Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, calificado de "discusión inmediata", que permite convenios de pago de patentes mineras y prorroga el pago de aquellas correspondientes al período 1992.

Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Carlos Vilches.

La Comisión de Hacienda está sesionando en estos momentos, de manera que posteriormente se entregará su informe.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 850-08 y figura en el número 2 de los documentos de la Cuenta de la sesión 16 celebrada el 5 de noviembre de 1992.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, la Comisión de Minería y Energía informa sobre el proyecto de ley originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de "discusión inmediata", que permite celebrar convenios de pago dé patentes mineras y prorroga el pago de aquéllas correspondientes al período 1992.

Durante su estudio, la Comisión contó con la asistencia y colaboración del señor Ministro de Mineríasubrogante, don Iván Valenzuela; del Asesor del Ministro de Minería, don Mauricio Urbina; del Director y del fiscal del Servicio Nacional de Geología y Minería, don Hernán Danús Vásquez, y don Gregorio Schepeler Álamos, respectivamente.

La concesión minera es amparada mediante el pago de una patente anual, cuyo monto es equivalente a un 0,1 de unidad tributaria mensual por cada hectárea, si es de explotación, y a un 0,002 de dicha unidad por la misma extensión si es de exploración.

Con todo, los titulares de concesiones de explotación cuyo interés económico principal resida en las sustancias no metálicas o en los placeres metalíferos que existan en ellas y los titulares de estas concesiones constituidas sobre sustancias existentes en salares, puedan pagar una patente anual cuyo monto es equivalente a 0,033 de unidad tributaria mensual por cada hectárea.

Para el pago de estas patentes, se toma en cuenta el período comprendido entre el 1° de marzo de cada año y el último día de febrero siguiente. El pago se hace efectivo en marzo mediante los formularios que para este efecto emite la Tesorería General de la República para los diferentes tipos de concesión.

Sin embargo, los titulares pueden pagar la patente hasta el momento en que se envían las nóminas de patentes impagas a los juzgados sin sanción de pago doble y sólo con el valor de la Unidad Tributaria Mensual del respectivo mes de pago. De acuerdo con la ley, el plazo fatal para el envío de las nóminas a los juzgados vence el Ia de julio de cada año.

En la discusión del mensaje enviado por el Gobierno, el Ministro de Minería subrogantedon Iván Valenzuela, expuso que la actividad minera, especialmente la pequeña, se ve continuamente afectada por factores internos y externos que dificultan su normal desarrollo, lo que hace muy difícil que los mineros puedan pagar sus patentes en el mes de marzo de cada año.

Esta situación imposibilita a los afectados pagar oportunamente las patentes que amparan sus concesiones, quienes se ven arrastrados a ejecuciones forzadas de sus obligaciones, con las consecuencias económicas y sociales que son de prever.

Por ello, el Ejecutivo, haciéndose eco de la situación antedicha, ha enviado a la consideración de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que permite celebrar convenios de pago por las patentes mineras adeudadas y prorroga el pago de las que correspondan al período de 1992; esto es, de aquellas que debieron ser solventadas en marzo del año en curso.

Las ideas matrices del proyecto, contenidas en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, son, en primer lugar, permitir que el Tesorero General de la República y los tesoreros regionales y provinciales puedan celebrar convenios de pago de las patentes mineras adeudadas, incluidas en las nóminas ingresadas en los juzgados competentes para los efectos del correspondiente juicio ejecutivo, y, en segundo lugar, prorrogar por única vez el pago de la patente minera que debió realizarse en marzo de 1992, hasta el 31 de enero de 1993.

La primera idea se encuentra plasmada en los seis artículos permanentes del proyecto, y la segunda, en el artículo transitorio del mismo.

El proyecto no contiene artículos de quorum calificado ni de carácter orgánico constitucional.

La Comisión estimó que, en conformidad con el artículo 219 del Reglamento, debían ser estudiados por la Comisión de Hacienda los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° permanentes, y el artículo transitorio.

Sólo el artículo 5° no ha sido aprobado por unanimidad.

En la Comisión se presentaron varias indicaciones, cinco de las cuales fueron rechazadas:

-Del Diputado señor Rocha, para agregar en el artículo 1°, inciso primero, después de la palabra "adeudadas" la frase "en cualquier tiempo".

Puesta en votación, fue rechazada por dos votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

-Del Diputado señor Rubén Gajardo, para reemplazar el primer párrafo del artículo 1° por el siguiente: "Facultase al Tesorero General de la República para otorgar facilidades hasta de seis meses, en cuotas periódicas, para el pago de las patentes mineras que se adeuden o adeudaren, incrementadas con el recargo establecido en el inciso segundo de artículo 149 del Código de Minería, que se incluyan en las nóminas ingresadas o que se ingresen en los juzgados competentes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 147 de dicho Código.".

Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor, tres en contra y tres abstenciones.

-Del Diputado señor Joaquín Palma, para agregar en el artículo 1°, a continuación de la frase "para el pago de las patentes mineras adeudadas", la oración: "por concesiones mineras constituidas o en trámite, que comprendan una superficie de 100 o menos hectáreas".

Puesta en votación, fue rechazada por un voto a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

-De los Diputados señores Gajardo y Leay, para sustituir en el artículo 6° la expresión "el Título V del Libro III del Código Tributario" por "el Párrafo 2° del Título X del Código de Minería, con exclusión del inciso segundo del artículo 149.".

Puesta en votación, fue rechazada por dos votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.

-Del Diputado señor Joaquín Palma, para agregar en el artículo transitorio, después de la frase "el pago de la patente minera", el complemento "de las concesiones constituidas o en trámite que abarquen una superficie de 100 o menos hectáreas".

Puesta en votación, fue rechazada por dos votos a favor y tres en contra.

En la discusión general, del proyecto los representantes del Gobierno reiteraron las consideraciones y los fundamentos contenidos en el mensaje. Por su parte, los Diputados integrantes de la Comisión expresaron su pleno acuerdo con la conveniencia de legislar sobre la materia.

Por tal razón, el proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los Diputados presentes.

En el marco de la discusión particular, la Comisión aprobó en forma unánime seis de sus siete artículos y le introdujo dos enmiendas tendientes a mejorar y precisar su articulado.

El artículo 1° faculta al Tesorero General de la República para otorgar facilidades de hasta seis meses para el pago de las patentes adeudadas más los recargos legales, incluidas en las nóminas de concesiones mineras ya ingresadas en los juzgados para su realización en el juicio ejecutivo correspondiente. Determina, además, que la deuda se pagará en cuotas expresadas en unidades tributarias mensuales, a las cuales se les recargará el interés de uno por ciento por cada mes de plazo.

La Comisión discutió extensamente el alcance de la norma propuesta, por cuanto, a juicio de algunos señores Diputados, no quedaba perfectamente establecido que la facultad del Tesorero General de la República tuviera el carácter de permanente, de modo que su redacción pudiera prestarse para equívocas interpretaciones.

Cabe hacer presente que fueron rechazadas por mayoría de votos, tres indicaciones formuladas por distintos parlamentarios, tendientes a precisar la normativa propuesta, por estimarse que la facultad para celebrar los convenios está claramente consagrada en las disposiciones permanentes.

El artículo transitorio soluciona el problema puntual de las patentes adeudadas por el período 1992.

En esta forma, la Comisión aprobó, por unanimidad, el texto propuesto en el proyecto.

El artículo 2° establece que los convenios celebrados en conformidad a esta ley, producirán la novación de la obligación pendiente, la que, para todos los efectos de la ley, se entenderá oportunamente pagada en virtud de la nueva obligación que se constituye.

Este artículo fue aprobado, sin debate, por la unanimidad de los Diputados presentes.

El artículo 3° dispone que las normas sobre recaudación, pago y reintegro establecidas en el decreto ley orgánico de administración financiera del Estado, serán aplicables a los convenios que se celebren en conformidad a esta ley.

La Comisión prestó su aprobación unánime a esta disposición.

El artículo 4° propone en esta disposición, hacer aplicables los convenios tanto a las personas naturales como jurídicas titulares de las pertenencias o concesiones mineras.

Ante algunas dudas expresadas respecto de su alcance, el Ministro señor Valenzuela, dejó perfectamente aclarado que las normas de este proyecto no son aplicables a las sociedades anónimas ni tampoco a las sociedades contractuales mineras.

La Comisión aprobó en forma unánime este artículo.

El artículo 5° prescribe que el Tesorero General de la República impartirá las instrucciones internas fijando las formalidades relativas a la celebración de los convenios y podrá facultar, además, a los Tesoreros Regionales y Provinciales para celebrarlos en sus respectivas jurisdicciones.

Extensamente se debatió sobre el alcance del concepto "instrucciones internas", dado que, según el Diputado señor Cantero, en su aplicación, la norma por ser vaga e imprecisa, podría prestarse para discriminar. Formuló indicación para agregar a continuación de la palabra "interna", la expresión "de carácter general y común aplicación", con lo cual debe entenderse que las instrucciones internas serán iguales para todas las regiones.

El Diputado señor Rocha argumentó que, en concepto del profesor don Emilio Pfeffer, en su Manual de Derecho Constitucional, el nombre de "instrucciones" se reserva para aquellas expresiones de voluntad dirigidas exclusivamente a las autoridades que no se relacionan con situaciones o derechos de los particulares, y que tienen por objeto explicar u orientar a los órganos subordinados en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas superiores o con el desempeño de cualquier tarea pública.

La Comisión aprobó este artículo, con la indicación incluida, por la unanimidad de los Diputados presentes.

El artículo 6° establece una sanción para el caso de incumplimiento del convenio, de manera tal que el no pago oportuno de dos cuotas consecutivas producirá de pleno derecho su caducidad, y hará exigible el total de la deuda, en conformidad con el procedimiento ejecutivo especial que establece el Título V del Libro III del Código Tributario.

La norma propuesta generó un amplio debate que se centró fundamentalmente en la aplicación del procedimiento ejecutivo establecido en el Código Tributario, en reemplazo del consagrado en el Código de Minería.

Los Diputados señores Gajardo y Leay formularon indicación para reemplazar la frase "el Título V del Libro III del Código Tributario", por "el párrafo 2° del Título X del Código de Minería, con exclusión del inciso segundo del artículo 149".

Argumentaron que no existía razón valedera para aplicar el procedimiento del Código Tributario a una materia perfectamente regulada en el Código de Minería, con la agravante de que el derecho de prenda general del acreedor el Fisco se haría efectivo sobre la totalidad del patrimonio del deudor, agravando aún más su situación. En cambio, si se aplica el Código de Minería, el crédito se haría efectivo sólo para la patente minera adeudada.

Otros Diputados y el Ministro manifestaron que como al producirse la novación por efecto de la celebración de un convenio de pago, se daba nacimiento a una nueva obligación, a la cual el deudor obligaba todo su patrimonio, era lógico que un nuevo incumplimiento provocara el ejercicio más drástico del Derecho.

La indicación señalada fue rechazada por mayoría de votos, y el artículo en comento fue aprobado por cinco votos a favor y dos abstenciones.

Por último, el artículo transitorio prorroga hasta el 31 de enero de 1993 el pago de la patente minera que debió efectuarse en marzo de 1992. Se elimina, además, el recargo del ciento por ciento establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería, aun cuando la concesión minera se encuentre en trámite de remate.

Dispone, finalmente, que el contribuyente que hubiere pagado la patente con el recargo mencionado tendrá derecho a' solicitar el reintegro de lo pagado a título de sanción.

El informe entregado a los señores Diputados adolece de un error. En efecto, el primer párrafo de la página 14 consigna la expresión "del 31 de diciembre de 1992"; en circunstancias de que la Comisión fue unánime en aprobar la indicación, formulada por los Diputados señores Cantero, Prokurica, Rocha y Vilches, que sustituye esa fecha por "31 de enero de 1993", por estimarse que el plazo para acogerse al beneficio previsto en esta ley habría sido extremadamente breve, corriéndose el peligro de que no se lograra el objetivo perseguido.

La Comisión aprobó el artículo, con la indicación incluida, por la unanimidad de los Diputados presentes.

En virtud de las consideraciones anteriores y de las que en su oportunidad daremos a conocer en el transcurso del debate, la Comisión recomienda aprobar el proyecto enviado por el Ejecutivo, relacionado con el pago de las patentes mineras y la prórroga del pago correspondiente al período 1992.

He dicho.

El señor PEREZ OPAZO (don Ramón).-

Señor Presidente, la pequeña minería y la pequeña industria y artesanado del norte del país son sectores que contribuyen a su desarrollo a través de una gran ocupación de mano de obra.

No obstante, la pequeña minería se ve afectada permanentemente por la falta de caminos para sacar su producción y por lo caro que resultan el arrendamiento de los elementos de elaboración, los fletes, etcétera, todo lo cual les impide pagar sus patentes en marzo, de acuerdo con la ley.

Cuando esto sucede, la ley autoriza al tesorero respectivo para remitir, antes del 1° de julio de cada año, a los tribunales, la nómina de las patentes impagas, y recibida ésta, el juez fija el día y hora del remate correspondiente.

Mientras el tesorero no remita la nómina al tribunal, las patentes podrán pagarse sin el recargo del doble de su valor, que dispone el artículo 149 del Código de Minería.

El proyecto en estudio favorece a todos los pequeños mineros que hoy se encuentran en mora, pues les permite convenir con el Estado para pagar sus patentes en seis cuotas, con el recargo correspondiente, más el uno por ciento por cada mes o fracción de mes.

El incumplimiento de dos de estas cuotas produce de pleno derecho la caducidad del convenio.

Otro aspecto relevante del proyecto radica en que prorroga el pago de las patentes no hasta el 31 de diciembre de 1992, sino, de acuerdo con lo informado por el colega Carlos Vilches lo hemos escuchado con gran alegría hasta el 31 de enero de 1993.

Por eso, en representación de los pequeños mineros del norte, agradecería a los colegas votar favorablemente el proyecto, al igual como lo hará Renovación Nacional, para favorecer a mucha gente del sector minero.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, sólo voy a comentar el artículo 1° del proyecto, que faculta al Tesorero General de la República para otorgar facilidades de hasta seis meses, en cuotas periódicas, para el pago de las patentes mineras adeudadas.

Estimo que este artículo tiene carácter transitorio, por cuanto permite que se otorguen facilidades solamente a las patentes mineras ya adeudadas, pues más adelante el mismo dice que estén "incluidas en las nóminas ya ingresadas en los juzgados competentes".

Según el informe, pareciera que se trata de una disposición permanente, y si está consagrada en el artículo 1° permanente, no hay duda de que tiene tal calidad.

En consecuencia, la redacción del artículo 1° no refleja exactamente la idea del mensaje presidencial sobre la materia.

Por otro lado, al comparar este artículo 1° con el 192 del Código Tributario, aparecen algunas diferencias que favorecen, en cuanto a permanencia, el precepto contenido en el Código Tributario. Por ejemplo, la facultad debería otorgarse al Servicio de Tesorerías y no al Tesorero General de la República, con el objeto de descentralizar una atribución que el proyecto radica exclusivamente en este último, y para que la puedan ejercer los tesoreros regionales.

Además, la disposición debería decir que las facilidades se otorgan a las patentes morosas ahora adeudadas y las que se adeuden en el futuro. Para este efecto, habría que sustituir la expresión "las nóminas ya ingresadas" por "las nóminas ingresadas", en los juzgados competentes, y agregar, tal como lo dice el Código Tributario, que estas facilidades se podrán otorgar no obstante cualquiera que sea el estado del juicio con el objeto de no limitar a un estado del pleito, que sería la mera presentación de la demanda ejecutiva con las nóminas, en circunstancias de que lo que aflige a los deudores de patentes morosas es el remate, o sea, la culminación del procedimiento de apremio.

El Código Tributario faculta al Servicio de Tesorerías para celebrar estos convenios, incluso con posterioridad a todo el proceso ejecutivo y antes del remate. De manera que el artículo 1° del proyecto es una especie de restricción del artículo 192 del Código Tributario.

Por eso, con el Diputado señor Gajardo presentamos una indicación que establece el verdadero sentido del artículo y dándole carácter permanente y no transitorio, como se desprende de su actual texto.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, el proyecto en estudio viene a resolver una situación que ocurre frecuentemente en la actividad minera. Tal como se ha expresado, los titulares de pertenencias mineras tienen la obligación de amparar su título con el pago de una patente anual. El no pago en la época convenida, trae consigo el ejercicio de las acciones legales conducentes al remate de la pertenencia.

Normalmente, con respecto a las obligaciones que se tienen, ya sea con el Fisco o con las entidades previsionales, existe la posibilidad de celebrar convenios de pago cuando situaciones ajenas a la voluntad del interesado le impiden cumplirlas regularmente. Esta facilidad no existe respecto de la obligación de amparo de la propiedad minera. De manera que con este proyecto se viene a establecer una normativa que, en general, rige para numerosas obligaciones de los particulares con el Estado.

En su intervención, el Diputado señor Elgueta ha hecho presente un problema de redacción del artículo 1°, que podría conducir a una interpretación inadecuada de su texto.

Tal como lo expresara en la Comisión el señor Ministro de Minería subrogante, don Iván Valenzuela, en el artículo l° se establece una facultad permanente, de manera que si se cumplen los requisitos siempre se pueda convenir el pago de las patentes mineras.

Sin embargo, de los términos utilizados en el artículo l° podría desprenderse que la facultad que se concede al Tesorero General de la República es para ser ejercida sólo por una vez. En efecto, la disposición señala que se otorgan facilidades para el pago de las patentes mineras adeudadas, o sea, habla en tiempo pasado y agrega, además, que estén "incluidas en las nóminas ya ingresadas en los juzgados correspondientes", lo que reafirma que se refiere a situaciones ya ocurridas, respecto del momento en que la ley entre en vigencia, o sea, desde su publicación.

Con el fin de corregir esos defectos de redacción, presentamos una indicación, la que, según se me informa en este momento, fue aprobada por la Comisión de Hacienda. Nos alegramos por ello, ya que, de lo contrario, podrían generarse problemas de interpretación que entorpecerían el ejercicio del derecho que se establece para los titulares de pertenencias.

Como se ha dicho, los beneficiarios de esta normativa serán, en general, los pequeños mineros, según el texto del artículo 4°. "Los convenios a que se refiere esta ley, podrán celebrarse respecto del pago de las patentes de pertenencias o concesiones mineras de propiedad tanto de personas naturales cuanto de sociedades legales mineras." De tal manera que este beneficio no alcanza a las sociedades contractuales mineras titulares de pertenencias, ya que la norma sólo contempla a las personas naturales y a las sociedades legales mineras, las que, normalmente, son del rango de la pequeña minería.

También esta iniciativa contiene un artículo transitorio que normaliza la situación de las patentes impagas hasta la fecha que indica.

Sin embargo, me surge una duda, y quisiera que el señor Diputado informante de la Comisión de Minería la aclarara.

Del informe de la Comisión técnica se concluye que el cambio de la fecha para regularizar la situación de las patentes impagas hasta este momento, cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, porque, a mi juicio, es una norma que incide en asuntos de carácter presupuestario. Según el informe, la Comisión aprobó una indicación parlamentaria. En consecuencia, solicito que se complemente en este punto.

En todo caso, anuncio que la bancada democratacristiana votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, el informe sobre este proyecto será oral, ya que la Comisión de Hacienda sólo hace algunos instantes ha finalizado su estudio.

Además, las explicaciones del Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía y del señor Gajardo, que me antecedió en el uso de la palabra, hacen que dicho informe sea breve.

La Comisión de Hacienda aprobó una indicación al artículo 1° presentada por el Diputado señor Gajardo y patrocinada por todos los Diputados presentes en ella. Como bien decía el Honorable colega, la redacción de esa norma se podía prestar a una interpretación equívoca del término "adeudadas", el cual se refiere más bien al pasado. En cambio, al remplazaría por las palabras "que se adeuden" habla de pasado, pero, también, de futuro, lo que le da la idea de permanencia a lo dispuesto en los artículos 1° al 6°, y permitirá, en el futuro, a quienes tengan dificultades para el pago de patentes, pactar convenios para su cumplimento.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el resto del articulado, tal como fue despachado en la Comisión de Minería.

Es cuanto puedo informar sobre el proyecto.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, en principio estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Al otorgar plazo para el pago de las patentes soluciona un problema a los mineros del país.

En estricto derecho, y exclusivamente para la historia del establecimiento de la ley, quiero dejar constancia de algunos errores de redacción de algunas disposiciones.

Si analizamos el artículo 1°, el Tesorero General de la República o la Tesorería de la República, como se quiere rectificar, simplemente otorga un plazo para pagar una obligación vencida. Al deudor, que debía las patentes mineras y que iba a ser ejecutado, se le conceden seis meses para pagarlas.

El artículo 2° prescribe: "Los convenios celebrados en conformidad con el artículo precedente, producirán la novación. Sin embargo, en estricto derecho, dichos convenios no generan novación, ya que sólo implican una concesión de plazos. Así lo dice el artículo 1649 del Código Civil: "La mera ampliación del plazo de una deuda no constituye novación,...". A su vez, el artículo 1650 se refiere a la situación inversa: "Tampoco la mera reducción del plazo constituye novación,...".

El artículo 6° dispone que el no pago oportuno de dos cuotas consecutivas del convenio, producirá su caducidad. Ello no es así, porque si la ocasionara, extinguiría esa obligación. Lo que sucede es que el no pago oportuno de dos cuotas consecutivas hace exigible el saldo de la deuda con su recargo, como si se tratara de plazo vencido. Ese es el efecto del incumplimiento. Para una correcta redacción de la ley, debería eliminarse la frase "producirá de pleno derecho su caducidad...".

He dicho.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, este proyecto amplía el plazo para el pago de las patentes mineras mecanismo que, en muchas oportunidades, se ha usado, lo que evita que sus titulares pierdan sus concesiones.

La iniciativa crea un sistema que permite celebrar convenios de pago respecto de las patentes mineras adeudadas, que hayan sido incluidas en las nóminas para ser rematadas; pero lo establece con un carácter permanente, para que el Tesorero General de la República lo utilice cada vez que se presenten circunstancias que hacen imposible como ha ocurrido en muchas ocasiones, especialmente a los pequeños mineros y pirquineros, el pago de estos tributos.

En consecuencia, a la actual situación de la pequeña y mediana minería, la que pasa por una grave crisis, este proyecto establece, por única vez, en su artículo transitorio, una forma que permitirá que gran cantidad de mineros se pongan al día en el pago de patentes, especialmente a los que fueron afectados por los temporales ocurridos en la zona norte, que les han impedido desarrollar sus actividades, por la destrucción de caminos e infraestructura.

Junto a los Diputados señores Cantero y Vilches, hemos formulado indicación, a fin de ampliar el plazo para acogerse a este beneficio, porque si consideramos el tiempo que demorará la tramitación de esta iniciativa, quedará un plazo muy corto para ello y podría hacer abortar su objetivo.

Entiendo que esa indicación fue aprobada por la Comisión de Hacienda y patrocinada por el Ejecutivo, lo cual nos deja muy satisfechos, porque así se podrá cumplir con la finalidad del proyecto.

Por estas razones, votaremos a favor del proyecto de ley.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, quiero, en principio, informar que el cambio de fecha, del 31 de diciembre de 1992 al 31 de enero de 1993, no tiene el patrocinio del Ejecutivo, aun cuando se mostró partidario de la proposición, como no cuenta con la firma del Presidente, no tiene ese patrocinio.

Como presidente de la Comisión, quiero señalar que si bien es cierto la indicación podría ser inadmisible, la acepté por la voluntad que mostró el Ejecutivo y lo que pedimos los parlamentarios. Obviamente, su inadmisibilidad puede declararse en cualquier instante, pero creo que, por la dinámica y el apuro en el despacho de este proyecto, el Ejecutivo no tuvo tiempo para damos respuesta, pues en la Comisión de Minería sólo terminamos de tratarlo ayer, alrededor de las 21 horas, y, quizás, hoy en la mañana, el Ministro de Minería no dispuso de la información de Hacienda para el reemplazo de esa fecha. En definitiva, podríamos dejarlo como está y lograr en el Senado el patrocinio del Ejecutivo para esta indicación.

Me alegro de que en esta Cámara alguna vez se traten proyectos que apoyan al pequeño sector minero. Si bien éste no hace diferencias entre las grandes empresas y el pequeño minero las facilidades para el pago de las patentes, tal como están establecidas, beneficiarán básicamente a la pequeña minería, la que en los últimos años ha sido afectada por una fuerte crisis, originada en problemas cambiarlos y en una política absolutamente equivocada de fomento de la Enami, que hoy ha hecho estragos y que determinará que el déficit del pago de patentes mineras sea alto.

La minería juega un papel fundamental no sólo en la generación de divisas para el país sino también como fuente laboral, en particular la pequeña minería, muy importante para el desarrollo de muchas regiones, en especial de la zona norte.

Nuestra bancada ve con gran beneplácito que por primera vez se favorezca a un sector que le ha entregado mucho a Chile y que hoy pasa un momento difícil. Estimamos conveniente que efectuemos una sesión en esta Sala, a la brevedad, para analizar la situación minera y fundamentalmente el rol de fomento que juega la Enami en este sector.

La UDI apoyará este proyecto, pero creemos que queda pendiente una discusión para el análisis, en forma profunda, de la crisis del sector minero, fundamentalmente de la pequeña minería.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, este proyecto es de vital importancia para la Primera Región, específicamente para las provincias de Arica y Parinacota, cuyas empresas explotadoras de yacimientos mineros, por ser pequeñas o medianas enfrentan dificultades bastante grandes: en primer lugar, de capital de trabajo; en segundo lugar, de carácter geográfico, especialmente en la precordillera y altiplano de Parinacota, y en tercer lugar, de falta de vías de comunicación. Su actividad puede ser una veta de desarrollo muy importante y necesaria toda vez que en esas provincias existe una depresión económica bastante acentuada. Por ello, creemos que esta ayuda que hoy se otorga mediante este proyecto, de alguna manera beneficiará a esas empresas.

Al mismo tiempo como manifestaba el Diputado señor Leay debemos también analizar las posibilidades de fomento y de apoyo a esas empresas a través de la Enami.

Este es un tema muy importante para la ciudad de Arica, porque tenemos yacimientos mineros, como el de Choque limpie, de la empresa Vilacollo, cuya explotación está finalizando por cuanto la calidad y la ley del mineral es cada día más baja y, por lo tanto, su producción es ineficiente.

La existencia, en esta zona, de otros yacimientos requiere que estudiemos no tan sólo este tipo de incentivos sino que, además, otras medidas que permitan poner en actividad algunos que por razones ecológicas o de medio ambiente o por estar ubicados en el Parque Nacional Lauca, su explotación no está permitida. Se requiere un estudio mucho más profundo por parte del Congreso y del Gobierno.

Apoyo esta idea convencido de que su realización será de una gran utilidad y ayuda en mi zona.

Sin embargo, me gustaría que la indicación que presentaron mis colegas sea aprobada, porque la promulgación de la ley requiere de algún tiempo. Por eso es necesario correr estos plazos, a lo menos por un año, a partir desde la publicación de la ley.

He dicho.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, sólo para expresar mi beneplácito por un proyecto de ley que beneficiará a un sector de gran importancia para nuestro país y que hoy pasa por una situación aflictiva. Esta iniciativa compuesta de seis artículos permanentes y uno transitorio, mantendrá en el tiempo la alternativa de salvar o recuperar pertenencias mineras. En el artículo transitorio se otorga el beneficio, por única vez, de prórroga del plazo de pago que venció en marzo hasta el 31 de enero de 1993 sin que se le aplique la sanción que establece el Código de Minería en su artículo 149: pagar el doble de lo adeudado. Me parece muy importante la indicación y el Ejecutivo debería acogerla y patrocinarla, toda vez que no se dispone de suficiente tiempo para difundir, implementar, y aplicar el beneficio, además de que diciembre, para cualquier ciudadano, es una fecha que representa grandes compromisos económicos y familiares. En consecuencia, me parece muy necesaria y conveniente la prórroga hasta el 31 de enero de 1993.

Reitero mi beneplácito y anuncio mi voto favorable a esta norma, señor Presidente.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, tanto los argumentos que han entregado a la Sala los señores Diputados que me han antecedido en la palabra, como las pruebas que aquí tengo en mi poder de los remates que se iban a llevar a cabo en el curso de los próximos días en la Primera Región y en aquellas donde hay yacimientos, justifica plenamente la aprobación de este proyecto de ley.

La cantidad de pertenencias mineras con patentes impagas alcanza, aproximadamente, al 30 por ciento del total nacional. Por eso, es importante que aprobemos este proyecto. Sin lugar a dudas, la imposibilidad de pagar radica en el hecho de que para poder retirar una patente ya informada a los tribunales y en vías de ser rematadas, el concesionario debe pagar el doble de su valor. Este proyecto, entonces, posibilita que hasta el 31 de enero de 1993, el minero se acoja a un convenio con un máximo de seis cuotas. Según el artículo 2a del proyecto, los convenios que se celebren provocarán la novación de la obligación. Ello obligará al concesionario a contraer un nuevo compromiso o crédito que le otorgará la Tesorería General de la República, distinto del anterior.

La medida sin lugar a dudas, permite que se acojan a ella los pequeños mineros. Existía el temor de que el establecimiento de estas normas con carácter permanente podría provocar un cambio total en la forma de pago de las patentes mineras; pero en el proyecto se señala muy claramente que ellas beneficiarán a los propietarios de pequeños yacimientos. Reitero que la novación implica un compromiso, nuevo y distinto, que adquiere el concesionario, ya que lo adquiere con la Tesorería General y, lógicamente, queda comprometido con su patrimonio total si no lo paga. De esa manera se resuelve un problema muy serio que se genera todos los días.

Nosotros también tuvimos dudas en la Comisión respecto de cómo procedería la Tesorería General ante la existencia de disposiciones permanentes; pero las indicaciones y las intervenciones han permitido aclararlas: cada año en que no se paguen las patentes mineras, los deudores podrán acogerse a este convenio de pago de hasta seis cuotas.

Por eso, señor Presidente, es conveniente aprobar este proyecto de ley que resuelve un problema que es constante en el tiempo, porque, de acuerdo con las cifras que nos entregó el Servicio Nacional de Geología y Minería, permanentemente, en marzo de cada año, se producen deudas, que fluctúan entre un 25 y un 30 por ciento, por patentes no pagadas.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, por su intermedio, consulto al Diputado informante sobre el artículo 5°, que dispone: "El Tesorero General de la República impartirá las instrucciones internas, de carácter general y común aplicación, etcétera.". Me da la impresión, por su contenido, de que corresponde más bien a una disposición transitoria o de carácter reglamentario. No sé si el Diputado informante podrá precisar el alcance del debate que hubo respecto de ese artículo, porque no me parece que impartir instrucciones sea materia de ley. La norma debe ser más precisa y clara. Esta es típicamente administrativa.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, efectivamente, en la Comisión hubo una extensa discusión sobre el artículo 5°, puesto que varios señores Diputados opinaron que al impartirse estas instrucciones de carácter general pudiera prestarse a dudas la conveniencia de establecerla así en la ley y, por lo tanto, procedería eliminar el artículo 5°. Pero se concluyó que es bueno que quede consignado, porque el Tesorero General debe impartir estas instrucciones a cada una de las Tesorerías existentes en el país. Todos los años se producen estos problemas de deudas, los cuales deberían resolverse en forma administrativa en cuanto a la aprobación del pago de las patentes mineras en cuotas.

Por eso, sobre la base de los antecedentes que existen, era conveniente dejar expresamente establecido en la ley que el Tesorero General de la República debe impartir estas instrucciones, para su conocimiento en todas las regiones. Pero son de carácter general y no es necesario recurrir a un reglamento ni a la aprobación de cada uno de los casos.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, el Diputado señor Gajardo me pide una interrupción.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, la inquietud del Diputado señor Bombal es muy razonable.

En la Comisión se discutió la posibilidad de eliminar el artículo. Yo, por lo menos, estuve por mantenerlo debido a que contiene dos partes. La primera se refiere a las instrucciones de carácter general que impartirá el Tesorero, las cuales son innecesarias porque él, como jefe de servicio, tiene esa facultad. Sin embargo, según la segunda parte es la que nos interesaba que quedara establecida, se puede facultar a los tesoreros regionales y provinciales para que celebren los convenios. De manera que, en el fondo, se trataba de mantener la segunda parte, y, para no poner en peligro esa facultad regionalizadora que aquí se da, consideramos necesario no innovar y mantener el artículo.

He dicho.

El señor HAMUY (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, de acuerdo con lo que han señalado los Diputados señores Gajardo y Vilches creo que el artículo 5° debiera establecer sólo la facultad de los tesoreros regionales y provinciales para celebrar los convenios en sus respectivas jurisdicciones y punto. Es claramente redundante, en cuanto al resto del texto, establecer atribuciones propias de un jefe de servicio. De manera que planteo esta sugerencia, salvo que ella signifique un retraso en el despacho del proyecto. Esto no es mi ánimo. Sin duda, el hecho de que el artículo 5° consigne expresamente la facultad regionalizadora a que se ha referido el Diputado señor Gajardo, le confiere a ella mayor relevancia. Pero es deseable que la disposición reglamentaria, administrativa, materia de una circular interna, respecto de las atribuciones del jefe del servicio, quede en las normas comunes del derecho administrativo.

Señor Presidente, no soy miembro de la Comisión y a lo mejor una indicación podría atrasar el proyecto; pero podría tratarse ahora sobre Tabla si hubiese ánimo entre los señores Diputados.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, el tema de las instrucciones fue materia de larga discusión en el análisis de este proyecto, y si el Diputado señor Bombal lee la página 12 del informe, verá allí una definición que es bastante explícita sobre el tema.

Las instrucciones que se dan son "expresiones de voluntad dirigidas exclusivamente a las autoridades, que no se relacionan con situaciones o derechos de los particulares y tienen por objeto explicar u orientar a los órganos subordinados en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas superiores o con el desempeño de cualquier tarea pública." Ellas tienen diversos matices de acuerdo con el lugar en que funcione la tesorería regional que concederá estos beneficios.

En consecuencia, las instrucciones, si bien son generales, lo son para el sector en el cual deban aplicarse las normas de este proyecto; por ejemplo, en el caso de la provincia de Arauco, son diferentes de las normas que deberían aplicarse en el norte. De esta manera, queda debidamente explicada la razón de que sea el Tesorero General quien deba dar las instrucciones.

Quiero enfatizar una materia que considero relevante. Si se lee el proyecto en forma ligera, queda la sensación de que mediante el sistema que establece el proyecto se estimula el no pago de la patente. Ello no es así. Por el contrario, el sistema es caro. En consecuencia, cualquier minero que se encuentre en situación de no pago de la patente hará lo posible para no acogerse a este sistema.

Primero, porque tiene que pagar el doble de la patente; segundo, porque el interés es caro, es alto; tercero, por una razón que no ha sido debidamente señalada en este debate y que se relaciona con el artículo 146 del Código de Minería, que establece: "Si el concesionario no paga la patente en el plazo que fija este Código, se iniciará el procedimiento judicial para sacar la concesión a remate público".

"La ejecución de la obligación de pagar la patente sólo podrá perseguirse sobre la respectiva concesión.".

¿Qué significa esto, señor Presidente?, Que si se deja de pagar la patente, sólo pierde la concesión minera, en circunstancias de que si se deja de pagar el convenio y hago abstracción de si es o no novación, pues es un tema jurídico importante que, debo confesar, no analizamos con la suficiente profundidad en la Comisión por este sistema que nos obliga a legislar en forma tan rápida, se producirá de pleno derecho su caducidad, haciéndose exigible el total de la deuda. En efecto, con arreglo al artículo 6° del convenio, el Servicio de Tesorerías debe proceder "de inmediato a su cobro, en conformidad con el procedimiento establecido en el Título V del Libro III del Código Tributario". Es decir, ahora el Fisco no sólo persigue la caducidad de la concesión, sino que obtiene en su favor lo que en derecho se llama el derecho de prenda general: el deudor responde con todos sus bienes a la deuda. En consecuencia, esto hace menos atractivo este sistema, lo cual y en esto quiero defender el proyecto a pesar de lo que he dicho constituye un importante avance para los mineros que se encuentran en situación desmedrada, especialmente los del norte del país.

Por tanto, señor Presidente, aun cuando mantengo las dudas respecto de la constitucionalidad del artículo transitorio, cuyos alcances no han sido debidamente aclarados y que requerirá necesariamente del patrocinio del Ejecutivo, lo que no ha ocurrido hasta ahora, nuestra bancada radical socialdemócrata votará favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, me alegro de que en esta oportunidad tratemos un proyecto como éste, no por el volumen de su incidencia económica, sino porque, en realidad, por primera vez en el actual período de sesiones se legisla en favor de un sector que durante la última década ha tenido y tiene dificultades muy grandes. Beneficia fundamentalmente a las regiones Tercera y Cuarta, donde gran parte de la población históricamente se ha dedicado al trabajo de la pequeña minería en forma rudimentaria y, por supuesto, sufriendo los efectos de las condiciones internas y externas que inciden en su trabajo.

Algunos señores Diputados han insinuado que la situación actual podría derivarse de la política de Enami respecto de la pequeña minería. Es verdad que dicho organismo incide en ella en forma importante; pero las dificultades radican fundamentalmente en el precio del cobre, del oro, del dólar, en el alza de los insumos y otros problemas generados, entre otras causas, por la existencia en Chile de dos minerías distintas: la gran minería, de gran auge y desarrollo en este momento, con grandes inversiones que nos han colocado en los primeros lugares del mundo en producción de cobre y de oro; y la pequeña minería, que sufre una etapa de transición que se viene gestando desde el gobierno pasado. Por ejemplo, la política del uso de explosivos tuvo efectos sobre la pequeña minería, limitada en los últimos años por razones que todos conocemos y cuyas secuelas hoy día se advierten. Si analizamos la miseria de las zonas pobres de la regiones Tercera y Cuarta, veremos que ella se concentra en aquellos distritos mineros en los cuales la gente no tiene más alternativa de enfrentar la vida que explotar estas pequeñas minas.

La consolidación del Código de Minería y todas sus implicancias han hecho que, desde el punto de vista legal, los pequeños mineros tengan más dificultades para trabajar que en la forma como históricamente lo han hecho. No quiero decir que lo pueden hacer como antes pero hago ver que este problema incidirá en la forma como se desarrolla la pequeña minería chilena.

Me alegro de que ahora tratemos este tema y espero como pedía el Diputado señor Leay que lo estudiemos en forma más amplia, tal vez en una sesión general o en la Comisión de Minería, porque el problema afecta y tal vez por una solución que no está clara en este momento a por lo menos quince mil familias del norte chico de Chile, realidad que es necesario enfrentar porque afecta los sectores más vulnerables de la zona.

En este sentido quiero destacar la acción que el gobierno regional de la Cuarta Región, encabezado por don Renán Fuentealba, ha emprendido para enfrentar este tipo de problemas.

El proyecto de ley que hoy analizamos es fruto de los estudios y trabajos que se han estado haciendo, ya que en la región se ha establecido, desde hace tiempo, una estrecha relación de trabajo entre los organismos gremiales de trabajadores y el gobierno regional, a fin de considerar los problemas. Fruto de ello ha sido la solución que se está dando en esta ley.

En este sentido destacó el buen trabajo que se realiza al hacer actuar en forma mancomunada a los distintos actores relacionados con la forma como se enfrentan los problemas y con las ideas que se aportan para su solución.

Por tanto, me alegro de que estemos aprobando un proyecto que no sólo soluciona puntualmente problemas reales, sino que también establece un procedimiento que permitirá en el futuro resolver situaciones respecto de las cuales, tal como hoy en el Código de Minería, los sistemas imperantes eran bastante rígidos. Así posibilitaremos que los problemas puedan ser resueltos en la medida en que el desarrollo de nuestra minería así lo requiera.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, hemos escuchado las críticas formuladas por el Diputado señor Palma y me parece necesario precisar algunas cosas.

Su Señoría ha señalado que la mala administración anterior ha provocado la crisis que hoy afecta a la minería.

Esto tiene muchos vértices y verdades, ya que hoy existe una crisis generalizada en la pequeña minería. Este proyecto viene a paliarla, porque está demostrado que los pequeños mineros no han podido pagar sus patentes. Pero también es justo señalar él lo hizo sin decir lo que, en el gobierno anterior el Código de Minería, estableció y permitió la estabilidad de la minería, que hoy estamos celebrando. Ha sido reconocido por todo el país y por el mundo minero que, gracias a la seriedad con que se fijaron las reglas del juego en dicho Código, hoy podemos tener las mayores inversiones en minería que nunca había logrado el país. Pero no son cosas que se hacen de la noche a la mañana, sino que son el fruto de un trabajo de muchos años. Gracias al ejercicio del derecho que este Código ha entregado al país, hoy podemos tener una minería estable.

La situación que vive la pequeña minería no se compadece con lo que está ocurriendo en la gran minería; son dos situaciones distintas. Pero también hay normas heredadas, como él dice, que han permitido el actual desarrollo de la gran minería.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Respecto del artículo, hay una indicación de la Comisión de Hacienda, originada en una presentación de los Diputados señores Elgueta, Elizalde, Gajardo, García, don José; Leay y Sabag.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará junto con el artículo.

Aprobados.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los Diputados señores Gajardo, Rojo y Prokurica

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará.

No hay acuerdo.

En votación el artículo 6°.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

Aprobado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar en primer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre el fomento del libro y la lectura.

Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Deporte y Recreación es el Diputado señor Villouta.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 534-04 figura en los números 12 y 13 de los documentos de la Cuenta de la sesión 20a, celebrada el 17 de noviembre de 1992.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, me corresponde dar cuenta del segundo informe de la Comisión de Educación sobre el proyecto relacionado con el fomento del libro y la lectura, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.

Conforme lo dispone el artículo 128 del Reglamento de la Corporación, este informe recae sobre el proyecto aprobado en general por esta Cámara, en las sesiones 43a ordinaria, y 6a, extraordinaria, de fechas 16 de septiembre y 15 de octubre recién pasado, respectivamente, con todas las indicaciones presentadas en la Sala y admitidas a discusión.

Comprende, asimismo, las indicaciones formuladas por la Comisión de Hacienda en su informe del 15 de septiembre del presente año y la hecha presente por el Ejecutivo en el seno de esa Comisión en su oficio N° 315-324, del 18 de agosto recién pasado.

En consecuencia, conforme lo dispone el artículo 287 del Reglamento, este informe debe referirse a las siguientes materias:

Disposiciones que no fueron objeto de indicaciones durante la discusión del primer informe en la Cámara, ni de modificaciones en el segundo.

En esta situación se encuentran los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 12, 15,17 y 18, el artículo transitorio del artículo Primero y los artículos Segundo, Tercero y Cuarto del proyecto hago presente que los artículos 17 y 18 pasan a ser 16 y 17 de este informe, los que, conforme con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 129 del Reglamento, deben entenderse aprobados.

Estas disposiciones se refieren a las siguientes materias:

El artículo 5° señala las funciones del Consejo Nacional del Libro indicando que le corresponderá convocar a los concursos públicos para asignar los recursos del Fondo y resolverlos; asesorar al Ministro de Educación en la formulación de la política nacional del libro y la lectura; supervisar en forma periódica el desarrollo de los proyectos y las acciones aprobadas, etcétera.

Los artículos 6° y 7° declaran libres la edición, impresión y circulación de libros, sin más restricciones que las que imponga una resolución judicial, y señalan las exigencias que deben cumplir las publicaciones, tales como la constancia del lugar y fecha de impresión, del nombre y domicilio del impresor y del editor, de su tiraje, como también de los requisitos para la inscripción de la obra en la Internacional Standard Búok Number.

Los artículos 8°, 9° y 10 establecen incentivos para el fomento del libro y la actividad editorial, disponiendo el goce del sistema simplificado de reintegro a las exportaciones; la rebaja del impuesto adicional por derechos de autor o de edición que deban ser pagados al exterior, de un 40 a un 15 por ciento, y permiten a las bibliotecas abiertas al público en general, gozar de los derechos y franquicias que establece la Ley de Donaciones con Fines Culturales.

El artículo 12 dispone que el Consejo deberá cautelar y promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley.

El artículo 15 establece el procedimiento para sancionar las infracciones y delitos que se cometan, y faculta al juez para disponer el retiro de circulación, la incautación, el comiso o la suspensión de la venta de libros que hayan sido materia u objeto del delito.

El artículo 17 dispone que las normas de este proyecto serán complementarias de las contenidas en las leyes sobre Propiedad Intelectual y Abusos de Publicidad, en lo referente a las infracciones que pueden cometer los empresarios gráficos.

El artículo 18 define lo que debe entenderse por los términos "libro", "libro chileno", "autor" y "editor".

La norma transitoria se refiere a la obligación del Presidente de la República para dictar el reglamento de la ley en tramitación.

El artículo Segundo modifica el artículo 59 de la Ley de Rentas, decreto ley N° 824, de 1974, intercalando un nuevo inciso que rebaja de 4° a 15 por ciento el impuesto que grava las sumas pagadas por concepto de uso de derechos de autor o de edición a personas sin domicilio ni residencia en el país.

El artículo Tercero modifica la Ley de Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985, sobre Reforma Tributaria, para agregar, entre las instituciones beneficiarías de esta ley, a las bibliotecas abiertas al público en general.

Por último, el artículo cuarto modifica la ley N° 8.737, elevando de siete a ocho el número de integrantes del Consejo Directivo de la Editorial Jurídica de Chile, para incorporar un nuevo representante del Gobierno, que deberá ser designado por decreto del Ministerio de Educación.

Disposiciones calificadas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

La Comisión reiteró su parecer en cuanto a que los artículos 4° y 15, inciso segundo, revisten el carácter de normas de rango orgánico constitucional.

Disposiciones suprimidas.

En esta situación se encuentra el artículo 16, que establecía: "El sumario no podrá durar más de noventa días y si fuere necesario prorrogarlo, se hará sólo por una vez y mediante resolución fundada del juez."

La Comisión acogió por unanimidad, en tercera votación, una indicación de los Diputados señores Bosselin, Elgueta y Rojo, fundada en que el Código de Procedimiento Penal fija entre las reglas generales aplicables a juicio ordinario por crimen o simple delito, la duración del sumario, circunstancia que tomaba inoficioso legislar al respecto.

Disposiciones modificadas.

La Comisión acordó modificar las siguientes disposiciones:

a)El artículo 3°, para sustituir sus números 1 al 13 por los siguientes:

"Artículo 3°.- Los recursos del Fondo se destinarán al financiamiento, total o parcial, de las acciones y proyectos referidos a:

"1.- La creación o reforzamiento de los hábitos de lectura en la sociedad en general.

"2.- La difusión y promoción del libro y la lectura, y de los derechos de autor y de edición, a través de medios de comunicación social u otros medios que cumplan los fines señalados.

"3.- La promoción y desarrollo en las exportaciones de libros chilenos, a través de ProChile, o cualquier otro organismo público o privado, que cumpla con tales fines.

"4.- La organización de ferias locales, regionales y nacionales del libro, estables o itinerantes.

"5.- La organización de eventos y cursos de capacitación vinculados al trabajo editorial y bibliotecológico en todos sus niveles.

"6.- Proyectos de cooperación internacional en el campo del libro y de la lectura..

"7.- El desarrollo de sistemas integrados de información sobre el libro, la lectura y el derecho de autor.

"8.- La adquisición de libros por parte de personas jurídicas públicas o privadas, carentes de recursos para la formación o mantención de bibliotecas, siempre que la adquisición no supere el 20% de una misma edición."

La Comisión aprobó por unanimidad esta indicación sustitutiva de todos los numerales de este artículo, propuesta en el seno de la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Huepe, Longueira, Palma, don Andrés; Ramírez, Sabag y Sota, quienes estimaron demasiado amplios sus alcances, por considerar que expresaba, con mejor redacción y en forma más propia, condensada y sistemática, los objetivos previstos para la inversión de los recursos del Fondo.

b)El artículo 4°, para modificarlo en la siguiente forma:

1.- Suprimir la letra b), que incorpora al Consejo a un representante del Presidente de la República.

La modificación se originó en una indicación de los Diputados señores Navarrete, Rodríguez, don Claudio, y Valcarce, fundada en quien representa al Presidente de la República es el Ministro de Educación, señalado en la letra a), por lo que esta disposición sería redundante y, además, conflictiva, toda vez que no parecería adecuado ni lógico que el representante específico del Jefe del Estado estuviera supeditado a un Ministro de su Gabinete.

Se aprobó la indicación por 5 votos a favor y 2 en contra.

2.- Modificar su letra h), para reemplazar las expresiones "Un profesor" por "Un profesional de la educación".

El reemplazo propuesto se originó en indicación de los Diputados señora Caraball y señores Ortiz, Velasco y Villouta, quienes estimaron más propio emplear la terminología utilizada en la ley N2 19.070, sobre Estatuto de la Profesión Docente.

Se aprobó la indicación por 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

c)El artículo 11, para intercalar en el inciso primero, entre las palabras "editores" y "distribuidores", la expresión "consignatarios".

La modificación se originó en indicación de los Diputados señora Caraball y señores Ortiz, Velasco y Villouta, fundada en la necesidad de completar la norma.

La Comisión, luego de comprobar la posibilidad de la existencia de consignatarios que no tuvieran, a la vez, la calidad de editores, distribuidores o libreros, aprobó esta indicación por unanimidad.

d)El artículo 13, para sustituir, en el inciso primero, las expresiones "5 y 50 unidades tributarias mensuales" por "25 y 150 unidades tributarias mensuales".

La modificación obedeció a una indicación formulada en la Comisión de Hacienda por los Diputados señores Huepe, Longueira, Andrés Palma, Ramírez, Sabag y Sota, para elevar las multas impuestas a los infractores.

La Comisión, estimando apropiado elevar la sanción pecuniaria para evitar que una multa pequeña tomara inocua la infracción de una norma legal ante los beneficios que puede reportar una conducta ilícita, aprobó esta indicación por unanimidad.

Disposiciones nuevas introducidas.

La Comisión acordó introducir en el artículo Primero un nuevo artículo transitorio, que pasó a ser 2a, del siguiente tenor:

"Artículo 2° transitorio.- El Fondo que se crea en el artículo 2a permanente de esta ley, regirá a contar del año 1993. En la Ley de Presupuestos del Sector Público deberán consultarse los recursos necesarios para afrontar el gasto que represente su aplicación.".

Esta nueva disposición se originó en una indicación formulada por el Ejecutivo en la Comisión de Hacienda y tiene por objeto precisar las fuentes de financiamiento del Fondo.

Disposiciones que deben ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287, N° 6 del Reglamento, en relación con lo establecido en el artículo 221 del mismo cuerpo legal, a la Comisión de Hacienda corresponde conocer los artículos 11 y 14 del artículo Primero.

Se hace presente que los artículos 3°, 13 y 2° transitorio del artículo Primero fueron modificados por la Comisión, acogiendo indicaciones formuladas en aquéllas de manera que resulta inoficioso requerir nuevamente su pronunciamiento.

Indicaciones rechazadas.

La Comisión rechazó las indicaciones que se señalan a continuación, las que pueden ser renovadas al tenor de lo dispuesto en la letra c) del inciso cuarto del artículo 129 del Reglamento, con las firmas de un Ministro de Estado o de 30 Diputados que incluyan, a lo menos, a tres jefes de comités.

Todas estas indicaciones inciden en el artículo Primero del proyecto.

Al artículo 1°:

De los Diputados señores Bosselin, Carrasco y Rojo, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 1°.- La Nación chilena reconoce en el libro un instrumento eficaz e indispensable para el incremento y la trasmisión de la cultura, el desarrollo de la identidad nacional y la formación de la juventud.

"El Ministerio de Educación adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las orientaciones que se señalan en la presente ley, promoviendo la participación de todos los agentes culturales y de los medios de comunicación social.".

Al artículo 2°:

a)Del Diputado señor Rodríguez, don Claudio, para sustituir en el inciso primero la frase "administrado por el Ministerio de Educación a través de la División de Extensión Cultural", por la siguiente: "que deberá ser administrado en forma descentralizada a través de las gobernaciones provinciales.".

b)De los Diputados señores Carrasco, Elgueta, Faulbaum y Muñoz Barra, para agregar el siguiente inciso final:

"Los recursos se distribuirán en el país, en la misma proporción del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.".

Al artículo 4°:

a)De los Diputados señores Bombal y Valcarce, para sustituir la letra h) por la siguiente:

"h) Un profesional de la educación de reconocida experiencia en la promoción de la lectura;".

b)De los Diputados señores Bombal y Valcarce, para sustituir la letra i) por la siguiente:

"i) Un bibliotecario con reconocida experiencia en bibliotecas públicas y/o escolares.".

c)De los Diputados señores Bosselin, Carrasco y Rojo, para agregar el siguiente inciso final:

"En cada región existirá un Consejo Regional del Libro que presidirá el Secretario Ministerial de Educación y que integrarán: un escritor regional, un director o académico de establecimiento de enseñanza media, técnica o superior; un director de biblioteca con sede en la región, y un profesor, representante del Colegio Regional de Profesores. El Presidente Regional proveerá la forma de designación del resto de los integrantes.".

Al artículo 13:

De los Diputados señores Bosselin, Elgueta y Rojo, para agregar en la letra c), después de las palabras "por cualquier medio", las expresiones "con fines comerciales".

Al artículo 14:

a)Del Diputado señor Coloma, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 14.- Los libros materia del delito serán entregados al autor o al titular de los derechos patrimoniales; si no lo hubiere o fuere imposible determinarlo, según certificación del Ministerio de Educación, los libros serán entregados a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la que dejará constancia de esta sanción en cada ejemplar y deberá entregarla gratuitamente en dominio dentro del año siguiente a la recepción a los establecimientos educacionales que postulan en cada caso a dicha donación.".

b)De los Diputados señores Ortiz, Rodríguez, don Hugo; Velasco y Villouta, para reemplazarlo por el que sigue:

"Artículo 14.- Los libros materia del delito serán entregados al autor o al titular de los derechos patrimoniales. Si no lo hubiere o fuere imposible determinarlo, los libros serán entregados en dominio a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la que dejará constancia de esta sanción en cada ejemplar.".

c)De los Diputados señores Huepe, Longueira, Andrés Palma, Ramírez, Sabag y Sota, formulada en la Comisión de Hacienda, para sustituirlo por el siguiente:

"Artículo 14.- Los libros materia del delito deben ser destruidos en todo caso y en todo evento, en forma rápida y segura, conforme a la' disposición emanada por juez competente, pudiendo cumplir con este trámite el titular de los derechos, con certificación de notario o del funcionario del juzgado respectivo.".

Al artículo 16, suprimido por la Comisión:

De la Diputada señora Caraball y de los Diputados señores Ortiz y Velasco, para reemplazar las expresiones "noventa días" por "sesenta días".

Indicaciones declaradas inadmisibles.

En virtud de la facultad concedida por el número 16 del artículo 236 del Reglamento, el Presidente de la Comisión, contando además con el acuerdo mayoritario de la misma, procedió a declarar inadmisible la siguiente indicación:

De los Diputados señores Sota y Viera-Gallo, formulada en la Comisión de Hacienda, para agregar un artículo 11 bis del siguiente tenor:

"Artículo 11 bis.- Los editores, distribuidores y libreros tendrán derecho a recuperar el impuesto al valor agregado establecido por el decreto ley N° 1.606 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que se les hubiere recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados directamente a la edición, distribución y venta directa al público de libros.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos abrirá un Registro Público en el que deberán estar inscritas las personas naturales y jurídicas que deseen acogerse al sistema de devolución de Impuesto al Valor Agregado, las que acreditarán ante dicho Servicio el ejercicio del giro correspondiente.

La procedencia del impuesto a recuperar y el cálculo del crédito fiscal correspondiente se realizará en base a las facturas y demás documentos que acrediten la destinación de los bienes en forma directa a la edición, distribución y venta de libros.

La venta de los libros no estará afecta al Impuesto al Valor Agregado.".

Esta proposición se estimó inconstitucional porque tanto la imposición o supresión de impuestos, como el establecimiento de exenciones, son materias de la competencia exclusiva del Presidente de la República y, en consecuencia, vulnera lo dispuesto en el artículo 62, inciso cuarto, N° 1 de la Carta Fundamental.

Disposiciones que el proyecto modifica o deroga.

El artículo 59 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo l° del decreto ley N° 824, de 1974; el artículo 1° de la Ley de Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 82 de la ley N° 18.985, y el artículo 3° de la ley N° 8.737.

Por las razones expuestas, la Comisión de Educación recomienda aprobar el proyecto conforme al texto que se encuentra en poder de los señores Diputados.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, hoy me corresponde reemplazar al colega Andrés Palma, Diputado informante de la Comisión de Hacienda e integrante de mi bancada, la democratacristiana, quien, por razones totalmente justificadas no pudo estar presente en la Sala.

La Comisión de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación, pasa a emitir el segundo informe recaído en el proyecto de ley que fomenta el libro y la lectura.

En la sesión de la Comisión de Hacienda, efectuada el 11 de noviembre de este año, escuchamos especialmente los planteamientos de la Sociedad de Escritores de Chile respecto del proyecto, los cuales nos parecieron muy interesantes porque nos permitieron tener una visión muy amplia y clara de lo que representa este sector, tan vital dentro de la vida cultural del país.

Asistieron también a la Comisión la señora Perla Fontecilla, abogada del Ministerio de Educación, y los señores Arturo Navarro y José Espinoza, asesores del mismo Ministerio.

En el debate de la parte presupuestaria y técnica, participó activamente don Mario Marcel, Subdirector de Racionalización y Función Pública del Ministerio de Hacienda.

La Comisión de Hacienda accedió a la petición de don Jaime Hales, representante de la Sociedad de Escritores de Chile, en el sentido de permitirle exponer su posición, respecto de una indicación tema bastante recurrente en la Sala y en las Comisiones de Educación y de Hacienda relativa a la derogación del IVA.

En primer lugar, la Sociedad de Escritores de Chile estima que el fomento del libro y la lectura, debe tener como objetivo estimular la creación y la difusión de la literatura, en lugar de propender al fomento de la industria editorial. En tal sentido, sostiene que debe intervenirse en la oferta, disminuyendo los precios sobre la base de aumentar la producción, mejorar la calidad del producto y optimizar los mecanismos de venta.

En segundo término considera planteamiento hecho por el señor Hales en forma verbal, pero que también entregó por escrito a la Comisión que entre las medidas de fomento no se estaría dando la debida importancia al escritor chileno, entendiéndose por tal al chileno o al extranjero radicado en nuestro país.

En tercer lugar, la Sociedad señaló siendo una de las partes medulares de su planteamiento su total desacuerdo con la derogación del IVA a los libros, por las dificultades de cálculo y de control tributario que conlleva diferencia por concepto de la eliminación del IVA que beneficia principalmente a las editoriales. Sin embargo, expresó que les parecía necesario y estaba de acuerdo con ello asegurar un financiamiento del Fondo del Libro equivalente, por lo menos, a lo recaudado por tal concepto en el año anterior.

Los representantes de la Sociedad expresaron que el Fondo para el Fomento del Libro y la Lectura es el camino óptimo para llegar a considerar al libro como un bien cultural e instrumento esencial para el aprendizaje y la diseminación de la cultura.

En relación con la discusión particular de su articulado, cabe consignar algunas materias importantes analizadas por la Comisión:

Respecto del artículo 1°, los Diputados señores Andrés Palma y Ringeling formularon indicación para reemplazar, en su inciso primero, a continuación de la palabra "libro", la frase "un instrumento eficaz e indispensable" por "y en la creación literaria los instrumentos eficaces e indispensables", haciendo más amplio el concepto objeto del' reconocimiento del Estado.

Puesto en votación este artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

En la discusión del artículo 2°, en relación con los recursos destinados al Fondo del Libro, se reiteró lo expuesto en el trámite del primer informe y en la Sala: que ellos deberían ser equivalentes, por lo menos, a la recaudación del IVA por la venta de libros.

¿Qué se planteó en la Comisión de Hacienda? Que se entregaran estudios oficiales de la tributación para determinar cuánto significaría la recaudación por el IVA de los libros en el año calendario, y que el país hiciera el esfuerzo de llegar a la gran meta de formar el fondo de fomento del libro y la lectura.

Consultado sobre el tema, el señor Marcel hizo presente que en el proyecto de Ley de Presupuestos, en actual trámite legislativo, se asignan recursos para el Fondo del Libro por 670 millones de pesos, los cuales, sumados a lo que deberían generar las medidas de fomento, totalizan 1.300 millones de pesos para el financiamiento de esta iniciativa.

Puesto en votación este artículo, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes en la Comisión de Hacienda.

En la discusión sobre el artículo 3°, concordante con el mayor alcance que se propone para las medidas de fomento concebidas por la iniciativa, se formularon las siguientes indicaciones:

Del Diputadodon José Alfonso Rodríguez, para agregar el siguiente numeral:

"9.- La promoción, modernización e innovación en el uso de centros de lectura y bibliotecas de acceso público.".

De los Diputados señores Ortiz, Palma, don Andrés y Sota, para agregar los siguientes numerales: "10.- La creación literaria mediante concursos, becas, encuentros, talleres, premios y otras fórmulas de estímulo a los creadores.".

"11.- La investigación referida al libro, la lectura y su promoción.".

Puesto en votación el artículo 3° con las indicaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad.

La Comisión aprobó por unanimidad el artículo 4°, relacionado con la integración del Consejo Nacional del Libro, con la indicación siguiente: De los Diputados señores Ortiz y Sota, para agregar, reemplazando las letras "b) a la h)" por las letras "c) a la i)", la siguiente letra: "b) Un representante del Presidente de la República.".

Además, en el inciso quinto corresponde reemplazar las letras "d) a la i)" por las letras "e) a la i)", por razones formales.

En el artículo 11 la Comisión tuvo presente que los "consignatarios" término agregado en la Comisión técnica no cuentan con inventarios para propósitos tributarios, ya que tienen un título precario sobre los libros que poseen.

El Diputado Devaud, don Mario, formuló indicación para eliminar en el inciso primero los términos "consignatarios" e "y", antes de "libreros", y agregar las palabras "y otros vendedores por cuenta propia, del giro referido", a continuación de "libreros".

Puesta en votación la indicación precedente, fue aprobada por 5 votos a favor y 3 abstenciones.

Sometido a votación el artículo 11, fue aprobado por 7 votos a favor y una abstención.

Cuando en la Comisión de Educación de la Cámara se agregó la palabra "consignatarios", fui uno de los que estuvo de acuerdo con el término. Hubo una muy buena explicación financiera, técnica y jurídica de parte del Diputadodon Mario Devaud, con la cual demostró que si se adicionaba esta expresión, los libreros no quedaban afectos a los respectivos descuentos, uno de los objetivos del proyecto de ley en análisis.

En la discusión del artículo 11 bis, el Diputado señor Sota manifestó su agrado por el reconocimiento que los representantes del Ejecutivo han hecho respecto de los recursos estimados en el proyecto de Ley de Presupuestos para ser destinados al Fondo del Libro, y se reiteraron los argumentos sobre la admisibilidad e inadmisibilidad de la indicación que lo sustenta. Al respecto, prácticamente todos los Diputados presentes dimos a conocer nuestros puntos de vista.

En la Comisión de Hacienda se recordó que el tema fue motivo de discusión en la Sala y que en agosto del año pasado se había presentado un proyecto de acuerdo patrocinado por el Diputado señor Muñoz Barra, quien les habla y otros 7 u 8 parlamentarios que adhirieron a nuestra moción, para solicitar al Presidente de la República y al Ministro de Hacienda que hicieran los estudios pertinentes para derogar el IVA a los libros; se señaló que en aquella oportunidad se había declarado inadmisible. En ese momento estaba presidiendo la Comisión de Hacienda el Diputado señor Devaud, en calidad de Presidente accidental, quien declaró inadmisible la indicación que tiene que ver con la derogación del IVA al libro.

Puesto en votación el artículo 14, fue aprobado por la unanimidad de los Diputados presentes.

Lo mismo ocurrió con el artículo 17.

El artículo 3° transitorio dice relación con el requisito de dejar constancia del "Número Internacional de Identificación" en todo libro impreso en el país; pero la Comisión estuvo de acuerdo en hacerlo exigible en forma paulatina, por las dificultades prácticas que significa el hecho de que muchos textos no lo tienen.

El experto en el tema, don Arturo Navarro, asesor del Ministerio de Educación, nos informó que se trata de una exigencia internacional y las editoriales y libreros deben poner la sigla ISBN.

Los Diputados Devaud, Ortiz, Palma, don Andrés; Ramírez y Sota formularon la siguiente indicación, que se aprobó por unanimidad:

"Artículo 3°.- Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7° regirá a contar de un año desde la fecha de la publicación de esta ley.". Da mayor tiempo para cumplir estas exigencias.

Quiero dejar constancia de que fue rechazada la indicación de los Diputados García, don José, y Rodríguez, don José Alfonso, para agregar en el artículo 42 una letra j), del siguiente tenor: "j) Un representante de cada una de las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación, designado por el respectivo Seremi.

Asimismo, en uso de las atribuciones del Presidente accidental de la Comisión de Hacienda, fue declarada inadmisible la indicación de los Diputados señores Viera-Gallo, don José Antonio, y Sota, don Vicente, para agregar el siguiente artículo:

"Artículo 11 bis.- Los editores, distribuidores y libreros tendrán derecho a recuperar el impuesto al valor agregado establecido por el decreto ley N° 1.606 sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, que se les hubiere recargado al adquirir bienes o utilizar servicios destinados directamente a la edición, distribución y venta directa al público de libros.

Para los efectos previstos en el inciso anterior el Director Regional del Servicio de Impuestos Internos abrirá un Registro Público en el que deberán estar inscritas las personas naturales y jurídicas que deseen acogerse al sistema de devolución de impuesto al valor agregado, las que acreditarán ante dicho Servicio el ejercicio del giro correspondiente.

La procedencia del impuesto a recuperar y el Cálculo del crédito fiscal correspondiente se realizará en base a las facturas y demás documentos que acrediten la destinación de los bienes en forma directa a la edición, distribución y venta de libros.

La venta de los libros no estará afecta al Impuesto al Valor Agregado.".

En tres o cuatro frases, quiero resumir el espíritu de los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda sobre esta indicación, que significa derogar el IVA a los libros.

Todos los Diputados asistentes que consideraron que era una buena señal, un buen paso, ya que el gran objetivo de los parlamentarios que estamos preocupados de temas tan importantes como el fomento del libro y la lectura, es llegar a la derogación del IVA; pero que haya una legislación que evite que esos dineros lleguen a los bolsillos de algunas personas y permita que los libros bajen en un 18 por ciento, a lo menos especialmente para los sectores de menos ingresos del país.

Es todo cuanto puedo informar, en reemplazo del Diputado señor Andrés Palma.

He dicho.