Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que introduce modificaciones al artículo 4° del decreto ley N° 3.058, de 1979, sobre remuneraciones del Poder Judicial.

- Las modificaciones del Senado figuran en el número 14 de los documentos de la Cuenta de la sesión 31ª celebrada el 17 diciembre de 1992.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, las modificaciones formuladas por el Senado son meramente formales ejemplo, en la letra b) corrige una omisión de la Cámara que no incluyó en el encabezamiento de la norma al escalafón del personal de empleados indicados en el precepto.

En el número 2) también hace un arreglo formal, puesto que en vez de estar en línea seguida, se coloca en forma paralela la adecuación de los grados.

Y, por último, en el inciso segundo del artículo 20 reemplaza la expresión "decreto" por "decreto de nombramiento" para especificar que se trata de ese acto administrativo. En consecuencia, se trata de simples modificaciones formales, que no provocan cambios sustantivos en el proyecto, el cual tiene por objeto -como se señaló en su oportunidad- mejorar, a contar del 1° de noviembre de 1992, la asignación judicial correspondiente a los escale fones del personal superior y de las asistentes sociales, y los grados asignados los cargos del escalafón del personal empleados, cumpliendo con el compromiso del Gobierno, que se comprometió realizar un mejoramiento de las remuneraciones del Poder Judicial al margen del 14 por ciento otorgado por la ley de reajuste de este año.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del día, corresponde tratar el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el artículo 45 de la Constitución Política del Estado sobre integración del Senado.

Diputado informante de la Comisión es el Diputado señor Sabag.

- El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 693-07 y figura en el número 1 de documentos de la Cuenta de la sesión 22ª celebrada el 19 de noviembre de 1992.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me ha designado para informar este proyecto de reforma constitucional al artículo 45, en atención a que el Diputado que habla es el autor de esta iniciativa junto con el Diputado señor Hamuy, al cual adhirieron con posterioridad, en forma muy generosa, los Diputados señores Alessandrí, don Gustavo; Horvath, don Antonio; Ortíz, don José Miguel, y Peña, don José.

El artículo 45 de la Constitución de 1980 da al Senado una composición mixta. Lo integran 38 Senadores elegidos por votación directa, 2 por cada una de las 19 circunscripciones senatoriales, los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años, en calidad de Senadores vitalicios, y 9 Senadores designados o institucionales.

La letra a) del artículo 45 de la Carta Fundamental señala que el Senado estará integrado también por:

“a) Los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, salvo que hubiese tenido lugar lo previsto en el inciso tercero del número 1® del artículo 49 de esta Constitución. Estos senadores lo serán por derecho propio y con carácter vitalicio, sin perjuicio de que les sean aplicables las incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo contempladas en los artículos 55, 56 y 57 de esta Constitución”.

Debe recordarse que la regla general es que el Presidente de la República dura 8 años en el ejercicio de sus funciones, acorde con lo preceptuado en el artículo 25 de la Carta Fundamental.

En cambio, de acuerdo con la disposición vigesimonovena transitoria de la Constitución, el actual Presidente sólo dura en el ejercicio de sus funciones por el término de cuatro años.

Se señala en la moción que la norma permanente del artículo 45 no ha sido objeto de modificación alguna desde su dictación. Sin embargo, la disposición transitoria fue modificada en virtud de las reformas introducidas a la Carta Fundamental por la ley N° 18.825, rebajando el mandato del primer Presidente de la República elegido democráticamente después del gobierno militar.

Acorde con lo anterior, el actual Mandatario, don Patricio Aylwin Azócar, al hacer entrega de su alta magistratura a su sucesor, en marzo de 1994, se verá privado del derecho de integrar el Senado por una inadvertencia de los representantes de los distintos partidos políticos que negociaron con el gobierno de la época la reforma constitucional de 17 de agosto de 1989.

A fin de subsanar tal situación, que calificamos de anómala, y en el convencimiento de que representa el sentir de la inmensa mayoría de los chilenos, proponemos modificar la letra a) del artículo 45 de la Constitución, para que puedan asumir como Senadores vitalicios y por derecho propio los "ex Presidentes de la República que hayan desempolvado el cargo durante un período constitucional", como lo es el que está ejerciendo el actual Mandatario.

Se piensa, por lo general, que los ex Jefes de Estado están imbuidos de un espíritu moderador, cualquiera que sea su pensamiento político; que ayuda a proporcionar estabilidad política al país, lo que unido a su conocimiento de los negocios públicos, hace conveniente su incorporación al Senado por derecho propio y en carácter vitalicio.

La experiencia no es única en el derecho comparado. En Italia, en Perú, en Paraguay y en Venezuela, los ex presidentes constitucionales o designados por elección popular, son senadores vitalicios.

En Uruguay, el Vicepresidente de la República integra la Cámara de Senadores, con derecho a voz y voto, y ejerce su presidencia.

En Nicaragua, en que existe un sistema unicameral, los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República forman parte de la Asamblea Nacional durante el respectivo período, como representantes propietarios y suplentes, cuando, habiendo participado en la elección correspondiente, no han sido elegidos pero cuenten en la circunscripción nacional con un mínimo de votos igual o superior al promedio de los cocientes regionales electorales.

La Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, prestó su aprobación a esta iniciativa constitucional, en general y en particular, en los mismos términos en que se encuentra concebida, por estimar conveniente para los intereses del país que los ex Presidentes de la República electos por votación popular se integren al Senado como Senadores vitalicios y por derecho propio una vez que han cumplido su mandato constitucional, para que aporten su conocimiento y experiencia en el debate de los grandes temas del acontecer nacional.

Para adoptar tal decisión consideró además, que no existe motivo valedero alguno para efectuar el distingo que se hace- en el artículo 45 de la Constitución, como se comprueba con el análisis de los antecedentes que le sirven de referencia, sino que más bien se trata de un olvido o una inadvertencia del constituyente de la época.

La Comisión de Estudio de la Nueva Constitución aprobó un artículo 30 -que pasó a ser 25 en el texto do la Carta Fundamental- que señalaba, en lo pertinente, que el Presidente de la República duraba en el ejercicio de sus funciones ocho años, y no podía ser reelegido para el período siguiente.

En el artículo 51 del mismo anteproyecto -45 de la actual Constitución- estableció que el Senado estaría integrado por los ex Presidentes de la República, que pertenecerán a él por derecho propio y con carácter vitalicia sin perjuicio de que les fueren aplicables las incompatibilidades, incapacidades y causales de cesación en el cargo que rigen para los parlamentarios en general.

El Consejo de Estado innovó al respecto y dispuso en el artículo 25 de su ante proyecto, que el Presidente de la República duraría en el ejercicio de sus funciones por el término de seis años, y que no podría ser reelegido para el período siguiente.

En su artículo 45 precisó que el Senado estaría integrado, entre otro, por los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, esto es, por un periodo constitucional, lo que deja armónicos ambos preceptos.

La Junta de Gobierno, durante el estudio final del proyecto que diera origen al decreto de ley N° 3.464, de 11 do agosto de 1980, que se sometió a la consideración ciudadana, acordó seguir en general el criterio del Consejo de Estado, con las enmiendas del caso, que fue especificando a través de sucesivos acuerdos, como se comprueba con el estudio de los antecedentes escritos que obran en poder de esta Comisión y que forman parte de la historia del establecimiento de dicho cuerpo normativo.

En lo que respecta a la materia que interesa, subió de seis a ocho años el período presidencial. Para ello modificó el artículo 25, pero se olvidó de hacer la corrección pertinente en el artículo 45, con lo cual se produjo un efecto no deseado por nadie, como es que los ex Presidentes pueden ser Senadores vitalicios sólo si han desempeñado el cargo durante seis años en forma continua, en circunstancias de que el propósito de todos los que participaron en la génesis de estas normas era que tuvieran este derecho los que lo habían ejercido por un mandato presidencial completo.

Por el olvido o inobservancia indicado, se produjo la desarmonía entre los dos textos constitucionales; que esta iniciativa resuelve en los términos reseñados precedentemente.

Deseo dejar constancia de que durante el estudio del proyecto la Honorable Diputada señora María Maluenda presentó una iniciativa similar, con la misma finalidad.

Por lo tanto, la Comisión recomienda a esta Honorable Sala aprobar el proyecto propuesto por la Comisión.

He dicho.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, he contribuido con mi firma a esta iniciativa, porque considero que se produjo una omisión en las reformas constitucionales al no haber incluido a cualquier presidente que termine su período constitucional. Por esa razón, no haré cuestión si son 4,6,8 ó 17 los años que gobierne, sino que sea un derecho por haber terminado su mandato.

Por eso, votaré a favor del proyecto de reforma constitucional.

He dicho.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, quiero expresar mi alegría por el hecho de que estemos tratando este proyecto, porque con él se subsana una omisión, como ya lo señaló el señor Diputado informante.

Debido a que desconocía la existencia de una moción de los Diputados señores Sabag y Hamuy sobre la materia, presenté otra con la misma intención. Por fortuna coincidimos plenamente en el objetivo.

Por eso, junto con reiterar mi alegría por haber coincidido con ellos y porque el proyecto se despachó rápidamente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hago presente que lo votaré a favor.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto tiende a corregir una situación probablemente no pensada por los legisladores anteriores: la del actual Presidente de la República.

También hay una situación no pensada respecto de lo que va a acontecer a futuro en el país, porque a nadie le cabe duda de que uno de los temas en debate hoy día se refiere a la extensión del período presidencial y que hay prácticamente unanimidad en que un lapso de ocho años es muy extenso.

La norma constitucional que obliga a desempeñar el cargo durante seis años continuos puede qué en definitiva sólo se aplique respecto de quien ejerció la Presidencia de la República en el pasado, y no a futuro. Por supuesto que la norma constitucional tendría nombre y apellido: sería la que permitiría que el General Pinochet fuera Senador y que ninguno de los demás Presidentes de la República -como el Presidente Aylwin- electos por votación popular pudieran serlo.

Sin duda que en ese sentido la norma corrige una deficiencia y la proposición de la Diputada señora María Maluenda podría, inclusive, ser mejor que la que estamos discutiendo, en términos de disponer que todos los Presidentes constitucionales puedan incorporarse como Senadores permanentes.

Ahora, creo que la discusión planteada por el Honorable Diputado señor Jorge Pizarro hay que considerarla en una dimensión más precisa. Me opongo terminantemente a la existencia de Senadores designados que representan instituciones que no dicen relación con la voluntad popular.

No cabe ninguna duda de que representantes del Ejército, de la Armada, de la Aviación, de Carabineros, de la Corte Suprema, de la Contraloría, y aun de las universidades, son tutelares. No están allí para legislar, sino que para salvaguardar intereses corporativos; porque no tiene ningún sentido de que existan dichos Senadores en representación de esas instituciones, si no es por un interés corporativo.

El caso de los Presidentes de la República es totalmente diferente, y quisiera que no se confunda la discusión en esta Cámara mezclando la situación de los ex Presidentes de la República con la de los Senadores corporativos designados por instituciones ajenas a la voluntad popular.

La actual Constitución Política establece que los. Presidentes de la República deben ser electos por la mayoría absoluta de los ciudadanos del país, lo cual otorga una representación, de suyo, importante. Y el hecho de haber ejercido constitucionalmente la Presidencia de la República no sólo implica el carácter de la representatividad del cargo, sino que el aporte de una experiencia significativa para el trabajo legislativo. ¡Cómo no va a ser importante el aporte de un ex Presidente de la República al trabajo legislativo del Senado! ¡Cómo no va a tener méritos, aun de representación popular, un ex Presidente de la República, para incorporarse al Senado de la Nación!

En ese sentido este proyecto es bueno porque corrige una situación impensada -como muchas cuando se aprobó la Constitución de 1980-, y espero que esta Corporación lo apruebe para que en el futuro pueda implementarse. Y si existe una indicación de la Diputada señora María Maluenda, quisiera que también se apruebe en las condiciones que se ha informado.

Señor Presidente, a propósito de esta materia, la Honorable Diputada señora María Maluenda me ha solicitado una interrupción, la cual con mucho gusto le concedo por su intermedio.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, respecto de este proyecto conviene decir las cosas con mucha claridad.

Indudablemente, la opinión que podemos tener los aquí presentes sobre los Senadores designados es diferente según el punto de vista de cada cual, pero ése no es el punto en discusión. Ya llegará el momento de tratar el tema cuando se discutan con más amplitud y profundidad otras reformas constitucionales.

Quiero dejar muy en claro que mi intención, al presentar la indicación a que hice referencia, fue, simplemente, evitar, que, por la dignidad de nuestro país, y por la omisión o confusión de quienes redactaron la actual Constitución, pueda producirse la absurda situación de que el primer Presidente elegido por el pueblo de Chile, después del periodo triste de interrupción de nuestra democracia, no tenga derecho a ocupar un cargo en el Senado.

Quiero dejar esto muy en claro. Agradezco las opiniones del Diputados señor Rojo; pero, en aras de despacha rápidamente este proyecto, no tengo inconveniente en que no se considere mi proposición. Es importante su despacho porque permitirá en el primer Presidente elegido por el pueblo de Chile, en esta etapa de recuperación de la democracia, tena los mismo derechos que quien quiera haya ocupado el cargo antes.

He dicho.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, el Diputado señor Andrés Palma ha dicho que hay consenso en el país, de que la duración de los futuros Presidentes debiera ser menor de ocho años, y que, al rebajarse el período constitucional de los futuros Presidentes, sólo tendrían opción a un sillón en el Senado aquellos que lo fueron en el pasado.

Recuerdo al Diputado señor Andrés Palma que, aunque la Constitución fija en ocho años la duración de los cargos de Presidente, para acceder al Senado, solamente le bastan seis.

En consecuencia, pierde fuerza el argumento del señor Diputado.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el Diputado señor Sotomayor tiene toda la razón, pero no se discute establecer períodos presidenciales de seis años, lo cual tampoco resolvería muchos de los problemas que se quieren resolver.

Sin duda hay una discusión abierta y lo más probable es que después de la exitosa experiencia del período de cuatro años del Gobierno del Presidente Aylwin -reconocida por todos-, con una Administración que representa la mayoría del país, es perfectamente posible la idea de revisar la duración de los períodos presidenciales y, probablemente –por- que hablamos de posibilidades-, estos no duren ni siquiera seis años como en el pasado, lo cual ayudó a que durante toda la vigencia de la Constitución del 25 existieran gobiernos de minoría, a diferencia del siglo pasado que duraban cinco años y fueron permanentemente de mayoría.

Entonces como queremos gobiernos de mayoría y no de minoría eso nos lleva a pensar en revisar algunas de las normas, como la duración del período presidencial. Si hay consenso en esto es probable que no terminemos con gobiernos de ocho años y tampoco de seis, sino con gobiernos cuya duración sea equivalente a la del Parlamento, como ocurre en las democracias más estables del mundo.

Señor Presidente, el Diputado señor Campos me solicita una interrupción y, si Su Señoría tiene a bien autorizarla -no pretendo administrar el uso de la palabra-, con mucho gusto se la concedo.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, me referiré brevemente a una cuestión de procedimiento.

El Diputado señor Rojo planteó, formalmente, la posibilidad de que este proyecto, por razones de técnica legislativa, vuelva a la Comisión de Constitución, legislación y Justicia, a fin de conciliar tanto el proyecto del Diputado señor Sabag como el de la Diputada señora Maluenda.

Creo que antes de entrar a analizar el fondo del tema, que ya Huye de las intervenciones de los distintos colegas, sería bueno que despejáramos el punto de si vuelve a la Comisión o no, anticipándole que la idea del Diputado señor Rojo, personalmente, la comparto.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, cuando la Concertación discutió con Renovación Nacional las reformas constitucionales que después fueron plebiscitadas y, a su vez, concordadas con el Ministro de la época, señor Cáceres, uno de los puntos en los cuales nos detuvimos largamente fue en el de la composición del Senado.

No voy a discutir ahora si entre Renovación Nacional y la Concertación hubo o no acuerdo respecto de los Senadores designados, tema de por sí controvertido; pero. Renovación Nacional insistió permanentemente, sobre la base de principios, en que los ex Jefes de Estado debían formar parte del Senado, ya que, por haber sido elegidos por mandato popular, desde el punto de vista democrático no veía inconveniente alguno en que ello fuera así.

En ese momento, la Concertación no contestó negativa ni favorablemente, pero en l historia de las negociaciones y de los acuerdos consta que los representantes de Renovación Nacional tenían una posición de principios al respecto.

Es muy importante recordar esa circunstancia, por cuanto hoy tendremos que pronunciamos si se requiere o no que los Presidentes de la República de Chile hayan permanecido seis años en el cargo, o si incluiremos la frase: "un período constitucional", con lo cual dejaremos abierta la posibilidad, primero, para que el actual Primer Mandatario, que sólo va a estar cuatro años en la Presidencia, tenga derecho a ser designado Senador, y, segundo, para que cualquiera que sea el acuerdo que se adopte con respecto a los futuros períodos presidenciales, los Presidentes de la República hagan uso de este derecho.

Esta materia nada tiene que ver con los Senadores designados, sino con una enmienda a la Constitución con el objeto de hacer justicia a situaciones que en ese momento eran difíciles de prever.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde pronunciarse sobre el proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, que modifica el inciso segundo del artículo 20 de la Constitución Política de la República sobre el recurso de protección en el medio ambiente.

Se requieren 77 votos para su aprobación.

Diputado informante en su oportunidad fue el Diputado señor Gajardo, en ausencia del Diputado señor Gutenberg Martínez.

- El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 110-07-1 y figura en el número 1 de los documentos de la Cuenta de la sesión 17 celebrada el 10 de julio de 1991

El señor LOYOLA (Secretario).-Las indicaciones son de la Diputada señora Laura Rodríguez, y de los Diputados señores Bosselin y ElguetaPor lo tanto, el inciso quedaría redactado de la siguiente manera: "Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N° 8° del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.".

El señor BOSSELIN.- 

Señor Presidente, deseo contravenir las opiniones del Honorable Diputado señor Horvath respecto a la expresión "omisión".

Si el señor Diputado lee, entre otros, el artículo 20 de la Constitución Política de la República, verá que comienza diciendo: "El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales", etcétera. En él se configura el recurso de protección en términos generales.

La modificación es al inciso segundo y sólo pretende aplicar el mismo criterio del primero. Es decir, si en él se están protegiendo o cautelando en determinada forma las garantías constitucionales respecto de los actos u omisiones arbitrarios o ilegales, queremos que exista igual criterio respecto de la garantía constitucional del artículo 19, N° 8°, en el sentido de que el medio ambiente quede libre de contaminación.

Obviamente, representa una modificación sustancial de la interpretación de algunos catedráticos y profesores sobre la materia, pero ellos no constituyen la única voz autorizada en el país. Como Poder Constituyente, debemos recoger la experiencia del recurso de protección en materia de protección del medio ambiente, y una de sus falencias es, precisamente, la que se refiere a las omisiones. Buen número de conductas, procederes o actuaciones de las personas, se traduce, a veces, en no hacer lo que la ley impone o no adoptar las conductas que, de acuerdo con las circunstancias, es necesario llevar a cabo. La manera de proteger a la ciudadanía es estableciendo la expresión "omisión" que, bajo ninguna circunstancia, debe ser motivo de rechazo.

Por esa razón, coincidiendo plenamente con la Honorable Diputada señora Laura Rodríguez, junto con el Diputado señor Elgueta presentamos esta indicación que representa, obviamente avance en nuestra legislación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse del informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley que regula el establecimiento de bolsas de productos agropecuarios.

- Las proposiciones de la Comisión Mixta figuran en el número 21 de los documentos, de la Cuenta de la sesión 31-, celebrada el 17 de diciembre de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley que modifica diversas normas del Código Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal y otras disposiciones legales en materia de seguridad de las personas.

- El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 566-07 (S) 2 y figura en el número 12 de los documentos de la Cuenta de la sesión 27ª, celebrada el 9 de diciembre de 1992.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, con posterioridad a la última sesión en que se analizó el proyecto, conversé con varios colegas parlamentarios que no son abogados, y les pregunté cuál era su opinión respecto de esta iniciativa y sobre el fondo de la materia en discusión. Después de conocerla, arribé a la conclusión de que, francamente, no existe verdadera conciencia respecto del fondo del debate y sobre los efectos que, eventualmente, puede ocasionar la reforma en análisis.

Con la misma franqueza, debo decir que quienes hemos intervenido en el debate de esta materia hemos hecho un análisis equivocado, que no ha servido para ilustrar o esclarecer los aspectos controvertidos, puesto que nuestras intervenciones han estado dirigidas básicamente a cuestiones teóricas, que pueden ser muy interesantes para los estudiosos del derecho y, particularmente, para los estudiosos del Derecho Penal, pero que no han puesto en su real dimensión los efectos prácticos de mantener la legislación vigente o de innovar en los términos propuestos por este proyecto.

Hemos discutido sobre la existencia y la naturaleza de la institución del discernimiento; hemos hecho comentarios en tomo a cuándo un individuo o un ser humano no tiene conciencia del bien o del mal; también nos hemos enredado en cifras estadísticas o en informes de sicólogos. También ha habido referencias a medidas de rehabilitación, que desde el punto de vista de la sociología criminal y de la criminología son muy interesantes, pero -vuelvo a repetir- tengo la percepción de que no existe una conciencia acabada sobre los efectos que puede producir la normativa que discutimos en esta oportunidad.

Ahora, para tratar de hacer un aporte a los debates de la Cámara, quisiera decir a mis Honorables colegas, en términos muy generales, que en la legislación penal chilena actual; para que un individuo pueda ser objeto del juicio de reproche, que, en definitiva, es el Derecho Penal, para que un individuo pueda ser considerado delincuente y acreedor a una sanción o pena, se requiere, como primera condición, que ese individuo o sujeto sea imputable.

Imputable, quiere decir que, penalmente, sea capaz, que reúna ciertas condiciones mínimas para poder atribuirle algo, y dichas condiciones de imputabilidad guardan relación con la madurez y sanidad mental del individuo. Para que un hombre pueda ser penalmente imputable no sólo se requiere que sea maduro sino que, además, tenga la condición de sanidad mental pertinente.

En materia de imputabilidad, nuestra legislación ha establecido una distinción, durante más de cien años.

En primer término, ha señalado que, en principio, todos los individuos mayores de 18 años son imputables; o sea, todos los individuos mayores de 18 años pueden ser objeto del juicio de reproche penal, ser tratados como delincuente y objeto de sanciones. En segundo lugar el mismo sentido, nuestro legislad dispuesto que todos los individuos de la categoría de los sujetos que entre los 16 y 18 años, nuestra legislación penal admite graduaciones o diferencia Dispone que no se puede establecer una regla general, que hay que distinguir. Así ha surgido la institución del discernimiento y la ley dice que si un joven entre los 16 y los 18 años actúa con discernimiento, en ese evento será penalmente responsable y considerado como delincuente.

Pero, a la inversa, el legislador ha dispuesto que si ese joven mayor de 16 años y menor de 18 actúa sin discernimiento, naturalmente, será considerando inimputable, no será considerado delincuente y no se le podrán imponer sanciones.

La fórmula seguida por el legislador, al distinguir entre estos tres grupos y dejar entregada la aplicación de las reglas sobre estas materias prácticamente a cada caso en particular, ha sido una medida sabia, puesto que está reconociendo que las situaciones a las que se puede enfrentar un individuo son diversas, y si lo son, las reglas del legislador tienen que ser flexibles. Así ha funcionado –más, menos- nuestra legislación en esta materia.

De manera que aplicando la legislación vigente, si un joven de 17 años y medio comete un delito: viola, roba o mata, podrá ser responsable penalmente, podrá ser considerado delincuente y podrá ser sujeto de pena, dependiendo de si obró o no con discernimiento. No hay una regla absoluta sobre el particular.

Ahora bien, en la reforma planteada en el proyecto sometido a la consideración de esta Cámara, se modifica sustancialmente la regla consagrada en nuestro Código Penal. Se mantiene el principio de que todos los mayores de 18 años son plenamente imputables; pero, con la misma fuerza con que se sostiene o se mantiene este principio, más que centenario en nuestra legislación penal, se altera la regla para los menores de 18 años, pues se dice que, de ahora en adelante, todos los menores de 18 años estarán exentos de responsabilidad penal, todos los menores de 18 años serán inimputables todos los menores de 18 años no serán considerados delincuentes, todos los menores de 18 años no podrán ser ni sujeto ni objeto de pena. Sin embargo, el proyecto de ley hace una distinción, pues dice que los menores de 14 años son plenamente inimputables y que, si bien es cierto, los jóvenes entre 14 y 18 años estarán exentos de responsabilidad penal, o sea, serán inimputables, el juez podrá imponerles una medida de seguridad o de rehabilitación que, naturalmente, no es pena.

Repito, en el proyecto se incorpora el principio de que todos los menores de 18 años que se vean enfrentados a la comisión de un delito, no podrán ser considerados delincuentes, no se le podrá imponer una sanción.

Independientemente de la buena intención o del buen propósito que anima a este proyecto, lo considero un disparate, porque si mañana un individuo, un joven estudiante universitario de 17 años y medio viola a una menor de cinco años, no podrá ser considerado delincuente. Si mañana un sujeto de 17 años y medio viola a mi hija que tiene cinco años, no podrá ser sancionado, no será tratado como delincuente, sino que será considerado como niño, porque las Naciones Unidas, en un Pacto, en una Declaración, lo considera como tal.

Estimo que eso es un disparate, una barbaridad. Y lo que es más grave, es que ese disparate, en el fondo, crea un clima de inseguridad en la ciudadanía. Si se aprueba esta disposición, el Estado no estará cumpliendo con una de las funciones para las cuales ha sido creado, cual es dar justicia y amparo a la gente, y restablecer el orden jurídico quebrantado.

Si aprobamos este proyecto, y no tenemos la posibilidad de imponer una sanción a ese joven de 17 años y medio que viola o que mata, y sólo le podremos imponer una medida de rehabilitación, ¿a qué nos estamos exponiendo? A que la gente se empiece a hacer justicia por mano propia.

Naturalmente, que eso es una barbaridad, porque si mañana se aprueba este proyecto y un joven de 17 años y medio viola a una niña de cinco años, por supuesto que yo, como hombre, voy a entender a ese padre cuando se haga justicia por su propia mano, porque considero una barbaridad o un disparate que el Estado establezca una exención tan amplia como la planteada en el proyecto.

Ahora bien, se ha tratado de confundir el debate, al decir que a estos jóvenes entre 14 y 18 años vamos a tratar de rehabilitarlos y que, para ese fin, el Estado y la ley proponen una serie de medidas de seguridad y de rehabilitación. Seamos francos, el discurso de la rehabilitación en el derecho penal es "más viejo que el hilo negro", los positivistas ya lo plantearon hace más de cien años. Creo que nadie que haya sido Ministro de Justicia en los últimos cien años, en alguna oportunidad no ha planteado la rehabilitación del delincuente. Todas las personas que han llegado al Ministerio de Justicia o que han sido parlamentarios y que se han interesado en el tema penal han tratado de promover legislaciones tendientes a la rehabilitación del delincuente; no sólo del menor delincuente, sino de cualquier delincuente, independientemente de su edad y sexo. Pero la realidad financiera del Estado nos demuestra una situación absolutamente diversa, puesto que cuando se es gobierno y hay que elegir entre la construcción del hospital, de la escuela o del centro de detención, el Estado siempre preferirá la construcción de la escuela o del hospital. Durante estos cien años en Chile, todos los proyectos que consagran medidas de rehabilitación, en el fondo no han sido más que declaraciones programáticas incumplidas.

Como lo señalé en esta Cámara durante la discusión de otro proyecto, hace más de treinta años se dictó en Chile la Ley de Estados Antisociales, la más avanzada de América Latina, que guardaba estricta relación con las medidas de seguridad y con todo el proceso de rehabilitación de los delincuentes; incluso, trastrocaba y cambiaba absolutamente el sistema penitenciario chileno. ¿Y qué ocurrió con esa famosa ley dictada durante el gobierno del General Ibáñez? Han pasado seis Presidentes de la República y todavía no se dicta el reglamento para ponerla en vigencia, porque el Estado carece de los recursos para implementar una iniciativa de esta naturaleza.

Traigo el caso a colación, porque ahora los partidarios del proyecto nos dicen: "¡Pero, colegas, si ahora vamos a rehabilitar a los jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delito!". Pregunto: ¿Dónde están los recursos, las instituciones y los medios para que esa rehabilitación sea efectiva? ¿No será que una vez más, como ha ocurrido reiteradamente durante estos últimos cien años, las ideas o las iniciativas para rehabilitar a los delincuentes, sean jóvenes, hombres o mujeres, no han pasado de ser -repito-más que meras declaraciones programáticas que, en la práctica, no se han cumplido, independientemente de las buenas intenciones o de la buena voluntad que exista, puesto que la realidad estatal nos obliga a priorizar en otro sentido?

En consecuencia, no puedo dar mi voto favorable para que se apruebe este disparate jurídico. No hay que ser abogado para entenderlo; basta con tener sentido común, a pesar de que éste es el menos común de los sentidos; basta con que pensemos en la situación que acabo de señalar, de ese estudiante universitario de 17 años y medio que viola a una menor de cinco años, a quien no se considerará delincuente ni se le impondrá una sanción. Esta es una iniciativa que violenta el sentido común de las cosas y no constituye, en lo más mínimo, un avance en la legislación penal, sino un claro retroceso, pues rigidiza una materia que, por su naturaleza, tendría que ser extraordinariamente flexible, como lo ha sido nuestro Código Penal hasta la fecha.

Por eso, reitero que votaré en contra del proyecto.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, cuando se discutió en general este proyecto, sostuve que, a veces, es una virtud no ser abogado para discutir materias de sentido común. Con esto, no tengo intenciones de agredir ni de ofender a los colegas que han hecho una reflexión más amplia sobre las ventajas y desventajas de derogar esta institución del discernimiento.

Es un disparate serio considerar que Naciones Unidas es una institución insignificante, que no ha logrado ser parte de un debate de la humanidad, en particular porque este organismo ha tenido a bien abocarse en este último tiempo al problema de los derechos de los niños y jóvenes del mundo.

En esta Corporación hicimos filas para firmar nuestro compromiso con el Pacto Internacional de los Derechos de los Jóvenes y, si mal no recuerdo, el colega Campos nos acompañó a ello, al igual que muchos otros colegas que consideraban importante defender los derechos de los jóvenes.

Si uno quiere hacer caricaturas, ésta es, sin duda, una buena oportunidad para ello; pero cuando uno quiere legislar y buscar los justos equilibrios, es bueno ver la otra cara de la moneda. Lo que ocurre hoy en nuestro país con esta institución del discernimiento, es que el 88 por ciento de los menores de 18 años que son detenidos y acusados de algún delito, pasan más de Cuatro meses en cárcel sin posibilidad de optar a ningún tipo de libertad condicional mientras el juez resuelve si tiene discernimiento o no. Actualmente, estas personas tenemos posibilidades que un adulto para resguardar sus derechos más mínimos e, incluso, su integridad física.

¿Qué ocurre hoy? Son muy pocas las cárceles en las que están separados los menores de los adultos; si no me equivoco, sólo existe una que hace eso: la de Puente Alto. La mayoría de las unidades de reclusión especial están ocupadas por jóvenes que escapan de las, salas comunes para evitar ser violados, golpeados o maltratados. Los menores ocupan las celdas de aislamiento, donde son encerrados a partir de las cinco de la tarde, en salas de seis metros cuadrados, en condiciones absolutamente inhumanas. De acuerdo con las estadísticas, los jueces consideran que el 88 por ciento de ellos actuaron sin discernimiento, no son imputables y quedan en libertad después de una experiencia altamente traumática.

No creo que el colega Campos, así como otros colegas, consideren que esta es una situación justa. No creo que ellos piensen que esta es la mejor forma de administrar justicia por parte del Estado: de que cientos de jóvenes considerados inimputables, pasen por experiencias tan traumáticas como las que sufren miles de jóvenes anualmente en nuestro país.

En mi opinión, es distinta la situación de un menor respecto de la de un mayor acusados de cometer determinado delito. Sin duda, existe -por algo así lo señala la ciencia, como la sicología, entre otras- una evolución diferenciada de las aptitudes y capacidades de las personas en la medida que van madurando. Cualquiera edad que se establezca para determinar la imputabilidad es arbitraria, ya sean los 18, los 21 ó los 16 años de edad; pero debemos optar por alguna de ellas. Este tema lo hemos debatido en la ley sobre mayoría de edad para establecer la plena capacidad. Discutimos esto junto a los colegas Espina, Bosselin y otros en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Es efectivo que hay una arbitrariedad al fijar cualquiera edad para la imputabilidad. No obstante, es necesario definir ciertos principios, ciertos criterios de cómo funciona nuestro ordenamiento jurídico.

A cierta edad, en particular si es menor, una persona puede ser objeto de rehabilitación; puede ser apoyada y rehabilitada para insertarse nuevamente en la comunidad y vivir en sociedad, de acuerdo con las normas que nos damos. Pero es distinta la situación del joven versus la de la persona madura, y este criterio es compartido por todos.

Tengo la convicción absoluta de que no se trata de que la persona menor de 18 años sea dejada en libertad si es responsable de delito. Está sujeta a sanciones y la ley propone que sea objeto de sanción, que pueda ser detenida; pero en lugares distintos, con propósitos diferentes a los que actualmente existen en nuestra legislación. Puede ser detenida en centros de rehabilitación por tiempos prolongados y el juez tendrá que decidir las condiciones y características de su detención dentro del programa de rehabilitación.

Indiscutiblemente, el colega Campos apunta a uno de los problemas: los recursos para garantizar que los centros de rehabilitación puedan funcionar en forma óptima; pero le pido que haga una reflexión más profunda sobre las condiciones de infraestructura y de recursos de los que existen en el país. ¿Son mejores o peores que las cárceles públicas? Tengo la convicción de que hay una inmensa distancia entre los centros de rehabilitación, que están bastante mejor dotados para atender a jóvenes que pueden haber cometido delitos y se les considera responsables y con capacidad, y las cárceles públicas.

En el distrito que represento, en la comuna de Graneros, existe un centro de rehabilitación. Lo he recorrido; he conocido sus programas. Incuestionablemente, es muy distinta la realidad que viven estos jóvenes de la que viven: los que se encuentran en la Cárcel Pública, donde no hay separación entre adultos y menores.

El Ministro de Justicia y la Subsecretaría, doña Martita Wörner, explicaron bien en la Sala el sentido del proyecto. Es una iniciativa modernizadora; pero, por sobre esto, humanizadora de la justicia en nuestro país.

El ejemplo dado por el colega Campos no puede guiar la decisión sobre una institución tan importante que queremos eliminar. Sin duda, a quienes somos padres, de mujeres u hombres, no nos gustaría ni nos sentiríamos agradecidos ni favorecidos de que uno de nuestros hijos fuera objeto de violación. Llevadas las cosas al extremo, si días antes de cumplir 18 años una persona viola a uno de nuestros hijos, nuestra reacción al daño causado tendría un sentido brutal.

Pero, con la misma energía, debo decir que me parece un disparate jurídico que en el hemiciclo se justifique o comprenda que alguien haga justicia con mano propia. La bancada socialista tiene criterio sobre esta materia. Queremos que las instituciones de la justicia funcionen. Por la experiencia vivida, no creemos en la venganza ni en que el odio debe enceguecer a la persona. Es un disparate jurídico que un abogado acepte que alguien haga justicia por mano propia. 

Para terminar, este proyecto debe vincularse con la iniciativa que establece la plena capacidad a los 18 años, para consignar concordancia de criterios sobre en qué momento uno puede ejercer sus plenos derechos y es plenamente responsable, en términos penales, y en que período o etapa no lo es. He visto con muy buenos ojos la corrección al mensaje originalmente enviado por el Ejecutivo al Senado. Rechazamos la reducción de la edad para que la institución funcione; estimamos que ella debe ser discriminada.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado don Sergio Aguiló, y si resta tiempo, al Diputado don Alberto Espina.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, con motivo de la discusión general del proyecto, tuvimos oportunidad de entregar largamente nuestra opinión sobre la materia. Sin embargo, de manera muy breve, quiero señalar lo siguiente.

Tratándose de un problema muy complejo y difícil, todo aconseja tener una mínima apertura intelectual para asimilar y conocer la experiencia universal acerca del tema. No hay duda de que el trato penal a los menores que han cometido algún tipo de delito ha sido debatido en todos los países y estados del mundo.

Bajo el amparo de las Naciones Unidas, centenares y miles de profesionales de las más diversas disciplinas, sicólogos, juristas, educadores y otros, reflexionaron durante mucho tiempo; recogieron las experiencias vividas en distintos países, con sociedades, niveles de desarrollo, historias y padrones culturales muy diversos. Llegaron, de manera unánime, a la conclusión de que es más sano y mejor para el desarrollo de la comunidad defender la niñez sobre la base de una institución que no genera responsabilidad o imputabilidad penal a los menores de 18 años.

Tuvimos oportunidad de conocer la experiencia universal en sus detalles, con motivo de la conferencia que se realizó en nuestro país el año pasado, con el patrocinio de la Unicef y del Servicio Nacional del Menor, organismo que en Chile se preocupa de estos problemas. En esa ocasión, especialistas de diversos países de América Latina tuvieron oportunidad de entregar sus experiencias, particularmente de Argentina, Brasil, Costa Rica y otros, durante una semana completa. Quienes preocupados por el tema asistimos a la reunión de Santiago, llegamos a la convicción de que la experiencia universal se fundamenta en muy buenas razones.

Por lo tanto, en un tema tan complejo, difícil y universal no sería malo recoger una experiencia que tiene tanto trabajo, tanta reflexión acumulada en todo el orbe.

Además de la aptitud intelectual para recoger dicha experiencia, se necesita un mínimo de sensibilidad para recorrer nuestras cárceles.

Con el colega Campos comparto el distrito que tiene por capital a Talca. Con seguridad, el señor Diputado conocerá la cárcel de esta ciudad tan bien como la conozco yo y sabrá que en ella los niños son detenidos en las mismas celdas de los mayores. Más que una oportunidad rehabilitadora para muchos es una experiencia traumática, por desgracia, que los encamina por la senda equivocada del crimen.

La experiencia universal y la de nuestra propia realidad, con las cárceles que contamos, aconseja aprobar el proyecto tan razonable que ha presentado el Ejecutivo.

Aunque estoy haciendo uso de una interrupción, entiendo que el colega Espina ha solicitado hacer uso de la palabra por esta vía.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero formular dos consultas a nuestro colega Diputado señor Letelier, para tratar de entender su posición en esta materia.

Primero, el Honorable Diputado señor Letelier sostiene que de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y por respeto a los niños, debiera aprobarse el artículo propuesto por la Comisión de Constitución. Esto significa en castellano que en la legislación chilena todo menor de 18 años no tendrá responsabilidad penal. Lo dice el proyecto y señala que sólo podrá, como máximo, privársele de su libertad por cinco años, si el juez estima alguna de éstas dos cosas: que hay peligro para la seguridad de la víctima, es decir, que quiere seguir cometiendo el delito, quiere robar varias veces, quiere violar varias veces a la víctima, o bien, que es peligroso para la investigación. Pero si ninguno de estos dos requisitos se da, o sea, si el menor de 18 años que cometió el delito de violación o de homicidio calificado no constituye peligro para la seguridad de la víctima, entre otras cosas -supongamos que ella fue asesinada-, o por ejemplo, porque no es peligroso para el éxito de la investigación, porque el delito está achirado, como máxima sanción, quedará a disposición de sus padres.

De manera que quiero que el señor Diputado nos explique cómo le diremos a los 13 millones de chilenos que, según el Parlamento, un menor que no constituye peligro para el éxito de la investigación ni para la seguridad de la víctima no debe recibir sanción de ninguna naturaleza, porque lo considera absolutamente en la impunidad por estimar que es un niño.

El Diputado señor Aguiló me dice que no por señas. Es así. Le puedo leer textualmente el proyecto. Le pido que lea el informe, que lo señala con claridad.

Las medidas de rehabilitación no existen, porque no hay recursos y no se hacen. Entonces, al menor no le podrán aplicar medidas de rehabilitación y quedará en esas condiciones.

La segunda consulta se refiere a otra contradicción. El Diputado señor Letelier ha defendido con mucha fuerza el proyecto de la mayoría de edad a los 18 años, aprobado por la Comisión de Constitución. Lleva a una cosa realmente increíble. A los 18 años un menor tendrá plena capacidad para todo; realizará todos los actos que realiza una persona de 80 años. Es decir, será absolutamente capaz, responderá de todos sus actos, podrá celebrar cualquier tipo de contratos; asumirá responsabilidades sobre todos los hechos. Veinticuatro horas antes no tendrá ninguna responsabilidad; ni siguiera el juez podrá estimar, estudiar o analizar, a través de un asistente social o dé una sicóloga, si tiene un mínimo de capacidad. No. A las 11.59 esa persona mata a alguien y no tiene ninguna responsabilidad, de ninguna especie; y a las 12.01 asume toda la responsabilidad. No hay tránsito intermedio. No hay nadie que pueda calificar, como ocurre hoy, obviamente con imperfecciones por razones económicas; un juez de menores, un hombre o una mujer con experiencia, que vea al menor y diga si efectivamente, de acuerdo con los antecedentes y análisis, tiene o no discernimiento, si distingue entre el bien y el mal. Me parece que es una falta enorme de consecuencia entre un proyecto y otro. También quiero que el señor Diputado nos aclare este punto.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, seré muy breve, para dar una interrupción, con su venia, al Diputado señor Molina.

Espero que en las palabras del Diputado señor Espina no haya desprecio por los jóvenes ni por los niños. Al parecer, así podría intuirse al principio.

Respecto a la posibilidad de establecer que todos puedan tener su plena capacidad a los 18 años, los socialistas, la vamos a sostener, aunque ello sea motivo de otro proyecto. Creemos que los jóvenes a esa edad, muchas veces, pueden ejercer sus derechos en mejor forma que personas mayores, que no han demostrado esa misma capacidad.

Con su venia, concedo una interrupción al colega Molina.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, este proyecto de ley, que contiene importantes y relevantes materias, lo hemos discutido largamente en la Honorable Cámara en dos oportunidades anteriores.

No soy parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y no pretendo descalificar a ningún Honorable parlamentario que mantenga posiciones distintas, pero cuando nos corresponde legislar no debemos hacerlo al margen de las realidades, que en materia de justicia actual podríamos destacar cuatro: en la población existe una sensación de impunidad; hay inseguridad ciudadana; las cárceles no rehabilitan, y existen problemas de acceso a la justicia.

En relación con el primero, cuando las personas formulan denuncias porque son víctimas de algún delito, si a los tres o cuatro días no las ratifican, quienes son autores de esos hechos están fuera de todo proceso y fuera de las cárceles.

En materia de seguridad ciudadana, la justicia es insuficiente y-los organismos encargados de velar por ella están absolutamente sobrepasados. Entonces al margen de la ley, a través de acciones de hecho, los vecinos prácticamente han comenzado a cerrar la ciudad, estableciendo rejas en los distintos pasajes. Basta recorrer los distritos para verificar esa situación.

Dar el paso propuesto en este minuto por la Cámara, en absoluto sería entendí-do por la comunidad, porque si hoy existe esa sensación de impunidad, lógicamente se redoblará al aprobar una iniciativa por la que, en definitiva, todo menor de 18 años va a quedar en absoluta impunidad en materia penal.

Para tal efecto, en mi concepto no fueron satisfactorias las explicaciones dadas por el Ministro de Justicia, porque tanto la Cámara como el país saben que el proyecto original establecía que el discernimiento debía establecerse entre los 14 y 18 años, y la verdad es que no se explica la "vuelta de camero" que hoy ha dado el Ejecutivo.

Personalmente, considero que se ha enfocado mal el tema; se analiza la situación en "blanco y negro", señalando todos los perjuicios que sufre el menor en la determinación del discernimiento. Lo lógico habría sido que esta Cámara hubiese perfeccionado esa institución, realizando un esfuerzo para ver modo de evitar ese proceso de cuatro meses para determinar, efectivamente, si existe o no discernimiento, pero no establecer el límite a los 18 años.

Existe una zona gris importante de determinar y para que el menor no sufra todos los problemas que implica este procedimiento, lo lógico habría sido agilizarlo, pero aquí sencillamente se ha obviado esa posibilidad, colocando las cosas, como he dicho, en blanco y negro.

Se ha esgrimido el argumento de los derechos del niño. Aquí nadie quiere que los niños estén encarcelados, pero cuando estamos hablando de que un menor actuó con discernimiento, no nos referimos a un niño, sino a una persona madura con perfecto conocimiento y que sabe distinguir entre el bien y el mal. No es válido argumentar que quienes poco menos que han firmado la Convención de Derechos del Niño la están vulnerando, porque aquí estamos hablando de personas con menos de 18 años que tienen perfecto conocimiento de lo que realizan.

En definitiva, nada impide que se perfeccionen las normas del proceso sobre el discernimiento y que esos menores también puedan ser rehabilitados.

La sociedad sufrirá una sensación de indefensión cuando perciba que quienes han actuado con madurez en la comisión de un delito queden impunes.

Si queremos rehabilitar, como bien dijo el Diputado señor Chadwick en la sesión del jueves 15 de octubre pasado un elemento esencial, especialmente para la juventud, hay que señalar que quien comete un delito obtendrá una sanción proporcional al hecho, independiente de las medidas de rehabilitación y de las que se adopten para agilizar el proceso del discernimiento.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, quiero rebatir algunos de los argumentos esgrimidos por los Honorables señores Diputados para rechazar la iniciativa.

En primer lugar, se ha dado una visión parcial y trunca del verdadero sentido de este proyecto, porque éste dice lo que dice y no lo que desean que diga, porque no lo dice.

¿Qué sucede con los menores de 18 años, de acuerdo con este proyecto? Evidentemente, el propósito, tanto en su fundamentación como en su tenor literal, es sacar del derecho penal a los menores de edad. Pero no se pretende que aquellos menores que hubieren incurrido en conductas delictivas y que tengan menos de 18 años queden al margen del derecho y no sean objeto de un procedimiento que tenga por finalidad, por un lado, lograr su readaptación o rehabilitación; y, por el otro, proteger adecuadamente a la comunidad.

Lamento que se haga un debate un poco teórico sobre el tema sin haber leído suficientemente el texto legal. ¿Qué dice éste? De acuerdo con su artículo 28, "El menor de 18 años que haya ejecutado un hecho que, si se hubiere cometido por mayores de esa edad habría constituido delito, cuasidelito o falta, será juzgado por el juez de menores respectivo, aplicando el procedimiento establecido en el Libro II y en el Título I del Libro ID del Código de Procedimiento Penal, según correspondiere."

Es decir, habrá un análisis de la conducta de ese menor y, para los efectos de este proyecto, se va a establecer cuál, ha sido su participación en los hechos; en consecuencia, se va a saber si cometió o no delito. A través del proyecto se pretende que ese menor no quede sometido a la categoría del delincuente.

Se ha colocado aquí un ejemplo extraordinariamente dramático, de mucho efecto y pirotecnia por parte del Diputado señor Campos. Un menor de 17 años y 6 meses comete delito de violación. Según él, de acuerdo con esta iniciativa, ese menor no será llevado a la cárcel ni se le aplicarán sanciones penales; en consecuencia, la gente va a comenzar a autodefenderse, a sacar sus propias armas y a matar, puesto que se le está dando una señal absolutamente equivocada.

Si utilizamos el criterio del Honorable Diputado señor Campos, que es el que está en la legislación vigente, a ese menor de 17 años le aplicaríamos el procedimiento penal y las sanciones para el delito de violación, que pueden llegar hasta 15 años. Supongamos que le aplicamos solamente 10, con lo cual ese menor va a salir en libertad a los 27 años. Alguien que conozca la realidad de las cárceles en nuestro país y las enseñanzas que se adquieren allí vinculadas con el delito, ¿piensa que esa persona cuando salga va a estar rehabilitada desde el punto de vista de su actividad delictiva y que nunca más volverá a delinquir por el hecho de haber estado 10 años en la cárcel?

¿Qué nos indican las tasas de reincidencia en nuestro país? ¿Qué nos indican todas las informaciones estadísticas existentes respecto de la permanencia de la privación de libertad?

Las tendencias probabilísticas indican que ese menor que ingresó a la cárcel a los 17 años, cuando salga de ella, a los 27 años, no solamente va a cometer de nuevo el delito de violación o de robo, sino que también será autor de homicidio, por cuanto la cárcel, el sistema penitenciario, tal como se está aplicando, no sólo en nuestro país sino en otras partes del mundo, no produce la rehabilitación de la persona. En consecuencia, estamos creando una escuela de delincuentes. ¿Qué pretendemos? Dar la oportunidad y la ocasión para que esa persona pueda rehabilitarse.

En la primera oportunidad en que se discutió este proyecto, tanto el Ministro Subrogante de aquel momento como, con posterioridad, el mismo señor Cumplido, dieron a conocer la cantidad de recursos que el Estado chileno se compromete a colocar para llevar a cabo la rehabilitación. Es decir, el Supremo Gobierno no está haciendo demagogia ni proponiendo disposiciones legales que el día de mañana no se aplican, puesto que junto con proponer las medidas legislativas se otorgan recursos del orden de los 4 mil millones de pesos, para iniciar, en una primera etapa, todo el procedimiento de rehabilitación de la persona. En consecuencia, no es correcto lo afirmado por el Honorable Diputado señor Campos.

En segundo lugar, se ha dicho que a esa persona se le van a aplicar medidas que no tienen sentido alguno, salvo internarla en un centro de rehabilitación donde permanecerá privada de libertad por el tiempo que sea necesario para su corrección y rehabilitación, el que no podrá exceder de cinco años.

Y se dice: "Pero cómo puede suceder, si éste fue nada menos que un violador, un homicida, un estafador, asaltó un banco, etcétera."

Pero no se lee y se ignora la forma en que queda redactado el artículo 29:

"En los casos de la presente ley, el juez de letras de menores podrá aplicar alguna o algunas de las medidas siguientes:

"1°.- Devolver el menor a sus padres, guardadores o personas a cuyo cargo estuvieren, previa amonestación.

"2°.- Someterlo al régimen de libertad vigilada, lo que se efectuará en la forma que determine el reglamento."

Al respecto, todos los señores Diputados que tienen alguna experiencia judicial saben lo que es la libertad vigilada.

"3°.- Confiarlo por él tiempo que estime necesario, a los establecimientos especiales de educación.”

Reitero: "confiarlo por el tiempo que estime necesario". Es decir, aquí no hay límite de tiempo, sino que está condicionado a la medición que el propio tribunal va a hacer.

"4°.- Confiarlo al cuidado de alguna persona que se preste para ello."

"Estas medidas durarán el tiempo que determine el juez de letras de menores, quien podrá revocarlas o modificarlas, si variaren las circunstancias."

Es decir, hay todo un procedimiento que se extiende mucho más allá de lo que el Diputado señor Espina ha señalado. Lo que sucede es que Su Señoría se ha detenido únicamente en el número 5a que agrega al proyecto, sin leer el resto de la disposición legal.

En mi opinión, corresponde hacer una opción de política criminal, porque no tenemos la verdad absoluta ni vamos a encontrar la solución en forma sabia sin ninguna posibilidad de error. No cabe la menor duda que se trata de una opción que hacemos como sociedad, como colectividad. Y nosotros adquirimos el compromiso de lograr lo que el Diputado señor Campos echa de menos: la rehabilitación. Si hoy día decimos que no hay rehabilitación en Chile y nunca la habrá, ni en 10, 20 ó 100 años y seguimos aplicando cárcel y penitenciaría, se va a producir el fenómeno señalado por el Diputado señor Orpis; o sea vamos a seguir con las elevadas tasas de delincuencia, las que en ningún país del mundo se reducen a través de cárceles, porque éstas han demostrado que no son la solución para los problemas de la delincuencia toda vez que detrás del mundo del delito existen problemas de carácter social, educacional y cultural.

Con respecto a los menores de edad existe el problema desde la niñez y cada vez que un menor, de 16, 17 ó 17 años y 11 meses comete un delito, hay un fracaso de la sociedad. Fracasamos nosotros. No sólo fracasa ese menor, Su familia o su padre, sino que fracasamos nosotros también. En consecuencia, debemos enmendar nuestra conducta y procedimiento, porqué toda la historia de la ley sobre protección de menores nos avala. En Chile, durante muchos años se aplicó lo que ahora están reclamando que permanezca: el discernimiento. ¿Cuál ha sido su resultado? ¿Qué sucede en nuestro país? Que las tasas de delincuencia se mantienen.

En consecuencia, la práctica de la medida que se pretende mantener demuestra fehacientemente y en términos irrefutables que es una medida errónea. Por eso, él Supremo Gobierno, la bancada democratacristiana y también la Concertación apoya este proyecto, porque tiende a sentar una señal positiva en nuestra colectividad, máxime en este momento, cuando nos "llenamos de boca" con la suscripción a la Declaración Universal de los Derechos del Niño en esta misma Sala. Pienso que muchos señores Diputados no la leyeron si sabían lo que estaban firmando, en circunstancias de que se estaba refiriendo precisamente a estas materias, pues se ha adoptado una definición respecto del niño, que es el sujeto de este cuerpo legal.

Señor Presidente, antes de terminar le concedo una interrupción al Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Espina formulaba dos importantes interrogantes que no deseo dejar sin responder. Decía que después de la votación de este proyecto, si fuera afirmativa, los menores de 18 años no van a tener responsabilidad penal.

Su Señoría, que pertenece a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sabe que la respuesta es una: sí, efectivamente no van a tener responsabilidad penal, pero no por ello van a quedar impunes, no van a dejar de tener responsabilidad. Aquí se pretende torcer el sentido de! proyecto al tratar de dar la impresión de que estamos abriendo el camino de la impunidad para los más atroces delitos cometidos por menores, especialmente aquellos que tienen entre 17 y 17 años y medio de edad. No se trata de eso.

De acuerdo con el artículo 28, que Su Señoría conoce, el menor que delinque va a perder su libertad, va a quedar en manos del juez en las mismas condiciones que un adulto, y, el juez tendrá que ponderar si se cumplen las condiciones -que Su Señoría leyó a medias- y si la libertad del menor, al igual que la del adulto, constituye o no un peligro para la sociedad.

Entonces, en relación con eso, no le saquemos el cuerpo a la cuestión y no nos preguntemos, como Su Señoría lo hace, qué le vamos a decir a la sociedad después de este tremendo error. Le vamos a decir que los menores van a estar protegidos por las leyes del debido procesamiento, al igual que los adultos, y que ahora estamos por establecer los resguardos que no tiene la institución del discernimiento, que deja a los menores en una situación de discriminación irritante y constituye un verdadero agravio a sus derechos más elementales.

Queremos garantizarles esa capacidad de ser responsabilizados por el juez de menores con igualdad de derechos respecto de los adultos.

Segunda pregunta formulada en términos más dramáticos por el Diputado señor Espina. ¿Cómo es posible que ustedes aprueben mayoría de edad a los 18 años y el que no tiene esa edad pase a ser impune en términos de responsabilidad penal?

Aquí habría que hacer una reflexión sobre el ser humano y el tiempo.

Póngase en el caso el Diputado señor Espina. Él era un joven prometedor, pero cuando cumplió 21 años pasó a ser ciudadano mayor de edad con derecho a sufragio. Se le produjo en su vida un cambio de enorme importancia y "ni siquiera se movió de su escritorio". Ocurrió, porque tenemos que segmentar el tiempo y es necesario establecer un límite, el cual, de acuerdo con este proyecto, está en los 18 años, porque nos parece que la institución del discernimiento, en la práctica, ha sido un fracaso, como lo reconocen los magistrados, los jueces de menores, los especialistas, los sicólogos, los siquiatras, etcétera, que han sido consultados en la Comisión.

Los menores, en promedio, esperan, cuatro meses, en situaciones francamente dramáticas,, privados de libertad y de todo derecho, para que opere la institución del discernimiento, la que en la práctica, ha resultado nociva, pues sólo una parte ínfima de los menores son objeto de ese procedimiento. De manera que aquí no hay nada que dudar.

Se pretende establecer un criterio que va a resguardar la integridad de los menores y de la sociedad, pero a través del juez de menores y no del juez del crimen. Ese es el punto clave del proyecto y por eso las bancadas socialista, P.P.D., y espero que democratacristiana, estemos a favor del cambio en relación con los derechos de los menores.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en forma muy breve contestaré dos o tres cosas señaladas por el Diputado señor Molina.

No todo es gracioso ni tiene que expresarse en forma irónica; también se puede hablar un poco en serio. En consecuencia, le pido al señor Diputado que si tiene interés en contraargumentar no se esfuerce en usar la ironía en momentos que no corresponde

Quiero explicar lo siguiente: La diferencia radica en que cuando uno cumple 21 años de edad, no ocurre lo que Su Señoría está proponiendo. En el fondo, pretende que una persona sea considerada como un niño de cinco años hasta los 20 años y 11 meses, y que a los 21 pase a tener plenos derechos. Eso no ocurre en la legislación chilena, porque el Diputado señor Molina debe saber qué hadé el distingo entre los menores de edad que son incapaces absolutos -hasta los 14 años las mujeres hasta los 12 los hombres-; después hay una edad del menor adulto y, posteriormente, la persona adquiere la categoría de adulto.

Por lo tanto, cuando una persona pasa los 21 años de edad, no cambia la mamadera por el carné de chofer. Tiene una edad que la ley con mucha sabiduría ha establecido de tránsito, en la que va adquiriendo mayores derechos y mayores obligaciones hasta que, finalmente llega a los 21 años de edad.

El proyecto propone que hasta los 18 años, entre un niño de un mes y uno de 17 años y medio sea exactamente lo mismo; es decir, se pretende pasarlo de la cuna a la edad de responsabilidad penal. En cambio, nosotros queremos que haya un período de tránsito en el cual un juez de la República, con experiencia, pueda determinar si durante el período entre los 14 y los 18 años, ese menor realmente tuvo capacidad de discernir entre el bien y el mal.

Por lo tanto, toda la ironía y el espíritu gracioso con que el señor Diputado toca el tema a fin de fortalecer sus argumentos, no pasa de ser un recurso inapropiado para un asunto tan importante.

En segundo lugar, el Diputado señor Molina no dice la verdad, Y es bueno que Sus Señorías lean lo que señala el proyectó en la página 13. Sostiene que si un menor comete un delito y se encuentra privado de libertad, el juez, de oficio o a petición de parte, lo tiene que dejar en libertad, y debe confiarlo provisoriamente a su madre, guardador o persona a cuyo cargo estuviere. El menor deberá comparecer a los actos de instrucción. O sea, un menor de 17 años que, imaginémonos, distingue plenamente entre el bien y el mal, debe ser puesto de inmediato en libertad entregándosele a sus padres, cualquiera que sea el delito y la gravedad de la falta que haya cometido. Acto seguido dice que lo podrá dejar detenido cinco años, sin depender de la gravedad del delito, sino de otras condiciones, como la seguridad del ofendido, que es una causa independiente del delito, pues puede estimarse que continuará cometiendo delitos en contra de la persona afectada; o bien que se considere necesario para la seguridad de la sociedad.

Después viene una declaración demagógica, de principios, que seguramente al Diputado señor Molina Te parece estupenda. Dice: "El Estado deberá contar con establecimientos adecuados de rehabilitación conductual de menores y, en todo caso, deberán mantenerse en secciones separadas". ¡Claro que ésa es una aspiración de todos! Si el día de mañana me dijeran que en este país todos los menores de 18 años realmente van a estar sujetos a medidas de, rehabilitación, votaría a favor del proyecto, aunque fueran autores de delitos, porque soy partidario de que al menor, aun cuando a los 17 años se le considere autor del delito y responsable, la ley de igual forma debe establecer medidas de rehabilitación, a todos los delincuentes, y particularmente a los menores, como lo hace presente el Diputado señor Campos.

De manera que todas las aseveraciones del Diputado señor Molina, no pasan a ser, en mi opinión, juicios emitidos con la mejor buena fe, pero que no tienen una sustentación real en lo que señala el texto que estamos por aprobar, pues objetivamente, dispone que un menor de 18 años, en Chile, lamentablemente, al echarse abajo la institución del discernimiento, lo vamos a dejar en la peor de todas las condiciones, porque con él discernimiento puede aspirar a la rehabilitación, y sin él jamás podrá hacerlo. Perjudicaremos al menor si eliminamos la institución del discernimiento, porque si es declarado con discernimiento no va a la cárcel, como aquí se ha sostenido. En Chile ningún menor de 18 años va a la cárcel. Aun cuando sea declarado con discernimiento, se somete a los procesos de rehabilitación. Distinto es que los centros de rehabilitación sean peores que las cárceles. Pero ése no es el tema en este caso. Y al señor Diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, que mira Con cara de extrañado, el Diputado señor Letelier, le diría que leyera la ley, la cual dispone que un, menor de 18 años nunca va a la cárcel, pero igualmente se le somete a un proceso de rehabilitación.

Lo que sostengo es que si mantenemos, la institución del discernimiento otorgamos a los menores un mecanismo de protección jurídico. Si la eliminamos, los dejamos sin este mecanismo.

Admito, en todo caso, que éstas son materias opinables.

Agradezco al Diputado señor Bosselin su gentileza de concederme una interrupción.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, él artículo 364 del Código de Procedimiento Penal establece las razones por las cuales un juez puede denegar la libertad provisional. Cuando aprobamos las leyes Cumplido eliminamos del Código un conjunto de exigencias que amarraban al juez respecto de las oportunidades o casos en que podría decretar la libertad provisional de una persona. Así, por ejemplo, había casos en que al estimar que una persona era un peligro para la sociedad, y el Código enumeraba una serie de situaciones, estaba obligado a decretar su prisión preventiva. En otras palabras, no era libre para determinar, a cabalidad, de acuerdo con los antecedentes del proceso, si esa persona merecía quedar en prisión preventiva o privada de su libertad.

La experiencia práctica ha demostrado la necesidad de que los magistrados en esta materia tengan, simplemente, algunas orientaciones, es decir, que la ley les señale algunos elementos para tener en consideración al momento de determinar si procede la libertad provisional o la prisión preventiva de una persona. Y la indicación no hace otra cosa, porque dice: “El juez podrá..." -no deberá; podrá si lo quiere, si lo estima procedente- "estimar que la libertad provisional del detenido o preso es peligrosa para la seguridad de la sociedad, tomando en consideración alguna de la siguientes circunstancias" -y las señala- : la pena asignada al delito, el número de delitos que se le atribuye, si el delito ha provocado alarma pública, si ha sido condenado por sentencia ejecutoriada o tiene antecedentes penales, etcétera.

La razón es obvia. Hoy los jueces no tienen ningún elemento indicativo en la ley que les permitan determinar cuándo una persona es peligro para la sociedad y cuándo no.

¿Qué hace la indicación, que por lo demás recoge otra indicación inicial del Gobierno a éste proyecto? Al igual que la anterior, que fue rechazada, pero que corresponde al texto original del Ejecutivo, ésta pertenece a un proyecto de ley del Gobierno que establecía un conjunto de requisitos como elementos orientadores para que él juez decretara la libertad provisional o la prisión preventiva de una persona.

Me parece bien que el juez tenga el respaldo de la ley mediante elementos orientadores. Si a pesar de ello deja a una persona en libertad provisional, está en su derecho, lo puede hacer, pero es sano que la legislación le señale ciertas pautas o criterios respecto de lo que constituye peligro para la sociedad. Así lo estimó el Senado y aprobó el artículo casi en forma unánime. Y así lo estimó el Gobierno en su proyecto original.

Por eso hemos repuesto esta indicación, porque creemos que ayuda al juez a tomar una determinación; no lo obliga.

Por lo tanto, refuto los argumentos de quienes sostienen que con ella volvemos a lo mismo que hicimos en las leyes Cumplido. No es lo mismo. En las leyes Cumplido son absolutamente obligatorios para el juez los casos en los cuales debe negar la libertad por constituir peli-para la sociedad. En este caso son, triplemente, pautas indicativas que nos Parecen útiles para que el juez determine 1 procede o no la libertad provisional.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, quiero recordar que este tema ha sido ya largamente discutido en la discusión general del proyecto.

El planteamiento del Diputado señor Espina -y me voy a cuidar mucho de no usar ningún tipo de ironía en este caso- tiene por objeto dar la impresión de que estaríamos entregándole al juez pautas indicativas y orientaciones. Pero, ¿qué va a ocurrir en la práctica? En las leyes Cumplido tuvimos en cuenta que el principio esencial era asegurar el derecho a la libertad provisional, el cual, por la forma en que estaba redactado el artículo 363, se convertía en una entelequia, porque en la práctica los jueces daban vuelta la situación en el sentido de convertir en regla general el hecho de que las personas fueran procesadas durante su detención y perdieran su libertad. Dicho vuelco significaba que el derecho a la libertad quedara supeditado al juzgamiento de las personas en el mayor tiempo posible privadas .de libertad. Entonces, eliminamos esta norma porque, si bien tenía carácter imperativo, establecía para los jueces una especie de "jaula de hierro" que cumplían de manera que era muy difícil obtener la libertad. Pero, por la vía de la indicación, se reponen las mismas normas anteriores a las leyes Cumplido, con la salvedad de que ahora se habla de que el juez podrá hacerlo. Sin embargo, en la práctica, los jueces van a retornar al criterio anterior y las aplicarán sistemáticamente, trastrocando el principio y volviendo las cosas a como estaban anteriormente. O sea, la regla general no es que una persona debe ser juzgada en libertad. Esa es la regla que hemos tratado de establecer en la Comisión y que la Cámara aprobó por unanimidad.

De modo que, a pesar de que estas normas tienen carácter indicativo, son extremadamente peligrosas, porque los magistrados entenderán que aun repuestas, en términos facultativos, el legislador ha querido dejar sin efecto el avance anterior, y ése no es el espíritu de este proyecto ni la voluntad de la Cámara.

En consecuencia, me inclino, al igual que la Comisión, por rechazar esta nueva indicación del Diputado señor Espina.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, si nos atenemos a las normas vigentes de nuestro Código de Procedimiento Penal, y las Vinculamos con la indicación propuesta por los Diputados señores Espina y Chadwick, desde un punto de vista práctico, su aprobación o rechazo no produciría ningún efecto, porque bien sabemos que en la actualidad un juez puede no dar lugar a la libertad provisional del procesado fundado en el hecho de que constituye un peligro para la sociedad. La indicación enuncia situaciones en las que el juez podría -condicional- fundamentar su resolución. En consecuencia, con o sin esta indicación, en la práctica, un juez puede arribar al mismo resultado.

Ahora, desde un punto de vista de técnica legislativa, estimo que la indicación es correcta, puesto que la determinación de una materia tan importante como ésta no debe quedar entregada única y exclusivamente al arbitrio o a la discreción del juez. Por ello, conviene como lo señala el colega Espina, dar al juez ciertas señales y referencias, ciertos puntos en los cuales puede basar su decisión de considerar a un delincuente como peligro para la sociedad. De ninguna manera esto puede estimarse un retroceso en lo aprobado por las leyes Cumplido, ya que la gran diferencia está en que toda esta larga enumeración de hipótesis es meramente condicional, facultativa, no imperativa, como era antes en nuestro Código de Procedimiento Penal.

Vuelvo a repetir que en esta indicación se señala que el juez podrá estimar que la libertad provisional del detenido es peligrosa para la seguridad de la sociedad, en consideración a la pena asignada para el delito. Es obvio que ese hecho debe ser tomado en cuenta para tales efectos.

Luego, la indicación dice: "el número de delitos que se le atribuye". Evidentemente, las incriminaciones cometidas por el delincuente es un factor que el juez debe tomar en consideración,

En definitiva, las situaciones indicadas son bastante lógicas. El mérito o el valor de la indicación, que la diferencia -vuelvo a repetir- de la norma que contenía nuestro Código de Procedimiento Penal, está en que ahora estos hechos pueden ser considerados por el juez como constitutivos de peligro para la sociedad, y no son imperativos, como ocurría anteriormente.

En consecuencia, estoy por aprobarla indicación de los colegas Espina y Chadwick, pues se refiere a un tema naturalmente relativo, que pretende dar al juez ciertas pautas que impedirán actuaciones arbitrarias o discrecionales.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el Honorable Diputado señor Espina dijo la siguiente oración: "Los jueces estarían de acuerdo o serían más proclives a esta indicación".

Cuando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se discutió este tema, a petición de los Honorables Diputados que la conforman, se pidió la opinión de los magistrados.

Se invitó a don Manuel Silva, Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de dilatada trayectoria judicial criminal en la ciudad de Santiago, y a don Haroldo Brito, Relator de la Corte Suprema y actual Presidente de la Asociación de Magistrados.

La Comisión quería saber qué efectos produjo la modificación introducida el año pasado al Código de Procedimiento Penal en materia de libertad provisional. Después de un fructífero intercambio de opiniones, nos afirmaron categóricamente que estimaban que no era conveniente modificar la norma, porque al incorporar los criterios señalados en la indicación, en el fondo, se iba a restringir la tendencia natural de los jueces del crimen y de las cortes, en la concesión de la libertad provisional. Además, añadió el Presidente de la Asociación de Magistrados que la aplicación de la norma aprobada el año pasado no había provocado según sus informaciones, los efectos que se anunciaron, es decir, no había dado lugar a que a todos los delincuentes se les concediera la libertad, sino que se estaba haciendo una aplicación racional, justa, equitativa, sana y prudente, de la disposición legal.

Tengo el deber de rebatir este punto y la información entregada por el Diputado señor Espina, por no coincidir con los antecedentes que rolan en las actas de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, sólo para coincidir con el Diputado señor Bosselin, porque la indicación trata de volver a la situación generada con la dictación de decreto ley N° 2.621 durante el régimen anterior, salvo el cambio de la expresión -como se ha dicho- de "deberá" por "podrá". En verdad, es volver a 1979, en circunstancias de que la ley N° 19.047, una de las leyes Cumplido, estableció un criterio diferente y que ha conformado plenamente a los magistrados que concurrieron a la Comisión.

Por último, quiero expresar que lo que analizamos es la libertad provisional. En este sentido, es bueno recordar que, respecto de cualquier persona privada de libertad, existe una presunción de inocencia, mientras no sea condenada.

En consecuencia, colocar todas estas pautas reguladoras de la posible actitud de los jueces, conducirá a los magistrados a caminar por las vías establecidas en 1979, y que el Congreso abandonó mediante la ley N° 19.047, como ya he señalado.

Por esas razones, votaremos en contra de la indicación.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, esta indicación, se refiere al artículo 416 del Código de Justicia Militar que establece la sanción para la persona que violentare o maltratare de obra a un carabinero en el ejercicio de sus funciones.

La Comisión de Constitución elevó la pena, cuando el resultado de esta agresión sea la muerte, de presidio mayor en su grado máximo a muerte, es decir, la condena por el asesinato de un carabinero será de 15 años y un día a pena de muerte- En eso hubo acuerdo unánime en la Comisión.

Sin embargo, hay una indicación que agrega en el artículo 416 la expresión "o por el hecho de serlo". Actualmente, la pena por el homicidio de un carabinero se aplica sólo y cuando el carabinero esté en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, el hecho de que un carabinero sea asesinado no en el ejercicio de sus funciones, pero en consideración a que es carabinero, no tiene un tratamiento especial. Es decir, si alguien del Frente Lautaro o de algún grupo terrorista mata a un carabinero de franco, a sabiendas de que es carabinero, tiene la pena común y corriente del homicidio, pero si estaba en funciones, se agrava la pena.

La indicación destaca que es irrelevante si el carabinero asesinado estaba de franco o en servicio, ya que lo que realmente importa es si se le asesinó por ser carabinero, es decir, por ser miembro de la policía. Apunta a sancionar drásticamente a quien asesina a un carabinero por el hecho de serlo, sin importar si ese día estaba en actividad o de franco.

Había una expresión que contenía el proyecto del Senado que extendía esto a aquellos casos en los cuales se asesinaba a un carabinero, Cualesquiera que fueran las circunstancias. Nos pareció excesivo. No puede estimarse como un elemento para qué la pena sea agravada, porque podría ocurrir un crimen pasional o de causa distinta a su condición de carabinero. En ese caso va a quedar circunscrito a los delitos comunes, como una riña familiar.

En cambio, nos parece de toda justicias que cuando un carabinero, por su condición de tal, sin que importé si está en servicio o si va a su casa, porque terminó el servicio, es objeto de seguimiento y, antes de llegar a su casa el Frente Manuel Rodríguez, el Frente Lautaro o cualquier grupo de extremistas lo asesinaron, nos parece razonable que la pena respectiva sea agravada.

Ese es el propósito que persigue la indicación: evitar y corregir una situación extraordinariamente injusta, cual es que si un carabinero que no está en el ejercicio de sus funciones es asesinado, no obstante ser policía, no tenga ninguna pena agravada.

Me parece que frente a esta situación, a lo mejor la legislación puede dar una señal de mayor sanción en una norma de esta naturaleza. No tiene ninguna otra finalidad ni altera ningún derecho garantizado en la Constitución.

El Diputado señor Letelier me ha pedido una interrupción, la que otorgo por su interés particular en este proyecto de ley.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, me parece en general un buen criterio; pero tengo algunas dudas.

Primero, aquí hay un vacío. En todo caso apreciaría la necesidad de afinar este aspecto. Quizás esto se podría aclarar en este debate. ¿Qué pasa si una persona mata a un carabinero sin saber que lo era? En ese caso la pena es mayor. ¿Cómo se resuelve si lo sabía o no?

Por ejemplo, un fin de semana, en un bar, un carabinero de franco se embriaga y hace ostentación de su calidad de tal y, como dicen los "cabros", "echa la choreada"-y trata de ejercer autoridad, y producto de eso hay una riña y muere el carabinero.

Este caso me preocupa, porque no debería haber aquí aumento de la pena, aunque el que provocó la muerte supiera que era carabinero. ¿Nos podría clarificar ese punto?

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, debo aclararle a mi distinguido colega señor Letelier que cuando digo que tiene interés en este proyecto, lo digo de verdad, porque él siempre tiene la virtud de no estar en la Comisión y de interesarse en este tipo de materias. Creo que es muy importante, porque son temas muy técnicos donde es bueno dar alguna explicación.

Tiene razón. Apunta a un tema muy de fondo, porque si una persona asesina a un carabinero por razones distintas a su condición de policía e ignora incluso que lo es, naturalmente es un delito común, porque el Código de Justicia Militar sanciona el asesinato ex profeso, premeditado e intencionadamente de quien cumple una labor de resguardo establecido en la Constitución. Tenemos que preocupamos de que eso quede debidamente amparado. Por eso estamos abiertos a incorporar la base "por el hecho de serlo". De manera que la respuesta concreta para el Diputado señor Letelier es que, en nuestra opinión, al decirse "por el hecho de serlo", se apunta a exigir que la persona que comete el asesinato sepa que se trata de un carabinero y, además, lo haga por ser éste miembro de ese cuerpo policial; es decir, por estar cumpliendo la función policial, esté de franco o no.

Por lo tanto, la expresión "por el hecho de serlo" no tiene la dificultad planteada por el Honorable Diputado señor Letelier; Además, es un resguardo adecuado, porque exige perentoriamente que la persona tenga conciencia de que lo está asesinando por ser carabinero Por ello nos parece que la duda del señor Letelier queda despejada con la expresión que hemos agregado.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, con relación a esta letra, en la Comisión me opuse al aumento de pena, porque mantener este criterio es discriminatorio. Lo aceptaré cuando se aumenten las penas con motivo del asesinato de un sacerdote, de un pastor, de un dirigente social, de un dirigente sindical. Pero no debemos legislar en razón de aumentar penas en situaciones referidas exclusivamente a carabineros.

He dicho.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, desde luego, comparto en gran parte lo que acaba de señalar el Diputado señor Rojo, pero deseo formular la siguiente interrogante al Diputado señor Espina. Si considera que por asesinar a un carabinero debe aumentarse la pena, ¿qué tipo de pena debería aplicarse a un carabinero que, haciendo uso justamente de su condición de tal, mata a otra persona?

Es una interrogante que debe formularse y responderse en esta Cámara, porque, o defendemos la igualdad ante la ley o no la defendemos.

Me parece que quien tiene en su mano la posibilidad de utilizar arméis y la fuerza, y comete un crimen como los cometidos en este país, debería ser tratado de manera bastante especial.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocupamos, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley que introduce modificaciones al decreto ley N° 600, de 1974, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera.

Diputados informantes de las Comisiones de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda son los señores Manterola, Pizarro, don Sergio, y García, don José, respectivamente.

- El texto del proyecto se encuentra impreso en el boletín N° 737-03 y figura en el N° 8 de la Cuenta de la sesión 23a-, celebrada el 24 de noviembre de 1992.

El señor MANTEROLA.-

Señor Presidente, nuestro país fue uno de los primeros en Latinoamérica en establecer un cuerpo legal para reglamentar la llegada de capitales externos a Chile.

En 1974 se dictó el decreto ley N° 600, llamado Estatuto de la Inversión Extranjera, cuerpo legal que regula las normas y procedimientos a que deben acogerse las personas naturales y jurídicas extrajeras y las chilenas con residencia y domicilio en el exterior, que transfieran capitales extranjeros a Chile y celebren un contrato de inversión que fija la forma de internar y valorizar dichos capitales; el modo de materializar la autorización; el plazo en el cual el inversionista extranjero debe efectuar la internación de los mismos; los plazos a que se deben someter para transferir al exterior sus capitales; el tratamiento tributario de esas inversiones; que instituye el Comité de Inversiones Extranjeras, único organismo autorizado para aceptar el ingreso de capitales del exterior, en representación del Estado de Chile; que regula su naturaleza, sus obligaciones y atribuciones; que determina su composición y la forma en que debe adoptar sus decisiones; que dispone la existencia de una secretaría ejecutiva de dicho Comité, determinando sus funciones, y, en general, que establece los derechos y obligaciones de los titulares de la inversión foránea.

La dictación de este cuerpo legal permitió dar mayor seguridad y hacer más atractiva la inversión de capitales extranjeros en nuestro país. El incremento constante de los montos autorizados y materializados anualmente por esta vía, así lo demuestra.

En 1989, el monto materializado fue de 897,9 millones dólares; en 1990, de 1.132,3 millones de dólares; en 1991, alcanzó a 1.104,2 millones de dólares.

Para los efectos de adecuar y adaptar su normativa a una realidad económica internacional en permanente transformación, el decreto ley N° 600 ha sido objeto en el tiempo de diversas modificaciones; la última es la ley N° 18.959 de febrero de 1990.

El objeto de este proyecto es dar un nuevo paso en dicho sentido.

Dos son los cambios de mayor importancia que se proponen. El primero es la reducción del período de permanencia mínima en el país de los capitales extranjeros. En la actualidad, dicho plazo es de tres años. Se plantea reducirlo a un año como una forma de incentivar a los inversionistas. Debe recordarse que las utilidades líquidas generales por los capitales no deben cumplir un plazo para ser remesadas al exterior. La modificación propuesta permitiría a Chile estar en una posición competitiva, amagada hoy por los avances ocurridos en otros países del área en esta materia.

El segundo dice relación con el régimen de invariabilidad tributaria a que pueden acogerse los inversionistas extranjeros regulados por el decreto ley N° 600.

Recordemos que el inversionista extranjero dispone de dos opciones para ingresar sus capitales al país por la vía de dicho decreto ley: 1) Someterse al régimen de invariabilidad tributaria, y 2) Acogerse a las normas comunes de tributación.

El sistema de invariabilidad tributaria consiste en que los titulares de inversiones extranjeras acogidos al decreto ley N° 600 tienen derecho a que en sus respectivos contratos se establezca que se les mantendrá invariable, por un plazo de diez años, contado desde la puesta en marcha, la respectiva empresa, una tasa del 49,5 por ciento o la alternativa establecida en el artículo 7° bis de dicho cuerpo legal. En todo caso, a dicha tasa se le debe descontar lo que ya hubiera pagado por concepto de impuesto de categoría, equivalente al 15 por ciento, lo que significa que la tasa efectiva es del 44,3 por ciento. En cambio, en la actualidad, las normas comunes de tributación son del 35 por ciento.

En el proyecto de ley que informo, aprobado por el Honorable Senado en su primer trámite constitucional, se propone rebajar la tasa del régimen de invariabilidad tributaria a un 42 por ciento como carga impositiva efectiva total. Si bien esta cifra es superior a la tasa del 35 por ciento que correspondería aplicar a un titular de inversión extranjera si éste se sometiera al sistema común, el régimen de invariabilidad le da la seguridad de que el Estado le respetará durante diez años el sistema tributario aplicado a su inversión.

Asimismo, el proyecto elimina el mecanismo de invariabilidad tributaria alternativo contenido en dicho decreto ley, que combina invariabilidad con renta efectiva, el cual ha demostrado ser extraordinariamente complejo y ha sido usado sólo por siete empresas durante el período de su vigencia. Se estima que con la rebaja de la tasa al 42 por ciento efectivo dicho mecanismo quedaría sin aplicación.

Las demás enmiendas al decreto ley N° 600 contenidas en el proyecto, no tienen la significación de las anteriores.

Una de ellas dice relación con el rango y nombre de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras. El objetivo de esta modificación está en permitir la debida homologación del Secretario Ejecutivo del Comité con sus pares extranjeros. Para ello se propone sustituir la expresión "Secretaría Ejecutiva" y "Secretario Ejecutivo" por "Vicepresidencia Ejecutiva" y "Vicepresidente Ejecutivo", respectivamente.

También se sugiere una modificación a la planta de profesionales del Comité de Inversiones Extranjeras, con el propósito de proveerlo con profesionales calificados. En realidad constituye un cambio menor, pues se trata de aumentar en uno los cargos de grado I existentes en la planta y de rebajar en la misma cantidad los cargos del grado O. Además, se flexibilizan los requisitos para optar a los cargos, en especial al acreditar la posesión de un título de posgrado y años de experiencia.

Las demás enmiendas son adecuaciones a las ideas ya expresadas o concordancias formales de ellas, con excepción de una indicación formulada por el Presidente de la República para agregar un inciso final al artículo 15 del proyecto.

Cabe recordar que el Honorable Senado acordó suprimir la función que el proyecto original entregaba a la Vicepresidencia Ejecutiva para realizar actividades tendientes a promover la inversión extranjera. El Ejecutivo, considerando las razones formuladas en el Senado para tal rechazo, dio una nueva redacción a la idea original, que la Comisión estimó absolutamente adecuada, y formuló una indicación mediante la cual establece como función de la Vicepresidencia Ejecutiva la realización de actividades tendientes a difundir y divulgar, tanto en el país como en el extranjero, información destinada a estimular y facilitar la inversión extranjera en Chile.

De acuerdo con el Reglamento de la Honorable Cámara, correspondió a la Comisión de Hacienda estudiar los artículos los números 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9; 2° y 1°, 2°y 3° transitorios.

El proyecto no contiene disposiciones calificadas como normas de carácter orgánico Constitucional o de quórum calificado.

Por otra parte, debo destacar que todas sus disposiciones fueron aprobadas en la Comisión por unanimidad.

Por todo lo anterior, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone aprobar el proyecto de ley remitido por el Honorable Senado en los mismos términos aprobados por éste, con la única excepción de consultar en el N° 6 del artículo 1° una modificación que agrega un inciso final al artículo. 15, relativo a las funciones de la Vicepresidencia Ejecutiva.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Señor Presidente, después del completo informe del Diputado señor Manterola, sólo me referiré en forma muy breve a las ideas principales del proyecto, desde el punto de vista de la Comisión de Relaciones Exteriores, ya que su contexto, nos pareció, en general, acertado y favorable para los intereses económicos y metas de desarrollo que se ha propuesto el país.

Los puntos en cuestión son, principalmente, los cambios en los plazos de remesas de capitales, la rebaja de la invariabilidad tributaria, el cambio de nombre de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras y la promoción de nuestro país en el extranjero.

En cuanto a los plazos de remesa de capitales, el proyecto disminuye la permanencia mínima de los capitales extranjeros de tres a un año, pudiendo ser repatriados en cualquier momento los correspondientes a reinversión de utilidades, como también las utilidades.

Con ello otorga una señal adicional de liberalización del flujo de capitales hacia y desde Chile, y se favorece la negociación de tratados de protección de inversiones que hoy se encuentran en trámite con varios países europeos. Asimismo, el plazo de un año para remesa de capitales evitará la entrada de capitales especulativos al país.

El segundo tema de importancia es el relativo a la rebaja de la invariabilidad tributaria, ya comentado por el Diputado señor Manterola. Sabido es que el decreto ley N° 600 establece la opción de una invariabilidad de la carga tributaria basada en el pago de un impuesto a las remesas de utilidades ascendente al 49,5 por ciento. Sin embargo, la mayoría de los inversionistas ha preferido renunciar a la invariabilidad y acogerse a la tasa común del 35 por ciento como carga efectiva; por resultarle más conveniente. A fin de establecer una alternativa real a la invariabilidad, se ha considerado preferible reducir la tasa de 49,5 al 42 por ciento corno carga impositiva total a la renta.

Con este cambio, al establecerse un seguro atractivo, nuevamente se pretende promover un incentivo al inversionista, de manera que no renuncie a la in variabilidad en el momento de la remesa y permanezca en el seguro.

El tercer punto se refiere al cambio de nombre de "Secretaría Ejecutiva" del Comité de Inversiones Extranjeras por "Vicepresidencia Ejecutiva", lo que favorecerá y dará mayor categoría a las negociaciones de alto nivel con gobiernos, organismos y empresas internacionales.

Por último, el Ejecutivo presentó una indicación, aprobada por la Comisión de Economía de la Cámara en el segundo trámite reglamentario, a fin de agregar una función a la Vicepresidencia Ejecutiva, facultándola para realizar actividades tendientes a difundir y divulgar, tanto en el país como en el extranjero, información destinada a estimular y facilitar la inversión extranjera en Chile, indicación del todo acertada y favorable para potenciar el flujo de capitales en beneficio del país.

En los diversos tratados bilaterales sobre promoción y protección recíproca de inversiones que esta Honorable Cámara ha aprobado durante el actual período legislativo, se contempla un plazo mínimo de tres años para permitir al inversionista extranjero remesar al país de origen el monto de su inversión.

Esta exigencia de tres años es necesaria para armonizar los tratados suscritos con la ex República Federal de Alemania, la Confederación Suiza, España, Francia, entre otros, con el antiguo decreto ley N° 600, que hoy se modifica para reducir dicho plazo a un año.

Ahora bien, estos tratados seguirán vigentes, y podrán beneficiarse del nuevo plazo de un año en virtud de la cláusula contenida en todos ellos y que permite al inversionista extranjero aprovechar cualquier régimen más favorable que la legislación chilena actual o futura establezca para fomentar las inversiones extranjeras en el país.

La Comisión de Relaciones Exteriores propuso algunas modificaciones sólo de forma o de mera técnica legislativa que perfeccionan pero no alteran el texto, contenidas en el informe respectivo.

Estas son las razones fundamental por las cuales dicha Comisión estuvo plenamente de acuerdo con el proyecto y lo votó favorablemente.

Es necesario destacar en forma adicional que en el transcurso del debate en la Comisión se estimó que el Gobierno debe continuar modernizando las disposiciones que se refieren a la situación de los inversionistas internacionales o extranjeros en Chile.

La iniciativa legal es positiva, pero se consideró necesario continuar estudiando optimizaciones en esta dinámica área de la economía mundial. Por ejemplo, se comentó la importancia de aumentar los tratados bilaterales que eviten o impidan la doble tributación, por los efectos desalentadores que ella produce entre los inversionistas extranjeros.

Algunos Diputados de la Comisión comentaron que hoy nuestro país da confianza financiera al marco exterior y que es perfectamente factible establecer, para el futuro inmediato, disposiciones legales que permitan ofrecer servicios financieros a inversionistas que, por ejemplo, desde Chile deseen participar en proyectos productivos en otras naciones de América Latina.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, en general y en particular.

He dicho.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la Comisión de Hacienda pasa a informar el proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 600, que fija el Estatuto de la Inversión Extranjera. Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión los señores Roberto Mayorga, Secretario Ejecutivo Subrogante del Comité de Inversiones Extranjeras, y Cristián Aninat, Abogado Jefe de dicho Comité.

El propósito de la iniciativa consiste en adecuar el Estatuto de la Inversión Extranjera para responder en mejor forma a una mayor competitividad que se observa a nivel internacional en la atracción de capitales externos, lo cual obliga a Chile a adaptarse a los tiempos actuales, flexibilizando los mecanismos de incentivos para el capital extranjero, de modo que pueda continuar destacándose por su capacidad para atraer inversiones foráneas.

Entre los antecedentes proporcionados a la Comisión por los representantes del Comité, se hizo presente que en el proyecto se proponen dos modificaciones importantes a los mecanismos vigentes.

En primer lugar, en relación con el plazo de permanencia de los capitales extranjeros invertidos en el país, que de conformidad con el Estatuto no pueden ser remesados fuera de Chile antes de transcurridos tres años, se reduce dicho plazo a un año.

En segundo término, en el régimen especial de la invariabilidad tributaria, se sugiere rebajar la tasa del impuesto que afecta a estos capitales de 49,5 a 42 por ciento, lo cual, a juicio del Ejecutivo, sería un atractivo suficiente para que el inversionista se mantenga dentro del régimen de invariabilidad.

Las demás modificaciones dicen relación con la Planta de Profesionales del Comité de Inversiones Extranjeras y con adecuaciones al texto legal, que recogen la (experiencia de la referida entidad en la materia.

La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de los artículos 1°, números 1, 2, 3, 4, 8 y 9, 2° y 1°, 2° y 3° transitorios, del proyecto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que por el artículo del proyecto se introducen las siguientes modificaciones:

En el número 1 se proponen modificaciones al artículo 4°. Se sustituye el inciso primero, manteniéndose el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al exterior sus capitales y las utilidades líquidas que éstos originen. Sin embargo, se reduce de 3 a 1 año el plazo mínimo de permanencia en el país de los capitales extranjeros regidos por el Estatuto. Además, los aumentos de capital enterados con las utilidades, podrán remesarse sin sujeción a plazo, cumplidas las obligaciones tributarias.

También se agrega un inciso final, que hace necesario un certificado previo del Vicepresidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras para que el inversionista pueda acceder al mercado cambiario formal para los efectos que señala.

En esta última disposición, se eleva a rango legal una práctica contemplada en un acuerdo del Banco Central, permitiendo que el trámite sea más expedito al eliminarse una doble revisión de los respectivos antecedentes por parte del Comité de Inversiones Extranjeras y del Banco Central.

Puesto en votación el número 1 del artículo 1°, fue aprobado por unanimidad.

En el número 2 se modifica el artículo 6°, reemplazándose la frase "autorizada por el Comité" por la palabra "materializada", en relación con los recursos obtenidos en las enajenaciones o liquidaciones referidas que están exentas de contribución, impuesto o gravamen.

Esta modificación confirma lo que ha sido una práctica permanente del Comité.

En el número 3 se introducen las siguientes modificaciones al artículo 7°:

En el inciso primero, se reemplaza la expresión "una tasa de 49,5% o las tasas señaladas en el artículo 7° bis, como carga impositiva total a la renta a que estarán afectos" por la frase "una tasa del 42% como carga impositiva efectiva total a la renta a que estarán sujetos". Fue aprobada en forma unánime.

El inciso segundo, se modifica reemplazando su parte final, en el sentido de que deberá agregarse a la base imponible respectiva una cantidad equivalente al impuesto de primera categoría que hubiere afectado a la renta incluida ya en la base imponible, con el objeto de regular la forma como se calculará la carga impositiva efectiva total. Esta modificación tiene por objeto que la tasa sea efectivamente del 42 por ciento.

Puesta en votación, fue aprobada por 6 votos a favor y 1 en contra.

En el inciso tercero, se reemplaza el guarismo "49,5%" por "42% efectivo", modificación aprobada por unanimidad.

Se agrega un inciso final que define el concepto de "puesta en marcha" de una empresa, momento en el cual empieza a computarse el plazo de invariabilidad tributaria, que debe entenderse referida a la fecha en que comienzan a producirse las utilidades y no al inicio del contrato que autorizó la inversión, modificación también aprobada por unanimidad.

En el número 4 se modifica el inciso primero del artículo 11 bis, reemplazándose, a continuación de la palabra "Inversiones", la frase "por montos no inferiores", por "de monto igual o superior", refiriéndose a inversiones que, teniendo por finalidad el desarrollo de los proyectos que señala, podrán ser objeto de franquicias especiales, referidas a plazos, como a otros beneficios, modificación que también fue aprobada por unanimidad.

En el número 7 se modifica el artículo 19, número II, que fija la Planta de Profesionales del Comité de Inversiones Extranjeras, aumentando en uno los cargos de Profesionales ubicados en el grado I y disminuyendo en igual cantidad a los Profesionales grado m, modificación que también fue aprobada en forma unánime.

En el número 8 se modifican los requisitos de ingreso y promoción de la misma planta, también aprobada en forma unánime.

En el número 9 se propone derogar el artículo 7° bis, que dispone un mecanismo alternativo de invariabilidad tributaria, por estimarse demasiado complejo y de utilización poco frecuente, también aprobada por unanimidad.

En el artículo 2° se señala que el mayor gasto que signifique la modificación de la planta durante el presente año, se imputará a los recursos existentes en la Secretaría Ejecutiva del Comité, también aprobada por unanimidad.

En el artículo 1° transitorio se faculta a los titulares de capitales de procedencia extranjera que hayan celebrado contratos con anterioridad a la vigencia del decreto ley N° 1.748, que modificó el decreto ley 600, para que puedan transformar sus contratos a de duración indefinida, también aprobada por unanimidad.

En el artículo 2° transitorio se faculta a los titulares de capitales provenientes del exterior que señala, para que puedan acogerse por el tiempo que resta de sus contratos al régimen de invariabilidad tributaria con una tasa del 42 por ciento efectivo, modificación también aprobada por unanimidad.

El artículo 3° transitorio permite a los inversionistas extranjeros acogidos al decreto ley 600 y afectos al régimen impositivo común, para que puedan sujetarse al régimen de invariabilidad con tasa del 42 por ciento efectivo, modificación también aprobada por unanimidad.

Es todo cuanto tengo que informar respecto de este proyecto, en representación de la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en términos generales, acojo la iniciativa para modificar los plazos para las remesas de capitales al exterior por parte de inversionistas extranjeros. Sin perjuicio de ello, someteré a consideración de la Sala una indicación al artículo 1°.

En la Sexta Región, como en otras, ha habido múltiples proyectos de inversionistas extranjeros en actividades agroindustriales, agrícolas y, en especial, vitivinícolas. Dichos inversionistas han violado en forma sistemática las leyes laborales, al impedir a los trabajadores el derecho de sindicalizarse y a negociar colectivamente, tal como lo hemos aprobado en este Congreso Nacional.

En la comuna de Rengo, destaco el caso de la Empresa Fedefruta, en la cual echaron abajo al sindicato, porque despidieron a todos los trabajadores que se organizaron y todavía no se logra una reparación adecuada a dicha irregularidad. Otra situación es la que ocurrió, y la denuncié en la Cámara, en la localidad de Santa Amalia comuna de Requínoa, donde inversionistas extranjeros se hicieron cargo de una viña de gran importancia.

Por eso, someto a consideración de la Sala una indicación para que esta franquicia de modificar plazos para garantizar a los inversionistas extranjeros remesas al exterior en el plazo de un año, no se permita a quienes violen sistemáticamente las leyes laborales, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y a negociar colectivamente, de acuerdo con el Código del Trabajo.

Esto sería una norma de sana convivencia con los extranjeros que desean invertir en el país para que respeten las leyes laborales, conozcan las franquicias y posibilidades que les otorga una moderna institucionalidad, todo lo cual garantizará sus inversiones y una sana convivencia con los trabajadores de nuestro país.

He dicho.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, no cabe duda de que Chile puede seguir por mucho tiempo a la cabeza de América Latina en materia de inversión extranjera, pues cuenta con leyes que han dado muestras de ser eficientes, cumple sus compromisos y tiene una excelente conducción macroeconómica, a juzgar por las opiniones vertidas hoy en la mañana por el Ministro de Hacienda, señor Foxley, al explicar que, de acuerdo con antecedentes de estos últimos treinta años, 1992 ha sido indudablemente el más exitoso en la historia económica de nuestro país.

El proyecto que modifica el decreto ley N° 600, de 1974, justamente se enfoca en el sentido de perfeccionar una legislación que ha dado buenos resultados, pero que a la luz de la experiencia y de las nuevas condiciones internacionales, es aconsejable introducirle algunos cambios, precisamente para mantener el liderazgo. Se trata de cambios menores, pero convenientes, por cuanto debemos competir con otros países de América Latina que han establecido condiciones muy mejoradas para el ingreso de capitales extranjeros.

Tengo en mi poder un cuadro estadístico que nos entregó el Comité de Inversiones Extranjeras, que muestra comparativamente la situación en cada uno de los principales países de América Latina. Allí podemos ver que la legislación aplicada a la inversión extranjera en estos países es absolutamente reciente: en Argentina, de 1989; en Bolivia, de 1990; en Colombia, de 1991; en Ecuador, en 1991; en México, de 1989; en Paraguay, de 1990; en Perú, de 1991, y en Venezuela, de 1992. Mientras en Chile estamos por modificar una legislación que, aun cuando ha dado buenos resultados, viene desde el año 1974.

En todos los países del mundo, no sólo nuestros vecinos, se observa esta preocupación pon atraer capitales, por lo que estas modificaciones, aunque menores dentro del conjunto de datos, los inversionistas las consideran importantes, porque asegurarán nuestra preeminencia en la región.

Tenemos cifras importantes. Por ejemplo, las inversiones extranjeras autorizadas en 1991 llegaron casi a 3.400 millones de dólares, destinados a 342 proyectos. Esta es una cifra alta que, para superarla y mantenerla en crecimiento, es necesario afinar mucho nuestro trabajo, y perfeccionar, como lo hacemos con este decreto ley N° 600, algunas otras leyes relacionadas con las inversiones.

Los cambios más importantes son, en primer lugar, la reducción del plazo de la remesa de capitales a un año. En este sentido, si nos comparamos con los otros países latinoamericanos, somos los únicos que ponemos restricciones de tres años.

El resto de los países, sin excepción, permiten la reexportación de capital sin restricciones de ningún tipo.

Chile se pone así en una posición más competitiva con otros países que no tienen restricciones, pero que tienen limitantes de otro tipo: culturales, institucionales, de organización, de infraestructura, etcétera, que hacen que Chile siga manteniéndose en mejor situación que ellos.

La segunda modificación importante es la invariabilidad tributaria, que han comentado otros señores Diputados en los informes de las Comisiones, que permite a los inversionistas acceder a una tasa de invariabilidad de 42 por ciento, porque, tal como lo explicó el Diputado señor Pizarro, las empresas en Chile han pasado sistemáticamente a la tasa común, en vez de mantenerse en la tasa de invariabilidad, por ser ésta suficientemente alta.

Otra enmienda que me parece menor, pero que es trascendente, es el cambio del nombre de Secretario Ejecutivo por el de Vicepresidente, porque esto le permite llegar en mejores condiciones ante sus iguales de otros países.

En cuanto a las nuevas atribuciones, es importante que el Comité tenga la posibilidad de promover la inversión extranjera en Chile.

En sesiones anteriores discutimos un tema parecido para el Servicio Nacional de Turismo, al cual le entregamos la posibilidad de que su Director de Turismo perteneciese a una organización que, junto con los privados, represente a Chile en el extranjero. Aquí sucede algo parecido, pues en estos tiempos es conveniente que los sectores privado y estatal trabajen mancomunadamente en un tema tan sensible como el de las inversiones que llegan a los distintos países en desarrollo.

Por eso, votaremos favorablemente este proyecto, que da garantía a los capitales extranjeros, los cuales esperamos que aumenten sustancialmente en Chile en los próximos años.

He dicho.

El señor GARCIA (René Manuel).-

Señor Presidente, indudablemente que para todos es gratificante que llegue inversión extranjera, porque da más trabajo y saca al país adelante.

Me referiré a lo expuesto por el Diputado señor Letelier. Aunque traigan toda la plata del mundo, los inversionistas extranjeros tienen que respetar las leyes laborales. Esto se refiere a la inversión, pero en ningún caso podrán obviar todo lo que dice el Código del Trabajo y las leyes laborales.

Por lo tanto, si alguien no respeta el derecho de los trabajadores a sindicalizarse, no les da libertad o no les permite hacer lo que la ley los autoriza, esa persona o esa empresa, por extranjera que sea, contravendría las normas del Código del Trabajo vigentes en nuestro país.

Por lo tanto, esta indicación al artículo 1° está de más, porque las leyes de este país son para que todos las cumplan, sean chilenos o extranjeros. Eso es fundamental. No se puede poner dentro de las normas de inversión extranjera, un párrafo aparte para que se respete nuestra legislación, pues ésta es una sola y debe respetarse por todos.

Como chileno y miembro de la Comisión de Trabajo, hemos laborado arduamente para que los derechos del trabajador se respeten, sobre todo el de sindicalizarse, que creemos que es el que permite una mayor coordinación entre empleadores y empleados de una empresa.

Por vio tanto, la inversión está bien y las leyes laborales chilenas son para respetarlas y no para obviarlas.

Muchas gracias.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, el deseo de Renovación Nacional es apoyar el proyecto en todos sus artículos, tal como fue aprobado en las Comisiones de Economía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, por las razones expresadas suficientemente.

Si bien Chile durante muchos años ha sido ejemplo, éste se está copiando y va quedando en situación similar a la de muchos otros países, que incluso, como dijo el Diputado señor Joaquín Palma, están ofreciendo condiciones más ventajosas a la inversión extranjera, que nuestra estabilidad macroeconómica permite compensar.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, en las Comisiones de Economía y de Hacienda los parlamentarios de la UDI dimos la unanimidad al proyecto, fundamentalmente porque flexibiliza las condiciones establecidas en el decreto ley N° 600 para la inversión extranjera y le entrega incentivos.

Cada modificación es un incentivo para el inversionista y facilita las remesas al interior. Vale la pena destacar la disminución de la tasa impositiva.

El proyecto también apunta a solucionar un problema coyuntural de los últimos tiempos, en relación con la cantidad de dólares que existe en la economía y que de alguna manera ha presionado negativamente el valor o el tipo de cambio. Si bien es positivo que se quiera resolver el problema, parece como más conveniente que uña medida de esta naturaleza sea facultad del propio Banco Central y no materia de ley.

Sin embargo, los Diputados de la UDI votaremos favorablemente la iniciativa.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, comparto enteramente el espíritu de la indicación del colega Juan Pablo Letelier, sobre todo por la constatación de que en Chile un conjunto de empresas que han materializado inversiones extranjeras no han respetado las leyes laborales que resguardan los derechos de los trabajadores; pero el mecanismo que sugiero me parece inoportuno, toda vez que lo principal es que ellas respeten en forma rigorosa la legislación general, en particular la legislación laboral, y no exista siquiera la posibilidad de dar por sentado que están en un estatus jurídico diferente respecto de una materia, tan importante.

En este sentido, refuerza mucho más la obligatoriedad de las empresas y de las inversiones extranjeras de respetar la legislación laboral el hecho de que se parta del supuesto de que es tan perentoria para ellas como para cualquier empresa nacional. Por eso, comparto el espíritu pero no la redacción ni la indicación de la misma.

He dicho.