Labor Parlamentaria

CONDENA A ATENTADO CONTRA MIEMBROS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA EN SANTIAGO. CRISIS DEL PODER JUDICIAL. OFICIOS

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, Honorables colegas:

En primer término, en nombre de los Senadores del Partido Demócrata Cristiano, deseo expresar nuestra condena más categórica al atentado perpetrado recientemente en Santiago en el inmueble donde residen varios señores miembros de los Tribunales Superiores de Justicia.

Consideramos que los actos de violencia, quienquiera que los cometa y cualesquiera que sean sus motivos, son condenables y que la vida humana debe ser siempre respetada.

Por ello, hacemos llegar al Poder Judicial y a los señores Ministros y Fiscales víctimas de ese atentado nuestra absoluta solidaridad, y confiamos en que la investigación judicial que se realiza obtenga éxito y se individualice y sancione a los culpables.

Por otra parte, señor Presidente, en los últimos días se ha producido un debate público con relación a la crisis del Poder Judicial.

Al respecto, me parece importante exponer la opinión de los Senadores del Partido Demócrata Cristiano sobre este tema tan trascendente.

"Crisis" significa "un juicio que se hace de una cosa después de haberla examinado cuidadosamente".

Por eso, no puede valorarse a priori una crisis, ni positiva ni negativamente, ya que ofrece por igual posibilidades de bien y de mal. Pero ciertas valoraciones anticipadas son factibles tan pronto como se especifica el tipo general de la crisis.

Al inaugurar el año judicial 1989, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema , don Luis Maldonado, recordó que, "Frente a la organización del Estado que se separa tripartitamente en el manejo del poder, es posible concebir la necesidad elemental de la heterotutela. Cada uno de los Poderes vela para que el otro no utilice mal el que le corresponde".

Al iniciarse el tránsito a la plena democracia, esa afirmación comienza a adquirir plena validez, y es obligación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo ocuparse de ejercer esa heterotutela; de modo que nadie debe molestarse si ello ocurre.

Según el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "es la voluntad del pueblo la base de la autoridad del Poder Público", de donde fluye necesariamente el derecho del pueblo a evaluar pública, serena y democráticamente el comportamiento de toda autoridad y de toda institución pública, con mayor interés y detención mientras más alta sea la importancia de la función que cumple.

El mismo Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, al inaugurar el año judicial 1990, propuso cambios profundos en la justicia chilena y señaló la necesidad de una efectiva autonomía política, económica y funcional del Poder Judicial; indicó las disposiciones dictadas por el régimen militar que han obstaculizado, y lo continúan haciendo, la labor de los jueces; pidió cambios en el sistema de nombramientos y de calificaciones de los funcionarios judiciales, y reclamó por las bajas remuneraciones de estos servidores públicos.

Sólo un mes después, el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, hizo pública su coincidencia con esas posiciones, y fue más lejos, analizando en profundidad esas fallas y sugiriendo orientaciones y soluciones concretas para superarlas.

El Primer Mandatario sostuvo que "nadie puede objetivamente negar que la administración de justicia experimenta una grave crisis".

Concordamos con el juicio emitido por el Jefe del Estado: "Hoy día nadie puede, objetivamente, negar que la administración de justicia experimenta una grave crisis. Encuestas de opinión pública y estudios científicos, la opinión del ciudadano común y el análisis del propio Presidente de la Excelentísima Corte Suprema coinciden en señalar las graves deficiencias que aquejan a nuestro sistema judicial: faltan tribunales; éstos carecen de medios adecuados; los juicios demoran demasiado; y, en el ámbito penal, muchas veces son inútiles; mucha gente no tiene posibilidad de acceder a la justicia y muchos juzgan inútil recurrir a ella; y, por sobre todo, la ciudadanía opina que la judicatura no actúa como un Poder del Estado realmente independiente.".

Sin embargo, creo que lo más grave e importante de esta situación se refiere a los derechos humanos. El Presidente de la República ha dicho que, en la gran mayoría de los casos de gravísimas violaciones criminales de los derechos humanos, "nuestros tribunales no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes les confieren para proteger los derechos fundamentales de las personas, lo que constituye su más trascendental tarea".

Soy un testigo directo de esto último. Durante los pasados 16 años, y en especial desde la Vicepresidencia de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, pude constatar, día a día, esta verdad fundamental.

En un archivo revisado con rigor, mes a mes, entregamos a las autoridades las denuncias de muertes, homicidios frustrados, torturas, amedrentamientos, relegaciones, exilios y privaciones de libertad totalmente arbitrarios.

Son muchas miles las personas y familias que vivieron tales dramas, y la justicia resultó impotente para proteger a esas víctimas.

Por ello, no es admisible afirmar, como se ha hecho en el acuerdo de la mayoría de los Ministros de la Corte Suprema, que "el Poder Judicial no está en crisis" "porque cumple y sigue cumpliendo su elevada misión de ser justo".

El país, señor Presidente, no puede quedarse discutiendo si hay o no crisis en la justicia chilena. El problema no se reduce a un calificativo apropiado, sino a que el Poder Judicial realice la tarea que el pueblo espera y exige.

Esa obligación está enmarcada en los compromisos que ha contraído el Estado de Chile con la comunidad internacional en esta materia y que, por lo mismo, obligan al Poder Judicial como parte de ese mismo Estado.

Es urgente que nuestra justicia se haga responsable del cumplimiento de tales normas internacionales y que efectúe un profundo examen sobre sus deberes en esta materia, más aún si sabemos que hoy, en virtud de lo preceptuado por el artículo 5° de la Constitución Política, ellas son las disposiciones superiores a todo el orden jurídico nacional.

El Poder Judicial debiera ser modernizado conforme a los principios y normas establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los pactos y convenciones que obligan a Chile en esta materia, como también todos los jueces y funcionarios auxiliares de la justicia deberían poseer la conciencia, el conocimiento y la voluntad de cumplir con esos deberes propios del Poder del Estado en que ejercen la noble y significativa tarea de la justicia.

Hoy en día, la teoría del derecho ha avanzado pasos gigantescos, desde la crítica del derecho internacional en materia de derechos y libertades fundamentales.

Nuestra justicia deberá desarrollarse en profundidad, en extensión y en eficacia.

Cada vez son más complejos los asuntos que a ella corresponde tratar y más amplios sus horizontes. Esto obliga a una profunda renovación humana, organizativa de medios e instrumentos.

Será tarea de toda la sociedad proceder a esta modernización y puesta al día de nuestra justicia.

Habrá que promover una conciencia social de la concepción de la justicia como fruto de la realización de la dignidad humana, para alcanzar la seguridad jurídica y la paz social, inspiradas en los valores y normas de los derechos humanos.

Habrá que restituir al Poder Judicial la plenitud de las características que le dan la condición de un real Poder del Estado, mediante la atribución de una efectiva autonomía económica, independencia política y en sus procedimientos, junto a una real fiscalización democrática de sus actuaciones. Por ello, coincidimos con las ideas que expuso el Presidente de la República para elevar la judicatura a su más alto nivel, por medio de una reforma orgánica y procesal que le permita realizar la justicia en la convivencia social mediante:

-Incorporación a la judicatura de los métodos más modernos y adecuados para el ejercicio de sus atribuciones.

-Establecimiento de una carrera judicial que respete plenamente la dignidad de los magistrados, donde sólo los criterios de eficiencia e idoneidad sean relevantes para el ingreso y los ascensos en la carrera.

-Calificaciones públicas con expresión de sus fundamentos, efectuadas por el superior jerárquico inmediato, con reposición o apelación.

-Creación de una escuela judicial donde posean prioridad las cuestiones doctrinales y prácticas destinadas a fortalecer el sentido de responsabilidad ética y social de la función jurisdiccional.

-Reformas orgánicas y procesales que restituyan a la justicia ordinaria su competencia en materia de delitos que no sean propiamente militares, a la vez que aceleren el ritmo de la judicatura y mejoren la calidad del servicio, extendiéndolo a los sectores más desvalidos.

-Independencia de la judicatura, calidad ésta que exige -más allá de las normas programáticas que la postulen- la firme voluntad del magistrado de alcanzar la verdad y de ser justo, "protegiéndose con recia coraza de toda clase de influencias y presiones, aun las de sus propios prejuicios", y visiones globales sobre la sociedad y el diario acontecer.

-Creación de un Consejo Nacional de la Justicia, entendido como un órgano integrante del Poder Judicial que asumiría exclusivamente funciones no jurisdiccionales, quedando estas últimas reservadas a los tribunales establecidos por la ley.

Señor Presidente , asegurando la unidad de su jurisdicción, el ejercicio real del derecho a la justicia para toda la población, la coherencia entre la ley nacional y la internacional en materia de derechos humanos y la ampliación de su horizonte a todas las dimensiones que éstas comprenden, se habrán repuesto para todos los chilenos la confianza y el amor a esta función esencial al Estado de Derecho, capaz de asegurar el orden y la paz, en una sociedad que busca vivir en solidaridad y unidad de propósitos.

Ha llegado el día en el cual, entre todos, nos demos a la tarea de construir el país que queremos y debemos tener.

Que nadie se moleste, señor Presidente, por la crítica y que nadie crea que el cambio es una amenaza.

Es cierto que existe una crisis de la justicia en Chile, pero también es verdad que hay en el Poder Judicial personas preparadas, eficientes y probas que, a pesar de las limitaciones que sufren, desean cumplir lo mejor posible con la alta misión de administrar justicia.

Los principios y normas de la justicia a que he hecho referencia buscan justamente resolver la crisis lejos de la pasión, y, por lo mismo, las mejores cualidades para superarla residen en la humildad del saber, la voluntad de servir, el amor a cada ser humano en su libertad, su igualdad, su dignidad y sus derechos.

A esta tarea trascendental debemos contribuir el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial , para construir un sistema judicial más independiente y eficiente, que haga posible que en Chile haya justicia para todos.

Termino rogando al señor Presidente que se sirva disponer el envío de oficios al señor Presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y al señor Ministro de Justicia , transcribiéndoles el texto de mis observaciones.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor LAVANDERO.-

Y en nombre del Comité Demócrata Cristiano.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre del Honorable señor Pacheco y del Comité Demócrata Cristiano.

La señora SOTO.-

Haciéndolos extensivos al Ejecutivo , porque, a nuestro juicio, lo que se ha intentado es desestabilizar al Gobierno.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Se harán extensivos en esa forma, agregando el nombre del Comité Partidos por la Democracia y Socialista.

PROBLEMAS DE REGIÓN DE MAGALLANES. OFICIOS

El señor RUIZ (don José) .-

Señor Presidente, Honorables colegas:

He entregado a cada uno de los señores Senadores un trabajo que resume los problemas más graves que afectan a Magallanes y, también, lo que he denominado Algunos Lineamientos Generales para una Política de Desarrollo Integral de esa Región.

No voy a dar lectura al documento, por la escasez de tiempo de que dispongo, pero señalaré, en una apretada síntesis, las dificultades que considero de mayor gravedad. Y, al mismo tiempo, voy a solicitar al señor Presidente que tenga a bien enviar oficios a los Ministros que indicaré más adelante, sobre las materias que voy a enumerar.

Magallanes, indudablemente, no es sólo una Región más de Chile: es una Región cuyo potencial está llamado a ser un foco importante de desarrollo del país en su conjunto.

Políticas distintas implementadas a lo largo del tiempo no han sido capaces de sacar a esa zona de un nivel de abandono y postración. En especial durante los últimos años, la población ha sufrido duramente el aislamiento y no se han puesto en práctica mecanismos tendientes a solucionar el grave problema de nuestros compatriotas que deben emigrar al territorio argentino.

Por otra parte, existe la posibilidad de desarrollar en Magallanes un gran complejo portuario que no sólo sirva de puerta para nuestros productos de exportación y para cubrir las necesidades de la Región, sino que además sea realmente un punto de encuentro entre los dos océanos y permita al puerto prestar un gran servicio internacional entregando importantes aportes a la economía del país.

Está también Magallanes en la antesala de la Antártida, y, por lo tanto, todo lo que depara ese continente de futuro depende, en gran medida, de la capacidad que tenga aquella Región para desarrollar e implementar servicios portuarios y otro tipo de atención que constituyan un punto de atracción para las naves que deban circular por esas latitudes.

Por tales consideraciones, solicito que se oficie a los señores Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores para hacerles presente la gravedad de la situación que vive hoy Magallanes (y que amenaza con revestir caracteres de catástrofe si no se toman medidas oportunamente) a raíz de que chilenos que habitan en el sur de la República Argentina están comenzando, por la situación económica imperante en el país vecino y por la expectativa que ha despertado el regreso a la democracia en Chile, un retorno masivo con sus familias, aumentando en forma alarmante los índices de cesantía, especialmente en las provincias de Última Esperanza y de Tierra del Fuego.

También deseo que se oficie al señor Ministro de Obras Públicas pidiéndole que informe del estado de los proyectos que paso a enumerar:

Acueducto de Parrillar, para dar solución al problema del agua potable en Punta Arenas; urge terminar el proyecto, para iniciar las obras en la próxima temporada.

Proyecto del puerto de Punta Arenas. Se trata de conocer el alcance de un proyecto que hasta aquí ha sido ignorado por la comunidad y, al mismo tiempo, de que se recojan las observaciones que se puedan formular para mejorarlo y darle mayor eficacia a fin de que sirva en forma más adecuada a la comunidad de Magallanes. Y, en tercer lugar, todo lo relacionado con la política de pavimentación de carreteras, que podría ser un elemento fundamental para absorber la gran cesantía que amenaza con invadir a Magallanes .

Asimismo, solicito que se envíe un oficio al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo para que instruya al SEREMI de esa Cartera en la Región con el objeto de que se mantengan las prohibiciones de efectuar en los terrenos destinados al futuro puerto cualquier tipo de instalación industrial o de otra índole que no guarde relación con el proyecto portuario que estamos proponiendo.

También pido que se oficie al señor Ministro de Minería para que ponga término a la concesión otorgada en el Cordón Baquedano a la Compañía Mantos Blancos, que ha abandonado las faenas desde hace varios años. Hoy día, como ha sucedido siempre a través de la historia, son los pirquineros quienes están laborando en los terrenos pertinentes. Por lo tanto, solicito que la pertenencia del caso se entregue a los mineros que se hallan trabajando allí; que se concedan a éstos facilidades de tipo económico para financiar las operaciones, y que se cree un poder comprador de oro en Puerto Porvenir.

Finalmente, pido oficiar al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para comunicarle la grave situación que amenaza a la Región de Magallanes por el término de los contratos con los transbordadores que unen Puerto Montt con Puerto Natales y Puerto Porvenir con Punta Arenas. Ambas líneas son subvencionadas por el Estado, y las empresas que prestan el servicio han amenazado con retirar las naves si no se suben en forma sustancial las subvenciones.

Para evitar que se ahonde más el aislamiento de Magallanes y que se dañe a Tierra del Fuego tan seriamente como se ha estado haciendo, creo que es necesario solucionar a la brevedad ese problema.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.

El señor LAVANDERO.-

Y en nombre del Comité Demócrata Cristiano, señor Presidente .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Así se hará, señor Senador.

SOLUCIÓN TRANSITORIA PARA PRESOS POLÍTICOS. OFICIO

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, creo que todo el mundo está consciente de que en los últimos tiempos ha existido un enorme exilio, se ha exonerado gente y se ha encarcelado a miles de chilenos por pensar de modo distinto del Régimen anterior.

Para llevar adelante tales propósitos, aquél dispuso de diversos sistemas, alterando en todo caso principios de equidad y justicia básicos en todo Estado de Derecho.

La violación de dichos principios ha constituido una de las razones de la escasa credibilidad con que fue juzgado el Gobierno autoritario, que se decía democrático, en los más altos tribunales de conciencia y civilizados del mundo occidental.

La Corte Suprema y el Poder Judicial no han sido ajenos a esta situación, salvo, por supuesto, un número importante de jueces, de los cuales algunos pagaron el alto precio de tener que inclinarse ante la injusticia legal, de asumir una actitud indiferente o de abandonar el cargo que con tanta dignidad sostuvieron durante años.

En este marco judicial, organismos represivos y de inteligencia obtuvieron confesiones, declaraciones y pruebas que sirvieron para condenar o acusar a miles de chilenos. Nacieron los presos políticos.

Algunos de ellos han sido acusados de actos de violencia de complejo análisis en los fundamentos y criticables respecto de su oportunidad y eficacia política. Estos actos difíciles de juzgar son los que el actual Gobierno, con paciencia y vocación democrática, trata de evaluar y resolver con justicia y garantía de los derechos esenciales que se encuentran involucrados.

No podría dejar de señalar que tal propósito se ve entrabado en extremo por la densa legislación represiva y militarizante de la justicia que nos lega el Régimen saliente.

No obstante las complicaciones existentes, hay en todo esto hitos nacionales e internacionales indiscutibles: se trata de delitos políticos, de presos políticos, los que, como los prisioneros de guerra, históricamente han sido siempre diferenciados en el trato y separados en los hechos de los delincuentes comunes.

Creo que está fuera de discusión el carácter político de las acusaciones que mantienen en prisión a un gran número de ciudadanos. Sobre esta calificación hay criterios unívocos. Y me parecería oportuno, posible y positivo actuar desde ya en este aspecto, separando a los presos políticos de los presos comunes y atribuyendo a aquéllos un trato y un régimen de visita adecuados a su condición de presos políticos, en espera del proceso complejo y necesariamente más lento que deberá resolver de manera definitiva y en el fondo cada caso concreto.

Creo que este reconocimiento de la condición de preso político no puede sino significar una reacción comprensiva y paciente de los afectados hacia los esfuerzos del Gobierno democrático por solucionar en derecho cada situación. Esto debería contribuir a una mejor convivencia y entendimiento nacionales.

¿Cómo hacerlo?

Si no se saliese de un Régimen militar, se podría recurrir a una escuela de suboficiales para que sirviese como lugar de reclusión natural, con todas las facilidades que los mismos militares mantienen cuando son juzgados.

En la situación histórica que vive Chile, recurrir a recintos militares es inadmisible.

Pero tenemos mucho donde buscar, con el buen ánimo de dar una respuesta pronta al drama de los presos políticos: reservarles Capuchinos en exclusividad; asignarles una escuela, un hospital-internado que reúna condiciones especiales; reservar alguna cárcel de la que se saque a los presos comunes y en la que se hagan las habilitaciones del caso para recibir adecuadamente a los presos políticos, o bien, reservar un ala o sector de un establecimiento penitenciario que cumpla los requerimientos indispensables para tal efecto.

Me parece que lo esencial es distinguir entre presos políticos y delincuentes comunes. En todo el mundo se hace esta distinción: en Italia, en Alemania, en Francia. ¿Por qué no ahora en Chile, cuando estamos ingresando a la democracia?

Por eso, señor Presidente , solicito enviar estas observaciones al señor Ministro de Justicia , para que busque el camino más adecuado mientras llega la gran solución, mientras llegan los indultos, mientras llegan otras respuestas para cada caso concreto, lo que necesariamente deberá ser más lento. Pero los presos políticos no pueden esperar. Y por eso formulo mi petición, a fin de que se busque un mecanismo que permita aliviar esta tensión, que es una herida que tiene Chile en el alma.

Nada más, señor Presidente .

--(Aplausos en tribunas).

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Recuerdo a las personas que están en tribunas que no se aceptan manifestaciones. Por ello, les ruego guardar el debido respeto en las sesiones que celebra esta Corporación.

Se enviará el oficio solicitado, en nombre del Honorable señor Lavandero y del Comité Demócrata Cristiano.

La señora SOTO.-

Y en nombre del Comité Partidos por la Democracia y Socialista, señor Presidente.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Y en nombre del Comité Partidos por la Democracia y Socialista.

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y PRINCIPALES PROBLEMAS CRÍTICOS DEL SECTOR SILVOAGROPECUARIO. OFICIOS

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite treinta segundos, señor Presidente?

Ha sido muy interesante la intervención del Honorable señor Romero. Y quisiera saber si Su Señoría dispone de un dato que podría ilustrarnos a todos: ¿cuántos embalses y tranques se construyeron durante los dieciséis años del Régimen anterior?

El señor ROMERO .-

Mi exposición, señor Senador, está contenida en este apretado resumen. Oportunamente daré respuesta a Su Señoría. Pero en este momento no dispongo de esa información.

El señor HORMAZÁBAL.-

Yo se la puedo dar.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Hago presente a Sus Señorías que no están permitidos los diálogos.

El señor HORMAZÁBAL.-

Yo le puedo dar la respuesta.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Senadores dirigirse a la Mesa.

El señor ROMERO .-

Pero puedo informarle, sí, acerca de algo tan importante como las obras mayores de riego. Y me refiero a toda la Ley de Riego, que ha facilitado la operatividad de las grandes obras que se construyeron en este país. Además, ese cuerpo legal ha posibilitado...

El señor HORMAZÁBAL.-

¡Embalses y tranques, ninguno!

El señor ROMERO .-

... a pequeños y medianos agricultores regar...

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¡Ruego a Sus Señorías dirigirse a la Mesa!

El señor ROMERO .-

... y racionalizar el uso del agua.

En todo caso, me parece muy loable el interés demostrado por mi Honorable colega, que espero se materialice cuando discutamos aspectos como los que he planteado.

El señor HORMAZÁBAL.-

¡Cero tranques, cero embalses en dieciséis años!

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¡Ruego a los señores Senadores evitar los diálogos!

Si Sus Señorías desean formular observaciones, deben solicitar la palabra a la Mesa, como lo establece el Reglamento.

El señor LAVANDERO.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría, en el tiempo que resta al Comité Demócrata Cristiano.

El señor GONZÁLEZ.-

Pido la palabra, señor Presidente , con cargo al tiempo del Comité Radical.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviará al señor Ministro de Agricultura el oficio solicitado por el Honorable señor Romero, con los alcances formulados por el Honorable señor Lavandero.

En cuanto a la petición del Honorable señor Romero de hacer llegar sus planteamientos a la Embajada de Estados Unidos y al Senado de ese país, la Mesa estima pertinente remitir el oficio correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que por esa vía se transmita el pensamiento de Su Señoría a los organismos indicados.

EXPLOTACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE NATIVO. OFICIOS

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, Honorables colegas, me voy a referir a un tema concreto de mi Región. Y no tiraré barro a nadie; sólo pretendo abordar un problema específico que se nos avecina.

En la Región de Los Lagos, a la que tengo el honor de representar, existe en este momento un tema candente que, de cuando en cuando, adquiere mayor notoriedad, pero que en forma permanente preocupa a la opinión pública, autoridades y personeros relacionados directa o indirectamente con él: la explotación y manejo de nuestro bosque nativo.

Hoy día me referiré a la materia fundamentalmente porque comienzan a levantarse voces de alerta ante un proyecto de aprovechamiento de maderas nativas en la Isla Grande de Chiloé.

En la Décima Región en particular y en Chile en general, muchos recordamos aún el abortado plan "Astillas de Chiloé", que a mediados de la década pasada ocupó las primeras planas de los periódicos.

Recientemente recibí una nota del señor Obispo de Chiloé -copia de la cual se envió a todos los parlamentarios de la circunscripción y a los señores Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados-, en la cual ese prelado expresa su preocupación por el desconocimiento que se tiene en esa provincia y en la Región de la existencia de adecuados estudios ecológicos y antropológicos con relación a un proyecto que impulsa en la zona la empresa denominada "Celulosa Chiloé", al igual como se desconocen las medidas concretas orientadas a evitar los perjuicios que podrían derivar de una explotación irracional del bosque nativo. La base de tal proyecto sería la instalación de una planta mecanizada de embarque de madera en astilla o chip en un sector de la comuna de Quellón.

A modo de información, debo anotar que todo el sur de la provincia de Chiloé -aproximadamente 20 mil kilómetros cuadrados- está cubierto de bosques.

Personalmente, no soy partidario de la intangibilidad de los recursos naturales sólo por la conservación a ultranza del medio. Por lo contrario, soy partidario de su aprovechamiento racional, especialmente de los renovables, para que éstos, a través de la demanda creada, generen la consecuente explotación consciente y controlada, asegurando su aprovechamiento interminable en el tiempo y transformándose así en una entrada permanente y sostenida, bajo estrictas normas de protección ecológica.

Deseo ilustrar a los Honorables colegas en el sentido de que mi preocupación parte del hecho de que aproximadamente 50 por ciento del bosque nativo de Chile -al menos el potencialmente productivo- se encuentra en la Décima Región.

De las 3.600.000 hectáreas de bosque nativo en nuestra Región, hay 500 mil hectáreas en áreas silvestres protegidas y controladas por CONAF; 2 millones 400 mil hectáreas inexplotables por el momento debido a diversas restricciones, y 700 mil hectáreas, que se encuentran en manos privadas, susceptibles de explotación y manejo.

Se calcula que en este bosque nativo explotable existen 214 millones de metros cúbicos de madera.

Se sabe, además, que el bosque nativo es un sistema vivo que -se calcula- crece cada año entre 5 y 10 metros cúbicos de madera por hectárea. Es decir, en las mencionadas 700 mil hectáreas susceptibles de explotación se van generando anualmente, en forma natural, entre 3,5 y 7 millones de metros cúbicos de madera.

Se sabe también que ese crecimiento puede aumentarse al doble si se aplican planes de manejo técnicamente estudiados y estricta y conscientemente aplicados.

Por otro lado, es necesario tener en cuenta que el 75% de la madera nativa se consume en Chile como leña y carbón; el 10% va a aserraderos, para la construcción, y el 15% se destina a fines de exportación e industrial. En la Décima Región, ese 15% significa 600 mil metros cúbicos para astillas, celulosa y conglomerados.

Actualmente, en Puerto Montt opera la Empresa Forestal RICHCO, que, a raíz de la presencia en el puerto de un gran cerro de astillas destinadas a la exportación (visible prácticamente desde toda la ciudad) y del tránsito permanente de camiones cargados con troncos por sus caminos de acceso, causa justa preocupación y polémica.

El conocimiento de otras iniciativas en ciernes, relacionadas todas con la explotación de nuestro bosque nativo, tiende a agravar las preocupaciones, las críticas y las polémicas, y, lógicamente, la consecuente preocupación del señor Obispo de Chiloé .

Así, se sabe de varias iniciativas relacionadas con el aprovechamiento de la madera y que dicen relación a astillas pulpables para celulosa; producción de madera aserrada; construcción de paneles, partes y piezas para muebles de exportación, etcétera. Todas ellas significarían para la Décima Región una inversión de casi 600 millones de dólares en los próximos tres años.

Resulta ilustrativo acotar que la empresa ya instalada y trabajando en Puerto Montt se dimensionó para procesar 360 mil metros cúbicos de madera al año. Recuerdo que existen 214 millones de metros cúbicos explotables; que ese bosque crece a razón de 3,5 millones de metros cúbicos al año, y que puede desarrollarse al doble si se maneja adecuadamente. Es decir, esta empresa procesa una décima parte de lo que crece naturalmente nuestro bosque regional al año. De paso, implica un gran ingreso para la Región; se duplican las exportaciones por nuestro puerto, que estaba subutilizado, y proporciona trabajo a 1.000 personas en forma directa y a otras 1.000 indirectamente.

Sin lugar a dudas, en el futuro próximo tendremos que preocuparnos fundamentalmente del medio ambiente. De eso tenemos conciencia. Ello plantea una disyuntiva y un desafío en materia del manejo del bosque nativo, porque parto de la base -y descarto el hecho- de que lo dejemos intocado y virgen; para eso están los parques, las reservas y los monumentos naturales. Si se enfrenta la actividad productiva con mentalidad meramente extractiva, habrá que contar, como en esta oportunidad y con justa razón, con una cerrada oposición e incomprensión de la comunidad toda, con las negativas consecuencias que eso tendrá para nuestro desarrollo. O, por el contrario, puede asumirse el aprovechamiento del bosque nativo con un enfoque de conservación y producción económica de largo plazo, con perspectiva de desarrollo en el tiempo, con los beneficios consiguientes de todo orden para la sociedad comprometida: generación de empleos; mayor bienestar en general; incremento de la tributación, y una plena identificación de la comunidad con el manejo de sus recursos productivos.

Expuestas las bases mismas de mis preocupaciones, que sé que comparten muchos compatriotas, deseo solicitar al señor Presidente las siguientes acciones:

1.- Oficiar a los Ministerios de Economía y de Agricultura, solicitando información sobre los proyectos que en este sentido se estén tramitando ante sus organismos dependientes. Específicamente, se desea saber sobre el ya mencionado proyecto de la Empresa Celulosa Chiloé, en la comuna de Quellón;

2.- Oficiar al Ministerio de Agricultura, a fin de que informe acerca de la capacidad o restricciones que tiene hoy día CONAF para controlar adecuada y eficazmente los proyectos relacionados con la temática que nos preocupa;

3.- Oficiar, asimismo, al Ministerio de Agricultura, con el objeto de que informe respecto de las iniciativas legales que se encuentran en estudio en esa Secretaría de Estado y que vayan en beneficio directo de la preservación del bosque nativo; y

4.- Solicitar al señor Presidente de la Comisión de Ecología del Senado que una próxima reunión de tal organismo se realice en la Décima Región, con la concurrencia de todos los parlamentarios regionales e invitando a exponer a las principales autoridades de los sectores público y privado que están relacionados con el tema del bosque nativo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría, en conformidad al Reglamento.

El señor PÁEZ.-

Y en nombre del Comité Demócrata Cristiano.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Así se hará, señor Senador.

CIUDAD Y EDIFICIO SEDES DEL CONGRESO NACIONAL Y ACCIONES CONEXAS

El señor THAYER .-

Señor Presidente, tomaré muy pocos minutos. Y si me excediera, debo agradecer desde ya al Comité Independiente la gentileza de haberme cedido parte de su tiempo.

Quiero referirme a una vieja y siempre nueva cuestión: la sede del Congreso Nacional.

Considero un deber fijar mi posición frente al debate suscitado acerca de la ciudad y del edificio sedes del Congreso Nacional.

Insisto en lo de "ciudad" y "edificio" porque, en las discusiones que he escuchado o leído, me ha parecido advertir, desde luego, una inconsecuencia o desarmonía: se comparan las ventajas e inconvenientes del funcionamiento en Valparaíso, en el actual edificio inconcluso, con las ventajas e inconvenientes del funcionamiento del Parlamento en "algún edificio y lugar de Santiago", sin definirse si debe ser el antiguo edificio -hoy, Ministerio de Relaciones Exteriores-; el edificio Diego Portales -actualmente, sede del Ministerio de Defensa-, o algún otro que pudiera construirse.

Declarando mi respeto y consideración a toda otra opinión, quisiera resumir las razones que me inducen a propiciar que no se innove en cuanto a la sede actual del Congreso, en Valparaíso y en el edificio levantado con ese preciso fin. Sin embargo, empezaré por referirme a una cuestión previa que se relaciona con el cese sin tardanza de las discusiones al respecto y la adopción de una decisión definitiva.

Se trata de la penosa situación que afectará al personal que labora en la construcción del actual edificio si, con prudente anticipación a su término o al finalizar las distintas etapas programadas, no se ha resuelto de manera definitiva y total lo concerniente a la sede del Congreso Nacional.

Evidentemente, toda construcción demanda trabajo temporal, y, por lo mismo, es inevitable a su finalización un cese masivo de los contratos de un número importante de trabajadores. Tratándose de un edificio de la magnitud del destinado a albergar al Parlamento y sus dependencias -cerca de 60 mil metros cuadrados-, la cesantía alcanzará a un total aproximado de 1.400 personas, y quizá a un número igual de familias, si partimos del grado actual de avance de las obras, las cuales en algún momento ocuparon a alrededor de 2.600 trabajadores.

¿Qué solución tiene este problema? Sólo una: activar desde ya las múltiples iniciativas urbanísticas, viales, turísticas, comerciales, de construcción, vivienda, transporte y servicios de todo orden que implicarán la necesaria adecuación de todo el ámbito que rodea al nuevo edificio del Congreso Nacional, masía satisfacción de las exigencias y el aprovechamiento de las oportunidades zonales que nacerán de su funcionamiento y, eventualmente, del traslado y radicación en Valparaíso, Viña del Mar y ciudades aledañas de muchas familias que, por una u otra causa, preferirán establecerse cerca de este nuevo polo de atracción. Dos o tres veces mayor será el efecto si, en lugar de continuar los rumores negativos de que el Congreso se irá de Valparaíso, toman forma y consistencia la creencia y aspiración de muchos -entre los que me cuento- de que la red de ciudades cercanas a la costa que tienen por base Valparaíso y Viña del Mar será, más temprano que tarde, en la década que se inicia, sede de la nueva capital de Chile.

Nadie puede enojarse por las opiniones que en uno u otro sentido se emitan al respecto. Pero mucho menos podemos enojarnos en contra de los porfiados hechos. Y el hecho macizo, real, incontrovertible, está ahí, a pocos meses plazo: el edificio del Congreso marcha indefectiblemente hacia su terminación, y el fantasma de la cesantía empezará a acechar a un enorme número de trabajadores, a menos que acabemos esta discusión mucho antes que el edificio donde debatimos.

Es posible que a algunos con menos vivencias en asuntos laborales que la que tiene el Senador que habla esto les parezca una prevención excesiva o alarmista. Realmente, no lo creo así. Ya se conocieron los primeros atisbos del problema en la víspera del 11 de marzo, al terminarse la primera etapa de las obras. Entiendo que la segunda concluye el 21 de mayo. Por consiguiente, tenemos cercano un período de dificultades.

Deseo recordar ahora, como una contribución modesta a la conclusión de este debate, algunas de las principales razones que respaldan la opción que defendemos: el funcionamiento del Congreso en el edificio que se ha construido para ese fin y que actualmente ocupa.

Primero: Santiago se ha transformado en una ciudad que requiere imperiosamente, no sólo detener el ritmo loco de crecimiento de su población, sino disminuirlo razonablemente. Aparte de los graves trastornos que generan problemas como la restricción vehicular -evidencia palpable de lo que vengo expresando-, los altos índices de contaminación del aire están dañando gravemente a la población adulta y destruyendo el legítimo derecho a una existencia sana y prolongada de la niñez y la juventud que hoy vive en la capital de Chile.

Como es evidente, la situación se agrava aún más en el centro de la ciudad. Y las calles Bandera, Compañía, Catedral y Morandé , que rodean el antiguo edificio del Congreso, se llevan las palmas entre las más deletéreas. Naturalmente, con el Parlamento en pleno funcionamiento, la situación sería más prohibitiva.

Estudios acuciosos han demostrado que Santiago es, en la actualidad, la ciudad más poblada del mundo con relación al resto de la población del país (38%), seguida de lejos por Buenos Aires (32%). Sin embargo, todos sabemos que esta última, quizá haciendo honor a su nombre, es un puerto barrido por vientos y brisas que mantienen la ventilación de la ciudad, lo que no ocurre en Santiago durante la mayor parte del año.

Segundo: el crecimiento anómalo que hemos destacado proviene de que Santiago es la capital de Chile, y no de otra causa. Santiago se ha ido comiendo al resto del territorio, no porque sea el principal centro minero, o agroindustrial, o forestal, ni, obviamente, pesquero (los cuatro pilares de la economía nacional). Tampoco podríamos decir que su emplazamiento natural lo hace más atractivo que Valdivia o Valparaíso; o que su clima es más benigno que el de Arica, Antofagasta o Quilpué. Santiago ha crecido por una causa política, y es de ese orden el remedio que debe ponerse a la enfermedad.

Tercero: no existe alternativa estudiada ni actual para permitir el funcionamiento del Congreso en Santiago. El antiguo edificio -aparte su ubicación en pleno centro de la contaminación atmosférica y acústica y de la congestión vehicular- se ha hecho definitivamente inadecuado para las exigencias actuales. Sus 16 mil metros cuadrados deben compararse con los 59 mil del nuevo edificio en Valparaíso. No tiene estacionamiento de automóviles, ni oficinas para los parlamentarios, ni salas de recibo (para este efecto hay que usar los pasillos). Repitámoslo: es menos de una tercera parte del edificio nuevo que hoy ocupamos.

El edificio Diego Portales, moderno y adecuado para sus fines, con poco más de 10 mil metros cuadrados, es entre una quinta y una sexta parte del de Valparaíso.

Las dificultades provenientes de la separación de sedes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben evaluarse considerando los siguientes aspectos.

Ante todo, debemos pensar que se trata de una situación temporal, porque todo aconseja y nada impide que Valparaíso sea la capital de Chile en el milenio que pronto se iniciará. Sabemos que la era del Atlántico está desplazándose hacia el Pacífico, y mil razones aconsejan no dar la espalda a nuestro futuro.

Los avances tecnológicos, científicos y económicos van acercando las distancias. En el futuro tendremos un ferrocarril de alta velocidad que en menos de media hora conectará a Santiago y Valparaíso, como hoy se puede hacer en avión o helicóptero, sistemas de transporte que, sin duda, se generalizarán.

Por último (para no extenderme), el sistema constitucional que nos rige acentúa benéficamente la separación de los Poderes, evitando la enojosa y a veces viciosa actividad parlamentaria de actuar como agente de presiones administrativas ante funcionarios de servicios públicos. Deberemos acostumbrarnos a la idea de que son los intendentes regionales, y no los directores centrales de los servicios públicos, el contacto directo con el Presidente de la República para agilizar la marcha del país, y a la de que el desenvolvimiento deberá canalizarse a través de los Consejos Regionales de Desarrollo.

Naturalmente, lo expresado y lo mucho más que se podría agregar en apoyo de las sólidas razones que justifican la opción del Congreso en Valparaíso requieren una indispensable dosis de buena voluntad para adaptarse a una situación transitoria. Pero las mayores incomodidades derivan de la incertidumbre y de su prima hermana, la suspicacia.

Por eso, la discusión sobre la sede del Congreso debe terminar. Hay parlamentarios, padres de familia, estudiantes, comerciantes, industriales, a la expectativa para adoptar decisiones de interés personal y social, muchas de las cuales inciden en lo recientemente dicho sobre la necesidad de que, al término, de la construcción del edificio del Congreso, se encuentren en pleno desarrollo todas las actividades subsecuentes a la instalación de este importante Poder del Estado en el primer puerto del país.

Nada más, señor Presidente .

--(Aplausos en tribunas).

DIGNIDAD DE LA FUNCIÓN PARLAMENTARIA

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, durante dieciséis años el Parlamento dejó de funcionar. Quizás esa circunstancia ha influido para que algunos sectores de la opinión pública no asuman la cabal comprensión del papel que esta institución tiene en la democracia.

Es probable también que ese largo lapso en que este Poder del Estado tan trascendente no pudo expresarse haya hecho olvidar a otros sectores de la opinión pública que sí vivieron en democracia el papel importante del Congreso Nacional. Y es factible que la situación menguada en que ambas Cámaras se encuentran como producto de una institucionalidad autoritaria que las privó de sus funciones más esenciales contribuya también a este estado de opinión pública.

Sería importante que la ciudadanía supiera que tradicionales atribuciones de las dos Cámaras han desaparecido en la actual Constitución; que se han ampliado enormemente las causales de cesación en el cargo de los parlamentarios; que las atribuciones del Poder Ejecutivo se han extralimitado -yo diría- hasta el absurdo y que, correlativamente, han disminuido las del Parlamento; que, en síntesis, mediante la limitación del contenido y de la forma de expresarse -de la inviolabilidad parlamentaria, por ejemplo- ha concluido institucionalmente un proceso que no tenía otro destino que privar a este órgano de expresión pública de su singular trascendencia.

Es posible que, por todas esas razones -y muchas otras-, en el país tienda a prevalecer la impresión de que el Parlamento carece de la trascendencia que objetivamente debiera tener. Y, en mérito de ellas, pudiera parecer excusable que los medios de comunicación, llamados a orientar a la opinión pública, hayan puesto su acento en cuestiones de orden anecdótico y no en algunas tan fundamentales como las que acabo de citar.

Ojalá estos medios de comunicación estuvieran centralmente preocupados de hacer una campaña para reivindicar los fueros y las atribuciones del Parlamento. Ojalá estuvieran particularmente interesados en cuál debe ser la proyección de la Cámara de Diputados y del Senado en el futuro democrático. Lamentablemente, no lo están, y sí aparecen concentrados en su atención hacia algunos aspectos anecdóticos que terminan por rebajar la dignidad de un Poder del Estado.

Quiero referirme muy concretamente a lo que, más allá de simple manifestación de la libertad de opinar o de informar, no puede sino ser asumido por este Parlamento como la intención de configurar en la opinión pública prejuicios en su contra.

Cuando se distraen mucho tiempo y muchos escribas en concentrar la atención sobre lo que ganan o dejan de ganar los parlamentarios, algo anda mal en los medios de comunicación. Cuando se pone énfasis en aspectos secundarios que no dicen relación con el núcleo de lo que es la función pública, algo también anda mal.

Y, sin apelar al espíritu de cuerpo, pero sí, por cierto, a esa comunión que nace de la pertenencia a una institución tan respetable y que debe ser respetada, como el Senado de la República, quiero llamar la atención de mis Honorables colegas sobre esto, que me atrevo a calificar como una campaña de descrédito y de desprestigio en contra del Parlamento.

Y me parece útil y oportuno que esta Corporación, a través de los medios que estime pertinente establecer, públicamente también, llame la atención de esa opinión pública sobre la importancia del papel que tiene y en cuanto a la insustituible necesidad de procurarse los medios indispensables para que esa función pueda cumplirse en forma cabal.

Porque hoy aparecen muchas personas preocupadas de si un Senador viaja en bus, "a dedo" o en auto de Santiago a Valparaíso. Aparecen muchos otros singularmente concentrados en determinar si los gastos de los parlamentarios deben ser o no deben ser reembolsados.

Al respecto, quiero afirmar algo que me parece elemental: quienes tenemos un origen y un patrimonio modestos no venimos al Parlamento a enriquecernos, pero tampoco venimos a él para terminar presos por deudas; porque con la dieta no es posible financiar todos los gastos que demanda el cumplimiento de nuestra función. Y a nadie le preocupa que a un Ministro de Estado o a un Subsecretario se le procuren todos los medios materiales para que pueda cumplir esa función. Más aún, parece lógico y lícito. A nadie le preocupa que en cualquier repartición pública -como es de todos sabido- se pongan automóviles a disposición, no sólo del Ministro, del Subsecretario y del jefe, sino también de otros funcionarios, en todos los regímenes; y no se escriben crónicas, ni se urden anécdotas para impugnar lo que resulta obvio.

Es obvio que un Ministro de Estado o un magistrado de la Corte Suprema disponga de local de funcionamiento; de medios de locomoción; en definitiva, de los medios materiales mínimos para cumplir su función. Pero tan obvio como eso -y tal vez más, porque (diría yo) en democracia éste es el primer Poder del Estado- es que los parlamentarios también puedan disponer de los recursos materiales mínimos para cumplir su función.

Sé que he incursionado en un tema de difícil tratamiento. Porque, cuando se hacen afirmaciones de esta naturaleza, que universalmente se comparten, surge la reacción. Y estimo que, con el objeto de que desde ya comencemos a entendernos en este país y a decir las cosas en forma clara, es útil, necesario y oportuno que en el Senado de la República no rehuyamos vergonzantemente un asunto respecto del cual tenemos el derecho y toda la habilidad moral para pronunciarnos públicamente.

Muchas gracias, señor Presidente.

ESCLARECIMIENTO DE CRIMEN DEL EX CANCILLER DON ORLANDO LETELIER

El señor GAZMURI .-

Durante esta semana, señor Presidente y Honorables colegas, se han producido dos hechos importantes respecto de uno de los crímenes más notorios cometidos durante el Régimen anterior. Me refiero al asesinato, en Washington, del ex Embajador y ex Ministro de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional don Orlando Letelier. Por una parte, la justicia norteamericana detuvo a un colaborador en ese asesinato, el cubano Dionisio Suárez. Por la otra, la prensa de hoy indica que, por propia confesión, apareció una de las personas que provocaron mayor inquietud en quienes hemos seguido el proceso, que fue cómplice también de ese asesinato. Me refiero a la persona que en la crónica aparecía como Liliana Walker, quien acompañó a Washington al entonces capitán Fernández Larios , el que, según propia confesión, tuvo por misión hacer el seguimiento en esa ciudad de los movimientos de don Orlando Letelier tanto en su residencia como en sus oficinas.

Queremos plantear en esta Sala que, a nuestro juicio, el pleno esclarecimiento de tal crimen y el debido juzgamiento de sus culpables son indispensables para la sanidad moral del país.

Uno puede afirmar que, de todos los atropellos cometidos en estos últimos años, pocos se han configurado de manera tan nítida como la expresión y ejecución de un delito de terrorismo de Estado. Fueron organismos de la Inteligencia de nuestro país los que urdieron y perpetraron el asesinato de un ciudadano chileno ilustre. Y, además, lo hicieron amenazando la seguridad y la integridad de la nación en la capital de otro país.

Yo diría que en pocos crímenes como éste, tanto en el proceso incoado por la justicia de los Estados Unidos como en las investigaciones privadas que han hecho organismos norteamericanos y la propia familia de don Orlando Letelier -uno de cuyos hijos es Diputado en este nuevo primer Congreso democrático-, se ha logrado acumular una cantidad suficiente e irrefutable de datos circunstanciados que han llevado a la justicia estadounidense a tener presunciones muy fundadas para inculpar de la responsabilidad intelectual y operativa nada menos que a un ex coronel del Ejército de Chile, como también a quien fuera el Director de los Servicios de Inteligencia del Gobierno anterior, el general en retiro Manuel Contreras .

Consideramos indispensable que este crimen, respecto del cual nuestro país y la opinión pública internacional tienen el convencimiento de que existen pruebas suficientes para que sea conocido por tribunales chilenos, se esclarezca en nuestra patria.

Sabemos que hubo una solicitud de extradición formulada por tribunales de Estados Unidos que la Corte Suprema denegó. Y, como chilenos, creemos que hace a la dignidad y sanidad moral de nuestro país que esta situación se esclarezca en Chile.

En el período democrático que se inicia en el país, donde es de la esencia de la democracia el respeto a los derechos de cada cual (respeto que debe significar también el término de la impunidad de quienes tuvieron el poder arbitrario para imaginar y llevar a cabo atentados de esta naturaleza), es indispensable que esta situación la podamos aclarar y juzgar en Chile. Fueron chilenos las víctimas; fueron chilenos los autores, e igualmente son chilenos los millones de ciudadanos que esperan que la democracia restablezca la verdad y la justicia.

En estos días se ha hablado de la crisis del Poder Judicial; también se ha hecho durante esta sesión. Esa crisis tiene que ver con la credibilidad del pueblo chileno en que la justicia sea capaz efectivamente de cumplir su cometido esencial.

Y queremos reiterar esta tarde que corresponde a la judicatura chilena (y en particular a la Corte Suprema), en esta hora de cambio democrático, una grave responsabilidad con la historia de nuestro país, porque tiene los antecedentes y la potestad para esclarecer la verdad, hacer justicia y, además, efectuar un favor al espíritu de reconciliación y de convivencia democrática que todo el país espera que iniciemos en este período.

Muchas gracias, señor Presidente.

REPOSICIÓN DE SERVICIO FERROVIARIO ENTRE SANTIAGO Y VALPARAÍSO. OFICIO

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, hace algunos años se produjo un lamentable accidente ferroviario en un sector de la Quinta Región denominado "Queronque". Desde ese entonces se suspendió el transporte de pasajeros por ferrocarril entre Santiago y Valparaíso y las localidades intermedias.

He recibido la visita de un número importante de trabajadores ferroviarios, quienes me solicitaron indagar acerca de la factibilidad de reponer el servicio ferroviario de pasajeros en la Quinta Región, y específicamente entre Santiago y Valparaíso. Señalan que de esta forma se lograría para la población de la Quinta Región un medio alternativo al transporte rodoviario y, muy probablemente, a un valor menor que el pagado por el servicio en los buses. Permitiría también sacar del aislamiento en que hoy día se encuentra a un importante sector de la provincia de Petorca, el cual está prácticamente entrampado entre dos peajes, por lo que, para salir de la localidad, debe asumir un costo extremadamente alto. Por último, con ello se crearían oportunidades de empleo a muchos trabajadores ferroviarios que hoy carecen de él.

Por estas razones, señor Presidente, solicito oficiar en mi nombre al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, o al señor Director de Ferrocarriles, o a quien corresponda, con el objeto de que se informe al Senado acerca de la factibilidad de reponer el servicio ferroviario de pasajeros entre Santiago y Valparaíso. Si la respuesta fuese negativa, deberán exponerse los fundamentos de ella.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor ROMERO.-

En mi nombre también, señor Presidente .-

Comparto la inquietud del Honorable señor González.

La señora SOTO.-

Y en el mío, señor Presidente.

El señor LAVANDERO.-

Y en nombre de nuestro Comité, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En nombre de Sus Señorías y del Comité Demócrata Cristiano, se oficiará al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones para que requiera del señor Director de Ferrocarriles la información pertinente.

SITUACIÓN DE PLANTEROS DEL RÍO SALADO. OFICIOS

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente y Honorables colegas, tan sólo quiero solicitar al Honorable Senado que pida al Ministerio de Minería y a CODELCO-Chile información precisa respecto de la siguiente situación.

En el pueblo de Diego de Almagro se está viviendo un problema francamente grave como consecuencia de la desviación del cauce del río Salado que, por instrucciones expresas de la Excelentísima Corte Suprema, debió hacer CODELCO-Chile en su División Salvador. En estos instantes, la casi totalidad de los planteros de ese río, de cuyas aguas extraían las piritas en suspensión, se hallan en huelga permanente; se "tomaron" parte de un camino; están en "olla común", y su futuro es incierto.

Por ello, quisiéramos saber cuál será el trato que en definitiva van a dar CODELCO-Chile y, consecuencialmente, el Ministerio de Minería a las solicitudes concretas de esos ciudadanos.

Por lo tanto, pido oficiar en mi nombre al Ministerio de Minería y a CODELCO-Chile, solicitándoles que informen sobre la solución definitiva que se dará a dichos planteros.

EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTO DEBAJO DEL PUEBLO DE TIERRA AMARILLA. OFICIOS

El señor NÚÑEZ.-

Quiero, igualmente, que se oficie a los Ministerios de Minería y de Bienes Nacionales, como asimismo al Servicio Nacional de Minería y de Geología, respecto de un hecho que, a lo menos desde mi punto de vista, es francamente insólito: la prospección y explotación, iniciadas hace pocos días, de un yacimiento debajo del pueblo de Tierra Amarilla, en la Tercera Región. Los pobladores, con justa razón, están muy extrañados por el hecho de que prácticamente debajo de sus casas se estén haciendo explosiones.

Me parece absurdo que en estos instantes se estén realizando labores de tal naturaleza en el referido lugar, en circunstancias de que, según la ley, no es admisible, primero, vender los pueblos, y segundo, iniciar actividades mineras que puedan poner en riesgo la vida de las personas.

En consecuencia, solicito oficiar a las reparticiones públicas mencionadas a fin de que informen exactamente sobre la situación que se está viviendo en esa zona.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

El señor PÉREZ.-

Suscribo la primera petición de oficio del Honorable señor Núñez.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

El primero de los oficios se enviará también en nombre del Honorable señor Pérez.

El señor HORMAZÁBAL.-

¡El señor Senador está por que se venda el pueblo de Tierra Amarilla...!

El señor PÉREZ.-

¡Ojos del Salado está a más de un kilómetro de Tierra Amarilla, señor Senador ...!

ENCUENTRO DE LEGISLADORES INDÍGENAS DE AMÉRICA

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Solicito el asentimiento de la Sala para dar a conocer lo siguiente.

El Presidente Alterno del Parlamento Indígena de América invitó, a través de la Mesa del Senado, al Presidente de la Corporación y a dos representantes del Congreso Nacional al IV Encuentro de Legisladores Indígenas de América , por realizarse en la ciudad del Cuzco, Perú, entre el 27 de abril y el 2 de mayo de 1990.

El Honorable señor Ortiz ha expresado interés en concurrir a esa reunión en representación del Senado.

Solicito el asentimiento de la Sala para que Su Señoría pueda viajar a dicho Encuentro en representación de esta Corporación.

El señor LAVANDERO .-

A mi juicio, esta materia debería ser tratada en reunión de Comités, para resolver sus distintos aspectos, sin perjuicio de que se acceda a concurrir al citado Encuentro.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En la próxima reunión de Comités se planteará esto, que fue manifestado por el Honorable señor Ortiz antes de comenzar la presente sesión.

El señor LAVANDERO .-

Pero es una materia que deberíamos tratar en reunión de Comités.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si el criterio de la Sala es ése, se someterá a los Comités la decisión sobre el particular.