Labor Parlamentaria

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que permite a los adquirentes de vivienda económicas constituir un seguro de pago de cuotas hipotecarias.

Diputados informantes de las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano y de Hacienda son los señores Concha y Sabag, respectivamente.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 749-14 y se encuentra en los números 2 y 3 de los documentos de la Cuenta de la sesión 24, celebrada el 24 de noviembre de 1992.

El señor CONCHA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara: en nombre de la Comisión de Vivienda paso a informar el proyecto de ley, originado en mensaje del Presidente de la República, que permite a los adquirentes de viviendas económicas constituir un seguro de pago de cuotas hipotecarias en caso de cesantía.

El artículo 81 del decreto con fuerza de ley Ns 2, de 1959, estableció que los adquirentes de viviendas económicas deberán acogerse a un seguro de incendio y desgravamen, de conformidad con las normas que determina el reglamento pertinente. De esta manera, si el asegurado fallece o se incapacita, la deuda se extingue, y en caso de incendio, podrá reconstituir su vivienda, con cargo a la indemnización a que haya lugar.

Con el objeto de ampliar la protección para el deudor hipotecario y teniendo presente que la Superintendencia de Valores y Seguros dispuso la inscripción de la denominada "Póliza de pago de cuotas hipotecarias por cesantía involuntaria" en el respectivo registro, el Ejecutivo propone agregar un nuevo inciso al artículo 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, un seguro de pago de cuotas hipotecarias, por cesantía involuntaria, con arreglo a las normas que establezca el reglamento. Podrán acceder al nuevo seguro los deudores que reúnan los siguientes requisitos: ser trabajadores entre 25 y 55 años de edad cuyo vínculo de subordinación o dependencia, en virtud de un contrato por tiempo completo a plazo indefinido, tenga una antigüedad no inferior de doce meses, a lo menos.

El seguro se contratará por licitación con la compañía que ofrezca las condiciones más ventajosas. Las primas se pagarán conjuntamente con el dividendo.

Al producirse el siniestro, la entidad aseguradora cubrirá la totalidad de los dividendos del deudor cesante, por períodos completos de hasta el 15 por ciento del plazo total del servicio a la deuda, teniendo cada uno de dichos períodos una duración máxima acorde con el plazo de la deuda.

El proyecto contiene una disposición transitoria, a fin de facultar a los actuales deudores hipotecarios, cuyas obligaciones, naturalmente, hubiesen sido contraídas con anterioridad a la vigencia de esta ley, para que dentro del plazo de un año, contado desde la publicación del reglamento correspondiente, se incorporen al nuevo sistema de seguro de pago por cesantía.1

La norma propuesta es extraordinariamente simple y la complejidad está en el contenido de la póliza que establece el monto de la prima, el período de vigencia y cuándo la compañía no está obligada a cumplir el seguro.

La póliza tiene las siguientes características: el seguro no tiene carácter obligatorio, pero si lo tendrá cuando los acreedores lo establezcan como requisito para la concesión del crédito. Su vigencia será de tres años, renovable, automática y sucesivamente, por períodos de un año. Habrá un período de carencia inicial, es decir, los seis primeros pagos de dividendo que siguen a la fecha de otorgamiento del crédito hipotecario son de cargo del deudor asegurado. En otras palabras, si la cesantía se produce durante ese período, el dividendo será de cargo del deudor asegurado y no de la compañía. No se cubre el primer dividendo que sigue a la fecha de denuncio del siniestro, el cual también es de cargo del asegurado.

El período máximo de cesantía cubierta, será de hasta cinco dividendos hipotecarios consecutivos para un mismo evento de cesantía. Se exige un período mínimo de seis meses de actividad laboral entre dos eventos de cesantía.

Finalmente, existe también la posibilidad de exención de responsabilidad de la compañía en caso de cesantía catastrófica, entendiéndose por tal aquella que alcance al 11 por ciento de la actividad laboral.

La Comisión aprobó la idea de legislar sobre esta materia, porque la considera conveniente para la tranquilidad y seguridad de los deudores hipotecarios, toda vez que en un período tan trágico como el de cesantía involuntaria, los dividendos correspondientes al crédito serán cubiertos por el seguro. Estimó que los deudores de Serviu, especialmente, cuyos dividendos ascienden a cuatro o cinco mil pesos mensuales, tendrán que pagar, a título de prima, alrededor de 175 pesos más, cifra que porcentualmente puede tener importancia 3,5 por ciento, pero materialmente es bastante módica.

La Comisión estima conveniente este proyecto y solicita que la Honorable Cámara le preste su aprobación.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, me corresponde informar, en nombre de la Comisión de Hacienda, el proyecto de ley que permite a los adquirentes de viviendas económicas constituir un seguro de pago de cuotas hipotecarias. Tiene origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y su objeto es agregar un nuevo seguro a los contenidos en el artículo 81 del decreto con fuerza de ley Ne 2, de 1959, a fin de prevenir el pago de cuotas hipotecarias ante el evento de que el deudor se encuentre en cesantía involuntaria.

Se informó que la Superintendencia de Valores y Seguros, por resolución exenta N°19, de 4 de febrero de 1992, dispuso la inscripción de la llamada "Póliza de Pago de Cuotas Hipotecarias por Cesantía Involuntaria", lo cual significa un primer paso para que este producto se libere al mercado.

Durante el debate en la Comisión se formularon algunas dudas respecto del encarecimiento de los créditos que la medida podría significar, pues la nueva prima elevaría el monto del dividendo. Se criticó también el hecho de que no se precisa en el texto del mensaje el carácter voluntario u obligatorio de la contratación de la prima, tal como ocurre con el pago del seguro de desgravamen.

Se argumentó, asimismo, que el interés del Supremo Gobierno reside en que el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo es aval de los créditos hipotecarios otorgados a los beneficiarios del subsidio habitacional, de tal manera que debería responder por ellos en los casos de incumplimiento del pago de dividendos por causa de cesantía.

Se precisó que en una primera etapa este seguro beneficiará a todos los trabajadores dependientes que obtengan créditos hipotecarios a través de los Serviu, lo que significa un universo potencial de cerca de 10 mil deudores al año.

La Comisión de Hacienda tomó conocimiento de los artículos aprobados por la Comisión técnica.

Sometidos a votación los artículos único y transitorio, fueron aprobados por 3 votos a favor y una abstención.

Finalmente, debo informar que el proyecto no genera gasto fiscal y los efectos que producirá en la economía del país son los señalados anteriormente.

La Comisión de Hacienda recomienda su aprobación.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, sin duda este proyecto, además de novedoso, implica ventajas para los deudores habitacionales.

Todos los integrantes de la Comisión aprobaron la necesidad de que estos deudores contaran con un resguardo ante eventuales situaciones derivadas de la falta de trabajo.

También es importante señalar que éste es tal vez uno de los primeros proyectos, a nivel internacional, que entrega una mayor cobertura en materia de seguros de viviendas sociales.

Hay alrededor de 320 mil personas o familias inscritas en los Serviu para postular a una vivienda social, y es necesario señalar que por una vivienda de ese tipo se paga un dividendo de más o menos 5 mil pesos mensuales, en circunstancias de que su arriendo puede ser de 15 mil pesos. Por ello, pagar 175 pesos por un seguro que les dará tranquilidad para continuar pagando su dividendo en la eventualidad de que queden sin trabajo, lo considero muy ventajoso. Además, es el primer seguro de cesantía que empieza a funcionar en el país, y constituirá una muy buena señal para otras instituciones, como los bancos privados, quienes podrían considerarlo en los casos de contratación de créditos.

Entre las desventajas del proyecto debería mencionarse, desde luego, que en su presentación se produjo una inconsecuencia, en el sentido de que el mensaje señalaba la obligatoriedad de tomar el seguro y su articulado lo hacía opcional. Da la impresión de que todavía existen ciertas reminiscencias por parte del Ejecutivo, en cuanto a que ciertas materias son de la absoluta incumbencia del sector privado y afloran estos afanes estatistas. Afortunadamente, la Comisión raparé en ello y por unanimidad acordamos que fuera opcional.

Además, aquellos deudores que no cuenten con un ingreso definido quedarán fuera de esta posibilidad.

También está la desventaja de que una persona perderá el derecho al seguro en los períodos en que no haya trabajo, y, posteriormente, cuando nuevamente lo obtenga, pasará algún tiempo para recuperarlo.

Pero, por las indudables ventajas que significará para los adquirentes de viviendas contar con un seguro que les proporcionará tranquilidad ante la falta de trabajo, la Unión Demócrata Independiente votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, éste es uno de los tres proyectos que en su momento, y como consecuencia del trabajo de la Comisión Investigadora de Deudores Hipotecarios, había anunciado el señor Ministro de Hacienda. Ya fue aprobado y publicado el que rebaja los dividendos a los deudores hipotecarios; ha sido aprobado en la comisión respectiva el que crea un fondo de compensación, y hoy la Sala trata el que establece el seguro de cesantía.

El proyecto se origina por la situación de cientos de chilenos que, como consecuencia de situaciones cíclicas de nuestra economía, en un momento determinado tuvieron un problema de cesantía, quedando imposibilitados de pagar sus dividendos, lo cual implicó un incremento violento de la deuda que provocó, en muchos casos, la pérdida de su vivienda.

En su momento, en el artículo 81 del decreto con fuerza de ley N°2, de 1959, estableció dos seguros: el de desgravamen y el de incendio, pero en ningún caso se consideró la posibilidad de un seguro de cesantía como el que hoy analizamos.

La medida es absolutamente necesaria, pues otorga una cobertura de hasta un 15 por ciento del tiempo de servicio de la deuda, lo que representa un período adecuado para salvar situaciones derivadas de problemas de cesantía de las personas comprometidas en un crédito hipotecario de las características señaladas.

A diferencia de los seguros de desgravamen y de incendio, que el Ministerio hace obligatorios, éste es de carácter voluntario. Cualquier persona, en el momento en que le es asignado el subsidio, o eventualmente en otros casos, podrá incorporarse a este seguro, que es de bajo costo y se financia por quienes se incorporen a él. En consecuencia, es un seguro de reparto que asegurará a la familia, ante la eventual falta de trabajo, que no se incremente el monto de su deuda y que caiga en insolvencia.

El proyecto, que supera una situación que afectó, por largos años, a muchas personas, junto con otras iniciativas aprobadas en la Comisión, como la relativa al "leasing" de la vivienda, entrega a quienes postulan a viviendas, a través de un subsidio del Estado, mayores seguridades y perspectivas de alcanzarlas, sin los a va tares que implica la situación económica en un momento determinado.

Por eso, la Democracia Cristiana va a respaldar este proyecto y espera que en marzo el Senado lo despache para que en fecha próxima entre en vigencia.

He dicho.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, no obstante que el proyecto recoge las aspiraciones planteadas en relación con esta materia, deberíamos precisar el concepto de "cesantía involuntaria".

A este respecto, sólo podría considerarse cesantía voluntaria la renuncia voluntaria del trabajador a su empleo o el desahucio por el trabajador al empleador, pues la extensión del concepto hace inaplicable el seguro a otras causales que puedan ser eventualmente imputables al trabajador, todas discutibles en los tribunales. En este sentido, se entorpecería la aplicación del seguro por cesantía involuntaria.

Como muchas de las disposiciones del proyecto serán desarrolladas en un reglamento, para una interpretación legal y auténtica de la materia, sugiero que se debata el tema de la cesantía involuntaria.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el proyecto es parte de un paquete de iniciativas que el Gobierno del Presidente Aylwin ha elaborado en relación con los deudores hipotecarios. Así, la ley N°19.003 estableció medidas para resolver el problema de aquellos deudores que estaban a punto de ser rematados. La semana pasada se promulgó la ley N°19.199, que favorece a los deudores de la ex Anap con una rebaja de los dividendos. Está en debate en el Senado un proyecto que faculta al Ministerio de Bienes Nacionales para transar alrededor de 4 mil propiedades de deudores ex Anap. Se ha aprobado en esta Cámara y está en proceso de promulgación un proyecto relacionado con la reajustabilidad de los dividendos de las deudas que se contraen con los Serviu. Se ha aprobado también en esta Cámara un proyecto de "leasing" habitacional. Está en debate en la Comisión de Hacienda de esta Cámara un proyecto sobre el Fondo de Estabilización de Dividendos.

Es decir, con éste, que establece el seguro para adquirentes de viviendas económicas, son siete los proyectos elaborados por el Ejecutivo en relación con los deudores hipotecarios.

En toda esta legislación se ha tenido en vista la experiencia de las crisis de los años 1982,1983 y 1984, que afectó el sistema de acceso a la vivienda de los sectores medios y de los del Serviu, donde el desempleo constituyó un factor de gran importancia en la incapacidad de pago de los deudores, como también lo fue el rápido crecimiento del valor de la UF en relación con el de las remuneraciones.

Para resolver las dificultades ocurridas en esos períodos, el proyecto establece un seguro para salvar situaciones derivadas del desempleo, que se pueden originar en una crisis generalizada de la economía o en situaciones más catastróficas a nivel de sectores de la economía, de regiones o de grupos de personas, con el objeto de mantener el pago de los dividendos.

La iniciativa es muy importante para la seguridad de los deudores, como asimismo para atraer inversionistas y agentes del sector financiero al campo de la inversión en vivienda. Es un requisito fundamental también para el "leasing" habitacional.

Tal como lo ha señalado el Diputado señor Correa, este proyecto presenta algunas dificultades, siendo la más destacada el costo de este seguro.

Como el sistema aún no entra en funciones, el costo de los seguros es bastante oneroso, razón por la cual habrá resistencia de muchos deudores para optar a ellos.

El Presidente de la Asociación de Bancos me ha manifestado que actualmente el seguro es inaccesible dado su alto costo. Sin embargo, en la medida que exista una mayor cantidad de deudores interesados en acceder a él, por efectos de la competitividad, se irá haciendo más atractivo para las compañías del rubro y, por tanto, más barato.

Por las razones expuestas, los Diputados del Partido por la Democracia y del Partido Socialista votaremos a favor de este proyecto.

He dicho.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto de fuerte inspiración social que trata de resolver el problema que ha afectado a tantos ciudadanos para cumplir con la obligación de pagar oportunamente sus dividendos, cuando por alguna circunstancia han quedado sin sus fuentes de trabajo.

Evidentemente, el espíritu del proyecto es resolver la especie de crisis familiar que se produce en estas circunstancias.

La posibilidad de que ocurra lo que en seguro se llama "el siniestro", esto es, que el deudor hipotecario en este caso pierda durante un tiempo su fuente laboral, lo que ocurre con frecuencia durante la vida de una persona en condiciones relativamente normales no es posible homologarlo con el de desgravamen o el de incendios.

Si entendemos el plazo de pago normal de una vivienda es de 15 ó 20 años, se puede pensar que en él habrá muchos deudores a quienes no se les incendie la casa o tampoco fallezcan. Sin embargo, si vemos los antecedentes de permanencia en el trabajo de una persona, los índices nos indican que, en promedio, es cercana a los tres años, lo que significa que en un período de 20 años, por lo menos en siete oportunidades de su vida laboral, esta persona estará enfrentada a la realidad de estar cesante. Si el riesgo es cubierto por un período de cinco meses, y esto lo multiplicamos por siete, nos indica que la compañía de seguros tendría que responder por el pago de estas primas de seguros por un lapso prácticamente de 35 meses, es decir, tres años, lo que representa el quince por ciento de 20.

En consecuencia, y sin tener antecedentes de cuál será la respuesta del mercado asegurador, desde ya podemos tener una idea de que el costo de este seguro de riesgo laboral en el pago de dividendos, podría llegar hasta un cercano quince por ciento del valor del dividendo actual, situación que pondrá, especialmente a los sectores de menores recursos, en una clara imposibilidad de poder tomarlo.

A pesar de las dudas que en la práctica nos depara el proyecto, estamos en disposición de aprobarlo.

Por otro lado, habría que dejar muy claramente establecida una circunstancia de todos conocida.

Muchas, veces, al perder su trabajo, la persona inicia sus trámites de cesantía. Sin embargo, es habido que en muchas oportunidades, aun encontrando una nueva fuente laboral, mantiene oficialmente su condición de cesante con el objeto de obtener los beneficios sociales que, aunque restringidos, el Estado entrega a quienes se encuentran en esta circunstancia. Esto podría gravar aún más la evaluación de las compañías de seguros sobre este tema.

Con todos estos reparos, señor Presidente, repito vamos a dar nuestra aprobación al proyecto.

Con su venia, concedo una interrupción a la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, cuando se propuso el paquete de medidas que irían en ayuda de los deudores hipotecarios en junio de este año, hubo gran expectación. Afortunadamente, una de las medidas como ya se dijo que tiene relación con el subsidio a los dividendos está casi aprobada. La medida que analizamos hoy, sin embargo, no va a solucionar el problema de los deudores hipotecarios, pues se trata de una medida que en el futuro protegerá, a través del seguro, a quienes caigan en cesantía involuntaria.

En la Comisión, una de nuestras preocupaciones fue el interés que tendrían distintas empresas en acoger este tipo de seguro y no quedó claro al menos a mí que efectivamente las hubiera en. gran cantidad interesadas en que los trabajadores se acogieran a este seguro, a pesar de que en la discusión se fueron mejorando las garantías que se les estarían dando.

Pasado el tiempo, la cesantía involuntaria no constituye la única razón para que una persona pueda caer en mora.

Quizás no hay un estudio de cuáles son las verdaderas razones para que una persona o una familia deje de pagar su dividendo. El caso, por ejemplo, de familias en que alguno de sus miembros tiene una enfermedad grave, sin duda es una razón justificada. Podrían serlo también el quiebre de una pequeña empresa, un incendio; es decir, una serie de otras instancias fortuitas pueden incidir en que la persona no tenga los recursos para pagar.

Por eso, se me ha ocurrido ver la posibilidad de agregar a esta cesantía involuntaria alguna otra emergencia familiar, con lo cual probablemente los propios deudores tendrían más interés en optar por el seguro.

Por otra parte, como dijo el Diputado señor Sotomayor, no tenemos seguridad en los resultados del proyecto y a la larga puede que se acojan muy pocas personas a la medida, pero sin duda es un aliciente para que a futuro no se incurra en tanta deuda y se repita el problema de los deudores hipotecarios.

No voy a hacer una indicación, pero me gustaría saber de parte del Diputado informante si habría voluntad para agregar a la cesantía involuntaria alguna frase que permitiera hacer extensivo este seguro a otros casos graves que puedan afectar a una familia y que la hagan caer en mora.

De todas maneras, vamos a apoyar la iniciativa, señor Presidente.

He dicho.

El señor CONCHA.-

Señor Presidente, en esta etapa no es conveniente hacer agregados a la disposición que se pretende aprobar, pues ello implicaría hacer nuevos estudios de factibilidad para determinar riesgos, influencia, en fin, todos los factores requeridos para posibilitar que el seguro satisfaga una necesidad y, al mismo tiempo, se financie, opere sin problemas y no conduzca a la quiebra de las empresas que se obliguen a contratarlo.

También quiero referirme al concepto de cesantía involuntaria mencionado por el Diputado señor Devaud. Ella se produce contra la voluntad del asegurado, por circunstancias no imputables a éste, dé acuerdo con las normas sobre terminación del contrato de trabajo establecidas en la ley.

Nada más.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, quiero referirme a dos aspectos del proyecto que considero interesantes.

En realidad, esta iniciativa tiene carácter preventivo porque da cierta seguridad a las personas, que serán libres para contratar o no el seguro. Pero indudablemente este proyecto es aplicable en economías sanas, y lo digo por una razón muy sencilla. Cuando la economía sea floreciente, cuando exista pleno empleo y prosperidad en el país, no cabe duda de que el pago de los dividendos se hará sin problemas; pero si por esas cosas del destino que Dios no lo quiera el país empieza a retroceder y aumenta la cesantía, la ley sería inaplicable, pues las primas y seguros subirían a tal extremo que la gente no podría pagar el seguro igual, que en un período de estabilidad económica. Por lo tanto, este seguro beneficia a las personas justamente cuando no existen problemas económicos.

Hago esta salvedad, porque es bueno que la gente conozca estas cosas, para que no se ilusione con la idea de que es un seguro a todo evento, como el de las asesoras del hogar. Que quede bien claro y definido que este seguro no lo es.

Tienen razón los Diputados Devaud e informante cuando sostienen que la cesantía involuntaria es la pérdida involuntaria del trabajo, sea cual fuere la causa, incendio o quiebra de la empresa, por ejemplo. Esto es, si en definitiva no se dan las condiciones para laborar, el trabajador sufrirá irremediablemente la pérdida involuntaria de su trabajo.

Por lo tanto, en mi opinión, esta iniciativa es más preventiva que aplicable, pero abre una esperanza y da estabilidad a las personas que, por razones de fuerza mayor, no pueden seguir en su trabajo; da seguridad a sus familias al facultar a la entidad aseguradora para cubrir hasta el 15 por ciento del plazo total de la deuda. Por eso, a pesar de ser poco aplicable, tiene buenas intenciones y abre un amplio campo para la estabilidad del deudor.

Con estas salvedades, la considero interesante y la apoyaré, igual que Renovación Nacional;

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, si el proyecto tiene buenas intenciones pero es inaplicable, más vale no aprobarlo.

En verdad, se trata de que sea aplicable y para ello crea un fondo en las compañías de seguros por eso contrata el seguro para cubrir situaciones catastróficas de la economía sectorial, regional o familiar; un seguro de desempleo que cubre los dividendos en esas situaciones.

En efecto, como lo señala el Diputado García, en un momento de crisis económica que produzca desempleo, el seguro que ofrezcan las empresas será muy caro, pero sólo para quienes suscriban el contrato en ese momento. Sin embargo, como no existe experiencia anterior, las empresas de seguros están ofreciendo alternativas con tasas del 3 y 3,5 por ciento, que son altísimas.

En la medida en que un mayor número de deudores decida contratar este seguro y en que el Ministerio de la Vivienda o el Banco del Estado negocie con otros bancos paquetes de seguros, tenderá a bajar su costo, tal como sucedió con los seguros de desgravamen y de incendio cuando recién comenzaron a utilizarse.

En relación con el planteamiento de la Diputada señora Cristi sobre la forma en que un seguro de este tipo puede cubrir siniestros o "catástrofes familiares" diferentes al desempleo, efectivamente es un tema que requiere ser tratado. Las otras "catástrofes familiares" se refieren a enfermedades mayores. Cuando en una familia se enferma, especialmente el jefe de hogar, prácticamente no existe la posibilidad de pagar los dividendos. Hoy esa situación tiene que ver especialmente con los sectores medios, cuyas posibilidades de acceder a la atención de patologías mayores es prácticamente nula. Ello requiere un conjunto de cambios en la legislación sobre salud, y no sólo sobre el problema del dividendo y de la vivienda, por cuanto lo haría muy difícil de acceder. Ya tiene un costo muy alto al cubrir la catástrofe del desempleo y agregar otras cosas sería hacerlo más complejo, subir su costo. El tema de otras fuentes basadas en la morosidad hay que tratarlas en tomo a la educación, a la salud y, especialmente, a los hábitos y al estímulo de mantenerse al día.

Señor Presidente, el Diputado señor García me solicita una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, si todos estamos de acuerdo en que una enfermedad es involuntaria, se podría oficiar a los Ministros de Salud y del Trabajo para que nos den una pauta sobre las enfermedades impeditivas que se puedan considerar involuntarias. Por ejemplo, un cáncer, una enfermedad de la mujer, que no le permita asistir a su trabajo.

Como se trata de un punto sobre el cual coincidimos, sería conveniente que el proyecto vuelva a Comisión no para demorarlo, sino para mejorarlo. Es una buena instancia presentar una indicación u oficiar a los señores Ministros de la Vivienda y del Trabajo como se refiere a la cesantía involuntaria también atañe a este último para que nos den una pauta sobre las enfermedades que ellos consideran que limitan la permanencia en el trabajo. Yo consideraría involuntaria la pérdida del trabajo por una enfermedad. Podrán decir que se puede acoger a jubilación, que hay otros mecanismos; pero se podría fijar una pauta.

Agradezco la interrupción del Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, es fundamental aprobar hoy este proyecto en general y en particular para avanzar en el conjunto de modificaciones legales que favorecen, sobre todo, a los sectores medios que acceden a la vivienda.

Lo que se agrega es un tema sobre el cual debemos reflexionar en otro marco. Es cierto que cuando cualquier miembro del grupo familiar se enferma de cáncer, se produce una situación económica muy difícil ya que no hay alternativas reales para enfrentar el problema, pues la Isapre cubre una parte poco significativa. Un enfermo de Sida dentro de la familia es una catástrofe. Hay un conjunto de enfermedades que no están cubiertas por el sistema de salud; por lo tanto hay un vacío en él respecto de las catástrofes que generan crisis en los grupos familiares.

Sin embargo, este proyecto tiene un objetivo bien preciso: el seguro frente al desempleo. Ampliarlo significaría subir su costo y hacerlo más complejo. El otro tema debe tratarse en un contexto distinto y en el marco de otras situaciones.

Por lo tanto, somos partidarios de que el proyecto se apruebe en esta sesión en general y en particular.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, se han planteado una serie de problemas respecto de seguros adicionales para casos que también podrían considerarse como el de cesantía involuntaria. Pero no es posible pretender solucionar en un proyecto de esta naturaleza todos los problemas familiares.

En esta iniciativa hay una persona asignataria no todo el grupo familiar que eventualmente está laborando, y que en un momento determinado puede quedar sin trabajo. A eso está encaminada.

Este seguro no tiene características similares a otros. Un seguro de vida se contrata en forma individual. En cambio, éste es un seguro de reparto, al cual pueden incorporarse voluntariamente todas las personas que anualmente obtienen subsidios; sólo quedarán sin posibilidades de aplicar el seguro, cuando se produzca una situación catastrófica, se sobrepase efectivamente el 11 por ciento de cesantía de toda la masa laboral integrada.

De manera que, si bien es cierto que el proyecto puede considerar otras facetas que implican dificultades del grupo familiar, no lo es menos que está orientado

fundamentalmente a quienes acceden a una vivienda a través de un subsidio, y son estos asignatarios quienes en momentos de crisis, producto de la falta de trabajo, puede contratarlo.

Desde ese punto de vista, es muy loable el resto de la iniciativa, pero a mi juicio, debe estar inserta en otro contexto y, eventualmente, en otros proyectos.

He dicho.

El señor JARA (don Octavio).-

Señor Presidente, a pesar de sus insuficiencias, este proyecto significa un importante avance.

Pero, a partir de él, debiéramos hacer una reflexión más profunda en cuanto a una política más bien de seguro en la sociedad. No se trata de un problema exclusivo del deudor hipotecario, sino que hay involucrados, a lo menos, tres tipos de intereses. Primero, por cierto, el del deudor hipotecario. Después está el interés del Estado, del país, por construir todo un mecanismo de seguros que evite los problemas que implican los diversos siniestros que pueden alterar todo un sistema. Por último, el de los acreedores, en este caso de los bancos, para crear condiciones de mayor seguridad en los créditos con los cuales operan.

Por lo tanto, en general, debiéramos avanzar en un estudio mayor para crear mecanismos de mayor seguridad en la sociedad, a lo cual contribuyan los distintos actores involucrados en el problema; es decir, no sólo el deudor hipotecario, sino también el acreedor y el propio Gobierno. En ese orden de cosas, uña de las reflexiones que motiva la iniciativa es que el costo del seguro es absorbido exclusivamente por el deudor, en circunstancias de que debiera ser compartido, por lo menos, por estos tres actores, interesados en crear este sistema de seguros.

En todo caso, el proyecto avanza notablemente en este sentido. Pero es necesario hacerlo en otros aspectos y dimensiones como, por ejemplo, en el problema del seguro de cesantía, en general. Una economía flexible y abierta que permite el despido de los trabajadores, debería considerar como contrapartida un mecanismo dé seguridad para que dichos trabajadores tengan un ingreso mínimo durante el tiempo en que estén cesantes, que les permita enfrentar con mayor certeza y Seguridad la flexibilidad en el empleo.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija la mayoría de edad a los 18 años.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Bosselin.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 66-07 y se encuentra en el número 25 de los documentos de la Cuenta de la sesión 27a, celebrada el 9 de diciembre de 1992.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, vuestra Comisión pasa a informaros sobre este proyecto de ley.

El Senado de la República aprobó una moción del Senador don Sergio Fernández. Al mismo tiempo, los Diputados señores Letelier, Jeame Barrueto, Aguiló, Yunge, Palma, don Andrés; Cornejo, Bosselin, Elgueta y Molina presentaron otra con el mismo contenido.

En atención a que la moción proveniente del Senado estaba en una etapa más avanzada desde el punto de vista de su tramitación e incidiendo ambas en la misma materia, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia resolvió despacharla en el entendido de que en el segundo informe ambas mociones serían complementadas.

El Código Civil establece en su artículo 26: "Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido veintiún años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos."

¿Cuál es el punto central de este proyecto? Se establece que una persona es mayor de edad cuando cumple 18 años. Es decir, la norma general existente que dispone que la mayoría de edad es a los veintiún años se modifica y se rebaja a los 18.

¿Qué antecedentes tuvimos en consideración para proceder de tal modo? Escuchamos opiniones autorizadas sobre la materia de sicólogos, de directores de escuelas de sicología, porque nos interesaba conocer cuál era la evolución sicológica, moral y afectiva de la persona. Ellos nos señalaron que los expertos han llegado a la conclusión de que las personas ya tienen una maduración suficiente a los 18 años respecto del desarrollo socioafectivo, sociomoral y cívico en culturas tan distintas como las de Chile, Turquía, México, Estados Unidos y Gran Bretaña.

Sobre este punto, existe un amplio consenso, pese a la relatividad de nociones sobre esta materia, porque nos explicaban el siguiente caso: los estudiantes universitarios que se supone provienen de hogares de altos ingresos y que tienen un grado de preparación superior a quienes no están estudiando en la universidad tienen una especie de retraso en su proceso de maduración, una especie de involución durante el primero, segundo, tercero o cuarto año de estudios en la universidad, hecho que, en cierta medida, cambia la visión que se tenía desde afuera, sin ver el fenómeno desde el ángulo sicológico.

El aspecto intelectual o cognitivo muy importante que esta Cámara tenga presente, depende de la capacidad cerebral. El desarrollo intelectual o cognitivo del ser humano, hombres o mujeres, está completo a los 18 años. La gente que posee una capacidad intelectual alta a los 18 años, tendrá una capacidad intelectual análoga a los 30 o a los 50 años, salvo factores ambientales. En cambio, las personas que no tengan el desarrollo adecuado a los 18 años, es prácticamente imposible que lo consigan con posterioridad; es decir, son personas que a los 50, 70 u 80 años, no tienen el desarrollo suficiente. Pero ése es un epifenómeno, un fenómeno excepcional. La norma general, desde el punto de vista de la sicología dinámica, es diferente.

Esto significa, desde la perspectiva de la neurosicología, que la capacidad intelectual se desarrolla poco por sobre los 18 años. El cerebro cambia poco. En este sentido, la idea planteada juega a favor de la idea sustentada en el proyecto, como un bloque, como un todo. Vale decir, si el desarrollo intelectual de la persona está completo a los 18 años, perfectamente podemos señalar que es el momento en que se adquiere la mayoría de edad.

Sin embargo, el aspecto afectivo y moral funciona y todos tenemos la experiencia sobre este punto de manera distinta. Se puede afirmar que a los 18 años todavía no hay un desarrollo relevante desde el punto de vista afectivo y moral.

Respecto de la capacidad de discernimiento moral, o sea, sobre la evaluación de conductas, sobre lo que es el bien y el mal y las consecuencias de ello para el sujeto que las realiza, constituye una síntesis de factores intelectuales, afectivos y sociales, donde hay que considerar principalmente el medio.

Hipertrofiando la valoración, para los efectos de nuestra decisión legislativa, de los aspectos afectivo y moral, podríamos arribar incluso a la conclusión de que si una persona de 21 años todavía no está suficientemente desarrollada, tampoco lo estará a los 25 a los 30, los 40 o a los 45 años, porque cada una de las edades y de las etapas de desarrollo va teniendo su propia dinámica y sus correspondientes avances y retrocesos.

Todos conocemos que la vida tiene diversos avatares, que hay crisis profundas en el desarrollo de los propios adultos, como la de los 30 o la de los 40 años, que dicen que no podemos tomar como una pauta absoluta el ámbito afectivo, sino que es preferible seguir el ámbito intelectual, que se ha adoptado en los distintos países del mundo y que nos están señalando las personas doctas en la materia.

El proyecto de ley es relativamente simple en su redacción. Su artículo l° establece que la persona es mayor de edad cuando haya cumplido 18 años. En consecuencia, la norma general en nuestra legislación, de aprobarse este proyecto, pasará a ser ésta.

Como la modificación tiene incidencia en muchas materias extraordinariamente significativas en el ámbito civil y comercial, en la Comisión decidimos analizar, por ejemplo, el Código Civil en su totalidad, e ir cambiando él vocablo "veintiún" por "dieciocho" en cada uno de los preceptos, para que no se pudiera introducir el principio de la especialidad en determinados aspectos.

Informo a los Honorables Diputados que esa tarea se encuentra pendiente. Tengo en mi poder el trabajo completo de la Secretaría y de la Comisión propiamente tal, pero se necesita que en la discusión particular que hagamos en la Comisión, completemos el artículo 2a para impedir situaciones conflictivas que podrían presentarse, debido a las diversas interpretaciones que se podría dar a esas normas.

También debo dejar constancia de que hay diversas disposiciones que no serán afectadas por este proyecto de ley, como el artículo 78 del Código del Trabajo, en virtud del cual sólo los menores de 21 años pueden celebrar contratos de aprendizaje; el artículo 61 de la ley N°4.808, que exige 21 años de edad para ser conservador u oficial del Registro Civil; el artículo 22 de la ley N° 18.168, sobre Telecomunicaciones, que exige 21 años para ser concesionario de servicios de radiodifusión sonora de libre recepción; el artículo 49 del decreto ley N° 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, que permite a los padres del extranjero mayor de 21 años, pedir la residencia; el artículo 10 del decreto ley N°2.757, que exige 21 años para ser director de determinadas entidades; el artículo 4° del decreto con fuerza de ley N°22, de 1959, que exige 21 años para ser intendente o gobernador.

Otro aspecto interesante de señalar se relaciona con la explicación jurídica que tiene el término "capacidad". Se entiende que es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y para ejercerlos por sí sola. Esta es la definición seguida por la cátedra.

Esta capacidad es de dos clases: una, de goce, adquisitiva, y otra, de ejercicio. La primera constituye la aptitud legal de una persona para adquirir derechos, para ser titular. En la de ejercicio o de obrar, es la aptitud para ejercer los derechos.

En Chile, la regla general es que la mayoría de edad o la plena capacidad jurídica para los efectos de la legislación civil, comercial y administrativa, se alcanza en la legislación vigente a los 21 años de edad, conforme al citado artículo 26 del Código Civil.

Si la Honorable Cámara aprueba este proyecto, habrá dado una significativa señal para el desarrollo de nuestra juventud. Si una disposición declara que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años, correlativamente, debemos señalar a esa juventud y a la colectividad en general, que los deberes y las responsabilidades propias o inherentes a la mayoría de edad también se adquieren a los 18 años. Ese es el sentido pleno de la mayoría de edad. Aumentará la carga de responsabilidad que la comunidad nacional tendrá que adquirir.

Sobre la base de las razones expuestas, de los antecedentes consignados en el informe y del texto propuesto a vuestra

consideración, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Honorable Cámara, pido a la Sala la aprobación de este proyecto de ley, sin perjuicio de que, aprobado en general, vuelva a la Comisión para que perfeccionemos el ámbito particular que vemos como necesario e indispensable, más aún si el trabajo inicial ya está realizado.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, el proyecto en discusión me parece bastante interesante; pero hay cosas que yo, por principio, no aprobaré. En la práctica se dice: "Usted será mayor de edad a los 18 años; pero no podrá ser diputado, ni gobernador, ni intendente. Para ser Senador o Presidente de la República requiere 40 años, o sea, usted es mayor de edad para ciertas cosas y para otras no tiene discernimiento y, además no está capacitado para ejercer cargos públicos." O bien: "Usted será mayor de edad para ver ciertas películas, pero no para ser elegido Presidente de la República".

Hagamos algo lógico. Si tiene discernimiento, si es mayor de edad no lo limitemos; abrámosle la puerta para que desempeñe cualquier cargo. De lo contrario, demostramos que la persona es mayor de edad sólo para ser juzgada y tener más responsabilidades en lo penal, pero no para ocupar un cargo público.

Esa es una contradicción. Y lo que me parece una aberración, que el mismo Monseñor Oviedo rechaza y preocupa a quienes somos padres de familia, es que el artículo 5° proponga la modificación del artículo 62 de la ley N° 16.618, que sanciona penalmente al que ocupare a menores de 21 años en trabajos que los obliguen a permanecer en cantinas, casas de prostitución o de juego, rebajando la edad indicada a 18 años. ¡Por favor! ¿Vamos a facilitar que nuestras niñitas o nuestros hijos puedan prostituirse a los 18 años?

Es posible que un joven sea considerado mayor de edad a los 18 años; pero no precipitemos las cosas. Es de mal gusto, por decir lo menos, permitirle trabajar en un prostíbulo. Esa norma no debe aprobarse. ¡Preguntemos a los padres o madres de familia si les gustaría que sus hijos a los 18 años trabajaran en un prostíbulo!¡Qué cosa más divertida! A los 18 años usted no puede ser diputado ni senador, pero sí prostituta, ¡Un proyecto de ley fantástico! ¡Por favor, a dónde vamos a llegar, justo ahora que todo el mundo habla de moral!

Aunque este proyecto es interesante, pido votación dividida respecto de este artículo, porque jamás permitiré que a nuestra juventud se le dé permiso, por ley, para prostituirse.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, reconozco la seriedad del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y, a la vez, agradezco la franqueza del colega señor René Manuel García para tocar ciertos tópicos.

Para mí y creo que para varios parlamentarios, es enaltecedor que, finalmente, se discuta en esta Sala la primera iniciativa que favorece los derechos de los jóvenes.

Lamento, sí, y eso no puedo dejar de expresarlo estoy seguro que con esto interpreto a los patrocinantes de la moción presentada en la Cámara de Diputados hace más de dos años, que haya demorado tanto en llegar a este hemiciclo una iniciativa de esta importancia.

Antes de entrar al fondo de la materia, debo señalar que existe un problema de técnica legislativa. Hay un vacío, que en parte explica el retraso de la discusión de este proyecto. Simultáneamente en el Senado y en la Cámara se presentaron proyectos con el mismo objetivo. En el Senado, una moción patrocinada por el señor Sergio Fernández, enriquecida con una indicación del Senador Hernán Vodanovic contenida en el texto que fue conocido por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y en la Cámara, un proyecto de varios señores Diputados, formalmente distinto y en algunos aspectos en el fondo, pero que, por razones políticas, no se permitió que avanzara.

En múltiples ocasiones recibí recados en el sentido de que lo retiráramos, para tratar de imponer una lógica: que el Senador señor Fernández era el único que se preocupaba de los jóvenes, incluso, un ex Vicepresidente de ésta Corporación me propuso llegar a un acuerdo para que la iniciativa fuera distinta a la tramitación que hoy se ha seguido.

Lo cierto es que no existe en nuestro Reglamento, ni en el del Senado; ni tampoco en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, una forma práctica para fusionar dos proyectos, sobre materias similares, originados en las distintas Cámaras. Por ello, espero que en nuestro Reglamento incorporemos algún mecanismo que permita solucionar este problema.

Con respecto a la materia de fondo del proyecto que nos ocupa, quienes presentamos esta iniciativa en la Cámara, recogimos muchas inquietudes del Diputado señor García. Partimos de la siguiente reflexión: si a los jóvenes de nuestro país a los 18 años se les exige el cumplimiento de un conjunto de deberes, entonces, también deben tener la facultad de ejercer ciertos derechos, en particular en la administración de su destino personal y de su patrimonio.

La situación actual es negativa. Por ello consideramos necesario revisar una gran cantidad de leyes para terminar con este desequilibrio y lograr la plena capacidad de los jóvenes a los 18 años.

Hay problemas muy candentes relacionados con ellos: el derecho a casarse a los 18 años sin consentimiento, que, aunque es una realidad que se practica, existe la amenaza del desheredamiento; el término de la censura para ver películas en los cines, e incluso en televisión, para quienes tengan entre 18 y 21 años; el fin de las discriminaciones como las señaladas por el Diputado señor García. Ahora, si se les obliga por una ley de la República a hacer el servicio militar y, en particular, a los varones a portar armas y a estar en condiciones si es necesario por el interés nacional a morir o matar, creemos que estas personas pueden desempeñar funciones públicas, ser gobernadores, intendentes, parlamentarios, concesionarios de una radio o expender alcohol en un establecimiento. Son situaciones quizás conflictivas, pero el argumento de fondo es que, si tienen ciertos deberes a los 18 años, también son titulares de derechos para lograr su pleno desarrollo.

La iniciativa del Senado es restrictiva y no aborda un conjunto de materias. Por lo tanto, nosotros y hablo en nombre de los Diputados señores Andrés Palma, Aguiló y de todos quienes patrocinamos el proyecto de la Cámara, insistiremos en que el texto que se apruebe sea el que propusimos originalmente.

Hay ciertos temas que fueron tratados en la Comisión y que, sin duda, han enriquecido esta discusión, pero también en otras ocasiones ha habido un sesgo en cuanto a tratar de cuidar en exceso a los jóvenes. Se dice que el límite, de los 21 años es para proteger a los jóvenes, y no se les da la plena capacidad a los 18 años.

Esta es una herencia histórica en la legislación de nuestro país, que hoy es posible superar, toda vez que los psicólogos, los especialistas en la materia, han demostrado que un joven madura fisiológicamente en forma normal antes de los 18 años y se demuestra, en los hechos, que personas que tienen entre 18 y 21 años pueden tener la misma capacidad y madurez para actuar como parte de la sociedad que las personas mayores de 21 años.

Hay casos en los cuales la edad no es lo fundamental. Incluso se ha comprobado que los estudiantes que acceden a la educación superior tienden a madurar más lentamente que los jóvenes de sectores populares, quienes a temprana edad se insertan en el mundo laboral y enfrentan la vida con mayor dramatismo.

Sin perjuicio del retraso de algunos segmentos minoritarios de la juventud, establecer la plena capacidad a los 18 años es lo que corresponde a una sociedad moderna.

Termino con dos reflexiones: el Diputado señor René García ha planteado estar en desacuerdo con el artículo 5° del proyecto, que establece que personas de entre 18 y 21 años puedan trabajar en actividades que moralmente no comparte. Él camino no es evitar que esos jóvenes se desempeñen en cualquier función, sino limitar la existencia de ciertos negocios, si ésa es su inquietud. Suprimir las cantinas no sé si ésa es la propuesta del Diputado señor García, los locales donde se ejerce la prostitución, que, como es de conocimiento público, hay. Eso es más adecuado, en lugar de permitir algo a los mayores de 21 años y prohibírselo a los menores de 21 y mayores de 18.

Debemos terminar con cierto grado perdonen la expresión de hipocresía que existe en nuestras leyes y en la práctica cotidiana de nuestro país. Necesitamos una legislación coherente que le otorgue la plena capacidad a los jóvenes a los 18 años. Si hay actividades que se consideran negativas, que lo sean para toda la sociedad, no sólo para quienes tienen entre 18 y 21 años.

Esta iniciativa que presentamos varios Diputados y que es similar a la del Senado, es parte de un conjunto de mociones para aumentar los derechos de los jóvenes chilenos, para protegerlos de manera eficaz. Consagrar la plena capacidad a los 18 años es una de ellas. La otra es fortalecer el derecho de los jóvenes a optar libremente la forma de servir a nuestro país. En esa perspectiva presentamos el proyecto de ley relacionado con la movilización de las Fuerzas Armadas, y también con el servicio militar obligatorio. Al respecto, planteamos la creación de un servicio cívico alternativo, para que los jóvenes hombres y mujeres, al cumplir los 18 años, tengan otra alternativa para servir a Chile.

Hoy se dio cuenta de una iniciativa que patrocinamos varios parlamentarios respecto de un tema que inquieta a miles de jóvenes en nuestro país. Según las estadísticas, uno de cada 10 jóvenes es detenido por sospecha. La moción regula la detención por sospecha que afecta a los jóvenes, en particular de los sectores populares.

En este contexto, queremos fortalecer el derecho a ser joven, que no §e les considere sospechosos sólo por el hecho de ser jóvenes. Estos son los temas que interesan a un segmento muy importante de nuestro país.

El proyecto que aprobaremos hoy en general, sin duda, apunta adecuadamente en esa dirección.

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, de acuerdo con el primer párrafo del informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que obra en nuestro poder, ésta es una moción iniciada en el Senado de la República, patrocinada por el Senador Sergio Fernández.

Insistir en la paternidad de este proyecto no tiene mayor trascendencia, porque lo importante en esta materia es la capacidad de lograr una legislación adecuada a la realidad de nuestro país. El establecimiento de los 18 años de edad para la capacidad plena responde a ella.

Jóvenes recién salidos de la educación media o de algún instituto profesional, con carreras de dos años, a los 18 años de edad ya están trabajando y recibiendo una remuneración mensual; pero para adquirir una vivienda, si logran juntar los fondos suficientes en dos años, a los 20 no pueden celebrar contrato de compraventa, porque son incapaces relativos. Tampoco pueden abrir cuenta corriente por el mismo motivo.

Nuestra legislación, fundamentalmente la Constitución Política, da plena capacidad a los jóvenes de 18 años en algunos casos. Por ejemplo, para elegir Presidente de la República, Senadores, Diputados, concejales y alcaldes. Además, son plenamente responsables en materia penal. ¿Por qué, entonces, no tener responsabilidad civil y plena capacidad a esa edad?

Por ello, el proyecto debe ser aprobado, con las modificaciones presentadas y que se presentarán a través de indicaciones en el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Si una persona es capaz de elegir Presidente de la República, de acuerdo con lo informado por el Honorable señor Bosselin y los estudios entregados en la Comisión, síquicamente es apta para tener plena capacidad a los 18 años. ¿Por qué vamos a impedirle, por ejemplo, que vea algún tipo de películas?

No obstante, hay materias en que deben mantenerse los 21 años como mayoría de edad. Por ejemplo, la Comisión lo consideró así al establecer en el artículo

78 del Código del Trabajo que sólo los menores de 21 años podrán celebrar contrato de aprendizaje. Pero no significa que sean incapaces relativos; sino que nos ponemos en la situación de que personas que opten a la vida laboral y no encuentren trabajo, celebrando el contrato respectivo, tengan la posibilidad de celebrar uno de aprendizaje, para paliar las posibles cesantías juveniles.

Las otras materias contenidas en el informe de la Comisión deben mantenerse, porque dicen relación con situaciones específicas.

Por ello, nuestros votos serán a favor de la moción presentada por el Senador don Sergio Fernández.

He dicho.

El señor BARRUETO.-

Señor Presidente, la aprobación del proyecto de ley tendrá un importante significado para el país, particularmente para los jóvenes.

Es corriente que las opiniones del mundo adulto coincidan en que la juventud es un problema, una crisis o una víctima; pero pocas veces se valora lo que es la juventud chilena.

Con frecuencia se dice que los jóvenes son apolíticos; pero resulta que todas las encuestas demuestran que ellos valorizan la democracia más allá de que encuentren a la política y a los políticos fomes y que los interpretan poco. Valoran muchísimo la democracia.

Es común escuchar que los jóvenes son incultos; pero ocurre que todas las estadísticas demuestran que, en promedio, tienen cinco o seis años más de escolaridad que sus padres y, ¿por qué no decirlo? que sus abuelos.

Es corriente acusar a los jóvenes de, inmorales, porque se les ve con una óptica distinta. En efecto, los jóvenes no asignan a la virginidad el valor fundamental que le han dado sus padres o sus abuelos. Sin embargo, les importa la relación de pareja y su mantención y el amor, más que a sus mayores.

El país se enfrenta a la necesidad de mirar a los jóvenes de otra manera, no como problema. Es importante valorarlos y saber qué desean y qué los interpreta. Posiblemente, valoricen los derechos humanos mejor que nosotros o consideren el problema ecológico del medio ambiente de mayor relevancia que la que sus antepasados le dieron. En fin, tal vez posean una sensibilidad más «fina que la nuestra ante la pobreza y quieran actuar frente a ella.

Por tanto, es indispensable considerar a estos ciudadanos desde este punto de vista; el proyecto es una señal importante y significativa para los jóvenes.

Por lo demás, resuelve una discriminación lamentable de nuestra legislación: les reconoce su carácter de ciudadanos capaces de elegir a los 18 años, pero no expresa este reconocimiento en otros ámbitos, como se ha señalado. Hay que enfrentar esta contradicción flagrante y resolverla con el proyecto de ley.

La iniciativa nació en el Senado, pero, al mismo tiempo, en la misma fecha, una moción parecida, no idéntica y es importante lo que señalo, fue presentada por los Diputados señores Juan Pablo Letelier, Sergio Aguiló, Guillermo Yunge, Andrés Palma y quien habla. La diferencia esencial y de fondo con el proyecto del Senado, radica en que no es lo mismo reconocer la mayoría de edad que reconocer la plena capacidad a los 18 años.

Si bien el proyecto constituye un avance muy importante, pensamos que es necesario ampliar su contenido para obtener el objetivo de la plena capacidad a los 18 años de edad.

La diferencia fundamental del proyecto del Senador señor Fernández con el presentado por nosotros, dice relación con la amplitud de las modificaciones propuestas, ya que el suyo se refiere a la normativa civil. Nuestra proposición es mucho más amplia, pues no sólo modifica el artículo 26 del Código Civil, sino todas las normas que aplican dicha disposición, además de otras atinentes, como, por ejemplo, la de censura cinematográfica.

En este sentido, hay que reconocer que la Comisión de la Cámara de Diputados ya amplió, como ella misma lo señala en su informe, los alcances del proyecto de Sergio Fernández. Sin embargo, se dejaron algunas cuestiones pendientes. Se hace presente que se prefirió aprobar la iniciativa del Senado por encontrarse en segundo trámite constitucional. Pero, al mismo tiempo, se deja constancia de que la iniciativa, como fue despachada, no modifica normas relativas al contrato de aprendizaje, concesión de servicios de radiodifusión, edades mínimas para postular a determinados cargos, solicitud de residencia, calificación cinematográfica y televisiva.

En nuestra opinión, estos temas deberán tratarse en el segundo informe, de tal manera que el proyecto no sólo se refiera a la mayoría de edad, sino que recoja el objetivo de la moción de diputados de dar efectivamente la plena capacidad a los jóvenes. Se expresarán en indicaciones que presentaremos para asegurar la señal de manera completa a la juventud chilena, de modo que no sólo puedan votar para elegir autoridades, sino que también puedan ser elegidos.

Por ejemplo, en la ley de gobiernos regionales hay un avance y una contradicción. Para ser consejero regional, por indicación de algunos Diputados, se estableció el requisito de tener mayoría de edad, no veintiuno; de tal manera que si modificamos la mayoría de edad, se podrá ser consejero regional a los dieciocho. Sin embargo, para ser gobernador o intendente, no se exige mayoría de edad posiblemente también sucede en la ley municipal, sino que veintiún años.

Habrá que corregir estas contradicciones, para reconocer ciertas capacidades, pero no otras. De tal manera que los jóvenes puedan ver las película que desean, casarse cuando crean que tienen que hacerlo y ejercer plenamente todos sus derechos, no sólo para elegir sino también para ser elegidos.

Por tales razones, la bancada del Partido por la Democracia apoya el proyecto y presentará indicaciones en el segundo informe.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, lo expuesto por diversos parlamentarios de distintas bancadas me permite abreviar la intervención que pretendía realizar en relación con el proyecto.

Cuando me incorporé al Parlamento, nunca pensé que en este tema podría coincidir con el Senador Sergio Fernández. Y me alegro de ello en esta oportunidad, por cuanto esta modificación a la legislación chilena para establecer la mayoría de edad a los 18 años, resuelve una contradicción que se ha ido generando con el tiempo, producto de los cambios culturales de nuestra sociedad y también de algunos cambios legislativos parciales.

Cuando aún no cumplía los 18 años y el Congreso Nacional aprobó el derecho a voto a esa edad, entendí que iba a ser mayor de edad al tenerla. Me pareció contradictorio que no siendo mayor de edad, no siendo una persona autónoma, pudiera decidir quiénes debían ser los representantes, quién debía ser el Presidente de la República, quiénes debían legislar. Se me estaba entregando una atribución, sin reconocérseme una condición autónoma.

Supuse posteriormente que esto sería corregido con el tiempo. Y me alegro de tener la oportunidad de hacerlo en este trámite legislativo y de ayudar de esta manera a perfeccionar la legislación y la vida de nuestra sociedad.

En esta materia, sin duda alguna, la legislación va a ayudar a mejorar la vida de muchos jóvenes entre 18 y 21 años, que hoy se ven enfrentados a una cantidad de problemas más o menos importantes, en su cotidianidad, para ejercer derechos que se les entregaron socialmente, pero no en forma legal.

Por ejemplo, para salir del país. Sin duda alguna, muchos jóvenes de primer año de universidad o aquellos que terminan su enseñanza media desean salir del país y llegan hasta Arica, con la intención de pasar a Tacna o hasta Machu Pichu, pero carecen de la autorización notarial de sus padres y no pueden cruzar la frontera. Lo mismo sucede para ir a Mendoza o en la región de Los Lagos para cruzar al territorio argentino. Mediante esta iniciativa resolveremos este problema y otros más para facilitar la vida de mucha gente.

Es importante la inquietud planteada por el Diputado García, así como es positivo el informe de la Comisión en cuanto a que la idea es otorgar derechos, pero no imponer mayores cargas a los jóvenes. Por esa razón, no se modifican algunas normas que permiten la obtención de algunos beneficios de la legislación social, particularmente, hasta los 21 años, como el derecho a percibir asignación familiar u otros de carácter económicos.

Ratifico lo expresado por el Diputado señor Letelier, en cuanto a que hemos insistido en las materias que contenía el proyecto de ley que presentamos casi paralelamente entiendo que fue uno o dos días después con el del Senador designado don Sergio Fernández. Esperábamos que se aprobara cualquiera de los dos el que avanzara primero en su tramitación, pero reconociendo los puntos contenidas en la otra moción.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estimó conveniente aprobar de esta manera la iniciativa en debate para así estudiar las indicaciones, modificaciones y diferencias entre uno y otro en un segundo trámite. Espero que todos los Honorables Diputados presentes contribuyamos a aprobar en general la idea de legislar y a ratificar esta normativa. Con el Diputado Letelier y otros que presentamos originalmente una moción en la Cámara, ya hemos formulado indicación para reponer las observaciones en el texto ya despachado por el Senado y que esperamos contribuya a resolver los problemas de tantos jóvenes, causados por un retraso en la normativa legislativa del país y que, estoy seguro, todos resolveremos, hoy.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, estamos en presencia de un proyecto de ley evidentemente trascendente, que ha generado un consenso no siempre visto en esta Cámara, como es que los Diputados de la Concertación reconozcan la paternidad del mismo en la persona del Senador institucional, Sergio Fernández. Sin embargo, casi todas sus intervenciones han estado encaminadas más bien a analizar sus propios proyectos, presentados con posterioridad, que a referirse al del Senador Fernández, que se debate en este momento una vez cumplido ya su trámite respectivo en el Senado, donde se aprobó por unanimidad.

Este aspecto procesal no deja de tener importancia. Por lo que vemos, se trata de un proyecto presentado por el Senador Fernández, destinado a hacer historia, porque, como bien se ha dicho, rebaja la mayoría de edad de 21 a 18 años, y lo consideramos adecuado en base a dos criterios básicos:

En primer lugar, a uno que el Diputado Bosselin ha expresado adecuadamente respecto del tema de la madurez síquica. Evidentemente, es un tema discutible, opinable y una de las cosas típicas que influye o se determina conforme marcha la sociedad. No era lo mismo tener, 18 años hace mil, cien o cincuenta años, y seguramente, en cien años más también será diferente de lo que es hoy.

No cabe duda de que en las nuevas generaciones se han ido adecuando elementos novedosos dentro de su psiquis, con ello, la madurez se ha ido adelantando. En consecuencia, como legisladores estamos obligados constitucionalmente a determinar todo aquello que se debe mandar, prohibir o permitir, en cuyo caso debemos tener especial cuidado de apreciar, dentro de la sociedad, aquello que constituye o no esa madurez síquica.

La explicación dada en el informe respecto de un tema tan trascendente, como el concepto de la personalidad del ser humano me parece adecuada. A estas alturas parece que un joven de 18, 19, ó 20 años ha tenido la influencia, los conocimientos y preparación que son propias de la madurez para tomar decisiones en su vida..,

El segundo aspecto está relacionado con el tema de la justicia. No cabe duda de que lo ideal, dentro de una sociedad, es ir armonizando siempre lo que son los derechos y los deberes. Generalmente aquel que tiene muchos deberes, tiene muchos derechos, y aquél que tiene muchos derechos, tiene muchos deberes.

A mi juicio, desgraciadamente, se ha ido produciendo un desfase en la actual legislación, imponiendo, a las personas de 18 años, una serie de deberes que no se armonizan con los derechos.

A modo de ejemplo, y aún a riesgo de repetirse, no cabe duda de que la obligación de votar supone que la sociedad le otorga al joven de 18 años la capacidad de determinar el futuro de toda la comunidad, lo que es especialmente trascendente dentro de cualquier nación.

El servicio militar sin duda implica una carga pública, toda vez que la sociedad le encomienda a un ciudadano el deber que es muy importante de defender la patria, que es de aquellas cosas que más trascendencia tiene en el destino de uña comunidad.

También se le impone a las personas de 18 años el deber de cumplir con las leyes penales, porque más allá de la discusión que hemos tenido en el último tiempo respecto del discernimiento están plenamente obligadas a cumplir con todas las obligaciones que el legislador le impone en materia penal.

Pero todas estas obligaciones no se armonizan con los correspondientes derechos, y vemos cómo estas personas tienen la capacidad para elegir a las autoridades públicas, pero no la de adoptar decisiones por sí mismas para contraer matrimonio, lo que, de cierta manera, parece un despropósito que debe ser reparado.

También pueden utilizar las armas para defender a la patria, pero no pueden administrar libremente sus bienes, lo que, en función de la madurez síquica, parece un contrasentido que es indispensable reparar.

Existe responsabilidad penal, pero no se tiene capacidad civil para contratar autónomamente, lo que no parece deseable dentro de la búsqueda permanente de armonizar derechos con obligaciones.

Para que exista una equivalencia adecuada entre aquello que se exige y lo que se permite aspiración a la que debemos propender como legisladores el proyecto está amparado por dos parámetros positivos: el de la madurez síquica y el de la justicia. ,

Finalmente, se ha planteado como contradicción que para mí no lo es, el tema vinculado con algunos derechos políticos, como el de ser elegido.

Hay una distinción entre la capacidad de elegir y la de ser elegido. El ejemplo más claro se advierte en el caso del Presidente de la República. Hemos tenido tres años de absoluta libertad para que los parlamentarios hubieran presentado cualquier moción, con el objeto de exigir como requisito para ser Presidente de la República, entre otros y la mayoría de edad.

No ha habido dejación, sino que, a mi juicio, ha existido seriedad para analizar los temas, porque es evidente que hay responsabilidades públicas que requieren de especial madurez y trayectoria para acometerlas con éxito en bien de la comunidad.

Esa misma distinción que se produce con el Presidente de la República, existe también, a mi juicio, respecto a la posibilidad de ser elegido parlamentario, gobernador o intendente.

Existen cargos que, por su propiedad y naturaleza, requieren de especiales condiciones, las que debemos vigilar y cuidar para cumplir con nuestro deber constitucional de adecuar la legislación en beneficio de la nación.

Por eso, en consideración a los profundos argumentos relacionados con la madurez síquica y la justicia, nuestra bancada ha decidido apoyar este proyecto de ley presentado por el Senador Fernández, sin perjuicio de las modificaciones o indicaciones que, como siempre, podrán mejorar el texto.

Pocos proyectos de ley estudiados en esta Corporación han afectado o beneficiado a tantas personas como el que analizamos. Es toda una inmensa generación, entre 18 y 21 años de edad, que pasará a tener derechos y más herramientas para construir su futuro; más elementos para avanzar y desarrollarse como seres humanos, con su propio esfuerzo, capacidad e interés.

Por todo eso, estamos con esta iniciativa y desde ya anunciamos nuestros votos favorables.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, este proyecto responde efectivamente a una deuda de nuestra sociedad con los jóvenes. La evolución del proceso histórico ha ido ampliando los niveles de participación social, entregándoles, entre otros, el carácter de ciudadanos a los mayores de 18 años. Se les ha cargado con una plena responsabilidad penal, desde el punto de vista de lo que significan sus actuaciones, reconociendo, por lo tanto, que existe una capacidad para asumir las consecuencias de sus actuaciones. Sin embargo, el desfase producido en torno al reconocimiento de las capacidades en el plano del derecho civil, del derecho de familia, la limitación del derecho, incluso, a la organización, de las personas mayores de 18 y menores de 21, efectivamente ha significado que hasta el momento los jóvenes mayores de 18 años sean ciudadanos de segunda clase. Es muy significativo y fundamental que este Parlamento agilice el conocimiento y el debate de esta iniciativa, y así este proyecto pueda despacharse en el transcurso de este año, produciendo un cambio muy profundo y un perfeccionamiento en nuestro país, beneficiando a un gran conglomerado de jóvenes que tienen la posibilidad de vivir en democracia, y en consecuencia, se reconozcan sus derechos y su plena capacidad.

Además, la coincidencia entre un proyecto de ley, generado en el Senado, y otro suscrito por los Diputados señores Letelier, Palma, don Andrés, y otros, también implica que existen las bases como para avanzar en esta perspectiva.

Este es uno de los proyectos de mayor significación en que me ha tocado participar. Me produce gran satisfacción como ex dirigente juvenil y como una persona que ha sufrido en carne propia la experiencia de las limitaciones establecidas en la ley para las personas de dieciocho años, en el sentido de no reconocerles la plena capacidad.

Por eso, señor Presidente, anuncio nuestro voto positivo.

He dicho.

l.De los señores Andrés Palma y Letelier "Artículo l2.- Modifícase el artículo 26 del Código Civil, sustituyendo la palabra "veintiuno" por "dieciocho". Artículo 22.- Modifícanse los siguientes artículos de las leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley que se indican, reemplazando el guarismo "21" o la palabra "veintiuno" por el guarismo "18" o la palabra "dieciocho": a)Los artículos l2 y 42 de la ley N°7.612; b)El artículo 46 letra a), de la ley N°18.045; c)El artículo 35 número 1 de la ley N°18.046; d)El artículo 78 de la ley N°18.620; e)Los artículos 113, 116, 123 y 136 de la ley N°17.105; f)El artículo 61 N° 2 de la ley N° 4.808; g)El artículo 22 de la ley 18.168; h)El artículo 36 letra b), de la ley N°18.833; i)Los artículos 68 y 71 de la ley N°2 7.600; j)El artículo 49 del decreto ley N°1.094; k)Los artículos 8 y 17 del decreto ley N°679; l)El artículo 10 letra b) del decreto ley N°2.757; m)El artículo 52 del decreto ley N°3.262; n)El artículo 4 letra a) del decreto con fuerza de ley N°22, del Ministerio de Hacienda, de 1959, y ñ) El artículo 440 N°2 del decreto con fuerza de ley N°2.128, del Ministerio de Justicia, de 1930. Artículo 32.- Sustitúyense el guarismo "20" o la palabra "veinte" por el guarismo "18" o la palabra "dieciocho" en los artículos 163 y 166 N9 6 de la ley N°17.105. Artículo 4°. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior de esta ley, todas aquellas normas que establezca beneficios con un límite máximo de edad de 21 años, se mantendrán vigentes. Artículos Transitorios Artículo l2.- Los juicios civiles que actualmente se siguieren con una persona menor de 21 años y mayor de 18 años de edad, seguirán la tramitación en las mismas condiciones actuales hasta el término del mismo. Artículo 22.- Los administradores de bienes de menores de 21 años pero mayores de 18, que a la fecha ejerzan la tutoría de ellos deberán, antes del plazo de seis meses desde publicada en el Diario Oficial esta ley, proceder a la entrega de los bienes o derechos como si se tratara del cumplimiento de la mayoría de edad. Artículo 32.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, esta ley entrará en vigencia 30 días después de publicada en el Diario Oficial.".

Artículo 52

2.- De los señores René García y Álvarez-Salamanca para eliminarlo.

3.- De los señores Cantero y Galilea para intercalar a continuación de la palabra "menores" la siguiente frase: "y en el artículo 82 del decreto ley N°679, de 1974".

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, el Diputado informante, señor Bosselin, propuso a la Sala un procedimiento para tratar en el segundo informe el tema de la plena capacidad a los dieciocho años. Pido un pronunciamiento, en orden a fusionar las dos mociones con el objeto de abordar las materias contenidas en ellas con altura de miras y sin mezquindad. Se debe hacer un esfuerzo común respecto de las dos iniciativas y acoger la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El Diputado señor Coloma sabe que en un momento me llegó a proponer, incluso, que si él patrocinaba la iniciativa, ésta se iba a transformar en el "proyecto Fernández-Letelier-Coloma". En verdad, estimé que ése no era el procedimiento y que debía ser la Sala la que estableciera la forma institucional de fusionar los dos proyectos.

He dicho.