Labor Parlamentaria

RESPUESTA A UNA CAMPAÑA INNOBLE

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Quedan 7 minutos al Comité Renovación Nacional.

Ofrezco la palabra.

El señor THAYER .-

Señor Presidente , voy a continuar en el tiempo que me ha cedido el Comité Renovación Nacional.

INDEFINICIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE PAPEL DEL ESTADO

El señor GUZMÁN.-

Señor Presidente, Honorables colegas:

Hace algunas semanas, el Presidente de la Juventud Demócrata Cristiana expresó públicamente que, si bien su partido "puede sobrevivir hoy día con un discurso de economía mixta y crecimiento con justicia social, creemos que en 1994 el electorado va a demandar opciones mucho más claras".

Agregó el mismo dirigente juvenil que dentro de su colectividad conviven dos visiones: una sostiene que "el triunfo del liberalismo político y económico es un hecho y que, dentro de esa realidad, al Partido Demócrata Cristiano le corresponde ser un administrador que le dé justicia al sistema", en tanto que el otro enfoque -del cual participa el timonel de la juventud de esa colectividad política- afirma que "los valores y la doctrina de la Democracia Cristiana están más presentes que nunca y que el peor error que podríamos cometer es bajar nuestras banderas de cambio y nuestros postulados axiológicos".

Aludo a dichas declaraciones en este Senado, no en el ánimo de entremeterme en lo que puedan ser las meras definiciones pendientes de un partido político. Menos aún me guía el propósito de recurrir a la socorrida estratagema de atizar potenciales diferencias internas de otras colectividades, en busca de un juego polémico ventajista o menor. Lo que me interesa esta tarde es reflexionar frente al país acerca de un fenómeno al que atribuyo la mayor importancia para el devenir actual y futuro de Chile.

La Concertación hoy gobernante ha proclamado, desde su origen como conglomerado político, que los proyectos de sociedad de los partidos que la integran deben posponerse para una fase ulterior, centrando ahora todo su énfasis en el afianzamiento del régimen democrático y la conquista de una mayor equidad social, y manteniendo el progreso y crecimiento alcanzado por la economía chilena en los últimos años.

El contenido de las cinco tareas que el actual Presidente de la República delineó para su Gobierno, en su discurso ante el Congreso Pleno el 21 de mayo pasado, se inscribe en ese muy genérico marco.

En tal perspectiva, el Gobierno y la Concertación que lo apoya procuran obviar definiciones conceptuales básicas respecto de los proyectos de sociedad que inspiran a sus diversos partícipes.

Tiene razón el Presidente de la Juventud Demócrata Cristiana cuando advierte que en las próximas elecciones la ciudadanía reclamará opciones mucho más claras. Pero yo voy más lejos: considero que, aunque la opinión pública todavía no las haya exigido para brindar su apoyo electoral, el país necesita imperiosamente esas definiciones, esenciales para ser bien gobernado.

Jamás el hombre puede emprender una tarea conductora sin tener un objetivo final claro. A diferencia de los seres que se mueven por simples instintos, el hombre posee la facultad y el deber de proyectar cada uno de sus actos en el tiempo, previendo y evaluando sus efectos con sentido de futuro. Por eso, es el único ser sujeto de historia. ¿Y puede acaso gobernarse un país sin asumir el desafío de hacer historia? O, planteado de otro modo, ¿es incluso posible concretar una aspiración tan exigente como la de combinar crecimiento con equidad, es decir, desarrollo económico con progreso social, sin un proyecto de sociedad con perfiles nítidos que indique el derrotero para conseguir el propósito enunciado?

Es efectivo que en la década de los 60 Chile fue víctima de un proceso mundial de sobreideologización que dañó gravemente a nuestra patria. Celebro que los sectores políticos más relevantes admitan lo negativo de tal realidad y encaren sus definiciones -o redefiniciones- conscientes del imperativo de no reincidir en utopías irreales o en dogmatismos rígidos. Sin embargo, el pragmatismo no puede confundirse con la ambigüedad o la inconsistencia. Una cosa es rechazar los ideologismos y otra muy diferente, carecer de ideas. Sin ideas claras, resulta imposible construir algo de auténtica envergadura.

Estimo que en esta parte radica el talón de Aquiles de la Concertación gobernante en lo socioeconómico. Y deseo subrayar que ello no constituye una falencia que sólo preocupe desde una perspectiva intelectual o política de mediano plazo. Se trata de una cuestión que ya hoy afecta la forma de abordar los diferentes problemas específicos que más directa y tangiblemente afectan a cada chileno. Me interesa así precisar un punto de especial trascendencia doctrinaria, pero también de fuertes repercusiones prácticas en los principales tópicos que nos corresponderá abordar en este período.

Ningún tema socioeconómico relevante resulta ajeno al concepto que se tenga sobre el papel del Estado. Y, a su vez, ello expresa y compromete toda una visión acerca del hombre y la sociedad.

Nuestro partido, la Unión Demócrata Independiente, adhiere resueltamente al principio de subsidiariedad, asumiéndolo como clave de un orden social que respete la libertad y favorezca el progreso y la justicia. Más aún: entendemos que el principio de solidaridad inherente a una recta concepción del bien común sólo puede plasmarse debidamente a través del respeto y aplicación de ese primer principio.

Formulado por la doctrina social de la Iglesia, el principio de subsidiariedad postula que así como no es lícito que las sociedades asuman lo que los individuos pueden realizar por sí mismos, tampoco es legítimo que el Estado absorba tareas que pueden llevar a cabo adecuadamente los particulares, sea en forma individual o a través de las agrupaciones intermedias que las personas decidan formar.

Conforme a esta concepción, al Estado competen dos clases de tareas.

En primer lugar, aquellas que, por su naturaleza, no podrían jamás desplegarse por los particulares, tales como la defensa nacional; las relaciones exteriores; la dictación y la aplicación judicial o administrativa délas normas jurídicas que regulan la convivencia social, y la acción redistributiva que se requiera para eliminar la miseria y promover crecientes oportunidades para todas las personas. Estas son misiones indelegables del Estado.

Por otro lado, le compete, por vía de suplencia, asumir aquellas actividades necesarias o claramente convenientes para el país que, siendo propias del ámbito de los particulares, en una determinada circunstancia no puedan asumir adecuadamente éstos.

Con todo, el carácter de suplencia de la tarea estatal en cualquier campo que por su naturaleza no sea propio e indelegable del Estado denota un vacío o falla del cuerpo social que debe aspirarse a superar. Es probable que jamás se arribe al ideal de que los habitantes de un país desarrollen todas las actividades que éste requiere y que podrían ser desplegadas por los particulares. Debido a ello, tal vez siempre dicha acción supletoria será amplia e importante. Pero si se tiene cabal conciencia de que el requerimiento de esta forma de actuación estatal supone una insuficiente vitalidad creadora de las personas, el propio Estado asumirá su responsabilidad de estimular a los particulares para que aborden esas actividades o aumenten su iniciativa en ellas.

Lejos de considerar que el Estado se menoscaba por disminuir su tamaño o su actividad, como consecuencia de crecer la iniciativa particular en todos los ámbitos que le están potencialmente abiertos, quienes postulamos el principio de subsidiariedad creemos que tal realidad beneficia al país, y también favorece un Estado más eficiente en sus trascendentales tareas propias e indelegables. El aparato estatal pierde grasa, pero gana en dinamismo y vigor. No se convierte el Estado en más pasivo o inactivo, como algunos equivocadamente denuncian, sino en menos absorbente, pero mucho más eficaz. Hace mejor lo que sólo él puede realizar.

Suelo observar una confusión de criterios respecto de la materia. Destacados dirigentes políticos y sociales afirman con frecuencia que en tal o cual campo la misión del Estado debe ser preponderante y no subsidiaria. Esto se escucha acerca de la educación, la salud u otras áreas.

Creo oportuno esclarecer que, a mi juicio, ello envuelve un serio error. Siempre que no se trate de una función exclusiva e indelegable del Estado (y ni las prestaciones de servicios educacionales o de salud lo son), la responsabilidad estatal debe entenderse subsidiaria o supletoria. Aun cuando nuestra actual o futura realidad social exija que, por algún tiempo breve o largo, el Estado asuma la mayor parte de las prestaciones educacionales o de salud, ello no implica que esta acción pierda su rasgo subsidiario mientras se circunscriba a lo que el país necesita y los particulares no están en condiciones de abordar; o sea, a su extensión legítima. El respeto a la subsidiariedad estatal no se mide, así, por la mayor o menor magnitud porcentual de la acción del Estado en un determinado ámbito, sino por la legitimidad de ésta, según el criterio recién enunciado.

Tal precisión no entraña una mera disquisición conceptual, sino que reviste decisivas implicancias prácticas. En efecto, si el Estado asume o conserva tales funciones, consciente de su índole subsidiaria, recae sobre sus propias autoridades la responsabilidad de llevarlas a cabo de tal forma que se favorezca el incremento de la iniciativa particular, a fin de permitir la progresiva reducción de la actividad del Estado en ese rubro.

En síntesis, el Estado subsidiario no es reacio a reducir su acción supletoria. Ni siquiera es indiferente a ello. Busca y anhela las condiciones que posibiliten esa reducción como uno de sus objetivos más preciados, por representar la contrapartida de incentivar una mayor vitalidad creadora y participativa del cuerpo social.

Señor Presidente:

Me he extendido en esta materia porque observo una seria indefinición del actual Gobierno al respecto. El Mensaje Presidencial del 21 de mayo pasado insinúa tenuemente un enfoque subsidiario del Estado con relación al ámbito productivo. Pero, aparte de faltar una formulación más explícita en este sentido, ella se diluye por entero cuando se analizan los criterios que guían las diversas políticas sectoriales del campo social. El Gobierno de la Concertación está, así, muy lejos de comprometerse con una cabal concepción de un Estado Subsidiario.

A mi juicio, esto encierra suma gravedad, porque frente al principio de subsidiariedad no hay otra alternativa que no sea el estatismo. Ninguna apelación elegante al eclecticismo y ningún equívoco pragmatismo podrán encontrar formulaciones equidistantes entre la subsidiariedad estatal y el estatismo. Dicho de otro modo, no existen posiciones intermedias reales entre una y otro. Por eso, si bien la Concertación declara haber superado los esquemas estatistas, de hecho ellos emergen en muchos de sus enfoques económico-sociales.

Es efectivo que hoy se registra una renovación en sectores que hasta hace poco postulaban predicamentos colectivistas totalitarios que ahora han abandonado. Pero los colectivismos son sólo las expresiones más agudas del estatismo. Y los partidos que forman la Concertación siguen impregnados de marcado sesgo estatista, porque aún distan largamente de aceptar el principio de subsidiariedad.

Sólo así se explican frases como las pronunciadas por diversas autoridades del actual Gobierno cuando afirman que no son estatistas ni privatistas. O que no habrá estatizaciones de empresas, pero tampoco se impulsarán nuevas privatizaciones.

A esto le llaman pragmatismo. Pero, en realidad, nos encontramos ante inocultables resabios estatistas.

Ni la creatividad personal ni el sector privado pueden emerger con toda su potencialidad sin la resuelta voluntad de disminuir el tamaño y la acción del Estado en toda la medida en que las circunstancias lo posibiliten, conforme al bien común. Podrá discutirse en cada caso cuál es el margen de la reducción estatal adecuada. Podrá debatirse cómo estimular en cada sector el auge de la actividad particular. Podrá precisarse, también, el mejor momento y modo de privatizar una empresa o tarea, según sus características.

Es cierto que la concepción de un Estado subsidiario no excluye diferentes apreciaciones específicas en la tarea siempre ardua de traducir un principio a la realidad, un principio a la práctica. En tal desafío no hemos estado exentos de errores. Probablemente, nadie lo estará nunca del todo. Pero entre quienes adherimos a tal concepto siempre habrá claridad en el sentido de que el ideal al cual debemos aproximarnos conlleva procurar que los particulares sean dueños de la mayor cantidad de empresas posibles; que los particulares asuman el mayor porcentaje posible de la inversión; que los particulares presten la mayor cantidad de servicios educacionales, de salud o de seguridad social posibles. Así, el Estado puede ir progresivamente circunscribiéndose a las funciones reguladoras de esas áreas y a las demás tareas que, por su naturaleza, le competan de modo indelegable.

Frente a lo anterior, el vacío lugar común de la Concertación gobernante de limitarse a propiciar una armonía entre el Estado y el sector privado, sin definir principios ni esbozar criterios claros respecto de cómo determinar esta relación, ni siquiera alcanza a disimular la evidente voluntad deliberada de ser ambiguo para no verse abocado a precisar nada.

Ahora bien, en esta materia nadie puede engañarse: la inercia conduce al estatismo. Superar progresivamente el estatismo reclama una convencida lucha contra las fuerzas de la inercia. Y tal convencimiento sólo puede cristalizarse en torno de principios sólidos. De ahí que la indefinición disfrazada de pragmatismo deriva fatalmente en estatismo.

Tengo la impresión, señor Presidente, de que las fuerzas políticas de la Concertación gobernante afrontan un hondo dilema.

Pienso que el desplome del paradigma del "centralismo democrático" leninista, para algunos; la íntima convicción de la irrealidad del socialismo comunitario, para otros, y el fracaso mundial creciente de las propuestas estatistas, para todos, tiene a los partidos de la Concertación sumidos en un profundo desconcierto. No se resuelven a abandonar sus atávicos resabios de estatismo que, consciente o subconscientemente, reaparecen entre sus propias dirigencias y cuadros. Pero también intuyen que no hay propuesta válida de futuro que no atraviese por ese amargo trago depurador.

Valoro enormemente los horizontes que esa etapa de búsqueda ofrece a los partidos oficialistas. Anhelo muy sinceramente que ello se traduzca en formulaciones renovadas y modernas que superen todo estatismo. Pero, entretanto, he juzgado un deber alertar a la ciudadanía de que, si bien las indefiniciones sobre temas tan capitales pueden facilitar la conformación de un arco iris electoralmente exitoso, ello tiene un precio -aún inmediato- de proyecciones insospechadamente delicadas para Chile. Considero que tal ambigüedad conspira contra el acertado gobierno de un país, incluso respecto de un período histórico y constitucional como el que hoy vivimos.

Por nuestra parte, estamos convencidos de que la plena aceptación del principio de subsidiariedad es el único enfoque congruente con la dignidad espiritual del hombre, con su consiguiente primacía sobre el Estado y con el debido respeto a las autonomías de las organizaciones sociales intermedias para perseguir sus fines específicos.

A su vez, este conjunto de principios representa el camino comprobadamente más adecuado para impulsar un mayor desarrollo económico y social, en armonía con la libertad de los individuos para resolver su propio destino personal y familiar.

Presiento que en torno de esta materia estriba una de las principales discrepancias entre las fuerzas gobiernistas y las opositoras. Pero más profundamente percibo que allí late una definición inesquivable, a la cual ningún sector gravitante de la comunidad nacional podrá sustraerse.

Muchas gracias, señor Presidente.

REFORMA LABORAL

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, se ha anunciado en el día de hoy la entrega al Presidente de la República de un anteproyecto de ley cuyo objetivo es reformar el Código del Trabajo.

Quizás ninguna iniciativa legal en Chile pueda merecer tanta atención y alentar tantas esperanzas como la revisión de la legislación laboral.

El país sabe que quienes constituimos Oposición a la Administración pasada enfatizamos, como uno de los temas centrales de nuestra crítica, en la estructura legal que había ido consolidando el Régimen militar en el campo de las relaciones laborales. Entendimos que se había establecido un sistema que, bajo el pretexto de obtener equilibrios macroeconómicos, perjudicaba gravemente a la masa trabajadora, y que, con el horizonte de lograr un pleno desarrollo económico para nuestra sociedad, la privaba de derechos legítimamente adquiridos. De tal suerte que, cuando hoy en el Parlamento nos aprontamos a iniciar el estudio y posterior sanción de una legislación cuyo objeto primordial es revisar esas injusticias, nos ha parecido oportuno plantear algunos puntos de vista en torno de esa materia.

Consideramos que el tratamiento de esta normativa debe referirse a la concreción de algunos principios básicos: en primer término -obvio es decirlo-, recuperar para los trabajadores chilenos un conjunto de derechos y beneficios que fueron el producto de su lucha histórica; en segundo lugar, facilitar el desarrollo de un adecuado marco de concertación entre trabajadores y empresarios, finalmente, incidir en una legislación que, sin perjuicio de conseguir los objetivos antedichos, contribuya a preservar y profundizar las posibilidades de un sostenido desarrollo económico para el país.

En torno de esos objetivos y principios básicos, nos parece útil expresar de manera resumida algunos criterios que pueden ilustrar y ser un marco de referencia para el debate posterior que oportunamente realizaremos tanto en esta Sala como en la Cámara de Diputados. Ellos son los siguientes.

Negociación Colectiva y Huelga

1. Negociación informada. Somos partidarios de introducir en la legislación una cláusula que obligue a los empleadores a entregar toda la información que permita a los sindicatos negociar en forma responsable e informada.

2. Ampliación de los temas de negociación. Consideramos indispensable que la legislación incorpore modificaciones que contemplen una efectiva extensión de las materias por ser negociadas; particular trascendencia entre ellas tiene la capacitación profesional.

3. Negociación de los sindicatos interempresas. Compartimos el criterio de privilegiar la ampliación del derecho a la negociación colectiva, que pasa por extenderlo a los trabajadores que laboran en pequeñas empresas.

Las proposiciones a este respecto son:

a) Ampliar la constitución de sindicatos interempresas (necesitarán 100 socios para constituirse) a todos los trabajadores que laboran en empresas con menos de 50 trabajadores (siendo opcional para las empresas de entre 25 y 49 trabajadores el sindicato de empresa);

b) Para que el sindicato interempresa pueda negociar por los trabajadores de sus empresas deberá tener la afiliación del 50% de ellos;

c) La negociación colectiva de estos sindicatos deberá tener una definición espacial, que consideramos debe ser la provincia.

4. Negociación por áreas. Si bien no somos contrarios a la idea (los países desarrollados tienen este sistema), un criterio de realismo nos lleva a no insistir en ella por ahora. En esta medida, nos parece aceptable la proposición de facultar a las federaciones y confederaciones para la suscripción de convenios colectivos. Y, para que dichos convenios colectivos tengan un sentido en la práctica sindical, se deberá estipular en la legislación que ellos constituyen el "piso" de toda negociación por empresa o la que suscriban los sindicatos interempresa.

5. Huelga. Estando plenamente de acuerdo en el principio de la libertad para ejercer la huelga (fin a la contratación de personal de reemplazo, término del descuelgue y del plazo de 59 días), el problema se suscita en la mediación y arbitraje. Ante ello, proponemos:

a) Mediación podrá haber en cualquier momento convocada por ambas partes.

b) Arbitraje obligatorio con término de la huelga en los siguientes casos:

1. Solicitado por el sindicato en cualquier momento.

2. A petición del empleador cuando éste ha ofrecido la mantención del contrato vigente, más la reajustabilidad del 100% del IPC.

3. Cuando el mediador ha hecho una oferta equivalente al contrato vigente, más el 100% del IPC.

4. A los 60 días de huelga, convocado por cualquiera de las partes.

Término del Contrato de Trabajo

Respecto de los puntos de diferendo, nuestras proposiciones son:

1. Causal de necesidades de la empresa. Nos parece necesario formular más precisamente la causal relativa a "necesidades de la empresa", que reemplazaría a la letra f) del artículo 155 del Código del Trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de "falta de adecuación de los trabajadores", establecer que esta norma es aplicable en los casos en que el empleador dio alternativas de capacitación y no se cumplió con los requerimientos de ella.

2. Despido injustificado. Somos partidarios de que exista la alternativa de recontratación o de cobro de la indemnización recargada en 25%. Ello habría que vincularlo a una reforma de la justicia laboral donde el juicio de despido sea sumario y la tramitación tenga un plazo máximo de 90 días. En la tradición chilena la recontratación no era posible, por cuanto salía más cara que el pago de la indemnización.

3. Despidos colectivos. Estando de acuerdo en que éstos tengan un mínimo de 10 trabajadores o el 10% de la planta, nos parece que deben cumplir con algunos requisitos:

a) Información al sindicato con quince días de anticipación (a lo menos), para que pueda organizar la defensa legal o la elaboración de proposiciones alternativas.

b) Información a la Dirección del Trabajo o a las Inspecciones del Trabajo con 15 días de anticipación, entregando fundamentos que justifiquen la necesidad, con lo cual dichos organismos procederán a autorizarlos o a solicitar información complementaria, sin perjuicio, naturalmente, del ejercicio irrestricto de la potestad de los tribunales para conocer sobre el fondo de estos despidos.

Organizaciones Sindicales

1. Federaciones y confederaciones. Nos parece necesario establecer requisitos que terminen con la tendencia a la gran dispersión existente. Una federación debería ser la agrupación de 3 o más sindicatos, siempre y cuando éstos reúnan a más de 300 afiliados. La confederación deberá requerir 5 federaciones o más de 20 sindicatos, siempre que éstos reúnan a lo menos 3.000 afiliados.

2. Cotización sindical. Nuestras propuestas son:

a) Obligatoria para todos los sindicalizados y todos los trabajadores que se beneficien de contratos colectivos.

b) La ley deberá establecer la cotización mínima en 1% de los salarios.

c) La ley deberá consignar los aportes que hacen los sindicatos a las organizaciones superiores a que están afiliados: el 10% a la central y el 20% a repartir entre federación y confederación.

d) Los sindicatos no afiliados a estructuras superiores podrán voluntariamente cotizar a ellas o a fondos de educación y extensión que creen las organizaciones sindicales.

Estimamos que los propósitos de justicia social, equidad en las relaciones trabajadores-empresarios, fortalecimiento de los actores sociales y paz social sólo se logran por la persistencia en el diálogo y en una efectiva voluntad concertacionista. Sabemos de las dificultades, pero es un imperativo moral para dar estabilidad al país y salir adelante en esta compleja transición a la democracia.

Nada más, señor Presidente .

CREACIÓN DE OFICINA NACIONAL DE RETORNO. OFICIO

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, hace algunos días la Cámara de Diputados conoció el proyecto de ley que crea la Oficina Nacional de Retorno. Nuestra Corporación tendrá que pronunciarse sobre él en breve.

Soy, como muchos miles de chilenos, alguien que vivió el exilio y, por tanto, también el proceso del regreso a la patria. En verdad, volver después de un alejamiento de esta naturaleza (de la familia, de los amigos, del entorno sociocultural), tras 16 años, es complejo, quizás mucho más que un simple retorno. Es la reinserción en una sociedad que distaba mucho de ser aquella que habíamos dejado. Y el retorno es, en consecuencia, en una primera etapa, tanto o más difícil que el exilio mismo, porque se produce de hecho una incongruencia cognitivo-afectiva entre las expectativas que nos habíamos formado y la realidad que nos toca enfrentar.

Por esto, siento que el retorno ha sido, desde un punto de vista sicológico, un reexilio y que debe ser abordado como tal.

Pensemos, incluso, en cuánto más difícil es esta misma situación para quienes debieron abandonar el país en su niñez, o para los que nacieron en el exilio, pasaron toda su adolescencia en el exterior y regresan a un Chile con el cual no tienen ningún lazo afectivo que les permita identificarse. No tienen aquí, en nuestra patria, raíces; carecen de una identidad con la nación de sus padres; no poseen ninguna vivencia que los haga sentirse "chilenos", salvo aquellas muy indirectas que les han sido transferidas por sus padres, allá, en la distancia, muy lejos del entorno real.

Creo que el problema del exilio versus retorno debería ser enfrentado considerando algunos aspectos substanciales, entre los cuales deseo destacar dos.

El exilio-retorno constituye una problemática que compromete de hecho a la nación entera, y particularmente al Estado de Chile. Ha pasado a ocupar un lugar y a convertirse en una situación que es responsabilidad directa de aquél, porque ha involucrado a decenas de miles de chilenos que debieron abandonar el país, no por su voluntad. Se trata de una de las emigraciones forzosas más importantes del continente, y la única de nuestra historia. Es tarea nuestra, del Gobierno, abordar y dar solución a este problema heredado del pasado. Y es tarea del Gobierno -afirmo- porque vivir en el territorio patrio es un derecho inalienable del ser humano; es el derecho que tiene toda persona a permanecer en la tierra que la vio nacer; es el derecho al terruño, a un espacio vital para desarrollarse, procrear y progresar. El retorno es, por tanto, "nuestro problema", una situación conflictiva, propia de la transición, y es nuestra obligación asumirla en toda su complejidad.

En segundo lugar, si bien es cierto que existen diversos organismos que han otorgado su colaboración para solucionar en algunos aspectos los numerosos problemas que involucra el retorno de exiliados (la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas; el organismo Plan de Reinserción Laboral; el Servicio Mundial Universitario, entre otros), su acción, aunque ha sido y seguirá siendo una ayuda valiosa, ha resultado, desde todo punto de vista, insuficiente. Obviamente, es comprensible que así sea, porque carecen en forma absoluta de la competencia legal necesaria para resolver diferentes asuntos imprescindibles para un "retornado", como son, por ejemplo, los vinculados con cuestiones laborales, jubilaciones, pensiones, previsión; validación de estudios y continuidad escolar; aspectos de salud, vivienda, trabajo, etcétera.

Tampoco han sido atendidos con el profesionalismo que se requiere y en la proporción necesaria los múltiples y complejos problemas de niños y adolescentes que están sufriendo las consecuencias sicosociales de este difícil proceso que significa adaptarse a un nuevo país. En la práctica, muy pocos organismos han atendido estas situaciones. Casi como excepción, el FASIC ha otorgado atención individual y grupal en sesiones de terapia a algunos de los muchos que requieren estos servicios.

Si consideramos que estos miles de niños y jóvenes provienen de países que no sólo tienen diferente idioma, sino también creencias, concepciones y, fundamentalmente, valores, costumbres y modus vivendi completamente distintos de los nuestros, entendemos el porqué del "shock cultural" y del creciente aislamiento, inseguridad, falta de identidad y complejos problemas de personalidad, como consecuencia de su desadaptación.

Apoyo, por tanto, señor Presidente y Honorables colegas del Senado, la creación de un organismo que, a nivel gubernamental, centralice y enfrente en forma coherente, coordinada y responsable el problema delexilio-retorno.

Sólo un organismo de tal naturaleza estaría en condiciones de enfrentar esta situación en forma adecuada, siempre y cuando cuente con los recursos e instrumentos necesarios, lo cual requiere el apoyo del Gobierno, pero también la cooperación, la voluntad y la participación nuestra, así como la colaboración que también puedan otorgarle otros países, particularmente aquellos que dieron solidaria acogida al exilio chileno.

Es un techo que ningún Ministerio podría abordar en forma integral este problema; se requiere necesariamente de una entidad que enlace la acción de diferentes Secretarías de Estado y servicios, así como la de países que colaborarán para enfrentar la conflictividad del retorno. Más aún, para lograr la colaboración de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), u otros, es requisito indispensable la existencia de una instancia que, a nivel gubernamental, gestione la participación de entidades de este tipo.

Examinar con la debida atención y plenitud lo que involucra la problemática del retorno y buscar la mejor solución posible es, sobre todo, una cuestión de justicia; pero también es intentar lograr "caminos de encuentro" que nos permitan hacer en mejor forma el tránsito a la democracia.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Quedan siete minutos al Comité Radical.

El señor NAVARRETE .-

Quisiera, señor Presidente, que se transcribiera el texto de mi intervención al Ministerio de Justicia.

El resto de nuestro tiempo lo cedemos al Honorable señor Pacheco, del Comité Demócrata Cristiano.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se procederá como lo ha solicitado, señor Senador .

PRECISIONES ANTE INTERVENCIÓN DE SENADOR SEÑOR THAYER SOBRE "RESPUESTA A UNA CAMPAÑA INNOBLE"

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra.

LEGISLACIÓN SECRETA Y RESERVADA DURANTE GOBIERNO ANTERIOR. OFICIO

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, señores Senadores:

Uno de los fenómenos jurídicos más notables que ocurrieron en Chile en los 16 años y medio del Gobierno anterior fue que una parte importante de la normativa legal que se nos impuso tuvo carácter secreto o reservado. Se trataba formalmente de leyes, es decir, de reglas sociales obligatorias establecidas en forma permanente por la autoridad pública y sancionadas por la fuerza. Pero estas reglas que nos vimos obligados a cumplir -que o importaban conceder a las autoridades públicas facultades sobre nuestros derechos y bienes, o permitían disponer de fondos que a todos nos pertenecían y que se generaban con el trabajo de todos, o trataban de cualquier otro asunto de aquellos que la Constitución considera como "materia exclusiva de ley"-, fueron sustraídas de nuestro conocimiento.

Debo hacer presente que en la época democrática también se dictaron algunas leyes reservadas. Analizada la legislación entre 1926 y 1973, se observa que en los últimos cuarenta y siete años cíe funcionamiento del Parlamento se dictaron doce leyes especiales. Sólo en una de estas leyes reservadas hay alguna referencia a su historia. Ello ocurre en la Nº 17.914, cuyo Título I fue publicado en el Diario Oficial del 8 de marzo de 1973; pero su Título II, por mandato de un artículo transitorio, debería publicarse en anexo de circulación restringida del Diario Oficial. De la única remisión al debate parlamentario, se desprende que hubo unanimidad en ambas ramas del Congreso Nacional en aceptar lo propuesto en el Mensaje del Ejecutivo en cuanto a que se trataría de una ley reservada. Ciertamente, tal circunstancia constituye una garantía de que en la parte secreta no se habrían podido afectar los derechos fundamentales de las personas. Pensamos que la misma unanimidad ha debido producirse en los otros once casos, ya que el órgano más representativo de la soberanía popular no podría haber autorizado lo contrario.

Sin embargo, creemos que la garantía ciudadana de que la reserva de la ley haya sido acordada por el Parlamento, no le quita gravedad al hecho. En general, la ley no puede ser secreta, pues es una declaración de la voluntad soberana del pueblo, y es absurdo sustraerla a su conocimiento.

Por razones de Estado, algunas materias deben ser sustraídas del conocimiento público, pero ello debe constituir la excepción.

Es efectivo que aun en las democracias más perfectas se justifica algún grado de sigilo respecto de ciertas leyes, exigido por razones de bien común o de seguridad nacional.

Pero no parece justificable que durante el Gobierno anterior se hayan dictado alrededor de ciento cincuenta leyes, decretos leyes o decretos con fuerza de ley "reservados" o "secretos".

El artículo 1° del Código Civil establece que "La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite.".

El artículo 6° del mismo Código dispone que "La ley no obliga sino una vez promulgada en conformidad a la Constitución Política del Estado y publicada de acuerdo con los preceptos que siguen.".

El artículo 7° de ese Código prescribe que "La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria.

"Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el Diario Oficial.

"Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia.".

Señor Presidente, los juristas discuten si la publicación es requisito de la esencia o condición de la eficacia de la ley.

En la primera hipótesis, mientras no se publique, no hay ley; en la segunda, siendo ley, ella no obliga.

En la doctrina cristiana tradicional, la publicación de la ley forma parte de su esencia. Santo Tomás expresa que "La aplicación de la ley se realiza por el hecho de ponerla en conocimiento de los individuos a quienes prescribe, mediante la promulgación.". (Más precisamente, publicación). Francisco Suárez enseña que "La publicación o proposición se llama promulgación y mientras ella no ocurre no es verdadera ley", y agrega que "aunque el Príncipe haya decretado la ley y la haya mandado publicar, mientras no se promulgue no obliga, y ello aunque se la conozca privadamente.". Fray Domingo Soto , en su tratado sobre la Justicia y el Derecho, sostiene que "La regla si no se aplica a los que obran, es vana, y no se puede aplicar sino por su conocimiento, porque el que usa la regla tiene necesidad de verla; es, pues, consiguiente, que, antes de la promulgación por la cual es conocida por los súbditos, no los obligue sino que entonces manda, cuando es promulgada.".

En otras corrientes de pensamiento, Thomas Hobbes, por ejemplo, también comparte la tesis de la inexistencia de la ley antes de ser publicada. Dice que "La ley establecida, si no se da a conocer, no es ley.".

En nuestro Derecho, los tratadistas no han analizado suficientemente el punto, limitándose a destacar los efectos de la publicación de la ley. Arturo Alessandri pareciera inclinarse por la postura de la condición de eficacia, pues, para él, "Es lógico que para exigir obedecimiento a la ley se proporcione el medio de conocerla. Nada sería más tiránico ni más cruel" -escribe Alessandri - "que castigar a un hombre por haber desobedecido una ley que no ha podido conocer.".

Según el ex Ministro de Justicia Hugo Rosende, si bien la publicación de la ley es sólo condición de eficacia, ella obedece, nada menos, que a un principio de derecho natural. Expresa Rosende: "Si se analizan las causas que determinan la necesidad de publicación, se verá que ellas se traducen en consideraciones de equidad y de justicia superior, las cuales hacen que la obligación de publicar la ley deba ser considerada, en ausencia de texto positivo que la establezca, como un principio de derecho natural.".

La ex Ministra de Justicia Mónica Madariaga ha escrito, refiriéndose a la certeza jurídica, que ella "presupone un elemento esencial, cual es el conocimiento de la ley", y "contrae la obligación de poner al alcance de los súbditos los preceptos, con el fin de que éstos puedan conocerlos.".

Por la tesis de que la publicación es esencial a la ley, se pronuncian, entre otros, Luis Claro Solar y el padre Francisco Vives.

Por nuestra parte, pensamos que la publicación forma parte esencial de la ley, al extremo de que, sin aquélla, ésta no existe. Definida como la "declaración de la voluntad soberana" del pueblo, no llega a entenderse que ella pueda ocultarse a ese mismo pueblo cuya voluntad expresa. La ley es una regla de convivencia al interior de la sociedad, que fija, dentro de los marcos establecidos por la Constitución, los derechos y obligaciones tanto de los particulares como de las autoridades que el mismo pueblo se ha dado. Es, pues, la máxima manifestación de la soberanía popular, la que es ejercida por las autoridades que la Constitución establece, por delegación del pueblo.

Señor Presidente, el Senado de la República, y los Senadores, estamos obligados, como los que más, a conocer y respetar las leyes. Tenemos, además, el deber de estar cabalmente enterados del contenido y alcance de las normas que dicen relación con las situaciones sobre las que legislamos.

Para el cumplimiento de estas finalidades se hace necesario que el Senado conozca y tenga a su disposición las leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley que se dictaron con carácter de secretos o reservados durante el Gobierno anterior, los que, según nuestras informaciones, serían- alrededor de ciento cincuenta. Ello permitiría al Congreso Nacional, democráticamente elegido, revisar esos textos y determinar cuáles deberán seguir en esa especial condición y cuáles deberán ser puestas en conocimiento de todos los habitantes de la República, para que la exigencia de su conocimiento y acatamiento tengan una base real.

Señor Presidente, en atención a las consideraciones precedentemente expuestas, solicito dirigir oficio al señor Contralor General de la República solicitándole el envío al Honorable Senado de la República de los textos completos de todas las leyes, decretos leyes y decretos con fuerza de ley "secretos" o "reservados" dictados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, que no fueron publicados en el Diario Oficial.

Formulo la petición que antecede, con el objeto de que, una vez recibida la información, ella sea remitida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Honorable Senado, a fin de que ella estudie los mencionados cuerpos legales y proponga a la Sala cuáles deben mantener el carácter de "secretos" o "reservados" por razones de bien común o de seguridad nacional, y cuáles deben ser publicados en el Diario Oficial.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, que se envíe de acuerdo con el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica del Congreso Nacional, para que tenga la debida fuerza.

El señor PÁEZ .-

Que se agregue el nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente .

La señora SOTO.-

Y el del Comité Partidos por la Democracia y Socialista.

El señor NAVARRETE .-

También el del Comité Radical.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviará el oficio en la forma solicitada por Sus Señorías.

POSICIÓN DE PARTIDOS DE GOBIERNO EN MATERIAS POLÍTICA Y ECONÓMICA

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, Honorables Senadores, los Partidos que apoyamos al Gobierno no somos tibios, ni ambiguos, ni indecisos: somos absolutamente decididos y claros.

En política, aceptamos el principio de los antiguos filósofos, y que revivió Jacques Maritain: el de la amistad cívica.

Los socialistas siguen siendo socialistas; los radicales, radicales, y nosotros, democratacristianos, y cada cual mantiene, ahí, su propia identidad. Pero somos capaces y fuimos generosos en medida tal que pospusimos nuestros legítimos intereses y aspiraciones para lograr una concertación, que es exactamente un arco iris cuyo final es el blanco y que también se llama Bien Común.

En política, somos absolutamente rotundos en claridad. Elegimos, entre la prolongación de un régimen autoritario y la democracia, la democracia; aunque para lograrla debimos pagar con exoneración y cárcel: fuimos eliminados de nuestros trabajos y encarcelados, personalmente incluso en Rancagua. Y este ejemplo vale para muchos de quienes estamos aquí esta tarde y que formamos parte del actual Gobierno.

En economía, somos absolutamente claros: queremos un desarrollo económico con justicia social, con participación popular. Reconocemos los logros de estos últimos años; pero los propios Senadores de la Oposición también han admitido hidalgamente la deuda social, en especial en los campos de salud y de vivienda.

Señor Presidente, quiero hacer un paréntesis para referirme a un viaje que efectuamos este fin de semana a la Décima Región, durante el cual contamos con un anfitrión excelente, el Honorable señor Larre, quien tuvo la gentileza de acompañarnos en todo sentido. Y pudimos comprobar el deseo de bien común de la gente y de autoridades y alcaldes de Oposición para trabajar juntos por un Chile mejor. Vimos, junto con Parlamentarios de esa Región, que hay deterioros y déficit, pero también muchos logros extraordinarios.

Cuando se es claro y categórico, se puede llegar, con una exacerbación de esto, a lo absoluto. Para mí, y para muchos, hay un solo Absoluto: Dios. Todo lo demás es relativo.

Hitler fue muy categórico; lo fueron también Mussolini y Stalin. Sabemos los resultados de sus rigideces.

En economía, nuestra posición es muy clara: preferimos al hombre por sobre la macroeconomía. Valga el ejemplo, señor Presidente, de lo sucedido hace poco en El Teniente. El miércoles pasado intervine, a raíz de una exposición del Honorable señor Fernández, para referirme a un trágico accidente ocurrido en esa mina el 18 de enero de este año. Al parecer, mi intervención fue premonitoria, ya que al día siguiente se produjo un nuevo estallido de roca en El Teniente; pero esta vez -¡a Dios gracias!- sin consecuencias fatales. ¿Qué había sucedido? Que en el pique 6 se construyeron las fortificaciones adecuadas para asegurar la vida de los mineros. Y es más: no sólo no se trabajará allí durante 6 meses, sino que se acepta claramente la pérdida de sobre 20 millones de dólares, porque creemos que la vida de un solo minero vale muchísimo más que esa cantidad.

Así de nítida también es nuestra política en economía.

Queremos recalcar que al aunarnos socialistas, democratacristianos, radicales, MAPU y otros, ninguna de nuestras colectividades pierde perfil ni identidad, ni en política ni en economía. Y de ello hay buenos ejemplos. Tal como nombré a Mussolini, puedo mencionar a Alcides de Gasperi -y a sus sucesores-, quien, abriendo los brazos en un espectro amplio y generoso de democracia, unió a todos los detractores del régimen fascista y formó el pentapartido, mediante el cual socialistas, radicales, liberales, democratacristianos han gobernado Italia por más de medio siglo.

Consideramos que Italia es un buen ejemplo de democracia: allí se ha aplicado justamente el concepto de Jacques Maritain de la amistad cívica.

No somos ambiguos; no somos indecisos. Entre un régimen autoritario y la democracia, somos partidarios de la democracia. Propiciamos, sí, un desarrollo económico, pero con justicia social y participación popular. Tenemos 4 años para demostrar cómo lo vamos a implementar.

Al final de esos 4 años serán la historia y el pueblo de Chile los que determinarán si fuimos indecisos o decididos; si fuimos ambiguos o posibilitamos el bien común en beneficio de la patria.

Gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Quedan algunos minutos al Comité Demócrata Cristiano.

Ofrezco la palabra.