Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley que establece y modifica normas sobre recaudación y cobranza de cotizaciones previsionales.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social es el señor Gajardo.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 603-13-2 y figura en el número 11 de los documentos de la Cuenta de la sesión N° 62°, celebrada el 13 de abril de 1993.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, procedo a entregar el segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que establece y modifica normas sobre recaudación y cobranza de cotizaciones previsionales.

Corresponde dar por aprobados los artículos 22, 32 y 52 62 del primer informe y los artículos l2, 22 y 32 transitorios.

La Comisión de Trabajo acogió las indicaciones a los artículos l2 permanente y 4° y 52 transitorios.

La modificación al artículo l2 tuvo su origen en una indicación presentada y aprobada en la Comisión de Hacienda, con el propósito de armonizar las situaciones legisladas, tanto respecto del decreto ley N2 3.500, como de la ley que establece normas sobre el cobro judicial de imposiciones para el sector acogido al Instituto de Normalización Previsional.

La situación prevista en la norma dice relación con el incumplimiento de la declaración de las cotizaciones que deben enterarse. Sabemos que la legislación vigente obliga a todos los empleadores a declarar y a pagar las cotizaciones, pero cuando la declaración es incompleta o errónea se establecen penas pecuniarias. Respecto de los empleadores que deben efectuar esta declaración en las administradoras de fondos de pensiones, se consagró una norma que libera del pago de la multa cuando la declaración, no obstante ser incompleta o errónea no sea maliciosa, y de hecho las imposiciones se pagan en su oportunidad. Sin embargo, esta norma no se establecía con respecto a los empleadores que cumplen este mismo trámite en el Instituto de Normalización Previsional.

En consecuencia, la Comisión le dio su aprobación y recomienda a la Sala proceder en los mismos términos.

En el artículo transitorio, también producto de una indicación presentada y aprobada en la Comisión de Hacienda, se prorroga por un año, a contar del 20 de enero de 1993, el plazo establecido en el artículo 92, de la ley N° 18.689.

En el artículo 42 transitorio, se agregó una disposición relacionada con el delito establecido en este proyecto. Como sabemos, se aprobó en general y no fue objeto de indicaciones, por lo cual la norma debe darse por aprobada. El hecho de descontar las imposiciones de los trabajadores y no enterarlas en la institución previsional correspondiente convierte al empleador en autor de un delito específico que se establece en este proyecto. La norma transitoria tiene por objeto llenar el período previo a la vigencia de la nueva normativa, pues si existieran procesos pendientes relacionados con hechos de esta naturaleza y que se estén tramitando de acuerdo con la legislación penal ordinaria, que no se entienda que esa situación queda impune por el hecho de establecerse un tipo especial que lo sanciona en virtud de este proyecto. Con el propósito de llenar esa laguna y evitar posibles situaciones de impunidad frente a empleadores que se hubieren apropiado indebidamente de los recursos pertenecientes a los trabajadores, producto de los descuentos en sus remuneraciones, se establece esta normativa destinada a aplicarse en todas las situaciones que puedan o hayan ocurrido hasta antes de la vigencia de esta iniciativa legal, que describe un delito específico para situaciones de esa especie.

Por último, debo informar que se rechazaron dos indicaciones: una tenía por objeto eliminar el inciso final del artículo 5a, que establece la no aplicabilidad al Director del Instituto de Normalización Previsional de las disposiciones contenidas en el artículo 238, del Código de Procedimiento Civil, relativas al arresto, y la otra, que al Instituto de Normalización Previsional no le será aplicable lo dispuesto en la misma disposición legal por un plazo de dos años a contar de la vigencia de la presente ley.

La Comisión recomienda aprobar el proyecto de la manera como ha sido informado.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en la discusión general hicimos dos objeciones al proyecto respecto de los imponentes del antiguo sistema previsional, es decir, de los adscritos al Instituto de Normalización Previsional, pues, desde nuestro punto de vista, los pensionados resultan enormemente perjudicados.

Una se refiere a la imprescriptibilidad, que fue tratada por esta honorable Sala la semana pasada y que va a ser objeto de . discusión en la Comisión Mixta, y la otra a la norma que se propone para eliminar la aplicabilidad del artículo 238, del Código de Procedimiento Civil respecto del Instituto de Normalización Previsional.

¿Por qué hemos decidido renovar esta indicación?

El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil establece la facultad del juez para apremiar al obligado en el cumplimiento de la sentencia. Es decir, es una norma que está estrechamente vinculada con la facultad de imperio de los tribunales de justicia a fin de hacer cumplir los fallos.

Aquí se pretende eliminar esta facultad en forma permanente en relación con el Instituto de Normalización Previsional, lo cual dejará en desmedrada situación a aquellas personas que hayan obtenido sentencia favorable, puesto que quedarán en la indefensión respecto de fallos que no serán cumplidos por el INP.

Estamos conscientes de que actualmente el Instituto tiene una cantidad importante de demandas e, incluso, de cumplimiento de fallos. Desde nuestro punto de vista, ese problema que enfrenta debió haberse abordado de manera distinta, como, por ejemplo, aumentando los plazos o estableciendo una norma transitoria; pero aquí estamos eliminando definitivamente esa facultad. Los bienes del INP, al igual que los fiscales, son inembargables. En consecuencia, el último recurso del pensionado para hacer cumplir un fallo es solicitarle al juez la aplicación de algunas de las facultades establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, pudiéndose llegar hasta el arresto del Director.

Aquí, con nuestra posición, ni siquiera estamos juzgando lo que ha hecho hasta ahora este funcionario. Por el contrario, creemos que ha hecho una labor eficiente; pero con la eliminación de esta norma puede ocurrir que el día de mañana llegue un Director negligente y no haya forma de hacer cumplir los fallos judiciales.

Consideramos que la disposición propuesta debe rechazarse y que en la Comisión Mixta debe llegarse a un acuerdo razonable para que el Director del Instituto de Normalización Previsional no siga exponiéndose a ser detenido hasta que se solucione y regularice definitivamente este problema circunstancial.

Es un pésimo precedente quitar esta facultad de imperio a los tribunales de justicia, que además repito significa la indefensión de los propios pensionados en cuanto a recurrir en última instancia para que se apliquen algunas de las medidas establecidas en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil.

Estamos dispuestos a buscar una solución como la planteada en el artículo transitorio nuevo, pero es nefasto establecer este precedente para los pensionados de nuestro país y, en definitiva, para la facultad de imperio de los tribunales. Por ello hemos renovado la indicación y pensamos que esta materia debe ser resuelta en la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, queremos agregar que, a nuestro juicio, el referido inciso del artículo 4° del proyecto es claramente inadmisible. Por lo tanto, solicitamos a la Mesa que se pronuncie sobre su constitucionalidad, puesto que el artículo 73 de la Constitución Política del Estado entrega a los tribunales el atributo constitucional de hacer ejecutar lo juzgado y a través de una ley lo suprimimos. Si la cuestión no fuera resuelta en esta Sala, los Diputados de la UDI nos reservamos el derecho de recurrir al Tribunal Constitucional, puesto que nos parece que estamos frente a una disposición claramente inconstitucional.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, me alegro de la posición del Ministro del Trabajo en relación con una positiva disposición en la Comisión Mixta para llegar a un consenso que haga claridad sobre algo tan elemental y que no podemos soslayar de ninguna manera, como es el caso de que el Estado, a través del organismo pertinente, no cumpla con la indemnización o pago correspondiente en aquellos juicios que se pierden en los más altos tribunales de la justicia chilena.

Esta es la oportunidad de señalar, frente al Ministro del Trabajo y representantes del servicio, que felizmente las actuales directivas están buscando su transparencia, porque los parlamentarios sabemos perfectamente bien que son muchos los hombres y mujeres que han trabajado en diferentes campos de la actividad laboral del país y que han sido estafados, de una manera u otra, por verdaderas organizaciones o máquinas que han entorpecido o paralizado las tramitaciones sobre el reconocimiento de sus derechos, a través de largos juicios, en los cuales algunos profesionales y organismos se quedan con el 50 por ciento, a lo menos, de lo que les corresponde.

Me alegro de que el Ministro del Trabajo y las directivas del INP tomen las medidas para que se termine de una vez por todas una situación que se arrastra desde hace muchos años. Estoy absolutamente seguro de que parlamentarios de las diferentes bancadas hemos recibido numerosas peticiones de muchos trabajadores que enfrentan dramáticas situaciones, por el incumplimiento de las sentencias de juicios que han ganado por el organismo pertinente.

Señor Presidente, por su intermedio, deseo otorgarle una interrupción al Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, el tema a que se refiere el Diputado señor Muñoz Barra, sobre esa maquinación de empresas de abogados que cobran platas a los trabajadores, dice relación con el artículo 4e del proyecto que perdimos hace dos semanas, porque nos faltaron cuatro votos para aprobarlo.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, se han expresado algunas opiniones respecto de la disposición que señala que en estos juicios no se aplicará lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil. Además, se anuncian requerimientos al Tribunal Constitucional, porque se estaría interfiriendo o violando el principio de que los tribunales pueden hacer ejecutar lo juzgado.

Sin embargo, si leemos con atención el artículo 238, comprobamos que se relaciona con el 237 del mismo Código. Aquí estamos en presencia de un juicio declarativo en que se dicta una sentencia que establece ciertos derechos. De acuerdo con el artículo 237, las sentencias que ordenen prestaciones de dar, hacer o no hacer, y cuyo cumplimiento se solicite después de vencido el plazo de 30 días, concedido en el artículo 233, se sujetarán a los trámites del juicio ejecutivo. O sea, hay dos procedimientos: uno incidental, y el juicio ejecutivo. Y el artículo 238 señala que en los casos en que se trate de cumplimiento de resoluciones no comprendidas en los artículos anteriores, procederá el arresto.

En consecuencia, cuando se afirma que se viola el principio constitucional porque los tribunales no pueden ejecutar lo juzgado, simplemente, se incurre en un error, porque se trata de una sentencia declarativa que se cumple, o incidentalmente, o a través del juicio ejecutivo. Ahora, si el Fisco es el demandado, porque tiene que pagar, esa situación también tiene una forma especial de cumplimiento que se señala en el juicio de Hacienda; "Solamente mediante la dictación del decreto respectivo, se puede proceder a cumplir una sentencia dictada contra el Fisco."

Entonces, existen diversas maneras de cumplir los fallos judiciales y justamente, en el caso, que se dicte una sentencia declarativa, no cabe el arresto, porque comprende las demás resoluciones. Así lo dice el artículo 238.

En mi opinión, desde el punto de vista técnico y legal, ni siquiera procedería derogar o suprimir como lo señala el proyecto, porque eso no es aplicable a las sentencias declarativas, como las que se dictan en este caso. Pero si se quiere una mayor claridad, el proyecto está en la línea correcta al suprimir esta disposición que, en mi opinión, refuerza, nada más, el sentido de los artículos 237 y 238 del Código de Procedimiento Civil.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, quiero recoger lo manifestado por el señor Ministro, sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en esta materia. Y para ello, necesariamente, debe llegarse a la Comisión Mixta.

Este proyecto elimina de manera permanente la aplicación del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, lo que no nos parece conveniente. Por otro lado, estamos conscientes de la situación transitoria y coyuntura! de acumulación de juicios que afecta al Instituto de Normalización Previsional.

Para el logro de tal objetivo, hay dos alternativas: aprobar la indicación renovada en este caso o rechazar derechamente el artículo para que la Comisión Mixta trate a fondo esta materia, opción que proponemos, porque si no es tan importante la eliminación del artículo 238, para qué postularlo en este proyecto.

Los problemas del Instituto de Normalización Previsional derivan de una facultad de los pensionados para hacer cumplir los fallos, lo que nos parece relevante por las circunstancias que han ocurrido. No obstante, reconociendo esta situación coyuntural, lo más correcto es llegar a la Comisión Mixta. Y para ello, procede aprobar la indicación renovada o rechazar el artículo para que sea tratado a fondo en la Comisión Mixta.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por ministerio del Reglamento, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el Diputado señor Andrés Aylwin.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 948-07 y figura en el número 26 de los Documentos de la Cuenta de la sesión 27s, celebrada el 9 de diciembre de 1992.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, daré a conocer brevemente el informe sobre el proyecto de ley originado en un mensaje del Ejecutivo, que tiende a legalizar y a perfeccionar un sistema que nuestras antiguas prácticas electorales han establecido en relación con los escrutinios electorales.

La idea matriz del proyecto es formalizar una histórica y aceptada práctica de información relacionada con las elecciones populares, que consiste en que el Ministerio del Interior, a medida que las mesas de votación concluyen sus procesos de escrutinio, entrega resultados parciales y finales de la elección, sobre la base de la información proporcionada por las mesas de votación.

En la actualidad, el proceso es bastante burocrático, pues no existe un sistema expedito de comunicación directa desde las mesas escrutadoras hasta las gobernaciones y, concretamente, hasta el Ministerio del Interior. En esta forma, dicho Ministerio da resultados parciales, a medida que éstos se van acumulando en las respectivas gobernaciones u organismos pertinentes.

Para lograr lo anterior, la iniciativa dispone, entre otras, la siguiente norma:

"Artículo 175 bis.- Con el objeto de mantener informada a la opinión pública del desarrollo de toda elección o plebiscito, el Ministerio del Interior emitirá boletines parciales que contengan información respecto de la instalación de las mesas de votación y de la situación de orden público, como asimismo, sobre los resultados que se vayan produciendo, en la medida en que las mesas culminen su proceso de escrutinio.

"Para estos efectos, lo gobernadores provinciales acreditarán, en cada local de votación, ante el respectivo delegado de la Junta Electoral, un funcionario de la Administración Civil del Estado, que será responsable únicamente de obtener de aquél la información pertinente y remitirla al Ministerio del Interior en la forma en que éste determine. Para el adecuado desempeño de este funcionario, las municipalidades deberán habilitarle, en cada local de votación, desde el tercer día anterior a la elección o plebiscito, un recinto dotado de instalación eléctrica.

"Los boletines parciales que dé a conocer el Ministerio del Interior durante el proceso electoral o plebiscitario, y los finales que emita a su término, y que digan relación con resultados, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán escrutinio para efecto legal alguno."

En síntesis, se trata de legalizar una situación mantenida en nuestra tradición electoral durante largo tiempo: que el Ministerio del Interior dé resultados parciales, pero perfeccionando el sistema, de manera que dicha Cartera tenga una información directa, que provenga desde las mesas o de los locales donde se está realizando la votación y se están entregando los resultados, de modo que éstos puedan darse en forma más expedita y rápida, y no como sucede hoy que, muchas veces, cuando se dan los resultados parciales del Ministerio del Interior, ya las radios y los partidos políticos van muy adelantados en sus informaciones.

En todo caso, queda claramente establecido que ésta es una mera información, que no establece ningún precedente y que no tiene ningún valor legal que no sea el de informar a la opinión pública de los resultados producidos en una elección o en una consulta de carácter plebiscitario.

Hago presente que este proyecto fue aprobado por unanimidad en nuestra Comisión, porque estimamos que sólo tiene por objeto como lo expresé, legalizar una situación ya existente en la práctica, perfeccionando el sistema para que sea más rápido y expedito.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, aun cuando compartimos la idea de legislar sobre la materia, hemos formulado una indicación que apunta a evitar la inducción del voto, fundamentalmente en un plebiscito y en una elección presidencial.

La ley N° 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, establece que las mesas se abren a partir de las 7 de la mañana y funcionan nueve horas. Pero, a lo largo del país, la constitución de mesas es muy dispareja; o sea, algunas lo hacen a las 7, otras a las 8 y las últimas, que no es costumbre, a las 9. Por lo tanto, también varía su término de atención. En la medida en que las mesas que cierran más temprano, tienen resultados más rápidos fundamentalmente en un plebiscito o en una elección presidencial los que pueden inducir el voto de la persona que no ha sufragado. Por esa razón, presentamos indicación al artículo 70 que establece que si hubiere que practicarse más de un escrutinio, primero se hará el de plebiscito, después el de Presidente, posteriormente el de Senadores y, por último, el de Diputados para modificarlo y, en consecuencia, el primer escrutinio sea el de Diputados; segundo, el de Senadores; tercero, el de Presidente de la República y, finalmente, el de plebiscito. Ello implicará que se induzca mucho menos el voto, porque el escrutinio de un Diputado, a nivel nacional no tiene la incidencia del de un plebiscito o de un Presidente de la República.

Como esta indicación se condice ampliamente con los elementos y la fundamentación del proyecto, esperamos que sea aprobada.

He dicho.

El señor ESPINA .-

Señor Presidente, quiero formular una consulta al Diputado informante.

En primer lugar, se incorpora en todo el proceso electoral la nominación de un funcionario de la administración civil del Estado. Quiero saber, y así lo entiendo, que éste cumplirá, durante ese día, sus labores en forma no remunerada, lo contrario implicaría un gasto significativo para el Estado. Hoy esa función la desarrollan los delegados de la junta electoral, que, me parece, no son remunerados. Por lo tanto, tratándose de un funcionario de la administración civil del Estado, quiero saber si en la Comisión se hizo alguna consulta sobre la materia.

En segundo lugar, se elimina la suma del resultado electoral del local. El actual artículo 54 establece la obligación del delegado de la junta electoral de "reunir y sumar, para fines informativos," las referidas minutas. Esta ha sido reemplazada por la de recibir los formularios de minutas con los resultados y entregar uno al funcionario de la administración civil del Estado designado especialmente para tal efecto, de manera que no habría suma de los resultados de las mesas del local y ella sólo se efectuaría en el Ministerio del Interior, posteriormente, cuando ya se proceda a la entrega oficial de los resultados. Por ello, con su venia, me gustaría que el Diputado don Andrés Aylwin pueda precisar esos dos hechos..

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, según lo que se nos informó y así se desprende del proyecto no se crea ningún nuevo cargo. Es el mismo delegado el que desempeñará dos funciones diferentes: las que cumple actualmente y la de informar directamente al Ministerio  del Interior sobre los resultados de la elección. Para estos efectos, habrá una copia más de los escrutinios.

El hecho de que se envíe rápidamente uno de estos escrutinios al Ministerio del Interior no se opone a que, posteriormente, haga las sumas correspondientes y cumpla con todas las otras funciones que le encomienda la ley y que cumplen hasta esta fecha.

En síntesis, es el mismo delegado quien informará al Ministerio del Interior, entiendo que a través de las gobernaciones.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, no me queda claro lo que dice el Diputado señor Aylwin en relación con el texto del artículo 175 bis.

Mi observación sólo tiene el propósito de precisar un hecho que me parece nuevo.

En la actualidad, el delegado de la junta electoral reúne la información, las minutas de los resultados de las mesas y las sumas. Para fines informativos, comunica los resultados al gobernador provincial, quien, posteriormente, los remite al Ministerio del Interior.

El nuevo artículo 175 bis establece en su inciso segundo: "Para estos efectos, los gobernadores provinciales acreditarán, en cada local de votación, ante el respectivo delegado de la Junta Electoral, un funcionario de la Administración Civil del Estado,". Es decir, interviene otra persona, quien se agrega al delegado de la junta electoral ¿Quién lo va a designar? Entiendo que los gobernadores respectivos. Además, se elimina el trámite de las sumas que hoy realiza el delegado de la junta electoral.

El proyecto propone sustituir el número 6 del artículo 54 de la ley Ne 18.700, para reemplazar la actual obligación del delegado de la junta electoral, de reunir y sumar, para fines informativos, las referidas minutas, y de comunicar los resultados al gobernador provincial, por las de sólo recibir no dice "sólo", pero se incluye únicamente la palabra "recibir", los formularios de minutas con los resultados y entregar uno al funcionario de la administración civil del Estado designado especialmente para tal efecto.

Entonces, ¿va a participar otra persona en el proceso electoral, que va a ser un funcionario de la administración civil del Estado? Además, no será necesario sumar en cada local donde los apoderados podían ir y pedir la suma que hacía sino que simplemente se remiten las minutas, y quien hace la suma es el Ministerio del Interior.

Me parece un cambio que me gustaría y entiendo que este proyecto fue visto ayer en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y que el Diputado señor Aylwin no ha tenido, a lo mejor, mayor información, por lo que, no estoy haciendo ningún cargo, que se precisara la necesidad de este nuevo funcionario, porque la labor que se le encarga podría realizarla el delegado de la junta electoral. No veo por qué es necesario incluir a un nuevo funcionario en el proceso eleccionario, el que tiene que estar presente en cada local de votación.

Esta es la consulta que formulo, por su intermedio, a quien pueda aclararla y, obviamente, al Diputado informante, señor Aylwin.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional que reprime desórdenes y hechos de violencia en los estadios y otros centros deportivos, con ocasión de espectáculos públicos.

Diputados informantes de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación y de Constitución, Legislación y Justicia son los Diputados señores Smok, Espina y Martínez.

El texto del proyecto de ley está impreso en el boletín N° 259-07 y figura en el número 17, de los documentos de la Cuenta de la sesión 621 celebrada el 13 de abril de 1993.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, me ha correspondido en conjunto con el colega Alberto Espina, informar a la Honorable Cámara, en representación de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto de ley que reprime desórdenes y hechos de violencia en los estadios y otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos.

Cabe destacar que en el trabajo y debate de la Comisión, participaron activamente los funcionarios del Ministerio del Interior, Jorge Burgos Varela, Subsecretario, y Luis Toro, abogado asesor; y por la Digeder, su Director General, Iván Navarro y el Jefe del Departamento Jurídico, don Juan Franceschini.

Mi exposición se centrará en el fenómeno que motiva el presente proyecto y las disposiciones de carácter preventivo que se han incorporado en la propuesta original. El resto de las disposiciones las informará el colega Alberto Espina.

No cabe duda que la violencia en los estadios ha constituido en nuestro país un tema de opinión pública y de gran preocupación de toda nuestra sociedad. Lo que originalmente fue la observación lejana de hechos impactantes que ocurrían en otras latitudes, se introdujo, poco a poco, en nuestros espectáculos de fin de semana. Ya no eran los cables los que nos traían noticias de violencia, muerte y daño, sino que las secciones deportivas locales de los distintos medios informativos nos daban cuenta de situaciones dramáticas en nuestro país.

Se han dado diversas opiniones, muy fundadas, de las razones por las cuales la violencia llegó a nuestro público deportivo. Se apunta fuertemente a la creación de las denominadas "barras bravas", como una triste imitación de verdaderas organizaciones delictuales, semejantes a las formadas, con anterioridad, en Europa y países latinoamericanos. En éstas se desarrolla un fanatismo y un modo de vida que identifica a sus componentes. Se trata de personas violentas, que incorporan esta actitud a la nueva organización de la que pertenecen. Se mezclan con los verdaderos hinchas de los equipos de fútbol y pasan, en muchos casos, a controlar las acciones masivas de estos grupos. Junto a ello, el tratamiento público que se les da a estas organizaciones y a sus acciones, incentiva, directa o indirectamente a sus componentes a seguir por el camino violento e incluso, motiva a otros a incorporarse a ellas. Los medios de comunicación tienen en ello una cuota de responsabilidad. Basta ver que en vez de tratar estas noticias en las secciones normalmente destinadas a los temas policiales o delictuales, los analizan en el área deportiva. Al ligar estas actuaciones con el deporte, especialmente con el fútbol, se entrega un mensaje errado.

De igual modo, quienes han analizado el tema, señalan que, incluso, en las declaraciones de los directores técnicos y en el ambiente que se crea en la prensa, previo a los encuentros deportivos, se destacan actitudes belicosas que van más allá de lo propio de un espectáculo que debería tener carácter deportivo. Asimismo, la estructura de los recintos donde se realizan, contribuye a crear atmósferas inadecuadas, el hacinamiento, la mezcla de fanáticos de los equipos en competencia y el no contar con adecuados accesos para evitar aglomeraciones.

Un factor que denota lo señalado, sin duda, es la ingesta de bebidas alcohólicas antes y durante los espectáculos deportivos. Si a ello se agrega la insuficiencia del control policial en determinadas ocasiones no por negligencia necesariamente de la fuerza policial, sino por imposibilidad de distraer gran cantidad de contingente de sus labores habituales, tanto o más importantes que el resguardo del orden en los estadios, tenemos la fórmula adecuada para la generación de hechos de violencia de difícil control y de represión casi imposible.

Frente a esto, el Ejecutivo presentó a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley que pretende poner atajo a tiempo a este fenómeno, que tiende a generalizarse. Sostiene el Gobierno que no obstante haberse empleado los medios con que se cuenta para poner coto a estas acciones, los hechos siguen produciéndose, y en algunos casos se ha notado una escalada. Por ello, el proyecto persigue la creación de una normativa especial para abordar el punto.

En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se aprobó la idea de legislar, a diferencia de lo que ocurrió en la Comisión de Educación; se abrió debate sobre los instrumentos jurídicos más adecuados para enfrentar el tema. En esto hubo diferencias en las opiniones consultadas, y algunos entes preocupados de la cuestión, fundamentalmente ligados a las asociaciones de los clubes de fútbol, se manifestaron partidarios de modificar la normativa penal vigente. La Comisión, sin embargo, optó por emplear como herramienta jurídica la legislación especial propuesta por el Ejecutivo, en consideración a varias razones.

Primera, una ley especial permite que la ciudadanía tome interés y conciencia del problema; segunda, la ley especial produce un efecto pedagógico y muestra claramente las conductas que se desean evitar y sancionar, de ser cometidas; tercera, las conductas a sancionar tienen las características distintivas de realizarse en recintos deportivos; son expresiones masivas, espontáneas y organizadas, que se manifiestan en condiciones peculiares, y por ello, difícilmente reproducibles en otros ámbitos de la vida ciudadana. La opción de la legislación especial, desde este punto de vista, evita ampliar tipificaciones generales en forma inadecuada.

Finalmente, en este y otros aspectos se consideraron las experiencias de países en que se ha resuelto desarrollar una legislación especial, luego de debatir ampliamente el punto sobre la base de estudios acabados en la materia. Es el caso de Gran Bretaña, España, Argentina y Uruguay.

Acordada por la Comisión la herramienta, se estimó importante dar mayor énfasis a la prevención de las situaciones violentas o de desorden antes de la represión. Por ello, se incorporó el Título I del proyecto, que se denomina "De las medidas de seguridad preventivas", que abarca los artículos 1° al 6°.

La cuestión se ha abordado con visión, procurando atacar primero las causas de la violencia y desórdenes en los estadios, que hemos reseñado al inicio de la intervención, en la confianza de que los aspectos represivos de la presente legislación pronto se vuelvan innecesarios.

En el análisis de las disposiciones, el artículo 1° establece requisitos especiales para los recintos en que se realicen espectáculos deportivos públicos, en orden a dar mayores garantías de seguridad, sin perjuicio de las exigencias legales de urbanismo y construcción.

Si se cumplen tales requisitos, el intendente respectivo otorgará la autorización de funcionamiento, previo informe de Carabineros de Chile. La exigencia es general, para todos los recintos de este tipo.

El artículo 2° incorpora la calificación de espectáculos deportivos públicos de alto riesgo, que establecerá el intendente respectivo. En tal caso, Carabineros indicará las medidas de seguridad especiales que deben cumplir los organizadores, entre ellas, la ubicación separada de las

barras, en sectores claramente determinados, a los que sólo se puede ingresar con credencial proporcionada por el club del caso, al cual cabe el control y vigilancia.

Incluso, la disposición faculta al intendente para suspender el espectáculo si no son tomados los resguardos mínimos y otros exigidos por la autoridad policial.

El artículo 3° complementario al anterior. Dispone que en el caso específico de los espectáculos del fútbol profesional, de carácter nacional o internacional, sus autoridades deberán comunicar al intendente respectivo los de alto riesgo. Con esto se implementa el espíritu de colaboración que las autoridades de fútbol profesional han manifestado y demostrado durante el desarrollo del proyecto.

Como señalé al inicio del informe, gente violenta y fanática ha ido conformando las barras bravas y se ha enquistado y mezclado con los verdaderos hinchas del fútbol. Han llegado a dirigir por lo menos de hecho sus acciones, y se ha perdido la claridad sobre quiénes componen las barras oficiales de los clubes y, por consiguiente, quién responde civilmente por daños y lesiones eventuales.

Esto se soluciona con lo dispuesto en el artículo 4a, que impone a los clubes del fútbol profesional la obligación de llevar un padrón oficial actualizado de los miembros de su barra, con identificación completa de cada uno y credencial personal e intransferible que los habilite para ingresar a los sectores reservados para ellos en los estadios. Asimismo, los clubes deberán remitir semestralmente copia del padrón a la unidad policial del domicilio institucional.

Esta medida de carácter preventivo, que aparece como obligación para los clubes, los beneficia al permitir la selección de las personas que alentarán al equipo y la individualización adecuada para hacer efectiva la responsabilidad, que de lo contrario podría corresponder genéricamente al club.

Con ello, los clubes se sentirán y harán responsables a los miembros de su barra del orden en los estadios y de los hinchas del equipo.

Los artículos 5° y 6° fijan procedimientos que resguardan los derechos involucrados, instancias que garantizan el otorgamiento de la autorización a que se refiere el artículo 1° y la calificación de espectáculo de alto riesgo que contempla el artículo 2°. Evitan que las medidas especiales estén entregadas al arbitrio y, por el contrario, obedezcan al espíritu de complementación de la labor de la autoridad regional y policial con los dirigentes del fútbol profesional y responsables de los recintos deportivos, en eventos públicos que organicen.

Por último, si bien corresponde al Título III del proyecto, denominado "Disposiciones varias", el artículo 14 debe ser abordado en la presente exposición por constituir una medida que persigue establecer seguridad en forma preventiva. La disposición agrega al artículo 159 de la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres el siguiente inciso final: "En los espectáculos deportivos públicos que el Intendente califique de alto riesgo para la seguridad pública, podrá decretarse la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas en los centros o recintos donde se lleven a efecto y en un perímetro máximo de cinco cuadras, medida que regirá desde tres horas antes del inicio del evento y hasta tres horas después de su finalización.".

Como podrán apreciar los Honorables colegas, el esfuerzo es serio para abordar con visión de futuro y carácter preventivo una legislación especial que combata las causas del fenómeno de la violencia y desórdenes en los estadios y otros recintos deportivos. De una u otra manera, hay respuesta a grupos de fanáticos, marginales y violentos que se introducen en la hinchada, controlan su acción masificada y la conducen a la violencia sin aparente costo. También respuesta a los problemas de infraestructura y condiciones de seguridad que deben ofrecer los recintos deportivos; al expendio de bebidas alcohólicas a propósito de dichos espectáculos.

Obviamente, además del proyecto para resolver el fenómeno social que hay detrás de los grupos o individuos marginales que integran las barras denominadas bravas, hay desafío integral que no nos excluye como legisladores ni como dirigentes políticos o generadores de propuestas de acción gubernamental, desde el Gobierno y la Oposición; sino que nos involucra en una política de educación social hacia el juego limpio, el deporte como recreación y no como enfrentamiento.

Escapa de nuestras manos el tratamiento que se da al fenómeno en los medios de comunicación. No es neutro. La forma, el lugar, el ambiente, la edificación de quienes participan de acciones violentas tienen un efecto de suma importancia en los resultados que se obtengan al enfrentar socialmente el problema. En esto, los directores técnicos y los deportistas destacados de los distintos clubes cumplen una gran misión, porque en ellos se refleja la mayor parte de la hinchada, especialmente de los más jóvenes. Luego, sus actitudes y declaraciones públicas orientadas a valorar las acciones positivas y a desalentar las acciones violentas e impersonales, contribuirán más a prevenir que a reprimir.

Es claro, entonces, que el presente proyecto es un avance; desde el punto de vista legislativo, un acierto. Por ello, la Comisión llama a los señores Diputados a aprobarlo en su integridad, en el entendido de que debemos, junto con los demás actores sociales relevantes y comunicadores, generar en la opinión pública una actitud comprometida para dar solución al fenómeno que nos ocupa.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, tal como señaló el Diputado don Gutenberg Martínez, el proyecto aborda dos áreas distintas: las medidas de carácter preventivo y las sancionatorias, que persiguen llenar vacíos de nuestra legislación y que la Comisión estima necesarias para enfrentar la violencia en los estadios, particularmente en espectáculos del fútbol profesional.

Sin embargo, quiero hacer una breve precisión. Para que los legisladores decidan modificar las leyes vigentes o crear otras es necesario establecer si los hechos motivan y ameritan que se legisle; y desde este punto de vista, los miembros de la Comisión, junto con las autoridades de Gobierno y del fútbol profesional, hemos llegado a la convicción de que reúnen caracteres de generalidad que justifican la adopción de medidas, tanto en el plano administrativo como en el legislativo.

Por lo demás, Chile no es el único país donde ocurren. Lamentablemente, los hechos de violencia se han extendido a través del mundo por la vía de la limitación del comportamiento de las denominadas barras bravas o que despiertan mayor fervor en el fútbol profesional.

Como características generales, estos hechos son reiterados, escapan a reacciones espontáneas que pudieren producirse por un buen o mal resultado de un evento deportivo; son conductas ya no propias de la pasión que naturalmente despierta la práctica del fútbol, y en particular del profesional, sino de aquellas que la sociedad reprocha y reclama su regulación por el legislador.

En otros actos y comportamientos humanos condenables no se considera necesario legislar porque son esporádicos y obedecen a conductas pasionales de ocurrencia bajo determinadas circunstancias muy calificadas. Aquí estamos en presencia de hechos que lamentablemente son reiterados y que constituyen juicios de reproche graves de la sociedad, por el grado de violencia con que se ejecuten.

En segundo lugar, hasta la fecha se producen en zonas urbanas de gran densidad de población, lo que significa que afectan a un importante número de habitantes de las principales ciudades, particularmente de la Región Metropolitana. Ocurren en sectores muy poblados y, por lo tanto, los actos de violencia se transmiten y repercuten en muchísimas personas, cada vez que se realizan los espectáculos que el proyecto califica de alto riesgo.

Luego, la experiencia demuestra que este tipo de conducta se genera en Chile por la vía del efecto de imitación, el cual, de acuerdo con el análisis de la legislación comparada, indica que una vez que se lleve a cabo este tipo de conductas en un país determinado, se sociabiliza y tiende a extenderse a otro tipo de zonas, ya no de alta concentración urbana o donde se llevan a cabo espectáculos de alto riesgo, sino que, lamentablemente, a otras ciudades y en otro tipo de espectáculos.

Estos hechos conducen a que el legislador estime necesario adoptar dos tipos de medidas: una, de carácter administrativo, que corresponde a las autoridades del Ministerio del Interior, a Carabineros de Chile y a las organizaciones del deporte, y otra, de carácter legislativo.

De acuerdo con el informe, entre las causas que han motivado algunos hechos de violencia está la de no disponerse con la prontitud necesaria la cobertura policial en el lugar, o no distribuirse debidamente en el recinto o en las cercanías de aquél al término de un espectáculo deportivo. En definitiva, hay una responsabilidad administrativa que es necesario cumplir adecuadamente para evitar la repetición de estos hechos.

En el ámbito legislativo están las medidas de carácter preventivo mencionadas y las de carácter sancionatorio. Reitero que la Comisión atribuyó mayor importancia a las medidas de carácter preventivo, por estimar que son las únicas que lograrán aminorar y controlar los actos de violencia en los estadios.

Las medidas sancionadoras son prácticamente ejemplarizadoras, pero de aplicación cuando el daño y el efecto nocivo ya se han producido, resultados que es preciso evitar en un espectáculo deportivo.

¿Cuáles son las sanciones establecidas en el artículo 7° del título segundo del proyecto? Una figura delictual base que consiste en sancionar a quienes ejecutan actos que provocan violencia física contra las personas o daños sobre los bienes en los recintos donde se llevan a efecto espectáculos deportivos públicos y en sus inmediaciones, antes, durante y después de su desarrollo, para lo cual se fija una penalidad de 61 días a tres años; y una agravante de la responsabilidad de quienes son sorprendidos con armas, elementos u objetos que parezcan haber servido o estar destinados a cometer este tipo de delitos, y también a los organizadores o promotores de esos hechos de violencia, que eleva la pena al grado superior, es decir, 541 días a tres años.

Como el propósito del legislador no es llenar las cárceles de personas que se comportan indebidamente en los estadios, más aún cuando en muchos casos se trata de jóvenes de escasa edad, la norma establece penas alternativas, atendiendo a las conductas anteriores del hechor, es decir, si ha sido sorprendido con anterioridad cometiendo delitos de igual naturaleza y las modalidades y formas en que se provocaron los actos de violencia. Si el análisis de esos hechos hace presumir al juez que no volverá a cometerse el delito, podrá recurrir a dos penas alternativas. La primera, arresto por los fines de semana por un lapso de dos a seis meses y, la segunda, realizar trabajos comunitarios de fin de semana por igual período.

Es decir, si el joven es sorprendido participando por primera vez en actos de violencia de esta naturaleza, en condiciones o situaciones que demuestren que no existe ninguna razón para que sea detenido porque en lugar de mejorarlo vamos a empeorar su conducta, entonces el juez puede ponerlo a disposición de la municipalidad o autoridad respectiva para que trabaje en la reparación del daño causado a los recintos deportivos, lugares o locales públicos que rodean la zona afectada. Esta medida ejemplarizadora va a resultar mucho más eficiente que la de tener a un joven de 19, 20 ó 21 años detenido en la cárcel.

En el informe se establece cómo se regula el artículo 25 del Código Penal para contener el arresto de fin de semana. Se señala que éste se va a llevar a cabo en el recinto de la unidad policial del domicilio del condenado y su duración podrá ser como máximo de dos meses a un año. Por otro lado, se plantea que los trabajos comunitarios se llevarán a efecto en cualquiera entidad de carácter comunitario en el lugar del domicilio del condenado y su duración será de dos meses a un año. Luego se hace referencia a la prohibición temporal de asistir a espectáculos deportivos como pena accesoria.

Ahora bien, la entidad administrativa encargada de que se cumplan estas penas de encarcelamiento de fin de semana podrá, en situaciones calificadas y excepcionales, mediante resolución fundada, dispensar parcialmente su cumplimiento cuando el recinto policial carezca de las condiciones adecuadas. Las medidas están pensadas para que siempre sirvan de ejemplo en lugar de sanciones y así lograr que los jóvenes sean menos delincuentes, cometan menos delitos que los que motiva la sanción que estamos mencionando.

Luego de precisada la figura base y las dos penas alternativas con las que va a contar un juez, se establece, como medida accesoria, una que resulta evidente: la prohibición de asistir, durante el tiempo de la condena, a los espectáculos deportivos públicos de igual naturaleza, para lo cual debe presentarse a la hora en que éstos se desarrollan debiendo permanecer en el lugar que el juez determine.

A continuación, se plantea una norma de ajuste con las disposiciones del Código Penal, en el sentido de establecer que si estos hechos en sí mismos configuran delitos de mayor gravedad, lo que corresponde es aplicar la pena correspondiente al delito mayor. Es decir, si como producto de los hechos de violencia se comete el delito de homicidio, naturalmente que la persona no va a ser procesada por el delito de violencia en el estadio. En este caso, lo lógico es que procesen a la persona por el delito de homicidio o lesiones graves.

Es simplemente la repetición de la norma del artículo 75 si la memoria no me engaña del Código Penal en donde se establece el llamado "concurso de delitos" que consiste en aplicar la pena más alta del delito más grave cuando se está frente a un hecho constitutivo de dos delitos.

Es decir, si la conducta del juicio de reproche es mayor, la persona será procesada por aquella conducta en que amerite la tipificación más exacta en el delito respectivo.

En el artículo 82 se consideran tres circunstancias de carácter agravante especiales y que son obvias y lógicas.

Primero, es más grave que este tipo de conducta la realice quien sea parte de un grupo organizado para la realización de estos hechos; que la persona pertenezca a las entidades que intervengan en el espectáculo público deportivo, como organizadores, participantes o en cualquier otra calidad y, por último, que se actúe bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, los estupefacientes, estimulantes o drogas de iguales características.

¿Qué significa la circunstancia agravante? Que el juez, dentro de los grados de la pena, de 61 días a tres años, probablemente va a aplicar el grado más alto de ella. Pero son circunstancias agravantes que existen en toda legislación especial y que se refieren a la mayor exigencia que hay que hacer a personas en esas condiciones, tratándose de partícipes de una barra y a quienes realicen otras conductas graves, como asistir a un espectáculo deportivo en estado de ebriedad.

El artículo 9°, a petición de las autoridades del Ministerio del Interior y del deporte, modifica el valor probatorio que las películas, filmaciones, fotografías o sistemas de reproducción de imágenes tienen en nuestra legislación común.

El artículo 113 bis del Código de Procedimiento Penal admite como medios probatorios las películas, las filmaciones que hagan los canales de televisión, etcétera, pero señala que estos medios probatorios sólo tendrán el valor de base de una presunción judicial; es decir, sirven como antecedente básico para probar un hecho delictual.

La Comisión les ha dado mayor valor probatorio, pero razonable, estableciéndose simplemente una presunción, la que se encuentra regulada en el Código Penal y en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil.

La ley dice que el juez podrá dar valor de plena prueba cuando, en su opinión, la presunción tenga los caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento. O sea, el juez recibe una filmación que demuestra como ha aparecido muchas veces en televisión que hay jóvenes identificados tirando piedras, rompiendo asientos y provocando desmanes. El juez examinará estas pruebas, citará a las personas a declarar, verá el contexto en que se han realizado los hechos; cómo se cumplieron las medidas preventivas. En fin, después de analizar toda la situación podrá decir que realmente ha llegado a la convicción de que esas filmaciones tienen valor probatorio para demostrar que se está en presencia de una conducta reprobable, y verá si aplica la sanción base o las sanciones alternativas a que hemos hecho mención.

En definitiva, aplicar esta legislación significará un proceso extraordinariamente expedito, para que no dure cuatro años y que cuando se aplique la sanción el joven dejó de serlo, ya es adulto y ha cambiado su vida. La idea insisto es que las medidas sean ejemplarizadoras y, en lo posible, alternativas, para posibilitar la rehabilitación de quienes tienen conductas rechazadas por las personas que asisten a los estadios.

Finalmente, el proyecto establece dos normas especiales: la primera, consignada en el artículo 13, que modifica la ley de menores, donde establece que a los menores que no tienen responsabilidad penal es decir, a un joven de 14 años que es sorprendido cometiendo delito no se le puede aplicar ninguna de las normas anteriores el juez de menores podrá prohibirles temporalmente asistir a los futuros eventos o espectáculos deportivos públicos que hayan determinado la aplicación de la medida de protección con la obligación de presentarse en los días y horas en que ellos se realicen en el lugar fijado por el juez.

La segunda, establecida en el artículo 10 del proyecto, señala que sin perjuicio de la responsabilidad que a los padres, guardadores o cuidadores de menores de 18 años les corresponde de acuerdo con la ley común, en el sentido de responder por los daños por ellos causados, se podrá establecer como sanción el pago de una multa a beneficio municipal, de uno a tres ingresos mínimos mensuales.

En muchos de estos casos, creo que si los padres asumen mayor responsabilidad respecto de sus hijos y más cuidado en la enseñanza de hábitos de convivencia, será la mayor y mejor medida preventiva que pueda existir. Por tanto, en el proyecto se establece una sanción contra los padres cuyos hijos aparecen permanentemente involucrados en estos hechos.

Nada sería más injusto que sostener que la mayoría de los jóvenes que asisten a espectáculos deportivos de fútbol tienen conductas indebidas. Eso no es verdad. Incluso la mayoría de los jóvenes que pertenecen a las denominadas "barras bravas" mantienen conductas acordes con el espectáculo. Los hechos han demostrado que habitualmente quienes generan actos de violencia son delincuentes comunes que se enquistan y se introducen en esas barras. Además, la conducta de los dirigentes deportivos contribuye a crear un clima de mayor beligerancia y desarmonía. Cuando los presidentes de los clubes rivales en cada localidad del país aparecen polemizando públicamente antes del evento se produce un mayor clima de agitación. Por el contrario, cuando aparecen dando condiciones para que sea una competencia deportiva, donde debe imperar el respeto por los clubes y dar ejemplos para enseñar a los jóvenes, entonces la violencia disminuye.

En consecuencia, no puede estimarse, que estas normas han sido concebidas pensando que los jóvenes que participan en las barras, por regla general, son delincuentes. Eso no es así. La mayoría de ellos actúa respetando las reglas del juego naturales en un espectáculo de esta naturaleza. Pero la realidad es que minorías que se introducen, por efecto de imitación dentro de las barras, generan cuadros de desórdenes y de violencia que extralimitan todos los puntos razonables que existen en un país civilizado.

Por último, quiero señalar que estos cambios también son fruto del inoperante resultado de la legislación actual. En la práctica, cuando se sorprende a alguien provocando como hemos visto en muchos programas de televisión actos de violencia inusitada, absolutamente injustificados, al día siguiente anda libre, como "Pedro por su casa", no recibe ninguna medida alternativa y entonces siente que la sociedad le permite realizar estos hechos de violencia.

Las consideraciones anteriores han llevado a la redacción de este proyecto que, como todos, está sujeto a perfecciones a través del aporte que los señores Diputados y, posteriormente, los Senadores, deseen formularle.

Es todo cuanto puedo informar al respecto.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, en el fondo, el informe se refiere a un proyecto de ley del todo distinto del que acaba de ser informado.

En 1991, a raíz de circunstancias coyunturales sobre desórdenes en los estadios, el Ejecutivo envió a la Cámara, con urgencia calificada de "simple", un proyecto sobre formas de represión y de sanción por actos de violencia en los espectáculos deportivos e, incluso, en el área cercana al estadio. Ese proyecto fue analizado por la Comisión de Educación. Por eso lo que informo ahora corresponde a un debate generado hace dos años.

Aclaro que el informe que se ha dado a conocer ahora corresponde a una modificación sustancial, profunda y completa del proyecto. Por lo tanto, el que mi informe concluya en una invitación a la Sala a rechazarlo obedece a que la iniciativa informada por los Diputados señores Martínez y Espina es distinta.

En consecuencia, creo inconducente explayarme en una serie de argumentos por los cuales la Comisión en esos momentos rechazó el proyecto, toda vez la Sala está convocada hoy día para pronunciarse sobre uno distinto. Podría hacerlo,

pero resulta del todo innecesario, toda vez que iba mal encaminado y que el que propone hoy la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es un proyecto distinto, en mi opinión, novedoso y adecuado.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, coincido con lo planteado por el Diputado señor Smok en cuanto a que este proyecto es novedoso e interesante y que, con muy buena intención, pretende enfrentar una situación que se agrava día a día.

Es cierto que desde hace aproximadamente dos años estamos discutiendo algunas mociones sobre este problema, que puede tener resultados bastante dramáticos, como ya está aconteciendo.

Sin embargo, más que referirme a los artículos con sus respectivas penalidades, creo que no debemos perder de vista que el tema conlleva aspectos más profundos que, aparentemente, pudieran no estar ligados con la estructura misma del proyecto, pero que inciden en las causales de estas situaciones, en especial en las que ocurren en Santiago.

En primer lugar, estas explosiones de las barras bravas se producen en nuestra gran capital lo que no acontece en las otras regiones del país, donde también se practica este deporte tan masivo, pero sin estos acontecimientos tan indeseables y repugnantes.

El hacinamiento de la capital es un factor que conduce a exacerbaciones en variados aspectos. En el dos por ciento de territorio que corresponde a Santiago, vive el 60 por ciento de la población de Chile, y el 70 por ciento de la juventud, entre 14 y 21 años, debe emigrar a la capital por falta de oportunidades y de desarrollo en las regiones.

Alguien podrá decirme qué tiene que ver lo uno con lo otro. Es que el mundo juvenil que llega hasta Santiago va buscando algún tipo de protagonismo ante un sistema de vida que, a pesar de la gran masa, determina que el individuo viva y trate de sobrevivir en la más absoluta soledad.

A ello cabe agregar que, lamentablemente, en los últimos 20 años hemos descuidado la aplicación de una política deportiva en el sistema educacional chileno. Hoy, en la enseñanza básica o media no solamente no hay difusión deportiva, sino que, incluso, se han disminuido las horas que tradicionalmente se destinaban a la práctica de la educación física, desarrollada por sus maestros.

También debe sumarse el hecho de que después de 1972 no se ha llevado a cabo una política deportiva nacional coherente. Hasta este minuto no tenemos una ley del deporte que enfrente no sólo el desarrollo sino que la información y la forma de interpretar todas estas actividades.

El protagonismo de los dirigentes a que aludía sutilmente el Diputado señor Espina es uno de los factores que se transforma y constituye también en una mecha permanente para ciertas explosiones de las barras bravas en los estadios. Resulta curioso que en Chile sean más conocidos los nombres de las personas que tradicionalmente han dirigido durante más de 40 años el deporte más masivo el fútbol que el de los propios jugadores. Son ellos los que, a través de los medios de comunicación, incitan a estos jóvenes, muchos de un nivel cultural y social muy modesto, estimulados incluso por otro problema que también tiene relación y que se señaló incipientemente, como es la drogadicción, a que con posterioridad estallen dentro del anonimato de estas grandes multitudes.

En esta materia entonces, los medios de comunicación, a pesar de la comercialización natural a que se enfrentan, deben "bajar el perfil" de quienes dirigen y se transforman en los elementos más protagónicos del deporte nacional, con resultados bastante negativos.

Se sostiene que uno de los factores que incita a la violencia en los estadios es el consumo y la venta de alcohol. Eso es relativo, porque en Chile hay lugares donde se practican deportes y también se consume alcohol, pero no existen estas barras bravas que provocan desmanes. Tal es el caso de los hipódromos y los rodeos. Allí no hemos visto actos de violencia, lo que demuestra que en el más masivo de los deportes como es el fútbol, hay un aspecto coyuntural que habrá que enfrentar y solucionar.

Celebro el esfuerzo del Ejecutivo por enviar este proyecto que intenta detener lo que el país observa horrorizado a través de los medios de comunicación, en especial, de la televisión. Tenía mucha razón el Diputado señor Martínez cuando señaló que no puede ser positivo de ninguna manera que en los principales informativos nacionales se dé mayor preponderancia a la imagen de todos los actos violentos realizados por estas barras. Aquí debemos poner el acento y subrayar. Si la televisión sigue en esa divulgación negativa del deporte, por la vía de la imitación, en el resto de las regiones del país, también se constituirán estas siniestras barras bravas. De manera que, educación, medios de comunicación, formación y moralidad de nuestros dirigentes contribuirán, de una u otra manera, a bajar la pasión que, lamentablemente, se está exacerbando. Espero que con este proyecto de ley se contenga en alguna medida.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, seré muy breve en mi intervención para abordar dos puntos.

Entre los lugares en que han ocurrido los desmanes se cuenta el Estadio de Colo Colo, donde vecinos del sector han sufrido los efectos de estas barras bravas. Pero quiero hacer un alcance formal, en el sentido de que no sólo allí han ocurrido estos hechos, sino que en muchos lugares del país.

Lamento que el Congreso lleve dos años tramitando el proyecto sin despacharlo, a pesar del problema urgente que vive nuestra sociedad en esta materia. No sé si para aumentarle su urgencia vamos a tener que lamentar la muerte de algunas personas o vamos a seguir deplorando la destrucción de bienes, etcétera.

En primer lugar, hago hincapié en que se trata de un proyecto que debemos despachar a la brevedad, porque, al paso que va, se dilatará su tramitación. Como legislador y parlamentario no desearía lamentar otras situaciones de esta índole.

En segundo lugar, como un aspecto más específico, el proyecto establece ciertas medidas preventivas y algunas sanciones. Quiero referirme específicamente a las penas alternativas consagradas en los artículos 7° y 12. Una de ellas establece la posibilidad de que quien haya cometido delito debe realizar un trabajo comunitario que se llevará a efecto en cualquier entidad de carácter comunitario del lugar del domicilio del condenado.

Pienso que si queremos una verdadera rehabilitación respecto de esta pena, es importante que la persona realice el trabajo comunitario en el lugar en que produjo el daño, porque así tomará conciencia de lo que hizo y del efecto que causó en ese lugar o en los lugares aledaños a los recintos deportivos. En ese sentido, he presentado indicación para que esta pena alternativa que aplique el juez se realice en el lugar en que efectivamente se produjo el daño, porque ahí el joven o la persona que cometió el delito tomará real conciencia de la magnitud de los hechos cometidos.

He dicho.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, este proyecto fue tratado hace aproximadamente dos años por la Comisión de Educación y tengo la satisfacción de decir que fui el único Diputado que lo votó favorablemente, a pesar de que se advirtió que su redacción no era totalmente apropiada para resolver los hechos de la violencia en los estadios y de que algunos colegas estimaron que eran muy ocasionales, de manera que no valía la pena legislar sobre situaciones puntuales que se producían específicamente en el Estadio Nacional.

Pero no hay duda de que este proyecto, que ha sido totalmente rectificado y mejorado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en este momento se justifica plenamente y es conveniente imprimirle una dinámica diferente de la que ha tenido, porque esos desmanes, que todos hemos apreciado a través de los diferentes medios de comunicación, especialmente la televisión, que es el más importante, demuestran que es indispensable aplicar sanciones graves y firmes que los eliminen o que, por lo menos, los aminoren notablemente. A uno, como dirigente deportivo, impacta y desagrada el hecho de que haya gente que no tenga idea de lo que es el deporte.

En el informe echo de menos la consulta respectiva a la Corte Suprema en relación con algunas modificaciones al Código de Procedimiento Civil y a los códigos respectivos, y estimo que debería completarse para proseguir el curso regular.

No obstante, respecto de las peticiones y resoluciones que dicta el intendente regional para autorizar algunos espectáculos deportivos, con el Diputado señor Elgueta presentamos una indicación a fin de permitir como en las leyes regionales que el gobernador provincial resuelva situaciones de este tipo y de ese modo proporcionar un poco más de dinámica a la obligación del intendente regional.

Aparentemente, la proposición del colega señor Orpis es buena, pero presenta el inconveniente de que aquella persona que provocó destrozos de consideración en un recinto deportivo y que deba trabajar allí en cumplimiento de la sanción para reparar, en alguna medida, los daños, recibirá la pulla o el encono de los funcionarios o dirigentes del club deportivo. Si bien es cierto que esa proposición es muy bien intencionada, en la práctica no es buena, porque a lo mejor puede provocar hechos peores si esa persona es identificada en el mismo momento en que se la exponga ejecutando los referidos actos de violencia.

Por lo tanto, creo que habría que rechazar la proposición o buscar una redacción más práctica, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad.

Señor Presidente, si lo autoriza quiero conceder una interrupción al colega señor Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, sólo quiero resaltar brevemente la importancia de este proyecto y su necesaria aprobación por esta Corporación. Como se establece en los informes hubo una discusión en la Comisión de Educación, como también, desde hace tiempo, en términos públicos con respecto a esta materia; pero no hubo voluntad de legislar. Todas las razones esgrimidas fueron legítimas y sobre la base del convencimiento de que los problemas eran puntuales y que no se podía hacer una legislación especial para una situación tan particular.

La verdad es que esta situación no se produce todas las semanas, pero sí representa un problema que no podemos desconocer, desde el punto de vista, de la responsabilidad de nuestro Congreso de legislar sobre materias que dicen relación con la vida diaria, con los problemas permanentes de las personas.

Y en ese sentido estamos legislando, además respecto de una materia de mucha importancia para grandes sectores de nuestro país, especialmente para los jóvenes, que la mayoría de las veces se ven envueltos en actos de violencia o en situaciones respecto de las cuales no es conveniente que participen o sean llevados a participar, tales como agresión, enfrentamientos con la policía, perturbación de la vida privada de las personas, no respeto del derecho a propiedad, etcétera.

Pero, lo más grave es que en el país se está produciendo una situación casi de sinónimo entre lo que puede ser la actividad deportiva y el concepto de la violencia. Esa es una materia muy conveniente de aclarar porque la actividad deportiva y recreacional persigue justamente lo contrario de lo que podría ser un acto de violencia o de agresión, de desorden público.

Personalmente, valoro la voluntad de los distintos sectores de esta Cámara para legislar positivamente sobre la materia, lo cual constituye un paso importante y una señal que le hemos dado al país respecto de nuestra preocupación.

Recuerdo también a algunos colegas que más de 85 por ciento de quienes se ven involucrados en desórdenes públicos y en todo lo que se ha llamado la violencia en los estadios son menores de edad, más bien niños de entre 10, 15 ó 16 años. Las causas ya fueron expuestas por varios de mis colegas. Yo sólo quiero insistir en lo que respecta a la prevención, para que estos hechos delictuales no se produzcan.

Me parece que este proyecto encara bastante bien el tema de la prevención. Es bueno que se establezca una responsabilidad de quienes son los actores principales en estos espectáculos deportivos que se han considerado de alto riesgo. Ella debe formar parte de una política permanente y establecerse en un marco legal que obligue a los actores de estos espectáculos a asumir la responsabilidad de su realización, de manera de evitar la repetición de estas acciones. Todo el tema de la definición de los eventos de alto riesgo tiene que ver con la seguridad en los estadios, con la responsabilidad de quienes están encargados de la mantención del orden público, con las posibilidades del Ministerio del Interior para definir efectivamente cuándo un espectáculo es de alto riesgo y para tomar las medidas preventivas del caso que permitan que éste se desarrolle sin problemas.

En la Comisión se estableció que el Intendente de la región correspondiente tenga la posibilidad de suspender la realización de un evento si es que se advierten condiciones de riesgo o que no garanticen la seguridad de las personas. Y desde ese punto de vista queremos entregar un instrumento preciso, eficaz, que además permita que la autoridad se responsabilice, en conjunto con quienes los organizan, de la buena realización de los mismos.

En cuanto al tema de los medios de comunicación sobre los menores, la exacerbación previa de los ánimos ante un partido de fútbol, por ejemplo, incluye tanto en la violencia como que esos mismos medios de comunicación jueguen un papel morigerador o moderador de las actitudes de los hinchas. Y al respecto hemos asistido a un último ejemplo. El Diputado señor Orpis ha mencionado a Colo Colo, que es el más cuestionado por razones de la infraestructura de su estadio, de la organización de su barra, del apoyo masivo que recibe normalmente, porque es el club más popular; pero no cabe duda de que una situación muy distinta se produjo en el partido de este equipo con la Universidad de Chile hace una semana, cuando, desde los presidentes de los clubes deportivos hasta los jugadores, pasando por los árbitros, los entrenadores y por quienes participan de este evento, hicieron una verdadera campaña de educación previa al partido. Indudablemente, en el estadio no se produjo ningún desmán y el espectáculo se realizó sin ningún problema. No obstante, algunos problemas menores se produjeron fuera de él, y este proyecto también enfrenta aquellos que se producen en las inmediaciones de los recintos deportivos.

Me parece que los temas de la educación, de la responsabilidad de los principales actores, especialmente de los clubes que organizan barras, de sus dirigentes cuando emiten juicios u opiniones, quienes necesariamente deben responder, están bien considerados, como también el caso de los medios de comunicación.

Señor Presidente, estoy plenamente de acuerdo con el proyecto. La aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza constituye una muy buena señal que le damos al país; asumimos la responsabilidad que nos corresponde como Cámara y respondemos a los requerimientos de la gente que normalmente se ve involucrada o preocupada de estos problemas, que no es poca. Las encuestas reflejan que la gran mayoría de los padres temen por la seguridad de sus hijos cuando estos van a los estadios. Y eso no puede ser, porque la actividad deportiva es complementaria de la formación de los jóvenes y, además, en ella se ven envueltas personas mayores, la familia, mujeres, etcétera.

Agradezco la interrupción que me concedió el colega señor Villouta.

He dicho.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, creo que también corresponde una felicitación a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que estudió este proyecto.

Estoy cierto de que el conocimiento que de él se tenga a través de la prensa, de la televisión, deberá provocar una disminución de los actos de violencia, porque el hincha, el fanático, el integrante de las barras cuestionadas, que no prestigia al deporte, al saber que legislamos en su contra, tendrán que terminar con tales actos.

Cuando tratamos este proyecto en la Comisión de Educación, recordaba que en tiempos que era dirigente del Club de Deportes Malleco Unido, llegaban muchas mujeres a ver los partidos. Estas actuaciones deportivas eran una verdadera fiesta en la ciudad de Angol. Pero, los pequeños desmanes y los garabatos e insolencias que algunos hinchas descontrolados profieren durante los partidos fueron provocando una disminución de la presencia de la mujer en los estadios. Creo que estas barras bravas también han provocado un temor igual en este sector de nuestra población. Como decía el Diputado señor Pizarro, la gente tiene miedo de ir a los estadios. Por eso, a través de este proyecto se logrará resolver el problema.

Señor Presidente, me ha pedido una interrupción el Diputado señor Ortiz. Con su venia, se la concedo.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, este tema no puede continuar dilatándose, por la gravedad de los hechos que han estado ocurriendo en los distintos estadios del país. Además, mañana podríamos tener que tratar un proyecto de suma urgencia al que habría que darle prioridad. Como éste tiene simple urgencia va quedando atrás en la tabla, y se sigue postergando esta situación.

Soy partidario de que se vote en esta oportunidad, y que intervengan los Comités, que no lo han hecho aún y que los parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra, inserten sus planteamientos por escrito en la versión de la sesión.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley es interesante y muy novedoso, porque aborda materias, donde la legislación sobre todo la penal no tenía mayor injerencia. La necesidad de legislar ha sido motivada por hechos también nuevos, que han exigido la intervención del Estado para regularlos y prevenirlos. Hechos que son extraños al deporte, situaciones ajenas a lo que es la recreación y el esparcimiento. Porque el que va a los estadios y practica periódicamente una disciplina deportiva no lo hace con afanes de lucha ni de guerra, sembrando la hostilidad o preparando el terreno para confrontarse con otros grupos. Quien es real deportista entiende que existe una exigencia física y síquica de su cuerpo y su mente por hacer esfuerzos físicos para su propio desarrollo y su perfeccionamiento. Cualquier cosa extraña a estas conductas no será deporte, sino que cualquier otra cosa, que el deportista no busca. Los recientes sucesos ocurridos en los estadios del país, de inusitada violencia, con atentados hacia la propiedad pública y privada, con lesiones a la integridad física de las personas, han significado un gran motivo de preocupación de las autoridades de gobierno y del Parlamento, respondiendo ante estos hechos con la presentación y estudios de este proyecto de ley que reprime desórdenes y hechos de violencia en los estadios y otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos. Un proyecto que pretende terminar con este fenómeno de violencia social deportiva antes desconocida en nuestro país. Es evidente que esto es también el reflejo de lo que ocurre en otros países, ya que es indesmentible el hecho de que hay conductas que tienden a imitarse. Y es fácil imitar lo negativo, que equivocadamente llevan al sujeto a ser protagonista o centro de la atención. Los que provocan la violencia en el deporte, no son deportistas. A mi entender son grupos enquistados que se aprovechan del deporte o de un símbolo para realizar sus actos de violencia. El deportista no llega al Estadio a insultar, a agredir o crear caos. El deportista llega a solazarse, a recreársela degustar su deporte, a gozar con el triunfo y a entretenerse. Y es una persona tranquila, que a veces concurre a los estadios con su familia. Coincidimos en que con la violencia, la víctima es el fútbol, es el mismo deporte. Una legislación que reprima, que castigue es necesaria. Será aplicada a aquellos que ejecuten acciones violentas, ajenas al deporte, acciones delictivas que por dañar y lesionar bienes jurídicos preciados deben ser perfectamente tipificadas como delito. La violencia termina o comienza en los estadios; también puede iniciarse fuera de los estadios. Las instrucciones, las estrategias fríamente elaboradas, que aconsejan golpear o destruir, también pueden iniciarse antes. La propaganda fuerte, el incentivo del periodismo sensacionalista, contribuyen a crear el clima de violencia. Todo es a veces una concatenación de hechos o circunstancias que originan la violencia; son como varios fósforos encendidos que incendian enteramente una montaña. Una violencia que a veces no es tan sólo, aisladamente deportiva, sino que tiene raíces, viene del hogar, viene de la calle, y, como se dice, esta violencia constituye una pequeña parte de la vida delictual de los jóvenes que incurren en este tipo de violencia deportiva. La violencia social extiende sus tentáculos hacia diversas áreas. La frustración, la insatisfacción, que crea rebeldía y resentimiento son caldos de cultivos para esta violencia en los deportes. Los jóvenes incomprendidos, al margen de cualquier opción, con anhelos, con sueños, cansados de un anonimato que los sume en la rutina, procuran su transformación en el centro de interés, se esfuerzan por ser protagonistas, por ser actores principales, que los miren, que se preocupen de ellos, que sepan que están, que existen. Y son muchos, se agrupan, se identifican, son "los de abajo", "la garra blanca", que se apoderan de la atención, del espectáculo, de un símbolo. Una legislación contra la violencia en los estadios no debería ser puramente punitiva, sino que también rehabilitadora, educativa, que lleve un mensaje, un lineamiento,una forma de ser, de comportarse. Quienes van a los estadios deben observar y gozar del espectáculo. El castigo debe ser para aquellos que violentan, que perturban, que molestan. El que va al estadio debe tener la seguridad y tranquilidad de que no correrá riesgos, que no será hostigado, que un encuentro deportivo no transcurrirá en completa tensión. El proyecto abarca muchos sujetos, desde el más modesto espectador hasta los jugadores, dirigentes y demás autoridades deportivas que inciten, promuevan o creen condiciones que deriven en la violencia.

Señor Presidente, votaré en favor del proyecto en estudio, pero con la salvedad de indicar que la violencia en los estadios, no se termina ni se agota con una legislación puramente punitiva, sino que es imprescindible la adopción de políticas globales en materia social, de la adopción y fomento de la cultura deportiva; de la creación de una disciplina ético deportiva para los deportistas. En fin, se trata de crear conciencia en quienes participan en las actividades y encuentros deportivos, que el deporte y la práctica de cualquiera de ellos es un acto recreativo, de perfeccionamiento físico y síquico.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, la idea de legislar sobre este proyecto la comparto plenamente, pero fui partidario en la Comisión de abordar la materia con más extensión. La violencia ocasionada por las muchedumbres ha sido objeto de múltiples investigaciones desde el siglo pasado, pasando por Freud y Gustavo Le Bon, famoso autor de la "Psicología de las multitudes". Este último escribe que "los crímenes de la multitud tienen generalmente por móvil una sugestión poderosa y los individuos que en ellos toman parte se persuaden bien pronto de que han obedecido a un deber y de que no son criminales ordinarios" y sus caracteres generales son "sugestionabilidad, credulidad, movilidad, exageración de los sentimientos buenos o malos, manifestación de ciertas formas de moralidad".

La conclusión es que los efectos dañinos de la violencia multitudinaria no sólo se dan en o con motivo de los espectáculos deportivos, como lo dice el proyecto, sino en reuniones de la más diversa índole: actuaciones de grupos musicales, políticas, religiosas, deportivas, etcétera.

De ahí entonces que el proyecto se limita a la violencia generada por las muchedumbres deportivas con ocasión de un espectáculo de esta índole. En mi opinión el proyecto debió abordar toda la temática de las conductas agresivas y delictuales de las masas reunidas con diversos motivos.

El Código Penal chileno no abordó el problema porque su clasicismo sólo le permitía determinar responsabilidades personales y sancionó el homicidio o lesiones en las riñas o peleas donde no constare su autor (artículos 392 y 402) y los desórdenes públicos, faltas (artículos 495, N° 1). Tampoco las conductas descritas en el proyecto, ni la violencia multitudinaria que se busca prevenir y castigar corresponden al orden público asegurado en la ley de Seguridad del Estado, ya que ninguna de ellas tiene por finalidad atentar contra la autoridad, el Gobierno constituido o el orden institucional de la República.

Otro aspecto que merece algún reproche es el sesgo marcadamente metropolitano de este proyecto, ya que las atribuciones que se confieren en no menos de siete artículos de él: 1°, 2°, 3°, 6°, 14, etc., sobre autorizaciones, calificación de alto riesgo, recursos y otras medidas se refieren al Intendente Regional y al Prefecto de Carabineros.

Estimo que los mismos desbordes pueden producirse en cualquier lugar del país, por lo que es menester que el Intendente Regional pueda delegar tales atribuciones conforme al artículo l2 de la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en el gobernador de la provincia respectiva, debiendo así decirse expresamente en esta ley, a fin de facilitar los procedimientos al interior de cada región.

Estando de acuerdo con el proyecto, creo que es necesario legislar con más detalle sobre la pena privativa de libertad denominada "arresto de fin de semana", artículo 12 que modifica el artículo 21 del Código Penal y el artículo 25 del mismo cuerpo legal. Dice que el arresto de fin de semana "se llevará, a efecto en el recinto de la unidad policial del domicilio del condenado y su duración será de dos meses a un año". Es absolutamente conveniente precisar: a) que el juez dispondrá en cuál unidad deberá cumplir esta pena; b) que se trata de sábados y domingos; c) que el condenado se presentará a una hora determinada y su salida se otorgará a otra hora también precisada; d) si el condenado dormirá o no en el cuartel, atendidas las incomodidades y falta de locales adecuados, sin perjuicio de carencia de medios alimenticios. La privación de libertad es una pena muy delicada y no puede quedar entregada al mero arbitrio policial, todo lo cual precisaremos en las indicaciones correspondientes.

Creo que esta iniciativa es un avance en la materia, que ya existe en otros países, y cuyos resultados han demostrado que se alcanzan los logros de paz social y de orden público.

He dicho.

El señor ALAMOS.-

Señor Presidente, Honorables Diputados, el deporte ha sido históricamente uno de los principales instrumentos para unir a los pueblos, al margen, de consideraciones sociales, políticas y religiosas. Por ello, siempre he tenido la convicción de que el Estado tiene el deber de colaborar al progreso de esta actividad, que permite, reunir a la familia y alejar a los jóvenes del alcoholismo. Las drogas y tantos otros males que afectan a la sociedad moderna.

Lamentablemente, en los últimos años, hemos observado con preocupación que en los recintos deportivos de nuestro país ha dejado de primar ese espíritu de solidaridad, de amistad y de unión, para dar paso a algunas acciones de violencia a cargo de grupos organizados.

Especialmente en el caso del fútbol profesional, la presencia de las mal denominadas "barras bravas", cuyo surgimiento deriva de la imitación de los hinchas europeos y especialmente de las barras argentinas, ha causado gran preocupación en diversos sectores de la ciudadanía, por sus acciones de violencia, las que se reiteran cada vez que existe algún clásico del fútbol chileno, tales como son Colo Colo-Universidad de Chile: el Clásico Universitario, etcétera.

La responsabilidad de estos hechos es compartida por diversos sectores. En efecto, muchos dirigentes deportivos han fomentado y amparado estas barras, regalándoles entradas a los estadios, facilitándoles el traslado a diversas zonas del país donde juega su equipo, en fin minimizando graves actos de violencia provocados por ellos. Adicionalmente, algunas noticias deportivas en los medios de comunicación social, preparan un ambiente y el ánimo del público que se aparta de los márgenes estrictamente deportivos, es común observar titulares que hablan "de la gran venganza", "de la guerra del próximo domingo", etcétera. También existe una importante dosis de responsabilidad de la autoridad administrativa, que en ocasiones autoriza el funcionamiento de recintos deportivos que no reúnen las mínimas condiciones de seguridad para los espectadores.

En fin, existe una responsabilidad de nosotros los legisladores que no hemos sido capaces hasta hoy de dictar una normativa que permita frenar esta creciente violencia en los espectáculos deportivos, especialmente en el fútbol.

Es así como vemos que estas barras bravas principales causantes de la violencia, se expanden a lo largo del país, ya no sólo existe la "garra blanca", y "los de abajo", sino que también vemos en el resto del país barras que las van imitando y así observamos la aparición de barras tales como "La furia celeste", "el hueso pirata", etcétera. Los malos ejemplos se propagan con facilidad.

Creo, señor Presidente, que es necesario proceder a una legislación especial para los hechos de violencia que vemos en los recintos deportivos, que tome en consideración las especiales condiciones en que se desarrollan estas actividades, que haga tomar conciencia en toda la ciudadanía y especialmente a los autores de estos hechos acerca del grave problema que se vive, indicándoles claramente las conductas que serán sancionadas.

No existe en la actualidad una sanción eficaz para quienes incurran en estas conductas y observamos que, normalmente, no se aplican las disposiciones del Código Penal que sancionan actos de esta naturaleza. Por el contrario, las personas detenidas en estos hechos quedan libres con la sola verificación de su domicilio o, en otros casos, con el pago de una multa de bajo monto y vuelven al fin de semana siguiente a concurrir a los estadios reincidiendo en las mismas conductas.

Por ello, creo que el proyecto de ley, informado en esta oportunidad por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia apunta en un sentido correcto, sin perjuicio de que pueda ser perfeccionado por esta honorable Cámara. Pero lo importante es que debemos estar concientes de la necesidad de legislar en esta materia.

He dicho.

El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, considero que esta iniciativa legal es de fundamental importancia, ya que desde hace algunos años vienen produciéndose, principalmente en los estadios donde se practica el fútbol profesional, desórdenes y conductas violentas, a las que resulta recomendable y necesario ponerles atajo, con suficiente energía, antes de que puedan transformarse en hechos masivos, de difícil prevención como ha sucedido en países europeos como Inglaterra, España o Italia.

Comparto plenamente las ideas matrices del proyecto, en el sentido de evitar y sancionar los actos de violencia que se producen con ocasión de espectáculos deportivos públicos, además de velar por el desarrollo normal de estos eventos y garantizar que las personas que a ellos asisten se les resguardará su integridad, como también los bienes de aquellas familias que viven en lugares cercanos a los centros deportivos.

La organización de barras o agrupaciones para apoyar a su equipo preferido ha sido tradicional en nuestro país, pero todo ello en forma sana y correcta. Distinto es que se formen agrupaciones o barras cuya finalidad es ejercer violencia en los recintos deportivos o en sus alrededores. Ello, tal cual lo indica el proyecto de ley, debe ser sancionado, al igual que quienes porten armas u objetos contundentes de cualquier naturaleza, destinados a perturbar el orden público, o bien inciten a los partidarios o hinchas de un equipo a ejecutar actos de daño o violencia, en contra de la propiedad privada o en contra de las personas. No menos importante es que se sancione también a quienes ataquen y destruyan los medios de transporte público, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, dado que me parece vergonzoso para nuestra sociedad, el ver en la televisión cómo después de partidos de fútbol se incendian vehículos de la locomoción colectiva y se deja sin trabajo a las personas que los conducen, además de poner en riesgo su vida.

Pero, aparte de la violencia misma que se produce en los recintos deportivos, se debe destacar también la potencial indefensión en que quedan numerosas familias en sus lugares de habitación, debido a que las fuerzas policiales, para impedir o contrarrestar los desmanes en los recintos deportivos, en algunos partidos han debido poner a disposición más de 500 efectivos policiales, lo que, por supuesto, implica desatender a un grupo importante de la población, tal como decía, para el cual ese personal está destinado en forma permanente. Claro que también es un esfuerzo presupuestario y humano de alto costo, por lo que mirado desde este punto de vista, también justifica se ponga coto a estos excesos.,

No debemos permitir en Chile que se continúe desarrollando lo que en Europa se denomina el "hooliganismo", que es una tendencia mundial, que si bien tiene su origen en Inglaterra, hoy se manifiesta en diversos países.

El "hooliganismo" se ha transformado en un modo de vida adoptado por bandas de jóvenes marginales en las grandes ciudades, y el fútbol es por casualidad su víctima. La violencia la incorpora al fútbol, pues este ha tomado un lugar importante en la vida de estos jóvenes, pero, también, porque los enfrentamientos pueden ser bien organizados y son perfectamente previsibles. Estos jóvenes encuentran llamativo transformarse en el centro del interés, y además, por añadidura, adornarse con una sólida tradición de camorristas o rosqueros. Es evidente que la violencia en el fútbol constituye una pequeña parte de la vida delictual de ellos, ya que su comportamiento lo continúan desarrollando en otros lugares, constituyéndose su violencia en un problema para la sociedad en general.

En muchos casos las personas que crean problemas y están dispuestas a cometer acciones violentas no son hinchas de un equipo, sino simplemente violentistas, por lo que es necesario distinguir entre los verdaderos hinchas y estos antisociales.

Señor Presidente, considero que este proyecto de ley, apunta, en su orientación, específicamente en contra de aquellos que deliberadamente se han asociado para cometer desórdenes o actos de violencia, y que difieren de los verdaderos hinchas de los clubes deportivos. Por ello es que los parlamentarios de Renovación Nacional, así como dimos la unanimidad para aprobarlo en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, lo haremos en esta Sala.

He dicho.

El señor PEREZ (don Ramón).-

Señor Presidente, el proyecto que hoy nos preocupa, relativo a garantizar el orden público en estadios u otros centros deportivos, llega a este Parlamento en un momento muy oportuno para prevenir y reprimir los actos de violencia que en este último tiempo se han hecho presente en nuestro ambiente deportivo.

Como es de conocimiento público, en los últimos años hemos observado con preocupación cómo en los recintos deportivos y especialmente en los estadios de fútbol se producen numerosos actos de violencia por parte de grupos organizados.

La iniciativa contempla una serie de normas, tanto preventivas como represivas. Entre las primeras se dispone que los recintos deportivos requerirán de una autorización otorgada por el Intendente de la Región, previo informe de Carabineros, que acredite que el recinto reúne las condiciones de seguridad para la realización de dichos eventos.

A fin de facilitar la individualización de los responsables en hechos de violencia los clubes del fútbol profesional deberán contar con una nómina actualizada de los miembros de su barra, y al momento de la inscripción el club les deberá entregar una credencial individual e intransferible. Copia de estas nóminas se deben remitir semestralmente, a la unidad de Carabineros de Chile correspondiente al domicilio del club.

En los espectáculos deportivos que el Intendente califique de alto riesgo para la seguridad pública se podrán aplicar una serie de exigencias entre las cuales se puede contemplar la ubicación de las barras en lugares separados, a los cuales sólo podrán ingresar sus integrantes, previa exhibición de su credencial.

En el aspecto represivo, el proyecto sanciona a quienes ejecuten actos que provocan violencia física en las personas o daños sobre bienes con motivo de espectáculos deportivos públicos en los mismos recintos o en sus inmediaciones, para lo cual se establece una penalidad que va de 61 días a 3 años de presidio.

Se agrava la responsabilidad a quienes sean sorprendidos con armas, instrumentos u objetos que parezcan haber servido o estar destinados a cometer estos delitos y también a los organizadores o promotores de estos hechos de violencia.

La norma establece una alternativa para el juez, el que considerará las conductas anteriores y la forma en que se produjo el acto de violencia, y si ello le hace presumir que no se volverá a delinquir, entonces puede recurrir a dos penas alternativas; la primera, el arresto de fines de semanas por el término de 2 a 6 meses, y la segunda, la de realizar trabajos comunitarios de fin de semana por igual tiempo. Por ejemplo, que se le pueda destinar a colaborar en la reparación del recinto deportivo o lugares públicos afectados. Sin duda que esto último podría resultar mucho más ejemplarizador que tener un joven en la cárcel.

Adicionalmente, como es evidente, se agrega como pena accesoria la prohibición de asistir, durante el tiempo de la condena, a los espectáculos públicos de igual naturaleza.

El proyecto establece finalmente dos normas especiales. La primera dispone que aquellos menores que no tienen responsabilidad penal, por ejemplo un joven de 14 años, el juez de menores les puede impedir asistir temporalmente a los espectáculos deportivos, con la obligación de presentarse en los días y horas que estos espectáculos se realicen en los lugares fijados por el juez.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil que tienen los padres para responder de los daños que causen sus hijos, se contempla una multa, a beneficio municipal, de uno a tres ingresos mínimos mensuales. Esta norma persigue que los padres tengan una mayor responsabilidad y cuidado respecto de sus hijos.

Ojalá que este proyecto, que esperamos se convierta pronto en ley de la República, sirva para evitar que estos hechos de violencia se sigan produciendo, sobre todo si tenemos presente que sólo un pequeño grupo y no la gran cantidad de personas que concurren habitualmente a los espectáculos deportivos, son los causantes de estas situaciones tan lamentables.

He dicho.

El señor SABAG Señor Presidente, honorables Diputados: virtudes como el compañerismo, el reconocimiento de la habilidad, la alegría de un juego compartido, la sana felicidad del descanso familiar semanal expresada en la asistencia a un centro de deportes, deberían constituir tranquilos y gratificantes momentos y ser una verdadera escuela de solidaridad, en el quehacer deportivo más que en ninguna otra actividad. Sin embargo no todo es así, y a pesar que la mayoría de nuestros conciudadanos que asiste a espectáculos deportivos masivos, lo hace animada del espíritu anteriormente descrito, esa inmensa mayoría que ve en el deporte espectáculo un momento de descanso y recreo familiar se ha visto últimamente inquietada ante la presencia en estadios y campos de juego de grupos minoritarios que no entienden el deporte como un asunto de esparcimiento y alegría comunes.

Dichos grupos no están solamente en nuestro país: han irrumpido en los estadios de todo el mundo y son ejemplos profusamente difundidos a través de las maravillosas técnicas de la comunicación actual, difusión que, al mismo tiempo amarga a la mayoría por lo que muestra, podría haber ayudado a provocar un extraño e inquietante deseo de emulación en nuestro país.

¿Estamos en presencia de una salvaje expresión interior del hombre cuando es masa ciega y desea dominar a toda costa, aun al precio de las consecuencias de una violencia irracional, que incluso lo puede dañar a el mismo? ¿Es este un errado fenómeno síquico del ser humano cuando se siente un macro-hombre, dentro del anonimato de una masa?.

Comprendo plenamente el entusiasmo de los incondicionales simpatizantes de un cuadro deportivo determinado, que en este caso pueden ser "incondicionales"... pero al mismo tiempo respetuosos de ese mismo entusiasmo de los simpatizantes del otro cuadro deportivo en competencia. ¿Por que debe ser necesario el destrozo, la agresión, el terror para expresar preferencia por algo o alguien?.

Legislar para reprimir, elaborar leyes para prevenir actos violentos y hasta vandálicos, tener la necesidad de tomar medidas represivas para momentos de tanta alegría y sano esparcimiento como es la práctica y el espectáculo deportivo, no es grato; no debería ser posible, no debería ser necesario..

No es la represión el arma o el método que agrade al Gobierno de la Concertación y a sus parlamentarios. Creemos que debería bastar la toma de conciencia en el valor propio de la persona humana y en su condición de tal. ¿Tal vez no estamos educando bien a nuestras juventudes al exaltar el éxito a toda costa... y a cualquier costo?.

Por eso mismo, y como bien lo indica el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, "la idea principal del Gobierno al presentar el proyecto de ley que reprime los hechos de desorden y violencia en los estadios y otros recintos deportivos es velar por el normal desarrollo de estos eventos y garantizar la seguridad e integridad de las personas (que asisten a ellos) y los bienes".

Me permito señalar que El Congreso Nacional, elegido para legislar, debería ya haberlo hecho en este caso que nos está costando daños millonarios en los bienes, y que nos podría costar daños mucho mayores, por que ellos están a punto de tocar la seguridad e integridad de las personas mismas de nuestros conciudadanos, los cuales tienen el derecho a esperar de nosotros la protección que dá la ley y en este caso específico, se requiere ley también específica.

En las conductas anteriormente indicadas, está en juego no sólo la alegría de una diversión, sino la vida misma de quienes hasta hoy, confiadamente participan en ella.

Por estas razones y otras que los honorables parlamentarios han señalado, debemos enfrentar nuestra responsabilidad ante la urgencia de la amenaza al Bien Común que estamos empezando a presenciar. Por ellos, estimo urgentemente necesario que la sociedad esté protegida en este caso específico, como lo está en otros.

Tradicionalmente la dictación de la norma jurídica siempre es posterior a la realidad que la hace necesaria. Pareciera que siempre esperáramos se produzcan los daños o se concrete el mal provocado por ciertas acciones no sancionadas específicamente por una ley. En resumen: como legislador no deseo que en materia de protección a nuestros conciudadanos y en este caso preciso se cumpla el viejo proverbio de que "la ley, va siempre a la zaga de la realidad".

Por otra parte, todos sabemos cuán frágiles son las leyes genéricas en su finalidad protectora del derecho de las personas. Me pregunto: ¿cuántas veces he oido en esta misma Sala que es necesaria la oportunidad, la claridad y la exactitud en la elaboración de las leyes? Muchas veces en este mismo hemiciclo se suceden interminables debates por una sola idea que se discute, por una sola palabra o incluso un punto o una coma, o porque se echa de menos una legislación apropiada a determinado caso.

Por ello, creo que es urgente y necesario ser absolutamente específicos al considerar la gravedad de alentar con entusiasmo y "amor por la camiseta" y bajo ese pretexto cometer delitos que para colmo, no están clara y absolutamente sancionados en las leyes del país, así como lo están en casi todos los países civilizados del mundo.

El proyecto del Ejecutivo apela a la responsabilidad de muchas personas que sienten amor por esta actividad; se apela en forma necesariamente compulsiva a las multitudes que asisten a los espectáculos deportivos, a la responsabilidad de los dueños de establecimientos de espectáculos deportivos, a la responsabilidad de las organizaciones deportivas mismas; todo, para que los espectáculos sean lo que originariamente han sido, esto es: ocasión de recreo y alegría. Esta responsabilidad tan compartida es una idea original que vale la pena considerar adecuadamente.

Finalmente, me permito señalar que si existe una ley especial, ella no sólo se considerará como posibilidad de ser castigado por su transgresión, sino además es una enseñanza severa mientras expone a la consideración de la ciudadanía, lo que debe evitarse.

Nuestro país es un entusiasta cultor y espectador del deporte; nuestros jóvenes encuentran en él una fuente de salud y de alegría; en muchas ocasiones los equipos deportivos chilenos han sido causa de orgullo para la nación toda; no hay entre nosotros ninguno o casi ningún parlamentario que no participe o sea buen "hincha" de uno de nuestros clubes, particularmente de fútbol. ¡Así debe seguir siendo! Así le conviene a la nación y sus hijos. ¡Fuera entonces con lo que empaña y destruye la alegría del deporte! Hacer que la ciudadanía se sienta segura, tranquila y confiada durante su recreo deportivo, vale la pena. Así como vale la pena vivir sin temor. Por estas razones, honorables colegas y señor Presidente, votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El proyecto fue objeto de la siguiente indicación:

Artículo único.

De los señores Chadwick y Leay para intercalar el siguiente número 3.- nuevo:

"3.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 70, por el siguiente:

"Artículo 70.- Si hubiere de practicarse más de un escrutinio, primero se realizará el de Diputados, luego el de Senadores, luego el de Presidente de la República y, por último el de plebiscito.".".

HOMENAJE EN MEMORIA DEL POETA JUAN LUIS MARTINEZ.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde rendir homenaje en memoria de don Juan Luis Martínez, ilustre poeta de esta región, recientemente fallecido..

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Roberto Muñoz Barra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Velasco.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

De este modo la Cámara rindió homenaje en memoria del poeta don Juan Luis Martínez.

Hacemos llegar a su viuda doña Eliana Rodríguez Labra, y a sus hijas, Alita y María Luisa, nuestro más sentido pesar.