Labor Parlamentaria

ATENTADO CONTRA GENERALES EN RETIRO SEÑORES GUSTAVO LEIGH GUZMÁN Y ENRIQUE RUIZ BUNGER. PROYECTO DE ACUERDO

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En conocimiento del atentado criminal de que fueron objeto en la mañana de hoy los generales en retiro señores Gustavo Leigh Guzmán y Enrique Ruiz Bunger, me permito proponer al Honorable Senado que se adopte un acuerdo para condenar tal acto y enviar notas de respeto y sentimiento a las respectivas familias y al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.

Asimismo, sugiero oficiar al señor Ministro del Interior, solicitándole que se lleve a efecto la más severa investigación para descubrir a los autores de este hecho tan condenable.

Si le parece al Senado, se redactará en el transcurso de la sesión el proyecto de acuerdo pertinente, para expresar el sentir unánime de esta Corporación, sin perjuicio de lo que Sus Señorías, individualmente, estimen conveniente.

Acordado.

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS DE COMITÉS EN HORA DE INCIDENTES

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

De acuerdo con el artículo 87 del Reglamento, debe asignarse un tiempo a cada Comité en la Hora de Incidentes, en dos sesiones consecutivas, según el número de Senadores representados. En tal virtud, al Comité Demócrata Cristiano con 13 Senadores, le corresponden 50 minutos; al Comité Renovación Nacional, con 11 Senadores, 45 minutos; al Comité Partidos por la Democracia y Socialista, con 5 Senadores, 30 minutos; al Comité Radical, con 4 Senadores, 30 minutos; al Comité Independiente, con 8 Senadores, 40 minutos, y al Comité Mixto, conformado por la Unión Demócrata Independiente (2 Senadores), por el Comité Independiente (3 Senadores); y por el Senador señor Beltrán Urenda, 35 minutos.

III. CUENTA

El señor VALDÉS (Presidente).-

Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Tres de la Honorable Cámara de Diputados:

-Se manda archivar.

Con el segundo, comunica que ha aprobado el proyecto de ley que suspende la exigibilidad del seguro de responsabilidad civil por daños a vehículos de terceros hasta la oportunidad que indica. (Con urgencia calificada de "Discusión inmediata").

-Se acuerda eximirlo del trámite de Comisión.

Con el tercero comunica que ha aprobado el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura. (Con urgencia calificada de "discusión inmediata").

-Queda para resolución sobre exención del trámite de Comisión.

Diecisiete de las Comisiones.

-Se manda archivarlos.

Petición

Una de don Mario René de Jesús Fuenzalida Vigar con la que solicita la rehabilitación ciudadana.

-Pasa a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Terminada la Cuenta.

PRÓRROGA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY Nº 18.892, GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA. EXENCIÓN DEL TRÁMITE DE COMISIÓN

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Este proyecto tiene urgencia calificada de "discusión inmediata", lo que obliga a su despacho en tres días corridos.

Ofrezco la palabra en cuanto a la exención del trámite de Comisión, para procurar el despacho de la iniciativa hoy día.

El señor MC-INTYRE.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Gracias, señor Senador.

En atención a la importancia de las declaraciones que se están formulando sobre el tema, solicito el asentimiento unánime del Senado para que se incorpore a la Sala el señor Subsecretario de Pesca , don Andrés Couve.

Si no hay inconveniente, así se acordará.

Acordado.

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el señor Ministro de Economía .

El señor OMINAMI (Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción).-

Gracias, señor Presidente.

Antes de entrar en el mérito del asunto, quiero sumarme al sentimiento unánime que expresó el Senado con relación al cobarde atentado de que fueron objeto los generales en retiro señores Gustavo Leigh y Enrique Ruiz.

Por otra parte, debo manifestar mi satisfacción por la posibilidad de estar con los Honorables señores Senadores al momento de iniciar sus trabajos. Pienso que todos tenemos grandes esperanzas en lo fructífera que será la labor que conjuntamente, en beneficio del país, pueden realizar el Parlamento y el Ejecutivo .

Entrando derechamente en materia, me parece importante efectuar una presentación más global acerca del sector pesquero, no obstante la simplicidad del proyecto que sometemos a la consideración de Sus Señorías. De lo que se trata hoy día es, sencillamente, de discutir acerca de la necesidad, desde nuestro punto de vista, de prorrogar por seis meses la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 18.892, aprobada el 23 de diciembre del año próximo pasado.

Sin perjuicio de esa simplicidad, estimo importante hacer una presentación que involucre por lo menos tres grandes dimensiones: primero, la visión del Gobierno en cuanto a la realidad que enfrenta el sector pesquero; en seguida, las principales críticas que nos merece la ley N° 18.892, y, por último, un adelanto de cuáles son, de acuerdo con el criterio del Ejecutivo , las orientaciones básicas que debieran animar una proposición de enmienda, ya definitiva, de las normas sobre pesca.

Fundado en esos tres puntos, trataré de efectuar una presentación lo más sintética posible.

En cuanto al diagnóstico, creo que, por el conjunto de antecedentes que procuraré exponer, es pertinente calificar la situación que enfrenta el sector pesquero nacional como extraordinariamente contradictoria. ¿Contradictoria en qué sentido? No cabe la menor duda de que ese sector ha demostrado durante los últimos años un gran dinamismo: genera de manera directa más de 100 mil empleos y aporta, en materia de exportaciones, una cifra del orden de los 900 millones de dólares, lo que determina que nuestro país haya afirmado en forma creciente una presencia significativa en la industria pesquera mundial. Chile representa algo así como el 6 por ciento de esta última, cifra importante y que va creciendo.

Ésa es, sin lugar a dudas, la parte positiva de la historia.

Sin embargo, al lado de esta realidad, de mucho dinamismo y que implica un gran aporte al desarrollo nacional, confrontamos un conjunto de dificultades que es del caso precisar.

En primer lugar, varías de las principales pesquerías comerciales del país son fuertemente explotadas: la sardina, en el norte; el jurel, en la zona central, y la merluza, en el sur. Lo anterior importa el riesgo inminente, si no se adoptan los resguardos adecuados, de derivar a una sobreexplotación, antesala del colapso.

En segundo término, algunas de esas pesquerías -como es del conocimiento de la opinión pública- ya han alcanzado el grado de sobreexplotación; tal sucede con el langostino, el loco y la centolla, especies que, prácticamente, se encuentran colapsadas.

Por otra parte, conviene hacer presente que la estructura del sector público pesquero es absolutamente inadecuada para cumplir con un mínimo de éxito su labor de fiscalización. A título de ejemplo, considero importante que los señores Senadores sepan que el Servicio Nacional de Pesca dispone de un número muy reducido de funcionarios -menos de 200-; que su presupuesto resulta extraordinariamente exiguo, y que, desde el punto de vista de su logística, no cuenta, en la práctica con ninguna embarcación. Comprenderán Sus Señorías las dificultades que enfrenta ese organismo para cumplir su función fiscalizadora si no tiene siquiera una embarcación. Aquella de la cual se disponía ha sido transferida, para tareas de investigación, al Instituto de Fomento Pesquero.

Otro elemento que estimo necesario señalar es el fuerte contraste existente entre el desarrollo económico del sector y el subdesarrollo en materia de investigación. Sabemos muy poco acerca de su realidad.

Sobre el particular, quiero proporcionar un solo antecedente: en la actualidad no se gastan más de 3 millones de dólares por concepto de investigación pesquera, lo cual representa alrededor de 0.3 por ciento del volumen de las exportaciones que genera el sector. Este hecho, de por sí grave, tiene mucho que ver también con el tema que nos ocupa. Es muy difícil establecer una buena y adecuada normativa para la actividad pesquera si no se conoce a ciencia cierta su realidad y cuando, inclusive, se suscitan polémicas importantes entre los expertos con relación a puntos fundamentales para dictarla.

Por último, a este conjunto de dificultades se agrega, a mi juicio, la circunstancia de que el sector ha funcionado sobre la base de una normativa jurídica extraordinariamente anticuada. La legislación que rige al sector data de 1931. Y creemos -y éste es el tema al cual quiero referirme a continuación- que la solución propuesta por la ley Nº 18.892, no constituye en muchos puntos un buen arreglo a este problema de falta de una normativa jurídica adecuada.

Paso rápidamente a reseñar cuáles son, desde nuestro punto de vista, las principales críticas que nos merece la Ley de Pesca promulgada el 23 de diciembre de 1989.

En un sentido general, partiré señalando que se trata de un cuerpo legal extraordinariamente engorroso, que consta de 126 artículos permanentes y 10 transitorios. Se confunde aquí un conjunto de normas elevadas a la categoría de ley, en circunstancias de que más bien debieran ser objeto de decretos o de reglamentos.

En segundo lugar, junto con estimarla engorrosa, nos parece una ley excesivamente rígida, toda vez que no da opciones para administrar los recursos pesqueros: aplica como único sistema la llamada "cuota individual transferible" para todas las pesquerías declaradas en plena explotación.

Nuestra denuncia sobre tal rigidez apunta al hecho de que la ley no reconoce la naturaleza distinta de las pesquerías. Por lo tanto, nos parece extremadamente criticable el intento de imponer un solo sistema de regulación a pesquerías que tienen conformaciones y naturalezas diferentes.

Por último -todavía en un plano general-, estimamos que esta ley es absolutamente inaplicable. Para poder aplicarla en forma efectiva, se requiere de un gigantesco aparato estatal en términos tanto de funcionarios como de presupuestos.

En la primera parte de mi intervención describí la realidad del sector público pesquero. Quiero decir que, de entrar en vigencia la ley 18.982, dicho sector no está en condiciones de aplicarla. Y todos sabemos lo grave que resulta aprobar legislaciones que, producto de la incapacidad de aplicación, terminan siendo simplemente letra muerta.

Junto a estas críticas de orden general, creemos importante señalar cuáles son los principales riesgos que, desde nuestro punto de vista, tendría la entrada en vigencia de la ley el 1º de abril próximo.

En primer lugar, el régimen de libre acceso que se configura con la implantación de los registros automáticos genera, a nuestro modo de ver, un alto riesgo de sobreinversión y sobreexplotación de los recursos. Todo esto, por cierto, con consecuencias insospechadas para la buena marcha del sector.

En segundo término, es evidente que el sistema de cuotas individuales de captura, al momento de ponerse en vigencia la normativa, generaría una situación absolutamente irreversible, muy difícil de manejar. Con esto apunto al hecho de que el 1º de abril, en la eventualidad de entrar en vigor esta ley, debiéramos obligatoriamente comenzar a adjudicar los derechos históricos.

Por último, se configuraría una situación que cabe calificar de caótica, toda vez que el Estado se halla lejos de poder administrar la ley a la mencionada fecha, por falta de los reglamentos pertinentes, por la ausencia de un diseño en lo relativo al sistema de control y por la carencia de medios y de personal a que aludí.

Estas razones -que he tratado de presentar de manera muy sintética- son las que nos han llevado a plantear a la consideración del Honorable Senado la necesidad de prorrogar la fecha de entrada en vigencia de la ley 18.982, a fin de que el Parlamento pueda darse un período prudencial, que hemos estimado de 180 días, para discutir en profundidad cuáles deberían ser los contenidos esenciales y las normas precisas que rijan a futuro el desarrollo del sector pesquero nacional.

Respecto de este punto, cabe hacer un poco de historia. A ella aludía en su intervención el Honorable señor Mc-Intyre.

En un primer momento, sometimos a consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que ingresó el 12 de marzo y que constaba de cinco artículos. El primero de ellos establecía la prórroga. Pero agregábamos otros cuatro cuyo objetivo era dotar a la autoridad de facultades legales que le permitieran evitar un agravamiento de la situación del sector pesquero durante el período en que el Congreso Nacional discutiera en la perspectiva de poder entregar al país una normativa definitiva.

Sin perjuicio de lo anterior y de lo bien fundado de nuestro punto de vista en cuanto a esa iniciativa de ley de cinco artículos, hemos planteado, luego de una ronda bastante intensa de consultas con muchos parlamentarios, la necesidad de desglosar el proyecto inicial. De ahí, entonces, la discusión de esta iniciativa legal de artículo único. Para garantizar lo esencial, cual es la obtención del período de prórroga, resolvimos posponer el debate de las otras materias.

En cuanto a este punto, considero importante adelantar desde ya el compromiso del Gobierno de acelerar al máximo los trabajos, con vista a presentar un proyecto de reformas definitivas de la ley antes de que termine la Legislatura Extraordinaria. De esta manera creemos poder evitar al Parlamento y al país una dilación respecto de una materia que requiere de definiciones urgentes.

De ahí, pues, que hayamos concentrado nuestros esfuerzos en este proyecto de ley de artículo único, que, como señalaba, persigue evitar que se tropiece en el Congreso Nacional con algún problema reglamentario o de tramitación que haga estéril el esfuerzo por lograr el objetivo de prorrogar la entrada en vigencia de la ley 18.892.

Planteadas así las cosas, quiero señalar, por último, cuáles son, desde nuestra perspectiva, las principales orientaciones que debiera contener la normativa definitiva sobre el sector pesquero nacional.

Consecuente con la crítica que hacemos a la ley Nº 18.892, estimamos que, desde un punto de vista general, debiéramos contar con una preceptiva que permitiera, en primer lugar, simplificar el articulado. Creemos que en la ley deben quedar incorporadas solamente las materias con relevancia suficiente como para ser objeto de un cuerpo normativo de ese rango, dejando para la reglamentación posterior las de menor importancia.

Deseo llamar la atención hacia el hecho de que el sector pesquero es extraordinariamente particular, distinto de cualquier otro de la economía nacional; es un sector que, por su naturaleza, está sujeto a múltiples modificaciones que hacen necesaria una normativa suficientemente flexible como para poder adaptarse a ellas. De ahí, entonces, esta primera idea de simplificar el articulado de la ley.

En segundo lugar, nos parece fundamental introducir una mayor flexibilidad. Desde nuestra perspectiva, se trata de disponer de más de una alternativa de administración de los recursos pesqueros, atendiendo justamente a la naturaleza diferente de las pesquerías.

Respecto de ese punto, nos parece que una especie como la anchoveta, por ejemplo, dada su naturaleza, debe ser objeto de un tipo de regulación donde el concepto de unidad de esfuerzo juegue un papel preponderante. Un caso distinto se presenta con otras especies, respecto de las cuales el criterio puede ser diferente; puede ser, simplemente, el de la cuota individual.

Por último, consideramos muy importante también que adoptemos una normativa realista, en el sentido de que el sector público, que tendrá el mandato de aplicarla, se encuentre efectivamente en condiciones de hacerlo. No nos parece razonable que el Parlamento apruebe una ley que el Estado no esté objetivamente en condiciones de poner en práctica, ateniéndose a su espíritu y a su letra.

Entrando a algunos criterios más concretos, resulta conveniente señalar que, en cuanto a las formas específicas de regulación, somos partidarios del libre acceso para los recursos insuficientemente explotados, siempre que exista sujeción a un régimen de autorizaciones, para evitar la sobreinversión y la sobreexplotación.

Por otro lado, nos parece fundamental crear condiciones de acceso controlado para los recursos declarados en plena explotación. En este caso, somos partidarios de adoptar un sistema de asignaciones individuales para desarrollar unidades de esfuerzo o capturar una cuota determinada, según resulte más adecuado, considerando las características de cada una de las pesquerías en cuestión.

Estimamos que un punto fundamental que debe resolver la normativa definitiva es el de encontrar una buena combinación entre la determinación de cuotas de pesca atendiendo a un criterio de tipo histórico y la introducción de criterios de mercados, a lo menos aplicando esta idea a los excedentes y a los permisos transables. Creemos que se trata de una compatibilización difícil de lograr.

Desde nuestro punto de vista, es básico que la normativa abra posibilidades de acceso a este sector tan importante para el desarrollo nacional a agentes que hoy día no participan en él. Pero, de la misma manera, consideramos indispensable garantizar que el funcionamiento del sector mantenga un grado básico de estabilidad que no ponga en cuestión el aporte que éste está haciendo al desenvolvimiento económico del país. Dicho de otra manera, somos partidarios de que los mecanismos de mercado puedan operar en todo lo que sea posible sin colocar en cuestión la estabilidad fundamental que, obviamente, el sector requiere para funcionar en forma conveniente.

No cabe duda de que para el sector empresarial -y también, por cierto, para el laboral- resulta difícil desarrollar una actividad adecuada si no cuenta con garantías elementales de que podrá continuar participando en dicha actividad.

En consecuencia, no somos partidarios de llevar la operatoria de los mecanismos de mercado a un punto tal que se genere una inestabilidad que termine siendo insostenible para el desarrollo del sector.

Asimismo, creemos que la normativa debe establecer condiciones para que la autoridad opere con la mayor transparencia y ecuanimidad posibles.

Respecto de este punto, me adelantaré -buscando avanzar una respuesta a la preocupación planteada por el Honorable señor Mc-Intyre - a señalar lo siguiente.

La Ley de Pesca plantea la constitución de un Consejo Nacional.

Consideramos muy importante que, junto a la Subsecretaría de Pesca, exista una instancia ampliamente representativa de los agentes que intervienen en este sector. De aceptarse la prórroga, la forma como deseamos y proponemos resolver este problema es la siguiente.

El Gobierno se compromete a dictar en breve un decreto relativo a la constitución de una Comisión Nacional de Pesca, con la misma composición e idénticas atribuciones que, desde nuestro punto de vista, debería tener el Consejo Nacional de Pesca que se establezca en la normativa definitiva. Esto, con el fin de contar al más corto plazo con una instancia ante la cual los diversos sectores puedan apelar de resoluciones dictadas por la Subsecretaría del ramo.

Asimismo, nos parece importante que dicha normativa reconozca la situación particular que enfrentan los pescadores artesanales y que, con tal motivo, determine concretamente una zona de reserva exclusiva de cinco millas. A nuestro modo de ver, ése ha sido un avance importante de la ley 18.892, y nos proponemos mantenerlo.

Deseo terminar precisando que el espíritu que nos anima no es el de presentar un proyecto de Ley de Pesca enteramente nuevo. Creemos que la ley 18.892 respondió a cierta necesidad de introducir criterios racionales de manejo de un recurso que, en muchos casos, no estaba siendo explotado de manera adecuada. De ahí, entonces, que estemos haciendo presente la conveniencia de introducirle un conjunto de modificaciones acordes, desde nuestra perspectiva, con las orientaciones que he expuesto recientemente.

Reitero: en ningún caso es propósito del Ejecutivo someter a la consideración del Parlamento una nueva Ley de Pesca. Si ésa hubiese sido nuestra intención no habríamos venido aquí a plantear la necesidad de postergar la entrada en vigencia del texto pertinente, sino que habríamos pedido derechamente su derogación.

Concluyo solicitando la aprobación de este proyecto de artículo único, a fin de posponer la entrada en vigor de una Ley de Pesca que ha sido fuertemente resistida por casi la unanimidad de los actores, tanto empresariales como laborales, que se desempeñan en el sector. Ello, en la perspectiva de que el Congreso Nacional recupere la soberanía que le corresponde respecto de tan importante materia,

Nos parece que sería altamente conveniente proceder sin dilación, de manera que pudiéramos concentrar todos nuestros esfuerzos en acelerar los trabajos tendientes a presentar con la mayor brevedad un proyecto de reforma con vocación ya más definitiva.

Muchas gracias.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Gracias, señor Ministro .

Ofrezco la palabra.

Tiene la palabra el Honorable señor González.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Gracias, señor Senador.

Puede contestar, señor Ministro .

El señor CANTUARIAS.-

Perdón, señor Presidente.

Pido la palabra para complementar las preguntas y posibilitar que el señor Ministro las responda de una vez.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LARRE.-

¿Me permite, señor Presidente?

Quisiera consultar qué criterio se aplicará en lo futuro respecto de los barcos-factorías.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si no hay otra pregunta, daremos la palabra al señor Ministro .

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor OMINAMI ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-

Con mucho gusto trataré de contestar las preguntas hechas.

Considero muy importante que, en el momento de discutir sobre la solicitud que formulamos, podamos entrar a algún debate de fondo. Esto, en el entendido de que carece de sentido tratar de agotar hoy día la discusión a propósito del análisis de un proyecto muy simple, que establece una prórroga que posibilitará al Senado examinar en detalle la nueva normativa pesquera.

Lo anterior, entre otras razones, porque creemos que una buena normativa reguladora de esta actividad, mucho más que aplicar criterios de tipo ideológico, debe partir en primer lugar de un buen conocimiento del sector, lo que, como indiqué en mi exposición inicial, no siempre se cumple.

A nuestro juicio, no sólo es necesario tener un buen conocimiento del sector. También resulta fundamental realizar un proceso muy intenso de consulta a los diversos actores que deberán intervenir, de acuerdo con la normativa que en último término se apruebe.

Por consiguiente, estimo muy importante, antes de tener un pronunciamiento definitivo respecto de las diversas materias que tal normativa deberá incorporar, contar con la opinión que emita cada sector.

Asimismo, quiero decir que dentro del Gobierno existen la voluntad y el muy fuerte interés de poder discutir con más calma y de manera bastante detallada sobre los contenidos y las formas precisas involucrados en esta normativa. Y deseo señalar, como lo hice ayer en la Cámara de Diputados, que el propio Presidente de la República tiene la intención de involucrarse muy directamente en este debate.

De ahí, entonces, que los adelantos que pueda anunciar en esta oportunidad deben ser confrontados con los resultados a que lleguemos luego de la discusión que tengan Sus Señorías, las consultas que efectuemos a los sectores involucrados y la opinión del conjunto del Gobierno y del propio Primer Mandatario acerca de estas materias.

En ese entendido trataré de responder, una a una, las preguntas formuladas.

Respecto del libre acceso, en el caso de las pesquerías que no han alcanzado el grado de plena explotación, sostenemos que debe existir un sistema de esa índole, pero, naturalmente, sometido a un régimen de autorizaciones. Creo que esta necesidad es obvia. Si no hubiese autorizaciones y solo nos quedáramos con el libre acceso, ocurriría que estas pesquerías hoy día insuficientemente explotadas llegarían rápidamente a la situación de plena explotación, para pasar a la fase ya crítica del estado de sobreexplotación, antesala del colapso.

De ahí, entonces, que no sea una contradicción, sino, por el contrario, absolutamente lógico y coherente complementar la existencia de un sistema de libre acceso con uno de autorizaciones.

El punto, en consecuencia, no es discutir si debe o no existir un régimen de autorizaciones; el punto es la transparencia que tenga este sistema. Y, a ese respecto, somos partidarios de que la normativa que se apruebe establezca reglas parejas para todos, conocidas y de aplicación universal para quienes se sometan a ella.

En cuanto a la segunda consulta del Honorable señor Piñera , atinente a la importancia relativa de los derechos históricos y de los criterios de mercado, creo difícil poder avanzar más allá de lo señalado en mi intervención inicial. Considero que éste es un punto muy de fondo, que debe ser resuelto sobre la base de los requerimientos que planteé anteriormente. Tenemos que poseer un conocimiento muy acabado de la actividad pesquera; debemos desarrollar un proceso de consultas con los distintos sectores. Estimo fundamental que esta combinación entre reconocimiento de derechos históricos y apertura de criterios de mercado se haga, como decía, sin poner en cuestión la estabilidad básica del sector.

Si aprobáramos una normativa que hiciera tabla rasa de los derechos históricos o de la presencia que han tenido diversos sectores dentro de esta actividad, crearíamos un grado absolutamente insostenible de inestabilidad, que pondría, a mi juicio, en peligro el aporte que está efectuando el rubro pesquero en términos de empleo y de generación de divisas que el país requiere con tanta urgencia.

En cuanto a la tercera consulta, puedo entregar una respuesta muy franca y clara. Somos partidarios de que las cuotas sean transferibles y divisibles. Sin embargo, tenemos una duda -nos interesaría discutirla con mayor profundidad- acerca de la conveniencia de establecer que ellas sean universalmente arrendables. Pero, en lo esencial, estamos de acuerdo con la preocupación del Honorable señor Piñera en el sentido de que sean cuotas que se acerquen, desde este punto de vista, lo más posible a la asignación de derechos de propiedad.

En lo concerniente a la pesca artesanal, comparto también la inquietud planteada. Creo que debemos consagrar una normativa que proteja al sector artesanal y reconozca su especificidad, sin perjuicio de complementar dicha legislación con un conjunto de políticas que busquen su promoción. Me parece muy importante que tengamos una política destinada a mejorar las condiciones en que se realiza la pesca artesanal. No se trata de que los pescadores nazcan artesanales y mueran artesanales, sino de reconocer esa condición para, mediante políticas de fomento tecnológico, de capacitación y de asistencia técnica y financiera, permitirles mejorar su situación y, por ende, progresivamente esa condición.

En lo referente a la administración del sector durante este período, estimamos que lo pertinente es aplicar la ley tal como hoy día existe y despachar todas las concesiones que se encuentren en trámite.

En lo que atañe al Consejo Superior de Pesca y a la Comisión Nacional de Pesca que en un primer momento se crearía, debo decir que nuestra idea es dictar a la brevedad posible un decreto que establezca su constitución.

Sobre esta materia, cabe dar respuesta también a una inquietud planteada acerca de la posibilidad de que continúe operando el antiguo Consejo Nacional de Pesca. Ocurre que nunca se ha logrado constituir tal Consejo. Y creemos factible constituir, por la vía de un decreto, una Comisión Nacional de Pesca que opere efectivamente, con una composición más representativa que la del antiguo Consejo Nacional.

En lo relativo a la composición definitiva del Consejo Nacional de Pesca, la proposición que estamos trabajando establece una del siguiente tipo. En representación del Gobierno, creemos que deben participar el Subsecretario de Pesca , el Director del SERNAP , el Director del Litoral y el Director del Instituto de Fomento Pesquero . En cuanto al sector empresarial, a nuestro juicio, tienen que estar presentes empresarios de la Primera y Segunda Regiones, por el Norte, y también de las Zonas Central y Austral, junto a representantes de la acuicultura. También creemos que a los representantes del Gobierno y de los empresarios deben agregarse por lo menos dos de la actividad pesquera artesanal y dos de los trabajadores del sector.

Ése es un adelanto de la integración del Consejo Nacional de Pesca que propondremos en la normativa definitiva.

Respecto del plazo en que el Gobierno enviará sus planteamientos definitivos, reiteraría lo que dije en mi primera intervención: consideramos fundamental, para eliminar la incertidumbre existente en el sector, proceder con la mayor urgencia. De ahí nuestro compromiso de ingresar al Parlamento un proyecto de reforma de la ley antes del 21 de mayo.

Me queda pendiente una respuesta sobre las atribuciones del Consejo Nacional de Pesca. Pensamos que debe ser un organismo constituido como instancia superior dentro del sector, con carácter consultivo y con capacidad para emitir permanentemente informes atingentes a las diversas materias que se eleven a su conocimiento.

En cuanto a la inversión extranjera, me parece que será importantísimo tener una discusión muy detallada, toda vez que se trata de una materia extraordinariamente compleja.

En esta oportunidad quisiera adelantar los siguientes criterios.

Como lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, creemos que es fundamental para el desarrollo de nuestro país contar con un aporte sustantivo de los empresarios extranjeros que están en condiciones de realizar operaciones de inversión en Chile, ateniéndose, por cierto, a la normativa correspondiente. Estimamos que una nación como ésta, que requiere mantener una tasa de crecimiento alta, debe pasar por un proceso de profundización de su esfuerzo de inversión. Y para ello, naturalmente, es vital contar con el concurso extranjero.

Ésa es la política general.

En el caso del sector pesquero, consideramos que sería del todo improcedente dictar cualquier normativa que pudiera causar perjuicios a empresas extranjeras que hoy están operando en él. Sin embargo, respecto de la legislación a futuro, nos parece plenamente legítimo y procedente, tratándose de un sector absolutamente particular, con recursos limitados, pensar en la conveniencia de establecer cierta prioridad en el acceso a él de compañías con estructura de capital mayoritariamente nacional.

No obstante, pensamos que sobre este tema hay que promover una discusión muy meditada. Pero en este momento estaríamos en condiciones de adelantar ese criterio.

Por otro lado, creo que es relevante la inquietud planteada aquí acerca de la investigación en el sector pesquero. Queremos decir, en un sentido general, que será una preocupación muy preponderante de este Gobierno -y en particular del Ministerio de Economía- el fomento del desarrollo tecnológico del país. Y, al respecto, estamos estudiando la posibilidad de constituir un fondo de investigación pesquera. De nuestras consultas con el sector empresarial, surge como resultado una extraordinaria buena voluntad para aportar de manera sustantiva al financiamiento de dicho fondo de investigación, que nos permitiría tener un conocimiento mucho más detallado de la realidad del sector pesquero, problema que -insisto- representa una de las dificultades serias que hoy día enfrenta esta actividad.

Por último, en el caso de los buques-factorías, sería del caso en esta oportunidad indicar lo siguiente. Creemos que deben actuar en los lugares no cercanos a zonas donde se desarrolla una pesca costera nacional. Desde este punto de vista, somos partidarios de que en el futuro los buques-factorías operen al sur del paralelo 47, tal como lo consigna la actual Ley de Pesca.

Señor Presidente, creo haber intentado, en la medida de mis posibilidades, responder con la mayor franqueza las consultas que se me han formulado.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Gracias, señor Ministro.

Ha pedido la palabra el Honorable señor Hormazábal.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Hago presente a las personas ubicadas en las tribunas que en el Senado no están autorizadas las manifestaciones.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Piñera.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor HORMAZÁBAL.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hormázabal.

El señor VALDÉS (Presidente).-

El señor Ministro ha pedido la palabra.

El señor OMINAMI ( Ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción).-

Sólo para intentar responder a algunas de las inquietudes formuladas por el Honorable señor Piñera .

Respecto del primer punto, creo que, efectivamente, hay planteada aquí una cuestión de carácter constitucional acerca del verdadero status jurídico del recurso. Pero pienso que sería bastante pretencioso de nuestra parte tratar de zanjar en esta oportunidad una discusión que agita de manera muy intensa a los constitucionalistas. Nuestra intención en este campo, optando por el criterio más práctico, ha sido buscar una solución que de alguna manera obvie esta discusión, que podría sumir en intensas deliberaciones a este Parlamento durante los próximos cuatro años.

En lo que atañe a la segunda inquietud, sobre cómo se combinan derechos históricos con criterios de mercado, quiero decir que no estamos en condiciones de establecer en este instante una proporción precisa. La ley cuya prórroga estamos proponiendo habla de 75 y 25. Creo que sería inútil y, más aún, contraproducente que adelantáramos una proporción aquí. El simple hecho de formular un pronunciamiento de ese tipo en esta oportunidad generaría de por sí efectos que ya constituirían cierto cuadro más restrictivo, con consecuencias muy directas en la propia discusión que realizáramos. De ahí, entonces, que creo imprudente anticipar ahora una fórmula precisa en esta materia.

Sin perjuicio de lo anterior, quiero señalar que consideramos fundamental la existencia de una normativa que impida que el sector pesquero opere como una especie de monopolio. De allí emana nuestro compromiso con una legislación en la cual las cuotas puedan ser transferidas y subdivididas, de manera de, por esa vía, posibilitar el ingreso de nuevos agentes a esta actividad.

De igual forma, hemos declarado que, con relación a los excedentes que resultan una vez establecidas las cuotas bases, somos partidarios de que se liciten, con lo cual también se abre una segunda vía de acceso a nuevos actores a este importante sector.

Por último, respecto del Consejo, somos partidarios de que sea una instancia ante la cual puedan apelar los agentes del sector afectados por resoluciones de la Subsecretaría de Pesca.

Quiero, sin embargo, puntualizar que no nos parece procedente que dicho Consejo tenga facultad de veto sobre las resoluciones de la Subsecretaría, por una razón muy sencilla: porque en tal caso constituiríamos una instancia que estaría cogobernando. Pienso que, por muy amplia y transparente que fuera la composición definitiva del Consejo, no sería prudente que sus miembros tuvieran facultad de veto acerca de decisiones que afectan directamente sus intereses. Creemos que ésta debe ser una instancia del mayor nivel, con una integración lo más pluralista y representativa posible; es decir, una instancia de apelación, pero con un carácter, en consecuencia, consultivo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Gracias, señor Ministro .

Se suspende la sesión por 10 minutos.

______________

-Se suspendió a las 17:52.

-Se reanudó a las 18:5.

______________

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Tiene la palabra el Honorable señor Romero.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente , luego de la exposición del señor Ministro de Economía , de las consultas formuladas y del contexto del debate desarrollado, estamos por no solicitar el envío del proyecto a Comisión y, en definitiva, por aprobarlo.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

La iniciativa queda eximida del trámite de Comisión y en condiciones de ser tratada en el Orden del Día.

______________

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Con el objeto de posibilitar que los Comités adopten acuerdo sobre el uso del tiempo en la Hora de Incidentes, se suspende la sesión por veinte minutos.

______________

-Se suspendió a las 18:8.

-Se reanudó a las 18:44.

______________

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

ACUERDOS DE COMITÉS

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

El señor Secretario dará cuenta de diversos acuerdos de Comités relacionados con la Hora de Incidentes.

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

Los Comités adoptaron dos acuerdos. El primero está relacionado con la distribución de los tiempos en la Hora de Incidentes de esta sesión, y el segundo, con la de los correspondientes a las sesiones que se celebren en lo futuro, de acuerdo con el artículo 87 del Reglamento de la Corporación.

En esta sesión, los tiempos se distribuirán de la siguiente forma: Comité Demócrata Cristiano, 15 minutos; Comité Radical, 10 minutos; Comité Renovación Nacional, 15 minutos; Comité Partidos por la Democracia y Socialista, 10 minutos; Comité Independiente, 10 minutos; Comité Mixto, 10 minutos. En total, una hora y diez minutos.

En seguida, como norma permanente, e interpretando el artículo 87 del Reglamento, los Comités acordaron distribuir el tiempo a que se refiere la disposición en dos partes: el cincuenta por ciento en la primera sesión, y el resto, en la segunda. En tal caso, por ejemplo, el Comité Demócrata Cristiano dispondría, en la primera sesión, de 25 minutos, y en la segunda, de igual tiempo. Si no hiciere uso de él en la primera sesión o en la segunda, perdería ese tiempo, salvo que lo cediera o permutara con otro Comité.

La misma norma es aplicable a los demás Comités.

Por último, habría que adoptar acuerdo -esto no lo trataron los Comités- en cuanto al orden de precedencia, aspecto que han hecho presente algunos señores Senadores.

Al respecto, el artículo 87 del Reglamento dispone que "El orden de precedencia entre los Comités será determinado de común acuerdo entre ellos" -esto deberán hacerlo los Comités en una reunión próxima- "o, a falta de acuerdo, por el número de Senadores que representen, empezando por el más alto.".

En conformidad a esa norma, si no hubiere en el futuro acuerdo de los Comités acerca de esta materia, correspondería el siguiente orden en la distribución de los tiempos en la Hora de Incidentes: primero, Comité Demócrata Cristiano, con 13 Senadores; segundo, Comité Renovación Nacional, con 11; tercero, Comité Independiente, con 8; cuarto, Comité Mixto, con 6; quinto, Comité Partidos por la Democracia y Socialista, con 5, y sexto, Comité Radical -posteriormente se denominará "Comité Radical y Social Demócrata"-, con 4 Senadores. Ése sería el orden de precedencia entre los Comités, salvo que éstos adoptaren un acuerdo diferente, tal como lo prescribe la primera parte del artículo a que he dado lectura .

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo para aprobar esta modificación a una norma reglamentaria que precisaba una interpretación, sin perjuicio de que posteriormente analicemos de nuevo la materia?

Acordado.

Esto permite el desarrollo de la presente sesión y un uso adecuado del tiempo en las próximas reuniones.