Labor Parlamentaria

COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, señores Senadores:

En el día de ayer, el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, anunció al país la creación de una Comisión del más alto nivel moral y ciudadano, destinada al estudio de las violaciones de los derechos humanos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Expresamente, deberá abocarse a conocer la verdad sobre lo sucedido en ese período; a estudiar y proponer soluciones en cuanto a la situación de las víctimas de las decisiones tomadas en ese tiempo, y, en definitiva, a enfrentar esa gran herida abierta en nuestra Patria, para que de esa confrontación surja la reconciliación. Como lo dijera el propio Presidente de la República , su nombre expresa ese sentido profundo: verdad y reconciliación.

Los Senadores democratacristianos respaldamos esta iniciativa, que concreta lo planteado durante la campaña de la Concertación, y nuestro Partido, el Demócrata Cristiano, entiende que en ella se resume el compromiso adquirido ante el pueblo de Chile. Así lo ha señalado nuestro Presidente Nacional , en cuya representación también intervengo. Su composición expresa, además, el afán de restañar nuestras heridas con el conjunto de la nación, con todos los chilenos. En ella participan personas de las que discrepamos y que fueron partícipes del Gobierno anterior, pero que comparten el afán de consolidar la paz de los espíritus. Nadie puede negar, entonces, esta amplitud de criterio, porque todos los chilenos fueron invitados a participar.

Cada chileno siente que hoy vivimos una etapa trascendente de nuestra historia. No podría decir si es la más importante, pero sí la más crucial, en la medida en que de lo que ahora sepamos recoger del pasado para construir el futuro dependerá la suerte del país. La más crucial, porque el pasado cercano sí que es el más traumático de sus 180 años de vida independiente, por la profundidad, intensidad y prolongación del conflicto que lo dividió en un brutal antagonismo. Crucial, también, porque nunca antes la madurez de los actores a la hora de mirar el futuro nace tan nítidamente de esa conciencia de dolor colectivo; de la urgencia de terminar con el odio; de la vehemencia por volver a sentirnos hermanos, y de la sensación personal y nacional de que el signo de los tiempos es ese "para que nunca más", que ha resonado mayoritariamente en las calles y en las gargantas chilenas.

Como la vieja frase de don Miguel de Unamuno, "nos duele Chile". Nos duele hasta desgarrar nuestras entrañas. Nos duele, estoy cierto, a todos y a cada uno de quienes, por voluntad del pueblo, constituimos hoy la conciencia pública de la democracia que nace. Nos duele por todo lo que pasó y que nunca debió pasar, porque más parece una pesadilla ajena al alma nacional que un período de nuestra historia. Nos duele por el horror sufrido por tantos chilenos. Nos duele también, señores Senadores, porque el primitivismo de las agresiones, de alguna manera, nos advierte que en la inmensa belleza del alma humana está siempre acechando la negrura del ángel caído, del que nadie está libre.

Para los cristianos, el dolor es un camino de salvación. Para los demócratas, ha sido un camino de aprendizaje. Para ambos, han sido caminos que ojalá nunca hubiéramos debido recorrer, porque pudimos haber aprendido sin tanto dolor y pudimos haber preservado el alma de Chile sin hacerla añicos contra nuestras lágrimas.

Pero la historia de los pueblos es, justamente, el caer y el levantarse entre días de gloria y días de vergüenza para aprender de esa historia y proyectarse al futuro como un instrumento al servicio del hombre, única justificación de toda estructura social, política o económica.

Así, también, la historia del hombre en nuestra perspectiva cristiana no es más que la historia de su lucha por la libertad, para que en esa libertad nada lo aliene y nada lo separe de su única razón de vida: su desarrollo espiritual que lo acerque a la plena identidad con lo eterno.

¿Es esto tan ajeno al motivo contingente de esta intervención?

Sinceramente, creo que no.

Somos actores privilegiados de esta crucial opción que tenemos por delante y que debemos conciliar:

Escudriñar el pasado con la frialdad del cirujano, pero con la angustia existencial de los que aman a su pueblo y sienten que en sus raíces está la razón de su vida... y aprender de ese pasado.

Pensar el futuro bajo el signo del perdón, del compromiso por la paz y de la defensa por la libertad... y construir la sociedad justa y buena que la democracia nos permite en su profunda coincidencia con la naturaleza humana.

Somos actores privilegiados porque en el breve tiempo de nuestras vidas hemos soñado nuestras utopías, las vimos destrozadas bajo el peso de la sinrazón y hoy tenemos la oportunidad de reconstruir una nueva utopía por la que vale la pena rehacer nuestros sueños: la democracia. Ella es el único sistema político que en las palabras de Maritain hace coincidir los valores de la naturaleza del hombre con las estructuras por él creadas. Ella es el único sistema político que cursa en el sentido del desarrollo humano; el único que, desde la persona humana concebida como centro del universo por su relación con lo eterno, permite avanzar hacia formas cada vez más amplias de solidaridad universal.

Todo otro modelo en que el hombre no sea dueño de asumir libremente sus decisiones o donde esté sujeto a una voluntad omnímoda que no respete sus derechos esenciales, es un exabrupto histórico.

Por ello, somos privilegiados al ser actores de este retorno democrático.

Lo somos también porque, a la hora de volver a soñar en esta democracia en que somos parte, podemos ejercer las dos grandes potencialidades del hombre: su capacidad de conocer la verdad y buscarla -motor de la historia- y su capacidad de amar que nos acerca a Dios. Ejerzamos ambas potencialidades, cuyo único real ejercicio sólo lo permite la democracia.

Busquemos la verdad. Busquémosla donde es más difícil alcanzarla, justamente para dar valor a ese esfuerzo. Busquémosla en lo que hoy más duele a Chile: el agravio a los derechos humanos, que no son otra cosa que nuestra condición de criaturas humanas.

Busquémosla hasta encontrarla, para saber por qué fue posible que llegásemos a tal degradación de las conductas; para saber lo que sucedió realmente y poder así precavernos en el futuro; para que no subsistan dudas que quemen las heridas abiertas de tantos chilenos; para que quienes delinquieron sepan que nunca más permitiremos, como nación, que vuelvan a enseñorearse en la impunidad. También, señores Senadores, para que los que nada hicieron sepan que sus nombres y sus honras no serán enlodados por la persistencia de dudas nunca aclaradas.

Hagamos de esta búsqueda de la verdad un reencuentro con la razón, después de tanto tiempo de vivir bajo el signo de la fuerza. Hoy queremos -recogiendo el mensaje de aquel mismo maestro de Salamanca- convencer, no vencer. Convencer, porque creemos tener la razón de nuestro lado y queremos ponerla al servicio de Chile. No porque tengamos la fuerza. Ni siquiera porque tengamos la mayoría. Sólo y simplemente porque creemos tener la razón y queremos que ella sea el pilar de nuestro futuro democrático. Estamos dispuestos -y así lo deseamos- a que sean sólo la verdad encontrada y el pueblo de Chile quienes juzguen el pasado y construyan el futuro.

Reconciliémonos en esta verdad así conocida y conservémosla en la conciencia colectiva de Chile, para que el dolor sufrido tenga sentido y genere una sociedad con nuevos valores culturales, donde la vida, el respeto, la tolerancia, la solidaridad sean el signo de Chile; no la muerte, el atropello, el maniqueísmo o el egoísmo que empequeñece y desculturiza.

La verdad, cuando se busca sólo como un fin en sí misma sin un contenido ético, puede llegar a ser una mera concupiscencia, casi luzbeliana. La reconciliación asumida sólo como un afán de encubrir lo que pasó puede llegar a ser aún más dolorosa para quienes deben otorgar el perdón.

Por ello, debemos afrontar la búsqueda de la verdad para dar sentido al perdón.

Por ello, debemos estar dispuestos a perdonar para que se justifique la catarsis que nuestra sociedad requiere en esta disección del pasado.

Este es el círculo virtuoso que genera la decisión del Gobierno, decisión que tiene además otros dos contenidos éticos en la democracia: el cumplimiento de lo que se promete a una nación y la identidad y coincidencia entre el discurso y el comportamiento.

Por eso, esta resolución va más allá de un análisis jurídico o constitucional, que en nada podría contrariar la decisión presidencial. La creación de una Comisión de los Derechos Humanos de las características anunciadas y en el contexto diseñado por el Presidente de la República apunta a una dimensión ética como sustento indispensable de una democracia concebida, no sólo como una forma de gobierno, sino, sobre todo, como una forma de vida.

Por ello, respaldamos plenamente el propósito del Gobierno al crear esta Comisión de Derechos Humanos bajo el signo de la verdad y de la reconciliación.

Por eso mismo, valoramos profundamente la decisión del Presidente de la República de asumir con fuerza y con prudencia el más delicado de los problemas de la sociedad chilena. Es un acto de consecuencia política y coraje personal que lo enaltece.

Por eso, compartimos los temas que se señalan como base de su trabajo y tenemos plena confianza en la estatura moral de quienes la componen, garantía indispensable en su cometido.

Concordamos, finalmente, en que ella no interfiere en las atribuciones de la justicia, que deberá ser eficiente en sus propias tareas, ni altera el orden institucional, que deberá ser garante de los derechos del hombre en el Chile democrático. No juzgará ella las materias propias de los tribunales, ni juzgará instituciones. En ello radica, además, su fuerza moral.

Muy por el contrario, garantiza que este tema no ha sido ni olvidado, ni pospuesto, ni transado con nada que no sea la verdad de los hechos, la dignidad de los que fueron agraviados y el respeto a los procedimientos que la democracia garantiza. Busca esclarecer la verdad durante un determinado tiempo de nuestra historia: el tiempo en que no fue posible recurrir a los resguardos que los regímenes democráticos garantizan a los ciudadanos en materia de derechos humanos. No se constituye para hacer un análisis sociológico ni político de las conductas de la comunidad nacional. Su tarea es enfrentar las consecuencias de una realidad que no se había dado en Chile y que ahora -nuevamente en democracia- tampoco se da. Una realidad donde miles de chilenos carecieron de protección legal efectiva, donde la representación del pueblo -que somos todos nosotros constituidos en el Parlamento- no podía ser la voz de los sin voz. Esas son la razón de su ámbito y la justificación ética de su constitución.

Señores Senadores, en el espíritu de quienes formamos el Gobierno democrático elegido por el pueblo de Chile hay un profundo respeto por quienes discrepan de nuestras decisiones y posiciones. En esa diversidad queremos construir la democracia, y nada nos apartará de esa conducta.

Pero también, con meridiana claridad, queremos decir que tenemos la decisión inquebrantable de restablecer la verdad, el imperio de la ley y la dignidad de los humillados y de quienes sufrieron el rigor de los atropellos.

Sin soberbia; sólo con la angustiosa pretensión de ser capaces de cumplir esta tarea, porque creemos que así lo pide y así lo exige el bien común de Chile.

Para que nunca más debamos tratar de cerrar este tipo de heridas abiertas en el alma de nuestro pueblo; para que nunca más, señores Senadores, "para que nunca más", como decía el canto desgarrado de nuestro pueblo.

Muchas gracias.

RELACIÓN TRABAJADORES-EMPRESARIOS Y SEGURIDAD EN FAENAS MINERAS. OFICIOS

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, en la víspera de las festividades del 1º de mayo, para un Senador como el que habla, que viene del mundo sindical y, además, es hijo de un dirigente sindical, el cumplimiento de sus tareas siempre está marcado por el simbolismo en el cual nos desarrollamos y crecimos.

En días pasados, por ejemplo, concurrimos, invitados por los empresarios de una gran mina de cobre en la Cuarta Región, a visitar la obra de Los Pelambres. Y constatamos una experiencia estupenda del trabajo profesional que los chilenos son capaces de emprender con la audacia y la creatividad que durante tanto tiempo distinguen las características propias de nuestra patria.

A 3 mil 200 metros de altura, al interior de un pique subterráneo, a 4 kilómetros de la frontera con Argentina, dialogábamos con los mineros y conocíamos de su jornada de trabajo de 8 horas diarias y de 11 días de permanencia en el campamento, con 3 días de descanso junto a sus familias. Comprobábamos el estado de seguridad de sus implementos y las condiciones de alimentación y vivienda que se les otorgan. Y, ciertamente, pensábamos cuan lejanos estábamos, aún en 1990, de aquella aspiración que en 1516 Santo Tomás Moro planteaba: que el hombre debía trabajar 6 horas al día, ya que era el tiempo suficiente para procurarse los recursos necesarios.

Dimos un salto en la relación con esos empresarios cuando ahí, al interior de la mina, se daba la autorización -¡fíjense qué singular!- para que los trabajadores pudieran organizar sindicatos, porque allí no tenían todavía la posibilidad de hacerlo.

Vimos también con agrado cómo dichos empresarios acogieron con interés las demandas de contratar mano de obra en la Región; observamos atentamente su disposición a permitir que los estudiantes de las escuelas industriales de la zona pudieran realizar sus prácticas en la empresa; advertimos con complacencia de qué manera estaban dispuestos a que empresas de la Región proveyeran de los insumos posibles de generarse precisamente allí; notamos con satisfacción que cumplieron la promesa de que, al cerrarse una industria, recontrataran justamente a la gran mayoría de los trabajadores en la obra de Los Pelambres; y, al mismo tiempo, constatamos que mantienen una deuda importante con el pueblo del Choapa cuando han cerrado una planta de tratamiento de minerales muy valiosa y trascendente para la zona y que compraron en 1980.

Junto con destacar la actitud positiva de este sector empresarial, solicito oficiar, en mi nombre, a la Empresa Nacional de Minería para que informe sobre los contratos que se celebraron en el momento de la licitación, a fin de establecer el grado de compromisos y obligaciones que se generaron en la licitación pertinente de la planta El Centinela, en el año 1980, y que hoy se ha convertido en lo que he denominado "El Museo Luksic", en las cercanías de Illapel.

Del Choapa saltamos hacia el Elqui, y nos adentramos en Andacollo, con el gerente general de la ENAMI, que ratifica la decisión de esa empresa de convertirse en líder en la tarea de fomento y desarrollo de la minería, para lo cual fue generada la ley respectiva. Hablamos con la Asociación Minera, y comprobamos coincidencias entre el Sindicato de Pirquineros, que visitamos en la oportunidad, respecto de los intereses comunes que la comunidad andacollina tiene para el progreso de la zona. Nos internamos a los piques mismos, y verificamos cómo las normas legales hoy existentes no se cumplen cuando se trata de las faenas mineras, donde las medidas mínimas de seguridad, contempladas en el Reglamento de Seguridad Minera, publicado en el Diario Oficial del 27 de enero de 1986, no se aplican. Consultadas las autoridades pertinentes, nos informaron que el SERNAGEOMIN, encargado de fiscalizar precisamente, la seguridad en estas faenas, cuenta en toda la Cuarta Región con sólo un inspector, con lo cual le es imposible cumplir una tarea vital, no para algo banal, señor Presidente , sino para la seguridad de la vida de los sacrificados pirquineros y trabajadores, que en el siglo XX, a las puertas del siglo XXI, laboran en condiciones realmente lamentables.

Pido, adicionalmente, señor Presidente, oficiar a SERNAGEOMIN para que informe acerca del número de inspectores que tiene destinados en la Cuarta Región para fiscalizar el cumplimiento de la ley vigente con relación a la seguridad en el trabajo en las minas.

Señor Presidente, al comenzar mi intervención decía que hablaba en la víspera del 1º de mayo. Y señalaba este ejemplo valioso de la relación entre los trabajadores y los empresarios, porque es necesario que el país entienda la necesidad del diálogo y del encuentro. La disposición del mundo del trabajo, manifestada por la Central Unitaria de Trabajadores y la Confederación de la Producción y del Comercio, llevó a la Comisión de Trabajo del Senado a felicitar a los dirigentes de ambas organizaciones por los esfuerzos que hacían para llegar a un acuerdo.

Hemos conocido declaraciones en el sentido de que ese acuerdo está algo distante. Por eso, me permito instar aquí, desde esta Sala, a los representantes del sector empresarial para que comprendan la legítima demanda del mundo laboral y sean capaces de favorecer un entendimiento que restablezca la equidad y la justicia, tan indispensables para la estabilidad de la sociedad democrática.

Por último, señor Presidente, como ex dirigente sindical, hijo de dirigente sindical, elegido por el pueblo para compartir con tan destacadas personalidades en esta Sala las tareas del Chile que viene y la construcción de una patria distinta, y rindiendo homenaje, así como lo hizo la Cámara de Diputados, a los destacados hombres que fueron Presidentes de la República y ocuparon escaños en el Congreso Nacional, quisiera recordar, con la licencia de Sus Señorías, a un hombre que para los sindicalistas no tiene bandera, ni tiene edad, ni ha perdido su vigencia. Desearía terminar mis palabras, con las que ciertamente interpreto a mi camarada y amigo Honorable Senador don José Ruiz De Giorgio , con las expresiones de Samuel Fielden , dirigente sindical condenado a muerte en 1887 a raíz de las luchas de Chicago:

"Se me acusa de excitar pasiones, se me acusa de incendiario porque he afirmado que la sociedad actual degrada al hombre hasta reducirlo a la categoría de animal. ¡Andad! Id a las casas de los pobres y los veréis amontonados en el menor espacio posible, respirando una atmósfera infernal de enfermedad y muerte...

"Me considero hoy un obrero más y como tal he vivido entre los míos; he dormido en sus buhardillas; en sus cuevas he pasado noches heladas y sin pan; he visto prostituirse la virtud a fuerza de privaciones y miserias, y he visto morir por hambre a hombres robustos por falta de trabajo. Sabéis, señores jueces, que el hombre muere y la vida sobrevive. Creedlo .

"Amo a mis hermanos los trabajadores como a mí mismo. Odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. No tardará la hora del arrepentimiento. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir. Sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquél alumbre para los trabajadores. Yo creo que llegará el tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la esplendorosa mañana del mundo emancipado...".

Gracias, señor Presidente.

--Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

CRÍTICAS A GOBIERNO MILITAR EN ASPECTOS SOCIALES

El señor PÉREZ.-

Señor Presidente, Honorables Senadores:

En distintos discursos pronunciados en esta Corporación por quienes representan al Gobierno se han escuchado duras críticas a la pasada Administración en materias sociales.

En lo social, no existen indicadores únicos que puedan dar cuenta de la situación real de un país como lo hace el producto geográfico bruto en materia económica; más aún, en algunos temas de pobreza, antes de 1973, no había índices que pudieran servir comparativamente para destacar el avance de estos últimos años. No obstante, si nos atenemos a la medición y comparación de resultados en aquellas áreas o subáreas sociales donde hay antecedentes fidedignos, nos encontramos con que el desarrollo social existente durante el Gobierno militar es francamente auspicioso.

Señalaré, a continuación, algunas cifras que parecen esclarecedoras en los temas propios de la pobreza, tales como salud, educación, vivienda y nutrición.

Atención preventiva de salud

La cobertura de la atención profesional durante el parto aumentó, desde 81,1 por ciento en 1970, a 97,8 por ciento en 1987.

La mortalidad materna se redujo, desde 1,68 por mil nacidos vivos en 1970, a 0,46 por mil en 1987.

Las consultas médicas totales crecen entre 1974 y 1987 en 60,4 por ciento, frente a un incremento de la población de 24,5 por ciento.

Nutrición

Antes de 1975 no existía información sistemática y completa acerca del estado nutricional de la población infantil. El sistema que se implemento cubre en la actualidad a 85 por ciento de los menores de 6 años.

La desnutrición infantil se redujo, desde 15,5 por ciento en 1975, a 8,6 por ciento en 1988.

La mortalidad infantil, de 67 por mil nacidos vivos en 1973, pasó a 18 por mil en 1988.

La desnutrición grave prácticamente desaparece, bajando, desde 0,7 por ciento en 1975, a 0,07 por ciento en 1988.

Educación

El promedio de escolaridad de los chilenos sube, desde 4,5 años en 1970, a 8,7 años en 1987.

En 1987, el promedio de años de educación en el 20 por ciento de familias más pobres era de 5,8 años para el jefe de hogar, 6 años para la dueña de casa y 8,5 años para los niños. Este hecho demuestra el avance logrado en los últimos años en materia educacional en los sectores más pobres.

En el mismo año, el porcentaje de analfabetismo de las personas del 20 por ciento de familias de menores ingresos, de edades entre 15 y 19 años, era de 1,6 por ciento; entre 20 y 39 años, de 2,7 por ciento, y entre 40 y 59 años, de 8,2 por ciento.

Vivienda y saneamiento básico

El porcentaje del subsidio otorgado por el Gobierno anterior fue efectivamente recibido por el 30 por ciento más pobre de la población, y subió, de 21,6 por ciento en 1969, a 46,7 por ciento en 1986.

La cobertura de agua potable urbana creció, desde 66,5 por ciento en 1970, a 98,5 por ciento en 1988. En síntesis, más de 5 millones de personas tuvieron acceso por primera vez al agua potable durante la Administración de las Fuerzas Armadas. La cobertura de agua potable en sectores rurales también subió, desde 34,2 por ciento en 1970, a 74 por ciento en 1988.

Para finalizar este recuento -que podría extenderse mucho más-, quiero referirme a un índice utilizado internacionalmente por los expertos como indicador resumen de los progresos alcanzados por los países en materia de desarrollo social: la esperanza de vida al nacer, que subió, desde 61,5 años en 1970, a 71,5 años en 1990. Es decir, Chile se encuentra en esta materia a la cabeza de las naciones de América del Sur, con 10,5 años más de esperanza de vida que el Perú, 6,5años más que Brasil y Colombia, y 2 años más que Argentina.

Asimismo, es conveniente destacar que estos avances se producen en un contexto marcado por dos profundas crisis económicas internacionales, con una significativa reducción de los términos de intercambio para Chile. La crisis de los precios del petróleo en 1974 y 1975, y la crisis de la deuda, a principios de la década de los 80, son las responsables de que a aquélla se la llame la "década perdida para los países en desarrollo", los que, en el caso de nuestra América Latina, vieron cómo se deterioraba la situación de sus pobres y de qué manera éstos aumentaban en forma alarmante, produciéndose en todos ellos un marcado retroceso de sus indicadores sociales.

Reconocer progresos innegables en el campo social no significa desconocer la existencia de muchísimos problemas pendientes y avances insuficientes en determinadas áreas. La lucha por el desarrollo social está lejos de haber concluido y, por ello, debe constituir el centro de mayor gravedad de nuestras preocupaciones.

Pero hay una consideración, más de forma que de fondo, que los Senadores debemos tener presente para realizar una guerra eficaz contra la pobreza.

No podemos tratar este tema con slogans y consignas, ni para exagerar ni para soslayar el tema de la pobreza, persiguiendo dividendos políticos con nuestros discursos. Los pobres, así como no pueden esperar, tampoco pueden ser manoseados. Las palabras fáciles para la galería, la demagogia, no son armas eficaces para generar riqueza y erradicar la marginalidad crónica de un porcentaje importante de chilenos. Así quedó demostrado en el pasado.

En la Conferencia Regional sobre la Pobreza en América Latina y el Caribe realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en agosto de 1988, hubo acuerdo unánime en que sólo tres países de la región -entre ellos Chile- podían exhibir resultados promisorios y de progreso efectivo en materia social.

El desafío que tenemos por delante es grande, y en él nos parece prioritario emprender algunas tareas; éstas han sido descritas por el Departamento de Desarrollo Social de Renovación Nacional y señaladas en la Cámara de Diputados por la parlamentaria señora María Angélica Cristi . Mencionaré algunas de ellas.

Fortalecimiento de políticas de inversión en capital humano de los pobres.

--Aumentar significativamente la cobertura de la enseñanza prebásica.

--Crear programas de capacitación para los jóvenes pobres, los que aún observan una cesantía mayor que el promedio nacional, deforma que puedan integrarse con una mejor calificación a la fuerza de trabajo y aspirar a mejores salarios.

--Mantener las prioridades en el financiamiento de la educación básica y media, que son las verdaderamente relevantes para las personas de menores ingresos.

--Estudiar un sistema de becas para los alumnos pobres con buenas calificaciones, para que puedan ingresar a la educación superior.

--En materia de salud, mejorar y dar fluidez a los mecanismos de referencia entre los niveles primario, secundario y terciario.

Transferencia de activos físicos.

--En vivienda, dar prioridad a la solución del problema de los allegados.

--Mantener la prioridad de los programas de vivienda en los sectores mas desposeídos y estudiar mecanismos innovadores que permitan a aquellos que ya han obtenido una solución básica, como las casetas sanitarias, y que han mejorado su situación producto del crecimiento económico aspirar a soluciones de una mayor calidad, reciclando las primeras.

Políticas asistenciales.

--Elevar el nivel de las pensiones más bajas.

--Perfeccionar el sistema de asignaciones familiares, destinando este subsidio a los sectores de menores recursos, incentivando que los de mayores ingresos renuncien a ellas, permitiendo de este modo un mejoramiento del beneficio.

Pero en la superación de la pobreza no basta con mostrar dos fotografías de un hombre, o de un grupo de hombres, o de parte de un pueblo, donde en una se exhiba la pobreza, y en otra, mejores condiciones momentáneas de vida. Las políticas sociales y económicas no pueden dividirse. La verdadera superación de la pobreza consiste en dar oportunidades de trabajo, con remuneración adecuada, con seguridad en el tiempo para los trabajadores y sus familias, que les permitan tener por delante nuevos horizontes con nuevas esperanzas. El crecimiento económico y el desarrollo de nuevas oportunidades es lo que soluciona, en su fase terminal, el problema de la pobreza en las naciones. El simple traspaso de recursos a los sectores de menores ingresos a través de mecanismos redistributivos no basta para erradicar la condición de marginalidad. Más aún, cuando este intento de transferencia es exagerado, termina por ahogar a los pobres en la propia pobreza del país que un sistema orientado a la igualdad genera.

Si pretendemos hacer un juicio justo sobre el tema del desarrollo social durante el Gobierno militar, considerando las crisis internacionales que debió enfrentar, por un lado, y la indisoluble relación que el desarrollo económico tiene con el desarrollo social, por otro, debemos efectuar al menos dos alcances.

Primero, se incursionó acertadamente en la búsqueda de las herramientas más eficientes para apagar los focos de miseria. Se estableció una estructura de subsidios racional focalizada, técnica y eficientemente, hacia los más pobres. Tal es así, que el nuevo Gobierno no pretende alterar en lo sustantivo esta red de servicio social, propiciando, en cambio, una vuelta atrás, al esquema existente con anterioridad a 1973.

Segundo, hoy en el país se puede hablar de un programa social adicional a los existentes, de quinientos millones de dólares, gracias a que hay estabilidad y crecimiento económico, y orden en las cuentas internas y externas de la economía. Ni en el pasado en Chile y quizás en ningún otro país de la región hoy día se pudo o se pueden emprender programas de esta envergadura.

Señor Presidente, la obra que en materia económica y social se desarrolló en Chile durante el Gobierno anterior fue exitosa. Y no sólo por los resultados efectivos, que diferentes organismos o instituciones internacionales han reconocido, sino también por el cambio profundo de estructuras económicas y sociales llevados adelante y por las modernizaciones que el país ha asumido.

En cambio, en los foros políticos del país se oye a los sectores que representan al actual Gobierno formular una crítica no justa, a nuestro modo de ver, al pasado Régimen.

Yo me pregunto -y con esto finalizo-: ¿a cuál de los Gobiernos anteriores, en materias económica y social, pretende parecerse más la Administración del Presidente Aylwin? No son las palabras, sino los hechos y las políticas los que importan.

¿Pretende el actual Gobierno una economía centralmente planificada o una economía de mercado? ¿Quiere la fijación de precios o la libertad de ellos?

¿Propicia una economía abierta al exterior o un desarrollo hacia adentro de sus fronteras?

¿Participa de aranceles altos y diferenciados o bajos y parejos?

¿Es el actual Gobierno partidario de un mercado de capitales competitivo o. de la asignación de créditos por parte del Estado?

En materia previsional, ¿busca continuar con el sistema de capitalización individual o el antiguo esquema de las cajas de previsión?

En fin, son muchas las preguntas que en materias económica y social se podrían hacer sobre los lineamientos del actual Gobierno.

Las respuestas, prácticamente todas, se diferencian de manera sustancial de las políticas aplicadas por los Gobiernos de los Presidentes Allende, Frei , Alessandri y los anteriores. Y las respuestas -digamos la verdad- continúan en lo esencial, o pretenden continuar, con las políticas y estructuras creadas por la Administración anterior. Entonces..., éste no fue tan malo, como se habla muchas veces para la galería.

George Orwell expresaba: "Si la libertad significa algo, es el derecho de decir a los demás lo que no quieren oír".

Muchas gracias.

BONIFICACIÓN A MANO DE OBRA

El señor LAGOS.-

Deseo referirme al decreto ley Nº 889, sobre bonificación a la mano de obra.

Existe en la Primera Región de Tarapacá, en la Duodécima Región de Magallanes, en la Undécima Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la provincia de Chiloé una franquicia para los empleadores de todas ellas que bonifica el 17% de la renta imponible de sus trabajadores, con excepción de los sectores pesquero y financiero.

En la actualidad, los empleadores declaran el pago previsional y no descuentan de inmediato. Deben esperar los cheques de la Tesorería Regional, que tienen un atraso de tres meses, aproximadamente.

En el caso de Iquique, ello incide en la Corporación Municipal de Desarrollo Social, donde, por su estructura jurídica, el personal está afecto a las normas del Código del Trabajo.

El monto por recuperar mensualmente es del orden de los 13 millones de pesos, que corresponde a alrededor de 45% del costo operacional.

A la fecha, no se ha recibido la devolución correspondiente al mes de enero en adelante.

Se propone volver al sistema original, consistente en descontar de las planillas declaradas.

Lo anterior implica un ahorro importante, tanto para el municipio como para las empresas, en su planificación financiera, toda vez que, ante el desajuste de los ingresos por percibir, conlleva incorporar adicionalmente un costo financiero con endeudamiento externo.

Solicito, señor Presidente, enviar en mi nombre estos antecedentes al señor Ministro de Hacienda, a fin de que estudie la situación y disponga que la Tesorería General proceda como lo he pedido.

Muchas gracias.

--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, en conformidad al Reglamento.

CRÍTICAS A GOBIERNO MILITAR EN ASPECTOS SOCIALES

El señor PÉREZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.

REFLEXIONES SOBRE DÍA DEL TRABAJO

El señor THAYER .-

Señor Presidente, ya algunos Honorables colegas han hecho un legítimo recuerdo acerca de la vecindad en que nos encontramos del Día del Trabajo. Hoy celebramos la última sesión de esta Alta Corporación antes del 1º de mayo. Por eso, siento el deber de formular algunas reflexiones sobre este aspecto, en representación de los Senadores de estas bancas.

A nuestro parecer, el contenido esencial del Día del Trabajo es el respeto a la dignidad del trabajo humano. A través de no pocos años dedicados a la reflexión y estudio de estos temas -no sé si con mucho provecho, pero sí con gran esfuerzo-, hemos llegado a la conclusión de que todo el proceso de lucha laboral de por lo menos un par de siglos pudiera concretarse en el anhelo de asegurar para el empleo -o sea, para esa forma de trabajo humano que se efectúa habitualmente bajo un vínculo de subordinación o dependencia y en que el hombre que trabaja obtiene de su ocupación el sustancial medio de vida- ciertas condiciones en torno de las cuales, creo yo, gira todo el problema del Derecho del Trabajo moderno: que el empleo sea digno, legítimo, libre, útil, sano, seguro, remunerativo, adecuado al sexo y condiciones del que lo desempeña, determinado, estable, formativo, participativo y grato. Estas trece características, naturalmente, no las voy a explicar o detallar acá. Por lo demás, sería redundante hacerlo ante un público tan selecto. Pero sí quiero destacar que cada una de, ellas ha ido tomando un contenido y una significación según la evolución social de los pueblos.

Considero que el sentido tuitivo del Derecho del Trabajo, fundado en las exigencias morales propias de la dignidad de la persona humana trabajadora, proporciona una base más sólida y estable que la condición de inferioridad de clase que algún día primó en su normativa.

Podríamos pensar que, de alguna manera, el Derecho del Trabajo más bien nació como una protección a la clase trabajadora, que sufría particular humillación y angustia en los albores del siglo pasado, pero que a través del tiempo el propio desarrollo social ha ido marcando, sin que esta nota desaparezca, lo que va quedando como elemento más básico y permanente de la lucha social en la defensa de la dignidad del trabajo humano. Y esta tuición de esa dignidad es la primera de las fundamentaciones del proceso laboral moderno.

Si tomamos el caso de Chile, podemos ver que aquí hay una tendencia muy explicable a centrar los debates entre lo que pasa en este Gobierno y lo ocurrido en la Administración anterior, y a fijar algunas fechas.

En este punto referente al Día del Trabajo, quiero ser un poco más amplio y situarme en los cuadros comparativos del mundo que regía en nuestro país hacia 1931 -cuando se publicó el primer Código del Trabajo- y el actual, el mundo laboral de estos días, cuando se inicia una experiencia democrática renovada en Chile.

Todo el proceso social laboral del período comprendido entre uno y otro Código del Trabajo -entre 1931 y los años 80- pareciera estar vertebrado en torno de los anhelos del sector manual -lo que el Código primitivo denominaba "los obreros"- para alcanzar las condiciones más privilegiadas de vida, trabajo y consideración social que se atribuían por la legislación y por el público en general a los llamados "empleados particulares" y "públicos", disponiendo comúnmente los empleados particulares de una mejor situación en cuanto a remuneraciones respecto de los obreros, y los empleados públicos, de una previsión preferible en comparación con la de los particulares.

Este proceso, para poder completarse, requirió de un avance social muy importante, cumplido a través de los 50 años que median entre un Código y otro.

Hace cincuenta años, cuando nacía el Código del Trabajo de 1931, fundado en proyectos y en leyes de los decenios anteriores, Chile tenía unos cuatro millones de habitantes, contra algo más de 12 millones de hoy. La participación electoral era del orden del 8% de la población del país, en comparación con el 56% de ahora. El peso electoral de las mujeres subió, de cero en 1931, a sobre el 50% en la actualidad. El analfabetismo disminuyó, de 25%, a 5%. La relación campo-ciudad, que era pareja -50% y 50%- en los años 30, cambió a más de 80% y menos de 20% hoy día. La mortalidad infantil bajó, de 216 por mil nacidos vivos, a menos de 19. La esperanza de vida al nacer ha subido de la línea de los 40 años a la de los 70. Las cajas de previsión, que en la época del 31 recién nacían o se ponían en marcha, hoy han debido suprimirse, para sustituir un abigarrado conjunto de sistemas que no se sustentaba y producía un déficit creciente, que ya superaba los 400 millones de dólares anuales, por un sistema globalizado.

Algunos caracteres del empleo eran tan válidos entonces como lo son ahora. No obstante, el significado que hoy día damos a valores como la dignidad, libertad, sanidad, seguridad, adecuación, remuneración, etcétera, no es ciertamente el mismo que existía hace cincuenta años.

Estas reflexiones nos hacen pensar -e invito a hacerlo a mis Honorables colegas- que el Código del Trabajo-en cualquiera de sus versiones: la de 1931 o la actual- sigue siendo, a la vez, un piso y un termómetro de la evolución histórica, al que se incorporan las normas y exigencias principales del desarrollo económico y social.

La experiencia en asuntos del trabajo, por lo menos a mí, me indica que los beneficios laborales contenidos en leyes separadas se conceden con tanta facilidad como se suprimen; en cambio, cuando se logra incorporarlos en un Código del Trabajo, se mejoran, se modifican, superándose, pero muy difícilmente se suprimen. Ello conduce, si se examinan con atención, comparativamente, los Códigos, a ver que, en general, lo que constituía el techo del Código del Trabajo de 1931 es como el piso del de 1987.

Estamos como partiendo de una nueva responsabilidad. Y me atrevo a decir que sólo el pleno desenvolvimiento democrático de un país que alcanza la culminación de un proceso de transformación como el que estamos viviendo nos va a permitir apreciar ahora realmente -realmente- los méritos que encierra una legislación que, por la circunstancia anormal de la vida política, no se pudo valorar en todo su significado en los años que han pasado.

Esto no implica que la legislación vigente sea óptima: requiere muchas e interesantes modificaciones.

Deseo señalar dos o tres puntos que, a mi juicio, muy probablemente van a ser considerados en las próximas reformas anunciadas para la legislación laboral.

He tenido la oportunidad y la distinción de participar en algunos seminarios con el señor Ministro del Trabajo. Y creo que lo que voy a expresar de alguna manera corresponde con muchos de los puntos que seguramente en su oportunidad él planteará.

Un punto que no resiste más tiempo es el principio malentendido de que el término del contrato de trabajo puede acontecer sin expresión de causa. Aquí estamos abordando un problema sumamente delicado. No se trata del derecho del empresario, del jefe de la empresa, a decidir sobre qué personal puede o no puede mantener dentro de ella, sino del derecho del hombre que presta servicios a saber por qué ellos han cesado. El trabajador afectado por el principio del despido sin expresión de causa, al llegar a casa, dice a su mujer o a sus hijos: "Me han echado". "¿Y por qué?". "No sé". La ley ampara, entonces, el que no se sepa por qué.

Ese principio no puede seguirse sustentando: la evolución social exige la expresión de causa. Una cosa distinta es el sistema de retribución o de sanción para una u otra causal de despido al término del contrato de trabajo.

También va a requerir modificaciones la legislación actual, a mi modo de ver, en lo referente a los fines de las asociaciones sindicales de primer, segundo y tercer grado, y a las centrales sindicales.

Es cierto: hoy día el Código del Trabajo no considera de manera explícita la formación de centrales a nivel de los trabajadores; en cambio, ellas existen y son reconocidas desde el punto de vista empresarial. Y ese desequilibrio no lo va a sustentar la exigencia propia de un régimen democrático de sentido social.

Asimismo, creo que no tienen mucho destino los llamados "sindicatos de trabajadores transitorios" en el Código del Trabajo. Pienso que, bien examinados, deberán transformarse sencillamente en sindicatos de trabajadores profesionales. Los denominados "trabajadores transitorios" revisten esta calidad respecto de la empresa a la que están sirviendo, pero son permanentes en cuanto a la actividad o profesión que desempeñan. Se trata, en realidad, de los viejos sindicatos profesionales, con los que tendremos que volver a contar, a mi juicio, en nuestro país.

Estimo que la negociación colectiva fuera de la empresa es un punto que también deberá enmendarse en la legislación actual, pues ésta es demasiado rígida. Por privilegiar, con razón, la negociación dentro de la empresa -que es la regla general, e incluso, la tradición en Chile-, no puede llevar la cosa al extremo de impedir otra forma de negociación colectiva, que igualmente tiene que estar sometida a disposiciones especiales. Taxistas, choferes, artistas, trabajadores de la construcción, portuarios, marítimos, trabajadores de la pequeña empresa o de la pequeña propiedad agrícola, no cuentan con la posibilidad de negociar colectivamente a nivel de empresa. Será preciso buscar un sistema -y los hay en la experiencia universal- para poder negociar fuera de la empresa dondequiera que no sea posible hacerlo dentro de ella.

Pienso que va a ser necesario ampliar el sistema arbitral, que es ingenioso, interesante y, a mi juicio, positivo en la actual estructura laboral, pero demasiado restrictivo. Hay que buscarle extensión -repito-, y abrir un poco las ventanas para que se renueve y amplíe, también, el cuerpo arbitral.

En mi opinión, va a tener que modificarse, asimismo, la normativa que rige la huelga legal. Si queremos que el mundo laboral pueda encuadrar sus inquietudes sociales en el marco de lo que la ley señala, ésta misma debe comprenderlas.

Cuando se dictó el Plan Laboral, cuyo texto primitivo entró a regir en 1979, creo haber sido de los pocos -no sé si el único- que salieron en defensa del señor Ministro del ramo en esa época, don José Piñera , por las normas que había establecido respecto de la negociación colectiva. Sostuve que ese proyecto de Código del Trabajo había instituido una garantía única en la historia laboral de Chile y del mundo, esto es, asegurar al trabajador, en la negociación colectiva, como piso, como punto de partida, todos los beneficios vigentes, más el 100 por ciento del I.P.C.

Ahora, contra esa garantía, contra ese piso gigantesco, que yo temía que no iba a durar, la ley consagró una serie de limitaciones al derecho de huelga que, desaparecida posteriormente la seguridad otorgada respecto del porcentaje citado, no se sustentan ni justifican y que, ciertamente, tendrán que ser modificadas. De ahí derivan los 30 días para el descuelgue, los 60 días de duración del fuero, etcétera, aspectos acerca de los cuales no tengo ahora la oportunidad de extenderme ni es el momento para hacerlo.

Señor Presidente, estas ideas podrían unirse a otras, pero, no quiero tomar excesivo tiempo al Senado.

Deseo terminar adhiriendo, de manera muy sincera, a las expresiones de algunos Honorables colegas relativas al distinguido dirigente gremial, cruelmente asesinado, don Tucapel Jiménez, Presidente de la ANEF, a quien recuerdo con sentimiento profundo, al habernos ligado lo que puedo llamar una amistad, por mi vinculación con asuntos laborales. Pienso que su sangre y su vida constituyen, para quienes lo conocimos, un motivo particular de estímulo y firmeza en el servicio de la noble causa que, precisamente, se conmemora el lº de mayo: la causa del trabajo.

Nada más, señor Presidente .

COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, señores Senadores:

Deseo expresar la opinión de los socialistas y del Partido por la Democracia con relación a un hecho trascendental para la existencia de la democracia en nuestro país: ayer, en cumplimiento del compromiso solemne contraído con el pueblo de Chile, el Presidente Patricio Aylwin firmó un decreto por el cual se crea la Comisión de Verdad y Reconciliación, destinada a esclarecer ante la conciencia histórica de los chilenos todo lo acaecido respecto-a la sistemática violación de los derechos humanos en que incurrió durante 16 años el Régimen del general Pinochet.

Sería largo, señor Presidente, enumerar todos y cada uno de los crímenes cometidos durante estos años. Es más: violenta nuestra conciencia -y nuestra tranquilidad se nubla- recordar cada uno de ellos y a todos nuestros amigos, compañeros y parientes víctimas de la más brutal insania organizada que se conozca en la historia patria.

Los socialistas, señor Presidente, fuimos víctimas propiciatorias de todos los organismos creados para perseguir, torturar y encarcelar a los contrarios al Régimen dictatorial. Por ello, tenemos sobradas razones para alegrarnos de la constitución de esa Comisión. Confiamos en la idoneidad moral e intelectual de quienes la componen. Sabemos de su apego a la verdad y la disposición que los anima para contribuir a los principios de la justicia. Tenemos claro que ellos no conforman un tribunal ni abrigan la intención de arrogarse funciones de judicatura. Sin embargo, la sola circunstancia de haberse constituido, de haberse señalado el ámbito dentro del cual deben desarrollar sus funciones, es un hecho positivo, que no debería mover a ninguna persona que ame la verdad a intentar cuestionar su existencia.

Los socialistas lo hemos dicho insistentemente durante todos estos años: estamos por la reconciliación. Es más: estamos porque ella sea realidad en el más breve plazo en nuestra patria. Sin embargo, tenemos el convencimiento de que ella será posible si se funda en la justicia y la verdad.

Puede que todos aquellos que fuimos víctimas de tanta insania tengamos disposición al perdón. Pero el perdón difícilmente se otorga cuando no se sabe a quién ha de concederse. Por eso se requiere la verdad, señor Presidente. Cuando ella se conoce, nos encontramos en el primer peldaño de la justicia. Y cuando hay justicia, se abren de par en par las puertas de la ancha reconciliación.

En estos días, por ejemplo, hemos conocido nuevos detalles y hechos que han rodeado el asesinato del ex Ministro de Relaciones Exteriores Orlando Letelier. No nos anima la venganza, ni menos la violencia. Pero en este caso, como en otros, es básico saber quiénes estuvieron detrás de tan vil asesinato y proceder a los juicios que correspondan. No con el fin de perseguir, sino de sanear la convivencia de los chilenos. No con el fin del desquite menguado, sino de reparar los graves daños provocados a la imagen de nuestro país.

Señor Presidente, tengo ante mí un informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile, elaborado en 1985 por la Organización de Estados Americanos, en Washington. Si uno lee con detención este libro, sabiendo perfectamente cuál es la entidad que hay detrás, se dará cuenta de todo lo que se cometió durante esos años.

Dicho texto constata la desaparición de 668 chilenos; el Régimen anterior reconoció la de 600.

Nosotros tenemos datos indicadores de que los desaparecidos fueron muchos más; pero el libro de la OEA, a propósito de la elaboración del informe mencionado, constata sólo 668 desapariciones -repito-, de las cuales, según el mismo documento, la Administración precedente reconoció alrededor de 600.

Quienes fuimos víctimas de la violación de los derechos humanos, de graves injusticias cometidas por el Gobierno que acaba de terminar, lo hemos dicho: no nos anima la venganza, ni mucho menos tenemos dificultades para enfrentar la verdad, aun cuando nos duela. Aquellos que se encuentran en situaciones como la de quien les habla, por ejemplo, encarcelado por largos meses y víctima del exilio por el solo hecho de haber sido Vicerrector de la segunda universidad más importante del país, tienen gran apego a la verdad y a la justicia, pero jamás a la venganza, ni mucho menos a la violencia.

Señor Presidente, sé que el proceso por conocer la verdad es y será difícil. Hay instituciones que pueden ser tocadas o dañadas en su prestigio. No es nuestro ánimo. Las instituciones que dan vida a la patria, que es de todos los chilenos, trascienden a quienes puedan haberlas representado en una coyuntura histórica determinada.

Este hecho, que reconozco como difícil, no debe, sin embargo, llevarnos a callar o a mentir, o violentar nuestra conciencia. Esta nos obliga a no dejar en la impunidad ningún crimen. Hacerlo sería sembrar de incertidumbre el futuro de Chile; sería entregar a la juventud un mal ejemplo; sería pavimentar la posibilidad para que otros, más adelante, se sintieran tentados a incurrir en los mismos crímenes, a utilizar similares métodos, a ampararse en regímenes autoritarios de cualquier signo que respalden la comisión de tan brutales violaciones a los derechos humanos.

Por ello, señor Presidente, apoyamos la constitución de la Comisión de Verdad y Reconciliación, sabiendo que en el plazo de seis meses nos entregará, no sólo un informe sobre su cometido, sino un respiro a tanta indignación cobijada en nuestros espíritus durante 16 años de dictadura.

Creo que esa Comisión, señor Presidente , ha de devolver la dignidad a todos aquellos a quienes se intentó arrebatarla durante el Régimen anterior.

Gracias.

REFORMA TRIBUTARIA

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, el día de ayer iniciamos el trabajo correspondiente a la Comisión de Hacienda de esta Corporación en cuanto a la iniciativa sobre reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso Nacional.

Comenzamos escuchando las opiniones de los dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores y de la Confederación de la Producción y del Comercio.

Tendremos oportunidad, tanto en la Comisión cuanto en la Sala, de dar nuestra opinión, en general y en particular, sobre el proyecto. Sin embargo, aprovecharé la hora de Incidentes para hacer algunas reflexiones respecto de las grandes cuestiones que, a nuestro juicio, están detrás de la normativa que el Congreso conoce en este momento.

No cabe duda de que la cuestión que suscita la necesidad de emprender dicha reforma es la constatación de los agudos desequilibrios sociales existentes en nuestro país. En el día de ayer y hoy hemos escuchado intervenciones en este sentido. Cifras más, cifras menos, comparaciones más, comparaciones menos, el hecho sustantivo es que en Chile -repito- tenemos desequilibrios sociales que resultan intolerables para una sociedad moderna y democrática, como aquella a la que todos los chilenos, o la mayoría, al menos, aspiramos. He sido elegido en una región donde hay una ciudad, la de Talca, en la cual más de la mitad de la población vive en condiciones de pobreza; es decir, 80 mil personas de un total de 160 mil.

En Santiago -según las últimas informaciones del año recién pasado-, 15 de cada 100 familias se encuentran en situación de indigencia, lo que significa que su ingreso familiar no les permitió siquiera adquirir la canasta básica de alimentos que señala la Organización Mundial de la Salud; 26 familias de cada 100 viven en condiciones de extrema pobreza; un millón 900 mil chilenos, en la metrópoli más grande del país, viven en situaciones que no son humanamente dignas.

Lo anterior es sufrido de manera particular y dramática por los adolescentes y los niños. Sabemos que los índices de cesantía, por ejemplo, son mucho más graves entre los jóvenes y que las carencias familiares afectan, de manera a veces irreparable, a la niñez.

Nosotros afirmamos que el problema más serio que enfrenta Chile, como nación, es la enorme desigualdad social que caracteriza a nuestro país, la que se ha agravado durante estos últimos 16 años. Porque podrán darse, señores Senadores, las cifras que se quieran; pero hemos tenido un modelo en el que la riqueza tiende a concentrarse y no a distribuirse conforme a criterios mínimos de equidad. Ha sido el propio Instituto Nacional de Estadísticas, dirigido por funcionarios del Régimen anterior, el que ha señalado cómo se ha producido este fenómeno de la concentración del ingreso generado por todos los chilenos. Y, de acuerdo con esas cifras, el 10 por ciento de las familias más pudientes del país accedía el año pasado al 41 por ciento del producto nacional.

Esta situación tiene que ser enfrentada como uno de los problemas más graves de nuestra nación. Porque nos plantea, en primer lugar, una profunda demanda ética. No es tolerable que permitamos que tantos millones de chilenos vivan en una forma que no condice con la dignidad del ser humano.

En segundo término, se nos presenta, asimismo, un desafío político. No habrá democracia ni convivencia estables mientras no vayamos superando el esquema de extrema desigualdad en que se desenvuelve nuestra sociedad.

Y, por último, también es éste un imperativo económico. No es moderna una economía ni es moderna una sociedad en la cual conviven efectivamente, como ocurre hoy día en Chile, avances productivos y tecnológicos -que nos ubican, en algunos rubros, a la cabeza, incluso, de las economías más desarrolladas del mundo- con relaciones de trabajo que se asemejan mucho a las del capitalismo del siglo XIX. Yo represento a provincias donde este fenómeno forma parte del paisaje y la convivencia diaria de los chilenos. En la de Curicó, por ejemplo, donde se cuenta con las más altas tecnologías agroexportadoras, las condiciones sociales del trabajo no se concilian con las de un país democrático y de las tradiciones del nuestro.

Se nos dice -y se sobreargumenta, a veces, con lo obvio- que para resolver estos problemas es indispensable crecer. Es evidente: el crecimiento es la única manera de asegurar progresos estables en el nivel de vida de los habitantes de una sociedad. Sin embargo, me gustaría que, por lo menos en este Senado, evitáramos entre nosotros los argumentos de obviedad. Porque es también evidente que no basta el crecimiento para asegurar la redistribución.

Hemos sido invadidos durante estos últimos años por la posición dogmática del neo-liberalismo extremo, que nos afirma que el mercado lo resuelve todo, y por teorías ya añejas en los países que les dieron origen. Y se nos pretende retrotraer a una discusión -que no es la discusión contemporánea que los chilenos tenemos que enfrentar- acerca de la extrapolación entre el mercado, como el factótum capaz de resolver todos los problemas de la sociedad, o el Estado, en su otra versión, como el ente destinado también a asegurar, en todos los planos, la felicidad de los hombres.

Las cosas en el mundo contemporáneo no son así. Por lo tanto, nosotros al menos, como socialistas, no vamos a contribuir a rebajar el nivel del debate, imprescindible en este Senado y en el país, a tales niveles de obviedad.

Sabemos que el mercado es indispensable. Los socialistas sabemos, por malas experiencias propias y ajenas, que reviste ese carácter en la asignación eficiente de los recursos en cualquier economía. Incluso, hemos reflexionado en el sentido de que el mercado es anterior al capitalismo en el desarrollo de la historia humana y de que será también, seguramente, posterior a él. Pero es de toda evidencia, asimismo, que el solo mercado no resuelve los principales problemas de la sociedad. Y señalaré únicamente tres problemas centrales de Chile y del mundo, en los que la sola operación del mercado es absolutamente insuficiente.

En primer lugar, el relativo a la protección de los recursos naturales y los equilibrios ecológicos. Es claro que la sola lógica del mercado -y esto lo hemos vivido dramáticamente en Chile- favorece la desprotección de dichos recursos y amenaza, incluso, los equilibrios ecológicos que permiten la vida humana en el mundo.

En segundo término, el mercado es insuficiente para resolver de manera adecuada la asignación de recursos en los plazos largos, y, por lo tanto, tiene que haber correctivos en esta perspectiva.

Por último, igualmente es insuficiente para asegurar una distribución socialmente equitativa de los frutos del trabajo humano.

Cuando hemos tenido además, como en la situación chilena, un extremo mercadismo, más una estructura política dictatorial, los efectos para algunos sectores de la sociedad son devastadores. Porque hemos tenido un mercado socialmente muy imperfecto. Porque la democracia también es un ingrediente que influye en el tipo de mercado que cada economía construye. Y aquí ha funcionado uno en el que ha habido intervención del Estado, como se señalaba, ayer -ya termino, señor Presidente-, pero ella ha sido completamente arbitraria, no sujeta al control público y exclusivamente en beneficio de unos sectores sociales y no de otros.

En seguida, la dictadura ha influido en que los trabajadores se hayan visto privados de la mayoría de los derechos que en toda sociedad democrática les corresponden para equilibrar, también en el mercado, la desprotección en que muchas veces se encuentran respecto del capital.

Finalizo, señor Presidente, diciendo que los socialistas y los parlamentarios del Partido por la Democracia, entraremos con el espíritu indicado y en función de los objetivos expuestos a la discusión general y particular del proyecto de ley sobre reforma tributaria que pronto conocerá el Senado.

Muchas gracias.

COMISIÓN NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACIÓN

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Ofrezco la palabra al Honorable señor Martin.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Quedan 9 minutos del tiempo correspondiente al Comité Radical.

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Cedemos al Honorable señor Hormazábal parte del tiempo que nos resta, señor Presidente .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormazábal.

CRÍTICAS A GOBIERNO MILITAR EN ASPECTOS SOCIALES

El señor HORMAZÁBAL .-

Ahora quiero, señor Presidente, en forma breve, hacer dos o tres acotaciones a las observaciones formuladas por el Honorable señor Pérez.

Su Señoría planteó una interrogante respecto de cuál sería la orientación del Gobierno del Presidente Aylwin hacia adelante. Claramente la señaló el Primer Mandatario: no cometer los errores del pasado, no dejarse cegar por los dogmatismos y construir una sociedad abierta, en la cual tenemos espacio todos, pero haciendo justicia a quienes tanto sufrieron en los 16 años anteriores.

Se nos consultaba si íbamos a mantener los principios de la economía centralizada o de libre mercado. Yo pregunto, por mi parte, de qué libre mercado me hablan en el sistema financiero, por ejemplo, durante el Gobierno pasado.

El Honorable Senado sabe que en todos esos años no hubo libre mercado en el sistema financiero. Las principales entidades bancarias quebraron porque sus dueños se llevaron los recursos confiados por los depositantes y los trasladaron, en negocios irreales, a la generación de las denominadas "empresas de papel".

Cifras oficiales, publicadas en un diario de Santiago por un funcionario de la Administración anterior, demuestran que la fuga de capitales de este país, que los depósitos en el extranjero superaban los siete mil millones de dólares, en un momento en que la deuda externa del sector privado ascendía a once mil millones de dólares.

Constatamos las cifras oficiales y observamos el hecho, bastante significativo, de que inversionistas de las Islas Caimán vienen a Chile para invertir en determinadas empresas, en un procedimiento habitual del sector capitalista transnacional para traer recursos vía préstamos, en circunstancias de que se trata precisamente de capitales "fugados", obtenidos en la gestión interna del país, y a veces, de manera no muy apropiada.

¿De qué libertad de precios nos hablan, cuando el Banco Central bajo el Régimen anterior fijaba las tasas de interés en el sistema financiero?

¿De qué libertad de mercado nos hablan bajo la Administración anterior, cuando el v Gobierno del general Pinochet ejerció el poder total, por ejemplo -para no ir a otros sectores-, sobre la banca? Intervino los Bancos de Chile, de Santiago, Internacional, Concepción, y tantas otras entidades, lo que significaba manejar cerca del 70 por ciento de las colocaciones.

Hoy día se podría decir que el Banco de Chile es del sector privado. Pero ¿cómo obtuvieron el control sus actuales poseedores? El Presidente de esa institución fue su interventor durante el Régimen pasado, que lo envió allí para hacer frente a la crisis producida en la administración. A partir de ese momento, mediante procedimientos que en su oportunidad señalaremos en forma pública, lograron el control accionario. Llegaba un cliente a solicitar una renegociación y le pedían entregar el poder respectivo, para que así el Presidente del Banco pudiera dominar en la Junta de Accionistas. Y los deudores, agobiados por los intereses usurarios, accedían, lo que gestó una nueva manera de hacerse dueño del capital financiado por todos los chilenos.

Dicha entidad bancaria y otras perdieron más de tres veces su capital y reservas, y no estaban en condiciones de devolver al Estado los recursos facilitados ni siquiera en 60 ó 70 años.

¿De qué principios de libre mercado nos hablan?

Y, desde el punto de vista del libre mercado, ¿por qué el Gobierno anterior dictó disposiciones legales que nos impidieron a los trabajadores participar en condiciones igualitarias con los empresarios para acceder a aquél?

El Honorable Senador Thayer se refería al tema, por ejemplo, de la negociación colectiva. ¡El 8% de los trabajadores, solamente, podíamos negociar bajo las reglas del ordenamiento jurídico vigente! Mientras tanto, la abrumadora mayoría de los trabajadores chilenos tenía que verse ante la imposición establecida por los patrones.

El Gobierno del Presidente Aylwin no quiere cometer el error del dogmatismo en un momento en que en el mundo caen los dogmas económicos y sociales. Trata de desarrollar, en cambio, lo mejor de la iniciativa privada, con sus capitales, con sus recursos, y hacer justicia a todos los sectores que no la recibieron durante el Régimen anterior.

Hay una invitación para participar, en forma creativa, en una nueva realidad que deseamos construir en conjunto; pero eso no pasa por destruir todo lo que existió antes. Porque aquí, señor Presidente , si una lección deberíamos sacar -aun cuando, en lo particular, soy un adversario categórico de muchas de las creaciones de la Administración pasada-, es la de que la historia muestra que los cambios no pueden producirse de una manera abrupta, ya que siempre van generando situaciones difíciles en la estabilidad de los pueblos. Y quienes somos demócratas de corazón estamos dispuestos a confrontar nuestras ideas, nuestras experiencias, nuestros errores y nuestros aciertos, para que el Régimen que viene sea objetivamente el de un país para todos.

Se ha formado, además, un juicio en Chile. Las cifras ya no engañan a nadie. En la provincia del Choapa, en la Cuarta Región, los pobladores, los campesinos, los mineros, dieron más del 60 por ciento de respaldo al Presidente Aylwin . Porque cuando la gente de la Región, por carecer de atención en salud, tiene que tomar la "micro" del hospital de Illapel y viajar 8 horas entre esa ciudad. Coquimbo y La Serena para consultar a especialistas, los datos que aquí se dan acerca de la salud durante el Gobierno anterior carecen de toda validez.

Quiero recordar por último, respecto del factor desnutrición, el aporte de don Fernando Monckeberg , médico talentoso -no ha pertenecido al Senado, pero no por ello deja de serlo...-, quien ha declarado en sus tareas permanentes, merecedoras del estímulo de todo el país, que si hemos lograda mejorar las cifras de desnutrición -y me alegro-, ha sido por la obra de Gobiernos que sembraron para producir precisamente ese efecto. Y no se puede superar el problema de un año para otro.

En 1973 cambió la forma en que convivíamos los chilenos; pero ni por muy milagrosos que se consideraron algunos pudieron superar el hecho de que la creación colectiva de un país no se elimina por decreto, porque crece de una manera misteriosa, pero hermosa, en el corazón y el quehacer de cada chileno.

Gracias, señor Presidente.