Labor Parlamentaria

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Presidente.

Quisiera hacer una breve reflexión respecto de la Encíclica "Centesimus annus", recientemente dada a conocer por el Papa Juan Pablo II .

Hace cien años, al extinguirse una sociedad tradicional, cuando surgían nuevas ideologías y estaba a punto de emerger otro siglo, el Papa León XIII promulgó la Encíclica "Rerum novarum", que fue no sólo el punto de partida de lo que hoy se conoce como la "doctrina social de la Iglesia": también ese documento, profundamente innovador para su época, tuvo en el mundo entero, y por supuesto en Chile, una enorme y permanente influencia en el pensamiento político, económico y social.

La doctrina social de la Iglesia se ha ido perfilando a través de diversas encíclicas, cada una de ellas destinada a orientar la acción y conducta de los hombres frente a realidades concretas. Es así como "Rerum novarum" enfrentó la situación del naciente proletariado obrero; "Quadragesimo anno", el orden económico amenazado por la gran crisis; "Populorum progressio", las dificultades y carencias del Tercer Mundo.

Hoy, cien años después, cuando también se encuentra en etapa de extinción un sistema o una forma de vida; cuando surgen nuevos proyectos de sociedad, y cuando estamos a las puertas de otro siglo, la Encíclica que ahora es motivo de comentario aborda las realidades del orden mundial emergente y las incógnitas y promesas del tercer milenio.

En esta perspectiva...

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente , si existe un acuerdo de Comités para referirnos más adelante a este tema, pienso que no es correcto sacar ventajas respecto de una materia tan importante. Creo que no fue ésa la intención del Senador señor Piñera . Probablemente, Su Señoría no estaba informado. Pero me parece conveniente que, si tenemos un acuerdo, lo respetemos, pues de lo contrario nos obligarán a realizar ahora nuestras exposiciones.

El martes 14 asistirán al Senado las autoridades de la Iglesia Católica, quienes han sido especialmente invitadas a tan relevante y solemne acto. Así que ruego al Honorable señor Piñera -porque sé que su intención es correcta- que postergue su participación para ese día, a fin de que todos intervengamos en una misma fecha, pues el que nos convoca es un tema de mucho interés, que debería unirnos y no desunirnos.

He dicho.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente , ratificando lo expresado por el Senador señor Ruiz De Giorgio , debo señalar que Su Señoría, con casi un mes de anticipación, solicitó autorización al Comité Demócrata Cristiano -yo soy el encargado de las horas de Incidentes- para referirse a este tema. Y se encuentra inscrito, con tres semanas de anticipación, para participar en la hora de Incidentes del 14 de mayo. De modo que corroboro lo que plantea mi Honorable colega.

He dicho, señor Presidente.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente , Honorable Senado:

Deseo referirme a una materia que en los últimos días ha ocupado la atención política del país. Se trata del conjunto de posibles reformas constitucionales que el Excelentísimo señor Presidente de la República propondría al Congreso Nacional el próximo 21 de mayo.

En atención a que las informaciones hasta ahora conocidas son documentos internos de trabajo del Ejecutivo y de la coalición gubernamental, no es mi intención referirme en detalle a contenidos específicos que aún ignoramos si serán o no planteados, en definitiva, al Poder Legislativo.

Mis palabras, por tanto, son una reflexión acerca de la necesidad, conveniencia y oportunidad de reformas constitucionales en las circunstancias que actualmente vive el país.

La Carta Fundamental que nos rige es fruto de un profundo y extenso estudio de las causas de la crisis del régimen constitucional de 1925, manifestadas en la progresiva desintegración política, económica y social que el país vivió hasta 1973. Se trató de configurar un sistema institucional que en el futuro evitara la repetición de tales causas y de los problemas que originaron. Por ello, en su preparación por destacados juristas, se puso especial atención a dos materias claves. Por una parte, la doctrina clásica de la libertad y del bien común como fundamentos de la democracia. Por otra, el régimen de organización y funciones del poder público conforme a nuestra tradición republicana; a las experiencias de los Presidentes Carlos Ibáñez , Jorge Alessandri y Eduardo Frei en la aplicación del sistema presidencial anterior, y a las urgentes necesidades de eficacia y eficiencia que los tiempos modernos exigen al régimen político. En este aspecto, se innovó profundamente en materia de la indispensable integración de las Fuerzas Armadas y de Orden a la vida nacional. Al mismo tiempo, se definió con precisión su estatuto general en función de sus finalidades de defensa de la patria y garantías de la seguridad nacional y del orden institucional de la República.

La Constitución Política es nuestra norma fundamental. Establece los principios, valores e instituciones que regulan el acceso y ejercicio del poder público, compatibilizando la libertad de las personas y de la sociedad con la autoridad de los órganos del Estado. Constituye, pues, el marco jurídico de la organización de nuestra sociedad a base de la naturaleza social del hombre de la protección de la libertad de todos y de la división y equilibrio de los poderes en su justo límite. Es la mayor expresión del Estado de Derecho, en el que es soberana la ley y no la voluntad arbitraria de los hombres. Es el fundamento de nuestro sistema republicano y democrático, que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes.

Por estas razones, más allá de toda contingencia, la estabilidad de la Constitución en el tiempo es una necesidad de la vida política, económica y social de Chile. Su reforma, por lo mismo, debe ser excepcional y cuando, conforme a la experiencia comprobada de su aplicación, corresponda a requerimientos objetivos y a tendencias permanentes del país. No puede depender de mayorías electorales transitorias y ocasionales.

La Carta Fundamental vigente fue aprobada y reformada plebiscitariamente, en 1980 y 1989, respectivamente, en forma mayoritaria por la ciudadanía. Se ha aplicado cumpliendo un itinerario preestablecido de transición que ha convertido a Chile, durante su decurso, en un modelo de desarrollo general e institucional. Soy testigo personal del solemne compromiso de las Fuerzas Armadas y de Orden, a partir de 1973, para restaurar la institucionalidad democrática y sentar las bases jurídicas del desarrollo integral de Chile. Su proceso de institucionalización se ha caracterizado por la creciente participación de la ciudadanía, hasta llegar a la plenitud de los actos electorales del 5 de octubre de 1988 y del 14 de diciembre de 1989 y a la ejemplar transmisión de mando del 11 de marzo de 1990. Igualmente, ha estado marcado por la total abstracción de cualquier consideración subjetiva, personal o electoral, que pudiera reducir o desvirtuar en la Constitución Política su carácter de norma fundamental y permanente de la vida política de nuestra nación.

Todos los chilenos, al margen de nuestros puntos de vista acerca de los acontecimientos de las últimas décadas, hemos aportado al esfuerzo general de poner en práctica nuestra Carta Fundamental. Ha sido así porque nuestra historia constitucional y nuestra cultura política nos indican que, por razones de bien común, las normas constitucionales deben ser aplicadas por tiempo suficiente para probar en la práctica sus virtudes y defectos. Es la experiencia de la aplicación de las Constituciones Políticas de 1833 y 1925. Cuando no se cumplió este esencial criterio de prudencia, nuestro país padeció la anarquía y la guerra civil hasta el restablecimiento, con muchos sacrificios, del orden y del derecho.

Señor Presidente , por primera vez en muchas décadas, Chile se ha convertido en los últimos años en un modelo de desarrollo político, económico y social. Ello es fruto del trabajo de toda la nación y, en distintas medidas, de las gestiones del pasado Gobierno y de la actual Administración. Pero sería un enorme error, además de una injusticia, desconocer que ese desarrollo también es consecuencia del marco jurídico con que la Constitución Política de 1980 da fundamento a las diversas manifestaciones de la actividad nacional. Sin la seguridad ni la certeza de la protección a la libertad, en sus múltiples connotaciones de derechos y garantías, y del servicio del Estado a la persona humana en el cumplimiento del bien común, no habrían tenido lugar la creciente integración armónica de todos los sectores de la nación y el evidente progreso que hemos alcanzado. Es una realidad la mayor participación de cada chileno con igualdad de oportunidades en la vida nacional y en los beneficios de su desenvolvimiento político, económico y social.

En consecuencia, pretender reformar la Constitución Política cuando apenas ha cumplido un año de plena vigencia y cuando resulta evidente que es la base jurídica de la estabilidad institucional y del desarrollo general que nos atraen la atención y la confianza internacionales, no parece una decisión acertada, especialmente si de cualquier modo se retrotrae el marco constitucional a las formas vigentes hasta 1973.

El país, que tiene otras inquietudes y preocupaciones, no podría entender una virtual desarticulación del régimen constitucional, base de su progreso efectivo. Sinceramente, no creo que la ciudadanía experimente en la actualidad un impulso irresistible a modificar la Constitución Política en términos que, de no hacerlo, se pueda provocar una infalible crisis de convivencia nacional. Es más, pienso que como nunca Chile necesita de la certeza de estabilidad de un claro y seguro marco constitucional para el desenvolvimiento normal de las actividades de nuestro pueblo.

Por ello, señor Presidente , con la mejor y constante disposición a colaborar en todo lo que nos aproxime al bien general, formulo desde el Senado -la más alta tribuna del país- un llamado al Excelentísimo señor Presidente de la República para ponderar con la mayor prudencia la auténtica necesidad y efectiva conveniencia de proponer reformas constitucionales al Congreso Nacional. Es imprescindible que el actual Gobierno no emita en esta materia tan trascendental para Chile señales confusas y equívocas que puedan transformarse en daño al bien común, disminución de las posibilidades de progreso nacional y deterioro de nuestro prestigio internacional.

He dicho, señor Presidente.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , quiero referirme a un problema que preocupa vivamente a diversos sectores del país: el brote epidemiológico del cólera, que está afectando muy seriamente a los pescadores artesanales y a los hortaliceros y chacareros de las Regiones Quinta, Sexta y Metropolitana.

La situación que enfrentamos resulta novedosa para el presente siglo, pese a tratarse de una antigua enfermedad y a lo que ha sufrido la humanidad con ella. Empero, hoy encaramos un problema -espero que se controle efectivamente- de extraordinaria importancia para la salud humana, y, como consecuencia de él, hay dos sectores que están sufriendo un verdadero drama.

El primero de ellos es el de los pescadores artesanales -lo he podido constatar personalmente, porque he visitado la mayoría de las caletas de la Quinta Región-, quienes viven la angustia de no poder vender sus productos, o bien, la de que su venta ha bajado en forma ostensible.

Me reuní con el señor Subsecretario de Pesca para impetrar que se adopten medidas destinadas a ayudar temporalmente a ese sector de chilenos. Dichos trabajadores atraviesan por tal situación debido a que, cuando surgió el problema, se planteó -tal vez en forma alarmista- por parte de algunos medios de comunicación o de ciertas autoridades que no se podían consumir pescados -ni tampoco hortalizas-, en circunstancias de que es factible hacerlo, siempre que sean cocidos previamente.

Se requiere derechamente, entonces, ir en ayuda de esos trabajadores a fin de que en este período -que esperamos sea corto- tengan la posibilidad de subsistir y de reparar sus implementos de pesca, de modo que estén preparados de manera conveniente para cuando el país alcance la normalidad.

En el caso de los hortaliceros, el drama es mucho más profundo. Aquí se producen dos situaciones perfectamente delimitadas.

En primer lugar, hay zonas cultivadas -por desgracia- con aguas que han sido contaminadas por el propio hombre. En el caso particular de Santiago, ellas provienen de los sectores altos de la ciudad; esto implica que hoy, en una región muy importante -cerca de dos mil hectáreas de terreno-, los cultivos sean prácticamente imposibles.

Naturalmente, es preciso buscar una readecuación de los cultivos, a fin de evitar que los trabajadores de esas tierras abandonen lo que han hecho por generaciones.

Ahora bien, perfectamente puede realizarse otro tipo de cultivos. Pero para ello se requieren capitales de trabajo, semillas y tecnología que permitan sustituir la línea de producción habitual -el cultivo de la hortaliza a ras del suelo- por otra que posibilite obviar el problema.

En segundo término, también existe una gran cantidad de hortaliceros y chacareros que, regando con aguas no contaminadas -muchas veces, provenientes del subsuelo, extraídas de pozos profundos cuya habilitación para obtener un producto de alta calidad ha costado ingentes recursos-, son igualmente víctimas del problema psicológico natural creado a la dueña de casa, que la lleva, en la duda, a abstenerse de consumir productos del agro.

De allí, señor Presidente , que nos ha parecido muy importante acercarnos a las autoridades pertinentes para plantear ideas concretas en relación a esta materia. Por ejemplo, que exista una delimitación precisa de las áreas afectadas con el objeto de que aquellos hortaliceros y chacareros tengan la oportunidad de demostrar que están en zonas no contaminadas y que sus productos pueden ser comercializados con el máximo de normalidad. Asimismo, existe la posibilidad, a través de la ley de protección agrícola del SAG, de que haya una certificación del origen de los productos -es decir, que éstos se rotulen, determinándose la zona de donde provienen-, lo que, naturalmente, tiene un costo que hoy resulta muy difícil de asumir para los medieros, pequeños arrendatarios agrícolas o parceleros.

Entonces, dada la emergencia, debieran buscarse fórmulas tendientes a hallar una salida para la gente que está sufriendo injustamente el efecto más directo del problema del cólera.

Igualmente, nos parece de la mayor relevancia elaborar una normativa a través de la cual podamos incentivar la prospección y operación de pozos para extraer aguas subterráneas profundas a lo largo y ancho del país. Ello sería útil el día de mañana, no sólo para controlar situaciones como la del cólera, sino también para enfrentar el problema de la sequía. Y en ese sentido, nos parece muy importante que puedan buscarse fondos con el objeto de llamar a concursos especiales para invertir, según la ley correspondiente, en obras de riego menores que de alguna manera alivien la situación que se ha planteado.

Además, deseo hacer presente el problema de la tarificación eléctrica. Hay ciertos sectores de la Región que represento -particularmente en las provincias de Petorca y Quillota - que están pagando tarifas eléctricas muy altas por el bombeo de pozos profundos. Sería muy relevante que la autoridad que sanciona los decretos que fijan tales precios procurase elaborar fórmulas que permitan establecer, como existían antiguamente, ciertos horarios de bombeo con tarifas más reducidas que las vigentes.

Yo creo que éstos son temas que debieran preocupar a todos los chilenos. Por eso, pido oficiar a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura y al señor Subsecretario de Pesca para que nos informen acerca de la medidas que definitivamente van a adoptar sobre las materias a que me he referido. He visto en ellos la mejor voluntad para hacerlo, pero me gustaría conocer en concreto cuál es la posición que se tiene respecto del apoyo que debemos brindar a estos compatriotas que hoy día se hallan tan necesitados de ayuda.

Nada más, señor Presidente .

-Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.