminación que han sufrido los funcionarios chilenos respecto del personal contratado en el extranjero, tanto en el cumplimiento de las normas laborales -en especial en cuanto al reconocimiento de la existencia legal de las organizaciones de trabajadores- como a la aplicación efectiva de las normas de orden público establecidas en nuestro derecho laboral.

Es evidente que la ESO es una organización internacional con prerrogativas, inmunidades y privilegios, que tiene la facultad de dictar normas, decisiones y recomendaciones que regulen su funcionamiento, sus objetivos y relaciones con los trabajadores de la misma, pero su calidad jurídica no le permite crear una situación de indefensión para el personal de nacionalidad chilena, lo que atenta contra principios esenciales consagrados por las organizaciones internacionales en los textos elaborados, por ejemplo, en el seno de la OIT y también contra nuestras disposiciones constitucionales y contra las normas básicas de la legislación laboral. Todas ellas contemplan la libertad sindical, que implica el derecho a constituir organizaciones sindicales, a afiliarse o desafiliarse, la autonomía de los sindicatos, el derecho a la afiliación del sindicato a una confederación, los derechos básicos de huelga y negociación colectiva y el derecho al amparo y protección de los derechos sindicales, por parte de la administración de justicia.

La ESO y las relaciones con su personal han sido analizadas por diversos estudios jurídicos. El Diputado que habla tiene especial interés por el trabajo realizado por los señores Eugenio Navarro y Mario Mora, que, junto con otras investigaciones tanto chilenas como europeas, han coincidido en que esta organización vulnera gravemente derechos fundamentales por cuya defensa la humanidad ha desplegado múltiples esfuerzos desde hace muchos años.

Los principios básicos que señale no son respetados por este organismo, el que, por el contrario, ha contado con un tratamiento excepcional del Estado chileno. Tal situación ha sido denunciada públicamente por los trabajadores que buscan una organización realmente representativa, constituida a la intemperie, y no instancia que sea dependiente de la propia dirección de la Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Austral.

Los informes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara y de algunos profesionales acerca de la ESO, concluyen en que, si bien esta organización internacional posee inmunidad y prerrogativas entregadas por el Estado de Chile, ellas están circunscritas al cumplimiento de los objetivos del Convenio firmado el año 1963, lo que no significa, en modo alguno, la inaplicabilidad de nuestras normas legales y constitucionales que consagran derechos fundamentales en materia laboral. Un límite claro a estas inmunidades y prerrogativas lo constituye, entre otras normas básicas, el artículo 52 del Código del Trabajo que consagra la irrenunciabilidad de los derechos establecidos en ese texto, mientras exista un contrato de trabajo.

Dadas las situaciones expuestas en la que se destaca la arbitrariedad de la administración de la ESO en nuestro país para con nuestros compatriotas que laboran en ella, la falta de cooperación para con nuestros científicos y el incumplimiento de ciertos compromisos asumidos en los convenios firmados con nuestro país, por ejemplo, la no construcción de su sede central en la comuna de Vitacura, considero que el Gobierno de Chile debe buscar la modificación de las condiciones en las cuales ha cooperado con el desarrollo de la investigación astronómica internacional, estableciendo claramente el término de las prácticas discriminatorias de la administración de la ESO y el reconocimiento de sus organizaciones, sin ningún tipo de intromisión por parte de la misma, y de la autoridad de los representantes del Ministerio del Trabajo para fiscalizar el cumplimiento de las normas laborales.

He dicho.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, solicito que el informe aprobado se envíe, mediante oficio de la Cámara, a los Parlamentos de Dinamarca, Italia, Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda y Suecia, al Parlamento Europeo, con copia a las Comisiones de Relaciones Exteriores, indicando la posición del Parlamento chileno respecto del funcionamiento de la ESO en Chile.

El señor VALENZUELA –

Señor Presidente, solicito derechamente que se oficie al Consejo de Defensa del Estado, con el fin de que requiera la nulidad de esos instrumentos. Se ha iniciado un proceso, pero no sabemos si ese organismo se ha hecho parte en el juicio y si ha planteado esta nulidad.