Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse, en primer lugar, del proyecto de ley que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial del matrimonio, y otros cuerpos legales.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Cornejo.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 432-07 y figura en el número 11 de los documentos de la Cuenta de la Sesión 42ª, celebrada el 19 de enero de 1993.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, me corresponde informar, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el proyecto de origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial y otros cuerpos legales que se indican.

En la discusión de esta iniciativa, la Comisión contó con la permanente colaboración de la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer, doña Soledad Alvear, y de sus distinguidos asesores. Del mismo modo, tuvo a la vista algunos proyectos modificatorios del Código Civil, presentados y debatidos con anterioridad en el Parlamento; la legislación comparada y tratados internacionales, vigentes en Chile, que garantizan a la mujer casada el derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida nacional. Este es uno de los fundamentos del mensaje, señalado expresamente en el cuerpo legal sometido a la consideración del Parlamento. En efecto, en él se destaca que el Gobierno considera un deber ineludible proponer modificaciones legales que permitan la efectiva vigencia, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, del principio constitucional de igualdad ante la ley, referido a la mujer, con la finalidad de establecer el completo respeto a su dignidad y proteger, de este modo, la estabilidad de la familia, objetivo que se logra modificando el Código Civil, la ley de matrimonio civil, las leyes sobre adopción, abandono de familia y pago de pensiones alimentarias, y también mediante algunas enmiendas al Código Penal.

Agrega Su Excelencia el Presidente de la República que mientras en la realidad cotidiana la mujer asume, junto al hombre, la plena responsabilidad por el destino y progreso de la familia común, la ley persiste en mantener situaciones de dependencia que, además de ser incongruentes con la realidad nacional y con los principios que el constituyente ha declarado, ocasionan confusión y complicaciones innecesarias llegando en ciertos casos a poner en peligro la protección del bien jurídico que debe ser amparado por la legislación sobre el matrimonio y la familia, en su conjunto.

Para tutelar la igualdad del marido y la mujer en cuanto a su contribución a la mantención del hogar en proporción a sus haberes, a la administración de sus bienes propios y a la participación en el producto obtenido durante la vida conyugal, el proyecto introduce en la normativa del Código Civil el denominado régimen de participación en los gananciales. Dicho estatuto jurídico fue concebido como supletorio de la actual sociedad conyugal, para terminar siendo un régimen alternativo a este último o al de la separación total de bienes.

El sistema propuesto, de participación en los gananciales, se caracteriza por la existencia de dos patrimonios distintos, el del marido y el de la mujer, los cuales son administrados en forma autónoma por cada uno de los cónyuges. Este régimen tiene dos variantes en el derecho comparado...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BOSSELIN.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, estamos escuchando el informe del Diputado señor Aldo Cornejo sobre un proyecto que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial vinculado nada menos que con la familia, por lo que ruego a la Mesa que solicite una mayor atención de la Sala, por tratarse de una materia altamente importante para la opinión pública. No resulta pertinente que algunos Honorables Diputados excúsenme que haga esta observación se dediquen a conversar.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Muy bien.

Puede continuar el señor Diputado informante.

El señor CORNEJO.-

Decía, señor Presidente, que el sistema propuesto por el Gobierno se caracteriza por la existencia de dos patrimonios distintos, el del marido y el de la mujer, los cuales son administrados en forma autónoma por cada uno de los cónyuges.

Este régimen tiene dos variantes en el derecho comparado.

Una establece que al finalizar el régimen de bienes, se forma entre los cónyuges, o entre el cónyuge sobreviviente y los herederos del fallecido, una comunidad de bienes que comprende los gananciales, como ocurre en algunos países, tales como Colombia, Uruguay, Noruega, etcétera.

La segunda alternativa, establecida por los Códigos francés y alemán, dispone que al finalizar el régimen de participación en los gananciales, los patrimonios de los cónyuges permanecen separados y no se forma comunidad, produciéndose un crédito a favor del cónyuge cuyos gananciales sean menores. Para tal efecto, se compara el valor del patrimonio inicial de cada cónyuge con su patrimonio final, de modo que la diferencia sea el valor de los gananciales. En el cálculo se excluyen los bienes adquiridos a título gratuito durante el matrimonio. Los gananciales obtenidos por ambos cónyuges se suman y luego se dividen por dos. El cónyuge que haya obtenido más gananciales debe compensar al otro hasta llegar al valor que resulta de la división.

El proyecto opta por esta última variante, por considerarla la más representativa del régimen de participación en los gananciales, en el cual, a su término, no nace una comunidad de bienes gananciales, sino sólo un crédito de participación en éstos.

Se ha sostenido que una de las principales falencias del régimen que propone el Gobierno es que durante su vigencia opera como el régimen de separación de bienes, sin dar origen a un patrimonio familiar.

Con el objeto de recoger esta observación y subsanar esa deficiencia, el proyecto introduce, con prescindencia del régimen de bienes que exista entre los cónyuges, la institución denominada "bienes familiares" o "patrimonio familiar", entendiendo por éstos el inmueble de ambos cónyuges o el de alguno de ellos que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que guarnecen el hogar.

En consecuencia, conforme con lo expresado, las ideas matrices son las siguientes:

En primer lugar, permitir dentro de nuestro ordenamiento jurídico la efectiva vigencia del principio constitucional de igualdad ante la ley, tanto del hombre como de la mujer, pero especialmente respecto de esta última, con la finalidad, de establecer el completo respeto a su dignidad ciudadana y proteger, de este modo, la estabilidad de la familia.

En segundo lugar, introducir en la normativa del código civil chileno el régimen de participación en los gananciales.

En tercer lugar, consagrar en nuestro ordenamiento jurídico, con prescindencia del régimen de bienes que exista entre los cónyuges, la institución de los bienes familiares o patrimonio familiar.

El régimen supletorio que nos rige hoy día es el de la sociedad conyugal, el cual, desde la promulgación del Código Civil, ha sufrido varias modificaciones. Sin embargo, resulta muy difícil conciliar este régimen con el problema de la plena capacidad de la mujer.

Producto de algunas modificaciones a esta normativa, entre ellas, la última introducida por la ley N° 18.802 de 1989, el régimen sistemáticamente ha ido perdiendo coherencia e incorporando un elemento de confusión para las actividades u operaciones cotidianas del matrimonio, particularmente en el ámbito crediticio contractual, poniendo a los terceros con quienes se contrata, ante varios patrimonios paralelos dentro del matrimonio y a diversos pasivos a los cuales eventualmente debe considerar para hacer efectivos sus créditos.

El régimen de participación en los gananciales que introduce el proyecto, supone una suerte de combinación entre los dos regímenes más conocidos, al menos en nuestro ordenamiento jurídico: el de separación de bienes y el de comunidad de bienes, que supera las deficiencias que cada uno de ellos puede presentar, individualmente considerados.

En efecto, en el régimen de separación de bienes existe un acentuado individualismo, toda vez que no conforma, en modo alguno, una comunidad entre los cónyuges; por ende, no es representativo de los intereses comunes de la familia ni del matrimonio.

Asimismo, el régimen propuesto supera el problema de la sociedad conyugal, en la medida en que ésta representa, de alguna forma, un sometimiento de la mujer al marido, dada la jefatura que este último tiene dentro de la sociedad conyugal.

La participación en los gananciales supone que el marido y la mujer administran, gozan y disponen de su propio patrimonio durante el matrimonio, existiendo algún grado de dependencia en determinados actos; por ejemplo, la solicitud de autorización del otro cónyuge para constituir garantías o cauciones personales. Son forma de contrarrestar la dependencia o, en su defecto, la autonomía total de cada uno de los cónyuges.

Es menester indicar que el patrimonio familiar está resguardado por el beneficio de excusión, tomado del contrato de fianza regulado en el Código Civil, en aquellos puntos en que pueda ser aplicable.

Ciertamente, muchos podrían haber querido que este patrimonio familiar, compuesto de la forma ya señalada, fuera inembargable. Ello, en la práctica, se traduciría en dificultar la actuación de los cónyuges en la vida contractual y crediticia. Bastaría sólo pensar que si el patrimonio familiar, la residencia de los cónyuges, tuviera la calidad de inembargable, eso dificultaría, por ejemplo, la contratación de algún crédito que el matrimonio pudiera decidir con algún banco, institución financiera, o un tercero, el que se sentiría disminuido, desde el punto de vista de poder hacer efectivo dicho crédito respecto del patrimonio con el cual responden los cónyuges de acuerdo con las normas del Código Civil.

El régimen patrimonial, cualquiera que sea, intenta o persigue satisfacer algunos objetivos. Por una parte, todo sistema establece reglas de cooperación entre los cónyuges que tiendan a hacer efectiva y eficaz la ayuda entre ellos, toda vez que el matrimonio es un proyecto de vida y de bien en común.

En seguida, a la par con las reglas de cooperación a las que debe apuntar un sistema, todo régimen patrimonial del matrimonio supone la existencia de ciertas reglas de autonomía; es decir, necesariamente debe considerarse a cada cónyuge en su individualidad y en su autonomía, facilitándole un ámbito de decisiones propias y protegiendo eficazmente su dignidad personal. Por otra parte, también debe tender a establecer reglas de protección en favor de los bienes, de los hijos, de los cónyuges y, fundamentalmente, de la familia.

Finalmente, existen normas jurídicas destinadas a prever eventuales conflictos y crisis entre la pareja y, en consecuencia, a arbitrar mecanismos para resolverlos. Así, el sistema de separación judicial de bienes es un mecanismo típico o una regla de crisis establecida para solucionar conflictos que puedan suscitarse al interior del matrimonio.

En nuestra opinión, el proyecto en comento presenta una adecuado equilibrio entre las funciones de cooperación y las reglas de protección a los cónyuges, a sus intereses, a sus hijos y a su familia. Demostración de esto último es la incorporación en esta iniciativa de lo que se ha denominado la institución del patrimonio familiar. Reitero que es una clara medida de protección de la familia, a la estabilidad y seguridad económica del matrimonio, inexistente hasta hoy en nuestro ordenamiento jurídico privado.

Del mismo modo, el proyecto propuesto por el Supremo Gobierno satisface plenamente principios o normas de igualdad de los cónyuges ante la ley, y las reglas de autonomía e individualidad que cada uno de ellos debe tener dentro del matrimonio y en relación con la administración de su patrimonio.

Desde el punto de vista externo, es decir, mirado desde fuera del matrimonio, el proyecto resulta concordante con principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Fundamental, que consagran la plena igualdad del hombre y de la mujer. Asimismo, la iniciativa es plenamente compatible con lo que puede denominarse el orden público económico. A veces, por aceptar normas fuertemente asistenciales, como, por ejemplo, la inembargabilidad del patrimonio familiar, o reglas que terminan dificultando en extremo la enajenación o la circulación de los bienes, terminamos perjudicando, desde los puntos de vista jurídico y económico, la normalidad y la necesaria expedición que el orden económico externo requiere de una institución, como la del matrimonio.

Durante la discusión del proyecto en el seno de la Comisión, algunos de sus miembros expresaron su convicción en el sentido de que en el país pudieran no existir todavía las condiciones necesarias para establecer este régimen de participación en los gananciales, como supletorio, en sustitución del régimen de sociedad conyugal que regiría a falta de pacto en contrario, por el mero hecho del matrimonio, pudiendo ser sustituidos únicamente por el régimen de separación de bienes.

El Gobierno, en su afán de lograr acuerdos al interior de la Comisión, presentó una indicación sustitutiva global del proyecto, respetando sí irrestrictamente sus ideas fundamentales o matrices. Ella tiene por objeto introducir en la legislación chilena, de modo alternativo y como régimen económico del matrimonio, el de la participación en los gananciales. Al incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico con esta modalidad, no se deja incólume la actual situación patrimonial del matrimonio ni tampoco se la altera o se la cambia en términos totales. En definitiva, serán los sujetos de derecho quienes, en el acto de contraer matrimonio o durante la vigencia del mismo, deberán decidir, en pleno ejercicio de su libertad, a cuál régimen se someten.

Conviene señalar que en el proyecto se descartó la posibilidad de mejorar el actual régimen de sociedad conyugal, dado que de su análisis surgen como alternativas su mantención o su abandono definitivo. No siendo posible lo último, sólo cabe aceptar su mantención.

La modificación más obvia que requeriría la sociedad conyugal sería entregar a la mujer casada la administración de sus bienes propios, haciendo así real, desde el punto de vista patrimonial, la capacidad formal que estableció para la mujer la ley N° 18.802, de 1989. En opinión del Gobierno y de los miembros de la Comisión, de llevarse a efecto esa modificación, el régimen de sociedad conyugal adquiriría tales desequilibrios que claramente se perdería su racionalidad como sistema jurídico. En efecto, considerando las facultades de la mujer respecto de su patrimonio reservado, el marido sería el único que aportaría al haber social, y quien, además, tendría restricciones en la administración de los bienes del matrimonio.

Con todo, una reforma que se introduce, de la mayor importancia y significación, y con independencia de la voluntad de los cónyuges, sea cual fuere el régimen matrimonial que tengan hoy o en el futuro, es la institución del patrimonio familiar, en la cual los bienes que lo conforman se sustraen del estatuto del derecho común para quedar sujetos a uno jurídico, propio y distinto, cual es la administración de ese patrimonio por parte de ambos cónyuges.

Esta indicación sustitutiva satisface varios objetivos que, en la práctica, suelen ser difíciles de conciliar: por una parte, la maximización de la autonomía de las personas, expresada en la posibilidad de elegir entre tres regímenes distintos: sociedad conyugal, separación total de bienes o participación en los gananciales; por otra, satisface el propósito de proteger a la familia con la incorporación de la institución del patrimonio familiar en nuestro ordenamiento jurídico.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por la unanimidad de sus miembros, prestó su aprobación a la idea de legislar sobre las materias, situaciones y problemas específicos propuestos en esta iniciativa legal, por compartir, además, los medios señalados para satisfacer sus ideas matrices o fundamentales.

Por razones de técnica legislativa, las disposiciones del proyecto que la Comisión somete a consideración de la Sala han sido divididas en dos capítulos: el primero, relativo al régimen de participación en los gananciales y su regulación pormenorizada; el segundo, introduce diversas modificaciones a distintos cuerpos legales, todas orientadas a establecer en nuestro ordenamiento jurídico la plena igualdad de la mujer ante la ley.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, el estatuto jurídico que reglamenta las relaciones pecuniarias entre los cónyuges se denomina régimen matrimonial, tal como se ha explicado vastamente, y, la legislación chilena reconoce dos regímenes: la sociedad conyugal y la separación de bienes.

La sociedad conyugal ha sido objeto de una gran controversia, especialmente durante los últimos 20 años debido a que uno de sus efectos es la incapacidad jurídica de la mujer. Los autores insisten en que ésta no se debe al hecho de ser mujer ni de estar casada, sino que, por tradición, la administración de los bienes sociales ha correspondido al marido y, por ello, la mujer no puede celebrar ningún tipo de acto o contrato relacionado con ellos.

Durante este siglo, debido a la incorporación de la mujer al campo laboral, estas normas sufrieron modificaciones. Así nació el denominado "patrimonio reservado de la mujer casada", formado por los bienes que adquiere con el producto de su trabajo, los que no ingresan al haber social. Este ha sido un punto muy favorable para miles de mujeres. Sin embargo, se mantuvo inalterable su incapacidad jurídica, ya que la administración de los bienes sociales siguió concentrada en el marido. Debemos destacar, sí, que dicha administración se encuentra sujeta a importantes limitaciones, con el objeta de proteger los intereses de la mujer de posibles defraudaciones o de faltas de diligencia del marido.

Desde 1970 se han conocido cinco proyectos de ley que han intentado modificar, mediante diversas fórmulas, esta situación discriminatoria en contra de la mujer casada. Sólo uno de esos proyectos, acogido parcialmente por el legislador de la época, se concretó en una modificación al derecho de familia.

Sin embargo, hay consenso entre quienes conocen esta legislación en que ella fue insuficiente, pues sólo reconoce a la mujer casada en sociedad conyugal una capacidad nominal, que en la práctica no cambió la realidad existente con anterioridad a su dictación.

Durante la vigencia de la sociedad conyugal la mujer no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales, los que son administrados por el marido, como jefe de la comunidad. También administra los bienes propios de la mujer, y, a mayor abundamiento, se dice que ésta efectivamente puede contratar, pero, en realidad, la situación es exactamente igual a la que existía antes de la reforma.

Para contrarrestar esta situación preponderante del marido y con el afán de proteger a la mujer, el legislador lo ha sometido a una serie de limitaciones en la administración de los bienes sociales. Estas se aumentaron en la ley N° 18.802, en términos tales que puede llegar a entrabar el tráfico comercial y bancario.

Uno de los problemas que genera esta situación es la amenaza del aumento de separación de bienes. Esta es la única alternativa para los cónyuges que no quieran estar casados en régimen de sociedad conyugal. En la práctica es perfectamente concordante con la plena capacidad jurídica de la mujer casada, la que administra por sí sola todos sus bienes. Sin embargo, le acarrea una desventaja cuando no efectúa un trabajo remunerado fuera del hogar, ya que no se le reconoce de manera alguna su anónimo trabajo doméstico, que contribuye a que durante el matrimonio el marido pueda producir los ingresos y bienes que, finalmente, se radican en su patrimonio personal.

Consciente de estas debilidades, durante la legislación de 1990 exactamente el 6 de junio Renovación Nacional presentó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece como nuevo régimen optativo la participación en los gananciales.

En julio de 1991, el Gobierno presentó un proyecto casi idéntico, con la única excepción de que en su propuesta el régimen de participación en los gananciales era sustitutivo, y el que planteaba Renovación Nacional, alternativo.

En octubre de 1992, el Gobierno presentó una indicación para que el proyecto presentado como sustitutivo fuera alternativo. En tales circunstancias, tanto el de Renovación Nacional como el del Gobierno quedaban en idénticos términos, con excepción de algunas diferencias, más de forma que de fondo.

En tal sentido, quiero preguntar respetuosamente a la señora Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer por qué el Gobierno no apoyó el proyecto de Renovación Nacional, sobre todo estando ella en conocimiento de él. Incluso, en 1990, en relación con nuestro proyecto, el Sernam sostenía que el régimen de participación en los gananciales debió haberse introducido con carácter de sustitutivo, pero después fue alternativo.

Formulo la siguiente pregunta: ¿cuál es el afán del Gobierno de la Concertación al pasar a llevar a la Oposición y proponer un proyecto idéntico, especialmente cuando hablamos de la familia, de los derechos de la mujer, que, sin duda, deben estar mucho más allá de los partidismos políticos? Aquí se ha pasado a llevar a un partido, a un grupo de mujeres, a quienes al igual que la señora Ministra tenemos interés en ayudar a la familia y a la mujer chilena.

En su discurso no hay una sola mención a nuestro proyecto; tampoco la hay en los proyectos enviados por el Gobierno. Esta es una pérdida de tiempo y de esfuerzo que, a la larga, daña el interés nacional.

¿Qué importa quién proponga un proyecto si es por el bien del país? La verdad es que su autoría no es lo importante; lo trascendente es que, a la larga, se convierta en medidas efectivas que ayuden a la sociedad.

Por último, de acuerdo con el sentido de la iniciativa, creo que en el Sernam se formó una comisión redactora de la misma presidida por la señora Ministra y asesorada por especialistas. ¿Por qué tanto bullicio en redactar un proyecto que, además, ya existía y cuyo autor era el profesor don Enrique Barros? Incluso, él lo proponía como una alternativa sustitutiva. En verdad se ha perdido tiempo y se ha resentido innecesariamente la sensibilidad de quienes estamos trabajando por los mismos objetivos: el bien de la familia, de la patria, y, especialmente, de la mujer.

Ahora, en relación con la idea del proyecto, evidentemente, es una iniciativa con la que estamos de acuerdo. Por algo la habíamos propuesto. Creemos, en definitiva, que es un gran apoyo a la mujer y, en especial, a la que trabaja.

Por otro lado, el proyecto cumple con el principio orientador, de que el producto del esfuerzo de ambos cónyuges debe ser compartido por partes iguales.

El proyecto en discusión, desde nuestro punto de vista, merece varias modificaciones, que haremos llegar en su oportunidad, las cuales no son de fondo, sino de forma destinadas a aclarar, especialmente, cómo se reconocen los bienes, cómo se protege a la mujer, cómo termina la sociedad y cómo se puede volver a otro tipo de régimen.

Ya se han explicado los beneficios de la iniciativa que también ampara la estabilidad económica de la familia al proteger los bienes que integran el hogar común, los cuales, además, requieren del consentimiento de ambos cónyuges para su enajenación o gravamen. Para ello se introduce el concepto "bienes familiares" o "patrimonio familiar". Pensamos que eso es tremendamente positivo. También lo es el hecho de que disuelta la sociedad, los bienes familiares permanezcan no sólo en beneficio de la mujer y de los hijos, sino que del cónyuge que se queda con los hijos. ¿Qué ocurre hoy cuando muere la cónyuge o fallece el esposo? Los propios hijos presionan para que se venda el bien familiar, con el fin de repartir la herencia.

Por otro lado, también se protege a ambas partes una vez disuelto el matrimonio por causa de muerte, pues, anteriormente, los bienes permanecen en poder del cónyuge sobreviviente, aun cuando no sean de su propiedad, lo que es muy importante.

Del mismo modo, en caso de divorcio o separación de hecho, quedarán en poder de la mujer, y nosotros proponemos agregar "o del cónyuge", cualquiera de ellos, a no ser que haya sido privado del cuidado de sus hijos.

En el caso de nulidad matrimonial, el juez puede atribuir prudencialmente a la mujer no propietaria los derechos de uso o habitación y usufructo sobre los bienes familiares, salvo, como dije, que haya sido privada del cuidado de sus hijos. Mientras los bienes familiares estén adscritos en la forma señalada no podrán ser dados en pago del crédito de gananciales.

Este proyecto recoge, cabalmente, a nuestro modo de ver, el principio de igualdad ante la ley consagrado constitucionalmente entre marido y mujer; expresa adecuadamente la comunidad de vida e intereses que constituye el matrimonio y es flexible para adaptarse a las diversas situaciones posibles de la vida familiar. Por ejemplo, si la mujer no trabaja en forma remunerada, no por eso queda económicamente desprotegida, como ocurre en el caso de separación de bienes. Por el contrario, en el aspecto económico, la mujer debe contribuir a los gastos, familiares con sus propios ingresos.

Este proyecto tampoco es novedad en otros países. De hecho, en Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Alemania, Francia, Austria, Canadá, Israel, España, Suiza, Costa Rica, Honduras, Colombia y Uruguay, este régimen se encuentra reglamentado y vigente, ya sea como sistema normal o como alternativa de la sociedad conyugal.

Me referiré a algunas de nuestras indicaciones, que repito son más de forma que de fondo.

El artículo 2°, sobre el régimen de participación en los gananciales en que los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados, y cada uno de los cónyuges administra, goza y dispone libremente de ellos, queremos hacerlo más restrictivo.

Para eso, proponemos dos disposiciones nuevas: un artículo 2° a), que dará curador al cónyuge incapaz para administrar sus bienes, en los mismos casos en que siendo soltero lo necesitaría, y otro artículo 2°, b), que dispondrá que el marido y la mujer podrán otorgarse mandato uno a otro para administrar sus bienes, de acuerdo con las reglas generales.

En el artículo 8°, referente a las especies adquiridas durante la vigencia del régimen, queremos agregar al número 7) lo siguiente: "También pertenecerán al cónyuge los bienes que adquiera durante la vigencia del régimen en virtud de un acto o contrato cuya celebración hubiere prometido con anterioridad, siempre que la promesa conste en un instrumento público o privado, cuya fecha sea oponible a terceros, de acuerdo con el artículo 1.703 del Código Civil".

En el artículo 9°, proponemos reemplazar su redacción para que diga: "Los frutos devengados durante el régimen de participación en los gananciales, incluso los que provengan de bienes originarios, se incorporarán al patrimonio final de cada cónyuge.

"Tampoco pertenecerán al patrimonio originario las minas denunciadas por uno de los cónyuges durante la vigencia del régimen de bienes".

Por otra parte, en el artículo 11, que establece: "La composición del patrimonio originario se probará mediante inventario simple, firmado por el otro cónyuge.", sugerimos agregar al esposo porque el concepto "esposo" se refiere a los novios; es decir, se referirán a los bienes tenidos antes de contraer matrimonio.

Tenemos modificaciones menores respecto del artículo 12.

El artículo 14, relativo al patrimonio final, lo proponemos reemplazar por: "Toda cantidad de dinero y cosas fungibles, todas las especies, derechos y acciones que existieran en poder de cualquiera de los cónyuges durante la vigencia del régimen o al tiempo de su disolución, se presumirán que pertenecen al activo del patrimonio".

También queremos cambiar la palabra "agregaciones", mencionada en los artículos precedentes, por "acumulaciones".

Asimismo, deseamos reemplazar el artículo 18, que dice: "Si alguno de los cónyuges, a fin de disminuir los gananciales, oculta o distrae bienes o simula deudas, se sumará a su patrimonio final el doble del valor de aquéllos o de éstas", por el siguiente "Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubieran ocultado o distraído alguna cosa del activo del patrimonio final, deberá pagar su valor total al otro cónyuge. En igual sanción incurrirá si dolosamente hubiera supuesto alguna deuda. Para acreditar que en el patrimonio final se han omitido bienes o supuesto deudas, serán admisibles todos los medios de prueba."

Quiero saltarme las normas siguientes, a pesar de que a muchas de ellas hemos formulado indicaciones, para referirme al artículo 29, relativo al término de participación de los gananciales.

Si bien dejamos casi igual ese artículo, se agrega una serie de normas originales del proyecto de Renovación Nacional, para hacerlo más restrictivo y proteger mejor a cada una de las partes. Entre ellos, introducimos un artículo nuevo que dispone: "Para que el cónyuge menor de edad pueda pedir separación de bienes, deberá ser autorizado por un curador, y para la demanda o separación de bienes, podrá el juez, a petición del actor, tomar las providencias que éste estime conducentes a la seguridad de los intereses, mientras dure el juicio."

Así, sucesivamente, proponemos varios artículos nuevos.

Por último, me referiré a modificaciones que se sugieren al Código Civil, que son más bien de carácter misceláneo, y a otras destinadas a hacerlo concordante.

Al respecto, nuestro partido trabaja activamente en el Comité de la Familia, presidido por la abogada doña Pía Guzmán, quien realmente se ha dedicado a estudiar los problemas de la familia y es una de las personas que más trabajó en este proyecto, por lo que siento que no se la haya llamado a la Comisión para que tuviera la posibilidad de explicar y plantear sus inquietudes. El Comité de la Familia opina que deberíamos concentramos en un Código de la Familia para que sucesivamente, o al mismo tiempo, se modificaran aquellas situaciones que afectan a la familia, contenidas en la Ley de Adopciones, las relativas a la tuición y legitimidad de los hijos y tantas materias dispersas en el Código Civil, por lo que muchas veces no resultan concordantes.

Por lo tanto, aun cuando comprendemos que las modificaciones propuestas en el proyecto en discusión tratan de hacerlo más concordante, a nuestro juicio, aún falta un verdadero Código de la Familia.

Es interesante lo planteado en relación a derogar y modificar normas de la legislación, e incorporar nuevos conceptos sobre las leyes de adopción de menores y abandono de familia en cuanto al pago de pensiones. Entre estas modificaciones, cabe destacar la equiparación de la situación del marido y la mujer en lo relativo al adulterio civil y penal, tema muy sensible para las mujeres, pues en esta área hay una enorme discriminación en la forma de probar el adulterio de la mujer versus el del hombre.

Por último, una de las modificaciones propuestas al artículo 134 del Código Civil, dice: "El marido y la mujer deben proveer las necesidades de la familia común." Deseamos agregar la frase "según sus facultades", ya que nos parece importante.

La redacción sustitutiva del inciso segundo de dicha norma, expresa: "El juez, si fuere necesario, reglará la contribución. Atenderá, en tal caso, a las facultades económicas de los cónyuges y al régimen de bienes que entre ellos medie.". Proponemos añadir: "Se presume cumplida esta obligación respecto del cónyuge que se dedica principalmente al cuidado del hogar, aunque la vivienda no sea de su propiedad."

Esto tiende a proteger a la mujer que no trabaja y se dedica exclusivamente al hogar, de manera tal que no exista presión alguna para hacerla trabajar, con el fin de que sea parte del sistema de la participación en los gananciales.

Por último, como hemos manifestado, prestaremos nuestro apoyo al proyecto, lamentando la situación de autoría a que me referí, y que no se haya considerado a las personas de nuestro partido que trabajaron arduamente en la elaboración de la otra iniciativa. Sinceramente, creemos que este proyecto es moderno y que beneficiará especialmente a la mujer con patrimonio propio. También pensamos que será inaplicable si la ciudadanía, sobre todo si quienes ya estén casados en el régimen de sociedad conyugal, aquellos que lo cambiarán o quienes decidirán qué sistema adoptarán para su matrimonio, no conocen este mecanismo, el cual a pesar de ser flexible, también es complejo, sobre todo por el desarrollo que tiene durante el matrimonio en relación con los bienes.

Por lo tanto, formularemos indicación para que el Sernam se encargue de educar a las mujeres y a los hombres sobre los alcances, beneficios y desventajas de este proyecto, porque realmente debemos ser honestos en innumerables casos, para muchas mujeres, la sociedad conyugal actual es favorable; pero, sin duda, habrá personas que encuentren más conveniente el nuevo sistema.

He dicho.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, sin perjuicio de que la señora Ministra conteste en su oportunidad las expresiones de la Diputada señora Cristi, quiero referirme al proyecto enviado por el Ejecutivo, el que responde a una antigua aspiración de las mujeres chilenas, cual es restituirles su plena capacidad para participar en igualdad de condiciones en la administración de los bienes del matrimonio.

Asimismo, deseo destacar que en el proyecto hay tres aspectos centrales sobre los cuales es necesario informar al país, pues una materia tan trascendente e importante para la familia chilena no ha sido conocida por los parlamentarios que están ausentes de la Sala, ni por el público, ni por la prensa. Desgraciadamente, ésta última sólo se interesa en las noticias negativas para la sociedad y la familia, pero rara vez destaca valores que contribuyan a elevarlas. Al respecto, nosotros también tenemos nuestra cuota de responsabilidad, porque no les damos la importancia que tienen a proyectos de esta naturaleza, que restituyen no sólo la dignidad de la mujer, sino que reconocen de manera concreta los derechos de la familia.

Se instituye en este proyecto una figura jurídica fundamental: los bienes familiares. Hasta ahora, en innumerables discursos, incluidos los de distintas tendencias políticas, todos habíamos oído sobre ellos. Sin embargo, nunca se había concretado su incorporación en una disposición como lo propone esta iniciativa reconoce que hay bienes que pertenecen a la familia y son esenciales para su constitución, la cual, dado lo expresado por la Diputada señora Cristi, creo que será aprobada por unanimidad.

En segundo lugar, es muy importante que todos tomemos conciencia del significado de entregar a la mujer la plena capacidad en la administración de los bienes del matrimonio. Reconocer su dignidad no es hacerle un favor. Con el establecimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer se le hace un bien a la sociedad y, al no ser discriminado ni uno ni otro, con nuestro aporte común facilitaremos el tránsito de esta sociedad hacia un mundo mejor.

No es menos importante que en este proyecto se reconozcan los derechos de la dueña de casa, puesto que, hasta ahora, las labores que la mujer desarrolla en su hogar no tienen reconocimiento económico, no se traducen en dinero ni en bienes materiales que aporte a la sociedad conyugal y a su familia y, por ende, al país. Se le reconoce, al menos, el 50 por ciento de los gananciales obtenidos durante el matrimonio. Por lo tanto, si durante su vigencia el marido ha adquirido propiedades, la mujer será dueña del 50 por ciento de ellas.

En tercer lugar, reconoce una realidad bastante dramática de este país. Soy testigo de la enorme cantidad de mujeres abandonadas por sus maridos o separadas de hecho que no pueden postular al subsidio habitacional, pues, muchas veces, la vivienda es el único bien familiar y ésta queda como propiedad del marido, por lo cual la mujer no puede disponer de ella. Por otra parte, la mujer queda con sus hijos literalmente en la calle cuando se hace efectiva una hipoteca constituida por el cónyuge para garantizar alguna obligación.

Este hecho, que parece tan simple, atenta gravemente contra la estabilidad familiar y el desarrollo de esta célula fundamental de la sociedad. Así la consideramos los cristianos y la mayoría de los chilenos.

Entonces, esta modificación al Código Civil representa un hecho concreto de protección a la familia y no en meras declaraciones.

Pienso que el patrimonio es básico para el desarrollo pleno de la mujer y su tranquilidad futura. La que no tiene patrimonio propio se siente absolutamente dependiente y muchas veces no toma decisiones, porque puede quedar en la indigencia, según la determinación que adopte. Con esto se asegura que actúen de acuerdo con su legítima voluntad y no presionadas por una realidad que las obliga a permanecer dependientes en muchos aspectos, en circunstancias de que hacen un aporte fundamental en esta sociedad que es la familia.

En consecuencia, este proyecto es un paso más en el largo camino que las mujeres han debido recorrer para no ser discriminadas. Falta mucho todavía pero es necesario destacar que el aspecto patrimonial es clave para el reconocimiento legal de otros derechos de la mujer.

Durante los ya largos años en que me he dedicado a actividades relativas a la vivienda he sido testigo de que muchas mujeres han quedado en la calle y no ha podido optar a otro subsidio, puesto que el bien común familiar fue adquirido por el marido a través de ese beneficio. Como consecuencia de ello, junto a sus hijos se transforman en allegados o deben arrendar un lugar donde vivir, pagando un canon que absorbe gran parte del ingreso familiar; y, en muchos casos cuando la mujer ni siquiera cuenta con un lugar físico para su resguardo y el de sus hijos, se produce la completa disgregación de la familia.

Repito que es importante destacar la ausencia de parlamentarios, de público y de la prensa en esta discusión, lo que podría enmendarse con un esfuerzo de la Mesa por dar a conocer este proyecto a la sociedad chilena, que muchas veces no hace uso de sus derechos por desconocer absolutamente la existencia de la legislación que los consagra. Hay medios de comunicación que con frecuencia recuerdan a los ciudadanos sus obligaciones, pero que sin embargo, no los informan sobre sus derechos, algunos tan trascendentes como los que hoy estamos debatiendo.

Por último, felicito al Servicio Nacional de la Mujer por su acucioso y bien documentado trabajo, que ha generado un proyecto con características realmente innovadoras en nuestra legislación entrega a las mujeres y a la sociedad chilena derechos olvidados por tantos años, y particularmente a la señora Ministra por tratar junto a su valioso equipo del Sernam de que a este proyecto se le dé la urgencia que se merece y que su tramitación sea lo más breve posible, como todos quisiéramos, para que cuanto antes, se transforme en una ley que beneficie a la familia, a la mujer y a la sociedad en general.

He dicho.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, concuerdo con lo planteado por quienes me han precedido en el uso de la palabra, en cuanto a que estamos frente a una materia de gran importancia para la vida diaria y cotidiana de la familia chilena. Es relevante señalar que éste es uno de los aspectos de nuestra legislación que deben modificarse.

Asimismo, el conjunto de asuntos legales relacionados con el derecho de familia requiere de una preocupación importante por parte de quienes tenemos la obligación de legislar por el bien del país.

La UDI considera que en Chile el derecho de familia debe conservar al matrimonio como indisoluble y eje de nuestra sociedad; debe mantener el régimen legal de bienes en el matrimonio como el de la sociedad conyugal; debe poner fin a los abusos en la nulidad del vínculo matrimonial; debe dar una mejor protección a los cónyuges e hijos de los matrimonios fracasados y por último debe buscar una mayor protección de los derechos de los hijos ilegítimos.

Cuando el Ejecutivo propuso en su texto original, que establecía como supletorio el régimen de participación en los gananciales, manifestamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que nos parecía un paso inconveniente; que, en primer lugar, debíamos preservar y dar a los matrimonios la libertad de elegir entre los distintos regímenes y alternativas el que estimaran más conveniente para administrar el patrimonio; que no nos parecía oportuno ni positivo que se eliminara el régimen de sociedad conyugal, se estableciera como supletorio el de participación en los gananciales y se dejara sólo como alternativa el de separación de bienes. Solicitamos al Gobierno que el régimen de participación en los gananciales también fuera alternativo al de sociedad conyugal y al de separación total de bienes, porque así se protegía mejor a la familia y, sobre todo, se daba la libertad que debemos reconocer a los matrimonios para elegir, de acuerdo con su propio real saber y entender, entre los regímenes de administración de bienes el que más les conviniera.

Por ello, vimos con satisfacción que el Gobierno, mediante una indicación sustitutiva, asumiera esta visión de lo que debe ser un régimen patrimonial en el matrimonio.

Al margen de algunas objeciones de carácter técnico, consideramos que la fórmula planteada por el proyecto en discusión es correcta. Establece un nuevo régimen alternativo y mantiene como supletorio el de sociedad conyugal. Nuestra posición en orden a que se mantuviera como régimen supletorio el de la sociedad conyugal se basa en que creemos firmemente en que éste debe permanecer como régimen legal de bienes en el matrimonio. Todos sabemos que desde la vigencia del Código Civil ha sido el régimen imperante. Es conveniente que ello se mantenga así, porque, en principio, parece más adecuado a la unidad de la familia que exista comunidad de bienes entre los cónyuges. Decimos en principio, porque en muchos casos hay razones más que atendibles para optar por la separación de bienes. Por ello, nuestra legislación lo permite expresamente si lo desean los cónyuges.

Por otra parte, cabe destacar que el régimen de sociedad conyugal ha sido exitoso en nuestro país, a pesar de todo lo que se diga. Ha evolucionado en forma permanente, de acuerdo con los importantes cambios producidos en la vida económica y social del país. Así, han sido modificadas las capitulaciones matrimoniales; se autorizó el pacto de separación total de bienes durante el matrimonio; la ley N° 10.271 impuso limitaciones al marido para enajenar y gravar los bienes raíces sociales y a fin de arrendarlos por largo tiempo; se estableció el patrimonio reservado de la mujer casada. La reforma del Código Civil de 1989 terminó con la incapacidad relativa de la mujer al sustituirla por una incapacidad especial para administrar ordenadamente la sociedad conyugal. Asimismo, le impuso al marido nuevas limitaciones para administrar los bienes sociales, por ejemplo, la imposibilidad de donar los bienes sociales y de ceder a cualquier título los derechos hereditarios de la mujer, sin autorización de ésta, y la prohibición de otorgar caución en favor de terceros sin autorización de la mujer, ya que, de lo contrario, sólo obliga sus bienes propios.

Todo lo anterior demuestra que el legislador chileno ha perfeccionado el régimen de sociedad conyugal, en aras de proteger a la mujer, que se ha incorporado progresivamente a la vida económica, y la ha defendido de las fluctuaciones, a veces muy drásticas, que se producen en ella.

El hecho de que sea el marido quien administre ordinariamente la sociedad conyugal no importa, de manera alguna, en nuestra opinión, una desconsideración de las facultades de la mujer para hacerlo. En la disyuntiva de que lo haga el marido o la mujer, se ha optado por el primero, en atención a que la mujer es quien mayoritariamente se ocupa de la crianza y educación de los hijos.

Prueba de lo anterior es que la mujer, además de administrar en forma extraordinaria la sociedad conyugal, está llamada a ejercer la guarda legítima de su marido demente, sordomudo o ausente. Más aún, aunque no esté llamada primeramente a ejercer la guarda de su marido menor de edad, la ley no lo prohíbe; en consecuencia, puede ejercerla cuando el juez se la concede. La única guarda que la mujer no puede ejercer, por prohibírselo la ley, es la de su marido interdicto por disipación. Ello es así por razones morales: por lo general, la mujer es la interesada en dicha interdicción.

Estamos convencidos de que el régimen de sociedad conyugal es el que más conviene a la mujer, puesto que tiene opción de retirar todo lo que ella adquiera durante el matrimonio, con su patrimonio reservado, renunciando a los gananciales si lo que ha producido es superior a la mitad de lo obtenido por el marido durante la sociedad conyugal. Por el contrario, si lo que la mujer ha producido con su trabajo durante el matrimonio es inferior a lo ganado por el marido, ella aceptará los gananciales, dividiendo por mitades lo producido por los dos. Es decir, aquí la máxima es que la mujer en la sociedad conyugal puede decir que lo de ella es suyo y lo del marido de los dos.

En todo caso, debemos pensar que la sociedad conyugal, inequívocamente, protege más a la mujer modesta, que con frecuencia, por su posición socioeconómica, está imposibilitada de aspirar a un trabajo remunerado porque debe atender a su familia. En tal situación, gracias a la sociedad conyugal, puede quedarse con la mitad de lo producido por el marido, como justa retribución a su trabajo en el hogar. Esta realidad, a nuestro juicio, adquiere contornos dramáticos en los frecuentes casos en que el marido abandona a la mujer.

La proposición de sustituir el régimen legal de sociedad conyugal por el de participación en los gananciales no puede despreciarse, puesto que lo han adoptado países que no pueden tacharse de poco desarrollados o de escasa cultura. Sin embargo, en la reforma del Código Civil de 1989 se desechó la idea de establecerlo como régimen supletorio de la sociedad conyugal, por dos consideraciones fundamentales que mantienen su validez: primera, en países que implantaron el régimen de participación en los gananciales no se ha aplicado y ha quedado como único el de separación de bienes; segunda, se trata de un régimen sumamente complejo, que requiere de la precisión en forma indubitada del patrimonio inicial y final de ambos cónyuges, para lo cual, en la práctica, habría que llevar una minuciosa contabilidad durante todo el matrimonio.

Lo expuesto habla por sí solo de que el régimen de participación en los gananciales puede ser adecuado para países más desarrollados cultural y económicamente que el nuestro. En todo caso, creemos prudente aprobarlo como supletorio al de sociedad conyugal y una alternativa más al de separación total de bienes. Si la práctica en los próximos años demuestra que es usado mayoritariamente, sin duda habría llegado la hora o la oportunidad de establecerlo como régimen legal de bienes del matrimonio.

Esta es la visión de la UDI sobre una materia tan importante. Creemos que se entrega una posibilidad más a los matrimonios para administrar de mejor manera sus bienes, su patrimonio, para decidir, en una amplia gama de alternativas, cómo llevar adelante su vida patrimonial.

Respecto del proyecto, únicamente tenemos algunas objeciones de carácter técnico y formularemos las indicaciones del caso.

Sólo me quiero referir a los bienes familiares que establece el artículo 30 del proyecto, en su número 7, que introduce un párrafo nuevo en el Título VI del Libro I del Código Civil.

Tenemos duda de que este patrimonio familiar sea atinente a todos los regímenes matrimoniales, particularmente al de separación total de bienes, más aún cuando existirán las alternativas de la sociedad conyugal y de participación en los gananciales. En este caso, hay clara manifestación de voluntad de los cónyuges para actuar en la vida patrimonial separados absolutamente de bienes. Introducir por mandato legal un patrimonio común, conjunto, no nos parece coherente ni coincidente con la esencia del régimen de separación total de bienes. Reconocemos que esta materia es opinable, discutible y en el segundo trámite en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia merecerá un debate más amplio.

En segundo lugar, tenemos dudas en aspectos técnicos de la constitución del patrimonio familiar. En lo que se refiere a bienes inmuebles, hay algo complejo que decidir si la vivienda familiar está inserta en un predio o en una propiedad mayor. El proyecto contiene normas que demuestran la complejidad técnica de la materia.

Además, sobre todo, está la publicidad que debe tener esta parte para que los cónyuges conozcan adecuadamente qué bienes inmuebles están declarados patrimonio familiar, para la transparencia de la vida económica.

Mayor complejidad y dificultad nos parece que hay respecto de los bienes muebles, puesto que no existe, salvo en lo que se refiere a los automóviles, un sistema de inscripción pública para conocer su propiedad. La declaración que hace el proyecto de "muebles que guarnecen el hogar" no es técnicamente adecuada ni evita problemas a futuro. ¿Qué podemos entender por muebles que guarnecen el hogar? Un auto, un vehículo, ¿guarnece el hogar? Un bien mueble, como un cuadro, o una obra pictórica de gran valor, ¿guarnece el hogar?

Por lo tanto, son materias de carácter técnico que requieren un tratamiento más específico. Las normas propuestas pueden mejorarse significativa y sustantivamente en el segundo informe que tendrá el proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y después en la Honorable Sala.

En nombre de la UDI, anuncio que nuestra bancada votará favorablemente la idea de legislar. A través de indicaciones, buscaremos perfeccionar y mejorar la iniciativa que, como dije al principio, tiene especial importancia para la vida económica de las familias chilenas y del país, en especial porque regla un aspecto fundamental: cómo se administran los bienes en el matrimonio.

He dicho.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Radical está de acuerdo en general con el proyecto. Sin embargo, cree que se ha perdido la oportunidad de tratar la plena capacidad de la mujer casada, especialmente en lo relativo a su completa capacidad para comparecer en juicio a que se refiere el artículo 136 del Código Civil. Podría haberse intentado; todavía puede ser materia de esta ocasión.

Quiero preguntar al señor Diputado informante respecto del plazo de prescripción de la acción para pedir la liquidación de los gananciales. En nuestro concepto, hay contradicción del artículo 147 a que se refiere el N° 7 del artículo 30 del proyecto, con una disposición vigente de la ley N° 14.908, sobre pago de pensiones alimenticias. Por una parte, el artículo 147 de este proyecto atribuye al juez letrado en lo civil la facultad de asignar derechos de usufructo y uso o habitación sobre los bienes familiares; y por otra, la ley N° 14.908 otorga esta facultad al juez de letras de menores cuando en la demanda de alimentos se ha solicitado el usufructo o el uso o habitación del bien en el cual vive la familia. Si el legislador no corrige en esta oportunidad esta dicotomía o distorsión, con certeza nos veremos enfrentados a cuestiones de competencia difíciles de solucionar, ya que, en nuestro concepto, el artículo 36 del proyecto no las resuelve por sí.

El artículo 26 establece la persecución de los bienes donados. La acción deberá dirigirse contra el donatario en orden inverso al de las fechas de las donaciones, esto es, principiando por las más recientes. Sin embargo, la misma disposición fija un cuadrienio de prescripción, lo que a primera vista parece contradictorio con el orden para perseguir los bienes donados, porque la más elemental lógica indica que en tal situación, para proteger la integridad de los patrimonios, la interrupción de la prescripción debe operar primero contra aquellos bienes que están más próximos a consolidarse en el patrimonio ajeno.

Pensamos que es la oportunidad de resolver esta contradicción por la vía de la indicación.

La modificación del artículo 375 del Código Penal es compleja. El delito de adulterio sólo es posible entre dos, y en un exceso de imaginación, puede concebirse con múltiples partícipes. Su concepción tiende a proteger el bien jurídico fundamental: la fidelidad conyugal, hasta el momento desigualmente tratado en nuestra legislación punitiva.

¿Es necesario penalizar el concúbito ajeno al matrimonio? El efecto de la comisión de esta figura antijurídica se traduce, estrictamente, en el orden familiar, en la ruptura del matrimonio sanción irreprochable desde el punto de vista ético cuando la adopta el cónyuge ofendido en la remisión o perdón otorgado por éste cuando, con miras superiores, mantiene o consolida la unión matrimonial y familiar.

Tengo la impresión de que esta modificación no altera el reducidísimo plazo de prescripción de la acción penal del delito de adulterio, el mecanismo de la remisión otorgada por el ofendido o la suspensión del procedimiento penal por la voluntad del querellante ni tampoco la naturaleza privada de la acción penal. En realidad, apunta a una equivalencia de las condiciones en un plano de igualdad de los sujetos y no altera la naturaleza del delito.

Es evidente que vamos a votar a favor de la idea de legislar, pero tenemos la impresión de que muchos de los artículos que tienen referencias tangenciales al régimen patrimonial del matrimonio y a otras formas de la convivencia familiar que establece el Código Civil deben ser estudiados y naturalmente van a ser objeto de modificaciones.

Señor Presidente, el Diputado señor Smok y la señora Ministra me solicitan interrupciones. En ese orden, por su intermedio, las concedo.

El señor SMOK.-

Agradezco la interrupción.

Señor Presidente, el Diputado señor Devaud ha apuntado a un tema de tono menor dentro de la importancia y amplitud de las modificaciones a los derechos de la mujer en el matrimonio, que compartimos y merece un análisis, aunque sea superficial.

La supresión del amancebamiento y la extensión del adulterio al hombre representan un avance, en el sentido de terminar una discriminación claramente establecida en nuestro Código Penal. No obstante, hay una reflexión que hacer.

La pena de cárcel para el adulterio no se compadece con la realidad. Hasta donde yo sé, es una ficción y nadie va a la cárcel por adulterio. Es más, la idea de igualar los derechos y los deberes de los cónyuges apunta a una disminución de la pena.

¿Por qué se reduce la pena de cárcel, la única para el delito de adulterio, y al mismo tiempo se extiende la figura al hombre? Aquí hay una reflexión ¿El adulterio debe ser penalizado con cárcel o con una sanción que no sea de tipo criminal? ¿Es un delito en sí el adulterio o son sus consecuencias las que deben perseguirse? Me parece que debe haber un debate al respecto.

Es un avance hacer culpable y punible del adulterio tanto al cónyuge como a la cónyuge; pero parece incomprensible que se siga sancionando sólo con cárcel y se plantee, al mismo tiempo, disminución de la magnitud de la pena. Dejo planteada la inquietud para analizarla en el segundo informe.

Agradezco la interrupción al Diputado señor Devaud.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer un comentario final. Como habrá podido apreciar Su Señoría, no sólo en la bancada del Partido Radical existe la idea de despenalizar el adulterio.

Nosotros presentaremos indicación al respecto.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, coincido plenamente con lo manifestado por los Diputados señores Devaud y Smok.

Me llama la atención que en el artículo 7° de la Ley de Matrimonio Civil se diga: "La mujer no podrá contraer matrimonio con su co-reo en el delito de adulterio." Me parece una aberración una norma de este tipo, que sí sería comprensible en un país musulmán. Pero estamos en Chile y tenemos que darle a la gente la oportunidad de rehacer su vida. No se les puede castigar por el delito de adulterio y, además, prohibirles que contraigan matrimonio, porque en ese caso se estaría obligando a la pareja a convivir.

En segundo término, es interesante como vienen en el proyecto la sociedad conyugal y la separación de bienes. Está bien que la pareja se pueda casar con separación de bienes, pero también sería bueno que se le permitiera durante el matrimonio formar sociedad conyugal. No me explico por qué vamos a coartar la posibilidad de que cada uno administre separadamente sus bienes y después, puedan pactar una sociedad conyugal que les permita distribuir sus gananciales.

Señora Ministra, el proyecto habla de la dignidad y respecto a cada cónyuge. O sea, la dignidad y respeto se da por los bienes materiales.

También le quiero acotar que cuando se habla de la dueña de casa, me parece injusto que ella, a pesar de estar cumpliendo una labor noble y muchas veces ignorada, no tenga derecho a una jubilación. Este es un punto digno de tomar en cuenta.

Hay algo que me ha llamado la atención, respecto de lo cual, incluso la semana antepasada, envié una carta a Su Excelencia el Presidente de la República proponiendo una iniciativa que podría denominarse fomento al matrimonio, por lo siguiente. Si en un matrimonio fallece el marido y la mujer quiere volver a casarse, pierde la pensión, lo cual es absolutamente injusto.

Especialmente en las poblaciones de los sectores de más escasos recursos comprobaremos que muchas parejas, para no perder la pensión, se juntan a convivir sin contraer matrimonio; es decir, quedan malavenidos. Es interesante revisar este punto, pero por la escasez de tiempo, continuaré su análisis en una próxima sesión.

He dicho.