Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse de la proposición de la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley que modifica la ley N° 19.175, sobre Gobierno y Administración Regional.

El texto de la proposición de la Comisión Mixta está impreso en el boletín N° 863-06 y se encuentra en el número 2 de los documentos de la Cuenta de la sesión 29a, celebrada el 10 de diciembre de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde ....

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana aprobará el texto propuesto por la Comisión Mixta en consideración a que recoge tanto la opinión inicial de esta Cámara como la indicación presentada, en su momento, por el Senado, en el sentido de que para integrar el consejo económico y social provincial se considerará, primero, a los representantes de las universidades más antiguas de la provincia y, en segundo lugar, a quienes acceden en representación de las con mayor número de matriculados. O sea, con la medida no se excluye a ningún sector.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en la propuesta de la Comisión Mixta, de alguna manera, existe la intención de buscar un acuerdo. Sin embargo, lamento que ella no considere efectivamente el criterio primitivo de la Cámara, aspecto en el que tengo impresión de que mi Honorable colega señor Elizalde se equivoca, porque en él se planteaba la antigüedad en el cargo y no el número de alumnos.

En atención a la urgencia de este proyecto, vamos a concurrir con nuestro voto favorable a la aprobación de la propuesta de la Comisión Mixta, porque existió la voluntad de incorporar, sin ninguna duda y quiero dejar constancia de ello, el criterio de la antigüedad en el cargo de quienes se desempeñan como rectores.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una breve interrupción al colega Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

En verdad, Honorable colega Ulloa , no estoy equivocado.

En efecto, al principio se planteó en la Cámara la idea de que fuesen los rectores más antiguos quienes integraran el consejo, pero ahora se ha privilegiado, en primer término, la antigüedad de la institución dentro de cada región y, en segundo término, para incorporar al resto de los institutos y universidades, el número de matriculados en cada una de esas entidades. Es decir, la selección no se hace, entonces, en relación con la antigüedad en el cargo, sino, más bien, con la antigüedad de la institución.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cantero .

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, la discrepancia existente entre el Senado y la Cámara respecto de este tema fue analizada en la Comisión Mixta sobre la base de que se pretendía aumentar el ámbito de participación, para lo cual era necesario definir algún criterio, a fin de que las universidades o institutos superiores pudieran participar en el consejo económico y social de la respectiva región o provincia. El debate se produjo en tomo a la preeminencia de la antigüedad de la institución o del cargo de rector. En verdad, el tema no es relevante ni trascendente en el marco de la ley, de manera que nadie estuvo dispuesto a alargar demasiado la discusión sobre el particular.

No se acogió el criterio de la Cámara de Diputados por una razón que se planteó, se analizó y nos hizo fuerza a todos: hay institutos que pertenecen a personas naturales, las que ejercen, al mismo tiempo, el cargo de rector. En consecuencia, es previsible que durante mucho tiempo ocupen ese cargo y, por esa vía, aseguren su permanencia en el consejo" económico y social.

En el evento de que una misma universidad cumpla, además, con el requisito de tener el mayor número de alumnos, prima la antigüedad y se da esa posibilidad a otras instituciones, sean universidades o institutos, con lo cual se cautela la participación.

Renovación Nacional está satisfecha con el avance alcanzado y votará favorablemente esta proposición de manera que el proyecto pueda ser despachado y entre en vigencia lo más pronto posible la ley, con el objeto de impulsar y avanzar en la descentralización, la desconcentración y, en definitiva, en la regionalización de nuestro país, que tanta falta le hace.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, si bien todos estamos de acuerdo con la proposición de la Comisión Mixta, quiero señalar una razón más que abona la tesis que se forjó en ella.

Si aceptábamos el criterio del Senado, la representación de las universidades sobre la base de su antigüedad permanecía fija, de modo que siempre correspondería a las más antiguas participar en el consejo económico y social provincial. La forma en que se resolvió esta dificultad permite s acceder a esta representación a las universidades o centros de educación superior que acrediten tener el mayor número de alumnos matriculados.

Esta fue una de las razones que indujeron a idear la fórmula propuesta, que satisface a nuestra bancada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica diversas normas de los Códigos Penal, de Justicia Militar y de Procedimiento Penal y otras disposiciones legales en relación con la seguridad de las personas.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legisláción y Justicia es el señor Bosselin.

-El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 566-07 (S) 2 y figura en el número 12 de los documentos de la Cuenta de la sesión 27a celebrada el 9 de diciembre de 1992.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Procedo a rendir y sostener el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que modifica diversas normas de los Códigos Penal, de Justicia Militar, de Procedimiento Penal y de otras disposiciones legales en materia de seguridad de las personas.

La iniciativa contiene tres ideas centrales:

En primer lugar, modifica las normas sobre libertad provisional establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

En segundo término, introduce enmiendas a las disposiciones del Código de Justicia Militar relacionados con las penas en los delitos de maltrato con resultado de muerte a carabineros.

En tercer lugar, sustituye el trámite del discernimiento establecido en nuestra legislación penal, específicamente en el Código de Procedimiento Penal, para hacer efectiva la responsabilidad de los menores de 18 años.

Este proyecto fue discutido ampliamente en su primer trámite, formulándose algunas indicaciones en la Sala y otras en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En primer término, me referiré a las indicaciones rechazadas por la Comisión.

Una de ellas, presentada por la Diputada señora Cristi y los Diputados señores Chadwick y Espina, tiene como objeto intercalar, en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:

"El juez podrá estimar que la libertad provisional del detenido o preso es peligrosa para la seguridad de la sociedad tomando en consideración alguna de las siguientes circunstancias: la pena asignada al delito; el número de delitos que se le atribuye; si el o los delitos por los que se le procesa han provocado alarma pública; si ha sido condenado por sentencia ejecutoriada o tiene antecedentes penales anteriores; si se encontraba en libertad provisional o condicional, o gozaba de alguno de los beneficios contemplados en la ley N° 18.216; si tiene pendiente el cumplimiento de una condena anterior; si carece de residencia y, en general, si existiesen antecedentes graves que permitan presumir que tratará de eludir la acción de la justicia o continuará su actividad delictiva."

Los señores Diputados expresaron en la Comisión que para presentar la enmienda tuvieron en consideración que, a su modo de pensar y de acuerdo con sus antecedentes, los tribunales estarían procediendo con mucha condescendencia al otorgar la libertad provisional y que sería necesario establecer determinadas reglas o señales en el Código de Procedimiento Penal para restringir la facultad de los tribunales.

La Comisión, en su voto de mayoría, estimó que aplicar el criterio propuesto por los señores Diputados significa retroceder, porque las normas de libertad provisional fueron modificadas en la primera iniciativa que ingresó a este Parlamento el 12 de marzo de 1990, y que, por el papel protagónico que le correspondió al señor Ministro de Justicia, han sido denominadas las "leyes Cumplido". En ellas se modificó especialmente el sistema de libertad provisional y se dejó al tribunal con un criterio mucho más amplio. En consecuencia, el parecer de la mayoría de vuestra Comisión de Constitución es mantener el sistema actual y no introducirle las modificaciones que proponen los señores parlamentarios.

Los mismos señores Diputados presentaron otra indicación para elevar las penas, por estimar que, atendida la situación que existe en nuestro país, podría representar una señal positiva para combatir la delincuencia en los casos específicos a que se refiere el artículo 416 del Código Penal.

La mayoría de los Diputados miembros de la Comisión consideró erróneo ese criterio, pues el combate a la delincuencia no necesariamente está vinculado a elevar las penas y que, si se sigue el criterio consagrado en esas indicaciones, se rompe la armonía del sistema penal chileno e, incluso, se puede llegar a establecer sanciones mucho más graves que para los delitos de homicidio calificado o de parricidio. En consecuencia, es conveniente mantener el sistema establecido en el Código de Justicia Militar, que de por sí ya es drástico, y no aumentar su drasticidad.

En cuanto a la necesidad de modificar el sistema de discernimiento, el proyecto original establecía un cambio en el sistema.

El Ejecutivo varió su posición en el Senado y se llegó a una norma que aprobamos, la cual consiste en lo siguiente. Todas las personas mayores de 18 años son plenamente responsables y los menores de esa edad quedan el margen del derecho penal, pero se someten a un sistema tutelar; es decir, no se les aplican las sanciones penales, pero sí un conjunto de medidas que tienen por finalidad educarlos, reeducarlos o rehabilitarlos, por estimar que esa es la modalidad que más se aviene con los sistema imperantes en el mundo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BOSSELIN.-

Al parecer, a la Cámara de Diputados no le interesan estos temas. Estamos tratando nada menos que el problema de los menores, y la delincuencia juvenil, tema bastante importante en nuestro país. Reclamo, por lo menos, un mínimo de atención.

Señor Presidente, al considerar la indicación presentada por los señores Diputados, en el sentido de extender el discernimiento de los 14 a los 18 años de edad, la Comisión hizo un estudio profundo del asunto, principalmente en materia de derecho comparado.

¿Cuál es la edad en que en los distintos países del mundo se hace plenamente responsable a las personas?

Voy a leer las estadísticas, pues, tratándose de una materia tan relevante, es conveniente que la Cámara de Diputados tome conocimiento de ellas.

En América Latina, en Argentina, la plena responsabilidad se establece a los 18 años de edad; en Bolivia, a los 16; en Brasil, a los 18; en Colombia, a los 18; en Costa Rica, a los 17; en Cuba, a los 20; en Ecuador, a los 18; en El Salvador, a los 17; en Honduras, a los 18; en Méjico, en algunos Estados a los 16 años y en otros a los 18; en Nicaragua, a los 15; en la República Dominicana, a los 18; en Uruguay, a los 18; en Venezuela, a los 18.

En Africa, en Burundi, a los 18; en Chad, a los 18; en Kenya, a los 18; en Madagascar, a los 18; en Senegal; a los 18; en Rwanda, a los 18; en Túnez, a los 18; en Uganda, a los 18.

En los países de la península arábica, Bahreind a los 15; en Egipto, a los 18; en Irak, a los 18; en Kuwait, a los 18.

En Asia, en Bangladesh, a los 16; en Corea, a los 20; en China, a los 18; en Filipinas, a los 18; en Hong Kong, a los 16; en India, los niños a los 18 y las niñas a los 16; en Japón, a los 20; en Malasia; a los 18; en Pakistán, los niños a los 18 y las niñas a los 16; en Singapur, a los 16; en Tailandia, a los 18.

Europa y América del Norte. En Bélgica, a los 18; en Canadá, a los 18; en España, a los 16; en Estados Unidos, en algunos Estados a los 16 y en otros a los 18; en Finlandia, a los 18 y 20; en Italia, a los 18; en el Reino Unido, a los 17, en Irlanda del Norte, a los 17; en Suecia, a los 18 en Suiza, a los 18.

Como pueden apreciar los señores Diputados, el criterio mayoritario en los distintos países del mundo se establece la plena responsabilidad a los 18 años y suprimir el trámite del discernimiento desde esta edad hacia abajo, que es lo mismo que hemos pretendido con esta nueva legislación, aprobada en el primer trámite y observada por los señores Diputados.

La Comisión, por mayoría, rechazó la indicación presentada por la señora Cristi y los señores Chadwick y Espina fundada en las razones expuestas, en las dadas en las discusión general, en el análisis del derecho comparado y, además, en consideración a que en nuestro país la mantención del discernimiento representa, en el fondo, la aplicación de sanciones penales para los menores de 18 años, que suelen ser extraordinariamente drásticas y muy traumáticas, aunque en definitiva, y así lo indican las estadísticas, mayoritariamente, son declarados sin discernimiento. Pero, mientras ello se determina, esas personas permanecen encarceladas, a veces por treinta, sesenta o noventa días, tiempo suficiente para que los menores sufran un impacto en su desarrollo sicológico que, a veces, no tiene reparación en un período corto.

Otras indicaciones que fueron aprobadas por unanimidad, constituyen adecuaciones de texto y de términos legales, pero no alteran el fondo de la materia aprobada en el primer trámite reglamentario.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recomienda a la Sala aprobar el proyecto de ley, ya que representa un avance importante en nuestra legislación.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, este artículo tiene por objeto ajustar la ley a la supresión del discernimiento, materia que fue extensamente debatida cuando se trató la idea de legislar sobre este tema. Además, las transformaciones que se señalan dicen relación también con otros artículos del proyecto, como los relativos a las modificaciones a la Ley de Menores, a la ley que establece procedimiento ante los juzgados de policía local, y al Código de Procedimiento Penal.

En esta oportunidad, quiero traer a colación un fundamento que no se dio cuando se discutió en la Sala la supresión del discernimiento. En noviembre de 1988, el Ministro de Justicia de la época, don Hugo Rosende, anunció el envío a la Junta de Gobierno de un proyecto de ley, cuyas características generales se parecen mucho al que analizamos, se tituló: "Establece responsabilidad penal del menor y suprime el discernimiento". Modificaba el N° 2 del artículo 10, del Código Penal al referirse a los menores de 18 años; derogaba su N° 3, lo mismo que hace la iniciativa que estudiamos. Además, modificaba el artículo 7° en el mismo sentido, y decía: "En los casos en que aparezcan participando en un mismo hecho delictivo mayores de 18 años y menores de esa edad, se aplicará a los mayores la pena que les habría correspondido sin esa circunstancia, aumentada en un grado si éstos se hubieren prevalido de menores en la perpetración del delito, pudiendo estas circunstancias ser apreciadas, en conciencia, por el Juez".

El actual proyecto aumenta la pena en un grado si se han prevalido de menores de 18 años, y en dos grados si se han prevalido de menores de 16 años.

En la sesión en que se discutió la idea de legislar, la Oposición manifestó que se estaba creando una especie de sociedad permisiva, y que el menor de 18 años no iba a tener ningún castigo cuando cometiera un delito. Sin embargo, si comparamos la modificación que pensaba introducir el ex Ministro Rosende con lo que propone esta iniciativa, la última resulta, ser en esta parte, mucho más drástica, más dura. Por lo tanto, no es efectivo lo afirmado en esa oportunidad.

Asimismo, el proyecto del Ministro Rosende modificaba el artículo 26 de la ley N° 18.287, sobre procedimiento en los juzgados de policía local, al igual que la iniciativa en discusión, y suprimía la disposición que señalaba que lo relativo al discernimiento le corresponde al juez de policía local, para conformarlo a la idea de eliminar la institución en todas las leyes.

También el proyecto del ex Ministro Rosende modificaba la ley N° 16.618, sobre menores. Entregaba al juez competencia para conocer de todos los asuntos en que aparecieran menores de 18 años inculpados de crimen, simple delito, falta o infracción, y las causas que se promovieren de acuerdo con la Ley de Alcoholes, donde había menores involucrados. El artículo 28 indicaba medidas que se establecen en el actual proyecto.

Sin embargo, una de las disposiciones de este proyecto permite internar al menor, privándolo de su libertad hasta por 5 años, medida no incluida en la iniciativa del ex Ministro Rosende , la cual modificaba el artículo 28 y citaba doce medidas que se podían aplicar al menor.

En consecuencia, quiero recordar a los miembros de las bancadas de la Derecha que el señor Ministro de Justicia de la época, don Hugo Rosende , presentó un proyecto con ideas muy similares al que discutimos, el cual, en el fondo, suprime totalmente la institución del discernimiento y otorga al menor de 18 años un tratamiento excepcional respecto de las medidas correctivas, de rehabilitación y de privación de libertad.

Por esa razón, nos queda absolutamente claro que al igual que desde 1946, cuando también se presentó una iniciativa al Congreso para eliminar la institución del discernimiento, este proyecto cumple con la idea de modernidad, con los tratados internacionales que consideran que el menor de 18 años es un niño y que colocará a nuestra legislación a la altura de las que el señor Diputado informante mencionó.

En consecuencia, aprobaremos el artículo l2 de este proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el artículo l° se refiere básicamente a la eliminación del discernimiento, para lo cual se modifica el N° 22 del artículo 102 del Código Penal, relativo a la exención de responsabilidad penal en los juicios criminales.Ese artículo expresa: "Están exentos de responsabilidad criminal...". Y en el número 2° menciona al menor de dieciséis años. El número 3° agrega: "El mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, a no ser que conste que ha obrado con discernimiento."La norma propuesta básicamente termina con la institución del discernimiento y establece que todo menor de 18 años no tiene responsabilidad penal por circunstancia alguna.Hemos presentado una indicación que no hace otra cosa que reponer una disposición del proyecto original del Ejecutivo.

En síntesis, se traduce en mantener la institución del discernimiento, y la extiende de los 16 a los 14 años.

Como fundamento de esta indicación, queremos señalar, en primer lugar, que nos parece absolutamente incompatible e inconsecuente que, por un lado, sostengamos que es necesario rebajar la mayoría de edad en nuestro país, a fin de establecerla a los 18 años, y, por otro, pretendamos que, por circunstancia alguna, los menores de 18 años podrán tener responsabilidad penal.

La institución del discernimiento cumple un papel importante porque algunos jóvenes en ese período de edad, probablemente pueden distinguir con toda claridad entre el bien y el mal y, por lo tanto, asume la responsabilidad por sus actos, mientras que otros no son capaces de hacerlo y son declarados sin discernimiento.

Cuando ocurre esto hoy en la legislación vigente, sin perjuicio de los problemas económicos los cuales afectan mayormente a que estas instituciones puedan operar, el joven queda sometido a un conjunto de medidas de rehabilitación, de forma tal que, al rebajarse la edad de 16 a 14 años, ¿cuál es el escenario jurídico al que nos veremos enfrentados?

Todos los menores de 14 años, por razones obvias y por circunstancia alguna, jamás tendrán responsabilidad penal; entre los 14 y los 18 años, su responsabilidad penal dependerá de si son o no declarados con discernimiento. ¿Qué significa este hecho? Que pudieron distinguir entre el bien y el mal en la acción que ejecutaron. Es decir, al ser declarados sin discernimiento, quedan exentos de responsabilidad penal; en caso contrario, son sometidos a un conjunto de medidas de rehabilitación.

Esta indicación repone exactamente el propósito que tuvo el proyecto del Gobierno en sus orígenes.

A nuestro juicio, la eliminación del discernimiento y de la responsabilidad penal de los menores de 18 años, en la práctica, se traducirá en una impunidad para que menores de esa edad cometan delitos. Eso es incompatible con impulsar en el Parlamento, simultáneamente, que a los 18 años se adquiere la mayoría de edad.

Por esas consideraciones, hemos repuesto la indicación para que la institución del discernimiento, como tal, se mantenga, con el objeto de que un tribunal de menores determine, en justicia, si un joven actuó o no con capacidad para determinar entre el bien y el mal. Si no la tiene, entonces hay que someterlo a todas las medidas no penales; pero si tiene esa facultad, ¿por qué va a disponer de una especie de privilegio social para cometer delitos, como suele ocurrir, en forma regular o permanente, con algunos de estos menores? Distinto es y lo aclaro que las actuales condiciones materiales de las cárceles, de los juzgados de menores o de los lugares de rehabilitación, sean malas. Ese es un problema de recursos y de capacidad económica del país, pero no por culpa de ello vamos a dejar exentos de toda responsabilidad penal a quienes, conscientes del hecho que cometen, asaltan, ingresan a una casa y cometen un delito; además, de ahora en adelante, tendrán una especie de impunidad jurídica que significará que, sabiendo que cuentan con menos de 18 años, podrán cometer delitos afectando a otros jóvenes, mujeres, niños y personas inocentes y quedar, sencillamente, en la impunidad por tales hechos.

Por esas razones, solicitamos acoger la indicación, la cual no hace otra cosa que reponer como he señalado reiteradamente lo propuesto inicialmente por el Gobierno.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, las observaciones formuladas por el Honorable Diputado señor Espina no se ajustan en absoluto a los hechos materia de esta discusión.

No es efectivo que el menor de 18 años, de acuerdo con esta reforma, vaya a quedar exento de responsabilidad, ni que se establezca la libertad para que el menor de 18 años pueda cometer delitos.

La intervención de Su Señoría sólo tiene por objeto dar fundamento a una indicación improcedente, en este caso.

Efectivamente, en el primer proyecto del Supremo Gobierno el artículo en referencia tenía una redacción diferente. Después de un estudio en la Comisión donde corresponde introducir las modificaciones necesarias, se llegó al convencimiento de que esta institución anacrónica, que no presta ningún servicio a los menores ni a la sociedad, llamada "discernimiento", debería ser suprimida. Hoy, ella es un mero trámite administrativo, como cuando al condenar a una persona se le sujeta a la observancia del patronato de reos. No se trata de establecer la exención de responsabilidad de los menores, sino que todo nuestro derecho vaya entrando en concordancia con las normas internacionales sobre la materia.

Tal como lo señaló el Diputado informante, la primera norma ha sido establecer universalmente que son menores quienes no han cumplido los 18 años de edad. Estas personas, jóvenes, menores, no estarán sujetos a sanciones, a la privación de libertad, al sistema carcelario, a las penas vigentes para los mayores. Se le aplicará sanción al menor que delinca; se le privará, hasta por cinco años, de su libertad. Pero el sentido del proyecto es rescatarlo para la sociedad. Por eso, se dispone expresamente que al menor se le aplicarán las medidas de corrección y de rehabilitación que establece la ley. Estas medidas son sanciones, pero con un sentido de rehabilitarlo, de salvarlo.

Por ello volver, a través de una indicación, a reponer una institución que no cumple con los objetivos señalados, es impracticable, no tiene sentido ni se justifica, sencillamente no es legislar de acuerdo con lo que debe ser una moderna administración de justicia.

Por estas razones, estimo que la Honorable Cámara debe rechazarla.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, este tema se discutió intensamente en la Cámara con anterioridad.

Coincido totalmente con las expresiones del Diputado señor Espina sobre la materia del discernimiento. El articulado del proyecto actual no el original del Gobierno no cumple ningún propósito y nadie puede demostrar que la institución del discernimiento es anacrónica, mala, inservible o no presta ninguna utilidad a la administración de justicia.

El Diputado señor Rojo, con la vehemencia que lo caracteriza, ha hecho una serie de afirmaciones, pero no ha entregado ningún antecedente que le permita a los señores Diputados reflexionar y decir: "Sí, efectivamente, el discernimiento es anacrónico." Yo le pido al señor parlamentario que me explique por qué es anacrónico y en qué basa su afirmación. Para eso, le concedo una interrupción. Si tiene razón, con mucho agrado estoy dispuesto a modificar mi posición.

Legislar por legislar y eliminar instituciones por el solo hecho de suprimirlas no tiene sentido. Me podrán hablar de las legislaciones comparadas y de que en otras partes del mundo se ha eliminado el discernimiento. Tal vez; pero eso tampoco avala la tesis de su supresión.

¿Qué es el discernimiento? Nada más que el sentido común aplicado a nuestra legislación. Y no hay mejor ley que aquella que refleja la aplicación del sentido común. El discernimiento significa darle al juez la posibilidad, el derecho en interés de la justicia de establecer si una persona, en razón de su edad, puede distinguir entre el bien y el mal.

Señor Presidente, le concedo una interrupción al Diputado señor Bosselin.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, con la venia de Su Señoría, el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Muchas gracias, Honorable colega.

No cabe la menor duda de que éste es un tema altamente opinable. Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta sobre ésta y otras materias legislativas. En los debates, uno siempre debe estar dispuesto como en otras cosas de la vida a convencer y también a ser convencido.

Pero cuando él dice que el discernimiento cosa que también afirmó reiteradamente el Honorable Diputado señor Espina consiste en saber si el menor podía distinguir entre el bien y el mal, está haciendo una afirmación que no se condice con nuestra realidad jurisprudencial y la forma como nuestros tribunales aplican el discernimiento. Porque hoy día en Chile y le devuelvo el emplazamiento al Diputado señor Schaulsohn ningún tribunal de menores, al pronunciarse sobre el discernimiento, opina si el menor podía distinguir entre el bien y el mal. Hace una cosa distinta. Emite un juicio de pronóstico basado en un criterio de peligrosidad. Determina si ese menor que tiene frente a él podrá rehabilitarse o no. No se pronuncia sobre si podía distinguir entre el bien y el mal.

En consecuencia, ésa es la razón, porque el discernimiento no tiene el contenido que le atribuye el Honorable Diputado señor Schaulsohn.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Diputado señor Schaulsohn, el Diputado señor Rojo también le solicitó una interrupción.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, se la concederé dentro de un minuto, porque quiero terminar la idea, pues las interrupciones son con cargo a mi tiempo. Y puede ser que después me quede sin la oportunidad de hablar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

El señor SCHAULSOHN.-

Francamente, no coincido con lo afirmado por el Diputado señor Bosselin . No creo que ésa sea la práctica jurisprudencial. Si así fuese, sería contraria al espíritu y a la letra de la ley.

No podemos legislar en función de si la ley se aplica mal o se aplica bien, pues éste es un debate que podemos tener respecto de todo nuestro sistema penal y carcelario. En verdad, hoy resulta absurdo enviar a alguien a la cárcel, si tomamos en cuenta la realidad de nuestro sistema carcelario. Uno de los fundamentos del sistema penal es la rehabilitación, y sabemos positivamente que no la hay. De modo que siempre habrá una distancia entre el ideal y la realidad; pero eso no nos debe mover a cambiar la legislación.

Insisto en lo que sostuve inicialmente. Lo que el juez hace es determinar si la persona actuó con plena conciencia de lo que hacía. Eso, en razón de su edad. Además, hay un dato estadístico. El año pasado, el 12 por ciento de los menores en estas condiciones fueron declarados con discernimiento; el resto, sin discernimiento. En este último caso, los procedimientos de la ley son claros e iguales a los que se proponen. Y cuando tiene discernimiento como dice el Honorable señor Espina, es perfectamente justo que la sociedad tenga la posibilidad de enfrentar a ese individuo que ha cometido un delito de una manera distinta de aquel que ha realizado ese mismo hecho sin tener la capacidad necesaria para discernir las consecuencias de sus acciones.

Por lo tanto, a mi juicio, la modificación que se propone lo digo con todo respeto es absolutamente ociosa. No agregará nada. Aplicará en forma general una norma e impedirá que los jueces ejerzan una atribución que hoy puede beneficiar la correcta administración de justicia.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Honorable Diputado señor Rojo, con cargo a mi tiempo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROJO.-

El Honorable señor Schaulsohn, coincidiendo con el Diputado señor Espina, ha sostenido que he formulado observaciones que no están demostradas.

He afirmado que el discernimiento es una institución anacrónica, que no cumple, en el hecho, ningún objetivo. El juez, frente a una conducta delictual, entra en forma apriorística a determinar si ese menor actuó o no con discernimiento. No lo hace de manera científica porque el proceso aún no se ha iniciado. Y es precisamente a través del proceso donde deben reconstituirse los hechos e indicarse todos los elementos que llevaron a un menor a realizar un acto determinado. Si el juez no tiene los antecedentes, entra exclusivamente como lo decía el Diputado informante, señor Bosselin a estimar un juicio de peligrosidad sin contar con esa información.

Hoy día se quiere que ese menor sea sometido a medidas de rehabilitación y de corrección. No está quedando exento de responsabilidad. Mucho más grave es la situación del discernimiento, porque el juez, sin tener los antecedentes, hoy en día puede declararlo exento de responsabilidad. El juez, cuando entra a determinarlo, dirá si lo hace de acuerdo con las normas del derecho común para los mayores o en conformidad con las normas de excepción. En consecuencia, el discernimiento es ahora un trámite meramente formal que no cumple ningún objetivo.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Recupero el uso de la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el señor Rojo está equivocado. Confunde el tema del discernimiento con la responsabilidad penal o la culpabilidad. La culpabilidad del hecho que se imputa se establece en el transcurso del proceso. El discernimiento faculta al juez para enfrentar el proceso de determinada manera, no en abstracto ni a priori, sino teniendo a la vista los antecedentes personales del sujeto.

Podemos buscar el perfeccionamiento del mecanismo de aplicación del discernimiento, pero no lo vamos a eliminar porque no funciona bien. La pregunta clave es si todos los menores de 18 años están en la misma categoría. Si la respuesta es afirmativa, debemos votar favorablemente la eliminación de una institución que busca escudriñar las diferencias. Por el contrario, si aceptamos que desde el límite de la mayoría de edad, hacia abajo hay circunstancias especiales la justicia no se aplica en forma colectiva ni estadística, y es de la esencia de la justicia, en particular de la penal, como bien sabe el señor Rojo, que se apliquen al individuo tomando en cuenta los aspectos personales que rodean al hecho cometido. No hay reglas generales para esto.

Entonces, ciertos individuos de una misma categoría, en función de la edad, pueden haber actuado unos con discernimiento y otros sin él. Si reconocemos la posibilidad de que en la vida real esta distinción existe, no tiene ningún sentido privar al juez de la posibilidad de establecerla, porque en materia penal el dolo es la esencia, y para establecer la culpa hay que escudriñar en cuestiones más bien subjetivas que tienen que ver no sólo con los hechos, sino también con la intencionalidad y la capacidad de tener conciencia de lo que hace o se hizo es ilícito y sancionado por la ley.

Por eso, esta institución ha existido siempre, y es buena. Su supresión no va a amparar a los menores. La estadística que he entregado comprueba lo que estoy diciendo: Los tribunales establecieron que sólo el 12 por ciento de los menores actuaron con discernimiento. ¿Por qué vamos a tratar a ese 12 por ciento de igual manera que a los restantes cuando hay una diferencia objetiva? Por algo el Gobierno tuvo un criterio que después cambió.

No hay ninguna razón para eliminar la institución del discernimiento. Entiendo que el tema es opinable. Pero no estamos haciendo ningún aporte al derecho penal, ni amparando mejor los derechos de las personas, ni protegiendo más a los menores. Eso no es así. Solamente estamos privando al juez de una herramienta que le permite aplicar la ley de una manera más justa y más racional.

Si estimamos que en la práctica judicial hay errores, presentemos proyectos de ley tendientes a corregir la mecánica de las cosas, pero no a suprimir las instituciones.

Por lo tanto, la indicación del Honorable Diputado señor Espina es atinada y merece ser votada favorablemente por esta Honorable Cámara.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Rojo está equivocado.

La letra a) del artículo 1° del proyecto dice: "Reemplázase en el artículo 10, N° 2, la expresión "dieciséis" por "dieciocho". Pero el inciso primero del artículo 10 del Código Penal expresa: "Están exentos de responsabilidad criminal: 2a.- El menor de dieciséis años."

Con la modificación que se introduce en este proyecto, dicha norma legal del Código Penal va a quedar de la siguiente manera: "Están exentos de responsabilidad criminal: 2°.- El menor de dieciocho años". Ello significa que el menor de 18 años que comete delito quedará exento de responsabilidad penal.

En segundo lugar, se incorpora un inciso que permite al juez aplicar medidas de rehabilitación o de corrección a estos menores. Siguiendo la misma argumentación del Honorable Diputado señor Rojo, sabemos que no existen medidas exactas o efectivas que permitan la corrección o rehabilitación no sólo de los menores, sino de cualquier persona que haya cometido un delito. En cambio, si se mantiene la institución del discernimiento, se permitirá que la sociedad, a través de los tribunales ordinarios de justicia fundamentalmente los juzgados del crimen puedan aplicar sanción al menor. Esta agregación puede significar que todo menor de 18 años, que cometa un delito, sepa también positivamente que quedará exento de responsabilidad penal, porque las sanciones de rehabilitación y de corrección no podrán cumplirse.

Por eso, estimamos imprescindible mantener la institución del discernimiento, fortaleciéndola para que no se produzca el problema que ha denunciado el Honorable Diputado señor Rojo. Es una materia que debemos estudiar en el Parlamento, y el Gobierno, a través de una iniciativa de ley, debe proporcionar a los juzgados de menores los recursos adecuados para que puedan decidir sobre el discernimiento de conformidad con lo que todos esperamos.

Le concedo una interrupción al Diputado señor Espina.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con la venia de Su Señoría tiene la palabra el señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quiero que la Honorable Cámara logre percibir la diferencia entre lo que establece el proyecto y lo que propone la indicación, la cual, por lo demás, no hace otra cosa que reproducir la voluntad del Gobierno al enviar el proyecto original. En primer lugar, debo manifestar que le tengo un considerable afecto al Diputado señor Rojo, a quien le pido ser más cuidadoso en sus expresiones, porque ha señalado que no es efectivo lo que he dicho, en orden a que con la modificación quedarán exentos de responsabilidad penal los menores de dieciocho años.Deseo que lea cómo quedará el Código Penal de aprobarse la norma de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Textualmente dispondrá lo siguiente: "Están exentos de responsabilidad criminal: 2ª. El menor de dieciocho años." Eso significa que los menores de dieciocho años están exentos de responsabilidad penal. No hay más responsabilidad penal en Chile para el violador, para el homicida, para cualquier menor de dieciocho años que cometa delitos terroristas, comunes, contra las personas, contra la propiedad y cualquier otro. O sea, da lo mismo tener cuatro años o diecisiete para los efectos de cometer un delito.

Distintas son las medidas especiales de rehabilitación. El proyecto sostiene que el menor de dieciocho años quedará sujeto a un juez de letras de menores que le aplicará algunas medidas de corrección y de rehabilitación. Luego, agrega que si el menor se encontrare privado de libertad supongamos que esta ley ya está vigente, lo tienen que dejar en libertad de inmediato, confiándolo a sus padres. Es decir, un menor de diecisiete años que asalta un lugar, mata a una persona y viola a una niñita, de inmediato pasa a disposición de sus padres. Después establece una excepción, en honor a la verdad. Establece: "No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el juez de menores podrá, por resolución fundada, decretar la privación de libertad del menor...". ¿Pero cuándo? Cuando su libertad sea pedida y necesaria para el éxito de la investigación; para la seguridad del ofendido, o de la sociedad. Puede que no sea necesaria para el éxito de la investigación; para la seguridad del ofendido, entre otras cosas, porque éste puede haber muerto; o que tampoco sea necesaria para la seguridad de la sociedad. Son requisitos de la libertad provisional; pero tal vez no se dé ninguno de estos tres requisitos.

No se trata de que los menores de edad sean tomados presos sin razón. Cuando se quieren exagerar los argumentos, se termina diciendo: Este caballero quiere que todos los menores de 18 años de edad en Chile vayan presos". Eso no es cierto. Ojalá no haya ningún menor de dieciocho años en esa situación. Pero es posible que un juez haya calificado debidamente que un menor de dieciocho años y mayor de catorce obró o no con discernimiento.

¿Qué es el discernimiento, de acuerdo con la Corte Suprema? La capacidad general de conocer lo justo o injusto de su actuación y determinarla de acuerdo con ese conocimiento. Si el menor, tuvo conocimiento y se entiende que es una persona capacitada que distingue entre el bien y el mal, entonces lo razonable es que dicha persona sea sometida a las normas procesales que rigen a los mayores de edad.

Si la práctica demuestra que apenas el 10,12 ó 14 por ciento son declarados con discernimiento, mejor. Significa, con mayor razón, que esto afectará a un mínimo de menores que, en los hechos, demuestran ser lo suficientemente hombrecitos y grandes para saber tomar una pistola, delinquir y asesinar a personas inocentes. En una sociedad como la nuestra, esas personas deben tener de parte de la justicia el tratamiento que corresponde, así como a un menor de edad que no tiene discernimiento debe aplicársele todas las medidas de rehabilitación que por esa calidad amerita.

Por esa razón, hemos presentado la indicación a la cual he hecho mención.

Agradezco al Diputado señor Urrutia la interrupción.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, finalmente, hay que tener presente que en esta Cámara y en el Senado se ha estado tramitando un proyecto que establece cuál es la mayoría de edad, la que se baja. Por lo tanto, es imprescindible que se mantenga la institución del discernimiento, fortaleciéndola para que ella pueda cumplir con el objetivo que se ha establecido en nuestra legislación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, como se ha recordado en este debate, una de las características del Derecho Penal es su carácter personalísimo. Esta característica se funda en diversas circunstancias o consideraciones. Es personal por cuanto es el hombre, el individuo, el que, en definitiva, desencadena el drama penal, es decir, el delito, y porque las normas contenidas en el derecho punitivo se aplican a hombres, a individuos, como consecuencia de sus actuaciones.

Por lo tanto, si hay una rama del derecho que por su naturaleza no puede ser rígida sino, por el contrario, todo aconseja que debe ser flexible, es, precisamente, el Derecho Penal y, con mayor razón, su aplicación toda vez que no existen dos actuaciones humanas similares o idénticas, como tampoco dos hombres con características absolutamente iguales. De manera que la flexibilidad del Derecho Penal y su aplicación como consecuencia de la derivación de actos ejecutados por hombres es vuelvo a repetir su característica esencial.

Ahora, la flexibilidad en la aplicación del derecho punitivo en nuestra legislación se evidencia a través de varias instituciones. Por ejemplo, en las reglas relativas al "iter criminis", es decir, al grado de desarrollo del proceso de generación del delito, nuestra legislación distingue distintas etapas. Así, se habla de fase interna, de fase externa, de tentativa, de frustración o de consumación. Desde el punto de vista práctico y penal, cada una de estas situaciones tendrá efectos distintos, pues los hechos son diferentes.

Esta flexibilidad también se da en las reglas vinculadas con la participación criminal, porque no todos los hombres intervienen en un hecho delictual de modo idéntico, lo cual amerita y justifica que sean tratados de diferente manera. De ahí que la legislación distinga entre autores, cómplices y encubridores.

El Derecho Penal también es flexible en todo el capítulo relativo a la consagración de las circunstancias del delito. La ley distingue entre circunstancias atenuantes y agravantes; incluso, dentro de ellas contempla efectos penales diversos, en el sentido de que algunas atenúan la pena de manera mucho más determinante que otras.

También es flexible lo que se refiere a los grados de culpabilidad, puesto que no todos los hombres actúan de la misma forma. Hay quienes actúan con dolo y otros con culpa. Dentro de la forma de culpabilidad denominada culpa, se distinguen la culpa consciente y la inconsciente; dentro del dolo, se distinguen el dolo directo y el eventual. Todo ello va produciendo efectos penales o punitivos distintos, ya que no todos los hechos y actuaciones humanas son idénticas. Por eso, el Derecho Penal debe tener cierta flexibilidad para ir adecuándose a cada uno de estos hechos particulares.

Por último, otra de las manifestaciones del Derecho Penal, desde el punto de vista de su flexibilidad, es la que se refiere a la imputabilidad, que, como institución, también admite graduaciones. Por eso, la ley distingue entre imputables e inimputables, e incluso entre ambos grupos considera una situación intermedia, que en doctrina se denomina semi imputabilidad, la cual configura una circunstancia atenuante de responsabilidad penal.

Ahora bien, he efectuado esta introducción para señalar que la institución del discernimiento, consagrada en nuestro derecho punitivo desde hace más de cien años, obedece a la característica de la flexibilidad que siempre ha tenido nuestro derecho punitivo, la cual debe ser mantenida.

Por eso, considero equivocada la discusión suscitada con motivo de este proyecto de ley. No se trata de discutir si existe o no el discernimiento. El problema es otro: se trata de establecer que nuestros tribunales lo determinen de modo más adecuado, justo e idóneo; no de negar algo que existe, pues el discernimiento es una institución, incluso, suprajurídica. Aunque establezcamos por ley que el discernimiento no existe, en la práctica siempre existirá porque es la capacidad que tiene el ser humano para distinguir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. El discernimiento es la conciencia del hombre sobre los actos que ejecuta, y aun cuando la ley diga que existe o no, es una consideración de orden subjetivo que siempre existirá.

Por lo tanto, desde el punto de vista legal, no se trata de que afirmemos o neguemos la existencia de esta institución, sino, repito, de considerar que es una institución útil, precisamente dentro de la flexibilidad que debe tener nuestro ordenamiento punitivo.

La institución del discernimiento ha cumplido un rol positivo y beneficioso dentro de nuestro ordenamiento penal que refuerza su flexibilidad, puesto que es uno de los factores que debe tomar en consideración el sentenciador para los efectos de determinar las penas y la responsabilidad penal. Si eliminamos el discernimiento, como se propone en el proyecto, rigidizamos el tema, y todos los menores de 18 años quedarán exentos de responsabilidad penal, única y exclusivamente por mandato de la ley. En cambio, en la situación actual, con esta institución podemos graduar o distinguir según el caso de que se trate.

Se ha dicho que ella no cumple con el propósito que algunos le atribuyen, puesto que no tiene una connotación objetiva. Es obvio que así sea, pues el discernimiento es una institución intrínsecamente subjetiva, por lo que es imposible dar una connotación objetiva a algo que, por su naturaleza, no lo es.

El señor Ministro de Justicia señaló que la madurez de un individuo no está determinada por la edad, sino por otro tipo de consideraciones. Su argumentación en tomo al tema de la madurez y de la falta de correspondencia entre los conceptos madurez y edad, refuerza la mantención del discernimiento, pues en la medida en que la mantengamos, posibilitaremos que los tribunales de justicia, debidamente asesorados, recurran a los procedimientos respectivos para precisar si un individuo joven actuó o no con madurez respecto del hecho delictual en el que se ha visto involucrado.

Por el contrario, aprobar el proyecto en los términos propuestos, en el sentido de eliminar la institución del discernimiento, importa una abierta rigidización del tema, toda vez que, en el fondo, se establecerá en forma matemática que todas las personas mayores de 18 años son maduras y que todas las menores de esa edad carecen de madurez.

En consecuencia como ya lo advertí en la discusión general del proyecto, no comparto el criterio aquí sostenido en orden a eliminar la institución del discernimiento.

El punto no es eliminarlo sino dar a los tribunales de justicia los elementos materiales, científicos y técnicos necesarios y la asesoría de sicólogos y asistentes sociales, con el objeto de que la declaratoria de discernimiento se haga en las condiciones más idóneas, eficaces y justas posibles.

Derogar por ley la institución del discernimiento contraría el carácter personalísimo de nuestro ordenamiento positivo penal, rigidiza una materia que por su naturaleza debería ser flexible, y no constituye un aporte a la ciencia jurídica, sino que, por el contrario, significa un retroceso de la misma.

Por tales razones, me veo en la obligación de votar en contra de esta disposición y, por ende, apoyo la indicación presentada por el Diputado señor Alberto Espina.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, sobre este tema, hace un tiempo, hubo en la Sala un debate extenso, ilustrado, muy interesante. Básicamente, nos estamos extendiendo sobre una misma cuestión y no se han agregado mayores argumentos.

En forma ineludible, la Cámara llegó a la conclusión de que la institución del discernimiento debería terminar en Chile, y así lo entendió la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

No deseo repetirme, pero los parámetros de esta decisión están, primero, en el hecho de que la Declaración Universal de los Derechos del Niño, a la que adhiere Chile y a la que está obligado el Estado, considera niños a todo menor de 18 años. Respecto de ellos entrega un tratamiento especial, precisamente para proteger sus derechos. Nos estamos colocando a la altura de dichas normas internacionales.

En el marco de estas obligaciones, la institución del discernimiento no se ha mostrado funcional. ¿Por qué? Por la segunda razón: su aplicación práctica ha sido deleznable; ha creado un sistema de desigualdad y de discriminación respecto de los menores, que es irritante y debe terminar.

A través del discernimiento se ha establecido un tratamiento desigual, que atropella los derechos más elementales del menor como persona, y sobre todo, su dignidad como ser humano. Se está soslayando el efecto práctico de esta institución, que algunos consideran tan respetable. ¿Cuál es? Que mientras el niño permanece en un establecimiento carcelario o de menores, generalmente durante cuatro meses promedio, debe esperar, sin las mínimas garantías procesales, que el juez resuelva sobre su discernimiento. En esos lugares de detención recibe un trauma que es imborrable y crea en él un trastorno del que difícilmente se recuperará. Se lo pone en contacto con la peor delincuencia, en un ambiente que a cualquier adulto podría ocasionar lesiones morales irrecuperables.

Entonces, cuando hablamos de suprimir el discernimiento, estamos contrastando la institución con la realidad y haciendo por fin el balance de terminarla, ya que a lo largo de muchos años ha creado esta desigualdad fundamental en los derechos del menor, sometiéndolo a atropellos indecibles, indescriptibles; carente de los derechos de los adultos para su defensa, para su debido procesamiento, para la agilidad del proceso y para resguardar, además, su intimidad elemental como ser humano.

Esta razón, a mi juicio, es fundamental para terminar con una institución que, a la inversa, no tiene valores positivos que la defiendan.

Como lo señaló el señor Ministro, la imprecisión jurídica del discernimiento es enorme. La práctica jurisprudencial demuestra que los jueces no han podido coincidir exactamente en qué consiste el discernimiento. Y el propio menor, cuando lo colocan ante la disyuntiva de determinar lo justo de lo injusto, no está en condiciones de hacerlo. Por tanto, este artificioso mecanismo procesal termina por perjudicarlo aún más, y no por protegerlo.

Por último, es cierto que se determina la exención de responsabilidad penal, pero no la de responsabilidad por los actos del menor. En muchos casos, éste pierde su libertad y el proyecto pretende establecer condiciones objetivas para que la libertad provisional funcione en relación con el menor en las mismas condiciones en que funciona con el adulto.

En síntesis, la eliminación de la institución del discernimiento pugna por una igualdad esencial para el procesamiento debido del menor, para respetar su identidad como tal y para dejarlo en condiciones de insertarse en la sociedad después de haber delinquido. Y si este es el objetivo esencial, a la Cámara no le cabe ninguna duda de que debe eliminarse y abrirse paso a una normativa que va a colocar las cosas en una dimensión distinta, de igualdad procesal.

Con su venia, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta .

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, frente a la exposición que nos hizo el Diputado señor Jaime Campos, debo señalar que ya en 1907 el Congreso de Antropología Criminal decía que la institución del discernimiento debía desaparecer. Es cuestión filosófica que aparta la atención de la circunstancia del hecho y de las medidas apropiadas a la situación del niño.

Otro autor señala que no hace falta investigar el grado de discernimiento para determinar la culpabilidad, porque no se trata de imponer una pena propiamente dicha, sino un régimen tutelar que debe relacionarse con la necesidad del interesado.

Además, quiero señalar que esta discusión no es nueva, porque la Comisión Mixta Especial encargada del estudio del proyecto sobre protección de la infancia desvalida, que dio origen a la ley N° 4.447, la primitiva de menores, señaló que al expresar que los menores de 16 años están exentos de responsabilidad criminal, como también los menores de 20 años ahora de 18 que hayan obrado sin discernimiento, no quiere decir que los niños que ejecuten algún hecho que ordinariamente constituye delito queden fuera del alcance de la autoridad. Al contrario, quedan sometidos al juez de menores, que además de ser un hombre de derecho, con conocimiento de sicología, va a desempeñar su función, puede decirse, en forma paternal, y no quedarán sometidos a él para ser tratados como criminales, sino para que sus casos sean estudiados científicamente y pueda tomar alguna de las medidas que con arreglo a la ley está autorizado.

Son las mismas palabras que se están repitiendo en esta sesión. El problema central es si los menores deben ser tratados igual que los adultos en sus conductas; y si no es así, si los menores deben ser tratados en forma diferente, la pregunta que surge es si ese tratamiento diferente debe hacerse dentro del campo penal o fuera de él. Nosotros somos partidarios, como sostuvo el Diputado señor Jorge Molina, que a los niños, a los menores de 18 años, se les mantenga fuera del campo penal. Esta es la discusión central.

No es tan catastrófica la situación como la que señaló el Diputado señor Espina del terrorista o de la persona que viola o asesina cuando tiene 17 años, casi 18, porque podría trasladarse esta diferencia hacia atrás, y decirse que también los 16 años están exentos de responsabilidades. En consecuencia, el niño de 15 años y 9 meses que mata, que es terrorista, que coloca una bomba y comete una serie de conductas ilícitas, también respondería su criterio.

Por lo tanto, no corresponde discutir esta cuestión, porque se trata de si las conductas o hechos ilícitos en que pueden incurrir los menores se abordan dentro del campo penal o del campo educativo de la rehabilitación y de la reinserción del menor en la sociedad.

Muchas gracias, Diputado señor Molina.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, entiendo que la petición es para hacer más eficaz el tratamiento de los proyectos.

La bancada socialista tampoco ha hecho uso de la palabra y estamos dispuestos a no hacerlo, siempre que haya el mismo gesto de parte de otros colegas. Si no, sigamos el debate. Se está pidiendo que todos renunciemos al derecho de usar de la palabra, con el fin de avanzar.

Si los colegas de la UDI insisten en su derecho nosotros también lo haremos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiere decir que la discusión del proyecto queda pendiente, porque faltan tres minutos para que termine el Orden del Día y no hay acuerdo para prorrogarlo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En conformidad con el acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, con calificación de "discusión inmediata," que aprueba el convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones.

-El proyecto de acuerdo está impreso en el boletín N° 885-10 y se encuentra en el número 1 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor COLOMA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, hoy, 15 de diciembre, el Ejecutivo somete a nuestra consideración el proyecto de acuerdo sobre aprobación del convenio constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones.

Del mensaje que acompaña al proyecto, se ve que es importante. A Chile, por ejemplo, le permitirá acceder a recursos de donaciones y a eventuales préstamos, esenciales para suplementar y complementar las actividades del BID, de la Corporación Interamericana de Inversiones y de otros bancos multilaterales de desarrollo, y prestarles apoyo en sus políticas e iniciativas para promover la reforma de los regímenes de inversión y, en particular, fomentar las actividades de la micro empresa.

Adicionalmente dice el mensaje, en forma textual, "se pretende alentar los esfuerzos de estos países en la implementación de estrategias de desarrollo basadas en políticas económicas sólidas, de manera que éstas puedan alimentar las oportunidades de empleo y fomentar las actividades de las pequeñas empresas contribuyendo así a mejorar la distribución del ingreso en estas economías."

Indica, además, que se dispone, a lo menos, de un fondo de 800 millones de dólares, lo que es una cifra tremendamente indicativa.

Señala que el convenio fue suscrito por nuestro país y por el resto de los signatarios el 11 de febrero de 1992. O sea, hace más de 10 meses que el Ejecutivo tiene en su poder el proyecto.

Consta también en el mensaje que la aprobación de un tratado se somete a los trámites de una ley.

Entonces, tenemos que es un proyecto muy importante para el país, suscrito hace 10 meses por nuestra nación y que es materia de ley. Y en forma insólita y reprobable, el Ejecutivo lo manda al Parlamento con posibilidad de discutirlo durante dos días, 48 horas, porque dice en el mensaje que tiene que ser ley el 17 de diciembre de 1992.

O sea, es tanta la importancia que el Ejecutivo da al Parlamento, que a pesar de tener el proyecto durante más de diez meses en situación de enviarlo a la Cámara de Diputados, lo hace al final, en el último segundo, con trámite de discusión inmediata, como siempre, para que los parlamentarios, simplemente, nos pronunciemos respecto de algo muy complejo.

Carecemos de informe. El señor Presidente, en uso de sus facultades, pidió dejarlo sin efecto porque no hay tiempo.

A la bancada de la UDI le parece inconveniente la forma de proceder del Ejecutivo con el Parlamento chileno. Realmente, no hay justificación para que después de diez meses envíe el proyecto con discusión inmediata, 48 horas antes de vencer el plazo final.

Esto va mucho más allá de las ideas políticas de cada cual, de lo que uno siente en relación con el Presidente. Esto va en contra de la dignidad del Parlamento, respecto de la cual, por lo menos, se debe dejar una constancia. No obstante, cada uno votará como corresponda en razón de la importancia del proyecto. En uso, del derecho de petición, solicito oficiar en mi nombre al Presidente de la República para protestar por el atraso en el envío del proyecto, que los parlamentarios deberemos despachar en forma rápida, sin siquiera contar con un informe adecuado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito el asentimiento unánime de la Sala para enviar el oficio señalado por el Diputado señor Coloma.

No hay acuerdo.

Su Señoría puede solicitarlo en Incidentes.

El señor COLOMA.-

Por lo menos, deseo que quede en claro en el acta nuestro sentimiento por la forma en que el Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados uno de los convenios más importantes que hemos suscrito, que supone 5 millones de dólares para el Estado de Chile y 800 millones para inversiones relevantes dentro de los países signatarios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, comparto todos los puntos de vista expuestos en cuanto a la tardanza en el envío de la iniciativa de ley.

Sin embargo, quiero traer a colación un problema mayor.

A través del artículo único del proyecto de acuerdo, Su Excelencia el Presidente de la República solicita del Congreso Nacional la aprobación del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones suscrito por el Gobierno de Chile. Pero en el legajo que tenemos a la vista hay dos convenios distintos: uno, el Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, y otro, el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones. Queda claro también que nuestro Embajador en Estados Unidos de América, don Patricio Silva, suscribió ambos convenios y no solamente uno.

El segundo convenio a que alude no es un anexo del primero porque, en dicho caso, se hubiese entendido incorporado a éste o parte de éste, sino que se trata de uno distinto, referido a la Administración del Fondo Multilateral de Inversiones que se está creando. De esta manera, el proyecto de acuerdo enviado por Su Excelencia el Presidente de la República, por un error del Ministerio de Relaciones Exteriores, sólo comprende el primero de los convenios suscritos y esta Cámara puede, por tanto, proceder a aprobar o rechazar el primero de ellos, pero no el relativo a la administración del Fondo.

Traigo el punto a colación, porque demuestra que el Ejecutivo no sólo tardó en enviar el proyecto, sino que también lo hizo con cierta ligereza, al no incorporar en debida forma ambos acuerdos internacionales.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

En seguida, se procederá a votar.

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

Señor Presidente, tal como lo señaló el Diputado señor Coloma, éste es un tratado sumamente positivo para Chile, particularmente en cuanto a fomentar las actividades de la pequeña microempresa y a aumentar las posibilidades de empleo. Estas son las partes más sustantivas del tratado que estamos ratificando en este momento.

Sólo quiero destacar que, en realidad, el Fondo no se constituye por 800 millones de dólares sino por 1.256 millones y algo más. La cuota que corresponde a Chile es de sólo 5 millones de dólares.

Asimismo, debo señalar a la Sala que ésta no es la primera vez que conocemos este tratado, como dijo el Diputado señor Coloma. En efecto, los 5 millones de dólares correspondientes a la cuota de Chile para incorporarse al Fondo Multilateral de Inversiones habían sido autorizados por la Ley de Presupuestos de 1993 y, en consecuencia, ya había sido informada de esta materia la Honorable Cámara.

En segundo lugar, lo planteado por el Diputado señor Ribera es efectivo, en cuanto a que estamos ratificando el Convenio Constitutivo del Fondo, y no se ha mencionado la administración. Interpreto este hecho como que la administración del Fondo no requiere de una ratificación por parte del Parlamento. Al ser ratificado por el Parlamento el convenio, de hecho se estaría autorizando su administración.

Por esa razón, doy mi voto favorable a este tratado.

He dicho.