Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ahora ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno y modifica diversas disposiciones legales complementarias.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Ojeda, y de la Comisión de Hacienda, don Andrés Palma.

El texto está contenido en el boletín N° 891-07 y figura en los N°. 4 y 5 de la Cuenta de la sesión 64, celebrada el 15 de abril de 1993.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley del Ejecutivo que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno y modifica diversas disposiciones legales, sobre extinción de plazo, y de leyes que otorgan ciertos beneficios.

La iniciativa prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno, creada por la ley N9 18.994, publicada en el Diario Oficial del 20 de agosto de 1990; prorroga la vigencia de la ley N9 19.074, que autoriza el ejercicio profesional a los chilenos titulados o graduados en el extranjero, y modifica la ley N° 19.128, que otorgó franquicias aduaneras a los exiliados.

En primer lugar, se propone prorrogar la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno hasta el 20 de septiembre de 1994, suspendiendo la atención de público con un mes de antelación. La manifestación de éstos para regresar al país deberá hacerse antes del 31 de diciembre de 1993. Para estos efectos, el proyecto sustituye el artículo 11 y el artículo 2a transitorio de la ley 18.994.

La actual legislación contempla el funcionamiento de la Oficina durante 40 meses a contar de la fecha de vigencia de su ley, y la manifestación de voluntad de regresar al país dentro del plazo de tres años contado desde la publicación de la misma.

Por todos es sabido que la ley fue publicada el 20 de agosto de 1990 y que la Oficina comenzó a funcionar el 12 de noviembre del mismo año, es decir, tres meses después de la fecha de su publicación y ocho meses después de haber comenzado el actual Gobierno. Considerando que la fecha de término de esta Oficina es el 20 de diciembre de 1993, se reduce el tiempo de su funcionamiento, de modo que los propósitos y objetivos que se tuvieron en vista para su creación no se cumplirán a cabalidad.

Cuando en abril de 1990 se discutió esta materia, se dijo que no menos de 170 mil personas vivían en el exilio, que necesitaban de la colaboración del Estado para su regreso; que requerían de la responsabilidad ineludible del Gobierno para crear las condiciones que facilitaran su adecuada reinserción en la sociedad y que necesitaban de la solidaridad de toda la comunidad para acoger a quienes retomarían.

Por tanto, la Oficina se enmarca en la necesidad de reconciliación de todos los chilenos, atendiendo aproximadamente a 20 mil personas, pero quedan aún muchas personas por ser atendidas. El proceso de retomo ha sido lento y complejo. Hay muchos compatriotas que aún permanecen en el extranjero y no podrán ingresar dentro de la fecha que establece la ley. El funcionamiento de esta Oficina fue precario en sus inicios por la falta de leyes y medidas administrativas que le dieran cierta agilidad, por la pequeña planta funcionaría, por el hecho de ser un servicio nuevo y por el desfase en la llegada de los recursos de la cooperación internacional. En las regiones, por problemas financieros, sólo se lograron crear tres agencias a mediados de 1991.

Al cumplirse el plazo de vigencia de la Oficina aún estarán en plena ejecución varios programas sociales financiados por la cooperación internacional, iniciados mucho tiempo después de lo previsto. Por esas circunstancias, se hace recomendable también ampliar el plazo de funcionamiento de esa Oficina, precisamente para que dé cumplimientos a sus objetivos y planes.

Además, si se considera la manifestación de voluntad de volver al país quienes residen en el exterior, especialmente luego de la aprobación de leyes sobre habilitación profesional y franquicias arancelarias, como también la aplicación del denominado Programa Alemán, podría producirse en 1993 el retomo de muchos chilenos estimo en 7.500, en cuyo caso procede la prórroga de la vigencia de esta Oficina.

¿Qué ocurre con la ley N° 19.074, que autoriza el ejercicio profesional a los chilenos titulados o graduados en el extranjero que debieron salir del país por fuerza mayor? Que el artículo 9 que entró en vigencia un año después que se creara la Oficina Nacional de Retorno establece que los beneficios concedidos por ella sólo podrán recabarse hasta el 1° de marzo de 1994.

Ahora, el artículo 9° del proyecto exceptúa de este plazo a aquellas personas que, cumpliendo los demás requisitos establecidos en los artículos l° y 2°, se encuentran en el extranjero, pero no hayan obtenido aún los respectivos títulos profesionales o técnicos o grados a que se refiere esta ley, podrán hacerlo posteriormente al retomar al país, hasta el 20 de agosto de 1995, siempre que con anterioridad al 1° de marzo de 1994, hubieren manifestado su intención de recabar dichos beneficios, mediante declaración firmada ante el respectivo Cónsul chileno.

La Comisión especial de que habla la ley deberá funcionar hasta pronunciarse sobre la última solicitud presentada en el plazo legal, momento en que se extinguirá por el solo ministerio de la ley.

"Extinguida la Oficina Nacional de Retorno, las funciones que la presente ley asigna a este servicio en sus artículos 3a y 5a, serán cumplidas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, las que presentarán las respectivas solicitudes a la Comisión Especial.

"Extinguida la Oficina Nacional de Retorno, el Director Nacional de ese Servicio será reemplazado en la Comisión Especial por el Jefe de la División Educación Superior, con derecho a voz."

Se estima en aproximadamente 2.500 el número de eventuales beneficiarios de la ley que ya residen en Chile.

En razón de la lentitud del proceso, sólo han sido habilitados 200 profesionales. La búsqueda de antecedentes y el trámite de presentación ha sido realmente lento, por lo que no todos podrán gozar de los derechos de esta ley.

Además, los exiliados tienen hijos que estudian en el extranjero, a la mayoría de los cuales, les resta sólo algunos años, y tanto ellos como sus padres desean que se les extienda el beneficio, para lo cual se hace necesario prorrogar el plazo de vigencia de la presente ley.

¿Qué sucede con la ley N° 19.128? Este cuerpo legal otorga franquicias aduaneras a los retomados, y fue publicado un año y medio después de la entrada en vigencia de esta Oficina. El plazo para acogerse a sus beneficios vence el 20 de agosto de 1993. El proyecto lo extiende hasta el 20 de agosto de 1994.

Para los efectos de la prórroga señalada en el artículo 2° transitorio, se sustituye el plazo que se indica para la Oficina Nacional de Retorno.

Sólo 2.200 titulares, de más de 6 mil atendidos por la Oficina, han solicitado el certificado para ser presentado ante el Servicio de Aduanas.

La aplicación de esta ley no ha sido fácil; los trámites aduaneros no son cortos. La gran mayoría de los retomados están en situación económica magra, lo que les impide disponer de dinero para la importación de los bienes que señala.

La calificación de exiliado político necesita también de un procedimiento detenido, profundo y riguroso, por la seriedad de la ley y por las connotaciones de carácter tributario que ésta tiene.

Por constituir un aspecto importante, quiero explicar que el artículo 5°, de la ley N° 19.128, prohíbe todo tipo de enajenación y celebración de cualquier acto que se realice con respecto a los bienes, salvo después de transcurridos tres años y cuando se hayan pagado los impuestos.

El proyecto facilita de alguna manera estas transacciones, al eliminar algunos impuestos que estas personas deben pagar. Para tal efecto, reemplaza la palabra "gravámenes" por la expresión "derechos establecidos en el arancel aduanero", deja fuera de ellas el impuesto al valor agregado y otros. También reemplaza la expresión "del arancel aduanero", que figura a continuación, por dicha norma tarifaria

En definitiva, este artículo queda de la siguiente manera: "Las mercancías importadas bajo esta franquicia, no podrán ser objeto de enajenación ni de ningún acto jurídico entre vivos que signifique el traslado de su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas, salvo que hayan transcurrido tres años desde su importación o que dentro de este plazo, se pague el total de los derechos establecidos en el arancel aduanero que los afectarían de no mediar la franquicia, para lo cual se considerará el recargo establecido en la Regla General Complementaria N° 3, de dicha norma tarifaria.".

En la ley N° 19.128, se establece la rebaja de 75 a 50 por ciento cuando hayan transcurrido dos o más años. De alguna forma, se atenúa este impuesto. Con esta modificación se precisa que en tal caso, sólo deben pagar los derechos arancelarios, sin que se incluyan el impuesto al valor agregado y los tributos establecidos en los artículos 43 bis y 46 del decreto ley N° 825, de 1974. La modificación de esta norma tiene efecto retroactivo, según el artículo transitorio, ya que tendrá vigencia a partir del 7 de febrero de 1992.

El artículo transitorio dispone, además, que las personas que antes de la entrada en vigor de la presente ley hayan solicitado la libre disposición de las mercaderías "importadas al amparo de la liberación que establece el artículo 1°, de la Ley N° 19.128, y que hayan cancelado aparte de los derechos establecidos en el Arancel Aduanero el IVA y los impuestos adicionales, tendrán derecho a solicitar la devolución de los dos últimos tributos al Servicio de Impuestos Internos, dentro del plazo de seis meses a contar de la publicación en el Diario Oficial de la presente ley."

Este mismo artículo señala: "Para todos los efectos legales, esta devolución se considerará comprendida en aquellas situaciones a que se refiere el artículo 126, N° 2, del Código Tributario.

"Los interesados deberán acompañar a su solicitud copias autorizadas de las resoluciones que les concedieron la franquicia y libre disposición y del giro comprobante de pago que acredite la cancelación de estos tributos de carácter interno.".

Las normas están dentro del marco y constituyen enunciaciones destinadas a dar un efectivo sentido de verdadera reparación a las víctimas de violación de los derechos humanos.

Todas las disposiciones fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. No hay indicaciones ni normas que requieran quorum orgánico constitucional.

Por las consideraciones y antecedentes expuestos, solicito a la Honorable Cámara tener por informado el proyecto y prestarle su aprobación.

He dicho.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, en reemplazo del Diputado don Andrés Palma, paso a informar el proyecto que prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno y modifica otras disposiciones, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17, de la ley orgánica del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "simple" en todos sus trámites constitucionales.

Su propósito consiste en prorrogar la existencia de la Oficina Nacional de Retorno hasta el 20 de septiembre de 1994.

Esta prórroga se fundamenta en la lentitud con que ha operado el proceso de retomo al país de muchos compatriotas que aún residen en el exterior, el que se verá acrecentado, principalmente, con las recientes franquicias aprobadas, como las relativas a la habilitación profesional, y con la aplicación de programas sociales financiados con la cooperación internacional.

Junto a lo anterior, se prorroga también la vigencia de la ley N° 19.074, que autoriza el ejercicio profesional a personas que señala y que obtuvieron títulos o grados en el extranjero, según se expresa, en virtud de que muchos posibles beneficiados no han podido hasta la fecha reunir los antecedentes solicitados en dicho precepto legal y, además, porque se estima que en el período que le resta de vigencia a la citada norma no todos los sujetos del derecho que ella establece podrán impetrarlo.

Asimismo, se extiende la vigencia del plazo para acogerse a los beneficios de la ley N° 19.128, que otorgó ciertas franquicias aduaneras a los exiliados retomados. Al respecto, se argumenta que la prórroga del plazo señalado se hace necesaria por las dificultades que implica la aplicación de sus normas en cada caso particular, lo cual no ha resultado ser una tarea simple por la complejidad del trámite aduanero mismo y por el detalle que requiere su análisis.

Por último, se manifiesta que, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, se estimó conveniente armonizar la prórroga de la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno con los efectos y aplicación de las disposiciones legales citadas, para que todo ello tenga sentido uniforme.

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía dispuso en su informe que todo el articulado del proyecto tenía incidencia en materias financieras o presupuestarias, correspondiéndole a la Comisión de Hacienda, en consecuencia, pronunciarse sobre la totalidad del texto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular, cabe hacer presente lo siguiente:

Por el artículo 1°, se introducen las siguientes modificaciones a la ley N° 18.994, de la Oficina Nacional de Retorno:

Su letra a), prorroga la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno hasta el 20 de septiembre de 1994, fecha en que ésta se extinguirá por el solo ministerio de la ley.

Su letra b), establece el plazo máximo para que los beneficiarios de esta ley puedan manifestar su intención de regresar al país, de modo de hacer operativas las disposiciones que se contemplan en el proyecto, complementarias de las leyes que se modifican.

Solicitada su votación en forma separada, su letra a) fue aprobada por 6 votos a favor y 2 en contra, y su letra b) fue aprobada por 6 votos a favor y 2 abstenciones.

El artículo segundo sustituye al artículo 9°, de la ley N° 19.074, permitiendo solicitar los beneficios de la citada norma legal hasta el 1° de marzo de 1994. No obstante, a las personas que se encuentren en el extranjero y que cumplan con los requisitos que se indican, pero que no hayan obtenido aún sus grados o títulos, se les permitiría acogerse a sus beneficios una vez retomados al país y hasta el 20 de agosto de 1995, siempre que manifiesten su intención de acogerse a la norma antes del 1° de marzo de 1994.

Además, se faculta a la Comisión Especial creada por la mencionada ley, para seguir funcionando hasta pronunciarse sobre la última solicitud presentada.

Sometido a votación este artículo, sin división, fue aprobado en forma unánime.

Por el artículo tercero se introducen las siguientes modificaciones a la ley N° 19.128:

Su letra a), reemplaza, en el inciso primero de su artículo 5°, el vocablo "gravámenes" por "derechos establecidos en el Arancel Aduanero", y la expresión "del Arancel Aduanero" por "dicha norma tarifaria".

Al respecto, se hizo presente durante el debate habido en la Comisión que esta modificación busca circunscribir a los derechos arancelarios el reintegro que debe efectuarse en caso de disposición de las especies ingresadas al amparo de las franquicias otorgadas por dicha ley, excluyéndose así, expresamente, el pago del impuesto al valor agregado y otros adicionales establecidos en el decreto ley N° 825, de 1974, u otra norma legal, toda vez que una interpretación administrativa de la norma, extendida más allá del espíritu de la ley, incluye la restitución del IVA y adicionales, en caso de disposición de los bienes ingresados en virtud de la ley N° 19.128.

Su letra b), modifica el artículo segundo transitorio, en el sentido de que el plazo para acogerse a los beneficios de esta ley expirará al 20 de agosto de 1994.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.

La Comisión de Hacienda requirió del Ejecutivo, incorporar al proyecto una norma que precise la forma en que se financiará el mayor gasto que significa la aplicación de la iniciativa, el cual formuló indicación para agregar un artículo cuarto nuevo, cuyo texto es el siguiente:

"El mayor gasto que represente la aplicación de esta ley en el año 1994, se financiará con los recursos que consulte la Ley de Presupuestos de dicho año."

Sometida a votación, fue aprobada en forma unánime.

El artículo transitorio dispone que el artículo tercero de este proyecto tendrá vigencia a partir del 7 de febrero de 1992, lo que le otorga efecto retroactivo.

Además, permite que las personas que antes de la entrada en vigencia de este proyecto como ley hayan solicitado la libre disposición de las mercancías importadas al amparo de la ley Ne 19.128, y hayan pagado el impuesto al valor agregado y otros adicionales, tendrán derecho a solicitar su devolución dentro del plazo que se indica, mediante el procedimiento que describe la norma.

Sometido a votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 17, de la ley orgánica del Congreso Nacional, se señaló que el mayor gasto fiscal de este proyecto para 1994, por concepto de funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno, según información proporcionada por la Dirección de Presupuestos es de 801 millones 766 mil pesos.

El significado económico del artículo tercero es un eventual menor ingreso fiscal, en la medida en que los retomados hagan uso de las franquicias que otorga la ley N° 19.128.

La norma transitoria, en sí, no implica gasto fiscal, pues corresponde a devoluciones de impuestos recaudados en excesos, en virtud de una interpretación administrativa extensiva del artículo 5a, de la ley N° 19.128, que por este proyecto se corrige mediante una interpretación legal. En definitiva, se trata de un ordenamiento de cuentas fiscales que no reflejan un mayor gasto fiscal.

Por todas estas consideraciones, la Comisión de Hacienda recomienda la aprobación de este proyecto de ley.

Es cuanto puedo informar.

El señor PEREZ (don Ramón).-

Señor Presidente, como lo reconoce el mensaje, la normativa que se pretende modificar, contó con el apoyo de todos los sectores políticos. Por lo tanto, su discusión debe centrarse fundamentalmente en determinar si es necesario prorrogar la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno para facilitar la libre disposición de las especies internadas al amparo de la ley N° 19.128.

Estimo sinceramente que las modificaciones propuestas son injustificadas e inoportunas. En efecto, para nadie es un misterio y así lo ha reconocido el propio Ejecutivo la ineficiencia demostrada por la Oficina Nacional de Retorno en el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada.

La mayor parte de los recursos gastados por esa Oficina ha sido destinada a sueldos y gastos de operación, y sólo una mínima cantidad, a la ayuda efectiva de los beneficiarios. En 1992, se destinaron 143 millones de pesos al personal de planta; 67, a contratados; 204, a la acción administrativa, y 88, a bienes y servicios de consumo.

El bajo monto de los recursos asignados a la consecución de tal objetivo se atribuye a la lentitud con que se han incorporado los beneficiarios y a la ineficiencia y burocracia de la Administración del Estado. Sin embargo, debemos tener presente que sin necesidad de modificar la ley, las personas que deseen acogerse a sus beneficios disponen todavía de casi un año para hacerlo, sobre todo si consideramos que de acuerdo con el proyecto, los beneficiarios de la ley N° 18.994, deben manifestar su intención de retomar al país antes del 31 de diciembre de 1993. Por ello, no es necesario prolongar la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno más allá de dicha fecha.

Por otra parte, eximirlos del pago del impuesto al valor agregado, IVA, y de los tributos establecidos en el decreto ley N° 825, de 1974, sólo facilitaría la obtención de ventajas lucrativas al amparo de estas franquicias, lo que, sin duda, se aparta del objetivo de la ley sancionada por la Cámara. En efecto, la aprobación de esta parte del proyecto permitiría enajenar los bienes internados en condiciones muy ventajosas, lo que en nuestra opinión resulta absolutamente injustificado.

Por último, es necesario hacer presente que el informe oficial presentado en la Cámara de Diputados por la Oficina Nacional de Retorno, en cuanto al número de beneficiados con las franquicias de la ley N° 19.128, se contradice abiertamente con lo señalado en el mensaje. No queremos pensar que el proyecto consigna cifras inexactas para justificar las modificaciones propuestas.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, la idea central y esencial que justifica el envío de este proyecto es justamente la de prorrogar la vigencia de la ley que exime de gravámenes a los miles de chilenos perseguidos por la dictadura que debieron irse al extranjero.

Tal vez, hasta ahora y aquí se han dicho varias cosas efectivas el sistema de trabajo de la Oficina Nacional de Retorno no ha sido todo lo ágil y rápido que se requiere. Muchas personas que regresaron a Chile, que aún están exiliadas, debieron retomar nuevamente al país que los recibió en tiempos tan duros para Chile, porque no encontraron aquí la ayuda que les permitiera efectivamente reinsertarse en nuestra sociedad y ser considerados ciudadanos con todos los derechos.

Esta situación la han sufrido muchos amigos que conocimos en el exilio y que han debido volver con las manos vacías al país que los acogió, sin haber logrado prácticamente nada de la Oficina Nacional de Retorno, porque no supieron efectuar los trámites. Al fin y al cabo, el hecho de estar lejos de la patria durante muchos años también influye en que se desconozcan o ignoren los pasos que se deben dar para obtener la documentación requerida.

Por eso, se trata de prorrogar el plazo a los exiliados que debieron regresar a esos países, para que, conociendo con mayor amplitud y profundidad las disposiciones legales, realicen los trámites pertinentes con la debida antelación.

Por ejemplo, son muchas las personas que han adquirido un modesto taxi para ganarse la vida, el medio más socorrido por los exiliados; pero, repito, no han impetrado todos los beneficios que la ley les concede. Incluso, está el caso de profesionales que, sin terminar sus estudios en el exilio, han regresado con la esperanza de poder hacerlo en alguna universidad o centro de estudios de nuestro país.

Todas estas situaciones son susceptibles de mejorar siempre que haya un plazo que permita a los miles de chilenos que todavía están en el exilio venirse y gozar de los beneficios que deseamos entregarles a través de esta iniciativa, para que se reinserten en la sociedad chilena. Por ejemplo, existe el problema de los niños y de los exiliados enfermos. Si pensamos lo difícil que les resulta conseguir una buena atención a los que no dejaron el país, es fácil comprender que les resulte más difícil aún lograrlo a los exiliados. Muchas personas tienen una impresión diametralmente distinta sobre lo que efectivamente fue el exilio para muchos de nosotros. No fue un paseo triunfal, ni fuimos a hacer turismo; nada de eso. En muchas partes se nos recibió con sentido fraternal y humano, sobre todo en Europa donde los países son más ricos; en América también recibimos ese calor humano aunque no ayuda concreta, salvo el caso de algunos exiliados con amigos en las altas esferas. Pero, en todo caso, por dignidad personal, muchos no pedimos favores de tipo político y menos a sectores ideológicamente contrarios. Esa falsa imagen es la causa de que en muchas reparticiones públicas como hospitales y escuelas, se mire como ciudadanos de segunda clase a los exiliados que regresan a su patria, quienes en lugar de encontrar un trato fraternal que, por lo demás, les corresponde por ser tan chilenos como el resto, muchas veces han encontrado tramitación, burocracia y desprecio.

Por lo tanto, voy a votar a favor en general y en particular todas las disposiciones contenidas en el proyecto porque con todas las dificultades hacen justicia y permiten a los retomados realizar los trámites correspondientes para conseguir los beneficios mencionados.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, como tan bien lo han expresado los señores Diputados informantes, este proyecto tiende a establecer ampliaciones de los plazos y algunas flexibilizaciones de las normas que benefician a los exiliados que regresan al país.

La Oficina Nacional de Retorno ha realizado una nutrida actividad en favor de este sector que debemos recordar por contingencias políticas se vio obligado a salir del país, a vivir situaciones desde todo punto de vista extraordinariamente difíciles. A pesar de la buena disposición de los países anfitriones, han pasado largos períodos en el destierro y, finalmente, algunos han iniciado el proceso de retorno al país.

Las cifras que se manejan respecto del número de chilenas y chilenos que están fuera del país y que salieron durante el régimen anterior son de varios centenares de miles. Sin embargo, sólo algunas decenas de miles han regresado a nuestra patria. Específicamente, hasta marzo de este año, la Oficina Nacional de Retorno ha atendido a poco más de 10 mil grupos familiares, que representan, aproximadamente, 36 mil personas.

Desde ese punto de vista, reconocemos que la prórroga de la vigencia de la Oficina constituye un requisito indispensable para lograr el cumplimiento de los objetivos que el propio Congreso Nacional aprobó en beneficio de esas familias.

También es indispensable la flexibilización de los plazos que benefician a aquellos que obtuvieron un título profesional o un grado académico en el extranjero, porque hay retomados que, sobre esa base, están preparando su viaje.

Los grupos de chilenos organizados en los distintos continentes han expresado su interés en que sus familias tengan la posibilidad real de regresar al país. Si Chile les da la espalda y no les otorga las facilidades mínimas y básicas a los hijos de esas familias que han nacido y se han educado en el extranjero, desde el punto de vista de justicia y de interés nacional, corremos el peligro de perderlos, de que se sientan más acogidos en los países donde residen en la actualidad.

Es necesario hablar con claridad, pues en las últimas semanas la prensa ha informado profusamente sobre irregularidades en la utilización de los beneficios, especialmente respecto de la internación de vehículos. La situación es similar a la que afecta al personal del cuerpo diplomático del servicio exterior de nuestro país: a militares, a marinos, a aviadores y a policías, quienes, después de cumplir tareas en el extranjero, o de participar en las fuerzas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, también tienen la posibilidad de acogerse a franquicias similares para internar vehículos y otros enseres.

Todos sabemos que en este país, desde hace mucho tiempo, existe la práctica de traspasar los derechos derivados de estas franquicias. Por lo tanto, hay una situación que debemos regularizar. Sin embargo, hay que considerar, asimismo, la situación social y familiar de los chilenos que retoman después de años de exilio. La inmensa mayoría regresa prácticamente sin ningún ahorro, sin ningún bien, a partir desde cero, en su propio país, después de haber sufrido el exilio y las dificultades derivadas de circunstancias absolutamente ajenas a su voluntad.

La utilización torcida que algunos comerciantes y personas puedan realizar de esas franquicias y de esas facilidades, en justicia no son imputables a la responsabilidad de esos retomados. Por lo demás, la propia Oficina Nacional de Retorno, en conocimiento de la falsificación de certificados, de instrumentos públicos, de la comisión de delitos ha interpuesto una querella, y en la actualidad hay un proceso en los tribunales de justicia, y varias personas declaradas reos.

De los antecedentes que obran en poder de los tribunales, se desprende claramente que no existe participación, ni responsabilidad de ningún funcionario de relevancia de la Oficina Nacional de Retorno, pues la persona que formuló una imputación en contra de uno de los directivos de dicha Oficina, se retractó y reconoció está confesola autoría del delito de certificación de instrumento público. En consecuencia, debemos clarificar y separar las situaciones para no entrabar la discusión y el análisis reflexivo del proyecto de ley.

Hago un llamado a todos los señores Diputados presentes para que realicen un esfuerzo de solidaridad y de humanidad en beneficio de nuestros compatriotas, los cuales retoman después de haber sufrido el rigor del exilio. Es nuestra obligación acogerlos y, desde ese punto de vista, necesario aprobar el proyecto para ampliar los plazos, flexibilizar los mecanismos como una forma de indemnizar a esas familias chilenas.

Muchas gracias.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, el proyecto en discusión tiene como principales objetivos prorrogar la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno y los plazos para acogerse a los beneficios, hasta agosto de 1994, permitir hacer uso del derecho para revalidar los estudios de los hijos de los retomados, hacer posible la libre disposición de las especies amparadas por las franquicias que establece la ley, y disponer que las personas que hayan solicitado la libre disposición antes de la entrada en vigencia de la ley en proyecto, tendrán derecho a la devolución del IVA.

La razón del Ejecutivo para proponer el proyecto fue el retraso de ocho meses de la Oficina en iniciar su funcionamiento, el retraso en la puesta en marcha de los programas sociales financiados con aportes del extranjero, y la lentitud en la tramitación para acogerse a los beneficios.

Entre nuestras reservas respecto del proyecto, está el costo que representa la Oficina Nacional de Retorno. El Diputado señor Ramón Pérez mencionó algunas cifras. Enfatizó, por ejemplo, que 143 millones de pesos se gastaron en personal de planta en 1992; 67 millones en contratados; 88 millones en bienes de servicios y de consumo. Pero, con estas cantidades se ha atendido a, aproximadamente, 24 mil personas, que equivale a la mitad de los retomados. Pero de ellos, sólo 312 personas han sido habilitadas para el ejercicio de una profesión; 4.689 se han beneficiado con las franquicias y 2.300 han sido derivadas al Departamento de Extranjería.

Creemos que no hay relación proporcional entre el gasto de la Oficina y su funcionamiento y las personas atendidas.

De acuerdo con el proyecto, los interesados en esta ley deben expresar su intención de regresar antes del 31 de diciembre de 1993. En la actualidad, es hasta el 20 de diciembre de 1993. En este sentido, estaríamos legislando para prorrogar el plazo por 11 días.

Pensamos que no es necesario prolongar la vigencia de la Oficina más allá del plazo que tienen los exiliados para manifestar su intención de retomo. En ese sentido acojo las palabras del Diputado señor Yunge; pero es muy fácil y muy posible que las personas que deseen retomar a nuestro país tengan conocimiento, a través de todas las embajadas, de las franquicias y de los plazos a los que se pueden acoger.

Por otra parte, los beneficios que otorga la ley pueden ser asumidos por otros ministerios, como por ejemplo, algunas acciones ejecutadas por el Fosis, por la Agencia de Cooperación Internacional y por organismos que tienen idénticas responsabilidades a las de la Oficina.

Las funciones de asesoría e información de la Oficina no constituyen tareas que justifiquen su existencia; es decir, carece de sentido tener una Oficina por millones de pesos, y por los nuevos 800 millones que demanda, para hacer un centralismo de asesoría, porque los beneficios que reciben los retomados perfectamente pueden ser entregados, por ejemplo, por los Servicios de Aduanas, de Impuestos Internos, y por los Ministerios del Interior y de Educación, a los cuales el Gobierno debe controlar y exigir que atiendan en forma eficaz y eficiente.

En cuanto a la necesidad de aumentar las posibilidades para revalidar estudios, punto con el cual estamos de acuerdo, dicha revalidación puede, perfectamente, ser radicada en las secretarías regionales de Educación.

Asimismo, estamos en absoluto acuerdo y ningún señor Diputado de nuestra bancada lo discutiría en que este beneficio destinado a los retomados sea aplicado en la mejor forma posible; es decir, que las personas que vuelvan a Chile tengan la oportunidad de reinsertarse. Pero no estamos de acuerdo en que lo haga un organismo que ha demostrado ineficiencia y burocracia administrativa.

Para que esto no parezca un punto demagógico o un asunto político, me referiré puntualmente a las declaraciones del presidente de los retomados, don Ricardo Klapp.

Dijo que la Oficina Nacional de Retorno, especialmente algunos funcionarios ha demostrado insensibilidad social por las largas tramitaciones a que someten a los retomados. Manifiesta también que el 33 por ciento de ellos está cesante, siendo la media nacional menos de un 6 por ciento, y que sólo el 25 por ciento tiene casa propia, muchas de ellas en muy mal estado. Concluyó que toda esta situación se genera porque la Oficina Nacional de Retorno no escucha a los retomados, no abre cauces de participación, y falta transparencia en el manejo de los recursos financieros.

Señor Presidente, he tenido oportunidad de conversar al respecto con muchos retornados que, curiosamente para mi sorpresa han acudido a mi oficina, en esta Corporación, para informarme y expresarme su descontento con los beneficios que ofrece el proyecto.

Creo que ése es el punto. ¿Es lógico que prorroguemos los servicios de una repartición cuyo funcionamiento irrogará 800 millones de pesos sólo para dar un mal servicio a las personas que los requieren? Por eso, este proyecto debe volver a la Comisión para revisar los beneficios a que accedan las personas que retornen a Chile; pero no para avalar una Oficina que funciona mal y que, además, no puede negar su responsabilidad en la venta de franquicias aduaneras, porque el propio Director del Servicio, con fecha 11 de marzo de 1993, dictó una resolución mediante la cual suspende, a contar del 17 de marzo de 1993, la entrega de certificados destinados a ser presentados ante el Servicio Nacional de Aduanas. El, anteriormente, pudo haber previsto, denunciado y subsanado el problema que hoy afecta al Servicio y que, además, lo desprestigia.

Por eso, proponemos que el proyecto vuelva a Comisión y se realice una audiencia pública con los exiliados, para obtener de ellos la información exacta.

Por último, hay varios antecedentes que no tenemos, como por ejemplo, el monto de los recursos gastados en administración, los programas elaborados por la Oficina que han concretado, los proyectos que se han ejecutado o se están ejecutando, los fondos transferidos o puestos a disposición de otros servicios públicos, a qué entidades y con qué objetivos, la forma en que se ha cumplido la obligación y el mecanismo operacional utilizado para otorgar el certificado que acredita la calidad de beneficiario. Toda esta información la hemos solicitado mediante un oficio de fiscalización, porque es necesaria para elaborar una nueva ley.

Si no es posible que el proyecto vuelva a la Comisión, nos veremos en la obligación de votarlo en contra, a pesar de que consideramos importante dar una oportunidad a quienes quieren regresar al país.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente, agradezco la interrupción que me ha concedido la Diputada señora Cristi.

Quiero sólo señalar algunos antecedentes, porque, después de la intervención del Diputado señor Yunge, queda la impresión de que no hay otra opción que la de aprobar esta iniciativa.

Existe constancia en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara de que los Esputados de Renovación Nacional trabajamos intensamente en el proyecto que creó la Oficina Nacional de Retorno, porque lo considerábamos necesario y justo. Después manifestamos en el seno de esta Comisión se lo planteé personalmente a su Presidenta, la Diputada señora Maluenda la necesidad de investigar algunos hechos relacionados con esta Oficina, porque había recibido denuncias muy parecidas a las que la Diputada señora Cristi acaba de señalar en la Sala. Hubo retomados que fueron a la sede del partido en Santiago a hablar con los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, para que efectuáramos un control efectivo de esta institución.

Por otra parte, en enero de este año, junto con el Diputado señor Concha y el Presidente de la Cámara, don José Antonio VIERA-GALLO, tuve la oportunidad de viajar a Rusia, donde nos encontramos con una sorpresa bastante desagradable. En una reunión con aproximadamente 150 exiliados, nos enteramos de que carecían después de casi dos años y medio de la más mínima información para solucionar sus problemas en Chile, una vez que retomaran; es decir, desconocían los beneficios que les otorgaba la ley. El Presidente de la Cámara, el Diputado Concha, el que habla y los Senadores que nos acompañaron en esta gira, informaron a los exiliados sobre cuál era el procedimiento que debían seguir. Ellos, obviamente, tenían otro problema: la carencia absoluta de medios para regresar al país, y el gobierno de Chile estaba tratando de solucionarlo con el envío de un avión.

Entonces, ¿para qué sirve la Oficina Nacional de Retorno, si durante estos años ni siquiera ha enviado la información suficiente y necesaria a las embajadas del país? Por este motivo, hemos presentado una indicación que tiene por objeto eliminar el artículo le, porque prorrogar su existencia por un año más, sólo significará un mayor gasto para el Fisco y no un beneficio para las personas que necesitan recurrir a ella.

Tal vez sea necesaria la creación de una oficina dependiente del Ministerio de Justicia para que busque solución a los problemas de quienes estuvieron exiliados en los diferentes países, y reciban efectivamente, a través también de la Cancillería chilena, la información necesaria para que regresen al país.

El señor URRUTIA.-

No, señor Diputado. La Oficina Nacional de Retorno la financia el Estado chileno, con recursos considerados en el Presupuesto de la Nación.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Ruego evitar los diálogos, señores Diputados.

Puede continuar el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, en segundo lugar, quiero señalar otro inconveniente que, de una vez por todas, debemos tener presente. Las denuncias formuladas dicen relación exclusivamente con un hecho claro y preciso: muchos retomados no han tenido los medios para comprar íos bienes cuyo ingreso al país exento de aranceles aduaneros está autorizado por la ley.

En definitiva, estas personas necesitan recursos para vivir en Chile; como no los tienen, necesariamente deben vender sus derechos. Por lo tanto, al aplazar esta situación, nosotros mismos estamos haciendo un fraude a la ley o dando la posibilidad para que se efectúe. Por ello, es necesario buscar una solución real a los problemas que hoy tienen las personas que, o están fuera del país o han retomado a Chile, y que no han contado, efectivamente, con la ayuda que todos los partidos políticos representados en esta Cámara les quisimos dar en su momento.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, quiero dar fe de que la Oficina Nacional de Retorno ha entregado puntualmente, todos los años, un informe contundente respecto de sus actividades, los cuales se han puesto a disposición de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. Por lo tanto, todos los antecedentes que dicha Comisión especializada quiera tener sobre la materia, puede recabarlos de la Oficina Nacional de Retorno.

En cuanto al problema de fondo en discusión, es probable que la referida Oficina no haya tenido, no lo sé, toda la eficiencia que hubiéramos deseado; pero si no se prorroga su mandato, hay que preguntarse quién se ocupará del problema, sabiendo como consta a los Diputados que han estado en contacto con compatriotas que todavía viven forzosamente en el extranjero, que el problema de retorno no está resuelto.

Por lo tanto, la Cámara, en primer lugar, debiera prorrogar el mandato de la Oficina; y en segundo lugar, fiscalizar, a través de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, la labor que cumple esa repartición pública.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la intervención del señor Ministro de Justicia ha sido bastante clarificadora en esta materia.

Para resolver si votar en favor o en contra de este proyecto de ley, que implica prorrogar la existencia de la Oficina Nacional de Retorno y modificar otras disposiciones legales, hay que preguntarse si el problema del retomo está o no terminado. Creamos una institución para abordar una situación que, en algún momento, la mayoría de los congresales estimó que realmente ameritaba nuestra atención. A mi juicio, ahora corresponde que los Honorables Diputados examinen los antecedentes de hecho que el Supremo Gobierno tuvo en consideración para plantear la necesidad de prorrogar, por un plazo absolutamente prudente

y razonable, la existencia de esta Oficina.

Francamente, del análisis de los antecedentes de hecho proporcionados a la Cámara y de las palabras del Ministro de Justicia, se desprende con toda claridad que existe la necesidad objetiva de prorrogar la existencia de esta Oficina por el plazo señalado en la iniciativa.

Desde ese punto de vista, no tiene sentido alguno reeditar el debate filosófico y político que tuvimos en consideración al momento de crear la Oficina.

Si algún Honorable señor Diputado estima que no son serios los antecedentes de hecho proporcionados por el Supremo Gobierno o no ameritan la prórroga de la existencia de la Oficina, tendría que hacerlo notar en la sesión.

He escuchado atentamente las intervenciones de los Honorables Diputados, particularmente de la Oposición, con la mente absolutamente abierta para valorar sus argumentaciones, pero hasta ahora no ha habido ningún indicio de que esos antecedentes de hecho proporcionados por el Supremo Gobierno, sean injustificados o inexactos.

Desde ese punto de vista, en mi opinión, corresponde prorrogar la vigencia de la Oficina. De hecho, se señala como antecedente en el informe de la Comisión que existe la posibilidad cierta de que la Oficina Nacional de Retorno atenderá en el período que resta, un número de personas igual o levemente superior al atendido hasta ahora.

Además, llamo la atención de los Honorables Diputados respecto de lo que señala el último párrafo de la página 3 del informe de la Comisión.

También se agrega como antecedente la situación de los compatriotas cuyos hijos están por culminar sus estudios, a quienes se les provocará un grave daño al obligarlos a retomar en la fecha señalada sólo porque la Oficina Nacional de Retorno tiene que desaparecer.

Quiero llamar la atención de la Honorable Cámara en cuanto a que no es la primera vez que prorrogamos la vigencia de una ley, porque, a pesar de haberlas dictado oportunamente, la experiencia nos enseña que los plazos fijados fueron demasiado breves o insuficientes. Esta es una práctica habitual. De modo que, dejando de lado toda consideración de tipo político, no veo razón alguna para no acceder a la prórroga del mandato de la Oficina Nacional de Retorno.

Por último, me referiré a un tema que me parece extremadamente grave y que dice relación con la forma en que algunos de los favorecidos por esta ley han hecho uso de estos beneficios, lo que no tiene nada que ver con la necesidad de prorrogar la vigencia de la Oficina Nacional de Retorno ni con la administración adecuada y proba de los funcionarios a su cargo. Es una situación muy lamentable el que numerosas personas, lo digo con conocimiento de causa, hayan optado por vender o ceder los beneficios a los que tienen derecho en virtud de esta ley. Eso no sólo es un delito desde el punto de vista de la legislación vigente, particularmente de la tributaria, sino, lisa y llanamente, es una falta a la ética, que considero inmoral, porque estos son beneficios personales, que tienen que ver con la reparación de un mal causado a una persona individualizada. No son derechos susceptibles de ser transados en el mercado. Por lo demás, es sabido que muchos exiliados han optado por vender de manera subrepticia, ya que no se puede hacer en forma abierta y pública, los derechos de internación de vehículos motorizados que son utilizados por terceros.

Aprovechando la presencia del señor Ministro, solicito a la Presidencia de la Cámara que se oficie, a través del Ministro de Justicia, al Director de la Oficina Nacional de Retorno para que se arbitren las medidas más categóricas tendientes a informar de una manera perentoria a los beneficiarios de esta ley, que no pueden ni deben enajenar los derechos de internación que tienen respecto de determinados bienes, como automóviles y otros instrumentos de trabajo.

El Diputado señor Seguel me dice que no tienen plata para comprar. Ese no es problema de la ley ni tampoco de la Cámara, porque no se trata de dar un subsidio indirecto. Si esa fuera la filosofía de la ley, Diputado señor Seguel, habría que acordar una subvención estatal para beneficiar a los exiliados que retoman al país. Pero no se puede condenar por esta vía una ilegalidad manifiesta. Si la intención de la Cámara hubiese sido que estos derechos fueran transferibles, así lo habríamos declarado y los habríamos exceptuado de las normas de la Ley de Impuesto a la Renta que transforman en delito la transferencia de un vehículo motorizado internado bajo franquicia. Esta es una situación gravísima.

Sería lamentable que un proyecto que prorroga la existencia de la Oficina Nacional de Retorno y modifica, en beneficio de los retomados, ciertas normas de carácter tributario que han sido interpretadas de la manera más restrictiva los obliga a pagar una serie de tributos al momento de enajenar los bienes dentro de los plazos establecidos en esa legislación tuviéramos que despacharlo sin hacer expresa mención condenatoria a esta ilegalidad, bastante generalizada. Muchos exiliados venden sus derechos cuando no cuentan con recursos para hacer la internación directamente, o cuando no tienen interés e ella, porque hay que llamar las cosas p su nombre. No necesitan esta franquicia: llevan años en el país y han logrado tener, de distintas maneras, una situación económica aceptable. Poseen vehículos, buenos vehículos, muchos de ellos superiores al límite de calidad establecido como máximo, lo que me parece muy bien y los felicito porque eso habla muy bien del país. Pero no puede aceptarse, ya que ello es ilegal e inmoral, que se venda la franquicia para que adquiera el automóvil un tercero que no ha sido exiliado. Eso no está en la letra ni en el espíritu de la ley.

Por lo tanto, junto con anunciar mi voto favorable al proyecto, pido que la Honorable Cámara de Diputados oficie al Director de la Oficina Nacional de Retorno y al señor Ministro de Justicia, a fin de hacerles notar que esta Corporación estima grave esta situación, por lo cual pide que se arbitren las medidas tendientes a informar a los beneficiarios que no pueden vender ese derecho, lo que muchas veces se hace por ignorancia, pero otras por falta de voluntad para cumplir la ley.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Honorable señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, al igual que el Diputado señor Schaulsohn, tengo la impresión de que los argumentos entregados por el señor Ministro son suficientes para responder la inquietud manifestada por los Diputados señora Cristi y señor Urrutia.

Quiero recoger parte de lo planteado por ellos.

En primer lugar, en sus intervenciones reafirman que la ley que creó la Oficina Nacional de Retorno fue producto de un esfuerzo mancomunado de todos los parlamentarios, sin excepción. En consecuencia, no hay dudas de que su vigencia y su trabajo tenía y tiene sentido aún, porque

la tarea respecto de los conciudadanos que retoman al país no ha terminado.

En segundo lugar, nadie ha hecho alcances al texto de la ley ni tampoco al contenido del proyecto en análisis, pero, si se presentara alguna indicación, correspondería debatirla en la Comisión. Por lo tanto, carece de sentido no aprobar en general el proyecto, más aún, si se trata de una solicitud hecha en forma unánime por el Consejo de esa oficina, y si en los fundamentos del mensaje se señala explícitamente, entre otros aspectos, que va, ríos programas sociales, financiados mediante la cooperación internacional, recién han entrado en vigencia. Algunos de ellos comenzaron a regir sólo después de un año de funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno, y no por dificultades propias de ella, sino a causa de los inconvenientes que surgen en la normalización y regularización de algunos de estos programas de cooperación.

Es encomiable la preocupación que manifiestan la Diputada señora Cristi y el Diputado señor Urrutia respecto de la situación de derechos humanos, particularmente de nuestros retomados. No me cabe ninguna duda de que si algún retornado se apersonó en la oficina de la Diputada señora Cristi para plantearle una inquietud, en ningún caso ha tenido como objetivo solicitarle que solicite la postergación de la aprobación en general del proyecto, porque las preocupaciones que ellos puedan tener dicen relación con exigencias normales que cualquiera de los parlamentarios debiera canalizar, lo que se ha expresado claramente no sólo por los Diputados que han intervenido, sino también por el propio señor Ministro.

Tengo dudas, y permítanme dejarlas consignadas en la versión de sesiones, de que algún retomado se haya apersonado en la oficina del Diputado señor Urrutia. Pero ése es otro tema que podemos conversar en su oportunidad.

He dicho.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, por su intermedio quiero precisarle al Diputado Schaulsohn lo siguiente:

A la Comisión de Hacienda concurrió el Director de la Oficina Nacional de Retorno, y expresó que a ella no le correspondía detectar qué hacían los beneficiarios de la ley con su derecho. Más aún señaló que el objetivo de una de las normas del proyecto es, precisamente, aclarar a las autoridades de Impuestos Internos que esas personas pueden vender sus derechos sin que ello signifique una conducta ilícita, pues el espíritu de la ley fue favorecer a todos los exiliados por igual, sin que ello dependiera de su capacidad económica. Por lo tanto, la indicación permitiría a las personas que no tienen medios, obtener un crédito o simplemente, ceder sus derechos o los vehículos, cuando correspondiere. Esa fue la intención declarada y manifiesta, como consta en la Comisión de Hacienda, la cual integré, lo que nos llevó a la siguiente preocupación. El universo potencial de personas que se pueden acoger a dichos beneficios son, aproximadamente, 25 mil. En la actualidad, en el mercado informal se están vendiendo estos derechos entre 700 mil, 800 mil y un millón de pesos.

Cuando un retomado cede sus derechos y obtiene el beneficio, hay un comerciante que también está recibiendo una ganancia a costa del fisco por las rebajas arancelarias y tributarias, la cual se ha calculado que alcanza aproximadamente al mismo valor, es decir, a otro millón de pesos.

El Diputado señor Huepe dijo que se trata de impuestos que se dejan de pagar y que, tal vez, no se traerían los vehículos. Sabemos que eso es falso, porque, hay un mercado que está buscando vehículos más baratos. Si no los compran a los exiliados, deben adquirirlos en el mercado interno y pagar todos los derechos que corresponden.

Lo grave del proyecto, al margen de amparar una situación que a mi modo de ver es fraudulenta, es que puede producir un perjuicio fiscal de 50 mil millones de pesos si la Oficina Nacional de Retorno trabaja bien y les explica a los 25 mil potenciales beneficiarios sus derechos y lo fácil que resulta cederlos.

En consecuencia, esa situación, que influye en la economía nacional, nos corresponde tratarla en la Comisión de Hacienda.

Le agradezco al Diputado señor Schaulsohn la interrupción que me concedió.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el Honorable señor Ringeling tiene razón en la primera parte de lo que dijo. Obviamente, no empece al Director de la Oficina Nacional de Retorno cautelar que los beneficiarios de una ley ejerzan sus derechos apropiadamente y en forma legal. Yo he pedido otra cosa: que esa Oficina informe a los potenciales beneficiarios cuáles son las condiciones legales en las que pueden ejercer estos derechos.

En cuanto a la segunda afirmación del Diputado señor Ringeling, de la lectura del proyecto se desprende que está profundamente equivocado.

El artículo 32, relativo a la parte pertinente al tema tributario, no modifica la norma de la Ley de Impuesto a la Renta en que se consigna como delito transferir, antes de transcurrido el plazo señalado en la ley, un vehículo importado bajo granjerias de tipo tributario.

Ha formulado indicación a este artículo porque no me parece adecuada la forma en que está redactado, lo cual es materia del segundo informe. Lo único que hace dicho precepto es acoger una interpretación más liberal en cuanto al tipo de tributos que deben pagarse al momento de vender el vehículo importado; pero el momento de vender corresponde al plazo fijado en la ley, no antes, y en ningún caso si Su Señoría lo entendió así, está malse pueden transferir estos derechos. Eso no lo plantea la ley original ni el proyecto, y sería una barbariedad que alguien lo quisiera hacer. Por lo menos, yo votaría en contra de una iniciativa de esa naturaleza.

Las modificaciones tienen por objeto no en esa imagen apocalíptica del Honorable señor Ringeling, quien nos habla de un perjuicio fiscal de 50 mil millones de pesos, o lo que seaque al momento de vender no deban ser restituidos impuestos como el IVA, por ejemplo, establecidos en el Arancel Aduanero. El artículo 3°, según entiendo, homologa la situación de los exiliados a la que disfrutan los miembros de las Fuerzas Armadas y personal diplomático, en general, quienes pueden ejercer estos derechos para los efectos de vender sus automóviles.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Aguiló.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego a Su Señoría no conceder interrupciones porque la Diputada señora Maluenda hace rato que pidió la palabra.

El señor SCHAULSOHN.-

Muy bien.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, votaremos a favor el proyecto, independientemente de las observaciones que puedan hacerse a la Oficina Nacional de Retorno, pues, si bien es cierto que ha jugado un papel importante, también tiene vacíos que vale la pena tener en cuenta a futuro.

El problema del exilio no termina en un año. Las huellas de quienes lo sufrieron tanto los que permanecieron fuera del país como los que se quedaron, pero tenían a sus seres queridos fuera del país no se borrarán en una fecha determinada, sino que quedarán en ellos para toda la vida.

Hace miles de años, la ley griega ofrecía a los condenados a muerte tres posibilidades para evitarla: una la multa; otra, estar en la cárcel por el resto de sus vidas y, por último, el exilio. No sin razón, al responder sobre estas posibilidades, Sócrates dijo que jamás aceptaría vivir lejos de su patria, por cuanto se consideraría un hombre sin raíces y sin tierra.

Sólo quiero decir que me sobrecoge, me da vergüenza y me indigna que un problema tan serio como el del exilio cuyas consecuencias no son capaces de medir ahora los que estuvieron fuera del país ni las personas ligadas estrechamente a ellos, ya sea por ser descendientes o familiares, se trate en la forma como aquí se está haciendo. Pareciera que el tema se reduce sólo a un problema de impuestos, de automóviles más o automóviles menos, de poder acogerse a determinadas facilidades o de vender como algunos lamentablemente lo han hecho, tal vez por necesidad o por error determinados derechos.

Insisto: la reparación de los daños del exilio es una deuda heredada de la dictadura que Chile tiene con todos los que sufrieron por estar obligadamente lejos de su patria.

Quería hacer esta observación y señalar que no podemos cerrar las puertas a este problema al no prorrogar la fecha de vigencia de la ley.

El Diputado señor Urrutia ha formulado una proposición, que quizás abriría una puerta hacia el futuro, en orden a que el Ministerio de Justicia, tenga una oficina permanente que se preocupe del problema del exilio, cuyas consecuencias, repito, no terminan ni hoy, ni mañana. Es mucho más grave y no guarda relación con todos los millones de pesos mencionados aquí.

He dicho.

El señor HUEPE .-

Señor Presidente, no tenemos tiempo para hacer un análisis más detenido de algunos aspectos del proyecto, pero se han hecho algunas afirmaciones inexactas que, a mi juicio, habría que rectificar.

El problema de fondo, como lo han planteado algunos señores Diputados, es que estamos en presencia de una ley de reparación. El Estado debe reparar un daño, independiente de las circunstancias políticas que lo hayan provocado, aspecto que no es del caso analizar hoy, causado a miles de chilenos que fueron al exilio. Ese fue el motivo que se tuvo en vista para la dictación de la ley y el mismo que debiera llevamos ahora a prorrogar la vigencia de la Oficina de Retomo.

Reitero que no hay mayor daño que el exilio, situación absolutamente irregular que jamás debe vivirse nuevamente en Chile. Por lo tanto, hay una obligación del Estado, como tal, de reparar el enorme daño causado.

Aquí se han dado una serie de argumentos y quiero referirme, de manera muy breve, a cada uno de ellos.

En primer lugar, haré una consulta de carácter reglamentario, la cual espero que la pueda responder ya sea el señor Presidente o el señor Secretario.

Aquí se ha dicho que no habría posibilidad de tratar indicaciones. Tengo entendido y quiero que se me ratifique para seguir la argumentación que si se han presentado indicaciones el proyecto irá a segundo informe; lo tratará nuevamente la Comisión y, luego, volverá a la Sala.

Como asienta el señor Presidente, parece que es así. Aquí se ha sostenido que estamos obligados a votar, a decir sí o no, y que no hay ninguna posibilidad de modificar este proyecto. ¿Es eso verdadero o falso? Si presentamos una indicación, irá el proyecto a segundo informe para perfeccionarlo y tomar en cuenta muchas de las ideas incluso para ampliar el beneficio a los exiliados planteadas por la Diputada señora Cristi, quien ha demostrado una buena disposición, que espero sea compartida por su bancada.

Entonces, quiero reafirmar, primero, que no es exacto que deba votarse en bloque el proyecto y que después no se le pueda hacer ninguna modificación. De aquí, la iniciativa pasa a su segundo informe, donde se podrá seguir analizando más en detalle. Por lo tanto, lo único que estamos haciendo hoy es votar en general la idea matriz, cual es prorrogar la vigencia de la Oficina de Retomo y de algunas de las disposiciones legales que dan franquicia a los exiliados.

En segundo lugar, se critica la lentitud con que ha funcionado la Oficina. Al respecto, debo señalar que ella se creó en agosto de 1990 y que, con posterioridad, hubo que conseguir recursos en el exterior. Las leyes complementarias reglamentan algunas de las franquicias que estamos analizando. Una, la que tiene que ver con reconocimiento de títulos, fue aprobada en agosto de 1991; la otra, relacionada con la franquicia tributaria para internación de vehículos y otro tipo de enseres de los exiliados, en febrero de 1992. Entonces, no hablamos de una oficina que ha funcionado desde agosto de 1990, como alguien lo mencionó, sino de una oficina cuyo sentido, come? lo precisó muy bien el señor Ministro, era de acogida e información. Promovió la legislación, alguna de cuyas normas datan de poco más de un año, por lo cual no se puede sostener que durante dos años y medio ha funcionado la Oficina de Retorno, ni que se contara con todas las franquicias que ahora se están prorrogando. Algunas de ellas reitero han sido aprobadas hace poco y, por lo tanto, lo lógico es prolongar su período de vigencia para que las franquicias se hagan efectivas.

En tercer lugar, plantearé el tema presupuestario, porque también se han dado informes inexactos. Se ha hablado creo que lo dijo el Diputado señor Urrutia de que los beneficios del proyecto se financian con aporte fiscal. Tengo aquí el presupuesto de 1993, y en el de la Oficina Nacional de Retorno, se señala: 'Ingresos, Transferencias, del programa 03 del Tesoro Público, 812 millones". Si los ingresos totales son 1.049 millones, el aporte fiscal es de 237 millones. O sea, el 22 por ciento del ingreso total de la Oficina lo constituye el aporte fiscal; el otro 78 por ciento proviene de donaciones, como lo establece el programa 03 del Tesoro Público. Esto es, casi el 80 por ciento del financiamiento de la Oficina Nacional de Retorno es fruto de donaciones recibidas del exterior. Por lo tanto, aquí también se ha argumentado sobre datos equivocados, en el sentido de que habría un financiamiento fiscal mayoritario. El espíritu de países amigos para ayudar a los retomados a su reinserción en Chile ha sido motivado por la acción de la Oficina Nacional de Retorno. En consecuencia, desde el punto de vista presupuestario, es claro que existe un aporte enorme conseguido a través de la ayuda externa.

Al plantear los costos para el próximo año de la eventual prórroga de nueve meses, se considera la proporción de nueve doceavos del financiamiento de 1993, presumiéndose y lo vemos en la Ley de Presupuestos de 1994que en la misma proporción, sobre todo respecto de los programas concretos de reinserción de chilenos a su patria y de retomados a Chile, seguramente se financiará con el apoyo externo.

El Diputado señor Ringeling también plantea un hecho inexacto, al repetir una argumentación que di en la Comisión de Hacienda. Le pediría al Honorable colega que fuera más cuidadoso con sus expresiones, porque una cosa es que no comparta mi argumento y otra que sostenga que lo que dije en la Comisión es falso. Su Señoría posteriormente ha hecho la aclaración, al manifestar que, en realidad, él no compartía mis aseveraciones.

En la Comisión de Hacienda manifesté y lo reitero aquí que no se puede plantear como costo el total de ingresos tributarios que se dejan de percibir por los vehículos que han internado los retomados. Si esta ley no existiera, los vehículos no habrían ingresado al país y no habría impuestos por cobrar. Por consiguiente, es un error sostener que el costo del proyecto está representado por las diferencias tributarias, por cuanto los vehículos se importan en virtud de la existencia de esta franquicia.

En el proyecto también se soluciona una diferencia de interpretación existente entre el Servicio de Impuestos Internos y el de Aduanas. La ley aprobada por el Congreso decía que los retomados que trajeran vehículos, en el supuesto de que los vendieran en el plazo de tres años, al igual como sucede con los diplomáticos y los miembros de las Fuerzas Armadas, tendrían que pagar sus "gravámenes correspondientes". Impuestos Internos ha interpretado esta expresión final en un sentido amplio, abarcando todos los impuestos. Aduana entiende la norma de otra manera y aduce que ella implica pagar solamente el 11 por ciento correspondiente al arancel, al igual como ocurre con los diplomáticos y las Fuerzas Armadas. Incluso el Ministerio de Hacienda comparte el criterio de Aduanas, pero el Servicio de Impuestos Internos es autónomo para ejecutar y cobrar los impuestos que desee.

Por esa razón, esta disposición legal sólo señala que la interpretación de Aduanas es la correcta y que, en caso de que los retomados vendan los vehículos en el plazo de tres años, no pagarán el IVA, el impuesto a la cilindrada ni al lujo, sino que únicamente los aranceles. Es algo absolutamente claro y coloca a los retornados en igualdad de condiciones con otras personas que gozan de estas franquicias.

Lamento que en la argumentación se hayan deslizado afirmaciones que no son exactas y que he tratado de desmentir. Por lo tanto, debiéramos contar, ojalá, con la unanimidad para aprobar en general el proyecto, sabiendo que en la Comisión podremos perfeccionarlo.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Quiero referirme a lo señalado por varios señores parlamentarios, entre ellos, el señor Presidente de la Corporación y el Diputado señor Urrutia.

Este proyecto plantea dos temas diferentes: uno, la prórroga de vigencia de la Oficina Nacional de Retorno; el otro, amplía determinados beneficios o franquicias, especialmente establecidos en los artículos 2e, 3a y transitorios.

Desde mi punto de vista, el tema de fondo apunta a si el funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno por nueve meses más solucionará verdaderamente la reinserción de quienes regresan del extranjero. Categóricamente respondo en términos negativos porque en ese plazo no se resolverá el problema.

Por eso, y no por los antecedentes indicados en los informes de la Oficina Nacional de Retorno, estoy en contra de la aprobación de esta prórroga, ya que cualquier beneficio o reinserción requieren de un tiempo más largo.

La Honorable Cámara ha aprobado una serie de beneficios adicionales en materia previsional, homologando situaciones de profesionales, mediante otorgamiento de franquicias, etcétera, aspectos totalmente independientes, desde mi punto de vista, que no están vinculados a la prórroga del funcionamiento de la Oficina Nacional de Retorno. Tan independiente es que, por ejemplo, en el artículo 2Q que amplía el plazo para las personas que reciben un título o están en vías de obtenerlo en el extranjero se crea una Comisión Especial que funcionará, bajo la dependencia del Ministerio de Educación, hasta la total homologación de los títulos. De tal manera que ese tema es totalmente aparte de la Oficina Nacional de Retorno.

Lo mismo ocurre con el artículo 3°. No se necesita esa Oficina para que operen las franquicias establecidas en tal disposición. De manera que la existencia de la Oficina Nacional de Retorno tampoco está vinculada a la operatoria de la norma mencionada.

Si queremos abordar este tema en serio, el Ministerio de Justicia debería crear como se ha planteado una oficina que oriente y coordine todos los beneficios otorgados a quienes se reinsertan a la sociedad después de haber estado exiliados.

En nueve meses, la Oficina Nacional del Retomo no va a solucionar los problemas pendientes. Definitivamente, debería existir un departamento que aborde y oriente en forma permanente a los retornados. Nueve meses de funcionamiento no será ninguna solución y con seguridad el próximo año vamos a estar abocados de nuevo a prorrogar el plazo, porque habrá muchas situaciones pendientes. Hay que abordar esta materia en forma seria y definitiva, a través de los organismos permanentes del Estado.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Orpis, de acuerdo con su lógica, debería presentar indicación para que la Oficina Nacional de Retorno desarrollara sus funciones en forma indefinida, porque en nueve meses no se solucionará el problema de los que regresan ni tampoco se sanará la gran cicatriz que significó en la historia de Chile haber exiliado a tantos compatriotas.

Buena parte del debate se habría evitado si en alguna oportunidad los señores Diputados que se oponen hubieran concurrido a ver cómo funciona esta Oficina. La impresión que da es lamentable, no por los funcionarios que en ella se desempeñan, sino por la inmensa cantidad de compatriotas que en largas "colas" pretenden conocer los beneficios u obtener los certificados que debe otorgar con la nueva normativa. El personal carece de experiencia y no siempre satisface todas las demandas. Este panorama se matiza con quienes tratan de comprarles sus derechos. En consecuencia, es desolador, sobre todo para compatriotas con profesiones o actividades no siempre requeridas por nuestro mercado laboral. Por ejemplo, conocí compatriotas procedentes de Rusia uno especialista en animales de laboratorio, disciplina no suficientemente desarrollada en el país; otro, cantante lírico, a quienes nuestra sociedad todavía no da lugar, no obstante su larga experiencia, aparte de los problemas de alimentación, de vivienda y de estudios comunes a todos ellos. Un caso serio es el de una persona exiliada en Canadá que postuló a la carrera de sicología en la Universidad de Concepción y fue rechazada por no hablar correctamente el español.

En consecuencia, la gran diversidad de problemas que debe resolver la Oficina de Retomo es absolutamente desconocida por quienes hoy levantan su voz para impugnar el proyecto de ley.

Escasos funcionarios, gran sacrificio personal y mucha generosidad, la misma que pido esta mañana a los señores Diputados que no quieren reconocer la extraordinaria labor desarrollada por dicha Oficina, como lo han destacado suficientemente el señor Ministro y algunos señores parlamentarios.

Se han mencionado irregularidades. Sí, las ha habido. Hace poco en la misma Cámara, lo denuncié; pero la respuesta de los señores Jaime Esponda y Carlos Espinoza fue inmediata: hacer las correspondientes denuncias ante los tribunales.

Por eso, reitero mi absoluta confianza en que la ponderación, rectitud y celo de estos funcionarios garantizan que la Oficina de Retomo no tiene ninguna vinculación con los malos manejos de algunos chilenos, respecto de los derechos de los exiliados retomados.

Por eso, los Diputados radicales apoyaremos este proyecto. Esperamos que la Oficina Nacional de Retorno siga funcionando y que en nueve meses pueda dar solución, aunque no definitiva, por lo menos transitoria, al grave problema creado por quienes exiliaron a tantos compatriotas.

He dicho.

Al artículo primero

1. De los señores Urrutia y Alvarez-Salamanca, para eliminarlo.

Al artículo tercero.

2. Del señor Schaulsohn para suprimirlo.

Al artículo transitorio.

4. Del señor Schaulsohn, para eliminarlo.

CONMEMORACION DEL QUINCUAGESIMO ANIVERSARIO DEL LEVANTAMIENTO DEL GUETO DE VARSOVIA.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

De conformidad con el acuerdo adoptado ayer por la totalidad de los Comités parlamentarios, solicito el asentimiento de la Sala para rendir homenaje con motivo de cumplirse cincuenta años del levantamiento del gueto de Varsovia.

El homenaje se rendirá de inmediato, antes de los proyectos de acuerdo, y con cargo al tiempo que cada Comité dispone en Incidentes.

Si le parece a la Sala, así procederá.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Prokurica.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Aylwin.

Aplausos.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor VIERA-GALLO.

Aplausos.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

Aplausos.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Maluenda.

Aplausos.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

De esta forma, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al cumplirse 50 años al levantamiento del gueto de Varsovia.

El señor LONGTON.-

Pido la palabra.

El señor HUEPE.-

Posterguemos para mañana el despacho de los proyectos de acuerdo.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor LONGTON.-

De acuerdo con el Reglamento, cuando un Diputado es aludido dispone de cinco minutos para responder. Lamentablemente, el señor Presidente no quiso darme la palabra y, con mucho respeto, le pedí a la Diputada señora Maluenda que se quedara en la Sala para escuchar lo que expondré.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Señor Diputado, para ese efecto, puede hacer uso de la palabra al término de la sesión.

El señor LONGTON.-

Son cinco minutos...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

El señor Secretario dará lectura al artículo 33 del Reglamento, que versa sobre esta materia.

El señor LOYOLA (Secretario).-

"El Diputado, cuya reputación o corrección de procedimientos se dañe por cargos formulados en algún medio de publicidad o por observaciones de otro Diputado, podrá, para vindicarse, usar de la palabra durante cinco minutos, como máximo, inmediatamente después de la Cuenta o al término de la respectiva sesión".

El señor MELERO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huepe.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, como se modificó el orden de la Tabla y se hizo este homenaje, muy legítimo y merecido, solicito de la Mesa que pida la unanimidad para postergar la discusión de los proyectos de acuerdos hasta mañana, en el entendido de que se ampliará el tiempo, si es que hay otros. En todo caso, hice la proposición porque me pareció que no había quorum suficiente, pero como ahora han ingresado a la Sala varios señores Diputados, puede haberse reunido el número necesario.

He dicho.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MELERO (Vicepresidente).-

No hay acuerdo.