Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que modifica requisitos en plantas y cargos de organismos que señala y dispone otras normas complementarias, de administración financiera y de incidencia presupuestaria, calificado de "suma urgencia".

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 36a, en 5 de marzo de 1991.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Frei, don Eduardo ( Presidente ), Lavandero, Piñera, Romero y Gazmuri, propone aprobar el proyecto.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , Honorable Senado, con relación a la iniciativa en estudio, quisiera referirme a algunos de sus artículos.

El artículo 4° del proyecto exceptúa de la aplicación de las normas del Estatuto Administrativo al personal de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile, agregándolo en el listado de personales que se rigen por estatutos especiales, sobre la base de modificar el artículo 156 de dicho Estatuto.

A mi juicio, esta excepción vulnera el artículo 45 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que "El Estatuto Administrativo del personal de los organismos señalados en el inciso primero del artículo 18 regulará la carrera funcionaría..." y los demás aspectos relacionados con el personal. A continuación, dispone: "Cuando las características de su ejercicio lo requieran, podrán existir estatutos de carácter especial para determinadas profesiones o actividades.". Es decir, los estatutos especiales no pueden referirse a un Servicio completo de la Administración, sino sólo a determinadas profesiones o actividades. El propio artículo 156 de la ley N° 18.834 dispone que el artículo 45 de dicha ley no se aplica ni a los académicos de la Universidad ni al personal del Servicio Exterior, y precisa la calidad o característica de la función que desempeñan.

Por lo anterior, considero que el artículo 4° de la iniciativa en estudio no se ajusta a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y he presentado una indicación para suprimirlo.

El artículo 6° del proyecto modifica el inciso primero del artículo 70 del Estatuto Administrativo, referente a los plazos máximos establecidos para las comisiones de servicio dentro del país. Esta norma está siendo modificada paralelamente por otro proyecto de ley que se halla en este momento para su estudio en la Comisión de Gobierno Interior (Boletín N° 82-06). Personalmente, considero inconveniente modificar una norma estatutaria paralelamente en dos leyes separadas. Además, estimo que una enmienda al Estatuto Administrativo debe ser conocida por la Comisión de Gobierno Interior, y este proyecto no ha cumplido trámite en ella.

Por lo tanto, me parece que su artículo 6° no debe ser aprobado.

Finalmente, señor Presidente , quiero referirme al artículo 2° transitorio del proyecto, que agrega nuevos incisos al artículo 1° transitorio de la ley N° 18.899, relativo a determinadas remuneraciones de la Escala Única de Sueldos.

Considerando la complejidad del asunto de que se trata -la sola lectura no permite determinar exactamente su alcance-, he estimado conveniente dejar constancia sobre su verdadero objetivo.

Entiendo que su sentido no es otro que el de mantener la situación de remuneraciones que, con anterioridad a la vigencia de la ley N° 18.834, sobre Estatuto" Administrativo, tenía el personal que se encontraba desempeñando funciones o que era nombrado en los cargos que conforman las plantas del personal de los órganos y servicios públicos afectos a la Escala Única de Sueldos y al Estatuto Administrativo y, en especial, en lo que dice relación con los beneficios contemplados en los decretos leyes N°s. 1.770, 2.411 y 3.551 y en las leyes N°s. 18.566 y 18.675.

El régimen de remuneraciones de la llamada "Escala Única de Sueldos" consagrado en el decreto ley N° 249, comprende diversos beneficios remuneratorios, respecto de los cuales las leyes que lo establecieron fijaron como base para su concesión o regulación de su monto el pertenecer a un determinado escalafón de los alrededor de cien que contemplaba el decreto con fuerza de ley N° 90, de 1977, del Ministerio, de Hacienda.

El nuevo Estatuto Administrativo, aprobado por la ley N° 18.834, estableció en su artículo 3° que, para los efectos de la carrera funcionaria, cada institución sólo podría tener cinco escalafones -los llamó plantas-, los que enumeró y, a su vez, dispuso que las plantas de personal vigentes a esa fecha debían ceñirse a tal exigencia, para cuyo efecto determinó un proceso de adecuación de las mismas mediante la dictación de decretos con fuerza de ley. Del mismo modo, las nuevas plantas de personal fijadas con posterioridad a la vigencia del Estatuto Administrativo, ya sea por reestructuración de servicios o por la creación de nuevos órganos o instituciones, se han ajustado también a dicha exigencia.

Este cambio en la conformación de plantas produjo variadas consecuencias en cuanto a las remuneraciones de los cargos de escalafones hoy inexistentes. En algunos casos, la aplicación estricta de las leyes que reglan los beneficios remuneratorios conduce a que los funcionarios que los ocupan pierdan el derecho a una determinada asignación, o bien, que les corresponda en un porcentaje o monto distintos de los que antes les favorecían -ya sean superiores o inferiores-, o que hayan adquirido el derecho a gozar de beneficios que no tenían con anterioridad.

En definitiva, se trata de consecuencias no deseadas ni previstas oportunamente por el legislador del Estatuto Administrativo.

Para solucionar el problema en forma urgente se incluyeron dos normas sobre la materia en los artículos 64 y 1° transitorio de la ley N° 18.899. Ese último tuvo por objeto evitar que el personal disminuyera sus remuneraciones, y estableció una planilla suplementaria para tal efecto. Sin perjuicio de que esta solución no es satisfactoria, esas normas no reglaron ni se preocuparon del personal que con posterioridad accedería a ocupar tales cargos, ni de la situación de los servicios que se crearan o reestructuraran más adelante.

Los incisos que ahora se agregan dan una solución integral y definitiva a este problema, igualando en este aspecto la situación de los funcionarios ya nombrados en tales cargos con la de quienes ingresen en el futuro y con la de los que ya han sido nombrados o que entren posteriormente a servir cargos equivalentes en plantas nuevas.

Señor Presidente, estimo que ése es el sentido de la norma, y que su redacción es la adecuada.

He dicho.

El señor FREI (don Eduardo) .-

Señor Presidente , la Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad la iniciativa legal que introduce normas complementarias a la Ley de Presupuestos para 1991, a fin de resolver problemas puntuales relacionados con la administración de personal que requiere de soluciones urgentes para la correcta aplicación del citado cuerpo legal.

En las reuniones de la Comisión participaron el señor Subsecretario de Educación , el Director de Presupuestos y algunos asesores jurídicos.

Los artículos 1° y 2°, que permiten acceder a la Planta de Técnicos a personas con determinados estudios, resuelven la diferencia respecto de los requisitos de ingreso a la misma en la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior, en el Servicio de Gobierno Interior y en el Ministerio de Educación Pública.

En efecto, en la generalidad de los decretos con fuerza de ley relativos a la adecuación de los escalafones y plantas contemplados en el artículo 5° de la ley N° 18.834, se establecen los requisitos señalados en la iniciativa en estudio, con lo cual se persigue obtener la igualdad ante la ley. Ello se pretende en forma especial en el caso del Ministerio del Interior para quienes posean título de contador o hayan aprobado a lo menos cuatro semestres en un establecimiento de educación superior, tal como se ha autorizado para otros servicios de la Administración Pública.

Respecto del artículo 2°, que trata de la Planta de Técnicos del Ministerio de Educación, se propone considerar a quienes poseen título de contador y de normalista.

Los artículos 3° y 5° otorgan niveles de inicio en las plantas de personal del Ministerio de Educación y de la Contraloría General de la República, respectivamente. También en estos casos se propone asimilar las remuneraciones a los niveles que reciben sus congéneres del sector público.

En cuanto al artículo 3° la Comisión propuso además sustituir su texto aprobado a fin de adecuarlo a la ley N° 19.037, publicada durante la tramitación de este proyecto.

En el caso del artículo 4°, el Ejecutivo señala que la aplicación de las normas del Estatuto Administrativo al personal de la Corporación de Televisión de la Universidad de Chile que, por la naturaleza de sus funciones y las actividades que desempeña, ha estado permanentemente regido por las normas del sector privado, produce una serie de dificultades que hacen aconsejable que ese personal pueda regirse por un estatuto especial en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 45 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Por ello, la norma en estudio propone introducir una nueva letra f) al artículo 156 de la ley citada -que aprueba el Estatuto Administrativo-, para agregar en el listado de personales que se rigen por estatutos especiales al de la Corporación, de Televisión de la Universidad de Chile. De lo contrario, se rigidizaría la administración de este personal al someterlo al Estatuto Administrativo y quedaría en situación desmedrada frente a la de los demás canales de televisión.

La Comisión estimó atendible el propósito de este precepto en cuanto a dar mayor flexibilidad en tal sentido, y lo aprobó por unanimidad.

Respecto del artículo 6°, éste procura dictar normas mínimas de ordenamiento legal para las comisiones de servicio con fines de estudio, pues, aunque actualmente podría dictarse un reglamento, es más ajustado a Derecho estimar, de acuerdo con el número 20) del artículo 60 de la Constitución Política de la República, que es materia de ley "Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento jurídico.".

El artículo 7° persigue los mismos objetivos señalados en los artículos 1° y 2°, y se refiere a la Planta de Personal de Auxiliares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

En cuanto al artículo 1° transitorio, éste soluciona dificultades que se presentan a los personales que desde el 23 de septiembre de 1989 -fecha de dictación del Estatuto Administrativo, contenido en la ley N° 18.834- han realizado comisiones de servicio para seguir estudios por más de tres meses, plazo máximo establecido en el Estatuto para tales fines.

El artículo 2° transitorio pretende resolver un grave problema de interpretación legal que debería concluir en un dictamen de la Contraloría General de la República principalmente en relación con las asignaciones contempladas en los decretos leyes números 2.411, 3.551 y 1.770. Estas se encontraban referidas a escalafones cuya denominación ya no existe, lo que originó la dictación de normas de protección; es decir, de planillas suplementarias. Pero tales normas no benefician a los personales que han ingresado a la Administración Pública después de las adecuaciones de plantas ordenadas por la ley citada, ni a los de servicios creados con posterioridad a dichas adecuaciones.

Sin embargo, al no existir hasta el momento un dictamen interpretativo de la ley por parte de la Contraloría General de la República, los habilitados de los diversos servicios han pagado conforme a las escalas de sueldos generales, sin considerar la fecha de ingreso de sus funcionarios.

La Ley de Presupuestos para 1991 se calculó teniendo presente las escalas de remuneraciones generales sin la distinción señalada, ya que la gran mayoría de los servidores públicos estaban en funciones antes de las adecuaciones de plantas, y no existía interpretación del órgano constitucional del control; además, la historia del establecimiento de la ley mostraba que la intención del legislador, en el caso de la ley N° 18.834, no había sido la de cambiar el sistema de remuneraciones.

Por esta razón, el artículo 2° transitorio que se propone no irroga mayor gasto que el presupuestado.

A continuación, señalaré las dificultades que se producirían de no aprobarse la norma en comento.

En definitiva, los artículos que significan costo para el erario son el 3°, el 5° y el 7°; y en el informe se indican las imputaciones en el Presupuesto de 1991.

Es cuanto quería informar a la Sala, señor Presidente , sobre esta iniciativa, que, como se mencionó en el informe, fue aprobada por unanimidad en la Comisión tanto en su discusión general como en particular.

He dicho.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, los democratacristianos vamos a votar favorablemente al articulado del proyecto, catalogado de "ley miscelánea", puesto que trata de resolver diferentes problemas de distintos Ministerios:

Como lo ha señalado el Senador informante , Honorable señor Eduardo Frei , procura solucionar dificultades existentes en las Carteras del Interior, de Educación, en el Canal de Televisión de la Universidad de Chile, en la Contraloría General de la República, y otras atinentes al personal de auxiliares de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, todo lo cual significa aumento de remuneraciones en las mencionadas reparticiones.

Aparte abordar otras materias, algunos Senadores, como el que habla, nos permitimos presentar una indicación al artículo 2° transitorio -y que el Ejecutivo hizo suya-, tendiente a regularizar la situación de quienes están recibiendo una parte de sus remuneraciones por planilla suplementaria: se trata de equiparar su situación y de incorporar definitivamente al sueldo correspondiente la parte que se estaba recibiendo por ese concepto.

Además, señor Presidente , se rechazaron dos indicaciones del Ejecutivo porque ellas se incluirían en el Estatuto Docente, en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo para los Funcionarios Municipales. El Ejecutivo se comprometió en este sentido y por eso las rechazamos en la Comisión de Hacienda.

Por tales razones, los democratacristianos respaldaremos también en la Sala este proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión de Hacienda.

He dicho, señor Presidente.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-La Honorable señora Feliú

El señor THAYER.-

Señor Presidente, había pedido la palabra hace algunos instantes para plantear una duda a la Mesa.

Personalmente opino que tiene fundamento la indicación que formuló la Honorable señora Feliú sobre la supresión del artículo 4°, porque me parece que, al no estar autorizado por la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado establecer estatutos especiales respecto de corporaciones autónomas con personalidad jurídica, sino para profesiones o actividades similares, hacerlo implicaría una irregularidad desde el punto de vista jurídico. Y no estoy cierto de si corresponde a la Comisión de Hacienda resolver este punto.

Esa es mi consulta, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Comprendo la duda de Su Señoría; pero la Sala ha tomado ya el acuerdo de enviar el proyecto a la Comisión de Hacienda. No sé si procedería abrir debate sobre esta materia.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , creo que consta al señor Secretario que yo había pedido antes la palabra. Pero no hago cuestión al respecto. Sólo hago presente este punto de vista.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Doy excusas por no haber concedido oportunamente a Su Señoría el uso de la palabra. No quiero ser rígido en esa materia.

Se aprueba en general el proyecto y, por haber sido objeto de indicaciones, se envía a la Comisión de Hacienda para segundo informe.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en Mensaje del Presidente de la República , que modifica el inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 18.964, a fin de establecer la nueva fecha de entrada en vigencia de la disposición de la letra 1) del artículo 45 del decreto ley N° 3.500, de 1980, relativa a inversiones de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 36a, en 5 de marzo de 1991.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.

Hacienda, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.

El señor PÉREZ .-

Señor Presidente , en el Mensaje del Presidente de la República se pretende fijar una nueva fecha para la entrada en vigencia de una ley que permite la inversión en el extranjero por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Se trataría de un asunto formal que tiende a resolver una situación de hecho, ya que los reglamentos pertinentes no han sido dictados.

Sin embargo, en el Mensaje se advierte, de parte del Gobierno, un cuestionamiento al fondo del precepto cuya entrada en vigencia se prorroga, al señalarse que es interesante e importante postergarla, con el objeto de analizar nuevamente la validez de sus términos. Al mismo tiempo, opiniones planteadas por diferentes señores Senadores en la Comisión de Trabajo y Previsión Social han expresado su oposición al contenido de la iniciativa. Hay una falta de secuencia entre los fundamentos del Mensaje y el proyecto que hoy se discute.

Por mi parte, he apoyado la postergación de que se trata y el texto que nos ocupa, sobre la base de aceptar el contenido de la norma que entrará en vigencia el 1° de enero de 1992. Y quisiera dar algunas razones de fondo en tal sentido.

De acuerdo con la ley vigente -que aún no está operando, por no haberse dictado el reglamento, según indicamos-, las cantidades que en los primeros años invertirían los Fondos de Pensiones no son muy significativas: corresponden al uno por ciento anual de los mismos durante los cinco primeros años, con un tope máximo del 10 por ciento al cabo del quinto año, lo cual equivale aproximadamente a 72 millones de dólares anuales en el primer quinquenio. Esto reduce los riesgos mientras se "aprende" a invertir -como podría decirse- en los mercados internacionales.

En segundo lugar, el exceso de dólares existente en la actualidad está presionando fuertemente al tipo de cambio, acumulándose reservas excesivas, las que el año recién pasado llegaron, en el plazo de 12 meses, a 2 mil 300 millones de dólares. Ello perjudica a los exportadores y reduce la capacidad del Banco Central para el manejo de la política monetaria.

En tercer término, existiría mejor jubilación, por haber mayor diversificación y menor riesgo. Invertir afuera permite acceder a sectores que no se encuentran en el mercado local y otorga mayor estabilidad a la inversión, además de disminuir el riesgo por la concentración en el mercado interno y por cambios en las políticas económicas del país.

En seguida, invertir en el exterior es una válvula reguladora de los precios de los instrumentos internos de inversión, al eliminar la presión de los Fondos de Pensiones sobre los precios de los instrumentos financieros en el mercado local, y mejora la rentabilidad de los Fondos mismos. Presionar los mercados internos necesariamente implica aumentar dichos precios y, por lo tanto, menores rentabilidades y pensiones en el futuro.

En quinto lugar, se lograría una diversificación en monedas y tasas de interés distintas. Esto reduciría los riesgos de la cartera de inversiones ante modificaciones en las paridades, producto de cambios internos, de mercado o de política económica. Se disminuirían así, también, los efectos de variaciones en las tasas de interés internacionales, de términos de intercambio y del tipo de cambio, sobre los Fondos de Pensiones.

Y, finalmente, en un futuro próximo, el crecimiento de los Fondos de Pensiones agotará en el largo plazo las alternativas de valores en qué invertir en Chile, lo que llevará a la inversión en instrumentos internos más riesgosos, menos líquidos y con menor control. Invertir en el exterior también disminuirá la fuerte correlación que existirá entre todos los activos de los Fondos de Pensiones, reduciendo el riesgo de la cartera.

Tenemos conciencia, señor Presidente, de que hay situaciones difíciles de reglamentar, como la transparencia del acceso a mercados de valores y a mercados cambiarios.

Votaré favorablemente el proyecto en discusión, en la inteligencia de que el Gobierno, dentro del plazo que se extiende hasta el 1° de enero de 1992, no va a rectificar la política de fondo de la ley que permite las inversiones en el exterior referidas.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , la ley N° 18.964, de 1° de marzo de 1990, autorizó las inversiones de los Fondos de Pensiones en valores emitidos o garantizados por Gobiernos, Bancos Centrales o bancos aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo. Esto es perfectamente compatible con la letra y el espíritu del decreto ley N° 3.500, que dio origen a los Fondos de Pensiones, cuyo artículo 45 textualmente dice:

"Las inversiones que se realicen con los recursos de un Fondo de Pensiones deberán tener como únicos objetivos la obtención de adecuadas rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se pretenda fijar a tales inversiones se considerará contrario a los intereses de los Fondos de Pensiones."

En otras palabras; ese cuerpo legal dispuso que el criterio único que debía regir estas inversiones es el de la rentabilidad y la seguridad de los Fondos, que, representan el ahorro provisional de la inmensa mayoría de los trabajadores chilenos.

La autorización que nos ocupa debió haber entrado en vigencia el 1° de octubre de 1990. Sin embargo, esto no ocurrió, contradiciéndose la letra y el espíritu de la ley, debido a que no se elaboró el reglamento respectivo y la Comisión Clasificadora de Riesgo tampoco aprobó los criterios para efectuar las inversiones. El retraso fue oportunamente destacado en los medios de comunicación por los Parlamentarios de Renovación Nacional.

Hoy nos abocamos a analizar un proyecto del Ejecutivo cuyo texto tiene como finalidad postergar la entrada en vigencia del precepto pertinente. Sin embargo, el contenido del Mensaje sin duda insinúa que el propósito último, como ha sido planteado por muchos personeros y Parlamentarios de la Concertación, es simplemente el de eliminar en definitiva la posibilidad descrita; es decir, el de prohibir a los Fondos de Pensiones invertir en títulos externos.

La autorización referida, que hoy se intenta postergar o eliminar, permite, como dijo el Honorable señor Pérez , invertir solamente hasta un uno por ciento anual, durante los primeros cinco años, del total acumulado en todos los Fondos de Pensiones, el que hoy día alcanza a 7 mil 200 millones de dólares. Esto haría posible una inversión máxima de 72 millones de dólares anuales, lo cual claramente es una cifra adecuada para que los Fondos puedan ir adquiriendo gradualmente la experiencia y el conocimiento necesarios para operar en mercados internacionales.

La razón que se da para la postergación es la de que aún no se ha dictado el reglamento, por lo cual quisiera recordar que para ello se dispuso de los siete meses del plazo legal -hasta el 1° de octubre del año pasado- y que ya van más de seis meses de exceso hasta el día de hoy.

Más aún, señor Presidente : el 19 de febrero de este año, el Banco Central autorizó a los bancos comerciales para realizar inversiones en el exterior por un monto de hasta el 25 por ciento de sus depósitos a plazo en moneda extrajera. Y simultáneamente estableció los procedimientos y los reglamentos de clasificación de riesgo necesarios para que pudieran operar en forma inmediata, cómo ya lo están haciendo.

¿Por qué no se ha podido hacer lo mismo, en más de 13 meses, con los Fondos de Pensiones? ¿Hay detrás de este retraso o demora una intención clara de no llevar adelante la normativa contemplada en la ley? ¿Qué significa esto, señor Presidente ? El Banco Central tiene hoy día reservas que superan los 4 mil millones de dólares, gran parte de ellas invertidas en el exterior, donde los bancos comerciales también pueden invertir. Y los Fondos de Pensiones, que incluyen los ahorros de los trabajadores chilenos, ¿no pueden hacerlo? ¿Por qué esta discriminación?

Incluso más: ¿en qué invierten hoy día los Fondos de Pensiones? Parte en papeles del Banco Central y parte en títulos de los bancos comerciales, ambos autorizados para invertir en títulos externos. O sea, los Fondos hoy día pueden invertir en el exterior, pero solamente en forma indirecta, pagando los costos de intermediación de los bancos comerciales o del instituto emisor, según el caso, y sin ninguna posibilidad de un control directo por parte de ellos mismos respecto del contenido y naturaleza de estas inversiones.

Sin duda, lo anterior significa una clara discriminación en contra de los ahorros de los trabajadores chilenos y, en consecuencia, en contra de las pensiones futuras de estos últimos.

El crecimiento permanente de los Fondos de Pensiones, que para el año 2010 representarán una cifra cercana a los 23 mil millones de dólares -es decir, muy parecida a lo que es el producto nacional bruto de nuestro país en la actualidad-, va a llevar irremediablemente, si no se expanden los ámbitos de inversión, a que se vean obligados a invertir en instrumentos cada vez más riesgosos y de menor calidad. ¿Por qué no abrirles hoy día, con prudencia, con moderación, nuevas alternativas?

En el fondo, si queremos abrir de verdad la cuenta de capitales, obviamente no podemos hacerlo para todos, menos para los Fondos de Pensiones. Además, nadie pretende obligar a éstos a invertir afuera, sino que sólo se trata de darles una oportunidad más, que solamente se hará efectiva si sus administradores estiman que esa medida favorece la rentabilidad del portfolio de inversiones y ponderan el riesgo.

Me ha tocado, señor Presidente, conocer dos tipos de argumentos contrarios a la posibilidad en análisis que han estado en boca de Parlamentarios y de personeros de la Concertación.

La primera objeción tiene que ver con una alegada inconveniencia para el país de que se inviertan fondos nacionales en el exterior, en circunstancias de que Chile se esfuerza en atraer hoy día capitales foráneos.

Respecto a esta inquietud, quisiera aclarar lo siguiente. Durante 1990, el Banco Central acumuló más de 2 mil 300 millones de dólares en reservas internacionales. En otras palabras, la casi totalidad de la inversión extrajera realizada durante ese período se transformó en acumulación de reservas.

Sin duda, el país no está atrayendo inversión extranjera con el sólo propósito recién señalado. Dicho efecto significa en el fondo que se está provocando un exceso de divisas que ya está presionando hacia abajo el tipo de cambio. Y no lo ha presionado más aún sólo porque la política del Banco Central le establece un piso, por debajo del cual no puede caer, lo que obliga al instituto emisor a realizar la acumulación de reservas mencionada.

¿Cuál sería la alternativa? La alternativa para utilizar los fondos que se están acumulando sería definitivamente una baja significativa en el tipo de cambio, de forma tal de facilitar un incremento sustancial de las importaciones que permita al país absorber esas reservas internacionales en términos de importaciones de bienes y servicios.

El problema que podría derivarse, en la medida en que ese flujo de capitales no sea permanente, es que ello podría significar, como sucedió en el pasado una vez en forma muy clara, en 1981, que a poco andar tuviéramos una gigantesca crisis de balanza de pagos que nos obligarla a drásticos cambios en el valor de las monedas extranjeras en nuestro país.

Por otra parte, tal como señalé, los bancos comerciales ya están invirtiendo en el exterior. Y la autorización que hoy día se intenta postergar o eliminar para los Fondos de Pensiones, sin duda, es muy moderada y prudente.

La apertura de la cuenta de capitales en ambos sentidos permite a la economía chilena y a los agentes económicos integrarse plenamente a las oportunidades de los mercados de capital internacionales, lo cual favorece a la economía nacional, en mi opinión, al abrir nuevas posibilidades, ninguna de ellas obligatoria, sino que todas voluntarias.

Esta misma discusión, señor Presidente , la sostuvimos hace más de 12 años, cuando se abrió la cuenta comercial, y surgieron las mismas voces señalando la inconveniencia de que el país se integrara comercialmente con el resto del mundo. Pero los resultados de esa apertura, reflejados en los más de 8 mil 500 millones de dólares en exportaciones que actualmente presenta la economía chilena, están a la vista y hoy no son discutidos por nadie.

La segunda objeción tiene que ver con la inconveniencia para los trabajadores imponentes de los Fondos de Pensiones de que parte de estos recursos se inviertan en el exterior. Sin embargo, quiero recordar que ésta es sólo una posibilidad, no una obligación. Y en consecuencia, tal medida, dado el crecimiento de los Fondos de Pensiones y los problemas de oportunidad para su inversión interna, sólo se adoptará cuando sus ventajas, en términos de rentabilidad y riesgo, sean claramente mejores y más convenientes para los trabajadores que las que ofrezca el mercado interno.

¿Quién decidirá al respecto, que es otra de las inquietudes? Porque ésta ha sido, sin duda, una crítica latente detrás del intento de postergar la entrada en vigencia de la disposición que permitirá invertir parte de esos recursos en el extranjero. Actualmente esa resolución la toman las Administradoras de Fondos de Pensiones, empresas creadas por ley cuyo giro único es precisamente administrar los Fondos. Pero también es cierto que los trabajadores -y de acuerdo con las últimas modificaciones legales, los sindicatos, las federaciones, las confederaciones, los gremios y cualquier otra agrupación del sector laboral- no tienen obstáculos para formar hoy día una entidad de esa índole.

Desde el punto de vista del sistema vigente, los chilenos son libres para crear Administradoras de Fondos de Pensiones, y cada trabajador es quien en último término resuelve al escoger en cuál de ellas deposita sus recursos provisionales. De esta forma se entrega a toda persona, en forma individual, la capacidad de decisión respecto de sus cotizaciones, y no a cúpulas, como sería el caso en que solamente los representantes de los trabajadores pudieran determinar cómo invertir esos fondos.

Por esta razón, señor Presidente , creo que las dos críticas que hay detrás de este intento de postergar la posibilidad de invertir parte de los Fondos de Pensiones en el exterior, según se desprende del texto del proyecto, y eventualmente de eliminarla, de acuerdo con el Mensaje y con múltiples declaraciones de personeros del Gobierno, no son válidas para la situación que estamos analizando.

Pienso que la apertura de la cuenta de capitales es positiva para el país. No hay razón alguna para discriminar en contra de los Fondos de Pensiones, si ella se lleva adelante, excluyéndolos arbitrariamente.

Considero positivo también, para los trabajadores imponentes y para tener mejores jubilaciones, que se abran al máximo las oportunidades voluntarias para invertir los Fondos de Pensiones, naturalmente con las salvaguardias de seguridad, riesgo y diversificación que la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Comisión Clasificadora de Riesgo establezcan, de acuerdo con la ley.

Por tales motivos, señor Presidente , no me parece necesario ni conveniente postergar hasta 1992 la posibilidad de invertir en el extranjero en el caso que nos ocupa, lo que ya pueden hacer -repito- el Banco Central y los bancos comerciales. Y creo que un plazo de 90 días sería más que suficiente para dictar el reglamento y efectuar las clasificaciones necesarias, particularmente si la normativa que rige a los bancos comerciales para realizar el mismo tipo de inversiones proporciona una experiencia clara al respecto.

Por último, deseo hacer presente que, de acuerdo con los artículos 19, N° 18, y 63 de la Constitución Política, por configurar el proyecto una regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social, su aprobación requiere quórum calificado.

Muchas gracias.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , esta iniciativa debe examinarse con mucho cuidado, para discernir dos cosas. Una, bastante simple, a mi entender, y otra sumamente compleja y delicada.

La cuestión simple, a juzgar por los antecedentes que recogimos en la Comisión de Trabajo y Previsión Social -a la que concurrieron el Presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones , don Sergio Baeza Valdés ; el Subsecretario de Previsión Social y los Superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Seguridad Social-, radica en que es razonable establecer un plazo para los efectos de dictar el reglamento respectivo, cuya inexistencia está haciendo de hecho inaplicable una ley vigente.

Entendámonos bien: la ley está vigente, pero es inaplicable por falta de reglamentación, la que, es justo decirlo, no compete exclusivamente al Estado. No es que el Presidente de la República deba dictar simplemente el texto respectivo, pues la normativa por la cual se ha de regir la Comisión Clasificadora de Riesgo es un asunto más complejo, que requiere la participación de los sectores público y privado.

Por consiguiente, sobre la base de que la ley ha quedado inaplicable, puesto que llegó el momento en que debía entrar en vigor y no se había dictado en este aspecto el reglamento que lo permitía, parece sencillo y razonable, creo yo, dentro de un espíritu de cooperación y entendimiento, fijar un plazo para dictar el reglamento que falta.

Otra cosa es que el Supremo Gobierno, si acaso tiene interés en modificar el fondo de una legislación de inmensa trascendencia, como se ha demostrado acá -derecho que, a mi juicio, le asiste-, pueda perfectamente bien considerar dicha posibilidad. Lo que enreda el problema, es que esta intención -que no está manifestada en el sentido de que la voluntad del Ejecutivo sea la de enmendar la legislación vigente, sino de que se está pensando en si sería conveniente modificarla o no- va envuelta en el Mensaje de un proyecto que pudiera ser obvio y sencillo, destinado a fijar el plazo de dictación del reglamento que falta para dar aplicación al texto legal respectivo.

Por otra parte, la ley, que está vigente -como se ha evidenciado acá-, es de significación económica muy limitada, lo que en nada podría obstar a que, posteriormente el Gobierno, si lo estimara adecuado -espero que no sea así-, propusiese una iniciativa que derechamente revise todo el sistema.

Sin embargo, lo que no es conveniente para nadie -y como lo señalé en la Comisión de Trabajo, lo repito ahora en la Sala, pues ello dice relación de modo particular, a mi juicio, al Supremo Gobierno es crear públicamente la idea de que, respecto de una materia fundamental, se está estudiando la posibilidad de mantenerla o no. En efecto, ello origina una desconfianza nacional e internacional acerca de la fidelidad con que se seguirían los principios de un tipo de economía libre que se está aplicando en todo el país, y que ha suscitado, en forma justificada, elogios internos y externos para la situación en que éste se encuentra.

Por estas razones, en cuanto a la aprobación del proyecto -y no deseo ocultar mi posición: soy partidario de ella-, estimo absolutamente indispensable dejar constancia de que en el pronunciamiento favorable que pueda prestar el Senado (por lo menos ése será el sentido de mi voto) de ninguna manera existe ni la intención de modificar el fondo de la legislación, ni la idea de poner en duda o de discutir la conveniencia de hacerlo. Ello, si se estimara procedente, debe ser materia de un proyecto de ley enteramente distinto. Traerlo a colación en este instante es perjudicial.

Por último, señor Presidente y Honorable Senado, existe un tema que palpita en el fondo de este debate. Se trata de un tema antiguo, de una muy vieja melodía. Cuando se acumulan fondos muy importantes de carácter previsional, en cualquier país, y ellos tienen alguna forma de defensa respecto de los apetitos del Estado -que siempre está anhelante de disponer de medios para cumplir sus múltiples fines-, no falta quien encuentra la conveniencia de echarles mano. Quisiera que sobre este particular, y con respecto a los Fondos de Pensiones, no exista ni la sombra de una duda en el sentido de que nadie pretende echarles mano.

Y por último, si alguien tuviera la duda mencionada, no sería adecuado que ésta se manifestara. Y si ello ocurre, de ninguna manera sería apropiado que se expresara en forma tal que la aprobación de un proyecto de ley que calificaría de obvio y sencillo pudiese entenderse como un camino en la dirección equivocada de intervenir en lo que es de la mejor conveniencia en la administración de los Fondos de Pensiones, la que debe propender al mejor rendimiento y, por consiguiente, al mejor resultado en cuanto a pensiones y a servicios previsionales para los trabajadores.

Nada más, señor Presidente .

Muchas gracias.

El señor PRAT.-

Señor Presidente , deseo adherir a la proposición que se ha hecho en orden a que la prórroga de la entrada en vigencia de la letra l) del artículo 45 del decreto ley N° 3.500 sea por el lapso de 90 días. Y quiero complementar con algunos elementos las razones que se han tenido para proponer la iniciativa.

Me parece que este tema es de la más alta importancia, por lo que debe procurarse que la opinión pública entienda a cabalidad la conveniencia que para el país reviste la opción de invertir en el exterior parte de los fondos previsionales.

A este respecto, me permito traer a la memoria en esta Sala el caso ocurrido en los años 80 y 81, cuando, producto de una gran disponibilidad de recursos externos, llegó a Chile un flujo crediticio que se anunciaba día a día en los diarios, del orden de millones y millones de dólares, los que ingresaban en la forma de créditos.

¿Cuál fue el efecto monetario que esta situación provocó? Que ello presionó sobre el valor de los bienes y servicios en términos de generar una inflación absolutamente indeseada, en combinación con una tasa de cambio deprimida, paralizada por efecto de esa misma exuberancia de fondos en moneda extranjera. Y así se produjo una brecha, con el alza de los costos internos y una tasa de cambio fija, que resultó explosiva y fatal para la industria exportadora o competidora de exportaciones.

Lo anterior es lo que sucede, como el país lo ha sufrido en carne propia, cuando existe un flujo de recursos externos desmedido, respecto a la sana capacidad de una economía para absorberlos.

Por ello, al analizar este tema, debemos desprejuiciarnos respecto de la muy antigua idea de que todo recurso es necesario para el país en cada momento, en especial si siempre hemos sufrido una carencia tan grande de fondos externos. Hay situaciones puntuales en que el exceso de recursos foráneos ahoga a la economía de una nación. Y, precisamente, lo que pretende esta opción que se abre a nuestra economía es crear una vía de salida de recursos -al ser chilenos, siempre van a salir temporalmente- que permita compensar la disponibilidad interna y producir un equilibrio monetario macroeconómico.

Es necesario tener presente que, para llevar adelante un proceso de crecimiento sano y armónico, un país requiere, no sólo recursos, sino también proyectos rentables estudiados. Además, precisa disponer de medios materiales y humanos para realizar esos proyectos, porque de otra manera, si existen únicamente recursos financieros, se produce en el costo de esos medios un alza en términos tales que, en definitiva, deja a los proyectos fuera del ámbito de la rentabilidad. Asimismo, necesita una infraestructura interna adecuada en materia de caminos, puertos, dotación de energía, etcétera, que evite que los proyectos implementados presionen fatalmente y provoquen desajustes en las respectivas áreas.

Por tales razones, el proceso de crecimiento del país es necesariamente una faena lenta y -ojalá- sostenida, donde los flujos abruptos de recursos provocan siempre trastornos. Y esos lo que, para beneficio de Chile, está considerando la legislación en análisis, que permite que los recursos de las AFP, en una proporción medida y prudente, se inviertan en el exterior. Con ello se logra defender el interés de los trabajadores ahorrantes, por la vía de asegurarles la mejor rentabilidad alternativa, y, al mismo tiempo, se posibilita al país contar con un elemento regulador de la disponibilidad de recursos. Es decir, si en determinado momento está recibiendo un gran flujo de fondos externos -sea por un éxito exportador, que a veces es puntual y momentáneo; o a través de un proceso de inversión extranjera, que también puede ser pasajero; o por la vía crediticia, que de por sí es transitoria-, el país puede regular su disponibilidad interna invirtiendo en el exterior, con la tranquilidad de que, si los flujos indicados aminoran, es posible traer nuevamente las inversiones radicadas afuera, a fin de producir una regulación en los recursos financieros internos.

He querido hacer estos alcances, señor Presidente , porque creo que este tema debe ser explicado a la opinión pública con gran detalle y profundidad, ya que -como decía- estamos siendo objeto de resabios de una política antiquísima y de un concepto muy tradicional -y muy natural, por lo demás-: si el país necesita siempre muchos recursos, ¡cómo podemos aprobar una legislación que permite .invertir recursos de chilenos en el extranjero!

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente , me vi forzado a leer una vez más el proyecto de ley y los informes...

El señor CANTUARIAS .-

¡No le hace mal, señor Senador ...!

El señor HORMAZÁBAL.-

No me ha hecho mal, Honorable colega. Creo, sí, que les ha hecho mal a quienes no los leyeron. Porque tengo la impresión de que este Honorable Senado está discutiendo un tema que no aparece en la iniciativa.

He escuchado alegaciones sobre la importancia de invertir en el extranjero, de abrir la cuenta de capitales, de las señales relevantes, de las oportunidades para que los trabajadores decidan, de la economía de mercado, del libre comercio y de una serie de otros elementos muy interesantes para un debate acerca de la situación macroeconómica y sus perspectivas, pero cuya relación directa con el artículo único del proyecto no advierto del todo.

De pronto me da la impresión de que en el análisis de esta Corporación partió un antigua "locomotora" y comenzó a echar tanto humo que provocó que todos nos confundiéramos respecto de lo que estábamos discutiendo.

Porque la pregunta es: ¿Hay aquí un proyecto que esté derogando la norma de la ley vigente que permite invertir en el extranjero? O sea, ¿nos encontramos estudiando una iniciativa que deroga la disposición en vigor que posibilita a las Administradoras de Fondos de Pensiones...?

El señor PRAT .-

¿Me permite una interrupción señor Senador ?

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción?

El señor HORMAZÁBAL.-

Al final de mi intervención, con todo agrado concederé todas las interrupciones que sean pertinentes.

El señor PRAT .-

No leyó el Mensaje, señor Senador.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción?

El señor HORMAZÁBAL.-

Con mucho gusto, al finalizar mi intervención.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos y dirigirse a la Mesa.

El señor HORMAZÁBAL.-

Entonces, mirando la norma establecida en este texto, leo:

"Sustituyese en el inciso tercero del artículo segundo de la ley N° 18.964, la frase "primer día del séptimo mes siguiente al de su publicación" por la siguiente: "1° de enero de 1992".".

¿Qué implica esto? Que de manera excepcional, en los últimos días del Régimen anterior, el legislador aprobó esa ley y estableció una facultad adicional para que las Administradoras de Fondos de Pensiones invirtieran los recursos de los trabajadores. Y se da la circunstancia de que abordó tres materias que podrían ser objeto de las inversiones pertinentes. Dijo: "Se podrá invertir en acciones de sociedades anónimas inmobiliarias, en cuotas de Fondos de Inversión y en instrumentos emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales". Y, paradójicamente, a la única que fijó un plazo fue a esta última; a las otras inversiones -igualmente importantes- no les determinó plazo específico alguno. Y sucede -¡Oh paradoja!- que quien debe tomar las decisiones sobre el tema de las inversiones es una entidad que se llama "Comisión Clasificadora de Riesgo", definida en el mismo decreto ley N° 3.500 y compuesta por cuatro representantes de las Administradoras de Fondos de Pensiones, elegidos por éstas, y tres personeros del Estado: los Superintendentes de AFP; de Bancos e Instituciones Financieras, y de Valores y Seguros. Y ocurre que dicha Comisión, en la que tiene mayoría el sector privado y a la cual, incluso, la ley impone exigencias "especiales para adoptar acuerdos sobre algunas inversiones -para ello necesita la aquiescencia de a lo menos dos miembros que representen a las Administradoras de Fondos de Pensiones-, estimó del caso reglamentar con prioridad exclusivamente la primera posibilidad de inversión -la inversión en acciones de sociedades anónimas-, lo que se concretó en noviembre del año recién pasado. La otra opción establecía la factibilidad de invertir en otros instrumentos. La Comisión Clasificadora de Riesgo la sigue estudiando.

¿Dónde está, entonces, la preocupación que manifiestan algunos señores Senadores?

El Gobierno, aparentemente, estaría dando una señal contraria a la posibilidad de la referida inversión. ¿Dónde se halla dicha señal?

El señor PRAT.-

En el Mensaje.

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor PRAT.-

En el segundo párrafo de la hoja 2.

El señor HORMAZÁBAL.-

Creo que seguimos confundidos por algunos señores Senadores, pues ya dije que concedería interrupciones sólo al final de mi intervención.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos.

El señor HORMAZÁBAL.-

En el texto del Mensaje, página 2,...

El señor PRAT .-

Párrafo segundo.

El señor HORMAZÁBAL.-

... párrafo segundo -¡al parecer, ya se está despejando el humo...!-, se lee:

"Como se expresó, la compleja problemática que implica la inversión de fondos previsionales en el extrajere y la necesidad de analizar y estudiar con mayor detenimiento, incluso, la conveniencia de mantener la vigencia de la normal que lo permite, amerita, en todo caso, que se señale una nueva fecha"...

El drama está en que el Gobierno expresa aquí que a lo mejor es posible realizar una discusión sobre un tema cuya vigencia, empero, no se halla en cuestión.

Soy decidido adversario de la inversión de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el extranjero. Por supuesto. Y tendría innumerables razones para argumentar. Sin embargo, las reservo para cuando debatamos el problema de fondo.

Pero hoy, ¿cuál es la preocupación? ¿Hay un intento solapado de dictar alguna ley secreta que pretenda derruir este pilar funda* mental de la economía social de mercado? No. Ocurre que existe aquí una proposición de un texto legal que reconoce un par de hechos muy relevantes. Primero, que la Comisión Clasificadora de Riesgo, facultada por la ley para realizar este tipo de análisis sobre las inversiones, no ha podido dictar el reglamento pertinente.

¿Y cuál fue la ventaja que tuvimos con los Senadores señores Thayer , Pérez y Ruiz al participar en la Comisión de Trabajó y Previsión Social? Que pudimos escuchar, por ejemplo, al Presidente de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones , don Sergio Baeza , destacado empresario chileno y acérrimo defensor de las inversiones de nuestro país en el extranjero, quien manifestó en dicha Comisión que considera apropiada la iniciativa que confiere un plazo adicional para que la Comisión Clasificadora de Riesgo pueda determinar las condiciones y modalidades de inversión.

Entonces, ¿por quién doblan las campanas? ¿Por un precepto que entra en "articulo mortis"? ¿O se trata precisamente de restablecer una situación en que, no por responsabilidad del Gobierno, sino por las dificultades objetivas de definir las modalidades de inversión, es necesario ampliar el plazo?

La complejidad de la inversión es muy grande. Hay que determinar, a lo menos, tres aspectos.

En primer lugar, el tipo de instrumentos en que se puede invertir dentro del marco legal. ¿Podrían ser tal vez algunos suscritos por Bond International? Habría que preocuparse -¿no es verdad?- sobre qué tipos de instrumentos se podrían adquirir de una empresa de tal naturaleza. Quizá podrían ser los instrumentos de algunos de los multimillonarios norteamericanos que están de moda en la revista "Fortune", o los de hombres ricos internacionales cuyas modalidades de vida vemos en televisión. Hay que analizar con cuidado, pues, dónde se hacen las inversiones.

En seguida, es preciso definir la moneda que se utilizará para estas inversiones, el acceso al mercado bancario, con lo cual debe tenerse la coordinación con el Banco Central que la ley manda.

Por último, resulta indispensable considerar los elementos de riesgo.

Esto lo dicen quienes toman la decisión, y no el Gobierno, que, por lo demás, no pretende anular este artículo. Yo, sí. Pero, a Dios gracias para los señores Senadores de la Oposición, no resuelvo en el Gobierno. Sin embargo, como éste es un tema que será debatido en el Parlamento, en su oportunidad sí podré dar mi opinión.

Entonces, ¿para qué exagerar la nota respecto de un elemento que con los Senadores señores Pérez , Thayer y Ruiz consideramos razonable y que no nos provocó ningún drama ni ninguna preocupación?

Lo que ahora debe votar el Senado no es, pues, si está por la inversión de los recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones en el exterior, porque eso se encuentra vigente en la ley. No estamos votando -lo que nos gustaría- la derogación de la norma que permite efectuar dicha inversión. Lo único que se discute es si para la vigencia de ese precepto, que requiere el cumplimiento de condiciones con las cuales debe trabajar la Comisión Clasificadora de Riesgo -lo que se hizo imposible en el lapso anterior-, puede estimarse el, 1° de enero de 1992 como un plazo razonable.

¿Y qué ocurriría si las propias Administradoras de Fondos de Pensiones, que tienen mayoría en dicha Comisión, consideraran pertinente iniciar las inversiones el próximo mes? ¿Saben lo que sucedería, Honorables colegas? Ellas se realizarían, porque la ley está vigente; sólo bastaría que se cumplieran las modalidades respectivas. Si estuvieran listas la próxima semana, invertirían a partir de ese instante.

Entonces, ¿dónde está el drama? En que los partícipes de esta operación, que no tienen la desconfianza señalada por algunos señores Senadores, entienden que el plazo razonable es el propuesto: el 1° de enero de 1992.

En verdad, señor Presidente, éste es un tema atrayente. Se trata de cuidar los fondos de los trabajadores.

¡Ah! ¡Ese es un asunto muy importante! Un destacado Senador de Renovación Nacional -no era, por supuesto, el Honorable señor Pérez - decía: "Es buena la oportunidad de que los trabajadores voten, y que no sean las cúpulas las que decidan sobre sus inversiones".

¿En qué parte de la ley está consagrado un plebiscito para que los trabajadores afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones se pronuncien sobre el tipo de inversión que es necesario hacer? Me gustaría que el Honorable señor Piñera -le concederé una interrupción al término de mi intervención- me dijera en qué parte de la ley está estipulado el plebiscito para que los afiliados puedan pronunciarse al respecto.

Pero sobre la expresión concreta de Su Señoría en cuanto a que no decidan las cúpulas, estoy de acuerdo. ¿Por qué un grupo de empresarios usa los fondos de los trabajadores para adquirir fuerza en las empresas eléctricas y, al controlar el poder accionario, se hace elegir para dirigirlas con carácter tremendamente dañino en términos de precios y de respeto a los derechos de los trabajadores?

¿Por qué es necesario cuidar los fondos de los trabajadores? Afirmaba un destacado Senador, con razón: "¡Hay que evitar que les echen mano!". ¿Y por qué nadie dijo nada cuando durante el Gobierno anterior los dueños de algunos bancos echaron mano a los fondos de los trabajadores? Cabe recordar que la mayoría de las inversiones de la? AFP estaba en depósitos de corto plazo en el sistema financiero bancario, que en 1983 tuvo que ser intervenido por ese Régimen y debió ser repuesto con fondos de todos los chilenos. No se escuchó a nadie hablar sobre el tema, salvo a quienes estábamos en el movimiento sindical.

¡Hay que cuidar las platas de los trabajadores, porque están depositadas en instrumentos relevantes! ¿Y quién, de los hoy día Senadores de Oposición, dijo algo cuando, por ejemplo, los bancos prepagaron las obligaciones derivadas de letras hipotecarias emitidas a tasas de 16 a 18 por ciento anual e hicieron la ganancia, obligando a las Administradoras de Fondos de Pensiones a asumir una notable pérdida que culminó en una transacción a través de la cual les lanzaron una limosna de 50 millones por el daño que había significado tener inversiones en letras hipotecarias a tasas de dichos niveles y que terminaron en 8 ó 9 por ciento al año?

¡Por cierto qué es necesario cuidar los fondos de los trabajadores! Y nadie más indicado que ellos para tener acceso a la administración de las AFP.

¿En qué AFP del capitalismo popular hay directores elegidos por los trabajadores afiliados? ¿Cuáles son las oportunidades en que participan para tener acceso al directorio? ¿Qué posibilidad tienen de saber cómo se gastan sus recursos? ¿Sabían ellos que los dueños de algunas Administradoras de Fondos de Pensiones crearon compañías de seguros donde contrataban el seguro obligatorio de invalidez y sobrevivencia con tasas mensuales fluctuantes que dependían de dónde el grupo económico quería tener capital fresco cada mes? Si era en la compañía de seguros, subían la tasa; si era en la AFP, la bajaban.

Los trabajadores tienen derecho a participar en las decisiones, sin lugar a dudas. Y este Congreso, también. Cuando llegue el momento de analizar el fondo del asunto será una oportunidad preciosa para que discutamos con quienes viven en el mundo del Chile abierto hacia el exterior, importante y valioso. Debemos relacionarnos con los países ubicados más allá de nuestras fronteras y con los que desarrollan procesos interesantes, como México y Venezuela. Tenemos que aprovechar las posibilidades de apertura al libre comercio con Estados Unidos o Canadá, sin lugar a dudas. Pero, en vez de llevarse la plata de los trabajadores chilenos, ¿por qué no la invierten en las Regiones del país, donde la pobreza sacude y constituye un golpe que los Senadores de todos los partidos vemos todavía? ¿Por qué en lugar de llevarse la plata generada con el esfuerzo de todos no invierten para crear oportunidades de empleo y condiciones más dignas para nuestros trabajadores?

¡Ah! Ahí viene, señor Presidente, el tema de fondo, que espero con ansia poder abordar en su momento.

Y ahora, con todo gusto, concedo una interrupción al Honorable señor Piñera .

El señor PIÑERA.-

Muchas gracias, Honorable colega.

En primer lugar, quiero recordar al Honorable señor Hormazábal que está clarísimo que el intento del proyecto de ley, expresado en su articulado, es tan sólo postergar la entrada en vigor de una norma legal...

El señor HORMAZÁBAL.-

La ley está en vigencia; el plazo es para dictar el reglamento.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Evitemos los diálogos, señores Senadores. Les ruego dirigirse a la Mesa.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , el Honorable señor Hormazábal me dio una interrupción cuando terminó de hablar y no en el momento en que se la pedí.

El señor HORMAZÁBAL.-

Doy excusas. Le voy a contestar al final, señor Senador .

El señor PIÑERA.-

Pero yo le concederé una de inmediato.

El señor HORMAZÁBAL.-

No podría.

El señor PIÑERA.-

O sea, no quiere hacer uso de una interrupción.

El señor HORMAZÁBAL .-

No, porque no se pueden dar interrupciones sobre interrupciones.

El señor PIÑERA.-

Esa es una norma que Su Señoría acaba de establecer.

El señor HORMAZÁBAL.-

Está en el Reglamento.

El señor PIÑERA.-

Léalo bien, Honorable colega.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Señores Senadores, eviten los diálogos.

El señor PIÑERA.-

En primer lugar, es indudable que, cuando en el Mensaje se señala que lo que se va a discutir es la conveniencia o inconveniencia de mantener la vigencia de la norma, el proyecto de ley no consiste tan sólo en una mera postergación de la fecha de entrada en vigor. En el propio Mensaje que acompaña a la iniciativa -sin tener que recurrir a opiniones de los señores Senadores de la Concertación o de otros personeros- queda meridianamente claro que se está iniciando una discusión de fondo. Y como siempre prefiero resolver primero los temas de fondo y después los formales, hice alusión a aquéllos, que son dos: la conveniencia o inconveniencia de abrir la cuenta de capitales -al respecto, soy un convencido de que es favorable para la economía chilena-, y la conveniencia o inconveniencia de excluir los fondos de pensiones de esta apertura.

Por tanto, no cabe duda de que no estamos discutiendo tan. sólo la postergación de una norma legal, sino también, indirectamente, la conveniencia o inconveniencia de que alguna, vez entre en vigencia el cuerpo normativo pertinente.

En segundo término, deseo decir al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra que la entrada en vigor de la ley tiene dos requisitos: uno, el reglamento de la Comisión Clasificadora de Riesgo respecto del tipo de instrumento, y otro, el reglamento de la Superintendencia que va a regular las disposiciones. Lo primero es de responsabilidad neta de una Comisión de siete miembros, y lo segundo, de la Superintendencia. Ninguno de ambos requisitos se cumple hoy día.

En tercer lugar, no estamos discutiendo en este instante la postergación de un cuerpo legal próximo a regir, como ha sido, por ejemplo, el caso reiterado de la Ley de Pesca. Estamos debatiendo la postergación de la entrada en vigor de una ley cuya vigencia empezó hace siete meses, pero que, por el no cumplimiento de ciertos requisitos que ella misma establece, no se ha podido aplicar.

En consecuencia, tenemos siete meses de plazo ordinario y seis de plazo excedido, y adicionalmente se están requiriendo nueve meses más. En síntesis, estamos hablando de un período que se acerca a los dos años para poder dictar un reglamento, el que no será algo novedoso para la economía nacional, pues el Banco Central ya dictó uno que regula las inversiones de los bancos comerciales en el exterior. Y lo tengo a la vista. En él se establece una serie de requisitos, basados en ciertas instituciones clasificadoras de riesgos, que son las que norman en muchos otros países del mundo la calidad de las distintas inversiones.

Por lo tanto, esto no es algo en lo cual haya que partir de cero. Existe ya una experiencia, como la referida del Banco Central respecto de los bancos comerciales, y también la de las inversiones que el instituto emisor realiza permanentemente en el exterior.

Por lo expuesto, de lo que estamos hablando es de que el período total para dictar el reglamento sea de dieciséis meses y no de veintidós.

Y cuando ha transcurrido ya más de un año de gobierno y aún no existe ningún borrador o anteproyecto de reglamentación de conocimiento público, uno tiene naturalmente el derecho a pensar que tal vez no existe en esta materia la voluntad de que los reglamentos pertinentes entren en operación.

En resumen, creo que el plazo de tres meses para la dictación de esa normativa reglamentaria es perfectamente adecuado. Y si en el pasado el Gobierno, por intermedio de la Superintendencia, no cumplió, o si tampoco lo ha hecho el sector privado, a través de la Comisión Clasificadora de Riesgo, me es indiferente, porque significa que ambos han faltado a la responsabilidad que les estableció la ley.

Respecto del debate en torno de las inversiones en Chile, deseo recordar al Honorable señor Hormazábal que el problema de la falta de ellas en este instante no consiste en la escasez de moneda extranjera, pues el Banco Central acumuló el año anterior 2 mil 300 millones de dólares precisamente porque no había suficientes proyectos de inversión en el país para absorber esas reservas. Por ende, el hecho de que los fondos de pensiones destinaran 72 millones como máximo para ser invertidos en el extranjero no tendría mayor incidencia en el monto de las inversiones que se realizaran en Chile. Únicamente produciría como efecto que, en lugar de que sean sólo el Banco Central y los bancos comerciales los que inviertan en el exterior, también cuenten con esa opción los fondos de pensiones.

Por lo tanto, el argumento de que eso mermaría la inversión extranjera me lleva a señalar que el Honorable señor Hormazábal, quien dijo que yo sé de economía y no de leyes, sabe de leyes pero no mucho de economía.

Por último, en cuanto a los fondos de pensiones, deseo recordar que en Chile hay libertad para crearlos. En la actualidad existen catorce, y cuatro están en formación. Algunos se hallan relacionados con sectores gremiales y laborales. Y lo que estamos reivindicando aquí es la posibilidad de que cada trabajador decida individualmente a qué fondo de pensiones destina sus recursos previsionales.

Para cerrar mi intervención, puedo decir que el plazo de tres meses, a pesar de los argumentos del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, es perfectamente razonable. Por lo tanto, ratificamos nuestra indicación.

El señor HORMAZÁBAL.-

Estimo que, en todo caso, ha sido positivo el intercambio de puntos de vista, pues el Honorable señor Piñera entendió qué estábamos debatiendo. Y resulta interesante ver que la discusión de fondo está vinculada, cosa que siempre hemos afirmado. Y cuando uno debate debe constatar los puntos de acuerdo que se van estableciendo.

En cuanto al planteamiento sobre el reglamento que corresponde elaborar a la Comisión Clasificadora de Riesgo, como Su Señoría perdió la preciosa oportunidad de participar con nosotros en la Comisión de Trabajo, debo manifestarle que el Honorable señor Pérez consultó sobre esa materia al Superintendente del ramo, quien le respondió que estaban en condiciones de entregar adecuadamente ese reglamento y que sólo había un problema objetivo derivado de las complejidades propias de la definición de esas inversiones.

Ahora, respecto de un tema de esta naturaleza, recordemos, para todos aquellos que puedan interesarse en la discusión, que cuando hacemos inversiones en el exterior debemos tener presente que las más importantes AFP del país pertenecen a grandes consorcios transnacionales, con intereses económicos en diversas partes.

Por tanto, su interés por invertir en el extranjero obedece también al deseo de aprovechar el goteo de recursos de distintas partes del mundo. Ya tuvimos experiencias. Puedo mencionar algunas -ya llegará el momento de hablar de ellas-, como las del señor Bond y los problemas que hoy día se generan en la minera El Indio.

Entonces -y llamo la atención de mis Honorables colegas sobre el tema-, no será una discusión de principios sobre si invierten o no invierten en el exterior, sino en cuanto a quién puede controlar la efectividad de esas inversiones y hasta qué punto los grandes consorcios transnacionales, que tienen el control de cerca del 70 por ciento de los afiliados a las AFP, van a estar interesados en hacerlas.

Por último, sólo quiero destacar que reconozco la extraordinaria calidad de economista del Senador señor Piñera , gran doctor en Economía y de muchos merecimientos. Pero el país recuerda que en cierto momento una lluvia de doctores nos tuvo al borde de la crisis más grande que vivió el país, entre 1981 y 1983: los célebres y conocidos "Chicago boys".

Gracias, señor Presidente.

El señor GAZMURI.-

Señor Presidente, en este acalorado debate, sólo deseo hacer un par de afirmaciones.

En primer término, lo que efectivamente estamos discutiendo, desde el punto de vista de la proposición legislativa concreta, es la postergación, no por un año, sino prácticamente por nueve meses, de la puesta en marcha de una norma legal, en la medida que despachemos el proyecto hoy día.

Sin duda, detrás de este debate hay problemas mayores. En la Comisión de Hacienda nosotros aprobamos este proyecto precisamente porque nos parece que 9 meses es un plazo razonable para estudiar aquellos problemas involucrados en esta materia.

Un señor Senador dijo acá que hace 12 años se produjo la misma discusión y se escucharon las mismas voces respecto de este tema. Debo manifestar que, por lo menos los Senadores de estas bancas, no participamos en aquélla (por ejemplo, había varios impedidos de hacerlo por encontrarse en el exilio). O sea, no se escucharon las mismas voces, porque muchos de los interesados en la profunda transformación del sistema previsional chileno no fueron consultados, ni estaban en condiciones de hacerse oír. Me refiero a la masa y, fundamentalmente, a la base de este sistema, que son los trabajadores y sus organizaciones.

Por tanto, no hay duda de que es indispensable realizar un debate a fondo, abierto, por parte de todos los sectores y en el tiempo necesario, acerca de esta materia de tanta entidad para el país. Y creo que hoy día estamos en condiciones de efectuarlo. Porque es incuestionable que, de alguna u otra manera, afecta al sistema el hecho de que, en su momento, no estuvieran presentes en la discusión todas las voces ni todos los argumentos. Pero hoy sí pueden estarlo.

Por otra parte, las razones que hemos escuchado aquí, con relación a la posibilidad concreta de invertir estos fondos en el extranjero, son también bastante discutibles y deberían ser objeto de un debate nacional más amplio.

Se ha argumentado, por ejemplo -desde perspectivas que no necesariamente pueden ser complementarias, sino contradictorias-, que la colocación de estos recursos en el exterior beneficiaría a los trabajadores porque permitiría a las Administradoras de Fondos de Pensiones mayores alternativas de inversión. Esta es una razón discutible, pero tiene un aspecto razonable.

Se ha expresado, asimismo, que la autorización propuesta puede ser un instrumento para resolver determinados equilibrios macroeconómicos. En términos económicos, ésa es una afirmación mucho más discutible, porque existen otros mecanismos, preceptuados por la ley, que contemplan los instrumentos necesarios para producir efectivamente los equilibrios macroeconómicos que se requieren, como el Banco Central de Chile.

Se ha manifestado, igualmente, que esto contribuiría a evitar el exceso coyuntural de dólares en la economía. No vislumbro a título de qué la inversión de un porcentaje -que es menor, por lo demás- del conjunto de fondos previsionales puede considerarse, a priori, un instrumento adecuado para regular el precio del dólar que la economía chilena necesita mantener.

En consecuencia, me parece que el mismo debate iniciado en esta Sala demuestra que las razones para invertir este tipo de recursos en el exterior no son tan claras, y que, por tanto, debemos darnos un tiempo para discutir éste y otros aspectos que tienen que ver, finalmente, con la mayor capacidad de ahorro interno -pero no en dólares, sino en moneda nacional- que se va acumulando en el país.

Esa es la cuestión de fondo. Resulta que en esta economía de mercado -estamos de acuerdo con la utilización del mercado como instrumento de asignación de recursos-, la mayor capacidad de ahorro e inversión interna la tienen los trabajadores chilenos, y, en perspectiva, va creciendo año a año. Se ha señalado aquí que en los próximos años esto alcanzaría volúmenes del orden del valor de una vez el producto geográfico bruto nacional. O sea, estamos hablando de 27 mil millones de dólares.

Es evidente que el país debe abocarse a un debate sustantivo respecto de la utilización, el destino, las formas de manejo de esa inmensa capacidad de ahorro interno, que está principalmente en manos de los trabajadores. Y, en ese debate sustantivo, para nosotros es fundamental la opinión, la información, el trato, el conocimiento por parte de quienes constituyen la base del sistema: los afiliados, que cotizan mes a mes.

Creo que nadie podrá negar, en esta Sala ni en la discusión a nivel nacional, que esas voces han estado muy ausentes en el análisis de este tema. Y para garantizar que ellas estén presentes en un debate central acerca del empleo de los recursos que los trabajadores generan, no basta la simple libertad que otorga el mercado para afiliarse a una u otra AFP, no obstante ser éste un mecanismo que puede y debe operar también en el futuro.

No es mi intención prejuzgar y dar una opinión definitiva acerca de la cuestión particular sobre si conviene o no invertir una cuota de estos ahorros en el extranjero. Pero, sí, quiero alertar en el sentido de que es indispensable -y ésta ha sido una buena ocasión para iniciarla- llevar a efecto una discusión nacional de fondo con relación a estos aspectos tan sustantivos, que tienen que ver con palancas fundamentales del desarrollo del país y, además, con el aporte que hacen millones de trabajadores chilenos para sus fondos previsionales.

Por lo tanto, insisto en que desde todo punto de vista es atendible postergar por 9 meses la decisión concreta sobre este asunto y, por eso, votaremos favorablemente el proyecto del Ejecutivo.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , nosotros respaldamos la petición de clausura del debate planteada por el Honorable señor González , en el entendido de que la votación del proyecto requiere de quórum calificado y de que, además, existe una indicación, que he presentado en nombre del Comité Renovación Nacional, con el objeto de solucionar el problema del plazo.

Tal como se ha expresado en el debate, aquí hay dos aspectos: uno de fondo, que queda pendiente -llamémosle así-, y otro de forma, que consiste en fijar un plazo. Nosotros estimamos que éste debe ser hasta el 1° de julio de 1991, porque no nos parece razonable dilatar por más tiempo -alrededor de 9 meses- un tema tan importante.

El plazo propuesto, de poco más de 3 meses, permitirá, por un lado, dictar el reglamento -lo que no se ha hecho-, sin el cual la ley vigente ha quedado incumplida, y, por otra parte, realizar el debate de fondo de esta materia.

Por consiguiente, reitero nuestro apoyo a la proposición del Senador señor González y la sugerencia de votar primero el proyecto y en seguida la indicación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , a mi juicio, el plazo contemplado en el proyecto de ley en discusión es absolutamente inadecuado, ya que no puede considerarse que se requieren 9 meses para dictar un reglamento.

En consecuencia, apruebo la indicación.

El señor GONZÁLEZ .-

Es muy tenebrosa y traumatizante la experiencia que al respecto tenemos en este país, por cuanto no nos hemos preocupado de establecer condiciones que permitan controlar efectivamente la extraordinaria habilidad de algunos financistas o economistas para burlarse de las leyes en materias financieras. Por lo demás, ésta es una manera de protegerlos, toda vez que cuando entran en este tipo de situaciones normalmente terminan en la cárcel. Y también queremos evitar eso. Porque, en el pasado, al visitar a nuestros clientes en los recintos carcelarios, nos hemos encontrado en ellos con distinguidas personalidades del ámbito financiero -lo digo con mucho sentimiento y sinceridad-, en condiciones bastante desmedradas, a raíz de malos manejos en esta materia.

Por lo tanto, tratándose de un plazo que no tiene mayor incidencia ni trascendencia, es obvio que debemos otorgar el tiempo necesario para que se elabore un buen reglamentó, a fin de que permita proteger, no solamente los derechos de los trabajadores, sino, asimismo, a las personas que suelen jugar con este tipo de instrumentos, con tan delicadas y negativas consecuencias.

Por consiguiente, rechazo la indicación, porque considero conveniente y adecuado -a diferencia de lo que piensan otros señores Senadores- otorgar un plazo mayor que permita, con la participación de todos aquellos interesados en el tema -fundamentalmente los trabajadores-, contar con un reglamento que proteja los intereses que he señalado.

He dicho.

El señor RUIZ .-

Señor Presidente , a los argumentos dados solamente quiero agregar que durante el debate de la iniciativa en la Comisión -los señores Senadores que estuvieron presentes pueden dar fe de ello- tanto el Presidente de la Asociación de AFP como el Superintendente respectivo manifestaron que prácticamente era imposible que en el lapso de un par de meses pudiera quedar terminado el reglamento y, por lo tanto, lo que se está haciendo es forzar algo irrealizable. O sea, de aprobarse esta indicación, en tres meses más estaríamos nuevamente discutiendo un nuevo plazo.

Pienso que como norma, para actuar con seriedad, es importante que los señores Senadores se informen debidamente de cuáles son los argumentos que existen al tomar una determinación. Por lo demás, cuando éstos los dan personas serias y respetables, a lo menos -creo yo-, debemos ofrecerles un cierto margen de credibilidad.

En esta oportunidad, aparte de reservarme también el derecho de participar en la discusión de fondo que deberá realizarse sobre este tema, estimo que aquí sólo se está tratando de normalizar una situación que existe de hecho. Y de no aprobarse este proyecto en la forma en que se plantea nos vamos a encontrar con que la situación va a continuar, porque quienes tienen en sus manos dictar los reglamentos han dicho que es imposible hacerlo, especialmente la Comisión Clasificadora de Riesgo.

Por lo tanto, rechazo la indicación de Renovación Nacional.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente , me parece que un plazo de nueve meses es un período natural de gestación; pero en este caso sería de veintidós, y lo considero un poco exagerado. En consecuencia, pienso que con noventa días adicionales habría un período de gestación de quince meses, lo cual es algo que también excede...

El señor HORMAZÁBAL.-

¡La transición demoró diecisiete años!

El señor PIÑERA.-

Finalmente, respondiendo a mi Honorable colega, quiero recordarle que cuando estuvieron los doctores hubo problemas, pero cuando gobernaron los compañeros ocurrió un desastre.

Apruebo la indicación.

El señor GONZÁLEZ .-

¡Pero los problemas le costaron 7 mil millones de dólares al país!

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente , dado que dos señores Senadores han rehusado usar de su facultad de votar por estar pareados, señalo que asumiré igual gesto, pero que es la última vez que procederé así. No tiene sentido alguno que en votaciones que requieren un quórum especial respecto de los miembros en ejercicio se apliquen los pareos. Da lo mismo que los votos en contra sean 1, 0, 18 ó 20. Lo importante es saber si aquellos a favor alcanzan o no a los 24.

Por consiguiente, ningún sentimiento o ánimo de caballerosidad puede impedir a algún señor Senador que ejerza su derecho en una votación que requiere un quórum especial sobre los miembros en ejercicio, y no la mayoría de los presentes, que es para lo cual están concebidos los pareos.

Quiero anunciar a todos los Comités que ésta es la última vez que hago el gesto de caballerosidad de no votar, puesto que no deseo quedar en una posición menos airosa que los señores Senadores que han asumido esa actitud precedentemente.

El señor RUIZ .-

¡De todas maneras usted siempre será un caballero, Honorable colega! ¡No se preocupe!

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Terminada la votación.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Resultado de la votación: 18 votos por la afirmativa, 15 por la negativa y 4 abstenciones.

Queda rechazada la indicación por no haberse reunido el quórum constitucional.

El señor CALDERÓN .-

Señor Presidente , yo estaba en lista para hacer uso de la palabra, pero, en homenaje al tiempo, postergo mi intervención para la oportunidad en que discutamos el problema de fondo.

En general, coincido con el Gobierno en el sentido de que éste es un asunto complejo. Se trata de los fondos previsionales de los trabajadores, quienes deberían también participar. En definitiva, es un problema que amerita una larga discusión en este Senado.

Por lo tanto, dado que nosotros nos referiremos a él en su oportunidad, apruebo el proyecto.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , quiero ser consecuente con lo que expresé al comienzo. Creo que en el proyecto hay dos situaciones: una de fondo, delicada, y otra de forma, más sencilla.

Ha quedado perfectamente claro en el debate que en esta ocasión no está en juego la cuestión de fondo, y que en otro momento, si se da la oportunidad para ello, podremos discutir el problema de la reforma previsional.

Es conveniente normalizar la situación que se produce cuando la ley vigente no se puede aplicar.

Ahora bien, como esta ley es buena y es útil que se aplique, voto que sí.

El señor COOPER.-

Señor Presidente, además de las razones dadas para el rechazo, agrego el hecho de que con este proyecto queda en descubierto determinado lapso hasta el momento en que entre a regir plenamente la ley, cuando se apruebe el reglamento.

Por consiguiente, voto por la negativa.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Resultado de la votación: 19 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y 3 abstenciones.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En consecuencia, se rechaza el proyecto por no haberse reunido el quórum de 24 votos.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

En el cuarto lugar del Orden del Día está el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que autoriza el ejercicio profesional a chilenos que obtuvieron en el exilio los grados y títulos que señala.

--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 21a, en 5 de diciembre de 1991.

Informe de Comisión:

Educación, sesión 38a, en 19 de marzo de 1991.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general el proyecto.

El señor CANTUARIAS.-

Gracias, señor Presidente.

Se trata de un proyecto cuyo informe se halla en manos de los señores Senadores y que, en cuanto a su discusión en el interior de la Comisión de Educación, quisiera abordar tocando cinco puntos en forma muy resumida.

En primer lugar, el estudio de la iniciativa se realizó en cinco sesiones, las que representaron aproximadamente 25 horas de trabajo, con una ronda de consultas a un número importante de autoridades y personalidades vinculadas a las materias propias del proyecto.

Concurrieron a la Comisión de Educación el señor Subsecretario de Educación , los señores rectores de las Universidades de Chile y Católica, el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y representantes del Colegio Médico, del Colegio de Ingenieros, de la Oficina del Retorno, de la Agrupación de Profesionales Graduados en el Exterior y del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación. También hicieron llegar sus observaciones al proyecto los representantes del Colegio de Abogados; en particular, su Presidente , que ostenta además la condición de Presidente de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile y remitió a la Comisión observaciones del Colegio Médico, del Colegio Veterinario y del Colegio de Arquitectos.

En segundo término, deseo señalar que al comienzo de la discusión se planteó el tema referente a la constitucionalidad de la iniciativa, cuyo debate decidimos -según la votación que se expresa en el informe- trasladar a la Sala. En efecto, el N° 16 del artículo 19 de la Constitución Política señala expresamente que "La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.".

Adicionalmente, el N° 2) del artículo 60 de la Carta establece que son materias de ley "Las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley;".

La cuestión que surge con estos dos alcances es si, a la luz de ambas disposiciones constitucionales, puede dictarse una ley que en el fondo regule una materia para la cual la Carta señala un procedimiento distinto.

Esa es la primera consulta sobre constitucionalidad que la Comisión decidió trasladar a la Sala.

Por otro lado, la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en los incisos cuarto y quinto del artículo 31, señala que "Las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos en especial de licenciado, magíster y doctor.

"Corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que impartan.".

El artículo 52 de la misma ley consigna una larga lista de profesiones respecto de las cuales se exige un título o estudio de licenciatura, lista que, como recordarán los señores Senadores, poco tiempo atrás fue ampliada por el Parlamento incluyendo las profesiones de periodismo y de educación de párvulo.

En consecuencia, de esos dos antecedentes surge una segunda pregunta, en cuanto al rango de la iniciativa de ley en estudio. ¿Es ella materia de ley común o, por las disposiciones que afecta, expresamente contenidas en las normas a que he hecho referencia de la ley orgánica constitucional, requiere de una ley de quórum calificado? Y, en ese caso, se produce una situación adicional respecto de la certificación de la forma como ésta habría sido aprobada, en términos de acreditar el quórum en la Cámara de Diputados.

Este tema de la constitucionalidad -tengo entendido que será ampliado por otro de los señores Senadores que participaron en la Comisión de Educación- es sustantivo y debe ser la primera materia del proyecto cuya discusión aborde la Sala.

No obstante lo anterior, la Comisión resolvió estudiar la iniciativa y evacuar un informe -en poder de los señores Senadores- que contiene sus opiniones e incluso modificaciones propuestas por ella.

En tercer término, dentro de los antecedentes legales, sería bueno considerar el decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, que confiere a la Universidad de Chile la atribución -y dice en forma textual- "privativa y excluyente de reconocer, revalidar y convalidar títulos profesionales obtenidos en el extranjero".

Con estas referencias queremos manifestar que la Comisión de Educación abordó el proyecto y expresó su conformidad, según se desprende del informe.

En cuarto lugar, no obstante dejar consignado que este punto debe ser aclarado, el espíritu de la ley en proyecto es el de permitir el ejercicio profesional a personas que obtuvieron grados, títulos u- otros medios habilitantes para el ejercicio profesional en el extranjero, y cuya salida del país, en la mayoría de las veces, fue involuntaria, por lo cual se enmarcaría dentro del ánimo de reparación a que se es^á aludiendo actualmente.

Respecto de esta materia, conviene hacer una prevención adicional. Lo permanente, que dice relación con el trato digno de aquellos profesionales que queremos acoger en nuestra sociedad, es recibirlos en condiciones similares o equivalentes a las que tenemos los profesionales formados en el país. Por lo tanto, estamos hablando de un mecanismo de excepción, pues lo permanente sería asegurar, apoyar y estimular el reconocimiento previsto en la ley y conferido exclusivamente a la Universidad de Chile.

En quinto término, señalaré tanto el contenido de los 9 artículos originales del proyecto como el del artículo 10 del texto despachado por la Comisión.

Los artículos 1° y 2° fijan el ámbito de las personas a quienes beneficiará la ley.

El artículo 3° establece una Comisión Especial. En su oportunidad se manifestó cierta prevención respecto de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en cuanto a crear a través de una ley simple la Comisión Especial encargada de sancionar y aprobar los títulos de los particulares interesados en acogerse a los beneficios que se contemplan.

El resto de los artículos -del 4° al 10, inclusive- se refiere al sistema de operación de la ley. El artículo 4° establece la manera de confeccionar la solicitud; el 5° indica la forma como se pronuncia la Comisión Especial; el 6° señala cómo operan las mayorías en caso de desacuerdos; el 7° impone la obligatoriedad de que la Comisión Especial inscriba en un registro especial que llevará la Universidad de Chile los títulos de profesiones que pueden ejercerse profesionalmente en nuestro país; el 8° se refiere al inicio de las funciones de la Comisión, y el 9° fija la fecha límite para recabar el beneficio. Finalmente, el artículo 10, incorporado por una indicación que presentaron en la Comisión dos señores Senadores integrantes, determina un plazo respecto de la autorización para el ejercicio profesional, fijándolo en tres años a partir de la dictación de la ley.

Ese es el alcance del proyecto sometido a análisis. Esta iniciativa es de primordial importancia para un grupo considerable de chilenos. A mi modesto juicio, es obligación nuestra comenzar por dilucidar las cuestiones relativas a la constitucionalidad y. la forma en que aprobaremos la iniciativa, con el objeto de que mañana no sea eventualmente impugnada o invalidada.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , de manera similar, en algún sentido, a lo sucedido respecto de otras leyes que hemos conocido, tenemos aquí bajo nuestra responsabilidad un precepto que posee una finalidad indiscutible y acerca del cual diría que en el Senado hay unanimidad para estudiarlo. Se trata de la situación de personas que, por circunstancias dolorosas, no se encuentran en condición regular para ejercer determinada profesión cuyo ejercicio requiere -según la legislación vigente- la posesión del título correspondiente.

Habría distintas formas de abordar este problema. Está el procedimiento normal, encomendado a la Universidad de Chile; y habría existido la posibilidad de que, por ejemplo, el Estado hubiera atendido a la situación de estas personas mediante algún mecanismo de asistencia -por becas u otras modalidades- que les permitiera sustentarse adecuadamente mientras regularizaran su situación profesional.

Se optó por otro camino, a mi juicio viable, pero que tiene ciertos tropiezos que es importante prever. O se habilita para el ejercicio de profesiones que requieren título a quienes no lo tienen reconocido o validado; o bien se otorga la facultad de reconocer los títulos entregados, por entidades extranjeras a una Comisión Especial, en lugar de encargar esa tarea a las entidades a las cuales la legislación vigente -algunas de rango muy especial- habilita para ello.

Me explicaré. De acuerdo con la Constitución, como se ha recordado acá, la ley puede señalar -y le corresponde hacerlo- qué profesiones o actividades requieren título para ser ejercidas. Esta es una exigencia legal.

En segundo lugar, ocurre que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza estableció que es facultad exclusiva de las universidades otorgar este reconocimiento.

Y, en tercer lugar, el Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile radica esta responsabilidad en dicho plantel cuando se trata de reconocimiento de títulos otorgados por entidades extranjeras.

Esta es, en síntesis, la esencia del problema.

¿Cuáles son las observaciones? Primero: ¿es conveniente privar de esta responsabilidad, aunque sea temporalmente, a la Universidad de Chile? Segundo: ¿es posible, por simple ley ordinaria, modificar una facultad que la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza reserva a las universidades? Tercero: ¿se podría establecer, pese a que la Constitución señala que corresponderá a la ley indicar las profesiones o actividades que requieren de título para poder ejercerse, que una ley ordinaria dispondrá que tales actividades o profesiones se pueden ejercer sin el título correspondiente?

Nosotros sostuvimos que estos tres puntos debían ser considerados previamente por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, para no correr el riesgo de que un proyecto de ley cuyo despacho a todos interesa -que, según entiendo, viene de la Cámara de Diputados sin constancia de que allí se haya aprobado por quórum calificado- se apruebe por el Senado mediante votación ordinaria, presentándose después el grave inconveniente de que esta normativa pueda ser reparada.

Señor Presidente , quiero hacer presente que, en mi concepto, si sé propusiera una norma para establecer una excepción a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado en; lo relativo a enseñanza, con el quórum correspondiente para atender esta situación, y si se facultara a otra entidad -no a la Universidad de Chile ni a otra- para reconocer títulos otorgados en el extranjero a determinadas personas, tal camino sería, a mi juicio, viable. Pero, tal cual está presentado el proyecto, en el sentido de ser tratado como ley ordinaria, creo que, por lo menos, está infringiendo flagrantemente la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Ahora, como no pretendo ser ni infalible ni particularmente docto, esto lo planteé como una duda en la Comisión, y allí nos pareció conveniente, por diversas causas, traerla a la consideración de la Sala. Juzgo que es de la más elemental prudencia que este asunto sea resuelto con la mayor urgencia por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Si ella nos da el pase y no estima que el asunto envuelve problema, por mi parte no tengo dificultad alguna en atenerme al criterio que fije.

He dicho, señor Presidente.

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente , creo que, primero, sería conveniente despejar el problema constitucional para entrar luego derechamente al fondo del asunto; y pienso que no es tan difícil hacerlo, por cuanto la norma constitucional que exige que la ley determine las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, lo que está reclamando es que aquellas profesiones respecto de las cuales la ley determina que requieren grado o título no pueden, naturalmente, ser ejercidas sin que se cumpla tal requisito.

Distinto es si ese grado o título ha sido obtenido en el exterior y una ley -que es la que estaríamos aprobando en esta oportunidad- lo valida, pues estamos de modo inequívoco dentro del marco constitucional.

Me parece igualmente claro que se requiere el quórum de ley orgánica constitucional, porque se trata de una norma de excepción -transitoria- a la ley orgánica constitucional que autoriza, según aquí ya se ha relatado, a la Universidad de Chile para otorgar estos títulos. De manera que ella requiere un quórum de ley orgánica constitucional; pero es perfectamente constitucional.

Esa sería mi aproximación al tema. Y si hubiera un parecer acorde en el Senado, podríamos obviar el pase a la Comisión de Constitución, dada la premura que tiene el despacho del proyecto.

El señor GAZMURI.-

Entiendo que aquí hay o puede haber un problema en los aspectos constitucionales de la ley, y me parece conveniente que esas cuestiones se traten primero.

Quería referirme más bien a la parte sustantiva del proyecto y, por tanto, si algún señor Senador más docto que yo en materias constitucionales deseara referirse a ellas, yo no tendría problema en que hiciera uso del derecho de interrupción.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente , quiero precisar que no soy docta, pero, en todo caso, el problema sí me interesa y lo he estudiado.

El artículo 19, número 16°, de la Constitución Política se remite a la ley que determina las profesiones, y la verdad es que este proyecto de ley, tanto en el texto que propone el Ejecutivo cuanto en el aprobado por la Comisión, con las reticencias que aquí se han señalado, no determina ninguna profesión. En él queda entregada a la Comisión la determinación de las profesiones según los títulos o grados obtenidos en el exterior. De ahí surgía una de las grandes dudas sobre la constitucionalidad de la ley.

He dicho, señor Presidente.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente , creo que estamos en presencia de una tramitación relativamente anómala de este proyecto, porque, sin interferir en las atribuciones de la Comisión de Constitución, la verdad es que, para pronunciarse sobre la constitucionalidad de ciertos contenidos del proyecto, esa Comisión estaba facultada. No lo ha hecho, y ha elevado en consulta a la Sala una serie de problemas cuya dilucidación jurídica requiere a lo menos un mínimo de meditación.

Si se estima pertinente que sea la Comisión de Constitución la que los absuelva, la verdad es que eso debió considerarse mucho antes y no en el momento en que se pone en conocimiento de la Sala.

En todo caso, comparto la sugerencia que hace el Honorable señor Guzmán . Si fuéramos capaces de concluir con cierta rapidez -y sobre la base de que además hay voluntad política para aprobar la iniciativa- en algunos elementos que permitan clarificar la situación de constitucionalidad, creo que podríamos avanzar y aprobarlo.

Solicito, para los efectos de poder llegar a un acuerdo comprensivo y del que nadie se sienta excluido, del que no surjan dudas, que se suspenda la sesión por diez minutos para resolver el tema. Porque, dialogando entre todos, ello no será posible.

Gracias.

El señor CANTUARIAS.-

Gracias, señor Presidente.

En la reunión de Comités, actuando con la expedición que la urgencia del proyecto amerita e intentando a la vez absolver de la mejor forma posible las cuestiones planteadas, hemos resuelto proponer a la Sala la adopción de los siguientes acuerdos:

Sugerir aprobar de inmediato la idea de legislar.

Requerir la opinión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento sobre los planteamientos relativos a la constitucionalidad o al rango con que la norma legal debe ser aprobada.

Y, por último, y habida consideración de que ya se han recibido por parte de la Secretaría algunas indicaciones, ampliar el plazo para su recepción hasta el mediodía del sábado 23 de marzo, con el objeto de que éstas sean tratadas por la Comisión de Educación y lleguen con el segundo informe a la Sala, que podría ser tratado en conjunto con aquel requerido a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Proponemos ese procedimiento con el objeto de agilizar el trámite de aprobación de este proyecto de ley.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Thayer .

El señor THAYER .-

Señor Presidente , hay que dejar constancia a todo evento del quórum de votación.

El señor GAZMURI.-

Hay que dejar constancia de la votación.

Si existiera acuerdo de la Sala, se procedería en la forma señalada por el Honorable señor Cantuarias.

No habiendo oposición, se aprobaría el proyecto por unanimidad, dejándose constancia en acta del número de Senadores presentes para los fines del quórum, según lo que en definitiva se resuelva después de recibir el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

El señor GAZMURI.-

¿Cuántos son los señores Senadores presentes?

El señor VODANOVIC.-

Y de que se levantan los pareos, con la autorización de los Comités contrarios.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

En consecuencia, se daría por aprobado en general el proyecto con el voto unánime de los 32 Senadores presentes.

El proyecto pasaría para segundo informe a la Comisión respectiva con las indicaciones que se le han formulado y, además, se enviaría a la Comisión de Constitución para que informe sobre el quórum requerido.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

El Honorable señor Cantuarias también se refirió al plazo para presentar indicaciones.

El señor CANTUARIAS.-

El sábado 23, a mediodía- Ese día hay Congreso Pleno y vamos a estar aquí.

El señor EYZAGUIRRE (Secretario).-

El plazo para recibir indicaciones es hasta las 12 horas del sábado 23 de marzo.