Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional en materias electorales.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Aldo Cornejo.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 720-07-1 y figura en el número 2 de los documentos de la Cuenta de la sesión 6ª, celebrada el 9 de junio de 1992.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar el proyecto de reforma constitucional en materias electorales, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, cuyo propósito es perfeccionar las normas que regulan la generación y composición del Congreso Nacional.

Es menester precisar, para los efectos de este informe como también para orientar el debate posterior, que, junto con este proyecto de reforma constitucional, se ha enviado a esta Cámara, a título meramente informativo, un proyecto de ley que modifica las leyes orgánicas constitucionales del Congreso Nacional y de los Partidos Políticos y de Votaciones Populares y Escrutinios, a través del cual se busca resolver algunos de los problemas que se refieren específicamente a la división del territorio de la República para los efectos de la elección de Diputados y Senadores, a la determinación del número de parlamentarios que habrá que elegir, a la fijación del sistema electoral, y al sistema de cálculo para determinar cuáles serán los candidatos que resulten elegidos. Es decir, se trata de información complementaria para el despacho de esta reforma; pero no es el objetivo ni el contenido de la misma, razón por la cual no será abordada en particular en este informe.

En conformidad con el mensaje, esta reforma constitucional, como otras planteadas al Congreso Nacional, está inspirada en el propósito de consolidar y profundizar la legitimidad y la eficacia de las instituciones fundamentales de nuestra democracia, entre las cuales está el Congreso Nacional.

El proyecto de reforma constitucional en comento tiene básicamente dos objetivos:

En primer lugar, suprimir la institución de los Senadores designados o institucionales, a contar del término del mandato de los que se encuentran en ejercicio, es decir, en marzo de 1998, con la única excepción de los ex Presidentes de la República, que tienen el carácter de Senadores vitalicios, materia en la que el proyecto no innova.

En segundo lugar, entregar al dominio de las respectivas leyes orgánicas la regulación de las siguientes materias:

a)Del número, tamaño y configuración de los colegios electorales en que se divide el territorio de la República para los efectos de la elección de Diputados y Senadores.

b)Del número de parlamentarios que corresponderá elegir a cada colegio electoral.

c)Del sistema electoral.

d)Del sistema de cálculo para determinar cuáles serán los candidatos que resultarán elegidos Diputados o Senadores.

Para alcanzar el primer propósito, la reforma propone lo siguiente:

a)Suprimir la facultad del Presidente de la República, establecida en el N° 6°, del artículo 32 de la Constitución Política, para designar como integrantes del Senado a un ex rector de universidad estatal o reconocida por el Estado y a un ex ministro de Estado.

b)Reemplazar el artículo 45 de la Constitución, a fin de suprimir la existencia de los Senadores designados y establecer que el Senado se compondrá por miembros elegidos en votación directa, manteniendo a los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años en forma continua.

Al respecto, reitero que la reforma propuesta postula mantener la actual redacción de la letra a) del artículo 45 de la Carta Fundamental.

c)Adecuar la redacción del artículo 47 de la Constitución, que se refiere a la residencia, elección, reelección y vacantes de Diputados y Senadores, a fin de reemplazar la expresión "Senadores designados" por "Senadores", eliminando la diferenciación entre aquellos elegidos en votación directa y los que no lo son.

d)Consecuente con el principio de que todos los Senadores sean elegidos, en el inciso tercero del artículo 55 de la Constitución se propone imprimir el derecho de opción que deben ejercer los Senadores designados entre ese cargo y el otro cargo, empleo, función o comisión incompatibles.

e)Modificar el inciso primero del artículo 56, relativo a las incapacidades que pesan sobre los parlamentarios para ser nombrados en determinados empleos, funciones o comisiones, con el fin de eliminar en esa norma la mención a los Senadores designados.

f)Eliminar también en el inciso segundo del artículo 58, en lo que a inmunidad o fuero parlamentario se refiere, la mención a los Senadores designados.

g)Por último, agregar, una disposición trigesimasexta transitoria, para que los actuales Senadores designados puedan seguir en el desempeño de sus cargos hasta la expiración del plazo de su mandato, que concluye en marzo de 1998.

Todas estas enmiendas a la Constitución apuntan a adecuarla al primer propósito, objetivo de la reforma, cual es suprimir del actual texto la institución de los Senadores designados, a partir de la fecha señalada.

Ahora bien, para alcanzar el segundo objetivo de la reforma se propone lo siguiente:

En primer lugar, reemplazar el artículo 43, para eliminar de la Constitución la determinación del número de Diputados, que actualmente es de 120, y señalar que le corresponderá a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional el establecer su número y fijar los distritos en que se divide el territorio nacional.

En segundo término, sustituir el artículo 45 de la Carta Fundamental con el propósito de eliminar la única norma de este rango que consagra el sistema binominal. En efecto, el artículo 45, al referirse a las circunscripciones senatoriales, señala que a cada una corresponde elegir dos Senadores. Por otra parte, se propone reducir de 19 a 13 el número de circunscripciones senatoriales, y entregar a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional la atribución de fijar el número de Senadores que elegirá cada nueva circunscripción senatorial que, con la reforma propuesta, sería la respectiva región.

Por último, agregar una disposición trigesimaquinta transitoria que disponga que los Senadores elegidos por votación directa en 1989 durarán en sus cargos hasta la expiración del plazo para el cual fueron elegidos. Los nuevos Senadores que resulten elegidos y que representen a regiones impares durarán ocho años, y cuatro si éstas son pares o se trata de la Región Metropolitana, situación que operaría en el caso de que, como producto de la reforma, se asignara a estas regiones un número mayor de Senadores al que actualmente tienen.

La Constitución Política de 1980 da al Senado una composición mixta: 38 Senadores elegidos por votación directa -dos por cada una de las 19 circunscripciones senatoriales-; los ex Presidentes de la República que hayan desempeñado el cargo durante seis años, y 9 designados por las personas o instituciones que establece el artículo 45 de la Constitución, esto es, el Presidente de la República, la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional.

Cabe hacer presente que las vacantes de los Senadores designados no se proveen en virtud de la reforma constitucional aprobada durante 1989. Los fundamentos que plantea el Gobierno para proponer la supresión de dichos Senadores parten del supuesto o del principio, aceptado por la teoría constitucional, de que los parlamentarios deben recibir su mandato por sufragio popular, lo que asegura una composición del Parlamento coherente con la función de representación popular que corresponde al Congreso Nacional. Las funciones que tradicionalmente ha cumplido el Congreso, tales como: concurrir a la formación de las leyes, fiscalizar los actos del Gobierno, prestar su acuerdo para la adopción de importantes decisiones estatales, constituyen tareas y responsabilidades que un sistema democrático no puede sino entregar directamente al pueblo o a sus legítimos representantes.

A juicio del Ejecutivo, la inédita institución de los Senadores designados plantea en nuestra historia y tradición constitucionales dos problemas adicionales. Por una parte, existe el riesgo cierto de que contribuya a desnaturalizar los órganos constitucionales llamados a efectuar tales designaciones, concretamente la Corte Suprema y el Consejo de Seguridad Nacional, instituciones que, por su naturaleza, están llamadas a mantenerse ajenas a las actividades político-partidistas o a la contingencia política.

Es bueno recordar que cuando en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara se discutió la reforma constitucional relativa al Poder Judicial, hubo prácticamente unanimidad en estimar que la Corte Suprema sólo se debía abocar al cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, es decir, a su función natural. Lo mismo se puede decir de las Fuerzas Armadas, que integran el Consejo de Seguridad Nacional a través de sus comandantes en jefe institucionales.

Por otra parte, un segundo riesgo consiste en que se le abre la posibilidad al Jefe del Estado para que, por la vía de la institución de los Senadores designados, llegue a conformar una mayoría artificial en el Senado.

Es conveniente referirse a algunas de las argumentaciones que en el seno de la Comisión entregó, a nombre del Gobierno, el Ministro Secretario General de la Presidencia de la República, don Edgardo Boeninger, las cuales ilustraron a la mayoría de los Diputados sobre los fundamentos que justifican la aprobación de la reforma propuesta.

En síntesis, señaló que esta reforma constitucional pretende cautelar, entre otros, el principio de que los Poderes Ejecutivo y Legislativo gocen de la más alta y similar legitimidad, lo cual significa que sus integrantes deben .ser elegidos por votación popular y que ambos estén igualmente representados en la soberanía popular.

Por otro lado, se argumenta, con razón, que el Senado tiene idénticas atribuciones legislativas que la Cámara; es decir, el Senado es tan cámara política como la Cámara de Diputados.

El hecho de que por mandato de la Constitución el Senado participe en funciones adicionales, tales como dar su consentimiento o acuerdo para algunas designaciones y de que no tenga facultades fiscalizadoras no le resta identidad con la Cámara de Diputados, pero sí lo diferencia claramente de otras instituciones burocráticas no generadas en el voto popular, como la Corte Suprema, la Contraloría General de la República o las propias Fuerzas Armadas, ninguna de las cuales tiene funciones políticas por definición.

Por otro lado, la facultad que actualmente poseen algunas personas e instituciones para designar Senadores, a juicio del Gobierno, resulta perjudicial y sin justificación. El hecho de que el Presidente de la República designe a dos Senadores e influya en la designación de otros, en vez de acrecentar el contrapeso lógico y necesario del Poder Legislativo, termina por producir un efecto contrario, cual es aumentar el poder del Presidente de la República. Por otra parte, no es efectivo que los Senadores designados constituyan un real contrapeso a la autoridad del Presidente de la República, sino que -como ya hemos dicho- terminan por aumentar el poder presidencial.

Si algunos señores parlamentarios estiman que la autoridad del Presidente de la República es excesiva, correspondería, entonces, introducir las reformas necesarias a la Constitución Política del Estado, a fin de restablecer los equilibrios y no fijar contrapesos artificiosos.

Asimismo, el Ministro señor Boeninger preguntó, reconociendo la idoneidad, honorabilidad y calificación de los actuales Senadores designados, por qué los ahora establecidos por la Constitución son los que en ella se estipulan y no otros. ¿Cuál sería, entonces, la diferencia entre el aporte que puede hacer, por su experiencia como ex Ministro de Estado, un Senador designado, de acuerdo con la Constitución actual, por el Presidente de la República, y el que haga un ex Ministro elegido Senador por la ciudadanía -como hay varios-, en la composición vigente del Senado de la República?

Nadie duda de la importancia de la experiencia en el debate parlamentario, pero, para eso, en las respectivas Comisiones de ambas corporaciones existen procedimientos que permiten la presencia de expertos en temas específicos, cuyo aporte puede ser mayor y más eficaz del que pueden prestar nueve personas todos los días, respecto de todos los temas.

Por otra parte, la persistencia de la institución de los Senadores designados que no representan territorio ni población, va en abierta contradicción con el creciente proceso de descentralización y de mayor identidad regional que el Congreso, en particular la Cámara, ha apoyado.

Como fundamento del segundo objetivo perseguido en la reforma constitucional, en el mensaje se sostiene que no parece Conveniente ni necesario que la Constitución Política del Estado entre a detallar en su articulado el número o la configuración de los distritos electorales, salvo en lo que se refiere a los criterios fundamentales según los cuales se diseñen los colegios electorales.

En el caso del Senado, se propone vincular su sistema de representación a la unidad administrativa de la región. En el caso de los distritos para elegir Diputados, se procura encontrar fórmulas que, respetando la división regional, provincial y comunal, permitan constituir distritos que reflejen cierta proporcionalidad entre el número de electores y representantes a elegir.

Ambas materias quedarían entregadas según la reforma constitucional a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

En cuanto al número de parlamentarios, el mensaje expresa que la Constitución y la ley deben garantizar la representación en el Parlamento de los partidos existentes en la sociedad, preservando, sí, niveles razonables de proporcionalidad. Esta garantía aparece como necesaria por razones de estabilidad política y de paz civil.

Una institucionalidad electoral que pueda significar la exclusión del Parlamento de fuerzas políticas expresivas de sectores relevantes en la sociedad, o una representación parlamentaria de ellas cuya magnitud no se condiga con los resultados electorales, vulneraría la igualdad de oportunidades y conduciría según el mensajea desafectos hacia el sistema democrático.

Otro aspecto a considerar en la definición de un sistema electoral es el efecto que éste produce en el sistema de los partidos. Es importante adoptar medidas que inhiban las tendencias a la proliferación de partidos y agrupaciones, a fin de evitar condiciones que pudieran afectar la gobernabilidad democrática.

La Comisión, por la unanimidad de los Diputados presentes, acordó votar en particular y en general a la vez el proyecto, sin mayor debate, el que se aprobó por 7 votos en contra 3.

La mayoría se sintió interpretada plenamente por las argumentaciones dadas por las autoridades de Gobierno; compartió los fundamentos señalados por éste al presentar la reforma constitucional. Asimismo, estimó que en esta proposición está en juego determinada concepción de la democracia y el respeto a los principios de la soberanía popular y del pluralismo como valores sustanciales en un sistema democrático pleno.

La minoría las consideró inconvenientes, porque facilitarían la proliferación de partidos políticos y dificultarían la gobernabilidad del país. Además, se argumentó que conducirían a aumentar los parlamentarios, lo que para el país resultaría costoso y obstaculizaría la labor legislativa. Finalmente, la presentación resultaría inoportuna, toda vez que la discusión producida sobre el tema no permite avizorar que puede resultar aprobada.

Por estas consideraciones, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara recomienda la aprobación de la reforma constitucional referida a materias electorales propuesta por el Gobierno.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

En discusión general el proyecto de reforma constitucional.

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, el estudio de la reforma constitucional respecto de la generación y composición del Congreso Nacional constituye una oportunidad histórica. La materia es de la más alta importancia, ya que se refiere a la representación de la soberanía popular a través del Parlamento.

Tal como informó el colega señor Aldo Cornejo, en la práctica, la reforma se refiere al sistema electoral y a la composición del Honorable Senado.

Tanto la Concertación de Partidos por la Democracia como la Democracia Cristiana han tenido un punto de vista claro y positivo respecto de esta reforma, que está dentro del programa de Gobierno del Presidente Aylwin. El debate que se llevará a cabo en la Cámara debiera servir para que la Oposición explique al país realmente cuál es su posición frente a ella.

Esta reforma se ha establecido sobre la base de nuestros principios y valores, y como partido de coalición y de Gobierno entendemos que obedece a nuestra vocación democrática.

Nuestra historia republicana ejemplifica que los partidos han luchado, a través de muchos años, para que el derecho a voto de todos los chilenos sea reconocido y para que todos los sectores de la comunidad nacional tengan acceso a elegir libre e informadamente a sus representantes en el Congreso Nacional.

Según la historia, después del triunfo en el plebiscito de 1988, la Concertación de Partidos por la Democracia buscó reformar la Constitución de 1980 a fin de que fuera efectivamente democrática. Se avanzó en esta materia y fue posible aprobar 54 reformas; pero importantes modificaciones como las que estamos debatiendo hoy fueron rechazadas por el Gobierno militar y los partidos políticos de Derecha.

Cuando el país respaldó ampliamente al Presidente Aylwin y al Gobierno de la Concertación, también apoyó nuestro programa, y lo que estamos haciendo ahora en la Honorable Cámara es cumplir con el mandato popular de discutir y, en un momento más, votar esta reforma constitucional.

Por eso, quienes no están de acuerdo deberían explicar su posición en el curso del debate. No puede afirmarse la necesidad de un estado democrático con palabras y luego, cuando la soberanía popular debe ser efectivamente reconocida, votar en contra la reforma y los cambios para hacer nuestro sistema democrático más pluralista, más abierto y más justo. Sería bueno conocer los argumentos de la Oposición para mantener un Senado con representantes no elegidos directamente y un sistema electoral en que las minorías no tienen representación.

Se dice que los Senadores designados serían un factor de contrapeso a las amplias facultades del Presidente de la República. Nuestro primer argumento para oponemos a esta institución está en lo que dije: nuestra vocación democrática. En segundo lugar, en la práctica, ese contrapeso frente al Ejecutivo no existe, ya que el propio Presidente de la República debe designar a dos Senadores y participar en las designaciones que hace el Consejo de Seguridad Nacional, por lo cual es evidente que si cuenta con mayorías parlamentarias tendrá mayor influencia en el Parlamento a través de alguno de los Senadores designados. En este punto, la Derecha ha confundido la coyuntura con la estructura de relación de poder.

El tercer argumento es que los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben poseer igual legitimidad democrática, y los Senadores designados sólo restan autoridad al Parlamento y disminuyen su rol en el sistema democrático.

El otro punto es el referente a la mantención del sistema electoral binominal. Para sostenerlo, la Derecha ha dicho que se busca la estabilidad democrática y que ha sido factor predominante del clima de entendimiento entre las fuerzas políticas que se ha desarrollado en el país en este período. No puede olvidarse que el actual sistema político nació no por convicción doctrinaria ni como el reflejo de nuestra tradición histórica, sino que como producto de cálculos electorales. En efecto, hasta 1988 el Gobierno militar no había manifestado claramente cuál sería el sistema electoral que consagraría la Constitución de 1980. Ante la proximidad del plebiscito, se informó que se estaba optando por el sistema binominal.

Tras el triunfo del "No", se hicieron modificaciones a la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, permitiendo los pactos electorales, tal vez con la falsa expectativa de que los partidos que hoy conforman la Concertación por la Democracia fueran incapaces de llegar a acuerdos o, más práctico, para que la propia Derecha pudiera aumentar su representación en el Congreso.

El sistema binominal, en el tiempo que lleva aplicándose, ha demostrado su fracaso, ya que a través de los pactos electorales los partidos que no tienen la posibilidad de acceder a la representación parlamentaria, hoy están presentes en el Congreso. Sin embargo, como se produce una grave distorsión de lo que la voluntad popular quiere expresar, los partidos, en el caso de la Concertación, hemos formulado una proposición que permita que en el Congreso haya representación proporcional, pluralista y de acuerdo a la realidad política de los distintos movimientos y partidos de nuestro país.

Esta es la razón por la cual, de mantenerse este sistema, continuaremos con los protocolos, los acuerdos, la concertación, los pactos por omisión que permitan enfrentar de manera coherente los procesos electorales venideros, que exista un pluralismo de partidos democráticos y que su presencia en la Cámara y en el Senado tenga la consistencia que da estabilidad al sistema.

La estabilidad de un sistema político está en el hecho de que todos puedan participar de él. Tal como está no resuelve el problema de las minorías, a las que en la práctica deja afuera o las expulsa, lo que es extraordinariamente peligroso, pues puede implicar el desarrollo de conductas que vayan en contra de su estabilidad. Así, uno de los argumentos esgrimidos pierde su consistencia.

No comparto el criterio de que el sistema binominal ha contribuido al clima de entendimiento; absolutamente alejado de la realidad, ya que al potenciarse a la minoría, darle sobrerrepresentación o disminuir la fuerza o la legitimidad de la mayoría se produce una obstrucción legislativa y en la práctica se generará una situación de mayor distanciamiento o de polarización, producto de la imposición o condicionamiento de la mayoría expresada en las urnas.

Lo importante del debate es que podamos tener una explicación, racional, coherente, con altura de miras, de quienes se oponen a esta reforma, del porqué no se quiere un sistema proporcional que garantice la pluralidad, que reconozca la existencia de distintos movimientos, de diversas comentes de opinión, de distintos partidos políticos.

Hay antecedentes bastante contradictorios de algunas personas que han criticado esta reforma. Me gustaría saber, por ejemplo, qué piensa Renovación Nacional de la opinión vertida por don Francisco Bulnes, distinguido ex parlamentario, dirigente de ese partido, quien desde hace mucho tiempo ha establecido claramente la inconveniencia de mantener el sistema binominal, la necesidad de garantizar en la Constitución un sistema proporcional, basado en la experiencia que le ha significado su larga trayectoria como parlamentario con el objeto de reconocer la realidad de las distintas corrientes que deben tener representación en este parlamento o en cualquier otro de carácter democrático.

Don Francisco Bulnes -no voy a hacer mención a todos sus argumentos, porque muchos de ellos están en el informe del Honorable colega Aldo Cornejo-, en forma reiterada, plantea que no le parece claro que reducir a dos el número de Diputados por distrito evite el fraccionamiento de la opinión ni menos produzca mayor estabilidad política. El sistema se traduciría en que sólo tendrían opción de triunfo electoral las dos más grandes corrientes políticas, salvo casos más o menos excepcionales en que podrían ser elegidos Diputados de una tercera corriente o independientes, sin llegar a una cuota significativa del total de parlamentarios. Y esto es ir contra la historia de la realidad chilena.

En otra parte de su intervención plantea también que la falta de representación de partidos menores, que en conjunto puede significar la no representación de gran parte de la ciudadanía, podría dar lugar a tensiones y rebeldías peligrosas para la estabilidad política y aun para el mantenimiento del orden constitucional.

En definitiva, los parlamentarios de la Democracia Cristiana y de la Concertación estamos por la reforma, porque es necesaria para una estabilidad real del sistema democrático y para garantizar el pluralismo en nuestra sociedad y la representación de las minorías; que en el Congreso estén sólo aquellos que han sido elegidos por votación popular y no se produzca la distorsión que significa la sobrerrepresentación de las minorías sobre las mayorías.

Esa es la razón, entre otras, por las cuales los Diputados de la Democracia Cristiana aprobaremos esta reforma constitucional.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rebolledo.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, Honorables colegas:

Probablemente, estamos en presencia de una de las reformas institucionales más trascendentes de cuantas se han puesto en discusión en el Parlamento de la República durante este período.

En efecto, un adecuado y justo sistema electoral constituye la base indispensable del funcionamiento y de la estabilidad de cualquier sistema político. En el hecho, estamos buscando reformar una de las herencias posiblemente más complejas de la institucionalidad de la Constitución de 1980, cual es que no se expande completa y adecuadamente el principio de la soberanía popular para la configuración del Parlamento de la República, tanto porque una de las Cámaras no es completamente elegida, tanto porque el sistema electoral binominal, que es la base del funcionamiento de este sistema, contiene -como ha quedado demostrado en dos años y tantos de experiencia- serias limitaciones respecto del pluralismo y de la proporcionalidad en que se expresan las fuerzas políticas en el Parlamento y, en definitiva, de la estabilidad del sistema.

La modificación busca la plena vigencia del principio de la soberanía popular, pilar del sistema democrático en nuestra institucionalidad. En el hecho, propone dos reformas: una para terminar con la institución de los Senadores designados, y otra para reemplazar el sistema binominal por uno proporcional, moderado o corregido.

No quiero profundizar ni extenderme en argumentos que ya, por largo tiempo, se han dado dentro y fuera de este Parlamento. Sólo quiero señalar a la Oposición política, a las bancadas de la Derecha, los antecedentes históricos que ponen de manifiesto que todos sus argumentos destinados a defender el sistema binominal no son más que excusas para sostener una situación coyuntural que les es favorable, pero que no se funda en una opción y en una visión global de cuál puede ser el sistema electoral, más adecuado para el funcionamiento de nuestro sistema político.

En el hecho, el sistema electoral binominal no estaba en la base cuando se discutió por la Comisión que preparaba la nueva Constitución Política de la República. Incluso el proyecto original establecía un sistema de distritos plurinominales. Posteriormente, hubo un proyecto que creaba un sistema uninominal mayoritario, al estilo inglés, para finalmente terminar en el sistema binominal consagrado en la actual Constitución Política de la República.

Ahora bien, los colegas de las bancadas de la Derecha saben -y los emplazo a desmentir mi afirmación- que la configuración de los distritos actualmente establecidos en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios fue reformulado con posterioridad al plebiscito de 1980, rebajándose el número de parlamentarios que correspondía elegir a la zona metropolitana, a la Octava Región y, en fin, a todas aquellas donde la opción del No había obtenido un mayor respaldo electoral.

Por consiguiente, estamos en presencia de un abuso de la ingeniería electoral, que estructuró un sistema para favorecer a un sector político que entonces contaba con el resorte de participar del Poder Legislativo.

En consecuencia, la estabilidad del sistema o el adecuado ordenamiento del sistema de partidos políticos, que si bien se ha dado en nuestra transición pese al sistema binominal, obedece a la responsabilidad con que han operado las fuerzas políticas en materia de pactos electorales y al propio sistema de omisiones al que se han visto obligadas para evitar las consecuencias nefastas y los desequilibrios derivados de una aplicación lineal de un sistema que es indispensable superar.

Por lo tanto, nuestra bancada apoyará la reforma por considerar que se trata de una de las más importantes presentadas en el Parlamento; por estimar que la construcción de un sistema electoral democrático y proporcional corresponde a la realidad política del sistema de partidos chilenos; porque debiera garantizar en el futuro una plural y proporcional representación de las fuerzas políticas en el Parlamento y el pleno ejercicio de la soberanía popular con la elección democrática de los dos Cámaras.

Invito a las bancadas opositoras a aprobar este proyecto y a debatir el sistema electoral no mirando la coyuntura, sino la posibilidad de construir un sistema electoral pensando que deberá regir en muchas elecciones más adelante y no sólo en la próxima, en cuyos eventos quienes hoy son Gobierno el día de mañana pueden ser Oposición, y viceversa. De este modo, el país podrá estar tranquilo, porque contará con una regulación electoral que en cualquier circunstancia, no sólo frente a una determinada coyuntura, dará garantías a todos los sectores, mayoritarios o minoritarios, de representación democrática, plural y proporcional en el Parlamento de la República.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada de la UDI expresaré nuestro planteamiento respectó de las reformas constitucionales que se han propuesto.

En primer lugar, me referiré al tema de los Senadores institucionales y abordaré dos o tres aspectos que dicen relación con las razones que tenemos para fundar nuestra voluntad de que dicha institución permanezca en las normas constitucionales actualmente vigentes.

Quisiera, además, plantear un tema de carácter conceptual. Se ha señalado en reiteradas oportunidades, durante el debate, que con el establecimiento o permanencia de los Senadores institucionales se estaría vulnerando el principio de la soberanía popular. Eso constituye un profundo error y una concepción de la soberanía popular en términos absolutamente limitativos y, quizás, ya superados en el tiempo.

Restringir el ejercicio de la soberanía popular única, exclusiva y excluyentemente a quienes ejercen los cargos de autoridad elegidos por sufragio universal, representa una visión muy restrictiva acerca del amplio concepto que la soberanía popular tiene dentro de un sistema democrático.

El ejercicio de la soberanía en toda democracia moderna se refleja a través del funcionamiento de diversas instituciones, una de las cuales puede tener su origen predominantemente en las autoridades elegidas por sufragio universal, pero muchas otras se generan a través de mecanismos institucionales distintos o diferentes: la administración de justicia y el Poder Judicial, la participación moderna de las Fuerzas Armadas, el establecimiento de tribunales constitucionales llamados a ejercer una cuota importante de soberanía en las democracias, los órganos contralores, como la Contraloría General de la República, y otras instituciones cuyo origen no responde al sufragio universal, pero que obviamente enriquecen y perfeccionan el concepto de soberanía dentro de lo que es una institucionalidad moderna.

Por consiguiente, desarrollar este debate sobre la base de que se estaría vulnerando la soberanía popular es restringir el concepto, limitarlo y tener una concepción de él absolutamente fundada en visiones del pasado, sin recoger lo que ha sido la evolución del pensamiento, e institucionalidades democráticas dentro del constitucionalismo moderno.

Plantearlo también como un principio democrático me parece un error profundo, por cuanto si el ejercicio de la soberanía popular sólo se reduce a aquellas autoridades electas por sufragio universal, no veo cómo se puede explicar ni hacer coherente en este mismo proyecto el hecho que se mantengan en su calidad de Senadores no elegidos a los ex Presidentes de la República.

Por lo tanto, ese criterio, a nivel de principio democrático, como lo hemos escuchado en lo que llevamos del debate, resulta absolutamente incoherente con la formulación de este proyecto.

En segundo lugar, despejado este problema conceptual, ¿cuáles son las razones por las que, a nuestro juicio, aparece aconsejable el hecho de que exista en una de las ramas del Poder Legislativo una cuota de participantes que no obedezcan al sufragio universal?

Existe una diferenciación muy clara en la institucionalidad vigente respecto de las funciones que le corresponden a la Cámara de Diputados y al Senado. La Cámara, dentro de nuestro ordenamiento constitucional, ejerce funciones eminentemente políticas, como su participación en la formación de la ley y su función fiscalizadora de los actos de Gobierno, ejercicio que se agota dentro de lo que podríamos denominar campo o ámbito meramente político. Por lo tanto, parece del todo razonable que, dado que su ámbito de competencia es sólo de orden político, la generación de los miembros que la integran sea única y exclusivamente de carácter político, expresado a través del sufragio universal.

Con el Senado ocurre algo totalmente distinto. Allí se encuentra uno de los fundamentos que, dentro de nuestra institucionalidad, han llevado a la existencia de un sistema bicameral, porque el Senado, junto con participar en la formación de la ley, al igual que la Cámara de Diputados, posee, además, otras atribuciones que le entrega la Constitución, de orden diferente al meramente político y que responden más bien a una concepción de entenderlo como una cámara cuyas decisiones obedecen también a elementos de conciencia, no politizados, y que no actúan a través de bloques partidistas. Me refiero básicamente a aquellas atribuciones que le entregan al Senado la participación y decisión en el juicio político.

Es el Senado el que conoce de las acusaciones constitucionales aprobadas en la Cámara de Diputados para determinar las responsabilidades legales en que incurren nuestras máximas autoridades del país por infracción a las normas constitucionales o legales. Esta facultad de enjuiciar políticamente a las autoridades del país lo sitúa en una función no política, que debe ser ejercida en conciencia, como lo señala la propia Constitución, distinta de las que desempeña la Cámara de Diputados en razón de su naturaleza de carácter político.

También le corresponde al Senado -y no a la Cámara de Diputados- pronunciarse sobre la inhabilidad del Presidente de la República, función que también debe ser apreciada en conciencia por los señores Senadores, pues sería altamente inconveniente que la realizara bajo criterios políticos o partidistas.

Además, es atribución del Senado prestar su acuerdo a la designación de importantes autoridades del país, entre otros el Contralor General de la República, los miembros del Directorio del Banco Central, los miembros del Directorio del Consejo Nacional de Televisión y de Televisión Nacional.

Estas funciones del Senado, que no tiene la Cámara de Diputados, fundamentan el hecho de que en la composición de sus miembros se busque una participación no sólo de Senadores electos por sufragio universal, sino también de aquellos provenientes de las principales instituciones del país -las representarán- con el objeto de que, dadas las funciones y naturaleza del Senado, se combine la participación política derivada del sufragio universal con aquella que no es política, de origen en instituciones de la República que se generan en forma distinta de la elección democrática.

Por consiguiente, a diferencia de la Cámara de Diputados, esta función del Senado permite fundamentar el hecho de que tenga una composición mixta, conformada por el sufragio universal y la representación institucional. Tal planteamiento ya fue recogido por don Arturo Alessandri Palma, cuando formuló la necesidad de que el Senado tuviera una integración mixta y, posteriormente, por don Jorge Alessandri Rodríguez, ambos Presidentes de la República, respecto de quienes nadie en esta Cámara podría sostener que adolecieron de fallas en sus concepciones o fundamentaciones democráticas.

En cuanto a los Senadores institucionales, estos principios, esta visión amplia de la soberanía, esta diferenciación entre las funciones de la Cámara de Diputados y las del Senado, han llevado a que la actual Constitución recoja estas dos visiones para los efectos de establecer una integración mixta del Senado, donde se combina una representación del sufragio universal amplia y mayoritaria, y otra significativa, aunque minoritaria, de los Senadores que provengan de instituciones de la República.

Hay quienes piensan que tras la designación de los Senadores institucionales podría haber, por parte del Presidente de la República, la intención de torcer la voluntad mayoritaria del pueblo expresada a través del sufragio universal. Ello no se da por dos razones.

En primer lugar, porque la representación de los Senadores designados es minoritaria y, por lo tanto, no tuerce la tendencia mayoritaria expresada a través del sufragio universal.

En segundo lugar, porque la generación de los Senadores institucionales no responde única y exclusivamente a la mera designación del Presidente de la República, sino que se realiza a través de la participación de distintos órganos, como el Poder Judicial, el Consejo de Seguridad Nacional, los ex Presidentes de la República y el Presidente de la República en ejercicio -en este último caso, sólo en la nominación de dos Senadores-, sobre la base de requisitos preestablecidos en la Constitución, y no de su mera voluntad y capricho, que lo obligan a determinar quién va a integrar el Senado en tales casos.

Se ha sostenido que esta institución generaría un grave riesgo> porque, a futuro, el Presidente de la República podría nominarlos buscando torcer la manifestación política mayoritaria del país. A pesar de que existe ese riesgo, somos partidarios de mantener esta institución, porque la forma como está establecida en la Carta Fundamental la preserva o resguarda de esos riesgos y porque el aporte de los Senadores institucionales al proceso democrático ha sido extraordinariamente valioso, desde la perspectiva de fortalecer un concepto amplio y moderno de soberanía, de responder adecuadamente al ejercicio de las funciones propias del Senado -a diferencia de la Cámara de Diputados- y de contribuir, en forma eficaz, a la estabilidad del sistema institucional, con una visión de ponderación y moderación política.

Estos elementos ya se han manifestado en el ejercicio de los Senadores institucionales en el actual Senado de la República, porque ello ha permitido, entre otras cosas y unido a muchos otros elementos, que todos en esta Cámara de Diputados, además del Presidente de la República, hayamos señalado que el proceso democrático que vive el país se desarrolla en forma plenamente exitosa y con sujeción a las decisiones de la voluntad soberana. Esa calificación que hacemos a diario respecto de nuestro proceso de consolidación democrática y de la forma en que el país desarrolla su sistema institucional, obviamente debe considerar también, porque así lo indican la lógica y la coherencia, la participación de los Senadores institucionales.

Por ello, a pesar de los riesgos que algunos aventuran tratando de torcer el espíritu de la institución de los Senadores designados, y porque creemos que cumplen un rol especialmente relevante en una institucionalidad democrática moderna, somos partidarios de que esa institución permanezca como norma permanente en nuestro ordenamiento jurídico en la forma en que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Política.

Por otra parte, me referiré a la llamada reforma constitucional del sistema electoral.

En primer lugar, considero que estamos nuevamente frente a un error conceptual. En el proyecto de reforma constitucional en análisis, no existe ninguna norma que modifique o altere el denominado sistema electoral, sino que, simplemente, propone eliminar del rango constitucional el número de Senadores y el de integrantes de la Cámara de Diputados y suprimir el hecho de que se puedan elegir dos Senadores por circunscripción senatorial, con el objeto de facultar al legislador para que, a través de las leyes orgánicas correspondientes, determine el sistema electoral. En esta reforma constitucional no se plantea un sistema electoral, ni se habla del contenido o modelo a aplicar.

Por las razones expuestas, nuestra bancada considera absolutamente inoficioso el debate que se está dando, puesto que no estamos discutiendo el contenido ni las formas del sistema electoral, pues para ello tendrá que llegar una proposición para pronunciarnos al respecto.

Por lo tanto, discutir una reforma constitucional que no plantea las bondades de uno u otro sistema electoral nos parece que no corresponde, que es inoportuno y nos lleva a un debate estéril.

Consideramos que los sistemas electorales son estrictas herramientas que tienen los partidos políticos para los efectos de establecer la debida representación popular, expresada a través del sufragio universal y, al mismo tiempo, armonizarla con condiciones que garanticen una efectiva estabilidad, buen funcionamiento y correcto desarrollo del sistema democrático. Esos son los dos objetivos que deben buscar. Por consiguiente, la teoría política enseña que existen diversos sistemas electorales -mayoritarios, minoritarios, proporcionales- que permiten cumplir con esta armonía, según la circunstancia y la situación política de cada país.

A nuestro juicio, son perfectamente legítimos y válidos los que buscan esta debida armonía. Pero pronunciamos respecto de cuál resulta más apto para lograr esta armonía entre representación y estabilidad política, en esta oportunidad nos parece absolutamente innecesario, porque desconocemos los contenidos de los sistemas electorales que se están proponiendo.

Esta situación sin perjuicio de las bondades y desventajas del sistema binominal frente al proporcional u otro, -cualquiera que sea el que se escoja- nos impide pronunciarnos acerca de cuál de ellos puede resultar mejor para el país si no tenemos proposiciones concretas que nos permitan comparar si lo que se quiere es mejor o peor que un sistema binominal en el objetivo que pretendemos armonizar, cual es la representación y la estabilidad política.

Por lo tanto, no nos parece oportuno ni conducente un pronunciamiento categórico sobre esta materia, pues mientras no conozcamos algo mejor que el sistema binominal no existen fundamentos ni razones para rechazarlo. Pero sí tenemos una convicción. Cualquiera que sea el sistema electoral que en definitiva se acuerde y se establezca hoy, en 5, 10 o 20 años más, consideramos fundamental que sus elementos constitutivos más fundamentales queden consagrados en una norma de rango constitucional, porque es indispensable que tengan una proyección en el tiempo, para lo cual debe dotárseles de garantías que les den estabilidad. No nos parece, adecuado ni correcto, cualquiera sea el sistema electoral que se aplique en el país, que sólo sean normas de rango legal.

Por las razones expuestas y debido a que en materia electoral el proyecto no señala contenidos ni tampoco posibilidades de que sean normas de carácter constitucional, votaremos en contra de la reforma que se nos ha presentado.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gutenberg Martínez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar al Diputado señor Chadwick, porque hace tiempo no escuchábamos en un debate público a un personero de la Derecha intentar defender la tesis en relación con la mantención de aspectos fundamentales del sistema constitucional en materia electoral de nuestro país.

En particular, me he sentido profundamente sorprendido por la novedosa concepción dada a conocer por el Diputado señor Chadwick con respecto a cómo, a partir del principio de la soberanía popular, éste se puede extender de tal modo que justifique e incluso sirva de antecedente o fundamento de la existencia de Senadores designados, no precisamente por la elección soberana y popular de los ciudadanos.

En todo caso, cabe destacar que la UDI -y hoy insiste en ello- ha dejado permanentemente cierta apertura de puerta -o quizás de ventana- para analizar una reforma del sistema electoral que responda a lo que debe ser una democracia abierta a los tiempos. Su resolución final de votar en contra de este proyecto que abre las puertas para discutir una reforma electoral, implica una contradicción que esperamos resuelvan favorablemente.

Cuando un debate es tan importante para el futuro de la democracia en el país, es fundamental medir la consecuencia política de los actores en relación con el tema.

Nuestro partido se cuenta entre aquellos que piensan que no hay que dejar pasar, en una discusión que pudiera parecer simple o no tener aristas polémicas, algo que tendrá trascendencia.

Una de las cosas elementales y básicas que hemos logrado construir en este país para que se dé una democracia, se consolide y se afiance es que exista credibilidad en los decires de los partidos y de los políticos; confiabilidad en las cosas que se firman y acuerdan; consecuencia entre lo que se dice y lo que se hace, y, en definitiva, que no se cambie, a pesar del transcurso del tiempo, por meras conveniencias de corto plazo.

Por lo tanto, antes de formular la posición de la Democracia Cristiana respecto de por qué hay que aprobar la reforma electoral, es pertinente demostrar la inconsecuencia de Renovación Nacional sobre la materia, como sector representativo de parte importante de la Derecha en este país.

No fue la Concertación, sino Renovación Nacional, la que el 3b de noviembre de 1988 declaró que estimaba conveniente, después de transcurridos ocho años desde la promulgación de la Constitución, introducirle reformas que contribuyeran a mejorar las instituciones de ésta.

No fue la Concertación, sino Renovación Nacional, en esa misma declaración, la que indicó, entre otras materias, que debería reformarse la composición y generación de la Cámara de Diputados y del Senado.

No fue el Gobierno ni la Concertación, sino Renovación Nacional, la que propuso aumentar los Diputados a 150 y los Senadores a 50.

No fue la Concertación, sino Renovación Nacional, la que en esa oportunidad dijo, a diferencia de la teoría expuesta hoy día por el colega Chadwick, que todos los miembros del Parlamento deben arrancar de la soberanía popular, cito "debiendo eliminarse las disposiciones que permiten la integración de Senadores no elegidos."

Esta fue una declaración formal del Partido Renovación Nacional, formulada el 30 de noviembre de 1988. Sirvió de fundamento a los programas que numerosos Diputados y Senadores actuales propusieron y distribuyeron en sus zonas, como el colega Espina recordará respecto del folleto que repartió en el distrito que ambos representamos, en que también se comprometía con todo lo que acabo de leer.

Pero no sólo eso. Renovación Nacional, a través de sus representantes, como se ha discutido ampliamente -y por eso no hago cuestión de la UDI, porque cada uno responde por sus dichos y no por los de otros-, también compareció en una comisión técnica con la Concertación, y en ella concluyó en la necesidad de reformar el sistema electoral público. Hubo acuerdo en que la institución de los Senadores designados no es consistente, como dice el texto, "con la tradición política chilena y no responde a criterios claros de legitimidad democrática."

En cuanto al sistema electoral, dijo que se optó por proponer que la Constitución adoptara un método proporcional corregido.

Estos son acuerdos firmados por personeros que han formado parte de la directiva de Renovación Nacional, de su Comisión Política, de sus actuales organismos. Y después, el viernes 21 de abril de 1989, la Comisión Política de Renovación Nacional, según información de "El Mercurio", aprobó por unanimidad el informe de la Comisión técnica que suscribieran sus representantes.

Me parece que, además, Renovación Nacional -naturalmente, si es que puede- hoy debería dar explicaciones de lo que ayer firmó y manifestar en esta Sala por qué ahora cambia y niega lo que antes convino ante el país. Pero, y más importante aún, debería expresar públicamente por qué lo que prometió en los programas de Büchi y de cada uno de sus candidatos a Diputados o a Senadores, en esa declaración del 30 de noviembre de 1988, hoy lo esconde, hoy lo borra, hoy lo niega.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Y ni siquiera, escuche colega Longton, hoy es capaz de asumir una defensa en esta Cámara de Diputados.

El colega Chadwick decía que no se justificaba una reforma del sistema electoral porque ésta implicaba solamente eliminar las disposiciones en relación al número de Diputados y de Senadores.

Para nosotros, la democracia es una concepción del mundo y del sistema político. Ello significa que, entre muchos, debe responder a dos principios fundamentales: por una parte, al pluralismo y, por otra, también –diría- a normas elementales de justicia.

Pluralismo no es sólo que todos tengan la posibilidad de entregar una opinión, sino, además que el sistema político sea capaz de recoger las diversas opiniones que se manifiestan en la sociedad.

Y aplicar el valor del principio de la justicia a un sistema democrático, en el viejo adagio implica dar a cada uno lo suyo, según lo que corresponda. Y el sistema binominal ni le da a cada uno lo suyo ni menos lo que le corresponde.

Asimismo, para ser moderno, un sistema político democrático requiere responder a las concepciones que reconocen a los partidos como instituciones de derecho público que cumplen una función fundamental en ese orden. También debe ser representativo. Y si, además, busca la realización de las personas a través de la vida en sociedad, debe recoger el concepto de participación.

Y así como una democracia que limite el pluralismo y no sea justa en sus disposiciones electorales debe ser modificada, un sistema electoral que no permita la participación de todos y no sea debidamente representativo, requiere enmiendas.

Por eso, esta reforma constitucional, contrariamente a lo que afirma el colega Chadwick, responde a una cuestión de principios. A diferencia de lo que han estimado algunos partidos, personas o personeros, no se trata de hacer un análisis de conveniencia, sino de entender que ésta es una discusión que se sitúa en el nivel de los acuerdos de Estado, de lo que tiene que importar a toda la sociedad.

Muchas veces se ha sostenido -y sólo lo expreso muy sintéticamente- que Chile tiene un sistema de partidos. La historia de este país demuestra que nuestros ciudadanos vuelcan sus aspiraciones y entregan sus mandatos entre cinco y siete colectividades políticas, que las mismas representan corrientes de opinión profundamente arraigadas en la cultura política chilena. Por ello, si queremos una democracia sólida, estable, que se proyecte, que tenga sentido de futuro, debe reconocerse su existencia y, por lo tanto, el sistema electoral debe permitir su participación y expresión.

El modelaje de sistemas electorales ha sido rechazado y la historia demostrada en términos comparados en experiencias extranjeras, nos dice que, al final de cuentas, ni consiguen sus fines ni tampoco varían el sistema de partidos.

El binominalismo -que hoy defiende la Derecha, aquel que ayer le legó Pinochet y que desean mantener como fervientes albaceas-, como lo señala el fundamento del proyecto y lo expresara brillantemente el Ministro Secretario General de la Presidencia, don Edgardo Boeninger, en la sesión respectiva de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, tiene, además, un peligro muy grande: excluye a otros, pero mañana puede excluir a cualquiera de nosotros y, por supuesto, también a ellos.

Es malo que los sistemas electorales se construyan sobre la base de pensar que la rueda de la fortuna en política, la expresión de la voluntad y el apoyo ciudadanos están definidos para siempre en el tiempo. El actual sistema electoral excluye al Partido Comunista, al Mida, a la Unión de Centro Centro del errazurismo y mañana, en nuevas elecciones, a dos años plazo, si no logramos modificarlo, podrá marginar a muchos que representen un 10 por ciento en este país, y si las variaciones son de 2 o 3 por ciento, también podría suceder que ese legado de Pinochet, por el simple hecho de que lo que ayer parecía conveniente en el corto plazo, no examinado con sentido de futuro, excluya a muchos parlamentarios de la Derecha. ¡No queremos la exclusión de nadie!

Lo que Renovación Nacional firmó con nosotros en 1989 fue que queríamos una democracia abierta y participativa para todos. Por eso luchamos durante diecisiete años. En verdad, como cristianos, no perdemos la esperanza de que el sentido de pensamiento, de principio y de consecuencia con lo que firmaron, sobre todo por una concepción de democracia y de un sistema político abierto, permita que esto varíe en el futuro.

Es posible que esta reforma no sea aprobada en el trámite parlamentario final, que la Derecha logre rechazarla...

El señor TALADRIZ.-

La vamos a rechazar.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

La van a rechazar, como dice uno de los colegas electos, gracias al sistema electoral de Pinochet. Es posible que esta reforma electoral se pierda; pero todos sabemos que no es la fuerza de las ideas del colega Taladriz la que hoy se impone, ni tampoco los votos populares que lo hayan elegido, sino el sistema binominal, el cual ha impedido a los chilenos contar con un sistema electoral democrático.

Todos sabemos que así no se construye la historia, que muchas veces quienes obstaculizan se sienten ganadores. Y ésta no es una frase. Gran cantidad de Diputados de la Derecha lo comentan en los pasillos y en el café de la Cámara; saben que si no es ahora será mañana, pero habrá democracia en el sistema electoral de este país y Dios quiera que, al final, no tan sólo sea a pesar de ellos, sino que, por estas exclusiones que hoy pretenden ratificar, no sea en su contra o excluyéndolos.

He dicho.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, desde ya quisiera precisar nuestra posición oficial respecto de este proyecto de reforma: lo estimamos inconveniente, innecesario e inoportuno.

Renovación Nacional lamenta el empecinamiento del Gobierno al insistir en reformas constitucionales que apuntan a desarticular la columna vertebral de la Constitución Política. Una de ellas, la reforma del sistema electoral, nos parece -insisto- absolutamente inconveniente, innecesaria e inoportuna. Por esas razones, hemos manifestado, en reiteradas ocasiones, nuestro total rechazo a ella.

Nos parece inoficioso y una pérdida de tiempo desgastarnos en un debate estéril que muestra con claridad que estamos frente a reformas sin ningún destino.

Reformar el sistema electoral, sustituyendo el mayoritario por uno proporcional, es inconveniente porqué el cambio facilita la proliferación de numerosas fuerzas políticas carentes de la representatividad necesaria y abre la posibilidad de convertirlas en minorías con capacidad de distorsionar la voluntad popular manifestada por las grandes mayorías ciudadanas.

La reforma del sistema electoral tiene un impacto directo en el sistema de partidos políticos. Los sistemas mayoritarios inducen a un sistema de partidos fuertes, representativos, con arraigo nacional y de número reducido. A la inversa, el sistema proporcional genera un sistema de partidos numerosos y alienta la fragmentación política. Además, el cambio fomenta inconvenientemente la adopción de posiciones políticas extremas, invirtiendo la lógica y la orientación de la dinámica del actual sistema, que favorece la moderación y castiga la polarización. Induce, así, a los grandes acuerdos y aleja la ideologización.

Por otro lado, la modificación no contribuye a centrar el debate y los planteamientos políticos. Tampoco les atribuye un espacio gravitante a las grandes corrientes de opinión y, por último, dificulta la constitución de mayorías o bloques políticos sólidos, tanto en el Gobierno como en la Oposición. Sin su existencia, la estabilidad política es precaria y la ingobernabilidad una amenaza latente. Hay, en términos prácticos, una manera simple y directa de retomar al sistema de tres tercios que tan negativo fue para la evolución política chilena: cambiar el sistema electoral, como pretende la Concertación.

Unese a lo anterior el hecho de que la enmienda propuesta obliga a aumentar el número de parlamentarios, lo que es costoso para el erario e inevitablemente perjudica la actual representación regional en beneficio del Área Metropolitana y de los centros más poblados del país, constituyéndose en una señal negativa respecto de una tendencia que con mayor vigor debe afianzarse en Chile, cual es la descentralización y desconcentración del poder político.

Señalamos que reformar el sistema electoral es innecesario, por cuanto el existente ha dado muestras suficientes de ser eficaz. No resulta aceptable sostener que uno es más democrático que el otro -mediante el cual se ha logrado mantener un deseable equilibrio político sustentado en la estabilidad institucional y caracterizado por proporcionar una adecuada gobernabilidad al país- porque ha demostrado que sólo afecta a grupos pequeños que se aíslan, no se integran a los grandes bloques y constituyen opciones excluyentes ideologizadas en exceso. No hay argumentos válidos para señalar que el Poder Legislativo chileno necesita aumentar el número de sus miembros.

Reformar el sistema electoral es inoportuno, pues, al no existir las mayorías suficientes, su rechazo será evidente, razón por la cual significa una pérdida de tiempo valioso que debe utilizarse en resolver los grandes problemas nacionales que afectan de manera directa a las personas. Además, porque el aumento de parlamentarios trae consigo un mayor gasto que el país no está en condiciones de financiar. Esto último no es prioritario y la población se inclina, claramente, por destinar la mayor cantidad de recursos y esfuerzos posibles a resolver problemas de orden social.

Señor Presidente, me quiero referir al pleno carácter democrático del actual sistema, porque ha sido un argumento recurrente sostener que el sistema proporcional es más democrático que el mayoritario, lo que evidentemente constituye un error. Demostración de lo anterior es el caso de Gran Bretaña, citado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. En ese país -que representa para el mundo un verdadero ejemplo del respeto a las libertades, particularmente en el ámbito político, con un sistema uninominal que permite desestimar el argumento de que se impide la representación de corrientes políticas de menor tamaño-, en las elecciones de 1983 el Partido Conservador, con un 42,2 por ciento de los votos, obtuvo el 61 por ciento de los escaños; el Partido Laborista, con un 27,6 por ciento de los votos, el 32 por ciento, y el Liberal, con un 25,4 por ciento de votación, el 3,5 por ciento de los escaños. Nadie en Gran Bretaña comete, a la luz de estas cifras, la ligereza de calificar este sistema, que beneficia a la más alta mayoría, de poco democrático o carente de representatividad.

El sistema existente en nuestro país no sólo premia a las dos más altas mayorías, sino, además, permite la representatividad de un número mayor de corrientes. Si alguien se atreve a calificar el sistema mayoritario binominal de poco democrático, entonces sostendrá que el uninominal lo es aún más, lo cual no resulta serio.

El caso de Estados Unidos es otro ejemplo digno de tener en cuenta a la hora de determinar lo democrático y representativo de un sistema en comparación con otro.

Es tan absurdo el argumento del Gobierno de que el actual sistema no es democrático, que se concluye fácilmente en que se persigue confundir y plantear a la opinión pública una falsa disyuntiva entre demócratas y no demócratas.

El debate sostenido en el último tiempo acerca de las diferencias entre los sistemas de tendencia proporcional y mayoritarios han establecido una confusión respecto de lo que significa la representatividad y la proporcionalidad. La representatividad democrática de un sistema no reside en lo proporcional que éste sea, sino que radica en asegurar que todos los ciudadanos tengan a priori igual participación en la elección de sus representantes. La proporcionalidad es una medida posterior que sirve de indicador y es consecuencia del método que se usa, pero no entra en el plano de la representatividad.

Es necesario tener presente que en las elecciones de Diputados de 1989, con la aplicación de un sistema mayoritario, el índice de proporcionalidad alcanzó el 97,2 por ciento. En cambio, en las recientes elecciones municipales, con un sistema proporcional, dicho índice sólo alcanzó al 87 por ciento. Es decir, el índice de proporcionalidad del sistema mayoritario fue más alto que el proporcional, lo cual no sólo puede ser atribuido -como se ha querido- a una mera coincidencia. Una simple comparación respecto del número de votos que un partido o lista obtiene con el número de representantes que elige en ambos sistemas, permite concluir en que la representación exacta entre la votación y los cargos a llenar es una falacia. El sistema mayoritario permite estabilidad y gobernabilidad al país.

Es conveniente examinar la importancia de los sistemas electorales en función de la fortaleza o debilidad que le otorgan al propio sistema democrático. Nuestra historia nos indica claramente la fragilidad de la democracia cuando grupos minoritarios y asistémicos logran penetrar las instituciones esenciales de la democracia teniendo como objetivo su propia destrucción. Fácil resulta concluir que en nuestro país el sistema vigente es perfectamente democrático y apunta a su conservación y defensa.

El sistema mayoritario permite la formación de grandes bloques para la conducción y representación de la soberanía popular, consiguiendo con ello alcanzar acuerdos trascendentes y equilibrados que permiten un adecuado funcionamiento y estabilidad del régimen democrático, lo cual garantiza -esto es lo más importante- que los acuerdos políticos serán asumidos y apoyados por la mayoría del cuerpo social. Por el contrario, en un sistema proporcional las mayorías se hacen más difusas y ocasionales.

Una de las consecuencias que produce lo anterior es impedir la proliferación de partidos y facciones que exacerban el debate ideológico y evitar que posiciones extremas dificulten la labor de los gobiernos. Este ha sido el efecto en nuestro país, además de obligar a los diferentes partidos políticos a alcanzar acuerdos, moderando, de esta manera, las posiciones de cada colectividad.

Es preciso recordar que una de las finalidades de los sistemas electorales es permitir la gobernabilidad de un país. El sistema mayoritario refuerza dicho objetivo, permitiendo el crecimiento económico y la paz ciudadana.

Un sistema electoral que privilegió en forma desmedida la proporcionalidad en perjuicio de la gobernabilidad convirtió a Chile en un país ingobernable hace dos décadas y terminó destruyendo el régimen democrático por la polarización de las fuerzas políticas que estimulaba.

El argumento de que el sistema mayoritario excluye a determinadas fuerzas políticas es de absoluta falsedad. Por el contrario, éste induce a los partidos minoritarios a integrarse a los bloques, moderando sus postulados. Si esas fuerzas permanecen al margen y no obtienen representación parlamentaria es porque no han concitado la adhesión ciudadana suficiente que legitime su actuar en política.

También se ha señalado que, por mantenerse excluidas de la representación parlamentaria, estas corrientes minoritarias optarían por el quiebre institucional. La realidad histórica de los hechos ha demostrado que eso es errado. En 1973, fuerzas de gobierno -por lo tanto, plenamente institucionales- propiciaron el quiebre del régimen democrático. Actualmente, grupos sin representación parlamentaria y de posiciones extremas luchan por incorporarse a la institucionalidad. Este es un efecto generado por el sistema mayoritario que incentiva la estabilidad institucional a través de gobiernos mayoritarios y de oposiciones responsables y moderadas. El sistema mayoritario es la mejor garantía para que fracase cualquier intento de fuerzas minoritarias y extremas por quebrar la institucionalidad.

Señor Presidente, me referiré a los objetivos ocultos de esta reforma, cuales son aumentar el número de parlamentarios y disminuir la presencia regional.

Aparte de las consideraciones anteriores, referidas a las diferencias esenciales de los dos sistemas, el proyecto del Gobierno propone dos aspectos que, vinculados, son tremendamente perniciosos.

En primer lugar, aumentar el número de parlamentarios resulta innecesario para el buen desempeño de la labor que le corresponde al Congreso y, además obliga al Fisco, no obstante cualquier disposición transitoria que se le incorpore, a efectuar un mayor gasto.

El Gobierno debiera dar prioridad a perfeccionar las facultades que la Constitución otorga al Congreso Nacional, tales como la iniciativa legislativa, la calificación de urgencias y la atribución efectiva para fiscalizar, en lugar de aumentar el número de parlamentarios con facultades restringidas como las que hoy poseemos y de las cuales a diario nos quejamos en esta Sala. No se trata de tener más parlamentarios con pocas atribuciones, sino pocos con más atribuciones.

En segundo lugar, en la configuración de los distritos que propone el Gobierno y de los cupos parlamentarios que les otorga, se percibe claramente la orientación de dar a la Región Metropolitana más representación que a las demás regiones. La aceptación de un sistema proporcional necesariamente conduce a una mayor preponderancia política de las regiones más densamente pobladas en perjuicio de las que no lo son.

Respecto de lo anterior, baste señalar que la reforma del Ejecutivo aumentaría la proporción de Diputados de la Región Metropolitana, de un 26 por ciento a un 34 por ciento del total, si se conserva el número actual de distritos electorales.

En lo concerniente a los Senadores institucionales, éstos han representado y representan en el Parlamento los factores de equilibrio, moderación y coordinación que consultó la Constitución al establecer la renovación parcial del Senado.

La continuidad de la secuencia legislativa fue siempre considerada de especial importancia por el constituyente, de manera de evitar que los procesos electorales, inspirados en la coyuntura política reciente o en el interés partidista, alteraran sin moderación y con consecuencias la actividad legislativa.

En estos primeros años los Senadores institucionales han demostrado, a pesar de los ataques que sufren, en ocasiones, que saben cumplir, y lo hacen con prudencia y alto grado de eficiencia, este difícil papel de nexo entre dos épocas distintas de nuestra historia política, y que deben continuar en sus cargos durante todo el período correspondiente a su designación.

La proposición de eliminar de la Constitución la existencia de estos Senadores, manteniendo las funciones de los actuales hasta la expiración de su período, significa suprimir una institución constitucional a futuro, a seis años plazo. Nada justifica proceder de esta manera.

Si el Gobierno y la Concertación que lo apoya quieren eliminar la existencia de los Senadores institucionales a partir de 1998, parece más razonable que sometan al Congreso la correspondiente reforma constitucional en 1997, cuando se tenga un conocimiento acabado y prolongado del aporte que habrá significado para el Parlamento la intervención de estos Senadores incorporados al servicio del país. Entre tanto, nada justifica tratar ahora la materia que plantea el proyecto, razón por la cual Renovación Nacional ha estimado su rechazo.

Es necesario puntualizar que la Concertación no puede pretender confundir su futuro e intereses con los de nuestra democracia y sus instituciones. Menos aún, puede pretender desconocer que la influencia de los actuales sistemas consagrados por nuestra Constitución han permitido una transición moderada, equilibrada y estable.

Antes de concluir, quiero referirme a algo que se ha sostenido en esta Sala.

Se ha dicho que el sistema existente se hizo de acuerdo con la conveniencia de la actual Oposición. Nosotros sostenemos que la propuesta del Gobierno no disimula que favorece, de forma meramente electoral, a la Concertación. Con demasiada facilidad se cae en la inconsecuencia de practicar aquello que se critica. Esta reforma se hace a la medida de la Concertación, para superar sus problemas de cuoteos y sus dificultades en la confección de las listas parlamentarias. Pretenden convertir esta reforma en oxígeno para mantener viva a la Concertación. Y parece curioso que socialistas y radicales no adviertan que están siendo sorprendido por la Democracia Cristiana, la cual, de prosperar la reforma, consolidará su hegemonía.

Aplausos.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, sin ser profesor en sistemas electorales, como el Honorable Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quiero hacer algunas breves reflexiones sobre este tema, que estimo muy importante.

No tengo ninguna duda de que algún señor Diputado de Renovación Nacional responderá las preguntas que formuló el Diputado señor Gutenberg Martínez, en el sentido de por qué hoy se encuentra malo, deleznable e inconveniente aquello que ayer se estuvo dispuesto a considerar como viable, razonable y posible.

Pero estamos en una discusión de principios. El Honorable Diputado señor Chadwick situaba bien el problema, aunque desde una óptica distinta de la mía, respecto de los Senadores designados. Estimo que no deben existir Senadores designados de ninguna naturaleza ni especie. Inclusive, los ex Presidentes de la República no deberían tener derecho a participar en una institución que, por su naturaleza, es fruto de la elección popular. Esa es una opción de principio que se hace en un sistema democrático. En una sociedad cualquiera hay una multiplicidad de luminarias, hombres y mujeres, unos más inteligentes que otros, que están llamadas, o por lo menos que sería deseable que estuvieran llamadas, a hacer, un aporte de la estabilidad democrática, al progreso y al desarrollo del país.

Pero esa no es razón suficiente, porque cada uno tiene que hacer su aporte en la instancia a la que pertenece: y el Parlamento en los sistemas democráticos, por esencia, por definición, por lo menos desde mi punto de vista, es un poder del Estado que se define como de generación democrática. Por lo tanto, la reforma más adecuada en esta materia debería ser eliminar la presencia de personas que, más allá de sus capacidades, no son fruto de la elección popular, sin perjuicio de que si eso no se puede hacer, habrá que corregir algunas injusticias que contiene el sistema. Pero ésa no es materia de esta discusión.

Creo muy peligroso o errado el argumento que se da para defender la presencia de los Senadores denominados "institucionales", relativo a lo bien que lo han hecho, porque si lo hubiesen hecho mal, en opinión de las mismas personas que los defienden porque lo han hecho bien, no estarían planteando que tienen que hacer cesación del cargo. No se trata de discutir si se desempeñan bien o mal, sino que si en una institución como el Congreso Nacional deben existir parlamentarios que no son fruto de la elección popular. De manera que el argumento del desempeño que han tenido me parece irrelevante, por cuanto no dice relación con la esencia de lo que estamos discutiendo. El punto es si en el Congreso Nacional debe haber parlamentarios, ya sea en la Cámara o en el Senado, que no sean fruto de la elección popular. Nadie ha planteado que deben existir Diputados designados.

El Honorable Diputado señor Chadwick, cuidadoso en su argumentación, pretendió hacer un distingo en cuanto a las funciones propias de la Cámara y del Senado para justificar la presencia de Senadores designados, pero no la de Diputados designados, porque donde hay la misma razón hay la misma disposición. No se explica que seamos partidarios de los Senadores designados, pero no de los Diputados designados. ¿Por qué no? Si también hay personas que, sin tener cuarenta años, son muy importantes y podrían realizar un gran aporte en la Cámara: enriquecer los debates y darnos buenas ideas; pero la Constitución no consideró Diputados designados. El Diputado señor Chadwick no propone que se modifique la Constitución para que existan Diputados designados. Su argumento es que el Senado tiene una función distinta desde el punto de vista de la Constitución, que hace posible que -entiendo que está aceptado el principio de que el Congreso Nacional es un Poder de generación popular-, a pesar de ello, como excepción que confirma la regla, allá puede haber un grupo designado.

El argumento del Diputado señor Chadwick es tremendamente débil desde el punto de vista constitucional. Desde luego, porque en el sistema que consagra nuestra Constitución, fuera de las facultades de fiscalización que tiene la Cámara, no hay mayores diferencias entre la función legislativa que cumple el Senado y la Cámara de Diputados. Por ejemplo, los orígenes de los proyectos pueden realizarse indistintamente en una o en otra cámara. Una podrá ser cámara de origen en una instancia, y revisora, en otra. Además, la influencia política del Senado es muy fuerte y determinante, tanto como la de la Cámara de Diputados, no para sancionar cuestiones específicas propias de las atribuciones del Senado y que no tiene la Cámara, sino para resolver cuestiones generales, en las cuales la competencia de la Cámara y del Senado es exactamente igual. No veo por qué la facultad exclusiva del Senado para ratificar ciertos nombramientos justifique la existencia de Senadores que no son fruto de la elección popular. No hay ninguna razón para ello. El Senado anterior, bajo el imperio de la Constitución de 1925, tenía las mismas facultades, y más aún. Sin embargo, era íntegramente designado por elección popular.

De manera que el argumento de las facultades -creo el Diputado señor Chadwick tendrá que coincidir conmigo- no es suficiente para justificar la existencia de los Senadores designados. Tampoco lo es la ponderación y que deben existir personeros que estén fuera de la contingencia política, tratándose de un poder del Estado cuya esencia es precisamente la generación popular. Podrán ser ministros de Corte, ministros de Estado o miembros de las Fuerzas Armadas; pero en el Senado, en la Cámara o en la Presidencia de la República se están ocupando cargos que deberían ser fruto de elección popular.

Si ninguna de estas explicaciones justifica esta situación desde el punto de vista de la doctrina constitucional, obviamente el argumento debe ser político.

El Honorable señor Chadwick agrega un elemento en este sentido que tampoco me parece convincente, ya que dice que son pocos. Sí, son pocos, pero en un Senado pequeño. Y es un hecho de la causa, Honorable señor Chadwick, que la presencia de Senadores designados ha alterado reiteradamente la voluntad de las mayorías consagradas por la votación popular. Es un hecho de la causa que, muchas veces, los partidos políticos pueden influir sobre el voto de los Senadores designados para aprobar o rechazar tal o cual disposición legal. Y de hecho lo hacen. Es un hecho de la causa que los Senadores designados se han comportado, en múltiples ocasiones, como es su derecho por lo demás -lo constato cómo un hecho, no lo digo como crítica-, como una agrupación política al votar en conjunto aquellas materias que a ellos les parece importante votar de ese modo.

En un Senado constituido por 50 Senadores, si hubiera que hacer el sacrificio de pasar por encima del principio de que todos los miembros del Congreso deben ser fruto de la elección popular, podría alguien considerar la idea de mantener Senadores designados. Ahí tendría validez el argumento del Honorable señor Chadwick. Pero resulta que, de acuerdo con el actual número de Senadores, que es inferior al que existía en el pasado, los Senadores designados tienen gran importancia.

Por último, señor Chadwick, ¿qué razón hay para que el Consejo de Seguridad Nacional participe, por ejemplo, como usted lo mencionó, en esta designación? Creo que ninguna. ¿Por qué los miembros de las Fuerzas Armadas van a constituirse en un poder elector de miembros del Senado?

¿Por qué -se trata de otra materia, pero está dentro del tejido constitucional, y usted, como profesor, sabe que la Constitución es un todo armónico que debe analizarse en conjunto- los miembros de las Fuerzas Armadas son parte de un poder elector del Tribunal Constitucional? ¿Qué razón hay? Creo que ninguna.

¿Por qué el Tribunal Constitucional puede intervenir, caso único en la legislación comparada en el mundo, en la tramitación de la ley, enmendándole la plana al Congreso Nacional, aun cuando exista unanimidad de Senadores y Diputados respecto de determinado criterio? Porque, en mi opinión, hay un diseño constitucional -no lo digo con ánimo descalificador- presupuestado en un concepto de democracia distinta de la occidental que, por lo menos los parlamentarios de la Concertación, hemos defendido siempre. No estoy acusando al Honorable señor Chadwick de no ser un demócrata; simplemente estoy diciendo que entiende algunos aspectos fundamentales de la democracia de un modo distinto al que los entiendo yo.

Por último, los argumentos utilitarios en el sentido de que las cosas andan bien, no pueden sobreponerse, por ningún motivo, a los de principios, porque cuando las cosas andan mal, los principios no cambian. La confrontación respecto del tema de los Senadores designados tiene que ver con una concepción global del sistema democrático, no -como dijo el señor Diputado de Renovación Nacional que me antecedió en el uso de la palabra- con si anda bien o mal, tal cual señalaba el señor Chadwick. Francamente, este punto no resiste el menor análisis.

No soy profesor, pero la pregunta del Honorable señor Peña se puede contestar fácilmente. La Cámara de los Lores, no es elegida popularmente, pero carece de todo poder. El Senado italiano está integrado por personas que no son fruto de una elección popular, pero dicho organismo forma parte de un sistema parlamentario que cumple un rol completamente distinto. Algo parecido sucede en Francia, en fin.

El tema está bastante saldado, desde mi punto de vista. Los argumentos que se esgrimen son malos, pero respetables, porque hay personas que entienden la democracia de otra manera, pues el argumento de la eficacia nos puede llevar a privilegiar una junta militar en lugar de un Congreso Nacional. ¿Por qué no? Cuatro personas legislan mucho más rápido que 120 y, de hecho, así ha ocurrido.

La facilidad y expedición con que se dictaron complejas leyes durante el gobierno anterior, nada tienen que ver con la lentitud que caracteriza a nuestro trabajo legislativo porque debemos escuchar muchas opiniones.

El argumento de la expedición es muy peligroso cuando se trata de defender los principios de la democracia; la misma aproximación al problema se puede trasladar a la discusión del sistema electoral. Seamos francos, ¿qué estamos debatiendo?

El Honorable Diputado que me antecedió en el uso de la palabra repitió, más o menos, la argumentación dada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara por los representantes del Instituto Libertad, que tienen una concepción sobre Chile, y no me pronuncio en cuanto a si buena o mala. Creen mejor que el país esté dividido en dos grandes bloques: Gobierno y Oposición. Consideran óptimo un sistema electoral que obligue a los partidos políticos, para acceder al ejercicio del poder, por lo menos desde el Parlamento, fruto de la elección popular, a experimentar una metamorfosis política que los aleje de posiciones que, de otro modo, en forma natural y de acuerdo con sus principios, deberían sostener. Por ejemplo, si el Partido Comunista quiere tener Diputados, ese instituto es partidario de un sistema electoral que obligue a los militantes de esa colectividad política a ser menos comunistas, a insertarse en una coalición distinta y conforman un bloque que, al final, sea capaz de obtener, como tal, una cuota parlamentaria. Es una idea muy respetable, pero existe un problema ético, de principios -en una dictadura la ética tiene otra óptica que no corresponde analizar- ¿Es razonable y ético en una democracia obligar a un país a comportarse de cierta manera, en términos políticos, por la vía de la ingeniería de determinado sistema electoral? Para mí, la respuesta es negativa. Siempre preferiré que los sectores identificados con mis ideas sean mayoría en el Parlamento, fruto del ejercicio democrático de concursar, de debatir. No soy partidario, porque me parece atentatorio contra el sistema democrático que se debe privilegiar, de que se utilice una mecánica electoral para lograr un propósito que debe alcanzarse mediante la evolución del pensamiento de las corrientes políticas del país. Ese es un punto fundamental.

Ojalá que el Partido por la Democracia fuera el primero y el Demócrata Cristiano el segundo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SCHAULSOHN.-

¡Y el Partido Socialista el segundo!

Risas.

El señor SCHAULSOHN.-

El Socialista, primero, y el Partido por la Democracia, segundo. Da lo mismo; eso se verá en diciembre de 1993. Ojalá fuésemos la primera fuerza política; estamos trabajando para eso. Pero, por principio, no estamos dispuestos a mantener, contrariamente a lo manifestado aquí, un sistema político artificial que no permita la expresión de las corrientes políticas en el seno de la sociedad.

Este proyecto no está hecho a la medida de la Concertación, señores Diputados. Al contrario, si pretende mantener su unidad y crear condiciones objetivas para llevar un candidato presidencial, desde ese punto de vista a la Concertación le conviene digámoslo claramente mantener las cosas como están. Se puede argumentar perfectamente que si la Concertación se divide, si lleva dos candidatos presidenciales y dos listas parlamentarias -como reiteradamente se ha especulado con fundamento-, probablemente se beneficiaría la Oposición. Por lo tanto, un sistema proporcional modificado sería más conducente a que las fuerzas políticas de la Concertación cumplan su anhelo de expresarse de manera más autónoma. Naturalmente, eso pone en peligro el actual esquema de la Concertación.

En el caso de la Derecha, ocurre exactamente lo mismo. Al interior de ella existe una pugna entre mantenerla como bloque o como partidos que compiten entre sí. Es una discusión muy legítima que los Honorables Diputados y Diputadas de la Derecha deben resolver por la vía del diálogo político, igual como debemos hacerlo nosotros en la Concertación. Ya veremos cómo solucionamos los problemas; pero no podemos mantener cerrada la posibilidad de una disposición constitucional que favorezca uno u otro esquema.

No insistiré en el argumento del Honorable señor Martínez -muy bien planteado- sobre el tema de la exclusión; es un fenómeno real. Estamos conscientes de que aun cuando en este momento discutimos la reforma constitucional con la bandera a media asta -por decirlo de alguna manera-, porque el ambiente político parece indicar que, a lo mejor, no prosperará, a pesar de ello todos sabemos que el tema de la exclusión es como una espada de Pericles -como en alguna ocasión dijo un Honorable señor Diputado- o de Damocles, que pende sobre los parlamentarios, no por cuestiones, personales, sino por sus legítimos intereses de partido o de grupo político.

En consecuencia, me parece razonable sostener una discusión seria y sin caricaturas sobre el problema, y entender que por un compromiso ético con el sistema democrático, no podemos imponerle al país una determinada forma o modelo de ser y de actuar en política, mediante la mantención de un sistema electoral.

Por estas razones, la Cámara de Diputados debería aprobar esta reforma, y espero que el Senado la discuta muy a fondo. No sabemos la forma definitiva que tendrá el proyecto de ley porque eso es materia de ley orgánica. Si el Honorable señor Chadwick desea que el sistema electoral se resuelva y quede consagrado en la Constitución, francamente no veo una objeción basada en principios para ello; bien puede ser un problema de mera conveniencia. Pero para alcanzar ese objetivo, debemos discutir el tema y remover el obstáculo constitucional que impide hacerlo. Sin perjuicio de ello, una vez que nos pongamos de acuerdo en un nuevo sistema, podemos dar carácter constitucional a sus principios fundamentales para no cambiarlo fácilmente.

Una actitud lógica, razonable, correcta y consecuente con nuestra manera de entender la democracia -es la forma en que la mayoría de los países del mundo que viven en un sistema democrático la entienden- sería aprobar esta reforma constitucional, discutir la ley orgánica y estudiar la forma de repartir la representatividad entre los distintos parlamentarios sin emplear argumentos demagógicos, sin decir que se aumentará el número de parlamentarios, quienes siempre han tenido representación proporcional. Es más lógico que un Diputado represente a determinado número de electores que a un territorio; los Senadores cumplen esa función, pues en los sistemas democráticos sus cargos tienen una naturaleza territorial. La Cámara es representativa; no hay que tenerle miedo a ese tipo de argumentos y no se debe caer en planteamientos demagógicos para justificar propósitos políticos, porque todo el país sabe perfectamente bien de qué se trata esta discusión.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, deseo responder en forma muy breve dos o tres preguntas directas formuladas por el Diputado Schaulsohn, relacionadas con mi intervención anterior.

En primer lugar, debe desdramatizarse el tema de la democracia. Compartimos un ideal democrático en términos similares, y el punto no consiste en plantearlo como visión democrática “A" versus visión democrática "B". Ese ideal está inserto en un sentimiento y un sistema democrático compartido, donde colocamos ciertos énfasis para los efectos de que la democracia cumpla con su objetivo fundamental de permitir que el país se desarrolle y se perfeccione como nación.

La democracia no es un fin en sí misma: es un medio para alcanzar el bien común. Por lo tanto, es perfectamente legítimo tener diversas visiones sobre ella que permitan reforzar algunos de sus aspectos en la perspectiva de alcanzar ese objetivo.

Entiendo que dentro de su visión, donde prevalece el pasado inmediato, el Diputado señor Schaulsohn centre el énfasis del sistema democrático en la participación o el origen político de las instituciones democráticas expresado a través del sufragio universal; comprendo que el señor Diputado ponga el matiz en esa perspectiva. Pero yo, guiado quizás por una visión algo más histórica que el pasado inmediato, considero que entre los elementos que debe enfatizar el sistema democrático están la gobernabilidad, la estabilidad y la institucionalidad. Considerando la experiencia histórica del país, y para evitar errores del pasado, la Constitución de 1980 pone mayor énfasis en tales elementos.

Por lo tanto, si bien estas visiones están orientadas al mismo fin, adquieren matices distintos en la perspectiva de valorar nuestro pasado cercano o más remoto, para los efectos de establecer un sistema democrático.

En segundo lugar, dentro del ordenamiento institucional, el Senado siempre ha sido reconocido como una entidad diferente de la Cámara de Diputados, en razón de que tiene funciones distintas. Por ello, en la Constitución de 1925 se establecían respecto del Senado normas diferentes, por ejemplo, la edad. Para acceder al cargo de Senador se exigían 35 años; hoy, 40. ¿Por qué un requisito de edad adicional para el Senado? Porque se le reconoce otra función.

Pero también hay otro aspecto extraordinariamente importante dentro de la concepción democrática tan literal o extrema del Diputado señor Schaulsohn, que se refiere a la forma de elegir ambas cámaras: el Senado se renueva por parcialidades; la Cámara de Diputados, en forma íntegra.

¿Cuál es la razón para elegir a los senadores en forma diferenciada en el tiempo? Que el Senado se proteja de las contingencias políticas que en un momento determinado hacen mayorías. Se elige parcialmente para que no quede expuesto a mayorías que alteren o modifiquen sustancialmente su función. Lo establecido en la Constitución de 1925, se recogió en la de 1980. Estos dos elementos están dados sobre la base de que al Senado se le reconocen funciones diferentes de las de la Cámara de Diputados. A pesar de que quizás en otro tiempo algunas voces así lo señalaban, no he escuchado a nadie decir que son elementos antidemocráticos o contrarios a un régimen democrático occidental, como lo manifestó el Diputado señor Schaulsohn.

Sobre la base de ese reconocimiento y atendida la naturaleza de la función del Senado en la perspectiva de enfatizar los elementos de gobernabilidad y estabilidad, la actual Constitución establece el mecanismo de los Senadores institucionales. Dije que eran pocos en el sentido de que, si fueran insignificantes, obviamente no se habría producido este debate, y si fueran muchos, estaríamos en una perspectiva que alteraría el principio democrático. Son significativos en cuanto a su número y para los efectos de estar discutiendo acerca de esa institución.

Por último, en respuesta a la pregunta del señor Diputado de por qué interviene el Consejo de Seguridad Nacional en la designación de Senadores, basta con mirar la composición del Senado mixto. En la designación de los Senadores institucionales participan las principales instituciones republicanas consagradas en la Constitución: ex Presidentes de la República, Poder Judicial, Contraloría General de la República, ex Ministros, rectores de las principales universidades del país, y el Consejo de Seguridad Nacional, a través del cual participan las Fuerzas Armadas en calidad de instituciones, compartiendo responsabilidades con las principales autoridades del país, tales como el Presidente de la República, los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados y el Contralor General de la República. Por lo tanto, en el Consejo de Seguridad Nacional existe participación institucional de las Fuerzas Armadas; se reconoce su valor como instituciones de la República que participan y colaboran en el proceso institucional del país, pero no en forma única y excluyente, sino de manera armónica con las que encabezan los poderes del Estado. Esta es la razón. No son las Fuerzas Armadas solas, ni voluntaria ni caprichosamente; como órgano institucional, se recoge su opinión y se comparte con otras autoridades.

Agradezco la interrupción que me concedió el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención las exposiciones de los parlamentarios que me han antecedido. La posición oficial de nuestro partido la dio a conocer el Diputado señor Galilea. Por lo tanto, me limitaré a rebatir algunas de las aseveraciones que con tanto entusiasmo se han formulado hoy en la Sala. En síntesis, corresponden a dos aspectos distintos.

En primer lugar, el Diputado don Gutenberg Martínez ha acusado al Partido Renovación Nacional de falta de consecuencia y de haber sostenido en el pasado cosas distintas de las que hoy defiende en la Sala. El señor Schaulsohn ha dicho que está ansioso por escuchar la respuesta a estas imputaciones.

En segundo lugar, se ha acusado de falto de ética o de contenido democrático al sistema binominal que actualmente rige en el país.

Con la misma franqueza con que ha hablado el Diputado don Gutenberg Martínez, quiero manifestar que lo que ha dicho es absolutamente falso, que ha faltado a la verdad. Tengo en mis manos el programa de Renovación Nacional, al cual él hizo mención -copia del cual puedo entregarle después de mi intervención-, que en la parte pertinente señala: "Sin perjuicio de ello, desde el año 1988 Renovación Nacional promovió una serie de reformas orientadas a perfeccionar la Constitución."

Al respecto, me gustaría recordarle al Diputado don Gutenberg Martínez que nos sentimos muy orgullosos de haber impulsado estas reformas constitucionales. Más aún, de haberlas impulsado cuando en aquella fecha la intransigencia que existía en algunos personeros de la Concertación y también del gobierno militar auguraba un fracaso inminente. Nuestro partido, en forma persistente y en concurso con las demás fuerzas políticas del país, logró llevar adelante una reforma constitucional que concitó el apoyo de más del 85 por ciento de los chilenos. De manera que suponer que nos estamos desdiciendo de algo que consideramos uno de los elementos básicos del éxito de la transición chilena, es hacer una afirmación absolutamente falsa.

En tercer lugar, el Diputado don Gutenberg Martínez sostiene dos hechos que no son reales. El primero, asegurar que nuestro partido afirmó que debería establecerse con rango constitucional la existencia de un sistema electoral. Para desmentirlo he solicitado que se me remita copia del acta de las reuniones de los equipos técnicos de la Concertación y Renovación Nacional que se celebraron en esa oportunidad, las que me han llegado hace algunos momentos. En la parte pertinente se expresa textualmente: "El señor Ricardo Rivadeneira señaló que, a su juicio, no es conveniente constitucionalizar un sistema electoral determinado proporcional o mayoritario, ambos propios de un régimen democrático.

"Se deja constancia que el señor Carlos Reymond -ambos eran representantes de Renovación Nacional- mientras participó en las sesiones de la Comisión hizo constar la misma reserva."

Esa es la posición oficial sostenida por Renovación Nacional en las comisiones negociadoras. O sea, más allá de valorar si uno u otro sistema es el correcto, se estimó que no debería quedar con rango constitucional y al respecto existe una posición discrepante de la expresada anteriormente por el Diputado señor Chadwick, sobre un tema que por sí es opinable. El estima que debe tener rango constitucional, opinión por cierto, muy fundada. Pero en esa ocasión, el señor Rivadeneira sostuvo que debía tener rango de ley.

Pero la inexactitud de don Gutenberg Martínez no es sólo ésa. Aquí apunto al problema de fondo.

Nuestro partido expresó: "Respecto de la supresión de los Senadores designados y de la integración del Tribunal Constitucional, materias que no fueron incluidas en la reforma, hubo coincidencia entre Renovación Nacional y la Oposición democrática -estoy leyendo el programa-, quedando pendientes tanto los términos precisos de un eventual proyecto de reforma como la oportunidad en que el mismo sería impulsado.

"Renovación Nacional considera, en todo caso, que la Constitución debe ser tan estable como sea posible, razón por la cual ninguna modificación a su texto podría introducirse precipitadamente, sino cuando las circunstancias políticas lo aconsejen y ello no implique debilitar o alterar la estabilidad del régimen democrático."

El problema de fondo consiste en que estamos discutiendo, con seis años de anticipación, la derogación de una institución que el propio Gobierno acepta que continúe vigente en los próximos seis años. Es absolutamente inoportuno debatir hoy si los Senadores designados deben o no continuar, porque es una decisión que el más mínimo sentido de prudencia indica que se tome cuando estemos próximos a la vigencia de la reforma que se propone.

Con mucha franqueza señalo que soy contrario a los Senadores designados, pero admito que, los fundamentos de quienes sostienen que es una institución útil y correcta han adquirido más validez a medida que el tiempo ha transcurrido, porque ha resultado estabilizadora de la Constitución y de las discrepancias políticas.

Por lo tanto, debatir sobre una norma que regirá seis años después es simplemente una irresponsabilidad. Lo correcto es que la discusión, como he señalado, se sostenga cerca del término del período de los actuales Senadores designados.

Pero no sólo corresponde demostrar que estas expresiones de don Gutenberg Martínez son inexactas. También lo es toda su argumentación de legitimidad o mayor democracia del sistema proporcional.

Veamos las cifras. Hasta la fecha hemos escuchado una discusión teórica entre los que sostienen la legitimidad del sistema proporcional y los partidarios del sistema binominal. ¿Qué ocurrió en la práctica? En las elecciones de Diputados de diciembre de 1989, el Partido Demócrata Cristiano obtuvo el 26 por ciento de los votos y el 31 por ciento de representación; Renovación Nacional obtuvo el 18 por ciento de los votos y el 23 por ciento de representación; el PPD obtuvo el 11 por ciento de los votos y el 13 por ciento de representación. El índice de proporcionalidad del sistema binominal, como señaló el Diputado señor Galilea, fue de 97,2 por ciento.

Es decir, entre los votos efectivamente obtenidos por los partidos y el número de escaños en el Congreso, la coincidencia es del 97,2 por ciento. O sea, a la hora de demostrar si el funcionamiento práctico del sistema distorsiona o no la voluntad popular, se vio que el sistema binominal era coincidente en el 97,2 por ciento entre la voluntad expresada por la gente y el número de escaños que cada sector político obtuvo.

Pero no sólo eso. Además, el Diputado señor Galilea ha dicho que el proyecto del Gobierno está hecho para calzar los intereses de la Concertación. Quiero demostrar que es efectivo y que la reforma apunta indiscutiblemente a favorecer los intereses internos de la Concertación y no, como se ha sostenido, a crear supuesto mecanismo en que exista mayor representación de los sectores políticos.

Vamos viendo. Se sostiene por el Gobierno que el sistema binominal genera más distorsiones que su propio proyecto. De hecho, la diferencia entre los escaños y los votos, según el sistema del Gobierno, crece en un 8,2 por ciento a su favor, y hace caer la lista de la Oposición en un 49,5 por ciento de los votos.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto del Gobierno, ¿mejora la representación de los partidos minoritarios? Definitivamente, no. La UCC queda fuera y el Mida -el Partido Comunista- consigue un escaño, cualquiera que sea el sistema. En relación con el Partido Comunista -que ya lo tiene-, cabe señalar que sólo conseguiría un escaño si los votos obtenidos por el señor Soria son traspasados al candidato del Mida que lo representa.

El ejercicio práctico demuestra que en un cuadro de simulación entre el sistema binominal y el proyecto del Gobierno, basado en la elección municipal, el 53 por ciento de los votos de la Concertación sube al 67 por ciento, de acuerdo con el esquema del Gobierno; es decir, crece en un 14 por ciento. En el sistema binominal, en cambio, sube en proporción inferior; por lo tanto, se acerca más a lo que realmente ocurrió.

Pero el Pacto Democracia y Progreso, de la centroderecha, de un 29,7 sube a un 31 por ciento; es decir, sólo un 1,4 por ciento. En cambio, en el sistema binominal se asemeja bastante más a la realidad, al incrementarse en un 2,8 por ciento.

¿Qué quiero señalar con estas cifras? Que cuando se trata de números y de ver cómo funciona un sistema en la práctica, se acaban los argumentos y la demagogia; porque la práctica demuestra que el sistema binominal mantiene en forma más fidedigna los índices de proporción entre la representación y los votos de la gente y el porcentaje de escaños obtenidos por cada partido, que el sistema propuesto por el propio Gobierno.

Lo mismo ocurre en el caso de la actual composición del Senado. El proyecto del Gobierno hace crecer considerablemente a la Concertación, alejándola de la votación real obtenida, y aminora la representación de la Oposición.

Estos cuadros, obviamente, dejan a la luz un proyecto cuya proporcionalidad favorece a una sola parte y no corrige los naturales errores que todo sistema electoral puede tener.

Quiero señalar que el Diputado señor Schaulsohn apuntó al fondo de la cuestión. Efectivamente, tenemos una visión distinta, porque sobre sistema electoral hay distintos caminos que escoger.

La Concertación estima que el camino correcto es el que permite la proliferación de partidos políticos. Nosotros creemos que el sistema político debe conducir a que existan menos partidos, a que se formen coaliciones que den estabilidad y que los obligue a buscar entendimientos. Esta diferencia es sustancial, efectivamente.

No es más democrático uno que el otro, porque con este criterio habría que tener la osadía de sostener que el sistema inglés, en que con el 51 por ciento de los votos se lleva al ciento por ciento de los cargos, no es democrático.

Aún más. ¿Alguien afirmó que los parlamentarios se elegían en Atacama, Arauco, Aisén y Magallanes, a través de un sistema éticamente reprobable o mediante uno que no era democrático, cuando en esas circunscripciones y distritos, en el hecho, operaba un sistema binominal? Nadie lo sostuvo.

El debate consiste en demostrar el sistema más conveniente para Chile, y en esto ambas opiniones son válidas. Como en todas las cosas en la vida, podrá adoptarse la más correcta en conciencia. En este término debe centrarse, pero no en lo que resulta recurrente en algunos distinguidos parlamentarios, que, a falta de razones, comienzan las descalificaciones, a buscar contradicciones donde no existen.

Quiero ser muy claro. El Diputado don Gutenberg Martínez afirmó que parlamentarios de la Oposición señalaban en pasillos que serían partidarios de un sistema proporcional. A lo menos, puede que alguno -y está en su justo derecho- haya estimado o estime razonable esa situación. Pero yo también debo manifestarle que he escuchado a parlamentarios democratacristianos en los pasillos decir que no cambiarían jamás el sistema binominal, porque es la manera de impedir o bloquear la candidatura de Ricardo Lagos, porque obliga a la Concertación, y particularmente a la Izquierda, a aceptar un solo candidato presidencial para que haya una lista parlamentaria. El chantaje es evidente: dos candidatos presidenciales con dos listas parlamentarias podría significar para la Izquierda una catástrofe electoral.

Sostengo que el debate lo podemos centrar en la validez de los sistemas electorales. En nuestra opinión, es correcto el sistema binominal que hoy rige en Chile. ¿Que no estaría dispuesto a cambiar de opinión alguna vez en mi vida? No es cierto, porque como bien decía el Diputado Chadwick, se trata de instrumentos de los cuales dispone una sociedad democrática para intentar, de la mejor forma posible, escoger a sus representantes. Pero si la experiencia práctica demuestra, con los años, que este sistema tiene distorsiones, es evidente que cualquier parlamentario con sentido común tendría que estar dispuesto a debatirlo. Pero hoy, francamente, la experiencia demuestra que el sistema binominal ha operado bien; que la representación en el Parlamento de siete fuerzas políticas es proporcional a los votos que cada una de ellas obtuvo y, por lo tanto, no vemos razón alguna para que en las actuales circunstancias se pretenda cambiarlo.

Finalmente, respecto del tema de los Senadores designados, hay un problema de oportunidad, porque, más allá del interesantísimo debate sostenido por los Diputados Schaulsohn y Chadwick, pienso que este Parlamento no puede darse el lujo de discutir el tema con seis años de anticipación.

A esta discusión aportaremos muchos más argumentos y tendremos un período más prolongado de evaluación para determinar si la institución, para quienes son partidarios de derogarla, debe terminarse, o bien, para quienes sostienen que habiendo sido útil a Chile, debe mantenerse con algunas perfecciones.

Son los argumentos que deseaba hacer presente.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, mis comentarios son los siguientes:

Editorial Jurídica de Chile, publicación del año 1991, mes de agosto. Título: "Reforma de la Constitución Política de la República de Chile", profesor Carlos Andrade, página 243, tercera parte, anexo documento N° 1, Proposiciones de Renovación Nacional para una reforma de la Constitución de 1980, publicada el 30 de noviembre de 1988.

Leo tres citas:

Una, "Introducirle algunas reformas que contribuirán a mejorar las instituciones que consagra y a procurar, en torno a ella, un mayor grado de integración de todos los chilenos a la ordenada convivencia. Se manifiestan partidarios de la reforma."

Cita dos, página 247, número 5, letra A, documento de Renovación Nacional: "Composición y generación de la Cámara de Diputados".

"Renovación Nacional estima que la integración de la Cámara y el Senado es insuficiente para la adecuada realización de las funciones legislativas, de fiscalización y otras que la Carta entrega a estos organismos."

Página 248, letra C. "Renovación Nacional estima que todos los miembros del Parlamento deben arrancar su origen de la soberanía popular. Propone sustituir los incisos primero y segundo del artículo 45 por los siguientes:

"El Senado estará integrado por 40 miembros elegidos en votación directa".

Podría citar, además, lo que Renovación Nacional considera indispensable modificar. Entre estas proposiciones está la integración del Consejo de Seguridad Nacional. Señala: "Como consecuencia de las observaciones anteriores, se propone sustituir el artículo 95 de la Constitución, por el siguiente, que integra, entre otros, al Presidente de la Cámara de Diputados."

En esta materia, me remito a estas citas. Ahora, cabe compararlas con la opinión autorizada, como calificó el colega señor Espina la intervención del Diputado señor Galilea, quien comenzó diciendo que rechazaba el documento antes citado y sostuvo que la reforma desarticulaba la Constitución; rechazó también el documento de Renovación Nacional, manifestando que se estaba planteando aumentar el número de parlamentarios, e impugnó el documento de Renovación en cuanto al tema de los Senadores designados.

Segundo punto. En relación con los acuerdos de la Comisión técnica, es saludable que el Diputado señor Espina no los desconozca, a diferencia de otros personeros de Renovación Nacional, que públicamente han intentado hacerlo. Y dado a que, al tenor de sus palabras, Su Señoría les ha dado validez, al indicar que los representantes de Renovación Nacional sólo precisaron, en términos de que no era necesario constitucionalizar el tipo de sistema electoral, habría, por lo tanto, que abundar en las contradicciones, porque no tan sólo no cumplen lo dicho en su documento de 1988, en la propuesta de Renovación Nacional de ese tiempo, sino que tampoco lo hacen respecto del texto que firmaron sus representantes, referido a reemplazar el sistema electoral por uno proporcional corregido y también a cambiar la composición del Senado y de la Cámara ahora y no después.

Respecto de quienes han planteado falsedades, los Honorables colegas y la opinión pública podrán juzgar.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, el proyecto en debate es de aquellos en que debe hacerse mucho esfuerzo, e incluso llegar a cualquier renunciamiento, a fin de aprobarlo.

Es una iniciativa que tiende a perfeccionar y a extender los beneficios de la democracia a todas las expresiones de orden político e ideológico que existen en el país y que hasta ahora, por este sistema binominal, sencillamente han quedado marginadas de emitir su opinión y votar en el Parlamento. Así lo quiso el señor Pinochet cuando puso en vigencia este sistema electoral -como digo- antidemocrático y propio de una dictadura que estimaba que muchos sectores, entre ellos los populares, no tenían derecho a obtener una representación decente en el seno del Parlamento.

Los llamados elegantemente Senadores constitucionales -otros los llaman, no tan elegantemente, Senadores designados; pero el pueblo los conoce como Senadores designados "a dedo" por el señor Pinochet- han cumplido cabalmente, junto con la Derecha, con su misión de votar todo lo que viene de parte del señor Pinochet. No ha habido excepción a ese mandato que a la distancia les ha entregado y que ellos cumplen dócilmente, lo cual ha hecho posible que hasta ahora los proyectos más importantes, especialmente los referidos al pueblo, como el de los pensionados y aquellos que benefician a los sectores más desposeídos del país, permanezcan encarpetados y atascados en las gavetas de algunos Senadores.

El proyecto, al proponer la eliminación de los Senadores "a dedo", cumple plenamente con su objetivo, así como también al permitir que se disponga del tiempo necesario para que los Diputados presentes emitan sus opiniones respecto de esta institución inédita, tanto en la historia electoral del país como en otros países de América Latina, donde han proliferado tantos dictadores como el señor Pinochet.

Este solo enunciado de eliminar esa institución falsa, sobrepuesta, pegada con cualquier cosa, pero menos producto de la expresión del pueblo, de la ciudadanía, de la gente que vota, de la gente que luchó y combatió para hacer posible que este país diera un paso hacia la democracia, justifica plenamente el envío de este proyecto y el que lo votemos favorablemente.

Lo mismo sucede con el sistema binominal donde ganan los que pierden y pierden los que ganan. Un partido que obtiene un 33 por ciento se empina por sobre el que ha sacado dos tercios de la votación. ¿Cuántos partidos de los aquí nombrados, como el Comunista y la Unión de Centro Centro, a pesar de que sus candidatos, en muchas zonas, sacaron un número bastante grande de votos, no obtuvieron representación justamente por este sistema binominal, de pactos y arreglines, para impedir que se expresara plenamente toda la gama de partidos, de ideas, de planteamientos, de ideologías, en el seno de este Parlamento, que esperamos sea la expresión de todas las opiniones que se dan en la lucha política de nuestro país?

Por eso, se debió aprobar y apoyar este proyecto sin discusión. Pensé que la Derecha entregaría su voto favorable a esta iniciativa, pero como dice el pueblo de Chile, "ni tonto". Si yo fuera de la UDI o de Renovación Nacional, también votaría en contra, por una razón muy sencilla: porque la ley vigente está hecha para ellos y en contra de las mayorías expresadas aquí y de otras grandes mayorías, como las populares, representadas en esta Cámara por este modesto parlamentario de Izquierda-Izquierda.

El señor ESCALONA.-

De la nueva Izquierda.

El señor PALESTRO.-

Diputado señor Escalona, no soy de la nueva Izquierda, porque no creo en ella. Es lo mismo que dijeran que hay una nueva Derecha. La Derecha fue, es y será siempre la Derecha, y no habrá nunca una nueva Derecha sin los vicios que ostentaron y siguen teniendo. En la Izquierda sucede lo mismo: uno es de Izquierda-Izquierda o no, sencillamente.

Yo no hablo en defensa del Partido Comunista. Somos aliados en una organización de partidos, tal como la de la Concertación o de la Derecha, y conformamos una agrupación de sectores populares, progresistas y democráticos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de inscribir sus candidatos para la última elección de concejales, pero que hasta el golpe representaba un 30 o un 40 por ciento de la opinión pública nacional.

Respecto de aquellos famosos tres tercios de que alguien hablaba, con temor de que volviera a revivir esa correlación de fuerzas en la política chilena, puedo decir que fue una demostración de cómo operaba la democracia en forma amplia, sin ninguna reticencia, hasta el 73, sin persecuciones ni nada que entrabara la expresión de esos tres tercios, que se volverán a formar, y eso no es ir en contra de la democracia, sino asegurar la participación de todos los sectores de la vida nacional en la política chilena, para que también se expresen y hagan llegar su pensamiento a esta Cámara o al Senado. Lo peor que puede suceder es que sigan existiendo esas cosas inéditas, como son los Senadores designados "a dedo" y ese sistema binominal, tan raro, que sólo lo aprovechan los sectores de la Derecha, donde ganan los que pierden y pierden los que ganan, como sucedió en la última elección parlamentaria.

Por eso, este proyecto tiene grandes méritos y va a servir para dar un empuje despejar más el camino hacia una auténtica democracia, que sirva a todos los sectores y a la ciudadanía con distintas maneras de pensar y no como ahora, en que se han apoderado del Poder Legislativo sólo dos o tres grandes agrupaciones políticas.

Expreso mi voto favorable al proyecto porque en él también se permite participar a los independientes, que constituyen una gran franja de ciudadanos chilenos que tampoco han tenido la oportunidad de manifestarse como tales, ya que siempre han estado marginados. Es una excelente idea la de permitir que esa enorme cantidad de ciudadanos, que no pertenecen a partidos políticos, puedan buscar la forma de hacer llegar sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados, con el objeto de completar el arco de opiniones y de opciones políticas y no políticas en nuestro Parlamento.

Cuando se habla del peligro -y lo señalaba el señor Galilea- de que nuevamente se constituyan los tres tercios en la política chilena, yo le digo, por si no se acuerda, que uno de esos tercios lo formaba la Izquierda, que jugó un papel preponderante e histórico en cuanto a impulsar las leyes sociales, la cultura y todo lo que significó un avance, un adelanto para el pueblo de nuestro país. Sin embargo, durante el golpe militar fue prácticamente diezmada, arrasada, y sus mejores dirigentes asesinados, desaparecidos, torturados, exiliados. Ese tercio, que representaba la parte más activa de la sociedad, porque agrupaba a los obreros, a los trabajadores, a los campesinos, a las dueñas de casa, a los pobladores, a la gente que producía en nuestro país, reitero, fue diezmado y arrasado por la dureza y bestialidad de la dictadura. Uno de los integrantes de la Junta de Gobierno dijo al principio que en Chile el único hombre de Izquierda bueno era el izquierdista o el comunista muerto. Y cumplieron al pie de la letra esas palabras, porque así era el odio irracional que imperó en este país e hizo posible que la Izquierda perdiera terreno, el que está recuperando a ojos vista, cosa que saben los señores Diputados de la Derecha. Y se va a recuperar mucho más en la medida en que avance, se organice y cuente con mejores medios de difusión, no tan grandes como los de la Derecha, para dar una batalla en condiciones dignas. Tengan la seguridad absoluta de que la Izquierda va a volver a enarbolar las banderas que llevaron al Presidente Salvador Allende a ocupar el cargo de Presidente de la República.

Por todo lo anterior, voy a votar favorablemente el proyecto enviado por el Gobierno.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Peña.

El señor PEÑA.-

Señor Presidente, la reforma que hoy se pretende introducir a nuestra Constitución Política apunta principalmente a consolidar y profundizar la legitimidad y la eficiencia de las instituciones fundamentales de nuestra democracia y a hacerlas más funcionales, acorde con el proceso democrático que entre todos estamos construyendo.

Estas ideas centrales se expresan en el cambio del sistema electoral en su modalidad binominal mayoritaria y en eliminar la institución de los Senadores designados.

Cuando se escuchan intervenciones como la del Honorable señor Chadwick, se puede apreciar que su perspectiva y visión de la democracia son distintas de las que la mayoría del Parlamento entiende como un sistema democrático en esta era contemporánea. Como se ha señalado en intervenciones anteriores, eso no nos debe llamar mayormente la atención. Pero al tratar de mantener instituciones que la mayoría de este cuerpo colegiado rechaza -el cual, de alguna manera, representa la mejor forma de expresión democrática y del ejercicio de la soberanía popular- por meras circunstancias particulares, por muy respetables que sean los puntos de vista, estimo que vamos por un camino equivocado.

No estamos aquí para defender opiniones individuales respecto de un sistema de gestión y de participación ciudadana en los órganos públicos establecidos en la Constitución Política, sino para generar los mecanismos institucionales que permitan a la mayoría del país decidir qué sistema desea para facilitar la participación ciudadana. Y la mayoría de este Parlamento entiende, acepta y lucha por uno distinto del concebido por el señor Chadwick y por la Oposición política representada en el Parlamento.

Por lo tanto, desde el punto de vista de nuestra función pública, de nuestra responsabilidad, tenemos que asumir el reto que nos da la representación de esta mayoría del país.

Por otra parte, se ha señalado que son innecesarios los argumentos que particularizan la discusión. ¡Pero si estamos hablando en política! Y abrir una ventana en la Constitución Política significa adentrarse después en el contenido, en las especificidades, en los detalles que el Congreso Nacional debe decidir soberanamente para los efectos de complementar los mecanismos a que he hecho referencia.

¿Cómo se hará? El Parlamento, en virtud de sus facultades soberanas, deberá decidir el día de mañana, por la vía de las enmiendas a las leyes orgánicas constitucionales antes mencionadas, la forma de generar un sistema que se conjugue y armonice de mejor manera en una manifestación democrática participativa y pluralista, que recoja la diversidad de pensamiento que existe y se entrecruzan en el tejido social.

Para eso, nada mejor que abocarse al estudio del tema y entregar señales claras hoy, porque muchas veces -y en reiteradas ocasiones- miembros de este Parlamento invocan la estabilidad y la seguridad de las instituciones fundamentales de la República. ¡Nada mejor que hacerlo hoy, con antelación, para que la opinión pública y el país conozcan las reglas del juego sobre las cuales deseamos transitar el día de mañana en la profundización del proceso democrático! El sistema que hoy queremos cambiar tiene su origen en una etapa política marcada fundamentalmente por un régimen de gobierno autoritario. Los asesores "duros" del régimen militar convinieron, adecuaron y diseñaron un sistema que les acomodaba a sus propósitos políticos, a su visión de sociedad, a sus ideas, a sus doctrinas, pero –reitero- hoy es minoritario, y crearon una estructura bipartidista, no ideológica, que reemplazara el multipartidismo que se había concentrado y expresado en Chile hacia 1973. Eran las famosas tres bandas o tres tercios, que caracterizó a la política chilena por más de medio siglo.

No podemos elaborar leyes absolutamente divorciadas de la realidad, pues los porfiados hechos, la experiencia, nos convocan a hacer funcional la normativa que dictemos con la realidad política. La historia política chilena muestra este enraizado multipartidismo, que sigue siendo independiente de las variaciones de los sistemas electorales y su reforma.

Ahora bien, teóricamente, los sistemas electorales se agrupan en mayoritario pluralista y de representación proporcional. El punto clave radica en que los dos sistemas involucran conceptos distintos de representación. Políticamente, el que pretendemos modificar está llamado a producir el efecto de asegurar a los partidos de Derecha que puedan ocupar una cantidad importante de escaños. De hecho, no sólo hay una garantía de representación, sino, además, una notoria ventaja para un partido que puede obtener sistemáticamente alrededor de un tercio de los votos dentro del contexto de un modelo de competencia bipolar.

Para lograr esto, con anterioridad a las elecciones de 1989 se volvieron a trazar las líneas de demarcación de los distritos, creándose 60 en lugar de 28, cada uno de los cuales debían enviar dos miembros a la Cámara de Diputados. Los distritos se modificaron de modo de beneficiar a los partidos de gobierno de ese entonces, con un sesgo a favor de las zonas rurales, tradicionalmente más conservadoras.

Según datos que tengo en mi poder, los 20 distritos menos poblados con 1,5 millones de personas, eligen 40 Diputados; en cambio, los siete de mayor población tienen aproximadamente la misma cantidad de habitantes, pero sólo eligen 14. Por otra parte, al reducir los distritos electorales a la magnitud de dos representantes, los autores de la ley buscaron una fórmula que garantizara al régimen militar una representación equiparada en la Cámara, con menos del 40 por ciento de la votación.

Esta es una ley que puede contribuir a una gran volatibilidad política y a excluir a corrientes ideológicas enteras de la representación legislativa, aun cuando es ilusorio suponer que esta falta de representación llevaría a que desapareciera. La exclusión de una tendencia importante sin duda que tendría consecuencias desestabilizadoras, pues aunque el sistema electoral evita la fragmentación partidaria, no incentiva el bipartidismo. Estas realidades hacen del sistema electoral chileno un serio obstáculo para la normalización democrática.

Precisamente porque nos interesa la estabilidad del país y dado que estudiosos -eso sí estudiosos, y no personas que se atreven a leer artículos en la Cámara- como don Samuel Huntington, profesor de la Universidad de Harvard, en el libro "El orden político en las sociedades en cambio" desarrolla un tesis acerca de la violencia y la inestabilidad en las sociedades. Señala: "La tesis primordial de este libro es que constituyeron en gran parte el resultado del rápido cambio social y de la veloz movilización política de nuevos grupos, junto con el lento desarrollo de las instituciones políticas". ¿Cuál es el mensaje que nos entrega? Que el principal problema de la política es tratar de adecuar a los tiempos las instituciones del Estado, que deben responder en forma eficiente y dar seguridad al sistema y no ir a la zaga en el correr de la historia.

Alexis de Tocqueville, en su libro "Democracia en América", indica lo siguiente: "Entre las leyes que rigen a las sociedades humanas hay una que parece mucho más precisa y clara que todas las demás. Si los hombres quieren seguir siendo civilizados o llegar a serlo, el arte de asociarse debe crecer y perfeccionarse en la misma proporción en que aumenta la igualdad de condiciones".

En la medida en que avanza el proceso democrático, en que se profundiza y reconocemos acceso a amplios sectores de la sociedad a la cultura, economía, educación y bienestar, aumenta, por esas circunstancias, la participación de la ciudadanía, que cuando se expresa en el tejido social, exige una renovación de las instituciones del Estado, las cuales hoy, como la que nos ocupa, fueron diseñadas en un gobierno autoritario que no responde a lo que la sociedad chilena quiere construir como dueña de su propio destino.

Parece innecesario ahondar en esos aspectos, pero quiero resaltarlos, ya que reflejan nuestra preocupación por la estabilidad que queremos para el país. No descansaremos hasta lograrla. Estamos intranquilos, con una motivación de desasosiego. Por ese objetivo seguiremos luchando dentro de los cauces que nos entrega la institucionalidad vigente. Queremos canalizar el cambio propio de las sociedades en vías de desarrollo por la senda del derecho, del respeto a las personas y del sistema democrático.

Por eso, perseveraremos y nos esforzaremos por perfeccionar el sistema, aun cuando ahora, a lo mejor, no estén dadas las circunstancias para aprobar esta reforma. Sin embargo, mañana, con más fuerza haremos presentes estos argumentos.

Algunos señores Diputados tratan de hacer un símil entre el desarrollo de nuestra sociedad con el de sociedades mucho más avanzadas, con siglos de historia. Se señala, por ejemplo, el caso de Inglaterra; a lo mejor, también se puede mencionar a Estados Unidos, que poco se cita. Es cierto que han alcanzado un desarrollo del que todavía estamos a años luz, pero si no nos damos cuenta de sus circunstancias, recorreremos un camino errado.

Están equivocados quienes sostienen que para entregar estabilidad al país deben generarse, ojalá, dos grandes partidos que asuman la conducción política del Estado, porque en las sociedades en vías de desarrollo, nuestros sueños, nuestra visión de sociedad, nuestras utopías -que, tal vez, subyacen en lo más profundo de cada una de las doctrinas que alimentan nuestra acción política- son distintas, porque las necesidades son múltiples, y existe la vocación y, además, el requerimiento a cada uno de nosotros para idear distintos proyectos de desarrollo y tratar de plasmar los nuestros.

Por ello, aunque nos esforcemos, no es posible establecer ese sistema en nuestro país.

Esto tiene alguna relación con el mandato y con la vocación de cada uno por recoger de la mejor manera el bien común, que es el gran bolsón ético de la sociedad.

Por eso, cuando se plantea la utilidad que han prestado o el desempeño que han tenido los Senadores designados, desde el punto de vista ético nos traicionamos, porque se afectan principios en los cuales creemos y por los cuales luchamos, porque la política no es otra cosa que una ciencia moral y ésta es una de las enseñanzas que necesariamente debemos empezar a aprender y a asumir.

Por último, quiero señalar que el Diputado señor Galilea tuvo una oportunidad exquisita hace poco rato para dar respuesta a un asunto muy simple.

En Inglaterra existe -yo diría- una sola Cámara, la de los Comunes. Y leo a Arend Lijphart, en su libro "Las democracias contemporáneas". Dice: "El Parlamento Británico consta de dos Cámaras: la de los Comunes, elegida por voto popular, y la de los Lores, que se compone principalmente de miembros de la nobleza hereditaria. Su relación es asimétrica, ya que casi todo el poder legislativo pertenece a la Cámara de los Comunes". ¿Por qué? "Porque es la Cámara que recoge la legitimidad de la soberanía popular." "El único poder que ostenta la Cámara de los Lores es el de retrasar la legislación: puede hacer que los presupuestos se demoren un mes y todos los demás proyectos de ley, hasta un año. Puede aducirse -continúa el autor- que una versión más pura del modelo de Westminster estaría caracterizado por el unicameralismo, porque una cámara única, dominada por un partido mayoritario y por un gabinete monocolor sería una manifestación más perfecta del dominio de la mayoría. Sin embargo, Gran Bretaña se aproxima mucho a este ideal, de lo que es una muestra el que en la conservación de cada día, por "Parlamento" se entienda casi exclusivamente la Cámara de los Comunes. El bicameralismo asimétrico británico –concluye- puede también denominarse cuasi-unicameralismo."

El señor LONGTON.-

¡Está gringo!

El señor PEÑA.-

¡No es necesario ser gringo para tener acceso a los libros, señor Longton!

Además, quiero expresar que la institución de los Senadores designados repugna a los que creemos en la democracia, por una concepción de fondo y, además, por la forma y circunstancias en que fueron designados. Responden a un sistema autoritario. Jamás ninguno de ellos se sometió al veredicto del pueblo, que es el único que legitima el poder de sus representantes.

En esta materia, los demócratas estamos convencidos de que el sillón que se nos entrega no es nuestro, sino del pueblo.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, para poder ordenar el debate, es necesario dejar constancia, que no se está discutiendo una "Reforma Constitucional en materias electorales", a pesar que el título del proyecto así lo indica, sino que estamos tratando una reforma para perfeccionar las normas que regulen la generación y composición del Congreso Nacional.

En razón de ello, no nos corresponde en esta oportunidad analizar, discutir, ni pronunciarnos sobre sistemas electorales, y en consecuencia las alegaciones que se han hecho, en la Sala, a través de las intervenciones anteriores, referidas a que se pretende aumentar el número de parlamentarios; que se trata de reformas para poder mantener el pacto de la Concertación; que el sistema proporcional es mejor que otros, son afirmaciones improcedentes.

Las materias en discusión pueden ser resumidas en dos aspectos substanciales: la supresión de la institución de los Senadores designados y la supresión en la Constitución de materias propias de leyes orgánicas. El resto de las disposiciones del proyecto, son complementarias de estos dos hechos substanciales.

El objetivo de esta reforma es el fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de la función legislativa. La legitimidad tiene su fundamento en el origen del mandato parlamentario, que no puede ser otro en una democracia que la manifestación de la voluntad soberana a través del sufragio libre, secreto, debidamente informado.

Por otra parte, para consolidar el régimen democrático es necesario: restablecer el equilibrio adecuado entre las funciones y atribuciones de cada uno de los Poderes del Estado; lograr que la ley sea efectivamente la manifestación de la voluntad soberana, lo que exige que en el proceso de formación sus actores sean los representantes de la voluntad popular, reafirmar que la soberanía se manifiesta,, para la constitución del Poder Legislativo, a través de una elección libre, competitiva y sus representantes elegidos en forma proporcional.

Para llevar a efecto estos principios se proponen dos reformas: la eliminación de la institución de los Senadores designados y el depuramiento de la Constitución Política de la República.

Para el cumplimiento del primer objetivo, se propone suprimir la norma actual del N° 6 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, que establece la existencia de estos Senadores y más adelante se propone, en otras normas, suprimir toda referencia a esta institución.

La existencia de estos Senadores afecta la independencia que debe existir entre los poderes del Estado y otras instituciones, y así no puede aceptarse que el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Consejo de Seguridad y las FF.AA intervengan en la designación de los integrantes del Poder Legislativo.

Siempre hemos considerado que la Cámara de Diputados es diferente en sus funciones al Senado, y así mientras la Cámara debe representar políticamente a la población, el Senado debe estar integrado en razón al territorio; mientras la primera es cámara política, la segunda es una cámara revisora, donde debe primar la experiencia y continuidad. Al incorporar Senadores corporativistas, en razón a su origen, estamos alterando la esencia del Senado.

No podemos negar que los actuales Senadores designados han representado un valioso aporte a la gestión legislativa, pero consideramos que siempre se podrá contar con su aporte a través del trabajo de las Comisiones.

En estricto derecho, la permanencia de esta institución atenta a un régimen auténticamente democrático y representativo y corresponde corregir dicha distorsión, señalándose que en lo sucesivo se eliminará dicha distorsión.

El segundo objetivo de esta reforma es suprimir la existencia de normas legislativas en el texto de la Constitución. El principio básico admitido de manera uniforme por la doctrina y el derecho comparado es que la Constitución, por su naturaleza, por tratarse de la ley fundamental, debe contener normas de carácter general impersonal, abstractas, y que serán las leyes orgánicas, las de quórum calificado y las demás leyes, las que desarrollarán dichos preceptos, correspondiendo a la potestad reglamentaria determinar los detalles.

La reforma propone reemplazar los actuales artículos 43 y 45 de la Constitución que señalan el número de parlamentarios y la forma de su elección, por nuevas normas genéricas que entregan a la Ley Orgánica del Congreso Nacional determinar y legislar sobre chichas materias. Se trata de principios que no deberían producir discusión alguna, porque tienden a establecer normas auténticamente constitucionales.

Pretender que la Constitución contenga normas sobre sistemas electorales, representa un retroceso, un atentado grave a lo que debe ser una Constitución. No nos estamos pronunciando, ni tomando partido por uno u otro sistema; sólo estamos solicitando que dichas materias las discutamos y analicemos en profundidad cuando tratemos la reforma de nuestra ley orgánica.

La reformas propuestas constituyen un avance en pro de restituir al Parlamento sus auténticas facultades, y ellas lógicamente deben iniciarse con la aplicación integral del principio que este poder del Estado debe representar la voluntad popular, para que de esta manera pueda legislarse en forma democrática y fiscalizar en forma efectiva.

Hoy estamos actuando como poder constituyente, y como tales tenemos la obligación de aprobar esta reforma para dar al país una autentica Constitución que a través de estas reformas pueda representar el querer de un país que busca la consolidación de la democracia a través de sus instituciones representativas.

He dicho.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, en esta oportunidad esta Honorable Cámara discute un proyecto de reforma al sistema electoral vigente que reviste profunda importancia para las bases mismas del sistema democrático de nuestro país. En efecto, sabemos que la democracia significa, entre otras cosas, el gobierno de la mayoría, de forma de que se brinde a la ciudadanía la más amplia posibilidad de participar en el sistema, cualesquiera que sean sus ideas, sin más requisitos que su adhesión al régimen democrático.

Esto trae como corolario que, en las esferas de poder, fundamentalmente político, las distintas utopías, ideas o convicciones de los ciudadanos deben encontrar la forma de expresarse adecuadamente. De otro modo se atenta contra los supuestos mismos de la democracia. Nada más alejado de su espíritu que el impedir la participación de determinadas agrupaciones.

Esto cobra mayor relevancia cuando los aspectos formales de un sistema político institucional no se ajustan a la esencia del mismo.

En cuanto a los sistemas electorales, en doctrina tenemos dos grandes grupos, cuales son los mayoritarios y los proporcionales. En cuanto a su conveniencia, se dice que los sistemas mayoritarios contribuyen a la estabilidad del sistema y a la conformación de grandes bloques de gobierno y oposición. Respecto a los sistemas proporcionales, se indica que ellos permiten una mejor representación de las distintas fuerzas políticas, dando, de esta forma, también, estabilidad al sistema.

Sin embargo, más que estas discusiones teóricas que, en ocasiones se transforman en el centro de la discusión, creo que lo más importante debe ser, por un lado, el respeto a la esencia del sistema democrático, cual es la participación y el gobierno de la mayoría y, por otro, atender a la historia, al devenir propio de las naciones, con vistas a conformar de acuerdo a su propia experiencia el sistema que más se ajuste a su realidad.

Pues bien, es de todos sabido que nuestro país se ha caracterizado históricamente por la existencia de un gran número de fuerzas políticas. Este es un hecho cierto y que debe ser considerado a la hora de abordar el sistema electoral vigente. La situación fáctica de que ellos se agrupen o no en bloques de gobierno y oposición, se produce según la coyuntura política, sin necesidad de que dicha conformación deba darla la ley.

En Chile históricamente existieron grupos de gobierno y de oposición, sin necesidad de recurrir a esta fórmula electoral sui géneris, que dicho sea de paso no se ajusta ni a las características de los sistemas mayoritarios ni, con mucho, a los sistemas proporcionales. No parece razonable que sea la ley la que trate de imponer por la fuerza lo que no se da en los hechos.

Parece más viable y más democrático que el sistema político se ajuste a la realidad de un país y no que fuerce la producción de determinados resultados.

En este sentido, tampoco se deben otorgar a tales normativas electorales más bondades que las que efectivamente tiene. En relación a esto podemos decir:

1. Que es falso que la existencia del actual sistema electoral evite la conformación y la representación parlamentaria de una multiplicidad de partidos. Un simple análisis nos lleva a concluir que del resultado de la última elección parlamentaria se derivó una representación parlamentaria de más movimientos o partidos que en muchos períodos de vigencia del sistema proporcional.

2. Tampoco es efectivo que este sistema brinde mayor estabilidad al conformar grupos parlamentarios de Gobierno y Oposición. Estos grupos han existido siempre y aun en el conocido esquema de los "tres tercios" se dio la misma agrupación partidaria. Por otra parte no puede darle mayor estabilidad a la democracia la exclusión del Parlamento de determinadas fuerzas, sabemos que este sistema electoral favorece al segundo bloque político, que obtiene una sobrerrepresentación, mientras éste obtenga la cantidad necesaria de votos para evitar que sea duplicado en preferencias ciudadanas en importante número de distritos, caso en el cual la situación es inversa. Esto produce la exclusión de toda tercera fuerza, lo que a su vez puede llevar a que excluidas de la representación parlamentaria estas agrupaciones se transformen en antisistema, atentando así contra la pretendida estabilidad.

Por tanto vemos que resulta más acorde a la idiosincrasia y a la realidad nacional, caracterizada por una multiplicidad de partidos y agrupaciones la existencia de un sistema electoral proporcional que asegure a cada cual una participación en el Parlamento que se acerque lo más posible a la cantidad de preferencias ciudadanas obtenidas en las urnas, cualquier otra fórmula que, amparada en ideas, como la estabilidad de la democracia o la eficacia gubernamental, pretende legitimar un sistema que excluya a diversos sectores del país y que, más cercano a conveniencias electorales de corto plazo, evite que el sufragio ciudadano sea el vehículo de definición del sistema, constituye un atropello a la esencia misma de la democracia.

Resultaría incomprensible para una fuerte mayoría nacional que en un momento, como lo fue en 1989, se pronunciara por una transformación legislativa de determinadas situaciones, que ésta no se produjera porque el sistema electoral torció la mano a dicha voluntad popular disminuyendo su grado de influencia en el poder estatal. Es absurdo pensar que en un sistema democrático pleno, en aras de la estabilidad del sistema, un 34 por ciento de ciudadanos tengan igual representación y por tanto influencia en la toma de decisiones que el restante 68 por ciento. ¿En qué queda el gobierno de la mayoría? ¿No se afecta a las bases mismas de la democracia?

Se agrega a este sui géneris mecanismo electoral vigente, en lo que dice relación a dificultar la influencia de los ciudadanos en la toma de decisiones, la institución de los Senadores designados, los cuales no representan la voluntad nacional y que, en la cantidad y proporción que se encuentran en este Parlamento, constituyen un grave factor de distorsión del sufragio ciudadano. Es cierto que dichos Senadores existen también en otras naciones, pero aún en esos casos su influencia es mínima en cantidad. Existe prudencia en su nombramiento, en cuanto a su representación política y, en general, corresponden a personalidades como ex presidentes de la nación que, en su oportunidad, han contado con respaldo electoral. En un aspecto más coyuntural, para nadie es un misterio que hasta aquí estos Senadores han hecho bloque con la oposición para entrabar, fundamentalmente las reformas constitucionales que ha pretendido el Gobierno, toda vez que su nombramiento recayó en destacados personeros del Gobierno Militar.

Por tanto considero necesario que el debate más que centrarse en aspectos teóricos acerca de las ventajas o desventajas de un sistema debe darse en torno al respeto de la voluntad de los electores, base del sistema democrático, además de buscar que la normativa electoral se ajuste a la realidad política del país, más que a consideraciones doctrinarias de dudosa sustentabilidad. Por otro lado debe existir, al tratar este tema, un grado importante de madurez de los actores políticos, para sobreponerse a la contingencia del momento y a las ventajas que puede otorgarles una determinada fórmula. Se trata, en definitiva de darle al voto de los ciudadanos la fuerza necesaria para que en un determinado momento las fuerzas que cuenten con un respaldo mayoritario de las urnas pongan en práctica las propuestas que les merecieron el apoyo popular. También, en otro sentido, esto apunta a darle, para la ciudadanía, “credibilidad" a la democracia como sistema de gobierno, al constatar los ciudadanos que lo que han expresado se refleja en la forma de abordar los problemas de la nación, por cuanto hasta aquí no se entiende que una fórmula legal sea más fuerte que la voluntad de los ciudadanos.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, al oír a los parlamentarios de Derecha, me parece que estuviéramos en una Torre de Babel, con la agravante de que decimos las mismas palabras, pero con un sentido distinto. Conceptos como democracia, sufragio universal, pueblo, parlamento, soberanía, representación, tienen un significado para la Concertación y otro para la Derecha.

La síntesis del proyecto que abordamos estriba en la misma frase del artículo 20 de la Ley Fundamental de Alemania contemporánea: "Todo poder público emana del pueblo". Este es soberano y los organismos del Estado sólo pueden legitimarse invocando esta soberanía. La democracia se distingue, así, de otras formas de ordenamientos políticos, las que invocan para su legitimación una ideología "verdadera" o, como en la antigüedad, la gracia divina.

Esto lo digo, a propósito de algunas ideas que sostuvo el Senador asesinado don Jaime Guzmán, quien en diversas publicaciones resumidas en la Revista de Estudios Públicos de 1991, páginas 321 y siguientes, sostuvo que: "La democracia no es un fin sino un medio; el sufragio universal debe ser atenuado en sus efectos; la soberanía no puede reducirse al mero sufragio universal, porque la vida del pueblo se expresa en forma incomparablemente más rica, más variada y orgánica; el sufragio universal es predominante pero no excluyente para generar las autoridades políticas; el sistema democrático basado en la generación de las autoridades por un sufragio realmente libre, constituye un ideal que sólo funciona adecuadamente en países de alto desarrollo económico, social y cultural. Restablecer el sufragio universal antes de ello, sí que sería exponerse a la repetición de la dramática experiencia vivida por nuestro país en el período anterior a 1973; la democracia necesita un compromiso fundado en lo que ésta pueda dar a los ciudadanos; o que el pueblo no elige mandatarios, sino a quienes deben mandarlo. Esto no es raro; que la Constitución de 1980 contenga Senadores institucionales ajenos en su origen a la soberanía popular, que existe un Consejo Nacional de Seguridad, un sistema presidencial lindante en el cesarismo, la inamovilidad de los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y Carabineros, la autonomía del Banco Central, el Tribunal Constitucional, sin perjuicio del natural contrapeso del Parlamento. Por ende, la Constitución protegida, tecnificada implicaba la Seguridad total.

Este intento puede compararse con el afán moralizador de Egaña en el siglo pasado, cuando recién nacía la República. Ahora se trataba de establecer seguros, fusibles que sujetaran la realidad siempre dinámica de la vida social de un pueblo. Dentro de esas ideas se inscribió la institución de los Senadores designados, y la imposición de un sistema binominal que asegurara la continuidad del régimen. Sin embargo, los pueblos tienen otros cursos. Los pueblos no compran seguros de vida para vivir democráticamente. Así fue una mera ilusión que los Senadores designados constituían un efectivo resguardo de la Democracia.

Varios señores Diputados le han supuesto a los Senadores institucionales una serie de virtudes por el hecho de haber previamente desarrollado tareas muy delicadas e importantes en el pasado, y ahora se supone ellos trasladarían tales cualidades al Senado, como personas que están por sobre el bien y el mal. Pareciera que nos hablaran de las lenguas, de fuego que transformaron a los sencillos pescadores de Galilea en apóstoles del cristianismo. Tales funciones las cumplen todos los Senadores elegidos por voto popular, y las cumplieron en el pasado. De esta manera, no hay tal imprescindible aporte al trabajo legislativo.

Esta institución de la Constitución de 1980 es un irritante privilegio que recuerda los títulos nobiliarios que permitía colocar en sus casas escudos y blasones, sabiamente suprimidos por los patriotas chilenos en el nacimiento de nuestra patria. Tales Senadores no necesitan campañas electorales; quizás o a lo más empeños personales y privados para obtener la prebenda. No ocupan tiempo y patrimonio en la conquista de adhesiones. Carecen de toda obligación para con los electores. No tienen residencia, ni territorio, ni responden a determinados números de votantes. El pueblo no puede opinar sobre sus conductas, ni juzgarlos en los actos cívicos electorales, ya que no admiten confrontación alguna. Rompen la igualdad ciudadana, el sistema electoral y la soberanía popular. Están casi en el nivel de príncipes y de cardenales, puesto que el Senado tiene así tres clases de Senadores: los designados, los elegidos y los exPresidentes de la República.

Más aún, gozan de todos los privilegios parlamentarios y de todos sus derechos, pero recíprocamente carecen de todo deber para con el electorado. Este sistema sólo existe en Irlanda, donde sus miembros son nombrados por el Primer Ministro (11 de un total de 60), 5 por las Universidades y 43 por diversas instituciones relevantes. Además, Italia mantiene esta institución de 5 senadores vitalicios nombrados por el Presidente de la República. Pero allí existen sistemas parlamentarios de gobierno que reemplazaron a regímenes monárquicos. En suma, tal institución es absolutamente extraña a nuestras tradiciones políticas.

El Diputado Chadwick de la UDI, ha creído conveniente defender esta institución fundado en la distinta concepción que tiene el Senado respecto de la Cámara de Diputados y en sus diversas funciones. Aparte que el Senado y la Cámara de Diputados tienen en general la misma función política de legislar, ello no justifica que existan Senadores de primera, segunda y tercera clase. Cuando el Senado actúa como jurado, o como órgano de nombramiento o remoción de altos funcionarios, o cuando conoce de la acusación constitucional ya aprobada por la Cámara, no requiere en forma imprescindible que existan personas no escogidas en una elección popular, y así aconteció en el pasado. La existencia de Senadores institucionales no añade un codo a la estatura del Senado.

Ya en el año 1986, el ex Senador Francisco Bulnes Sanfuentes, dirigente de Renovación Nacional, abogaba por la supresión de esta rara institución, en su discurso de incorporación a la Academia Chilena de Ciencias Sociales, publicado en la Revista de Derecho de la U. Católica Enero-Abril de 1986, y por el aumento a 50 de los Senadores elegidos, y 150 Diputados, y es conveniente oírlo en sus sabias prevenciones: "Desde luego, no hay razón alguna para que el Presidente de la República designe dos Senadores, pudiendo eventualmente decidir de ese modo la mayoría del Senado, que es por naturaleza un Poder independiente del Ejecutivo. Sin necesidad de crear esa anomalía, el Presidente participa protagónicamente en la elaboración con sus múltiples facultades de colegislador que le permiten presentar proyectos de ley, hacer indicaciones a ellos, participar en su discusión por intermedio de Ministros y Subsecretarios, recabar urgencias y sesiones especiales, vetar proyectos ya despachados, formularles observaciones supresivas, aditivas o sustitutivas, convocar a legislaturas extraordinarias, determinar los proyectos de la ley que podrán tratarse en ellas, etc. No es necesario, por lo tanto, que el Presidente designe senadores para hacer oír en el Senado su voz, que tiene tantas y tan poderosas formas de expresión.

"Tampoco hay razón ni conveniencia para que la Corte Suprema elija tres senadores, pudiendo también decidir la mayoría del Senado. Los magistrados de ese alto Tribunal han sido seleccionados como personas idóneas para ejercer funciones judiciales, pero no como los más aptos para desempeñar funciones políticas, que son ajenas a su especialidad y de las cuales están obligadas por ley a mantenerse al margen. Mezclar en política a la Corte Suprema con posibilidad de decidir la mayoría del Senado es sacarla de su rol natural y exponerla a acerbas críticas, con grave mengua del respeto de que debe estar rodeado el más alto Tribunal de la República.

"Peor, todavía, me parece la designación de cuatro Senadores por el Consejo de Seguridad Nacional, que está compuesto por el Presidente de la República, el del Senado y el de la Corte Suprema y por los tres Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros. Como ve, cuatro de los siete miembros del Consejo -mayoría absoluta- son las cabezas de las instituciones de la seguridad nacional, que en régimen normal deben mantenerse ajenas a la política, sin que exista motivo para que pueda decidir la mayoría del Senado. Además, esos cuatro miembros son designados por el Presidente de la República y están subordinados a él, que es su Generalísimo y también Presidente del Consejo. En consecuencia, si los Comandantes en Jefe y el General Director no acatan la voluntad del Presidente en materia de elección de Senadores y creará una situación difícil y peligrosa, con ribetes de insubordinación, y si la acatan, que es lo más probable, el Presidente resultará eligiendo no sólo dos, sino seis, de los 35 senadores, lo que le dará en la práctica la seguridad casi absoluta de disponer de mayoría en el Senado o a lo menos del tercio más uno que se necesita para imponer los vetos presidenciales. Esto rompe, indudablemente, el principio de separación de los poderes del Estado y lleva al autoritarismo del régimen a un extremo lindante con la dictadura legal".

Pero hay más, a estas palabras del señor Bulnes, Renovación Nacional y sus principales líderes, como Sergio Onofre Jarpa, Carlos Reymond, Miguel Luis Amunátegui, en documento de 30 de Noviembre de 1988, señalaban que el número de 120 Diputados y 26 Senadores más los 10 designados eran insuficientes "para la adecuada realización de las funciones legislativas, de fiscalización y otras que la carta entrega a estos organismos". Asimismo planteaban un sistema proporcional, y precisaban: "Todos los miembros del Parlamento deben arrancar su origen de la soberanía popular, debiendo eliminarse las disposiciones que permiten la integración del Senado con miembros no elegidos", permitiendo sólo la de los ex Presidentes de la República. En idéntica forma se expresó la comisión Técnica Renovación Nacional-Concertación, en documento de 5 de Abril de 1989.

En cuanto al número de Senadores y Diputados, la propuesta en el programa de Hernán Büchi era de 150 Diputados y 50 Senadores, durando los designados por un período transitorio. El profesor José Luis Cea Egaña participaba de estas ideas e incluso fue enfático en la eliminación de los designados y en adoptar un sistema de representación proporcional. Todas estas opiniones se encuentran citadas en el libro "La Reforma de la Constitución de la República de 1980" del tratadista Carlos Andrade Geywitz.

Como se observa, carece de fundamento la categoría de senadores institucionales en el terreno de los principios. La derecha aduce, especialmente Renovación Nacional, que esta reforma no es oportuna porque ella va a regir en 6 años más. Este argumento es infantil. Si fuera así, la Constitución de 1980 habría sido inoportuna pues entró en plena vigencia el 11 de Marzo de 1990, es decir, 10 años después. Tampoco es inoportuna, porque es preferible que se legisle ahora con serenidad y tranquilidad y no al término de los años de mandato que tienen los Senadores institucionales. No hay pues argumentos razonables, democráticos y equitativos para fundar la existencia de este reducido número de personas que resultan privilegiadas frente a todos los chilenos, como ya he dicho.

El sistema binominal es en esencia injusto, arbitrario y ajeno a la realidad histórica del país. Asimismo, no asegura la estabilidad del país, ni forma un sistema de partidos políticos como en EE.UU. o Inglaterra, de número par.

Es injusto, ya que se empata en elegidos si se obtiene el 34 por ciento con el 66 por ciento del sector adversario. Ajeno a los chilenos, porque nunca existió en el pasado y fue el fruto de una desesperada maniobra luego del plebiscito de 1988. Tampoco se consigue un sistema de partidos bipartidista, ya que después de 1989 siguen existiendo numerosos partidos en las coaliciones más fuertes y fuera de ellas.

Además no es participativo y tiene un sesgo francamente antidemocrático, ya que deja fuera a sectores importantes sin competir, obligándolos fuera de toda ética a realizar pactos con votantes o grupos de ideas distintas. Crea la marginación de sectores que luego pueden derivar en la violencia al no ser aceptados en el juego electoral.

Es profundamente inestable; ya que un sector puede quedar fuera del poder, obteniendo el otro la totalidad del poder. El orgullo ciega hasta a los dioses. La Derecha da la sensación de ser como esas ballenas que varan en las playas, ajenas a lo que ocurre alrededor, mientras su vida se extingue. Este suicidio colectivo de la Derecha está muy bien explicado en el estudio efectuado por los profesores Arturo Valenzuela y Peter Siavelis publicado en Estudios Públicos 43 de 1991 Denominado "Ley Electoral y Estabilidad Democrática" donde explican que el Pacto Democracia y Progreso obtuvo el 40 por ciento de los diputados con un 32,4 por ciento de los votos y una mayoría en el Senado con los designados. "Esta primera elección", dicen, "no garantiza que se mantenga a futuro, debido a la gran volatilidad del sistema".

"Existiendo tres coaliciones, basta una leve ventaja de dos de ellas para que la tercera quede fuera. Conforme a las encuestas la Derecha es la más perjudicada. Dichos resultados frustraron a la Concertación y las garantías que obtiene la derecha contribuyen a darles tranquilidad a las Fuerzas Armadas y sus partidarios. Es decir, este veto político, aunque es una fuerte limitante del sistema, es un factor importante en el éxito del proceso de redemocratización en Chile, por lo menos en el corto plazo".

Agregan: "Aunque el sistema de 2 bloques puede conducir al establecimiento de mayorías más consistentes en el Congreso, la existencia de 3 coaliciones lo hace extremadamente difícil. Con una fluctuación mínima de los patrones de votación del electorado, el control de la Cámara puede ir sorpresivamente de la derecha a la izquierda o viceversa".

"Lo curioso del sistema electoral mayoritario chileno es que lejos de reforzar el bipartidismo, alienta la mantención de los tres tercios".

"A pesar de las dificultades que podría causar un sistema de representación proporcional para la formación de mayorías en el Congreso, un sistema electoral no puede crear artificialmente una mayoría donde ésta no existe, eliminando de la representación política a grandes sectores de la población. En una sociedad dividida, con sistema pluripartidista, una mayoría fabricada puede tener consecuencias más peligrosas para el futuro del sistema democrático que la ausencia de una mayoría relativa, porque puede anular la capacidad del sistema de asegurar la articulación de los intereses de grandes sectores de la población, que puedan tener opiniones muy distintas respecto de los problemas políticos esenciales".

El sistema proporcional es más equitativo, más representativo y fiel al caminar de Chile. Los propios constituyentes de 1980 tanto en el anteproyecto como en el Consejo de Estado se referían a él. Es decir, sólo fue el autoritarismo que lo eliminó.

Renovación Nacional en Noviembre de 1988 firmaba la proporcionalidad al igual que la Comisión Técnica Renovación Nacional-Concertación, en Abril de 1989.

Por ello, no se comprende la tozudez de la Derecha en su autoexterminación colectiva, salvo que jueguen a la ruleta rusa, a múltiples coaliciones, o a la crisis democrática donde ellos esperan que vuelvan "las oscuras golondrinas".

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, la discusión de esta reforma constitucional en materias electorales tiene una particular importancia en el proceso global de modificaciones institucionales en que se encuentra empeñada la Concertación y el Gobierno del Presidente Aylwin. En definitiva, todas las innovaciones constitucionales que se han presentado al Parlamento buscan cargar la balanza del poder político y social en favor de las instituciones que nacen del sufragio universal y que consolidan la democracia representativa. Junto a las reformas al Poder Judicial, a las que se han introducido al sistema municipal y regional, esta reforma en materias electorales es, a la vez, una verdadera encuesta que servirá para establecer, de manera inequívoca y oficial, la posición de las formaciones políticas representadas aquí en esta Cámara y su real voluntad de democratizar las instituciones básicas del Estado.

El Gobierno, como ocurrió con la Reforma Municipal, ha acompañado a este proyecto las modificaciones que se introducirían a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, a la Ley de Votaciones y Escrutinios y a la Ley de Partidos Políticos, con el objeto de que todos tengamos claridad sobre las consecuencias precisas que se derivarán, luego de aprobada esta reforma. Me parece honesto este predicamento y, al mismo tiempo, necesario para este debate. Pero no debe olvidarse que lo que estamos discutiendo es una reforma constitucional que, junto con terminar con la institución de los Senadores designados, sustituye el sistema binominal por uno proporcional moderado. Aquí no cabe discutir, como reiteradamente lo hacen algunos señores Diputados de la Oposición, los mecanismos electorales precisos, los de represen tacón por distritos y la composición misma de estos distritos o de las circunscripciones electorales. Todas esas son materias que más adelante, cuando entremos a la discusión de las normas legales que complementen esta reforma, serán materia de debate, por lo que resulta inútil y perjudicial introducirlas ahora en la discusión a la que se encuentra abocada esta Cámara.

Afirman algunos señores Diputados de la Oposición que esta reforma no implica cuestiones de principios, sino materias esencialmente prácticas. Asimismo, sostienen que, precisamente por ello, resulta inoportuna o inconveniente. Yo sostengo todo lo contrario: esta es precisamente una cuestión de principios, y es en base a ellos que deriva la conveniencia práctica de introducir ahora estas modificaciones en la Constitución. Lo que está en juego es el modo de concebir el sistema democrático representativo. Y esta es una cuestión de principios. Es el carácter de la representación parlamentaria, el tema de fondo. Mientras más directamente emane ella del sufragio universal, más plenamente democrático es el sistema en que se sustenta el mandato popular.

La suprema legitimidad de un sistema democrático radica en su capacidad de expresar la soberanía popular de mejor forma. A la luz de este principio debe ser examinada la conveniencia o inconveniencia de los Senadores designados introducidos por la Constitución del régimen autoritario.

La legitimidad emanada del voto universal debe acompañar por igual a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, porque, si así no fuera, se provocaría entre ellos una diferencia en sus grados de legitimidad popular, produciéndose inevitablemente con el tiempo, una gravísima distorsión en el sistema político global.

Esta situación se ve agravada si se considera que con la institución de los senadores designados, el Presidente de la República mantiene una injerencia indebida en la correlación política existente en el Senado, con lo que se altera, además del principio de la igual legitimidad, el de la separación y contrapeso entre ambos poderes.

La función política esencial del Senado como cámara legislativa se ve seriamente afectada desde el exterior por la injerencia de la Corte Suprema en la designación de tres de sus representantes. En este punto la situación es insostenible, porque además de alterarse el principio de legitimación emanado del sufragio, se atribuye a la Corte Suprema un rol político que puede llegar a ser determinante en las mayorías que puedan producirse en la Cámara Alta la autonomía que tanto ha reclamado la Corte Suprema al tratarse la reciente reforma al Poder Judicial, queda convertida en una entelequia porque^ de mantenerse esta nefasta intervención, toda designación que en adelante se produzca en los cargos de Ministro de Corte, no dejará de tener relevancia política cuando, legado el plazo constitucional, deban proceder a designar Senadores que cargarán probablemente la balanza de la mayoría. Este efecto perverso tendrá profundas repercusiones, si no lo modificamos a tiempo, y creo que esta es la hora de hacerlo por lo que me parece que el tema de la oportunidad aparece plenamente justificado.

La designación de cuatro Senadores por el Consejo de Seguridad Nacional, resulta también del todo injustificada e inconveniente. El Presidente de la República participa en esta designación, atribuyéndose una injerencia indebida en la Cámara Alta. El Presidente del Senado aparece contribuyendo a la designación de sus propios colegas. El Contralor, que debiera estar del todo ajeno a cualquier injerencia política, para ejercer sus funciones fiscalizadoras, aparece también influyendo en las designaciones y, por último, los cuatro Comandantes en Jefe, que son cabezas de instituciones profesionales, jerarquizadas, no deliberantes y obedientes, que dependen del Presidente de la República, proponen cada uno un nombre. ¿Qué ocurrirá si sus proposiciones son rechazadas en el seno del Consejo? Surgirán conflictos entre las ramas de las FF.AA., o entre éstas y el Presidente, que es su superior jerárquico, en relación a una cuestión esencialmente política ajena por completo a los roles institucionales y a las funciones que debe cumplir el Consejo de Seguridad Nacional.

Se ha sostenido aquí que los Senadores designados pueden representar un freno o contrapeso a las funciones ya desmesuradas que tiene el Ejecutivo frente al Parlamento. Pero, a mi entender, ocurre todo lo contrario. No sólo porque el Presidente de la República nombra a dos Senadores designados e influye directamente en la designación de los otros siete, sino porque, como es natural, en esas designaciones tratará de influir para que quienes detenten esa calidad sean leales a su persona y a su régimen. Basta mirar a los actuales Senadores designados para constatar que el General Pinochet escogió precisamente a quienes tratarían de mantener vigentes los postulados del régimen autoritario, cosa que fielmente se han encargado de demostrar los Senadores institucionales.

Pero miremos el futuro, llegará un momento en el año 1997 en que tendrán que nombrarse nueve Senadores que unidos a los veintidós que con toda probabilidad obtendrá la Concertación, significaría prácticamente los dos tercios del Senado. Como puede observarse, la tendencia natural es que los Senadores designados sirvan para ampliar la mayoría que responda a los partidos que apoyan al Gobierno. Y lo que inevitablemente sucederá es que esa mayoría tendrá el poder suficiente como para imponer su voluntad, generando, de paso, un riesgo de inestabilidad política, porque parte de esa mayoría sería absolutamente artificial.

Está claro, entonces, que los Senadores designados son el germen de inestabilidad y que en absoluto contribuyen a producir un contrapeso al poder del Gobierno. Los verdaderos contrapesos están en el estado de derecho, en la renovación parcial del Senado, en el sistema de quórum especiales para la aprobación de ciertas reformas y en la existencia de organismos de interpretación y control de la legalidad como lo son el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Corte Suprema, sin mencionar las funciones fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.

¿Qué contrapeso que no sea la de la adhesión incondicional al régimen anterior pueden poner los actuales Senadores designados?

La experiencia ha demostrado que llegado el momento de introducir modificaciones que resultan indispensables para modernizar el Estado y consolidar el sistema democrático, ellos se alinean de manera automática en contra de la mayoría y logran paralizar toda legislación que no responda a sus intereses políticos. Esa situación no es un contrapeso, sino que un obstáculo que, tarde o temprano, producirá una crisis institucional de graves repercusiones para la estabilidad democrática. Ahora es el momento de prevenirla si queremos mirar el futuro político del país con generosidad patriótica.

El Diputado Gutenberg Martínez ya se ha encargado, con abrumadoras evidencias, de demostrar que Renovación Nacional ha mantenido respecto de los Senadores designados una actitud contradictoria. En varias oportunidades, públicamente, declaró la conveniencia de poner término a esta institución que no responde a la tradición de nuestro país. Ahora observamos cómo los señores Diputados cierran filas para sostener lo contrario a lo que afirmaron de cara al país. Yo me permito citar la opinión de un destacado dirigente actual de Renovación Nacional, que fuera Senador durante un largo período, y cuya experiencia constitucional y política es por todos reconocida. El ex Senador Francisco Bulnes Sanfuentes ha sostenido que "no es necesario que el Presidente designe Senadores para hacer oír en el senado su voz, que tiene tantas y tan poderosas formas de expresión", pronunciándose enfáticamente en contra de esta novedad introducida por el régimen militar que rompe una honrosa tradición, profundamente arraigada en la mentalidad chilena, de hacer elegir a los Senadores mediante sufragio popular directo, libre e informado. Yo quiero señalar, al terminar esta parte de mi intervención, que RN asume una responsabilidad muy grave frente a la historia al negarse a dar sus votos para que esta reforma prospere en el Senado, anteponiendo sus intereses partidistas al bien de la nación. Es bueno dejarlo establecido, en este debate.

Eliminar el régimen binominal mayoritario y sustituirlo por un sistema plurinominal moderado es también un asunto de principios y de oportunidad. En mi opinión, el principio que está en juego es la estabilidad y el perfeccionamiento del sistema democrático y no fueron éstos los valores cautelados cuando se fue imponiendo gradualmente un sistema binominal mayoritario, el que obedeció simplemente a las expectativas y cálculos electorales de las fuerzas que perdían el poder político, antes de implantar el sistema.

En 1978, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución que presidía Enrique Ortúzar propuso un procedimiento a través de colegios electorales plurinominales. En julio de 1980, el Consejo de Estado propuso un sistema uninominal mayoritario de 120 miembros, vale decir, un Diputado por distrito, a imitación de Inglaterra. Pero el texto final de la Constitución de 1980, eludiendo toda definición sobre la materia, entregó a la Ley Orgánica Constitucional la determinación del sistema electoral. De este modo, la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales se dedicó entre 1984 y 1988 a examinar distintas alternativas, pero no llegó a ninguna conclusión. Sólo en abril de 1988, la Junta de Gobierno aprobó la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, sin regular tampoco el tema de los distritos electorales. Se acercaba el plebiscito de 1988, y el gobierno de la época y las fuerzas que lo apoyaban dieron señales claras que optaban por el sistema binominal por distrito. Pero efectuado el plebiscito, la situación cambió para el régimen imperante y en abril del año 1989 la Junta de Gobierno modificó la ley, estableciendo una configuración distrital muy distinta a la considerada inicialmente y consagrando los pactos electorales. Los cálculos estrictamente partidistas del gobierno de la época eran claros: se trataba de fortalecer el bloque que apoyaba al régimen militar y desarticular por completo a la oposición de aquella época, estableciendo un mecanismo electoral que partía de un supuesto, cual era el que ésta jamás lograría por su heterogeneidad, conformar una sola lista. Pero el surgimiento de la Concertación dio al traste con todos esos cálculos, y los partidarios del régimen militar se dividieron en dos partidos; en cambio, la Concertación demostró una gran solidez y sentido de futuro.

Lo que quiero demostrar con todo esto es que, en definitiva, el sistema binominal mayoritario no ha sido producto de un estudio mesurado de la realidad chilena, sino más bien, producto de un cálculo oportunista, que ahora se pretende justificar con variadas e ingeniosas teorías que resultan más sutiles que convincentes.

Lo que se pretende con esta reforma es volver a adecuar el sistema electoral a criterios de racionalidad que se avengan con la realidad política del país. El objetivo esencial que se tuvo en cuenta al establecer el binominalismo era introducir en Chile -contrariando toda una tradición política, sólidamente sustentada en la práctica- un sistema de dos partidos. Para los autores del binominalismo, ésa era la imagen ideal para Chile: dos grandes partidos compitiendo a la inglesa o a la norteamericana. Pero este ideal ha chocado con la ineluctable realidad, porque en Chile subsisten entre cinco y ocho partidos fuertemente arraigados en la adhesión popular, y que representan más del 5 por ciento de la votación. De modo que este intento de torcer la realidad, tratando de adecuarla a una hipótesis ideal, ha fracasado por completo.

Pero el binominalismo no sólo resulta contrario a la realidad, sino que gravemente injusto. Está demostrado en todos los estudios sobre esta materia que en Chile basta contar con el 34 por ciento de los votos para conseguir el 50 por ciento de los cargos a elegir. Y eso es una monstruosidad, no sólo porque bastan pequeñas variaciones proporcionales para dejar fuera de la representación parlamentaria a agrupaciones políticas con fuerte potencial electoral sino porque, en definitiva, obliga a una estrategia pequeña de tipo electoral, incentivando a los partidos a dejar de lado las grandes visiones programáticas o de interés nacional. En lugar de la certeza y estabilidad, el sistema democrático en su conjunto se ve expuesto a la incertidumbre, al desprestigio y a la inestabilidad.

No quiero abundar en argumentos que han sido expuestos y reiterados por las bancadas de la Concertación en esta sesión. Sólo quiero desvirtuar, para terminar mi intervención, aquella pretensiosa afirmación de algunos señores Diputados en el sentido que el sistema binominal ha permitido acuerdos políticos en estos años de transición democrática. La verdad es otra; ha sido la madurez política de los partidos la que ha reducido al mínimo la polarización y el enfrentamiento, buscando negociaciones basadas en el consenso mínimo que necesita el país en estos momentos. Ello ha sido posible a pesar del sistema binominal, que ahora nos proponemos sustituir con esta reforma, a la que el PPD prestara su más decidido apoyo.

He dicho.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, quisiera puntualizar que sólo me referiré al tema del sistema electoral; no así al de los Senadores designados, tema respecto del cual he fijado muchas veces mi opinión, en particular en medios de comunicación del distrito de Rancagua, que represento.

I.- Cuestiones previas.

Antes de analizar el tema del sistema electoral, conviene dejar sentadas algunas cuestiones previas que nos permitan tener una posición más objetiva y desapasionada. Nuestra visión debidamente fundada permitirá la adecuada evaluación del tema por la opinión pública que querrá un sistema que sea estable.

Mi propósito es el de ser lo más pragmático posible, y por ello he evitado, salvo en lo que he estimado estrictamente necesario, entrar en disquisiciones técnicas o teóricas. Sin embargo, debo hacer presente a la Honorable Cámara que sólo un adecuado conocimiento de aspectos políticos, tanto empíricos como filosóficos, permiten asentar, con adecuados fundamentos, la posición política que adoptemos en esta materia, de tanta trascendencia para la estabilidad del sistema político y para la eficiencia de la Democracia.

Lo acertada o equivocada que resulte la opinión de Renovación Nacional en materia de sistema electoral será juzgada por la opinión pública en muy poco tiempo más. El juicio vendrá en el sentido de determinar quiénes participaron de la idea de tal o cual sistema, por una parte y en segundo término, por correlación entre el sistema escogido y los específicos resultados electorales que obtengamos en las próximas elecciones parlamentarias.

Debemos intentar adherir a un sistema que sea consistente con la realidad nacional; con la estabilidad democrática a que aspiramos; e intentar contribuir a que el régimen que se inicia tenga fundamentos sólidos en lo político para la eficiencia y el progreso del país. En este sentido, el sistema electoral no puede convertirse en un obstáculo al desarrollo económico y social de los chilenos. Por el contrario, debe actuar como elemento de cooperación en la consecución de los propósitos indicados.

Las decisiones que se adopten en materia de sistema electoral adquirirán grandes proyecciones políticas para el país. Debemos aprovechar la etapa refundacional de la democracia en Chile para evitar errores cometidos en el pasado en materia de instituciones que conforman nuestro régimen democrático.

II.- Legitimidad en la elección de un sistema u otro.

No hay discusión acerca de la legitimidad de un sistema mayoritario o de uno proporcional. Ambos son esencialmente democráticos y por lo tanto sirven al propósito de establecer quiénes son los que tienen derecho a los distintos sillones parlamentarios.

No hay dos países en el mundo que hayan llegado exactamente a la misma respuesta al problema que significan las elecciones parlamentarias. Los políticos han titubeado entre la aceptación pragmática de las imperfecciones de los sistemas electorales y "un sueño de justicia pura, de alcanzar un ajuste perfecto entre las preferencias de los votantes y el parlamento resultante". (David Buttler. "Sistemas Electorales". Estudios Públicos. p.62).

Lo importante es ser muy realistas y tener un sentido pragmático pues "sería un error concentrarse demasiado en los problemas de proporcionalidad y equidad. Todos los sistemas electorales ejercen un efecto de largo plazo sobre la conducta electoral y la conducta partidista. El sistema político todo está teñido por el sistema electoral, porque éste condiciona el número de partidos y la continuidad de los gobiernos. Da forma a las estructuras de carrera de los individuos e influye en la cohesión y la disciplina interna de los partidos y la estabilidad general de la estructura partidista". (Op. cit., p. 77).

"La presión en favor de la equidad ha triunfado en casi todos los países fuera del mundo de habla inglesa, al aceptar la representación proporcional, pero las consideraciones pragmáticas han modificado el triunfo proporcional: los umbrales (requisitos mínimos tales como votaciones mínimas, mínimo número de parlamentarios, dimensión de los distritos) que están incorporados en la mayoría de los sistemas proporcionales significan el reconocimiento de que un número excesivo de partidos puede determinar un mal gobierno. Un poder legislativo, que fuera el espejo perfecto de lo que el electorado pensaba en un día particular de votación, tal vez no resulte tan adecuado como base de un gobierno eficaz como otro que ofrezca un reflejo más crudo, pero más decisivo, de las tendencias mayoritarias." (Ibíd).

Cualquiera sea la opción del sistema electoral que se escoja, mayoritario o proporcional, siempre estaremos en presencia de un resultado democrático. Habrá representación de los votantes. La idea entonces es de buscar las fórmulas más adecuadas para que en el próximo Congreso, y sucesivamente, se hagan presente las distintas expresiones políticas, sociales y económicas que existan en nuestra sociedad, respetando a las corrientes mayoritarias pero sin que por ello puedan infringirse especiales sanciones acallando, por la vía del sistema electoral, "la voz y los derechos de aquéllos que son numéricamente menos". (Oscar Godoy. "El Sistema Electoral: Grandes Opciones. Revista de Ciencias Políticas. Edición Especial. Septiembre 1988. p.10).

Por la democracia no sólo buscamos la representación sino que intentamos realizar el interés general del país, para lo cual debemos ser lo más imaginativos posible para crear condiciones de gobierno estables en lo político y en lo económico, compatibilizando la decisión de las mayorías y las minorías con el bien general. La tarea no es fácil "porque el equilibrio entre la mayoría y la minoría es siempre inestable y, por lo mismo, un plano inclinado hacia el conflicto y la crisis. De allí emerge, entonces, la percepción de que un excesivo afán por representar fielmente al país real tienda a darle a las minorías más poder del que les corresponde, con efectos de fragmentación y parálisis del sistema político. Es por eso que, teniendo ahora a la vista la gobernabilidad del país, no es erróneo potenciar el poder de la mayoría, en desmedro de la minoría y de la representatividad del Parlamento. Pero también por esta vía se pueden cometer grandes errores, que en definitiva culminen en una situación de crisis. En efecto, en una democracia las marginaciones y las marginalidades buscan expresarse a través de conductas y prácticas desleales y antisistémicas, como la violencia y el terrorismo." (Op. cit., p. 11).

"En la consideración que quiera hacerse de las minorías en el país, hay que tener presente que los partidos que buscan la destrucción de la democracia, se encontrarán en las expresiones que pueda darse a esas minorías, camuflados con distintos ropajes que les permitan su participación democrática. No podemos olvidar que los partidos antisistema han recibido un fuerte respaldo del electorado" chileno, (Oscar Mertz "Relaciones entre sistemas electorales y sistemas de partidos políticos". Estudios Públicos, N° 7. Invierno 1982, p. 88), de manera que su exclusión institucional, en la medida que resulte eficaz, provocará necesariamente la reacción de tales partidos ilegales por la vía del terrorismo, violencia u otras conductas antidemocráticas.

La Constitución ha otorgado una amplia libertad en lo que a sistemas electorales para miembros de la Cámara de Diputados se refiere. Como señalara don Francisco Bulnes en 1988 el sentido común es un elemento esencial. Hablaba de el sentido común y de la realidad nacional, porque en esta materia, no existen doctrinas consagradas ni recetas de general aplicación a las cuales recurrir, y porque las experiencias extranjeras son muy variadas y contradictorias entre sí, a lo que se agrega que las más estables corresponden a países de idiosincrasias y tradiciones muy diferentes de las nuestras. Se ha dicho con razón que no hay dos Estados que hayan llegado a la misma respuesta al problema que significan las elecciones democráticas. Todo ello me hace reconocer de antemano que, al tratar de establecer las ideas básicas a que me refiero, penetraré en un terreno difícil, donde todo o casi todo es de apreciación relativa y discutible y donde hay, por ende, alta posibilidad de equivocarse." (Francisco Bulnes: "Los distritos electorales y su representación en la Cámara de Diputados". Revista de Ciencias Políticas. Edición Especial. Septiembre 1988. p. 55).

III.- Siempre hay una cierta manipulación, voluntaria o no, de la voluntad del electorado, en la elección que se realice de un sistema electoral.

Resulta de lo más frecuente que los sistemas electorales tiendan de alguna manera -deliberadamente o no- a manipular los resultados de las opiniones de los votantes. El mismo hecho de optar entre un sistema proporcional y otro mayoritario o de alguno mixto, constituye en cierto modo una manipulación.

En lo que se refiere a la Cámara de Diputados, lo que comúnmente no se acepta como un propósito deliberado de legisladores el de buscar un sistema electoral que en la conformación de los distritos sea abiertamente desproporcional entre el número de habitantes y los Diputados a elegir. Es decir, si de acuerdo al número total de Diputados, a 100.000 votantes les correspondería la elección de un Diputado en un distrito, no puede establecerse una regla totalmente distinta para otra circunscripción. Esta regla no escrita es aplicable, en lo que a la Cámara Baja se refiere, cualquiera sea el sistema electoral que se adopte.

Evidentemente que las migraciones van alterando el número de habitantes que corresponde a un distrito. Asimismo, interfieren las tasas de natalidad y de mortalidad. Censos obligatorios, sin necesidad de una ley que los apruebe es una buena forma para evitar la desproporcionalidad que pudiera producirse por el dinamismo de los factores antes indicados.

Lo importante en este tema es que no haya un criterio deliberadamente injusto y que evidentemente provocaría conflictos políticos.

Cuando se trata del Senado en cambio, se puede desatender el criterio demográfico, potenciando aspectos geográficos, territoriales o de contribución al Producto del país.

Se dice que no existe una ley de sistema electoral que sea totalmente inocente. Un estudio sucinto de las diversas legislaciones electorales de las democracias pluralistas, nos revela que siempre existe algún grado de manipulación de la voluntad de los electores. En ciertos casos, los legisladores ceden a la tentación que les ofrece la ingeniería electoral, para orientar la expresión mayoritaria en una dirección adecuada a sus intereses partidistas, o bien, con mayor altura de miras, con vistas al interés general de la nación". (Oscar Godoy. Op. Cit. p. 9).

Quisiéramos dejar establecido de que un criterio de manipulación que tiene un cierto grado de legitimidad -si se examina a otras naciones- es lo que se ha denominado "gerrymandering" que consiste en trazar intencionalmente los límites de los distritos para obtener ventajas...

IV.- Necesidad de armonizar la representación de mayorías y minorías con la estabilidad del sistema que permita la eficiencia del gobierno encargado de desarrollar el país.

En los sistemas electorales lo que se busca es la protección de la idea de la representación.

El sistema mayoritario potencia a las "mayorías" como criterio democrático.

El sistema proporcional busca más bien la equidad en que tanto mayorías como minorías tengan una representación en el Congreso.

El sistema mayoritario -y ésto ha sido objeto de numerosas contraargumentaciones- tiende, aunque no asegura, a buscar el bipartidismo.

Ahora bien, el bipartidismo en sí mismo no es un bien y por lo tanto no es un asunto que como tal nos interese especialmente. Lo que sucede -y esto sí que es lo relevante- es de que los sistemas mayoritarios tenderían a producir estabilidad en el orden político y también en el económico.

El sistema proporcional "puro" busca la representación, como señalábamos, de las minorías y tiende a crear un multipartidismo, lo que tampoco sería malo en sí mismo. Lo que nos importa es de que tiende a producir inestabilidad tanto política como económica, en la medida que dicho multipardismo sea exacerbado y engendre conflictos y no negociación de resultados.

V.- Realidad nacional y la ley de sistema electoral.

En la adopción de la decisión sobre sistema electoral debe tenerse presente, necesariamente, la realidad nacional. Entre algunos componentes de la realidad nacional estarán los antecedentes históricos, es decir, la evolución que ha tenido el país desde el punto de vista democrático, sus interrupciones, sus causas.

Lo importante es tratar de ser muy honestos en buscar el sistema electoral que más se adapte a la realidad nacional. Es imposible convertir a la realidad del país desde arriba, verticalmente. Hacerlo significaría, en lo que a sistema electoral se refiere, que habría un sistema real, auténtico, pero sin expresión jurídica y política y otro, sin base en la realidad. Demás está decir que tal situación despliega fuerzas tendientes a construir -pudiéndose haber evitado- un conflicto, que si deviene -ya sea en regresión del desarrollo, en nula expresión de los requerimientos ciudadanos, o en una alta movilización social- el sistema político perderá estabilidad, arriesgando incluso la existencia del sistema democrático, invitando a experiencias que puedan ofrecer un mayor control político.

En la adopción de un sistema electoral, una de las recomendaciones más enfatizadas es la de determinar si la sociedad chilena está o no dividida, es decir, fragmentada en diversos ámbitos.

No parece haber ninguna división en lo que se refiere a lenguaje, a aspectos étnicos, religiosos, a situaciones regionalistas. En esos aspectos parece haber una alta homogeneidad. En cambio, hay profundas fragmentaciones en el ámbito económico, en el ámbito social y por sobre todo en lo ideológico-político. Habiendo este tipo de divisiones, la tendencia natural será a primera vista de que la sociedad chilena en lo político, buscará la existencia del multipartidismo. De ello, derivaría que la recomendación en materia de sistema electoral sea la implantación de uno proporcional, en el cual estén o potencialmente puedan estar presentes, representados, los distintos sectores componentes de la ciudadanía.

En el evento de una sociedad homogénea, es decir, en que no haya fragmentaciones importantes, la implantación de un sistema mayoritario puro sería altamente recomendable pues lo razonable es pensar que conducirá al bipartidismo. (Dieter Nohlen. "El Análisis comparativo de sistemas electorales, con especial consideración del caso chileno". Estudios Públicos N° 18. Otoño 1985. p. 79).

Esta argumentación tiene un enfoque más bien sociológico, y ha surgido de un análisis behaviorista. No nos parece, sin embargo, que deba excluirse un argumento más institucional. En efecto, también las leyes pueden producir influencias en las conductas electorales y como consecuencia de ello estabilizar instituciones. No se puede pensar en que estamos obligados a contemplar, a observar empíricamente la conducta electoral de los chilenos y sus divisiones, sino que debemos estimar que las leyes no son neutras y que por el contrario son capaces de producir instituciones que alteran las tradiciones.

El sistema electoral, aunque no queramos, debe ser analizado vinculándolo con otras instituciones políticas como son los partidos políticos. A modo de ejemplo, la existencia de un sistema mayoritario pero con partidos políticos débiles, esto es, sin estructuras, sin organización, no institucionalizados, etc., eventualmente, no evitará una tendencia al multipartidismo aun cuando se estableciera un sistema mayoritario. Lo contrario ocurriría si existiese ese sistema con partidos fuertes y sólidos. En efecto, "donde existen partidos fuertes e institucionalizados, es decir, que concitan la adhesión de la ciudadanía a ellos mismos y no a caudillos o cuadros dirigentes, son esos partidos más que el sistema electoral los que encuadran a los electores y elegidos. En consecuencia, la representación proporcional refleja y no multiplica a las colectividades políticas. (José Luis Cea. "Representación política y sistema electoral". Revista de Ciencias Políticas. Edición Especial. Septiembre 1988. p. 19).

VI.- Diversidad de sistemas electorales. La opción no es entre un sistema mayoritario neto y uno proporcional nítido.

Los sistemas mayoritarios y proporcionales parecieran dos opciones nítidamente antagónicas e incompatibles. Se trataría de dos sistemas que –gráficamente- podríamos colocarlos en los extremos opuestos de una línea. Sin embargo, entre ellos podrían caber sistemas que participen de ambas versiones o que su particular aplicación produzca efectos mayoritarios o proporcionales, buscados y no buscados. Así, en la práctica -y sólo como ejemplos- podría haber un sistema mayoritario, pero con efectos proporcionales o uno proporcional pero con efectos mayoritarios.

VII.- Mitos de los efectos que producen los sistemas electorales.

La vinculación entre el número de partidos y el sistema electoral ha sido profusamente analizada. (Maurice Duverger. "Political Parties. Nueva York. John Willey and Sons. Inc., 1959 p. 245).

Recordamos que en materia de sistemas electorales existen fundamentalmente dos caracterizados, el proporcional que permite que en un acto electoral sean electos, simultáneamente y en un mismo distrito, varios candidatos. En tanto, el sistema mayoritario permite la elección de sólo un candidato.

Se ha observado una estrecha correlación entre el sistema de mayoría y el sistema bipartidista, ya que tiende a la creación precisamente de un sistema bipartidista, en cada distrito. En verdad, "el verdadero efecto del sistema de mayoría simple se limita al bipartidismo local. (M. Duverger. Op. cit. p. 223). Incluso más, se afirma que el bipartidismo puede mantenerse incluso pese a las divisiones de antiguos partidos o al nacimiento de otros.

En lo que se refiere al multipartidismo, se cree por algunos que el sistema electoral proporcional desempeña una función decisiva tanto en la creación del multipartidismo como en su mantención. Por su parte, el sistema de segunda vuelta en distritos uninominales, es decir mayoritarios, también favorecería el multipartidismo.

Si estas hipotéticas leyes se diesen siempre en la realidad, resultaría muy fácil el análisis político. Sin embargo, hay infinitos factores que pueden cruzarse en su formulación, de manera tal que sus resultados sean enteramente distintos. Por ello "sólo es posible hacer generalizaciones probabilísticas sobre el efecto de los sistemas de mayoría simple en una sola vuelta y el bipartidismo. (Mertz. Op. cit. p. 85 Douglas Rae "The política consequence of electoral laws. New Haven. Yale University Press. 1967).

En lo que se refiere al sistema proporcional y al multipartidismo tampoco creemos que puedan establecerse leyes porque también existirán factores que pueden tener influencia en el sistema político, incluso ajenos de la ley electoral.

"La democracia chilena se ha caracterizado por un elevado grado de fragmentación y una ley electoral proporcional con la fórmula del promedio más alto de D'Hont, y distritos de gran magnitud". (Mertz. Op. cit. p. 90). No habría una clara conexión causal entre el multipartidismo chileno y el sistema electoral proporcional pero en todo caso han existido simultáneamente (Ibíd). Por ello, no deja de ser una interrogante interesante aquélla de preguntarse si el multipartidismo chileno ha existido en virtud del sistema proporcional o es el resultado necesario de la división existente entre los chilenos por razones de clase; de ideologismo o por razones económicas.

Recordemos que el "objetivo de representación del sistema mayoritario es la formación de mayorías; fomentándose la desproporcionalidad de votos y asientos con lo cual se persigue o logra la formación de una mayoría por un partido o una coalición de partidos. El objetivo de representación del sistema proporcional es establecer una relación con el más alto grado de proporcionalidad posible entre votos y asientos y, con ello el reflejo casi exacto del electorado en el parlamento". (Nohlen. Op, cit. p. 73).

En términos globales, el sistema mayoritario, con un solo diputado por distrito, de mayoría relativa, es decir el candidato con más votos es el que gana, por lo tanto sin segunda vuelta, tendría un efecto reductivo en el número de partidos políticos, con más fuerza que en cualquier sistema de representación proporcional, por corregido que éste sea. "El propio sistema mayoritario fomenta más vigorosamente que el proporcional en la formación de mayoría a través de un solo partido. También en los sistemas proporcionales a menudo se favorece al partido más grande, pero en realidad el principio de representación no tiende a eso. En los sistemas mayoritarios, de mayoría relativa, los partidos pequeños sólo tienen posibilidades de éxito cuando sus electorados se concentran regionalmente (distritalmente) o cuando pueden concluir pactos electorales con partidos grandes y éstos les ceden algunas circunstancias electorales". (Nohlen. Op. cit. p. 80). En un sistema proporcional, a los partidos pequeños les resulta difícil ingresar al Parlamento, especialmente si se establecen requisitos mínimos de votación, número de parlamentarios o porque se establecen distritos relativamente chicos, todos factores que empíricamente demuestran ser reductores del sistema de partidos.

VIII.- Sistema presidencial y sistemas electorales.

El sistema presidencial americano es acompañado por un sistema electoral mayoritario. Por su parte, el gobierno parlamentario inglés convive con un sistema electoral también mayoritario. En estos sentidos, podrían encontrarse muchos ejemplos y por lo tanto no se puede concluir enfáticamente que un sistema presidencial, como el nuestro, tenga que ser necesariamente seguido ya sea de un sistema mayoritario o de uno proporcional. Con la Constitución de 1980 la libertad en materia de sistemas electorales únicamente puede referirse a la Cámara de Diputados.

En cuanto a la Cámara de Diputados y el sistema electoral, podríamos decir que el sistema electoral que se escoja debe también prever los efectos que pueda producir en las elecciones presidenciales o de cómo éstas pueden penetrar sus efectos en el sistema electoral parlamentario, confirmándolo o desdibujándolo. Así por ejemplo, un sistema mayoritario puro para la Cámara de Diputados sería fuertemente contradictorio por su tendencia al bipartidismo, con la primera vuelta presidencial que tenderá a dar cabida a varias candidaturas.

IX.- Multipartidismo histórico en Chile.

El multipartidismo en Chile es un dato persistente en su historia. Si "analizamos el número de partidos que obtuvo representación, no sólo los que compitieron en las elecciones de diputados entre 1937 y 1973, veremos que casi siempre son más de seis; diez en 1937, doce en 1941, 1945 y 1949, en 1953, diecinueve; por el fenómeno del ibañizmo, en 1957 de nuevo doce; en 1961 y 1965, siete; en 1969, cinco; y en el momento de máxima concentración política, en 1973, diez." (Tomás Moulian. "Sistemas de partidos y régimen político entre 1932 - 1973". Revista de Ciencia Política Edición Especial. Septiembre 1988. p. 35). Sin embargo conviene resaltar que muy distinto es el número de partidos que compitieron por un sillón parlamentario con aquéllos que efectivamente consiguieron un asiento. Por ello las cifras anteriores deben entenderse a partidos que compitieron, las que evidentemente descienden a la altura de resultados electorales y sólo se aproximan a ser coincidentes cuando ha habido un número más bien reducido de partidos.

En nuestro país -como vemos- el multipartidismo ha tenido ciclos. En ellos indudablemente que ha influido el sistema electoral "cuya reforma de 1961, por cierto, redujo considerablemente a los partidos en competencia, aunque la concentración ha sido fuertemente influida por las decisiones en las elecciones presidenciales". (Nohlen. op. cit. p. 82). Existiendo multipartidismo, amparado en un sistema proporcional, "ningún partido alcanza para sí la mayoría absoluta de los votos; sin embargo, el sistema electoral puede contribuir a obtener la mayoría absoluta porque el efecto de desproporción del sistema electoral ha sido suficientemente grande (Partido Demócrata Cristiano 1965)". (Ibíd. p. 83). Se agrega que "las elecciones presidenciales conducen naturalmente a una simplificación numérica de opciones, porque se entrega un solo mandato según la mayoría. No obstante, según los votos, en Chile es potencialmente mayoritaria una opción sólo con una nueva reducción de la competencia: alternativas que conduzcan a dos de las tres opciones ideológicas del espectro derecha, centro, izquierda, a alianzas formales (1973 CODE) o informales (elecciones presidenciales de 1964). Estas simplificaciones del espectro político producen tensiones en los partidos políticos con la consecuencia que algunos sectores se separan y fundan nuevos partidos. Este proceso puede observarse en el Partido Radical (DR, PIR), en los democratacristianos (MAPU, IC) y recientemente en la derecha y entre los socialistas". (Nohlen. op. cit.) A la inversa, el solo proyecto de un sistema electoral mayoritario provocó la existencia de los llamados Partidos Instrumentales; fundamentalmente el PAIS y el PPD. Aquí se ve nítidamente que la ley no es neutra y que tiene capacidad para producir conductas de las que se deriven instituciones.

Debemos agregar la necesidad de considerar, para el evento que la sociedad chilena fragmentada, tienda por naturaleza a evitar, de hecho, la institucionalización de un sistema mayoritario, la idea de reconsiderar un sistema proporcional pero restringido o con umbrales -tales como votación mínima nacional superior a un 5,7% por partido, mínimo de parlamentarios, dimensión de distritos, etc- que tengan un claro efecto reductivo en el número de partidos.

X.- Necesidad de legislar con criterio nacional; vicisitudes de los sistemas.

Al comenzar este estudio advertíamos la necesidad de legislar de cara al interés general del país. En este punto quisiéramos referirnos a la idea de que ante el futuro siempre hay un velo que impide anticiparse a lo que acontecerá. Por ello es imprescindible que no adoptemos -en lo que a sistema electoral se refiere- una postura triunfalista o derrotista, optimista o pesimista de lo que acontecerá con el resultado electoral y que a partir de allí adoptemos una posición frente al sistema electoral.

XI.- El Senado y el sistema electoral.

El constituyente ha optado por establecer en la propia Constitución el sistema electoral semimayoritario para el Senado. En cambio para la Cámara de Diputados ha dejado la decisión al legislador.

La demografía es un elemento ausente en la determinación del número de senadores por región. Todas tienen los mismos dos Senadores. Si esta materia hubiese sido normada en la ley, habría violado el principio de la igualdad ante la ley de cada uno de los ciudadanos, en el sentido que la opinión de votantes de determinada región no tiene la misma fuerza decisoria que la del que vota en otra región menos poblada.

En el caso de la Constitución de 1980 se ha optado abiertamente por la desigualdad. Sin embargo, existen numerosos argumentos para discutir el establecimiento de criterios no demográficos en lo que se refiere a la Cámara Alta.

El Senado debiera estar reservado a la representación de grandes corrientes nacionales, como un órgano integrador nacional, por lo que sería discutible el criterio adoptado por el constituyente, salvo en cuanto el enorme flagelo que se ha establecido a los lugares de mayor urbanización cuyos habitantes, constatan que ''un voto de Puerto Cisnes pesa en las elecciones de Senadores lo mismo que 100 votos de Providencia." (F. Bulnes. Op. cit. 56)

Una de las Cámaras está básicamente distribuida en forma "bastante dispareja" en función de la población, y la otra, se constituye a partir de representantes por regiones, lo que significa que distintas personas tendrán grados de influencia radicalmente diferentes. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos, ya que Alaska cuenta con dos senadores, al igual que California. No es infrecuente ver esto en democracias, pero en general creo que es menos eficiente que tener representatividad equivalente en ambas cámaras. Si van a tener representatividad equivalente en ambas cámaras, entonces la cuestión se convierte en determinar en qué medida los votos de los ciudadanos tendrán distinta ponderación.

Dejamos constancia frente a la opinión anterior de la diferencia que existe entre los 2 senadores estatales americanos y los chilenos por cuanto los primeros se eligen alternativamente, es decir, uno por elección, lo que es propiamente mayoritario. En cambio en Chile ambos senadores regionales se elegirán un mismo día, lo que naturalmente no puede calificarse de plenamente mayoritario.

Al comentar el Senado hemos indicado que manipular la conformación de los distritos desde un punto de vista demográfico, atenta desde luego contra el principio de la igualdad que establece la Constitución, además de ser contrario a la tradición, y a los sistemas electorales en el mundo democrático, explicitados especialmente en la concepción de la representación: un hombre un voto. También al comentar el Senado hemos hecho una reflexión acerca del criterio geográfico utilizado en la Constitución, el que tendría partidarios y detractores, ejemplos internacionales que conservan lo que ocurre en el Senado con un criterio regional.

Donde no hay duda es en el examen de lo que ocurre en materia de la proporcionalidad ciudadana y el número de sillones en la Cámara de Diputados. La proporcionalidad entre diputados y electores no puede ser nunca perfecta, pero debe aspirar a ser justa y perfecta. Es por eso que don Francisco Bulnes hablaba "de una proporcionalidad razonable y no de una proporcionalidad perfecta porque el hecho de que la Constitución limite a 120 el número de diputados y la necesidad de que cada distrito constituya una unidad geográfica hacen imposible una proporcionalidad rigurosa". Más adelante agrega ser "partidario de la proporcionalidad entre habitantes y elegidos, porque de otra manera los ciudadanos de unos distritos tendrán más influencia que los de otros en la generación de la Cámara, y por lo tanto, en las decisiones legislativas y en el gobierno del país. En otras palabras, mientras menos votos se necesiten en un distrito para elegir un diputado, mayor será la influencia que cada ciudadano elector de ese distrito tendrá en la generación del Congreso. Los desniveles a este respecto pueden estimarse contrarios al artículo cuarto de la Constitución, que establece que Chile es una República democrática; al artículo 15 que exige que el sufragio debe ser igualitario; y al artículo 19 número dos, que asegura la igualdad ante la ley y prohíbe a ésta establecer diferencias arbitrarias.

Contraargumentando la posición de aquellos que sostienen la desproporcionalidad sobre la base del favorecimiento a las regiones en contra del centralismo metropolitano, agregaba que "el rodaje del Estado y especialmente el del Parlamento, y si además se tiene presente las disposiciones constitucionales que regulan las atribuciones del Presidente de la República y del Congreso Nacional, se llega a la conclusión ineludible de que la centralización o descentralización administrativa, la asignación de recursos, la adopción de medidas de fomento y en general las cuestiones de interés regional, dependen casi totalmente de la voluntad del Ejecutivo y sólo en mínima parte de la presencia de más o de menos diputados de la región interesada. Por lo tanto, los que deseen favorecer a las regiones no debieran ir en contra de la proporcionalidad en la elección de diputados, sino pedir mayores recursos y facultades para las regiones.

Hemos visto que las manipulaciones en materia de desproporcionalidad entre habitantes y número de sillones, producen inestabilidad. En cambio hemos visto también que el "gerrymandering", es visto como legítimo en lo que a trazados de límites distritales se refiere. Sin embargo, advertimos que el establecimiento de una fórmula que otorgue sobrerrepresentación institucionalmente puede generar graves conflictos políticos por la injusticia implícita en la fórmula establecida. En Chile ya conocimos lo que la sobrerrepresentación produce ante otras colectividades y ante la opinión pública. Baste recordar lo ocurrido con la votación de la Democracia cristiana en 1966, que con menos de la mitad de los votos alcanzó más del 60% de los sillones en la Cámara de Diputados. Si un escenario de sobrerrepresentación además produce más de la mitad de los sillones del Congreso podría repetirse la historia como señalara don Francisco Bulnes, refiriéndose a la Democracia Cristiana, "en que un partido conquistó por sí solo la mayoría absoluta de la Cámara y más de un tercio del Senado, lo que le daba un poder incontrarrestable en materia legislativa. Pero, sin el propósito de ofender a nadie sino de exponer sinceramente mi pensamiento, creo que ese poder incontrarrestable fue negativo para el país y para el propio partido mayoritario, porque éste pasó a actuar como una aplanadora, tomando sus decisiones legislativas en el seno de sus directivas y fuera del Congreso y poniendo oídos sordos a las ideas venidas de otros bandos, por constructivas que fuesen, todo lo cual contribuyó a no pocos errores y excesos que pudieron evitarse, y concitó contra el partido gobernante una encarnizada oposición, terminando éste por perder gran parte de su poder electoral". (CEP Adimark. Septiembre 1988. "Las Buenas Encuestas entregan Valiosa Información. Renovación. Etapa II N° 28. Octubre Noviembre 1988 p. 5).

Convendría agregar que la sobrerrepresentaciones normalmente son efectos transitorios y no pretenden ser institucionalizadas, salvo raras excepciones. Cuando la pretensión es excesiva, se produce una verdadera crisis de representación, por lo que no se puede hablar propiamente de un sistema democrático. Así por ejemplo, en 1923, en Italia, una lista distrital que hubiese obtenido la mayoría relativa, con a lo menos un 25% de los votos a escala nacional, conseguía los dos tercios de los asientos en el Parlamento. (Nohlen. Op. cit. p. 359). Y eso produjo sin duda graves tensiones ni constituyó ejemplo para nadie en el mundo.

Retomando la idea que sostienen algunos de que con la tercera parte de los votos se obtiene la mitad de los cargos parlamentarios, debemos decir que tal regla supone:

1.Que tal tercio se produce en todos los distritos electorales.

2.Que en aquellos distritos en que no se produzca el resultado anterior, serán compensados con distritos en los que se obtenga el doble de votos de la lista siguiente.

3.Que el cumplimiento del pronóstico produce una sobrerrepresentación tolerada por el sistema político.

Los requisitos para el cumplimiento son de gran magnitud. Por ello su cumplimiento no es garantizable. Es verdad que bajo este sistema y asumiendo exactamente la votación plebiscitaria, desde el punto de vista numérico, el pronóstico de que una corriente que represente los intereses de la derecha permitía la obtención de la mitad del Congreso elegido. Sin embargo, tal pronóstico era errado. La Derecha con listas paralelas de su propio sector perdió tres senadores y diez diputados en 1989.

XII.- Sistemas Electorales mayoritario y proporcional.

Hemos dicho que el sistema electoral tiñe el sistema político. Esta afirmación tiene por objeto establecer que el sistema electoral no es una mera formalidad o un procedimiento que se acuerda para desarrollar la democracia en el Congreso sino que tiene numerosos efectos institucionales y también en la mentalidad y tradiciones del país. Los orígenes de la chilenidad, y a su vez la experiencia proporcional que existió en Chile hasta hace 18 años permitió que la disposición natural de los chilenos tuviese un sistema electoral que lo representara en sus divisiones, muchas de ellas profundas, especialmente en el área ideológica, económica y social.

Lo que debemos tener en cuenta para el proceso de redemocratización chileno es que los sistemas electorales son reglas "institucionales convenidas políticamente, que no corresponden a solemnes finalidades políticas del Estado, sino refleja más bien las concretas relaciones del poder político en una situación histórica dada". (Nohlen. 0p. cit. p. 80). De esta manera quisiéramos enfatizar la importancia que tiene la consideración del tiempo en que los sistemas electorales se aplican para comprender o poder anticipar sus efectos, y de qué manera ello y otros factores podrían contribuir en la formación de un específico sistema de partidos.

La consideración que más se enfatiza para la adopción de un sistema mayoritario o proporcional es la de atender el grado de homogeneidad de una sociedad. Es así como los analistas al examinar la situación de países anglosajones o con una fuerte influencia en su cultura anglosajona concluyen que en estos países se encuentra bien aplicado un modelo mayoritario, normalmente de simple mayoría relativa en distritos uninominales. Lo hacen porque son sociedades homogéneas en las que no se advierten divisiones profundas, y en el evento de que las haya sólo son débiles, en materias étnicas, lingüísticas, religiosas, sociales, económicas o ideológicas.

Los analistas tienden a sugerir para sociedades que no son unidas en los factores antes indicados, es decir, aquellas sociedades que tienen fragmentaciones persistentes en el tiempo, lo que normalmente sucede con países sin orígenes o culturas anglosajonas, un sistema electoral proporcional.

Hemos insistido en que la ley es un recurso de gobierno y es capaz de fomentar la construcción de instituciones siempre que la realidad nacional soporte tal despliegue.

La realidad histórica y empírica chilena demuestra que en algunas materias ni la ley ni la ingeniería política tienen capacidad para fundar instituciones políticas estables. Por ello debemos considerar que los sistemas electorales "son resultado de rasgos persistentes de la cultura política de los pueblos y de procesos muy lentos en los cuales se involucran también otros factores, como el desarrollo de los partidos políticos, la estructuración de la sociedad, los modelos de los regímenes políticos, etc." (Francisco Cumplido. "Opciones para la Elección del Congreso Nacional." Revista de Ciencia Política. Edición Especial. Septiembre 1988 p. 43).

Los sistemas electorales dan forma a las preferencias de los votantes y consecuentemente a los resultados electorales. Ellos, virtud o no, influyen en la votación en la medida que colocan a los electores en una posición en que deben tomar una decisión política específica, la que se encontrará marcada por las posibilidades de éxito de los partidos o candidatos independientes de que se trate, todo ello de acuerdo al sistema electoral que exista. Aquí especial importancia adquiere la visión de aquellos electores que desean entregar un voto útil, que conquiste algún resultado positivo por lo que siempre intentarán evitar partidos -cualquiera sea la razón, ideológica o no- que tengan escasas posibilidades de representación. Por ello los sistemas electorales pueden terminar influyendo en disminuir el éxito electoral de los partidos en cuanto al número de votos.

El alto grado de multipartidismo que ha existido en ciertas épocas en Chile, nos ha hecho pensar que la legislación electoral debiera buscar métodos para restringir el número de partidos. Ello crearía un sistema de partidos más estable y más claramente estructurado, buscando la disciplina partidaria con menos personalismos, caudillismos y menos intelectualismo al interior. Se conseguiría así grandes corrientes de partidos, o partidarias las que gozarían de mayor fuerza, peso, y los sectores marginales que siempre existen al interior de los partidos, no se desprenderían tan fácilmente, porque con la existencia de ciertos requisitos básicos, o umbrales, las divisiones y nuevas fundaciones de partidos, tendrían en mente quedar fuera del juego político, y temer a su extinción.

Entrando en el tema de los efectos en el sistema electoral se puede atribuir -en términos muy generales- que el sistema mayoritario, es decir de distritos uninominales con mayoría relativa, tiene en el sistema de partidos una tendencia a producir efectos de reducción en el número de partidos, cuestión que en los sistemas proporcionales tendría el efecto contrario, o en el mejor de los casos, de permitir la existencia de los partidos que reflejen la fragmentación de la sociedad.

Los sistemas mayoritarios fomentan con mayor entusiasmo que la representación proporcional, la formación de mayorías a través de un solo partido. Por su parte en los sistemas proporcionales, a menudo se favorece al partido más grande.

No podemos desconocer que no es posible formular una regla científicamente no discutible en cuanto a la relación de causa a efecto entre los sistemas electorales y el número de partidos. Ya hemos dicho que el sistema de partidos tiene vínculos con las raíces profundas de carácter ideológico, económico o cultural de Chile. En definitiva, un sistema mayoritario, ya sea en distritos uninominales y binominales, no asegura un bipartidismo, como tampoco un sistema proporcional va a producir una tendencia que necesariamente conduzca a un multipartidismo. Los resultados en otros lugares del mundo, sin que ello se extienda a sistemas binominales por cuanto no se encuentran ejemplos para tal situación, los sistemas mayoritarios también son capaces de conducir a un resultado de efectos de representación proporcional. En otro sentido, un sistema netamente proporcional, como el D'Hont, no se puede asegurar que conduzca a una representación proporcional sino que eventualmente puede producir efectos mayoritarios.

Existen dos cientistas políticos que han influido marcadamente en el análisis de los sistemas electorales y sus efectos en el sistema de partidos. El primero de ellos Maurice Duverger y el segundo Giovanni Sartori.

Hemos preferido utilizar las reglas formuladas por Sartori, pues en su análisis, él, en cierto modo, incluye aquellas formulaciones previas de Duverger en que en términos muy generales declaraba que los sistemas proporcionales producían efectos multipartidistas, en cambio los mayoritarios, efectos bipartidistas.

En la formación de mayorías partidarias los sistemas electorales producen distorsiones. (Douglas Rae. "The Political Consequences of Electoral Laws. New Haven. Yale University Press. 1971 p. 77). Ahora, entrando específicamente a las reglas antes anunciadas podemos señalar lo siguiente:

Regla N°1: Un sistema electoral mayoritario, de distritos uninominales de mayoría simple, no puede producir por sí mismo, bipartidismo a nivel nacional, aunque contribuirá a mantener uno que ya existiese. Como consecuencia, cada vez que se pretende establecer un sistema mayoritario, conducente al bipartidismo, se ejerce, indudablemente una influencia a contraer o reducir el número de partidos, o por lo menos congela su dispersión.

Regla N° 2: Un sistema mayoritario, de distritos uninominales, lo más probable es que produzca en el largo plazo, bipartidismo. (No quiere decir ello que subsistan siempre los mismos partidos). Para ello deberían darse, a lo menos la condición de partidos bien estructurados, fuertes y de despliegue nacional. Los partidismos locales o el independentismo confundirían los resultados de esta regla.

Regla N° 3: Sería imposible conseguir un sistema bipartidista, a través de un sistema electoral, si existen minorías ideológicas, económicas o sociales que no logran ser representadas por uno de los dos grandes partidos, especialmente si tales minorías logran además concentrarse en ciertas zonas urbanas como por ejemplo, Santiago, Valparaíso o Concepción u otras zonas geográficas como ciertas zonas cupríferas del norte. Lo que se lograría sería conseguir una reducción de partidos pero con el riesgo de que existan minorías irreductibles en el largo plazo que no tengan una representación electoral, que presionen antisistématicamente.

Regla N° 4: Los sistemas proporcionales son también capaces de obtener reducción en el número de partidos, aunque en un grado menor a lo que consiguen los sistemas mayoritarios, cuando producen efectos mayoritarios, particularmente cuando el país se divide territorialmente en distritos pequeños, es decir con bajo número de parlamentarios, tres o cuatro, y se establecen umbrales de representación como votaciones mínimas para los partidos, número mínimo de parlamentarios, e incluso premios. De esta manera el sistema proporcional también conseguiría el efecto de eliminar a partidos pequeños cuando tienen electorados a nivel nacional, salvo que éstos concentren fuerzas en ciertas zonas geográficas. (Giovanni Sartori: "La Influencia de los sistemas electorales". Revista de Estudios Públicos N° 17, Verano 1985. p. 27).

En conclusión, observamos que las leyes o enunciados no tienen más que un carácter probabilístico y que de ellas, en principio se concluye que las elecciones en distritos mayoritarios otorgan condiciones que facilitan el bipartidismo, obstruyendo el multipartidismo. Por su parte, los sistemas de representación proporcional facilitan el multipartidismo, e inversamente dificultan avanzar hacia un bipartidismo.

Espero contribuir con este aporte al debate. Realmente resulta difícil tomar una posición en esta materia. Precisamente por ello, aun estando presente he resuelto no votar.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, el proyecto de ley en discusión se adapta a los nuevos requerimientos democráticos y a las necesidades de una mayor y muy clara representatividad de los Poderes del Estado.

La supresión de los Senadores designados constituye una real necesidad de armonizar coherentemente las cámaras legislativas con la función de representación ciudadana. Los Diputados y Senadores deben recibir su mandato del sufragio ciudadano. Lo contrario es desvirtuar la voluntad manifestada en el voto, es crear distorsiones evidentes en la correlación de fuerzas políticas.

La facultad de órganos públicos de designar a Senadores los politiza.

El Congreso debe estar constituido por representantes libremente elegidos por el pueblo. Nada ni nadie puede elegir o designar por él. Una democracia representativa debe ser afín en todo sentido, interpretar y graficar fielmente el deseo de la nación y su realidad electoral.

Por otro lado, la reforma constitucional referida al número de Diputados corrige una situación injusta impuesta por un gobierno autoritario, que dispuso a su conveniencia un sistema electoral que los beneficiaba.

No es posible que un sistema electoral binominal que no representa fielmente el voto de las mayorías y de las minorías siga imperando, por las distorsiones que provoca.

Con estas reformas el Gobierno cumple con su programa, que contemplaba estas modificaciones.

No cumplen, y por el contrario son inconsecuentes los Diputados de Oposición que un día estuvieron a favor de una reforma en estos términos, pero que hoy la rechazan.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben gozar de la más alta e igual legitimidad, y ambos deben estar constituidos por integrantes electos sobre la base de la soberanía popular.

El propósito del proyecto de ley, como queda expresamente establecido en el mensaje presidencial, se basa en un principio básico democrático fundamental: un ciudadano, un voto.

El proyecto de reforma constitucional propone estas enmiendas en base a alternativas que serán posteriormente discutidas en la ley respectiva. Por lo que no es una decisión directa del Gobierno en orden a alterar las disposiciones constitucionales.

Señor Presidente, expreso mi voto favorable a este proyecto de reforma constitucional. En él se reiteran los principios que siempre hemos valorado y defendido: el pluralismo, la real participación y la tolerancia. Se concreta con él la generación genuina de las autoridades políticas a través del sufragio, con la proporcionalidad, y legitimidad que implica el Estado de Derecho y la democracia. El Poder Legislativo, base de la representación ciudadana, debe constituir la expresión real del pueblo, y los representantes que él elija no deben ser neutralizados por fuerza extraña alguna, ni desvirtuados por institución que no sea la que emane o forme la voluntad soberana.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, voto que sí porque soy absolutamente contrario a la institución de los Senadores designados, los cuales han distorsionado gravemente la voluntad del pueblo y seguirán haciéndolo, pues esta institución permite que nueve personas tengan el 18 por ciento del poder político en el Senado, situación absolutamente arbitraria.

Voto que sí porque el sistema binominal permite que las minorías cercanas al 30 por ciento tengan derecho al 50 por ciento de los elegidos, y que las minorías inferiores al 20 por ciento, aproximadamente, no tengan ninguna posibilidad de representación, lo que tenderá a excluir a ciertos sectores, concretamente a los llamados de Izquierda extraparlamentaria, lo cual producirá graves conflictos en el futuro.

En síntesis, voto que sí por razones de principios claramente expresadas por algunos señores Diputados en esta Sala, a las cuales agrego una adicional: en definitiva, todos los Diputados de la Concertación y del Gobierno aceptamos a un gobierno totalitario que durante diecisiete años escribió la historia de nuestro pueblo, pero jamás aceptaremos que ese mismo gobierno, mediante leyes arbitrarias e irreformables, también escriba la historia de las presentes generaciones, la de nuestros hijos y de nuestros nietos.

Por eso, voto que sí.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, los Senadores ¡designados constituyen una notable distorsión de la voluntad soberana del pueblo, ya que establecen en el Senado una mayoría absolutamente artificial y fraudulenta, que impide y entraba la realización de las necesarias reformas constitucionales y legales, la cual, lejos de ser un factor que garantice una permanente estabilidad, con el transcurso del tiempo, en el evento de que no se derogue, podría ocasionar rupturas en nuestra institucionalidad.

Estudios profundos no desmentidos ni desvirtuados en este debate sobre el actual sistema electoral, indican que la ironía final es que, para fomentar la estabilidad y moderación, el gobierno militar diseñó un sistema que, por su propia naturaleza, contiene las semillas de la inestabilidad. En su intento por transformar el sistema de partidos por medio de la Ley de Elecciones, el gobierno militar, la dictadura, impuso un marco que alienta la volatilidad y la exclusión.

No cabe la menor duda de que el sistema electoral que pretendemos derogar mediante esta reforma constitucional es antidemocrático y poco ético.

Durante toda la sesión se ha hecho una comparación con los sistemas electorales de los Estados Unidos de Norteamérica y de Gran Bretaña, lo que representa un mayúsculo error, porque solamente hay dos países en el mundo que aplican el sistema binominal: Chile y Kuwait. ¿Y cuál es la comparación que existe con ese país? ¿Cuáles son los antecedentes históricos y culturales que nos permiten tener un sistema en los mismos términos? Aquí se ha falsificado la realidad y no se ha querido entrar en un análisis de fondo.

Protesto por la actitud asumida por Renovación Nacional, que no ha podido desvirtuar el cargo que le ha formulado nuestro Vicepresidente Nacional, Diputado Gutenberg Martínez. Además, no han sido consecuentes con las posturas sustentadas ante el país: ellos expresaron que eran partidarios de un sistema proporcional y señalaron, no hace mucho tiempo, que deseaban terminar con los Senadores designados; pero hoy han efectuado una vuelta en el aire y dado las espaldas a la voluntad soberana del pueblo. ¡Eso es inconsecuencia democrática!

Señor Presidente, sabemos que habrá obstáculos en el Senado, porque los designados se opondrán; pero desde esta tribuna les decimos a ellos que se deben inhabilitar para votar, porque lo harán sobre materias en las cuales tienen intereses, y deben salir de la Sala en ese momento, para que sean los Senadores elegidos por el pueblo los que efectivamente voten la reforma constitucional, y no estos impostores, estos señores que no tienen que responder al país ni a la ciudadanía.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado su tiempo.

El señor BOSSELIN.-

Esto es lo que deseamos: un cambio en nuestra institucionalidad, no para atentar en contra de la estabilidad, sino para darle efectiva estabilidad al proceso democrático chileno,...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¡Señale su voto, señor Diputado!

El señor BOSSELIN.-

... porque cuando las Constituciones no responden a la realidad nacional se crean factores de perturbación.

Voto que sí.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, los parlamentarios, al recorrer las poblaciones, vemos que cuando uno habla de los Senadores designados el pueblo no entiende. No entiende por qué éstos, sin haber hecho una campaña electoral ni vincularse con el sector poblacional, son un factor fundamental en las votaciones del Senado. No los entienden ni los conocen.

Quiero recordar que, no hace mucho, un Senador designado le preguntaba a un colega electo por el pueblo qué hacía él en las campañas municipales, porque él no sabía qué hacer. Esta es una demostración de la desvinculación que existe entre el Senador designado y el pueblo que sabe elegir democráticamente.

Voto que sí.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, sólo hay democracia en la expresión verdadera de la voluntad popular, la cual se manifiesta cuando todos ejercen su derecho a votar, a elegir, pero también a ser elegidos. No hay verdadera democracia cuando por ley o por decreto marginamos a grupos humanos que, por voluntad del pueblo, podrían ser sus representantes.

En nuestra Constitución, y no me refiero a las personas, hay Senadores que no representan la voluntad soberana del pueblo. Por ello, debieran ser excluidos de nuestra institucionalidad para que sea verdaderamente democrática, como todos deseamos. Sin duda, la institución de los Senadores designados no es otra cosa que el deseo del gobierno autoritario de estar presente institucionalmente en nuestra República democrática. Si realmente queremos sentar las bases de una democracia sólida y estable, nuestro deber es terminar con esta institución para que quienes lleguen al Parlamento sean verdadera expresión de la voluntad popular.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, no quiero dejar pasar lo planteado por el Diputado señor Bosselin, a quien, al parecer, ya se lo llevaron a Santiago, porque no lo veo en la Sala, lo cual me parece muy prudente. Lamento que el señor Diputado haya rebajado este debate -que se había desarrollado en términos muy respetuosos- a injuriar y tratar de impostores a personalidades que hoy ejercen el cargo de Senadores.

Durante un debate de más de tres horas, en esta Sala nadie lo rebajó en los términos en que lo hizo el Diputado señor Bosselin. Lamento profundamente sus expresiones. Espero que después de las disculpas del caso.

El señor BOSSELIN.-

¡En nombre de la democracia! ¡Ustedes la han falsificado! ¡Han falsificado la voluntad soberana del pueblo!

El señor CHADWICK.-

La democracia no consiste en injuriar, Diputado señor Bosselin. Si usted cree que eso es democracia, tiene muy mal concepto de ella. ¡Nadie lo autoriza a injuriar ni a insultar a nadie!

Aplausos.

El señor CHADWICK.-

Si Su Señoría tiene un alto concepto de la democracia como lo vocifera, debe entender que ha cometido un error, porque la democracia no consiste en insultar a nadie. El Diputado señor Bosselin señaló que los Senadores institucionales debieran inhabilitarse para votar esta iniciativa. Su Señoría está profundamente equivocado, porque el proyecto de reforma constitucional en nada afecta a los actuales Senadores institucionales, por cuanto mantiene su mandato hasta la fecha que la Constitución señala.

Por lo tanto, la reforma planteada por el Gobierno dice relación con los futuros Senadores institucionales, no con los actuales. Por lo tanto, su argumentación, aparte de demagógica, es absolutamente errada, como suelen serlo las intervenciones del Diputado señor Bosselin.

Por las razones expuestas durante el debate, voto que no.

El señor ELIZALDE.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, aquí se ha hecho un análisis de las cifras, de la representatividad del sistema binominal, por lo cual quiero recordar lo que este sistema significó exactamente en la elección de Senadores.

En el proceso electoral de diciembre de 1989, el pueblo dio a la Concertación un número suficiente de Senadores que constituían una mayoría. Es decir, el electorado respaldó no sólo al Presidente de la República, sino también a los Diputados que hoy constituyen la mayoría de la Cámara, y a un número importante de Senadores que, si hubieran sido elegidos por voluntad popular, ello habría permitido el manejo de ambas ramas del Parlamento por parte de la Concertación.

Sin embargo, la presencia de los nueve Senadores designados distorsionó en forma radical esa mayoría y permitió que, en definitiva, en el Senado se constituyera una Oposición mayoritaria, que alteró la voluntad ciudadana, y es allí donde se han puesto todas las dificultades habidas y por haber para el normal ejercicio del Gobierno del Presidente Aylwin.

Si se analiza lo que implica el sistema binominal cuando hay dos candidatos, se llega a la conclusión de que impide que muchos sectores políticos puedan incorporarse.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Finalizó su tiempo, señor Diputado.

El señor ELIZALDE.-

Termino, señor Presidente. En el proceso electoral de 1989 hubo partidos que, a pesar de haber participado activamente en el proceso de recuperación democrática no tuvieron representación en el Parlamento y quedaron excluidos de la Concertación y del pacto de la Oposición.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Su Señoría debe emitir su voto. ¿Cómo vota?

El señor ELIZALDE.-

Como es absolutamente necesario evitar que nadie quede debajo de la mesa, es indispensable modificar el sistema electoral.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, más allá de los fundamentos dados en el debate, votaré en contra, en primer lugar, porque durante la discusión no hubo ningún argumento que evidenciara que el sistema binominal ha causado perjuicio al país. Por el contrario, quedó claramente demostrado que las veces que se aplicó tuvo un índice de proporcionalidad cercano al ciento por ciento.

Como no existen argumentos válidos para impugnarlo, algunos señores Diputados sufren ataques de histeria y formulan una serie de descalificaciones a las posiciones sustentadas por Renovación Nacional o por personalidades que integran el Congreso.

En segundo lugar, la posición oficial de nuestro Partido es que, si bien los sistemas binominal y proporcional son esencialmente democráticos y aplicables en el mundo, es absolutamente legítimo que un sector político prefiera la existencia de pocos partidos políticos de claras tendencias y la no proliferación de partidos, como hoy ocurre en todo el mundo.

También quedó en claro que no es efectivo que hayamos cambiado de opinión, porque los documentos oficiales del partido así lo señalan. Si así hubiese ocurrido, el legítimo derecho de cualquier corriente política respecto de una materia opinable, es estimar lo más conveniente para el país. Por lo demás, hoy nadie reclama ni llora porque la Democracia Cristiana cambió el socialismo comunitario por una economía abierta, de lo cual nos alegramos.

Por último, respecto de los Senadores designados, constituye una irresponsabilidad abrir un debate al respecto seis años antes de pretender terminar con esa institución. El Congreso debiera debatir problemas sociales pendientes y no discutir una norma que regiría dentro de seis años.

Voto que no.

El señor ESTEVEZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, lo que acaba de afirmar el Diputado señor Espina es una falacia.

Si hoy el sistema ha logrado tener algún grado de representatividad, es porque la Concertación fue capaz de superar la valla legal que el régimen militar le quiso imponer, mediante un sistema de pactos por omisión que permitió corregir un mecanismo electoral completamente absurdo e inicuo.

Es evidente que si se continúa obstaculizando la existencia de un sistema electoral normal, la Concertación sabrá adecuarse, una vez más, para superar esa valla; pero no es lo normal. Lo normal es que el sistema electoral sea lógico y natural, que su resultado sea espontáneo y que no requiera complejos procesos de omisión o de pactos políticos para corregir, en la práctica, lo que la ley no supo estipular.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero agregar algo a los argumentos recién formulados por el Diputado señor Estévez para demostrar la falacia de lo sostenido por el Diputado señor Espina.

Si su argumentación de que tiende a velar por la proporcionalidad fuera consistente resulta absolutamente inconsistente lo que propugna respecto de la mantención de los Senadores designados, cuya participación en el Parlamento no obedece a representación ni proporcionalidad alguna.

Durante mucho tiempo, los Diputados de Renovación Nacional manifestaron públicamente en sus respectivos distritos que estarían de acuerdo con terminar con la institución de los Senadores designados. Sin embargo, hoy, una vez más, han actuado en contra de lo que expresaron a través de la prensa.

Voto que sí.

El señor LETELIER.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, votaré afirmativamente porque creo en la democracia, en la soberanía popular, en la sabiduría de nuestro pueblo y en su madurez. Como Diputado de la Concertación, elegido por el partido País -soy uno de sus dos representantes en el Congreso Nacional- con la primera mayoría del distrito 33 -como bien lo sabe el colega señor Chadwick-, igual que él conozco los inconvenientes de este sistema y las distorsiones que se pueden producir.

A nivel nacional el País obtuvo cerca del 12 por ciento de la votación; no obstante, sólo eligió dos parlamentarios. En la práctica, el colega Chadwick obtuvo una segunda mayoría muy importante en el distrito, pero resultó elegido por una diferencia de 60 votos; sin embargo, en virtud de este erróneo sistema binominal, podría haber quedado fuera de este Hemiciclo, lo cual no representaría la voluntad popular en esta zona del país.

La madurez ciudadana y la altura de miras nos obligan a reformar el sistema binominal mayoritario.

Por todas estas razones, voto que sí.

El señor LONGTON.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, votaré en contra porque no me convencen los argumentos del Gobierno; porque no ha demostrado que el sistema binominal sea malo. Al contrario, en las elecciones municipales se comprobó que el sistema proporcional es altamente distorsionador de la realidad. El Gobierno carece de autoridad moral para presentar un proyecto que mejore la representatividad, porque en las elecciones municipales permitió que concejales con muy baja votación llegaran a ser alcaldes. Voto que no, además, porque el país necesita proyectos e iniciativas que mejoren la salud y la situación de los jubilados y dé los profesores; que se aumente el empleo; que se solucione el problema del medio ambiente; en fin, que el país se desarrolle a través de iniciativas atractivas para Chile entero.

He dicho.

La señora MALUENDA.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, durante todo el tiempo de la dictadura el pueblo de Chile luchó y contó, además, con la solidaridad internacional para recuperar el pleno ejercicio de su soberanía. La institución de los Senadores designados limita la expresión popular. A esto se agrega el hecho casi burlesco de qué algunos de ellos tuvieron un papel muy destacado en el régimen pasado, en los momentos de peores represiones.

Por lo tanto, en busca de que se amplíe, en definitiva, el ejercicio de la soberanía de nuestro pueblo, que merece ejercerla plenamente, voto que sí.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, a mayor abundamiento, voy a votar que sí por las siguientes siete razones.

La primera la dieron los dirigentes Carlos Reymond, William Thayer, Federico Mekis, Evelyn Matthei y Alberto Espina, en la persona de don Carlos Reymond, en conferencia de prensa del 31 de junio de 1989, publicada en "La Epoca", que dice: "... reiteró que a nivel de comisión técnica conjunta se consensuaron otras enmiendas -las que discutimos- que no fueron acogidas y que podrían ser debatidas desde marzo 90. Entre éstas, citó el fin de los Senadores designados, cambios en la generación de las autoridades comunales y composición del Consejo de Seguridad Nacional, para darle preeminencia civil".

Voto que sí, en segundo lugar, por lo que declarara el candidato Büchi, en su carta del 10 de mayo de 1989, en que dijo: "... propone la posibilidad de que durante dos años -dos años- rijan determinadas normas especiales respecto de la Constitución. De este modo, sugiere la presencia de los nueve senadores designados en la Cámara Alta, pero sólo durante ese período...".

Voto que sí por lo que dijeran en conferencia de prensa don Sergio Onofre Jarpa y don Carlos Reymond, publicada en "El Mercurio" el 11 de mayo de 1989, en las páginas Al y A12: "La institución de los senadores designados, incorporada a la Constitución de 1980, se mantendría en vigor –subrayo- sólo por un plazo de cuatro años contados de la instalación del próximo Congreso Nacional. Vencidos estos cuatro años, el Senado quedaría integrado sólo por los senadores elegidos en votación directa...".

Voto que sí por lo que dicen en conferencia de prensa, nuevamente, don Carlos Reymond y don Sergio Onofre Jarpa, publicada en "El Mercurio" el 2 de diciembre de 1988, en la página C-3: "... estima que todos los miembros del Parlamento deben originarse por soberanía popular, por lo que deben eliminarse las disposiciones que permiten la integración del Senado con miembros no elegidos...".

En consecuencia, voto que sí.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, voto que sí, porque estoy absolutamente convencido de que la institución de los Senadores designados y el sistema binominal provocan una grave distorsión a la democracia en el país. Son partes integrantes de un conjunto de disposiciones de la Constitución que afectan en forma muy seria y profunda la posibilidad de tener instituciones plenamente democráticas en Chile.

Voto que sí porque me he convencido de que la democracia no es sólo un medio, como plantea el Diputado señor Chadwick, sino también un fin, en la medida de que no se ha inventado un sistema político mejor.

Voto que sí porque creo en un régimen político que se basa exclusivamente en la autodeterminación popular.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, voto que sí fundado en las razones que el ex Senador y miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional, con la más alta mayoría, señor Francisco Bulnes Sanfuentes, en el año 1986, esgrimió para repudiar la institución de los Senadores designados. Antes de citarlo, pido a Renovación Nacional que escuche atentamente las palabras de este prestigioso dirigente: "Lo probable es que las personas así designadas tengan muchos méritos personales, pero dado que provendrán de actividades muy distintas a las parlamentarias y que tendrán generalmente una edad muy avanzada, serán excepciones entre ellos los que reúnan la vocación política y legislativa, el conocimiento general de los problemas públicos, la experiencia parlamentaria y las Condiciones dialécticas y oratorias necesarias para ser un Senador eficiente y escuchado por sus colegas o, en otras palabras, para ser un buen legislador. Pero esto no es lo más grave. Lo que verdaderamente es grave es que semejante forma de elegir Senadores rompe una tradición profundamente arraigada en la mentalidad chilena y no se adapta a los conceptos democráticos generalmente reconocidos como tales, ni aun al viejo principio de separación de los Poderes, uno de los fundamentos del orden constitucional en el mundo libre."

Abunda en razones el ex Senador Bulnes y termina diciendo: "Este sistema rompe indudablemente el principio de separación de los Poderes del Estado y ' lleva el autoritarismo del régimen a un extremo lindante con la dictadura legal."

Eso lo decía en 1986.

Hago mías sus palabras. Debería meditar Renovación Nacional.

Voto que sí.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, sectores políticos rememoran hoy planteamientos de un siglo atrás respecto del voto universal. Representantes de la Derecha sostenían entonces que el voto de un labriego no podía valer exactamente igual que el voto de un filósofo. Ahora se altera el valor del voto y se legitima que el 33 por ciento vale exactamente igual que el 66 por ciento.

Pero, fundamentalmente, quiero señalar la gratitud, como parlamentario de la Concertación hacia el Presidente de la República, don Patricio Aylwin, porque fue capaz, a pesar de las muchas trabas, de enviar el proyecto al Congreso en cumplimiento del programa que hizo posible derrotar al Gobierno autoritario y dictatorial.

Hoy, por sobre las temáticas y planteamientos de los diferentes sectores políticos acerca del concepto de democracia, la prensa debe decir a Chile que los parlamentarios de la Concertación votaron por una reforma electoral transparente y verdaderamente democrática; y que la Derecha, al igual que hace 50 años, cuando votó en contra de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria con el argumento de que concientizaba a las futuras generaciones, legitima un sistema que atenta contra la verdadera representación del pueblo de Chile.

Voto que sí.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, voto que no porque soy consecuente y leal con la obra modernizadora y fundacional del Gobierno de las Fuerzas Armadas; voto que no porque el sistema binominal es el último regalo que el Gobierno militar hiciera a nuestro país; voto que no porque sin el sistema binominal hoy no habría oposición en Chile y no tendríamos la estabilidad política de que disfrutamos, y voto que no para sancionar a este Gobierno perverso, que ha sido tan ingrato con Renovación Nacional.

Muchas gracias.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, voto que sí porque en política es necesario mantener la palabra y los acuerdos. El acuerdo de la Concertación con Renovación Nacional estableció el principio de proporcionalidad corregida.

Voto que sí por la razón que diera el Secretario Nacional de Renovación Nacional de entonces, don Andrés Allamand, de que este acuerdo constituía la iniciativa política -según sus palabras- más importantes y de mayor trascendencia histórica que sectores democráticos hayan impulsado para asegurar la estabilidad de la institucionalidad futura.

Voto que sí porque este acuerdo, aprobado por unanimidad por la Comisión Política de Renovación Nacional, decía explícitamente que estas reformas no significaban el denominado "desmantelamiento" de la Constitución.

Voto que sí porque, el mismo Partido Renovación Nacional, en su momento, consideró insuficiente el número de Senadores establecido en la Constitución y estimó que todos los miembros del Parlamento deben provenir de la soberanía popular.

Voto que sí, porque somos consecuentes, no como otros, que hoy borran con el codo lo que ayer escribieron con la mano.

Voto que sí.

El señor ORTIZ.-

Pido la palabra.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, voto que sí porque estoy absolutamente convencido de que el sistema proporcional es mucho más justo y democrático que el binominal.

Algunos Honorables colegas parlamentarios de las bancadas de la Derecha planteaban que no existían argumentos en contra para sostener ese punto de vista. Voy a dar uno solo: por lo menos tres o cuatro Senadores ocupan un sillón parlamentario exclusivamente por el sistema binominal.

Voto que sí, porque estoy convencido de que los Senadores designados han hecho posible construir una mayoría absolutamente artificial, que ha permitido rechazar proyectos a los que todo el pueblo, en forma mayoritaria, aspiraba.

Voto que sí, porque está en la responsabilidad y conciencia de cada uno de nosotros demostrar al país que lo dicho en la campaña lo estamos haciendo como parlamentarios.

Voto que sí.

El señor REBOLLEDO.-

Señor Presidente, quiero votar afirmativamente y, de paso, al fundamentar mi voto, recoger un par de argumentos recurrentes de las bancadas de la Derecha, que no por ser repetidos con majadería dejan de ser falaces.

En cuanto al primero, referente a que el sistema binominal ha proporcionado estabilidad a nuestro sistema político y a la transición democrática, quiero reiterar que ella se debe a la prudencia y responsabilidad con que se han conducido las fuerzas políticas para salvar, muchas veces, los obstáculos que la propia institucionalidad heredada del régimen anterior plantea; entre otros, el sistema binominal.

En segundo lugar, deseo declarar que el planteamiento formulado por el colega Espina en el sentido de que el sistema binominal garantiza una proporcionalidad, toda vez que las fuerzas políticas están representadas en esta Cámara de Diputados y en el Parlamento en una proporción parecida a los votos que obtuvieron en las elecciones, es una falacia. El sistema binominal, de no mediar los pactos, que han permitido la proporcionalidad, hubiera implicado que muchos parlamentarios no estuvieran sentados en esta Sala, donde sólo habrían estado representadas la primera y la segunda fuerza política. Por consiguiente, la proporcionalidad ha sido garantizada por los pactos y, además, por el mecanismo de la omisión entre las fuerzas políticas que, como bien ha señalado el Ministro Boeninger en su exposición, no es precisamente la práctica más adecuada para el sistema democrático.

Finalmente, en cuanto a que el sistema binominal orientaría y modificaría el sistema de partidos chileno hacia dos grandes corrientes políticas, debo expresar que ésta es una tesis desechada,...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado. Tiene que emitir el voto.

El señor REBOLLEDO.-

... la cual pugna contra un sistema pluripartidista que permanece y se tiene la obligación de recoger.

Voto que sí.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, todas las fundamentaciones planteadas se sustentan teniendo en vista la relación que existe con el poder.

Para valorar la postura de alguien sobre el poder, primero hay que preguntarse: ¿lo poseo o carezco de él? Es evidente que la postura que se adopte será distinta si se está en una o en otra situación.

El sistema electoral no es un fin sino un medio. Representatividad y gobernabilidad son dos elementos que siempre deben tenerse presentes.

Sin embargo, en esta oportunidad quiero preguntarme cómo actuaremos cuando se deba nombrar a los nuevos Senadores designados. Si estamos en el poder, seguramente los partidos de la Concertación los seguirán rechazando; si ella está en el poder, le corresponderá designarlos, y ahí veremos si utilizará o no la facultad constitucional para hacerlo y nosotros nos preguntaremos también si seguiremos defendiendo la institución con igual ahínco que en esta ocasión.

Voto que no.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, voto que no porque el sistema binominal ha demostrado que contribuye a la estabilidad del país y, como se ha dicho aquí, es perfectamente representativo.

El argumento de que la proporcionalidad se ha logrado por la vía de pactos de omisión no sirve para la Concertación, porque ella está formada por 17 partidos. De todas maneras y con cualquier sistema, la Concertación tendrá algún tipo de pacto de omisión.

Además, considero que es válido poder cambiar de opinión en este aspecto.

En lo personal, no lo he hecho; pero hay personas que pueden haberla modificado porque se ha demostrado que es un buen sistema. La Democracia Cristiana propugnaba hasta hace poco por un socialismo comunitario, y cambió de criterio. El candidato Lagos sostenía la concepción del socialismo marxista, y ahora está muy alejado de ella, de lo cual nos alegramos mucho porque tiene razones válidas para ello.

Por último, si los Diputados señores Juan Martínez, Jaime Estévez o Sergio Molina se basaran normalmente en juristas y en miembros de Renovación Nacional, como aquí lo han hecho, el país habría avanzado mucho más rápido aún. También quiero decir que el argumento que han hecho valer es falso, en primer lugar, porque respecto de los Senadores designados Renovación Nacional ha dicho que es un problema de oportunidad; en segundo lugar, porque, al menos en el caso del ex Senador Bulnes, los argumentos fueron formulados con anterioridad a la reforma de 1989, que cambió la proporcionalidad en el Senado.

Lógicamente, es posible tener dudas sobre una institución como la de Senadores designados. Pero aquí ha quedado demostrado que es positivo que haya experiencia en la Cámara Alta. Puede ser discutible cómo se genera esa experiencia, pero esa institución ha beneficiado enormemente a la Concertación y, por lo tanto, al país. Quiero recordar que ellos no han votado en bloque; por el contrario, han apoyado muchos proyectos de la Concertación, aun en contra de partidos como Renovación Nacional y la UDI, por ejemplo, el de la indemnización en el caso Letelier.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado. Tiene que emitir el voto.

El señor RINGELING.-

Voto que no.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, antes de emitir mi voto, quiero dejar expresa constancia de que no es materia de discusión la construcción de una sociedad comunitaria, que no tiene relación alguna con el asunto que se está tratando ni tampoco con el sistema electoral. Estamos actuando como poder constituyente frente a una reforma muy expresa que se refiere exclusivamente a los Senadores designados y a temas que tienden a establecer en la Constitución una norma general y no reglamentaria, como la que existe en la actualidad.

Por estas razones, voto que sí.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, hace tiempo que no se escuchaba tanta ignorancia de parte de una misma persona en su fundamentación del voto. Me refiero el Diputado señor Bosselin.

Me parece que calificar de impostores a personas que antes de haber llegado a la institución Senado hicieron extraordinarios aportes al país, no es serio ni responsable.

El objetivo de este proyecto de reforma no son los Senadores institucionales, sino el ánimo de satisfacer a tantas cuerdas para los pocos trompos que representan los 120 Diputados y los 38 Senadores.

En síntesis, sólo se desea elevar el número de cargos parlamentarios. Los sistemas para su elección admiten críticas, pero por ello no dejan de ser democráticos. Todos son imperfectos; desconocer esto significa no saber nada de nada.

Por todas estas razones, voto no.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto señalando que éste será no, porque es una irresponsabilidad política plantear una reforma constitucional que tendrá efectos en seis años más. Si se considera que la Carta Fundamental necesita y requiere permanencia en el tiempo.

Por otra parte, los actuales Senadores institucionales han permitido, junto con Renovación Nacional y la Concertación, aprobar proyectos de ley tan importantes como la reforma tributaria, las leyes denominadas "Cumplido" y la reforma laboral.

En segundo lugar, voto que no porque no estamos dispuestos a aumentar el número de Diputados ni de Senadores, con el consiguiente gasto para el erario. Además, estimamos que el número actual es suficiente para legislar y fiscalizar en forma eficiente y adecuada.

En tercer lugar, voto que no porque el antiguo sistema proporcional distorsionaba la representación popular. Tanto es así que en 1965 la Democracia Cristiana, con sólo el 42 por ciento de los votos, logró controlar el 63 por ciento de la Cámara de Diputados.

En cuarto lugar, porque las citas que se han hecho acá son absolutamente malintencionadas, parciales, y tratan de distorsionar en forma "marketinera" lo propuesto y señalado por Renovación Nacional, que durante estos dos años y medio ha contribuido eficientemente a crear un sistema democrático estable para el país y, en especial a buscar los acuerdos suficientes y necesarios en materias sociales y laborales.

Por eso, me opongo a esta reforma constitucional, que tiene por objeto única y exclusivamente destruir la institucionalidad que va a permitir que Chile siga creciendo en el futuro.

He dicho.