Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que reajusta las remuneraciones de los funcionarios del sector público y concede un aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Sota, quien cumplirá su cometido verbalmente, porque no hubo tiempo para elaborar el informe escrito.

El proyecto está impreso en el boletín el N° 870-05 y figura en el N° 4 de los documentos de la cuenta

El señor SOTA.-

Señor Presidente, paso a informar verbalmente el proyecto de ley, originado en un mensaje del Presidente de la República, que reajusta las remuneraciones de los funcionarios del sector público, concede aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario.

Dicha iniciativa fue calificada con urgencia de "discusión inmediata", por lo que debe tratarse en general y en particular a la vez.

El plazo reglamentario para su tratamiento y estudio por la Cámara vence mañana, y el constitucional, el 27 próximo.

Este proyecto de ley traduce el acuerdo del Gobierno, representado por los Ministros de Hacienda, de Economía y del Trabajo, con las organizaciones de trabajadores del sector público sobre los asuntos mencionados anteriormente.

En las conversaciones correspondientes, los trabajadores del sector público estuvieron representados por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef; la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats; la Asociación Nacional de Empleados Municipales de Chile, Asemuch, y el Colegio de Profesores.

En términos generales, esta iniciativa reajusta las remuneraciones del sector público en un 14 por ciento a contar desde el 12 de diciembre de 1992 y también consulta medidas complementarias que analizaré artículo por artículo.

Asimismo, concede un aguinaldo de Navidad de 11 mil pesos por cada trabajador del sector público, con ingreso líquido igual o inferior a 100 mil pesos mensuales en noviembre de 1992, y de 6 mil pesos por cada trabajador del sector público con ingreso superior a esa cifra.

El aguinaldo de Navidad se otorgará a los mismos trabajadores que lo recibieron para Fiestas Patrias. En la determinación de las remuneraciones para fijar los tramos del aguinaldo no se considerarán ingresos eventuales no imponibles, como las horas extraordinarias y los viáticos.

El proyecto incluye disposiciones para racionalizar el sistema de remuneraciones de la Escala Única. Establece una asignación única para el conjunto del personal regido por esta Escala, sustitutiva de las contempladas en los decretos leyes N°. 2.411, de 1978, y 3.551, de 1981, y de las bonificaciones refundidas por la ley N2 18.717.

Las asignaciones que racionalizan el sistema de remuneraciones de la Escala Única representan alrededor de un 3 por ciento adicional en el reajuste de estos funcionarios.

Con relación al sector salud, que también se verá beneficiado con este proyecto, se dispone que para el cálculo del mayor valor del 5 por ciento de los gastos de personal de los servicios de salud que corresponden por la aplicación de la tercera etapa de la ley N2 19.086, se considerarán las remuneraciones vigentes antes de la aplicación de esta racionalización de la Escala Única.

Asimismo, esta iniciativa modifica los grados mínimos de los cargos de las plantas de personal de los servicios de la Administración Pública regidos por la Escala Única de Remuneraciones, los que, a contar desde el l2 de enero de 1993, serán los siguientes: de la planta de Auxiliares, grado 28; de Administrativos, grado 25; de Técnicos, grado 24, y de Profesionales, grado 18.

El proyecto también consulta la posibilidad de aumentar el tope del aporte institucional anual a los servicios de bienestar de la Administración Pública y de las municipalidades desde el equivalente a un sueldo base grado 31 a un sueldo base grado 28.

Un precepto consagra algo muy importante para la Cámara, especialmente para los Diputados que representan regiones cuyas comunas están mencionadas en el proyecto de ley: se amplía y se incrementa la asignación de zona para doce comunas del país que en el costo de la vida tienen diferencias con la Región Metropolitana, ya sea porque a la fecha carecen de esta asignación, o porque no alcanza a compensar dichas diferencias. El costo anual de este beneficio será de aproximadamente 1.000 millones de pesos.

Se adelanta para enero de 1993 la aplicación del 100 por ciento de la asignación de experiencia establecida en la ley N° 19.070, Estatuto Docente, y se extiende hasta el 28 de febrero de 1994 la aplicación del bono de perfeccionamiento.

A continuación, reseñaré lo dispuesto en algunos de los artículos, y los señores Diputados podrán formular las consultas que estimen pertinentes. En este sentido, será especialmente útil la presencia, tanto del señor Ministro de Hacienda como del señor Subdirector de Presupuestos.

El artículo 1°, en su inciso primero, otorga, a contar del l2 de diciembre de 1992, un reajuste del 14 por ciento a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldos bases, asignación profesional, de zona, de fiscalización, judicial, municipal, de especialidades, y otras similares, que tengan total o parcialmente el carácter de imponibles o no imponibles, según la normativa que les sea aplicable a los trabajadores del sector público, tanto de la Administración Civil del Estado como del Congreso Nacional, del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República y demás instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

El inciso segundo señala los trabajadores del sector público a quienes no les es aplicable este reajuste por estar afectos a otros mecanismos de ajustes; aquellos cuyas remuneraciones sean fijadas de acuerdo con las disposiciones sobre negociación colectiva del Código del Trabajo, aquellos cuyas remuneraciones sean fijadas por la entidad empleadora, y aquellos cuyas remuneraciones sean establecidas, convenidas o pagadas en moneda extranjera.

El artículo 2° dispone que este reajuste también es aplicable a los médicos, químicosfarmacéuticos y dentistas, incluidos los profesionales de las Fuerzas Armadas y, en general, de la Administración Pública.

El artículo 3° reajusta, a partir del Ia de diciembre de 1992, los actuales montos correspondientes a las subvenciones otorgadas a las instituciones reconocidas cómo colaboradoras del Estado. Esta disposición beneficia especialmente a las instituciones que trabajan con el Sename, por ejemplo, "Mi Casa" y otros hogares de menores.

El artículo 4° concede, por una sola vez, un aguinaldo de Navidad a los trabajadores del sector público; de las universidades y demás entidades de educación superior que perciban aporte fiscal; de la Administración del Estado que hayan sido traspasados a las municipalidades y de los establecimientos particulares subvencionados del área educacional, atención de menores y judicial, siempre que tengan alguna de dichas calidades a la fecha de publicación de esta ley.

Los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en noviembre de 1992 no exceda de 100 mil pesos, recibirán un aguinaldo de 11 mil pesos, y aquellos cuya remuneración líquida sea superior a 100 mil pesos, percibirán un aguinaldo de 6 mil pesos.

Recuerdo a los señores Diputados que el año pasado los aguinaldos fueron de 9.700 y 4.800 pesos, respectivamente, es decir, la diferencia promedio es superior al 14 por ciento.

El artículo 5° prescribe que los aguinaldos concedidos por esta ley a los trabajadores de las entidades señaladas en los artículos 1° y 2a de la ley Na 19.167, en lo que se refiere a los órganos y servicios públicos centralizados que tienen patrimonio propio absorberán el gasto con los recursos de la entidad empleadora. El Ministro de Hacienda dispondrá la entrega a dichas entidades de los montos necesarios para pagarlos si éstas no pueden financiarlos, en todo o en parte, con sus recursos o excedentes.

El artículo 7° reajusta el subsidio de cesantía, beneficio que alcanza a 20 mil personas.

El artículo 8° otorga, por una sola vez, en el mes de diciembre de 1992, una subvención complementaria a la subvención educacional y su monto será equivalente a 28.568 pesos por cada trabajador que desempeñe labores no regidas por la ley N° 19.070 y que tenga contrato vigente a lo menos desde el 1°de junio de 1992.

El beneficio favorecerá prácticamente a 32 mil personas.

El artículo 9° incrementa en 799.413.000 pesos el aporte a los establecimientos de educación que señala el artículo 2a del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación.

El artículo 10 adelanta a enero de 1993 como ya lo dije la aplicación de un ciento por ciento de la asignación de experiencia establecida en el Estatuto Docente.

El artículo 11 aumenta el tope del aporte institucional anual a los servicios de bienestar de la Administración Pública desde el equivalente a un sueldo base de grado 31 a un sueldo base del grado 28, a contar del 1° de enero del próximo año.

Pido especial atención en el artículo 12, que se refiere al incremento de la asignación de zona. Además, pongo a disposición de la Cámara un documento sobre los montos de las asignaciones de zona a lo largo de todo Chile, los que, muchas veces, los Diputados no conocemos. Esas asignaciones son revisadas en este proyecto de ley, y el artículo 12 dispone lo siguiente: "La asignación de zona a que se refiere el artículo 7a del decreto ley N°249, de 1974, será, a contar del le de enero de 1993, para las comunas que a continuación se indica, de los porcentajes que se pasa a señalar: Ollagüe, 80 por ciento; San Pedro de Atacama, 50 por ciento; Los Vilos, 15 por ciento; Salamanca, 15 por ciento."

Y luego varias comunas de la Octava Región, todas con un 15 por ciento: San Ignacio, Pinto, Chillán, Coihueco, Bulnes, Quillón y Antuco. En las Guaitecas, Undécima Región, sube de un 90 a un 125 por ciento.

Eso es lo que dispone el artículo 12. Pero, repito, podría dar a conocer a los Honorables Diputados las asignaciones de zona vigentes en todo el país.

A partir del artículo 13, el proyecto contiene disposiciones que, como señaló el señor Presidente de la Cámara, son de racionalización dé la escala de sueldos de la Administración Pública. Algunos señores Diputados, en la Comisión manifestaron que habrían preferido que esta materia se consignara en otro proyecto de ley; pero, en todo caso, habiéndose incluido en éste, debió tratarse. Como puede apreciarse, desde el artículo 13 hasta el 19 se contienen reformas a las escalas de sueldos de los servicios de la Administración Pública. En ellos hay una descripción bien específica de lo que significan las asignaciones para cada uno de los grados que se señalan.

El artículo 20 es una disposición de carácter general, pero relacionado con las modificaciones propuestas en los artículos descritos. El artículo 21 tiene asimismo, dicho alcance.

El artículo 22 dispone que el financiamiento del proyecto será con cargo al ítem ahí consignado de la partida presupuestaria Tesoro Público.

Para finalizar haré una síntesis de lo que significa el costo fiscal del proyecto, cuyas cifras están en la parte final del informe financiero adjunto al mensaje de que disponen los señores Diputados.

En todo caso, dicho informe indica que, para 1992, el reajuste a los trabajadores del sector público, el aguinaldo de Navidad y el aporte a las instituciones de educación superior, representan un costo fiscal de 14.808 millones de pesos.

El aguinaldo de Navidad beneficiará a 494 mil trabajadores, de los cuales 148.200 perciben rentas líquidas mensuales superiores a 100 mil pesos, y 346 mil, iguales o inferiores a 100 mil pesos. El costo fiscal asciende a 4.729 millones de pesos.

El costo fiscal, para 1993, de este reajuste, se desglosa de la siguiente manera:

Reajuste de remuneraciones y subvenciones para el Servicio Nacional de Menores: 80 mil millones de pesos. Esta cifra, extraordinariamente importante, beneficiará a las instituciones que colaboran con el citado servicio.

Subvenciones educacionales: 30 mil millones de pesos.

Subsidio de cesantía: 312 millones de pesos.

Medidas complementarias al reajuste, vale decir, la racionalización de la escala única de sueldos, la ampliación de asignación de zona y la modificación de grados de inicio en las respectivas plantas de la escala, y al Estatuto Docente: 10 mil millones de pesos.

El número de trabajadores beneficia

dos con esta iniciativa, incluidas las municipalidades y los personales de la enseñanza subvencionada, conformada por los colegios traspasados a las municipalidades y la enseñanza particular subvencionada, será de 446.000 personas.

Es todo cuanto puedo informar a la Honorable Cámara, señor Presidente.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, discutimos hoy un proyecto que tiene gran importancia para una parte significativa de los chilenos, ya que se refiere al otorgamiento de reajuste de remuneraciones para el sector público y, como ya es tradicional, para otorgar un aguinaldo de Navidad a ese mismo sector, y como muy bien lo ha detallado el Diputado informante, señor Vicente Sota, otros beneficios de carácter pecuniario, y a la racionalización de la Escala Única.

Este reajuste, de innegable significado para los ingresos de miles de familias de chilenos, constituye, además, el reflejo del progreso de la economía nacional y de la voluntad del Gobierno de traspasar parte de él a los trabajadores, cumpliendo con lo expresado en el programa de la Concertación, referente al sentido solidario y espíritu de equidad que deben primar en nuestra sociedad.

En lo fundamental, este proyecto, a contar del 1° de diciembre, otorga un reajuste de 14 por ciento a las remuneraciones, asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero, tales como sueldo base, asignaciones profesional, de zona, de fiscalización, judicial, municipal, de especialidad y otras similares, que tengan total o parcialmente el carácter de imponible de acuerdo con la normativa del sector público, de la administración civil del Estado, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría General de la República y otras instituciones fiscalizadoras, de las municipalidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y Policía de Investigaciones, entidades que reúnen, en conjunto, aproximadamente a 445 mil trabajadores beneficiados.

Un reajuste de igual monto beneficia a las remuneraciones de los profesionales regidos por la ley N° 15.076, que comprende a médicos, dentistas y químicos farmacéuticos; también el proyecto reajusta las subvenciones a las instituciones que colaboran con el Estado en la atención de la niñez en situación irregular.

En relación con el aguinaldo que con motivo de Navidad establece la presente ley, éste alcanza al valor de 11.100 pesos para las remuneraciones menores a 100 mil pesos mensuales, y de 6 mil para aquéllas superiores a esta cifra. Este aguinaldo, reajustado en aproximadamente un 20 por ciento en relación con el otorgado el año pasado, tiene gran significación para más de 495 mil hogares, en una ocasión tan significativa como es Navidad.

Para quien representa a parte de la provincia de Nuble, este proyecto, en su artículo 12, hace justicia a seis comunas de la misma, las que, a pesar de tener altas tasas de pobreza y reunir las condiciones que los parámetros les exigen para el otorgamiento de asignación de zona, no la reciben. Con ello se logra resarcirlas de la situación de injusticia en que están frente a otras comunas que sí la perciben.

El Gobierno, así, ha dado respuesta a la legítima aspiración de los habitantes de estas comunas, lo que fue planteado al Presidente de la República, don Patricio Aylwin, en una visita que hiciera a Chillón a comienzos de su período presidencial.

Creo poder representar la satisfacción de los habitantes de mi provincia por este importante logro, que redundará en un mayor bienestar para su población. Por considerar que el reajuste y los beneficios que este proyecto contempla materializan un significativo avance para los trabajadores del sector público, y reflejan, de parte del Gobierno, una franca disposición de sostener el desarrollo económico con sentido de justicia y equidad, y de acuerdo a un compromiso con las organizaciones de los trabajadores, como ha sido en este caso, nuestra bancada votará favorablemente esta importante iniciativa.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, como Comité radical-social-demócrata, expondré algunas consideraciones muy generales para hacer resaltar la actitud del Gobierno que el país valora, ya que a través de un acertado procedimiento ha ido satisfaciendo las aspiraciones y necesidades de los trabajadores chilenos. Y lo ha hecho en forma que, evidentemente, augura para este país un porvenir exitoso, porque no se ha hecho con medidas populistas, como la ocurrida en otros países de América Latina con resultados desastrosos y que han sido los elementos que han contribuido a crear inestabilidad social y política en muchos países de América morena.

El diálogo sistemático, constante y permanente por el Ejecutivo y por los ministerios respectivos, con las organizaciones de trabajadores, incluso con los empresarios, es algo que hay que subrayar y destacar, porque este país en transición avanza en paz, buscando los consensos de todos los sectores involucrados con aspiraciones en nuestra sociedad.

A los parlamentarios de esta bancada siempre nos queda la inquietud lacerante de que cuando se otorgan estos beneficios a los sectores de trabajadores del ámbito público se deja un tanto librados a su suerte a aquellos trabajadores que se desempeñan en el área privada, por estar sujetos o supeditados a la mayor o menor sensibilidad de los empresarios para otorgarles beneficios similares.

Dentro de las pautas, nos alegra que se haya dado énfasis y se esté oficialmente dirimiendo una situación compleja creada en el sector de trabajadores de la docencia, a quienes, durante mucho tiempo, nadie supo enmarcarlos en el sector público o en el municipal, quedando en una situación bastante compleja respecto de los beneficios que se otorgaban. En la actualidad, el Gobierno y los ministerios respectivos han señalado que, para todos los efectos de beneficios en el sector público, los profesores son considerados como tales.

Considero que la cantidad de 30 mil millones de pesos consultada para las subvenciones educacionales, lleva tranquilidad y normalidad a este importante nivel de trabajadores del país. A ello habría que agregar que el Gobierno también ha tomado la decisión de financiar los déficit de más de noventa municipalidades del país, lo que, en el aspecto de la educación, es increíblemente alto.

Señor Presidente, no puedo, como Diputado de Gobierno, dejar de expresar mi satisfacción por el éxito en la conducción de la política económica del país; porque no hay que olvidar que hoy nuestra situación económica, por su sanidad, está ordenada y proyectada hacia el futuro. Hace un año, bajo la conducción del actual Gobierno y de sus Ministros de Hacienda y de Economía, el país logró un crecimiento de un 2 por ciento, y sólo en el segundo año de gobierno ha logrado llegar a un 6 por ciento de su crecimiento económico.

Conjuntamente con este proyecto de ley que entrega beneficios importantes a los trabajadores del país, cuyas necesidades el gobierno ha captado, también ha disminuido el desempleo de la masa trabajadora, que era del 7 por ciento cuando el Gobierno de la Concertación recibió el poder, y que hoy día es del 4 por ciento, como ha sido reconocido por los propios empresarios de todos los sectores políticos del país.

Esto revela no sólo que son muchos los hogares del país cuyos miembros han tenido acceso al trabajo, lo que ha significado la creación responsable de más de 200 mil nuevos empleos, sino también que el ahorro de los chilenos, de todos los sectores, se encuentra en uno de sus niveles históricos más altos.

En síntesis, tenemos una economía que crece con una menor inflación y que muestra el mejor desempeño global en América Latina, como lo han reconocido gobernantes y especialistas en esta materia.

Al entregar el proyecto estos beneficios, también tenemos el derecho, junto con aprobarlos, de manifestar nuestra satisfacción por el éxito del Gobierno de la Concertación, que ha permitido que la empresa privada, que ha encontrado todos los caminos para concretar sus aspiraciones, esté invirtiendo en el país más de 4.200 millones de dólares en diversos proyectos.

Más aún, hemos enfrentado una deuda externa heredada, que desde el 69 por ciento, cuando las autoridades políticas y económicas recibieron el poder en 1989, ha bajado a sólo el 48 por ciento en 1992.

¿Qué incidencia puede tener dentro del proyecto lo que estoy señalando? Sin duda, puntualizar y subrayar la seriedad y la madurez con que las actuales autoridades políticas y económicas de este país están actuando para solucionar los problemas de los sectores sociales de Chile.

Este diálogo entre trabajadores y empleados es un buen síntoma, porqué revela que existe en el país la posibilidad de trabajar, consensar y dialogar con los sectores que siempre deben estar unidos, como son los empresarios, motores de creación económica y de trabajo, y los trabajadores, elementos insustituibles para el éxito de esos mismos empresarios.

A los Diputados de los Partidos Radical y Social Demócrata nos habría agradado deben existir razones para que no haya ocurrido así que el beneficio de los 11 mil cien pesos no hubiere sido limitado para las remuneraciones de hasta 100 mil pesos, sino que se hubiese fijado como tope 150 mil pesos de sueldo, porque esta última cifra es una cantidad bastante ajustada para un hogar que debe educar a dos hijos en la universidad, familia que requiere de algunos estímulos y beneficios.

Señor Presidente, termino mi intervención felicitando al Gobierno, al señor Ministro de Hacienda y al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción por esta satisfacción que les dan a los trabajadores chilenos, y porque enorgullece a los parlamentarios de la Concertación, pues estamos dando una respuesta concreta y maciza a un programa de Gobierno que planteamos hace cerca de tres años, el que, no cabe ninguna duda, se ha estado cumpliendo a la letra.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, ayer la Comisión de Hacienda de esta Cámara tuvo la posibilidad de estudiar detalladamente el proyecto que reajusta las remuneraciones de los funcionarios del sector público y concede aguinaldo de Navidad y otros beneficios de carácter pecuniario.

Esta iniciativa, que hoy se somete a consideración de la Sala, principalmente materializa y ratifica un acuerdo asumido por el Supremo Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, con los más representativos dirigentes gremiales y sindicales, tanto de la Central Unitaria de Trabajadores, como de la Anef, Colegio de Profesores y otros gremios; pero fundamentalmente devuelve, entre otros beneficios, el poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios del sector público, afectado como consecuencia de la inflación acumulada en los últimos doce meses.

Para tal efecto, el Supremo Gobierno propone en este proyecto de ley otorgar el 14 por ciento como reajuste general de remuneraciones con lo cual, sin ninguna duda, se estaría cubriendo con creces la inflación del período antes señalado, la que, hasta la fecha, alcanza al 13,3 por ciento.

Al mismo tiempo como ha sido tradicional en este Gobierno democrático, encabezado por Patricio Aylwin, se otorga un aguinaldo de Navidad, el cual beneficia por montos de 11.100 pesos y 6 mil pesos, de acuerdo con el ingreso del funcionario. Este aguinaldo es equivalente al otorgado el año pasado, con la diferencia que en el caso del tramo por ingreso superior el monto se ha incrementado en un 22 por ciento, con el cual se pretende focalizar en mejor forma la entrega de estos recursos.

Por otra parte, la iniciativa también considera una bonificación especial que, en diciembre, asciende a 28.568 pesos para el personal no docente contratado en establecimientos educacionales, en cumplimiento de la promesa de hacer realidad el Estatuto del no Docente. Ello es consecuencia del procedimiento normal que ha tenido nuestro Gobierno de que las promesas deben cumplirse.

Esto se arrastra desde el instante en que se discutió el Estatuto Docente ley Ns 19.070en virtud del cual se incluyó una importante suma en los Presupuestos de la Nación de 1991, 1992, y 1993 para hacer factible el Estatuto del no Docente.

Sobre esto es bueno recordar, para la historia fidedigna de esta ley, que el año pasado se otorgó una bonificación que benefició a casi 32 mil funcionarios, haciendo el Fisco los aportes extraordinarios, por una vez, a todos los establecimientos educacionales del país, es decir, no sólo a los dependientes de las 334 municipalidades, sino también a todos los colegios particulares subvencionados.

Respecto de este tema, quiero recordar que ayer, en la Comisión de Hacienda, a proposición unánime de los Diputados presentes, acordamos solicitar al señor Ministro de Hacienda que esta bonificación no sea imponible o, al menos, que no se considerase para la cotización de salud, pues se estimó que se destinarían, a lo menos, 60 millones de pesos al sistema de salud, sin que el trabajador obtuviera una mayor contraprestación.

Consideramos de justicia que el Supremo Gobierno acoja esta solicitud, porque queremos hacer realidad la petición que un grupo de parlamentarios formulamos hace más de un año, de que se estudiara el Estatuto no Docente.

En el Ministerio de Educación se formó una Comisión, a la cual fueron invitados dirigentes de los distintos estratos de la educación personal auxiliar, paradocentes y funcionarios administrativos, pero hace solamente 72 horas que el anteproyecto ingresó al Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, apelamos a la buena voluntad que siempre ha demostrado el personal del ese Ministerio para que apure su estudio, porque es de justicia que el Poder Legislativo dicte normas para las personas que cooperan en el proceso educativo, quienes, junto con los docentes, conforman un todo.

Otro de los beneficios contemplados para el sector de educación es el mayor aporte que se entrega a la educación superior. Al respecto, recuerdo que la semana pasada, con ocasión de discutir en esta Sala el proyecto de Ley de Presupuestos, pedimos al señor Ministro de Hacienda subrogante, don José Pablo Arellano, que se aumentara en 11,5 por ciento el presupuesto de las universidades, con aporte fiscal directo o indirecto.

Cabe precisar que de 31 mil millones de pesos que se entregaron como aporte fiscal directo e indirecto cuando asumió este Gobierno democrático, se ha subido a 85 mil millones, es decir, ha habido un gran aumento, y un apoyo financiero presupuestario real para el desarrollo de las universidades.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en una proyección que hicieron las universidades, hay un déficit de 1.031 millones de pesos, que el señor José Pablo Arellano se comprometió a solucionar. En ese estudio se considera un 14 por ciento de aumento de sueldo porcentaje previsto en el proyecto que estamos analizando no sólo para el personal docente, sino para todos los empleados universitarios, de manera que los rectores están procurando que ese aumento se haga realidad.

Por otra parte, cuando se estudió en esta Sala el proyecto de ley que reformaba el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1989, sobre subvenciones educacionales, varios parlamentarios solicitamos, tanto en las Comisiones de Educación y de Hacienda, como en las reuniones que tuvimos con el señor Ministro de Hacienda, que la subvención se reajustara según la variación del IPC. Ahora me doy cuenta creo que es bueno reconocerlo públicamente, sobre todo en esta Sala que el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley, tenía razón al plantear que era mucho mejor la indicación que habíamos presentado un grupo de parlamentarios de la Comisión de Educación, de que las subvenciones se reajustaran en el mismo monto y desde el mismo día en que hubiera reajuste para el sector público.

Hoy se hace realidad el argumento de don Alejandro Foxley, quien, con la confianza que le da la conducción de la política económica del Gobierno, nos dijo que, en la medida en que la economía fuera subiendo, la unidad de subvención educacional se reajustará automáticamente en un 14 por ciento, superior al IPC actual.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, quiero recordar que el 93 por ciento de los casi 10 mil establecimientos educacionales existentes en el país, con aproximadamente 120 mil profesores, sólo tiene como ingresos los recursos provenientes de la subvención educacional.

El proyecto otorga una mejoría importante a los ingresos de estos .colegios, beneficios que se deben reflejar, tanto con un trato directo y diferente, en un aumento de remuneraciones.

Un tercer elemento, muy positivo, dice relación con el aumento en un 22 por ciento del monto de las subvenciones otorgadas a las entidades colaboradoras del Servicio Nacional de Menores. Esta medida, al igual que la adoptada el año pasado, trata de recuperar el nivel de dichas subvenciones, que por largo tiempo no fueron reajustadas, deteriorándose en forma dramática y produciendo el cierre de muchos establecimientos, que debieron ser absorbidos por el Sename. Como lo señaló el Diputado informante señor Sota, se trata de hogares de menores que colaboran con dicho Servicio y que hacen posible la rehabilitación y educación de muchos niños del país.

La segunda parte del proyecto se refiere a normas de racionalización, cuyo propósito es ordenar y sistematizar el mecanismo de las asignaciones que se otorgan a los funcionarios afectos a la Escala Única de Sueldos, corrigiendo las graves distorsiones provocadas por asignaciones cuyos montos varían de acuerdo con el grado del funcionario.

Estoy de acuerdo con la incorporación de estos artículos, que para algunos son propios de una ley miscélanea. Sin embargo, hacen justicia a una serie de situaciones que no se podían seguir manteniendo.

Se propone un sano mecanismo que permite otorgar una sola asignación especial y que refunde en una disposición el universo existente. De igual modo, se propone reemplazar el sistema de asignación profesional, basada en un porcentaje del sueldo base, por una cantidad fija, establecida en una tabla, según el grado del funcionario, como estímulo para los ascensos.

Si bien durante la discusión de la norma se hizo presente que la oportunidad en que ella se planteaba no era la más conveniente, sus efectos tienen gran importancia para las remuneraciones de muchos trabajadores del sector, y además entrega un ordenamiento que, de otra forma, no se había aprobado antes de fin de año.

Respecto de la asignación de antigüedad, es decir, la bonificación por bienios, su gradualidad, en lugar de terminar en un 100 por ciento en 1994, se adelanta a 1993. Además, se posibilita que en un tiempo más se despache la ley sobre el Serbima, situación que planteé en esta Sala hace dos años. En esa oportunidad, un señor Diputado cuyo nombre no daré porque no está presente dijo que el proyecto respectivo estaba prácticamente listo. Este proyecto demuestra que tal afirmación era falsa.

En síntesis, se trata de un proyecto que contempla normas muy positivas, que mejoran las condiciones del personal de la Administración Pública, y ayudan, además, a la recuperación de todo el sector, sin perjuicio de que se presenten normas más permanentes sobre el particular, las cuales serán enviadas a esta Corporación en lo que resta del año, según lo convenido entre el Gobierno y las organizaciones de trabajadores del sector.

En consideración a lo anterior, con mucha satisfacción anuncio mi voto favorable a la iniciativa.

He dicho.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en primer lugar, es imprescindible prorrogar el Orden del Día; de lo contrario, no podremos despachar este proyecto que el Senado debe tratar mañana, y no habría reajuste en diciembre. Así de serio y grave es el asunto.

Por eso, lo razonable es que discutamos este proyecto hasta su total despacho, cualquiera que sea la hora de término de la sesión.

En relación con el fondo del proyecto de reajuste de remuneraciones, deseo expresar algunas observaciones.

En primer lugar, el reajuste relativo a los 30 mil funcionarios paradocentes.

El Estatuto Docente establece la obligación de reajustar las remuneraciones de los profesores. Sin embargo, hay 30 mil funcionarios paradocentes que apoyan su acción, y no existe disposición alguna del proyecto que obligue, ya sea a las municipalidades o a los sostenedores particulares, a traspasar parte del aumento de la subvención para reajustar sus remuneraciones en un 14 por ciento.

Los dirigentes nacionales de los funcionarios paradocentes me informaron que el señor Ministro de Educación se comprometió a incorporarlos en este proyecto, incluyendo una disposición que obligue a las municipalidades y a los sostenedores particulares a reajustar sus remuneraciones en dicho porcentaje.

De más está decir que los funcionarios paradocentes tienen rentas muy bajas y que la bonificación de 28.500 pesos que se les otorga es insuficiente para compensarlas.

Señor Presidente, estimo de la mayor importancia que el señor Ministro de Hacienda escuche mi intervención; de lo contrario, no podrá responder las observaciones que nos merece el proyecto.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, otra preocupación dice relación con el reajuste de los 15 mil funcionarios de la salud municipal. El proyecto, lisa y llanamente, no los considera.

Me parece extraordinariamente grave que no estén incorporados en el reajuste funcionarios públicos que fueron traspasados a las municipalidades. Ellos hacen un raciocinio muy lógico: "Si hubiésemos estado en el sector público tendríamos reajuste; como nos traspasaron a las municipalidades, no lo tenemos. En consecuencia, el proceso de descentralización, plasmado en la municipalización es malo." En realidad, lo malo es que no los incorporemos en leyes de reajuste general para la Administración Pública.

A propósito de la imponibilidad de la bonificación de los funcionarios paradocentes que viene en el proyecto de ley, los dirigentes nacionales me han informado que en esta materia tenían un acuerdo con el señor Ministro de Educación, en el sentido de que la bonificación no sería imponible; en consecuencia, recibirían 28.500 pesos líquidos. Pero el proyecto la hace imponible y, por lo tanto, en lugar de los 28.500 pesos sólo recibirán alrededor de 23.000, produciéndose una diferencia que para personas de rentas muy bajas obviamente es mucho dinero.

Es importante que Hacienda y los Ministerios respectivos adopten las medidas necesarias para que el aguinaldo se pague efectivamente antes de Navidad. Como muchos funcionarios reciben sus remuneraciones el día 30, si no se procede en esos términos, lisa y llanamente, pasarán las festividades sin estos recursos adicionales.

También solicitamos remitir los recursos en forma oportuna a las municipalidades para pagar la asignación de experiencia establecida en el Estatuto Docente, que en este proyecto se adelanta al 100 por ciento para el año 1993.

El Diputado señor Hugo Alamos ha recibido una comunicación de la Universidad del Biobío, en la cual sus autoridades expresan preocupación por la asignación de zona que en este proyecto de ley se otorga, concretamente, a la comuna de Chillán. Indican que pagar dicha asignación representa un mayor gasto de 160 millones de pesos, que no están en condiciones de financiar.

Por eso, en ausencia del señor Ministro de Hacienda, consulto al señor Subdirector de Presupuestos sobre la forma en que las universidades van a afrontar este mayor gasto de asignación de zona.

Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, aprovecho precisamente las palabras del colega García, don José, para reiterar algunos de sus conceptos.

En primer lugar, solicito al señor Ministro un planteamiento acerca del personal paradocente y el de salud municipal, respecto de quienes siempre se plantea el punto como un tema de preocupación pendiente. A mi juicio, la solución a sus problemas no debería seguir postergándose.

Tiene toda la razón el colega García cuando señala que, en relación con estos personales, permanentemente se plantea una simple reflexión: ellos son funcionarios públicos y por el hecho de tener una calidad distinta se ven marginados de una serie de beneficios y reivindicaciones muy justos otorgados al conjunto de los trabajadores de los servicios públicos del país.

En segundo lugar, el Ministro o el Subdirector de Presupuestos deberían explicitar también si en el proyecto se consultan los recursos que garanticen que las universidades del país, efectivamente den cumplimiento a la ley. Hago presente que la preocupación se plantea no sólo respecto del caso de asignación de zona recién señalado, sino también del aporte consignado en el artículo 9°, con el propósito de que las universidades cumplan con la obligación dispuesta en la ley respecto de todo su personal.

En tercer lugar, deseo dejar constancia de un punto que tuve oportunidad de plantear en forma directa al señor Ministro.

Me parece positivo que se haya hecho referencia en el proyecto a la asignación de zona, pero no hemos tenido la oportunidad ni la información suficiente para discutir y conocer si, efectivamente, la situación afecta exclusivamente a algunas comunas.

A pesar de que se ha sostenido que algunas comunas justifican el otorgamiento de asignaciones de zona, pido expresamente al Ministerio de Hacienda que se comprometa a analizar y discutir el tema para el conjunto de las comunas del país.

Puedo aceptar la explicación de que éstos son casos especiales, pero ello no excluye reivindicar situaciones similares en otras comunas, particularmente del mundo rural, que en mi opinión debieran ser consideradas en el futuro.

En consecuencia, respecto de estos tres puntos quisiera escuchar opiniones que permitan un compromiso de análisis en el futuro, por lo menos en aquello que quedará pendiente.

Agradezco al Diputado señor José García la interrupción que me concedió.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, me referiré a la situación de los trabajadores paradocentes de los liceos y escuelas de dependencia municipal. La explicación que nos han dado hasta ahora son del todo insuficientes y lamento la franqueza con que debo plantear este punto.

En las diversas regiones del país se han realizado múltiples reuniones y se ha estructurado una federación nacional de trabajadores paradocentes o no docentes de las escuelas municipales.

Recientemente fui invitado al Liceo C15 de la comuna de Rengo, donde se reunieron los representantes de los paradocentes de la Sexta Región. Ahí se constató que los canales de comunicación con el Ejecutivo no han sido muy fluidos. Desde hace mucho tiempo se escucha el cuento de que se va a presentar un proyecto de ley para regularizar la situación de trabajadores que están en la tierra de nadie.

Como no son profesores, no están incluidos en el Estatuto Docente, pero tampoco se rigen por el Estatuto Administrativo respectivo, porque no son funcionarios municipales, encontrándose en la situación peculiar de tener contratos regidos por el Código del Trabajo y con dependencia de los municipios.

Su exclusión de este proyecto demuestra falta de sensibilidad. Se podrán encontrar argumentos múltiples, como decir que viene un proyecto de ley; que el estar en la tierra de nadie no da base para salvar el problema. Pero lo cierto es que esta Cámara en varias ocasiones se ha pronunciado en forma unánime pidiendo una solución. Incluso, hace un par de semanas, junto con el colega Ortiz, expusimos el problema, y todos los sectores políticos plantearon la necesidad de enfrentarlo.

El Estatuto Docente se comenzó a discutir en 1990; fue publicado en mayo de 1991, y aún está pendiente la situación de estos trabajadores, a quienes se les resta importancia porque algunos consideran que cumplen funciones poco honorables. ¡Eso no es justo, porque el trabajo que ellos hacen, sea de auxiliares, inspectores, secretarias es importante en las escuelas! Todos nosotros recordamos el saludo del portero en las mañanas; de cómo nos acompañaban; el rol de los administrativos, transformando la escuela en algo más que un lugar con pizarrón y tiza. Ellos forman parte de la familia de los educadores, y es hora de considerar con seriedad a este sector, y no seguir postergándolo.

Por lo tanto, solicito que no sólo se acoja la petición del colega García, en orden a que las bonificaciones no sean imponibles, sino que más aún, se incluya a estos trabajadores en los reajustes del sector público.

Muchas gracias, colega José García, por su interrupción.

He dicho.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, como comentario general, lamento sobremanera que el señor Ministro haya tenido que ausentarse de la Sala. Estoy seguro de que si esta misma discusión se estuviera dando en el Senado, él estaría presente. Este no es un problema de dignidad más o dignidad menos. Se trata del respeto a los Poderes del Estado. A mi juicio expresamos nuestras opiniones con seriedad, responsabilidad, y merecemos ser escuchados en la misma forma.

Digo esto porque quisiera que quedara reafirmado en la Sala el compromiso que en su calidad de Ministro de Hacienda subrogante contrajo el señor José Pablo Arellano, Director de Presupuestos, de reajustar en un 14 por ciento para 1993 el aporte fiscal directo a las universidades.

El Diputado señor Juan Carlos Latorre ha preguntado: ¿Tendrán las universidades los recursos para pagar a sus académicos y funcionarios el reajuste de remuneraciones de un 14 por ciento? Es una pregunta enteramente válida.

Señor Presidente, termino concediendo, por su intermedio, una interrupción al Diputado señor Juan Alberto Pérez.

El señor PEREZ (don Juan Alberto).-

Me referiré al artículo 12 del proyecto de ley en discusión, mediante el cual se mejora la asignación de zona de determinadas comunas del país.

Quiero manifestar mi extrañeza porque el señor Ministro de Hacienda no incorporó en este mejoramiento de la asignación de zona a la comuna de Hualaihué, que hoy pertenece a la provincia de Palena. Quizás por su intrincada geografía no se pudo conocer en detalle lo que sucede allí.

La provincia de Palena fue creada en 1979, quedando integrada por las comunas de Futaleufú, Palena y Chaitén, a las que se les otorga, de acuerdo con el decreto ley N° 450, de 1974, un porcentaje de asignación de zona equivalente a un 90 por ciento.

La comuna de Hualaihué, incorporada a posteriori a la provincia por el artículo 38 del decreto ley N° 2.868, recibe hoy una asignación de sólo un 35 por ciento, incurriéndose en una discriminación respecto de las otras comunas.

Finalmente, sólo como antecedente, cabe citar que a la Isla de Tenglo, ubicada a sólo 500 metros de Puerto Montt, se les otorga un 40 por ciento de asignación de zona a todos los empleados públicos y municipales. En cambio, Hualaihué, con un acceso mucho más difícil por su intrincada geografía, y que además pertenece a la provincia de Palena, sólo tiene una asignación de 35 por ciento, situación que, a juicio nuestro, es bastante discriminatoria.

Solicito que el Ministerio de Hacienda estudie en profundidad el punto, con el fin de asimilar su tratamiento al del resto de la provincia de Palena.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente quiero expresar mi complacencia por este proyecto, que ha sido motivo de un amplio acuerdo con los trabajadores y las organizaciones involucradas en él.

El reajuste beneficia a 445.709 trabajadores, y el aguinaldo, a 494.224. El costo fiscal de ambos beneficios en el mes de diciembre significa para el Estado 14.808 millones de pesos, y el reajuste para el año 1993, 122.175 millones de pesos.

El Gobierno materializa un esfuerzo bastante grande en este aspecto; el proyecto hace justicia y lo más importante se encuentra absolutamente financiado gracias al buen manejo de las finanzas del país.

Mi intervención tiene por objeto manifestar mi agradecimiento. Con mis colegas parlamentarios, los Senadores señores Mario Ríos, Eugenio Cantuarias, Mariano Ruiz Ezquide, Arturo Frei, y los Diputados señores Hugo Alamos, Pedro Guzmán, Isidoro Tohá y quien habla, tuvimos una reunión con Su Excelencia el Presidente de la República el 20 de agosto de 1990 eri la Gobernación de Ñuble, durante la cual, en nombre de todos los funcionarios públicos que representamos en nuestros respectivos distritos, le hicimos ver que seis comunas de la provincia de Ñuble no gozaban de asignación de zona, a diferencia de la casi totalidad de las otras comunas de la Región del Biobío; faltaba sólo Antuco, que ahora ha sido incluida.

Por lo tanto, queremos expresar nuestro agradecimiento al Presidente de la República por cumplir con la promesa de hacer justicia a los trabajadores del sector público que laboran en estas siete comunas de la Región del Biobío, que no percibían este beneficio: San Ignacio, Pinto, Chillón, Coihueco, Bulnes y Quillón.

A raíz de esto, deseo hacer presente al señor Subdirector de Presupuestos la inquietud de las Universidades del Biobío y de Concepción por saber si al autorizarse el pago de la asignación de zona a contar del Ia de enero de 1993, los funcionarios que trabajan en las sedes de Chillón tendrán derecho a ella y si será financiada por el Ministerio de Hacienda, como debería ser.

En el caso de la Universidad del Biobío al obligársele a pagar este beneficio y no recibir el aporte fiscal correspondiente, le significa un costo de 190 millones de pesos, suma de la que no dispone.

Le agradeceré al señor Subdirector hacer claridad al respecto, por cuanto existe una gran inquietud, tanto en los funcionarios como en la Rectoría de estas Universidades.

Concedo una interrupción al Diputado señor Gajardo.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Agradezco al Diputado señor Sabag la interrupción que me ha concedido.

Deseo formular una observación al Ejecutivo. Con el otorgamiento del aguinaldo se produce un hecho incongruente respecto de un sector de trabajadores que queda en una zona marginal en cuanto a sus ingresos: entre ciento y ciento cinco mil pesos. El artículo 4a, inciso segundo, del proyecto señala: "El monto del aguinaldo será de $ 11.100.- para los trabajadores cuya remuneración líquida percibida en el mes de noviembre de 1992 sea igual o inferior a $ 100.000 mensuales, y de 6.000 para aquellos cuya remuneración líquida supere tal cantidad."

En la práctica, eso significa que si al sueldo de un funcionario que gana 100 mil pesos se le suma el monto del aguinaldo de Navidad, percibirá 111.100 pesos; sin embargo, si a la remuneración, de un trabajador, de 101 mil pesos, se le agrega el aguinaldo, que en este caso sólo es de 6 mil pesos, según lo establecido en el artículo 42, recibirá 107 mil pesos.

Esta situación, evidentemente, distorsiona el significado de una escala de sueldos, puesto que quien gana menos, percibirá más que aquel que tiene un nivel superior de remuneraciones.

Considero que esto se podría corregir fácilmente, al establecer, como garantía, que si el ingreso es levemente superior a 100 mil pesos, el trabajador recibirá el monto mayor del estrato inferior; es decir, que la suma del ingreso mensual y del aguinaldo, en ningún caso, puede ser inferior a 111.100 pesos.

No es la primera vez que esto ocurre. También sucedió cuando aprobamos el aguinaldo de Fiestas Patrias, pero en esa oportunidad la distorsión fue menor, prácticamente insignificante, porque se producía una diferencia máxima de sólo 700 pesos; sin embargo, ahora es de 4.100 pesos. Ante ello, vale la pena efectuar las correcciones correspondientes. A lo mejor, el costo para el Fisco no es muy significativo y puede superarse el problema porque no es correcto legislar sobre la base de principios que no tienen la debida coherencia.

Junto con hacer esta precisión, solicito al Ejecutivo que revise esta situación y disponga que se corrija.

Agradezco al señor Sabag la interrupción.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en la Comisión de Hacienda fuimos informados del problema planteado por el señor Gajardo y del avance de este proyecto en relación con el de aguinaldo de Fiestas Patrias del año pasado, en la búsqueda de una solución, aunque todavía no está resuelto del todo.

En relación con el aguinaldo otorgado para Navidad el año pasado, el monto de corte de la remuneración líquida se ha incrementado en un 14 por ciento, el aguinaldo para quienes reciben sobre esta remuneración, en algo más de 14 por ciento, y para quienes ganan menos, en 25 por ciento. Se procedió así para resolver el problema del margen, porque se comprobó que es efectivo lo expresado por el Diputado señor Gajardo. Los montos diferenciados propuestos, en este caso, tienen un aumento superior al de corte, al de la inflación y al del reajuste, con el fin de evitar que se produzca la situación señalada por el Honorable colega.

Sin embargo, en la legislación futura debería acogerse lo sugerido por el Diputado señor Gajardo para prevenir la generación de estos casos. Hago mía, para comunicársela al Ejecutivo, una norma como la que el Honorable Diputado señor Gajardo ha propuesto.

Quiero referirme, además, a un conjunto de artículos realmente importantes, que modifican la estructura de la Escala Única de Remuneraciones, y respecto de las materias que incluyen se han formulado bastantes consultas en esta sesión.

Como lo expresó el señor Subdirector de Presupuestos, dichos preceptos tienden a hacer más armónicas las remuneraciones de las personas que se desempeñan en el sector público, de manera que las diferencias entre grados se incrementen en forma pareja. En la actual Escala Única, algunos grados se puede apreciar en los gráficos que se nos han entregado y en la información numérica proporcionada en la Comisión de Hacienda tienen una diferencia de hasta un 22 por ciento en relación con el siguiente. Ello genera una mala administración, porque, quienes tienen la perspectiva de aumentar sus remuneraciones en un 22 por ciento por el hecho de pasar de un grado a otro, ejercen una presión permanente, ya que la mejoría por obtener es muy grande.

Este proyecto tiene por finalidad hacer más armónica la diferencia entre cada grado y más equitativas las remuneraciones en la Administración Pública. Ello representa un gasto significativo: poco menos de 10 mil millones de pesos en un año, que tiene una justificación muy relevante dentro de una sana práctica, de una sana convivencia y de una sana administración del sector fiscal, por cuanto al hacerse más permanente el diferencial entre un grado y otro, quienes están encasillados en cada grado van a recibir una remuneración más proporcional con su responsabilidad y desempeño. Así, se suprimen estos desajustes odiosos que generan presiones excesivas sobre determinados cargos. En definitiva, estos artículos del proyecto resuelven el problema.

Si bien éste es un aspecto que no dice relación precisamente con un proyecto de ley de reajuste y que concede aguinaldo, él corresponde a una parte del acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones laborales del sector público.

Por mi parte, valoro que estas materias hayan sido sometidas a consideración del Congreso, aunque habría preferido que su urgencia no fuera calificada de "discusión inmediata". Como he señalado en otras oportunidades, la discusión de estas medidas debería contar con más tiempo; pero ya que han sido incluidas en esta iniciativa, me parece que deben ser aprobadas, porque constituyen un beneficio para muchos trabajadores públicos. En realidad, más que un beneficio, el proyecto conlleva una corrección positiva del funcionamiento general de la Administración del Estado.

Agradezco al Diputado señor Sabag la interrupción que me concedió.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, considero que para legislar debemos hacerlo con conocimiento de causa; por ello formulé una interrogante, ya que al analizar el artículo 17 nos encontramos con que declara no aplicables normas cuyos textos ignoramos y que reemplaza a otras que tampoco conocemos, razón por la cual solicité a la Oficina de Informaciones de la Cámara que me las entregara.

Después de las explicaciones dadas por el señor Subdirector de Presupuestos, hemos entendido que el objetivo de esta racionalización es, en el fondo, dejar dos asignaciones: la del artículo 17 que sustituye a otras y la del artículo 19, que se refiere a la asignación profesional. De esta manera, el trabajador percibirá su sueldo y dos asignaciones.

Esta situación también me preocupa en relación con los funcionarios del Congreso Nacional, porque ya han pasado tres años y aún no están listas las plantas. Si consideramos que ellos están sujetos a la Escala Única de Sueldos, es importante determinar su situación actual y hasta qué punto estas disposiciones los van a favorecer o no.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero señalar que valoro cualquier esfuerzo que se haga por mejorar las remuneraciones del sector público y, al mismo tiempo, corregir las distorsiones que se hayan producido en las respectivas escalas. Es un hecho digno de destacar. También valoro que a muchos de esos acuerdos se haya llegado con los propios trabajadores.

Pero me gustaría dejar constancia de ciertos procedimientos que no me parecen correctos y afortunados, sobre todo en una institución como el Parlamento.

Esta no será una ley de reajustes propiamente tal, sino una ley miscelánea. En distintas oportunidades nos has correspondido discutir proyectos de ley que ya han sido acordados entre el Gobierno y los distintos sectores de los trabajadores. Después, cuando la Comisión de Trabajo cita a audiencia pública a los trabajadores, nos damos cuenta de que existen diferencias en la apreciación de esos acuerdos. O sea, no siempre el alcance que se le da a lo que se ha firmado, es igualmente considerado por ambas partes.

Lamento que una materia tan importante como el reajuste haya sido incorporada en esta ley miscelánea cuya urgencia fue calificada de "discusión inmediata". Me habría gustado que los sectores involucrados, especialmente los trabajadores, hubiesen tenido oportunidad de exponer su opinión ante quienes somos representantes de la soberanía popular. Ahora sólo hemos conocido una parte de esas observaciones.

En segundo lugar, este proyecto es complejo y habría sido pertinente, al menos en su segunda parte, discutir las dudas planteadas por distintos sectores y parlamentarios; por ejemplo, las suscitadas respecto de la asignación de zona y de la exclusión de los funcionarios paradocentes de este proyecto.

En tercer lugar, si no hubiese estado presente el señor Subdirector de Presupuestos, varias interrogantes habrían sido difíciles de esclarecer y; en consecuencia, muchos parlamentarios habríamos quedado con grandes dudas respecto del sentido y alcance de algunos artículos. Hay que recordar lo que ocurrió en esta Honorable Cámara con un proyecto de ley en que todos hicimos fe respecto de una iniciativa del Ejecutivo, y después los parlamentarios expresaron ante los medios de comunicación que no se puso suficiente atención a determinados contenidos del proyecto, el cual hubo que corregir posteriormente.

Ojalá que en este caso no suceda lo mismo y que en el futuro, cuando se trate de proyectos misceláneos o sobre materias que rebasen un reajuste, no sean calificados de discusión inmediata.

Señor Presidente, para precisar los aspectos técnicos de la iniciativa, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Longueira, miembro de la Comisión de Hacienda.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, para no ser reiterativo sobre algunos puntos, me referiré sólo a las inquietudes más relevantes planteadas en la discusión del proyecto.

Se ha señalado que éste es un proyecto misceláneo, que la Comisión de Hacienda tuvo que despachar, lamentablemente, en carácter de discusión inmediata, lo que ha complicado su discusión. Sin embargo, se han aclarado varias dudas de los señores parlamentarios.

Es importante tener claro que no sólo estamos sancionando el reajuste establecido en el artículo l2, que devuelve a los funcionarios públicos el poder adquisitivo que han ido perdiendo y que, de acuerdo con el IPC acumulado en los últimos 12 meses, alcanza a un 133 por ciento, sino también otras materias. Considerando que el IPC de noviembre de 1991 fue de un 0,9 por ciento y que los indicadores apuntan a que el correspondiente a este mes de noviembre de 1992 será de un 1,2 o de un 13 por ciento, el sector público, en términos reales, tendrá una mejoría de sólo un 0,5 por ciento con el 14 por ciento de reajuste en sus remuneraciones.

Varios artículos otorgan este reajuste a distintos sectores de la Administración Pública.

Finalmente, en el artículo 42 se propone el aguinaldo de Navidad. Los funcionarios que perciban ingresos iguales o inferiores a 100 mil pesos recibirán 11.100 pesos, y los que reciban ingresos superiores a esa cifra, 6.000 pesos.

No hay ningún problema en separar a los funcionarios públicos en relación con los montos establecidos para el aguinaldo. El artículo es claro y preciso al señalar a quiénes les corresponden 11.100 pesos y 6.000 pesos, respectivamente, porqué la base de cálculo, como se prescribe en el inciso segando, está establecida sobre la remuneración líquida de 100 mil pesos percibida en noviembre de 1992, y es evidente que ahí hay un fotografía de aquellos que perciben remuneraciones por sobre el monto previsto, reajustado en un 14 por ciento, puesto que el año pasado ese corte fue de 88 mil pesos.

Por lo tanto, se mantiene el límite de corte para establecer los diferenciales de aguinaldos para los ingresos superiores a 100 mil pesos y para iguales o inferiores a esta cifra, y está absolutamente claro a quiénes corresponde.

Pero el proyecto de ley plantea, básicamente, dos problemas. No me referiré in extenso a ellos, porque varios señores parlamentarios ya lo han hecho. En el fondo, se trata de la sistemática exclusión de estos proyectos de reajuste de todos los funcionarios del sector salud traspasado, como también de los paradocentes que, de acuerdo con la información que se entregó a la Cámara, suman alrededor de 31 mil, los cuales, lamentablemente, observan cómo el resto del sector público, incluso aquéllos traspasados, como los profesores, recibirá finalmente el reajuste. Ellos no saben en qué calidad jurídica están y una vez más serán excluidos sin ninguna explicación razonable del Ejecutivo, por cuanto en forma sistemática se ha planteado su incorporación en estos eventuales reajustes.

El artículo 7° reajusta el subsidio de cesantía en los tres tramos que la ley establece.

Después hay dos materias con menos urgencia en cuanto a una discusión inmediata, y que apuntan, básicamente, a la mayor racionalización de la Administración Pública, en el sentido de que se refunden, en una sola, tres asignaciones que existen para ciertos empleados regidos por la Escala Única de Sueldos, y cuyos montos, consignados en el artículo 17 es muy importante tenerlo presente, incluyen el reajuste del 14 por ciento. El último inciso del artículo 17 es muy claro al señalar que el beneficio que otorga el artículo 1Q de esta ley no es aplicable a los referidos montos, porque en ellos se comprenden las tres asignaciones refundidas, más el reajuste correspondiente. Por eso, a partir del 1 de enero, esas asignaciones serán del monto que aprobaremos mediante la presente ley.

Es muy importante que el Subdirector de Presupuestos precise si los montos establecidos en el artículo 19 incorporan el 14 por ciento de reajuste, porque el Ejecutivo también planteó su duda al respecto en la Comisión de Hacienda, información que quedó de entregarse en la discusión de la Sala. Debemos despejar esa duda en esta sesión, a fin de que después no haya dos interpretaciones sobre los montos consignados en el artículo 19.

Los artículos 17, 18, 19 y 20, en su conjunto, racionalizan los diferenciales de aumento de remuneraciones entre un grado y otro, hoy tan disímiles. Hay mucha presión de aquellos cuyo cambio al grado superior les es muy substancial, y la proposición del Ejecutivo implica que el rango de diferencia entre las distintas remuneraciones asignadas a los diferentes grados sea prácticamente equivalente. En los gráficos apreciamos que los deltas de aumento de sueldos entre un grado y otro son, virtualmente, muy parecidos o parejos, lo cual, obviamente, introducirá un factor de justicia al disminuirse la presión por saltar de un tramo a otro cuando la diferencia, por ejemplo, entre uno y otro alcanza al 22 por ciento de la remuneración líquida.

Por lo tanto, aun cuando asumo la crítica de que esos artículos no debieron presentarse en este proyecto de ley de remuneraciones, ellos son positivos.

El costo de toda la racionalización propuesta en los artículos 17, 18, 19 y 20 es de alrededor de 6 mil millones de pesos al año, lo que es relevante. A la larga como se informó en la Comisión de Hacienda significa un promedio de reajuste de un 3 por ciento. Hay grados que mantendrán su nivel actual, y otros que mediante esta adecuación recibirán un reajuste mayor que el 14 por ciento.

Por último, señor Presidente, lamento que no se haya acogido una inquietud que de alguna forma la Comisión asumió. Era unánime el espíritu de enviar un oficio al Ejecutivo para hacerle presente su aprensión de qué el monto de 28.568 pesos, establecido en el artículo 8Q, y por una sola vez, para los funcionarios que allí se señalan, sea imponible, puesto que, finalmente, esa suma se verá reducida al descontársele las imposiciones. Por consiguiente, parte de ese monto irá a las AFP, a las isapres o al Fonasa, en circunstancias de que pudo haberse dispuesto su no imponibilidad dado que estos funcionarios lo recibirán por una sola vez.

Pero, en términos generales, todos los artículos referentes a la racionalización y a reajustes son justos y apuntan en sentido positivo. Por eso, no sólo vamos a dar nuestra aprobación en general, sino también a cada uno de los artículos en la discusión en particular.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, desafortunadamente, no hay tiempo suficiente para discutir algunas incidencias de este proyecto en cuanto a la política macroeconómica del Gobierno, habida consideración de que la única oportunidad que la Cámara tiene para analizar los resultados globales de la economía es precisamente durante la discusión de la Ley de Presupuestos o de la Ley de Reajustes. Por lo tanto, sólo destacaré un aspecto de esa política.

El señor Ministro ha expresado que este proyecto de reajuste ha sido discutido, una vez más, bastante a fondo con los trabajadores. Concuerdo con el Diputado Orpis en que habría sido bueno conversar sobre todos los aspectos puntuales desde el artículo 12 al último, y discutir con los trabajadores aquellos que no dicen relación directa con el reajuste.

Pero a todos nos consta, incluso por informaciones de prensa y por contactos directos con los dirigentes de los trabajadores, que ellos participaron activamente en la discusión para plasmar el proyecto de reajuste que analizamos.

Cabe destacar, además, que hay un aumento del ingreso real como lo ha manifestado el Diputado señor Longueira, del orden del 0,5 ó 0,6 por ciento. Sin embargo, no debe olvidarse que el ingreso real tiene que ver, en parte, con la inflación producida, pero mucho más con la inflación esperada. Dicho aumento, en definitiva, expresa la relación entre el reajuste que se otorgue ahora y la inflación del próximo año. En períodos de inflación decreciente, obviamente, el ingreso real de los trabajadores va mejorando. Por ello, el punto central que hoy no podremos discutir con calma es el desafío del país para seguir avanzando hacia una inflación decreciente.

El problema de fondo es cómo moderar la inflación sin dejar de crecer. ¿Somos capaces o no, como país, de llegar a una inflación de un dígito? En mi opinión, ese tema es clave y tiene mucho que ver con la política monetaria y cambiaría vinculada con la inflación pasada y, eventualmente, debemos empezar a pensar en jtérminos de la inflación esperada. También se vincula con los mecanismos de indexación en la economía. En fin, es un tema de mucho más fondo, que la Cámara estudiará en algún momento. Sin embargo, la visión de la necesidad de reducir la inflación es compartida por todos los sectores políticos, y es bueno analizar los efectos que estos proyectos tienen en la política macroeconómica.

Otro aspecto puntual es el problema de la redistribución de ingresos, objetivo central del Gobierno. A mi juicio, este aspecto se materializa en algunos artículos, por ejemplo, en el del aguinaldo, que nuevamente es mayor para ingresos menores de cien mil pesos. Si lo comparamos con el del año pasado, el corte para los ingresos menores era de 88.000 pesos; ahora, es de 100.000 pesos, bastante más alto para los ingresos menores, como quiera que llega prácticamente al 25 por ciento en comparación con las cifras del año pasado.

Esta política de redistribución implica, en cuanto al personal no docente el Diputado señor Longueira se refirió al punto, una deuda pendiente que debió asumirse mediante un proyecto de ley que debió enviarse hace bastante tiempo y reitero la aspiración de que sea a la brevedad. Sin embargo, en el artículo 8Q se entrega, por una sola vez, una bonificación de 28.568 pesos que favorecerá a más de 30.000 trabajadores no docentes de la educación.

En resumen, es preciso destacar que, en cuanto a la política de remuneraciones, el reajuste está muy conforme con la política global del Gobierno.

El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-

¿Me permite? El Diputado señor Sota le solicita una interrupción.

El señor HUEPE.-

Inmediatamente termino esta cuestión general referente a dos aspectos puntuales.

La política económica está muy en línea con los objetivos macroeconómicos de reducir la inflación, y esta proposición de ley avanza en ese sentido, sin dejar de lado la redistribución de ingresos que se ha venido concretando en los diversos proyectos presentados al Congreso.

Concedo la interrupción al Diputado señor Sota.

El señor SOTA.-

Gracias, Diputado señor Huepe.

Señor Presidente, quiero consultar al señor Subdirector de Presupuestos y después agregar una petición a algunas que se le han hecho.

En el cuadro de racionalización de la Escala Única, en el Capítulo Directivos Profesionales, se nos presentan dos columnas, sobre subida de grados: una relativa a lo que sucede actualmente; y otra, al contenido del proyecto.

En general, las subidas de grado en el proyecto representan intervalos relativamente homogéneos, constantes: pero no es el caso de los Directivos Profesionales. Si el señor Subdirector observa los grados 4 y 5, en el proyecto mismo hay variaciones del 11 y 12 por ciento, en circunstancias de que normalmente van del 4 al 9; y más seria es la discrepancia, en ellas, así tratarse de los Directivos no Profesionales: en el grado 4, la subida de grado establecida en el proyecto, que trata precisamente de reparar injusticias, es del 18 por ciento.

Para no quitar tiempo al Diputado Huepe, deseo que el Subdirector nos explique el punto.

Por otra parte, algunos Diputados han hecho presente al señor Subdirector la ausencia de algunas localidades y comunas en la asignación de zona.

Pido muy especialmente que usted anote en lo que antiguamente era la consideración relativa a la provincia de Santiago, la comuna de Alhué. No daré las explicaciones para no ahondar el tema.

Agradezco al Diputado señor Huepe la interrupción.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, en cuanto a la asignación de zona tal como lo puntualizaron los Diputados señores Sota y Latorre aquí hay un problema muy de fondo que no tenemos tiempo de analizar en detalle. Cada uno de nosotros podría dar una larga argumentación para precisar por qué algunas zonas quedan retrasadas en la percepción de este beneficio. Concretamente, la provincia de Arauco, por ejemplo, percibe un 25 por ciento comparado con otras que tienen el 15 por ciento, en circunstancias de que el costo de la vida es muy superior a esa cifra. Evidentemente, hay un problema de ajuste de la asignación de zona, por lo cual es indispensable que el Gobierno lo estudie a fondo, para que ésta, efectivamente, refleje el nivel de costo de vida real de las distintas zonas. Esa es una tarea del Ejecutivo que espero la acometa en lo que resta del mandato del Presidente Aylwin.

Respecto de la asignación al personal no docente, el Diputado señor Longueira pidió en la Comisión de Hacienda que ésta no fuera imponible. Aquí se le está haciendo un traspaso a la isapre y a la AFP, por el cual los trabajadores no recibirán ninguna contraprestación. Es lamentable que aumentemos la asignación a las isapres, y que los trabajadores no incrementen su nivel de salud. Este es un problema bastante delicado que se solucionará el día de mañana con la nueva Ley de Isapres, cuando efectivamente se lleven cuentas individuales, según lo establece el proyecto en discusión en el Congreso. Me adhiero a la petición hecha por el Diputado señor Longueira, y ojalá que el Ejecutivo la pueda recoger.

El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-

Señor Diputado, quedan cinco minutos para que termine la hora acordada por los Comités. Hay bancadas parlamentarias que han insinuado que el señor Subdirector de Presupuestos pueda disponer de algunos minutos para esclarecer puntos que son fundamentales para la votación de sus bancadas.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, termino refiriéndome a lo injusto de lo manifestado por el Diputado señor Longueira, sobre la sistemática exclusión de los funcionarios del sector salud traspasados al sector municipal.

Es cierto que la ley en tramitación no les/otorga reajuste, porque por razones legales no hay posibilidades reales de hacerlo. Según el status jurídico de estos trabajadores, definido en el régimen anterior, están afectos al Código del Trabajo. Aquí hay dos mecanismos por los cuales se pueden mejorar las remuneraciones. Uno es el Fapem que se aumenta no está en esta, iniciativa, pero se va a hacer oportunamente, como lo han ratificado las autoridades de Salud y Hacienda, lo que permite aumentar también el ingreso de los trabajadores de la salud en un porcentaje igual al reajuste.

Por último, el proyecto de ley está en discusión en esta Cámara sobre la Ley de Atención Primaria, cambiará el status jurídico de los trabajadores de la salud y solucionará de una vez por todas ese problema, para que cuando en el futuro se discuta la ley de reajuste, ellos también queden incorporados, lo que evidencia lo injusto de lo aseverado.

He dicho.