Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde seguir ocupándose del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, sobre Gobierno y Administración Regional.

Las modificaciones del Senado figuran en el número 22 de los documentos de la Cuenta de la sesión 34°, celebrada el 1° de septiembre de 1992.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en la letra d) del artículo 2°, el Senado hace una modificación que considero absurda, en el sentido de reemplazar la frase: "Informar al Presidente de la República, por lo menos una vez al año", por "Mantener permanentemente informado..." como el intendente es un funcionario de la exclusiva confianza del Presidente, lo informará cada vez que él se lo solicite; la otra es una obligación que debe cumplir de motu proprio, por lo menos una vez al año, según lo dispone la ley. Asimismo, en la letra g) de esta disposición, el Senado reemplaza la palabra "normas" por "formas", lo cual constituye otro absurdo, puesto que en lenguaje jurídico no existe la expresión: "de acuerdo a las formas". Seguramente se quiso decir "de acuerdo con las formalidades que prescribe la ley". En todo caso, el término "normas" empleado por la Cámara es bastante más atinado.

Estas son mis únicas observaciones de forma a esas modificaciones del Senado, las cuales me parecen bastante inapropiadas.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el Senado, en la letra c) del artículo 2° ha propuesto la frase "Requerir el auxilio de la fuerza pública...", en vez de "Disponer de la fuerza pública...". Esta modificación tiende a limitar las facultades del Presidente de la República. A mi juicio, lo que se otorgó al régimen pasado no se debe coartar en este gobierno democrático.

El decreto con fuerza de ley N° 22, de 1969, en su artículo 34, dispone que los intendentes y gobernadores podrán decretar el auxilio de la fuerza pública en los casos de oposición o resistencia al cumplimiento de órdenes o resoluciones de carácter ejecutivo.

Su artículo 45 establece que es deber de los intendentes y gobernadores velar por la integridad del territorio de su jurisdicción.

El artículo 46 señala que para el cumplimiento de estos deberes, intendentes y gobernadores dispondrán de las fuerzas de Carabineros e Investigaciones.

Asimismo, el inciso segundo del artículo 4Q de la Ley Orgánica de Carabineros indica que Carabineros prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas soliciten.

Por último, de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, el Presidente de la República es el superior jerárquico de las Fuerzas Armadas y de las de Orden y Seguridad Pública.

Por todas estas razones, nosotros vamos a rechazar la modificación que introdujo el Senado a la letra c) del artículo 2°

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, este proyecto es de gran importancia porque da un impulso decisivo a la descentralización del país, y sus implicancias las podremos reconocer y evaluar quizás, en toda su profundidad, en algunos años más. En él se propone un conjunto de pasos bastante sustantivos, pero limitados, prudentes, por cuanto se ha demostrado que no es fácil distribuir el ejercicio de las funciones y atribuciones públicas, y que es necesario dar pasos seguros porque se pueden cometer grandes errores.

Hubo acuerdo entre la Oposición y el Gobierno para tratar este proyecto en abril en la Cámara; en mayo en el Senado, y en junio, si fuere necesario, en tercer trámite. Lamentablemente, el Senado no dio cumplimiento a ese acuerdo político y demoró cuatro meses. Todo indica que hubo una actitud de la Oposición en ese sentido, aunque también hubo responsabilidad de los Senadores de la Concertación.

El martes pasado lo analizamos rápidamente en la Comisión para discernir las normas que compartíamos y aquéllas con las cuales discrepábamos. Hoy nos vemos obligados a tratarlo con mucha celeridad.

Se advierte que los cambios que introdujo el Senado no se justifican suficientemente; aun cuando hay dos o tres sustantivos, muchos son formales v secundarios.

A mi juicio, uno de los aportes más valiosos en el primer bloque es la indicación del Senador señor Gabriel Valdés a la letra o) del artículo 2° que descentraliza el otorgamiento de la personalidad jurídica a las corporaciones y fundaciones que se proponen desarrollar actividades en el ámbito de la región respectiva, y facilita todo el proceso de generación de instrumentos jurídicos, de instituciones, para enfrentar temas del desarrollo. Es necesario que se analicen en comisión mixta, y que además se profundice en a lo menos cuatro materias.

En primer lugar, en relación con el artículo 18, referido a las funciones del gobierno regional en materia de fomento de las actividades productivas, es necesario reponer la letra b) que aprobó la Cámara y que el Senado suprimió. Dicha letra señala: "Establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores, preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales,...". Es indispensable reponerla, a fin de que el gobierno regional analice las prioridades de fomento productivo, focalice iniciativas y se preocupe especialmente de la explotación racional de los recursos.

En segundo lugar, es preciso reponer la última frase de la letra f) del artículo 19, sobre las funciones del gobierno regional en materia de desarrollo social y cultural. En el proyecto y en el informe de la Cámara se establecía que una de las funciones del gobierno regional es "velar por la protección y desarrollo de los pueblos indígenas."

El Senado resolvió suprimir esa idea, en circunstancias de que en un país donde ha habido formas de discriminación tan agudas es esencial dejar expresamente establecida dicha función y, por lo tanto, el reconocimiento de esta clase de preocupación.

En tercer lugar, respecto del artículo 20, sobre las atribuciones del gobierno regional, deben reponerse las letras 1) y m) que suprimió el Senado.

La letra 1) se refiere a la atribución para "Asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir entidades, con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional,...".

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor MONTES.-

Señores Diputados, la letra 1) del artículo 20 se refiere a una de las atribuciones del gobierno regional.

Es necesario que instituciones públicas modernas generen mecanismos flexibles para enfrentar problemas diversos. La asociación entre ente público y ente privado es un elemento clave para conseguirlo.

En ese sentido, estamos por reponer esta facultad de asociarse, así como también la letra m) del mismo artículo, que se refiere a la atribución de los gobiernos regionales para ejecutar y celebrar convenios y contratos conducentes al logro de sus propios fines, tanto con organismos públicos como con personas naturales y jurídicas del sector. Esta atribución flexibiliza, moderniza y posibilita el análisis más a fondo de los distintos temas.

El artículo 21, nuevo, consignado por el Senado, parece, en términos globales, muy pertinente. Su inciso final establece una forma de relación entre gobierno regional y los municipios, la que implica que el municipio pone algunas materias en conocimiento del gobierno regional. Son materias fundamentalmente económicas, relativas a los proyectos de inversión y presupuestos.

Sin embargo, para integrar las orientaciones de las distintas comunas y municipios de una región, es necesario ir más allá en estos asuntos y que los municipios informen sobre sus planes de desarrollo y eventuales modificaciones y en cuanto a las políticas de servicios públicos y de inversión, y no sólo sobre el presupuesto y los proyectos específicos.

Creemos que, a lo menos en estas cuatro materias, es necesario que una comisión mixta enriquezca el proyecto y supere las definiciones del Senado.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, respecto de este primer bloque de modificaciones, queremos manifestar nuestra aprobación con lo obrado por la Cámara Alta, dado que, sin ninguna duda, materias como la subrogación del intendente quedan mucho mejor explicitadas en el texto propuesto por ella.

Sin pretender darnos aires doctorales en este tema, "Requerir el auxilio de la fuerza pública" es una conducta que se compadece mucho más con lo vigente hoy día. Por lo tanto, nos parece absolutamente pertinente que así sea.

Esta materia fue largamente discutida en el primer trámite constitucional, y el Senado recogió gran parte de este planteamiento.

La supresión de la letra e) del artículo 2° referente a la facultad del intendente de dar cuenta en forma reservada al Presidente de la República acerca de las faltas que notare en la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, debiera ser más extensamente discutida. En lo personal, no estoy de acuerdo con el criterio del Senado de eliminar esta atribución del intendente.

Hay otras materias sobre las cuales tenemos absoluto acuerdo con el Senado, porque han mejorado sustancialmente el texto.

Desde este punto de vista, la UDI votará favorablemente lo obrado por el Senado, con excepción de la letra e) del artículo 2°.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, los primeros artículos que se están comentando merecen algunas reflexiones en ciertos aspectos que aún no he escuchado, no obstante haberse debatido en la Comisión.

En los artículos 2° y 4°, letras e) y d) respectivamente, el Senado elimina las facultades de los intendentes y gobernadores para dar cuenta en forma reservada -los primeros al Presidente de la República y los segundos a los intendentes- sobre las faltas que notaren "en la conducta ministerial de los jueces y demás funcionarios del Poder Judicial."

Esta facultad se encuentra en la actual Ley de Régimen Interior, artículo 14. En el fondo, el Senado pretende la derogación de esta norma, que ha regido durante toda la vida de la República y cuyo fundamento es absolutamente constitucional, como se desprende de la lectura del artículo 32, número 15° de la Constitución Política, que dispone, como atribución especial del Presidente de la República: "Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación;".

El Presidente de la República, como jefe supremo del Estado, tiene el gobierno y la administración del país, facultad que ejerce a través de sus ministros y de los intendentes v gobernadores, autoridades administrativas de su confianza.

¿Cómo podría estar informada la persona que debe velar por estas conductas si no es a través de estos funcionarios que la representan y son sus agentes naturales e inmediatos en los correspondientes territorios?

No se divisa cómo se pueden suprimir tales disposiciones en forma inconsulta, pretendiendo acentuar una supuesta autonomía del Poder Judicial en esta materia, en circunstancias de que se está violando, flagrantemente, el precepto constitucional que he señalado, rechazaremos esas dos eliminaciones, porque realmente son inconstitucionales.

Respecto de la letra i) del artículo 4°, que establece que corresponde al gobernador ejercer la vigilancia de los bienes del Estado, en lo referente a los bienes fiscales, la disposición de la Cámara decía: Tratándose de bienes fiscales, si el ocupante exhibe un título aparente de mera tenencia u ocupación, remitirá los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para su pronunciamiento, informando a los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales. En el intertanto, se abstendrá de actuar.".

La proposición de la Cámara obedece a dos razones: la primera, que este mismo texto, sin cambiarle absolutamente nada, se encuentra en el actual artículo 26, letra f), de la Ley de Régimen Interior. Consecuencialmente, la supresión del Senado implica la derogación de este precepto. La segunda, obedece a una auténtica justicia social, puesto que en el sur de Chile, se generan numerosos problemas con la ocupación de tierras fiscales. En este caso, el gobernador, una simple autoridad administrativa, podría, por sí y ante sí, disponer el desalojo de muchas personas que, en esos predios han construido sus viviendas y efectuado mejoras, y los han cercado y explotado. Sería absurdo que en los tiempos que corremos, mediante una simple orden administrativa, se pueda lanzar a los caminos públicos a los ocupantes de tierras fiscales. Aún más, en muchos casos, sus ocupantes han realizado trámites o gestiones ante el Ministerio de Bienes Nacionales.

En consecuencia, resulta verdaderamente absurdo e injusto proveer de esta arma a los gobernadores, sin que las personas afectadas puedan ejercer ningún derecho al quedar expuestas a este eventual peligro. Por lo demás, en nuestro país han ocurrido hechos muy trágicos por la ocupación de tierras fiscales.

Aun cuando el gobernador impusiera su autoridad, dicha experiencia se le transformaría tiempo después en un hecho que pesaría sobre su conciencia, sintiendo el resquemor de no haber escuchado a los ocupantes de esas tierras fiscales, ni de haber diferido el desalojo.

Creo que la actual ley sobre régimen interior es mucho más sabia y justa, porque si estos ocupantes cuentan con títulos aparentes -como compraventas, resoluciones judiciales o algún documento que pruebe que son herederos de algunos de los antiguos poseedores de esos terrenos- pueden exhibir tales antecedentes ante la autoridad pertinente, para que sean remitidos al Consejo de Defensa del Estado y a los Ministerios del Interior y de Bienes Nacionales. Entretanto, se suspende la resolución administrativa para recuperar esos terrenos.

En consecuencia, me parece absurda, injusta e improcedente la eliminación, por el Senado, de esta disposición.

Otra materia relevante, a mi juicio, es la supresión, por el Senado, de las normas contenidas en los decretos dictados por el Presidente de la República y la inserción o acomodación de las que dicte el gobierno regional en conformidad con esos decretos autónomos, como se llaman ahora, emanados de la potestad reglamentaria del Primer Mandatario.

De acuerdo con la reciente reforma de la Constitución Política, el gobierno regional no sólo debe someterse a la lev, sino también a los decretos reglamentarios, pues que allí se establecen las políticas nacionales. Si no fuere así, se vería burlada la decisión de las autoridades centrales del país, que fijan las normas marco para la actuación de las autoridades regionales.

En el artículo 16, la Cámara entregaba al gobierno regional atribuciones para "Dictar normas de carácter general para regular las materias de su competencia, con sujeción a las disposiciones legales y a los decretos supremos reglamentarios,...". Sin embargo, el Senado suprime la expresión "decretos supremos reglamentarios".

Lo mismo hace en la letra c) del artículo 17, en cuyo caso el texto de la Cámara señala: "Fomentar y velar por la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente en la región, estableciendo normas y adoptando medidas adecuadas a la problemática regional, con sujeción a las normas legales y a los decretos supremos reglamentarios sobre la materia." El Senado elimina la última frase, que dice: "y a los decretos supremos reglamentarios sobre la materia.".

Debemos tener presente que existen dos iniciativas pendientes relacionadas con la conservación de los recursos naturales -una se refiere a la caza, y la otra, al bosque nativo-, de las cuales van a emanar numerosos decretos reglamentarios. Igual cosa sucede con la Ley de Pesca o la minería en materia de salubridad.

Entonces, podría ocurrir que disposiciones de esta iniciativa de gobierno regional no concuerden con las reglas que fijan el marco de los decretos reglamentarios. Esto produciría un gran conflicto en cuanto a la norma que primará: la que dictará el gobierno regional o la que contenga el reglamento emanado por el Presidente de la República.

Por ello, la eliminación de la frase que hace mención a los decretos supremos reglamentarios es nociva e inconstitucional y no corresponde a la finalidad por la cual se crearon los gobiernos regionales en nuestra Constitución.

Por último, me referiré al alcance del Diputado señor Montes al artículo 21, inciso segundo.

Al revés de lo que él piensa, reconociendo su buena intención en cuanto a que las municipalidades deberían informar de muchas cosas al gobierno regional, en la Cámara fuimos más breves y establecimos dicha norma en el artículo 20, letra j), que dice: "Tomar conocimiento del presupuesto municipal, de los servicios traspasados y sus modificaciones respectivas v de sus provectos de inversión;". Sin embargo, el Senado agrega, mediante el simple conocimiento, la mayor participación de los gobiernos regionales sobre las municipalidades, aun cuando existe el problema de autonomía municipal que se trata de resolver. Dice el inciso segundo de su artículo 21, nuevo: "Los municipios deberán enviar a los gobiernos regionales, para su conocimiento, sus proyectos de inversión, sus presupuestos y los de sus servicios traspasados. Igualmente, deberán enviarles, dentro de 30 días de aprobada, cualquier modificación que experimenten dichos presupuestos."

Al respecto, debo reconocer que el principio sustentado por el Senado es más correcto y amplio que el de la Cámara, el cual es restringido.

No cabe duda de que en este primer bloque el Senado mejoró la redacción, señaló atribuciones nuevas y corrigió el orden. Por lo tanto, manifiesto mi acuerdo con sus modificaciones en las materias que no he observado y en las que se plantearon en la Comisión, pero no con las que he señalado esta mañana.

He dicho.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, desde el debate de la reforma constitucional y durante la posterior discusión de la iniciativa sobre gobiernos regionales, se ha discutido mucho la regionalización y se ha pretendido competir ante la opinión pública para demostrar quién es más regionalista. Lo importante son las definiciones políticas concretas frente a materias que tienen que ver con la vida en regiones; las disposiciones o los instrumentos legales que los diferentes sectores políticos están dispuestos a entregar a los futuros gobiernos regionales.

En el primer bloque me referiré a materias cuyo rechazo en el Senado, por decisión de los Senadores de Oposición, es clave, a mi entender, para los gobiernos regionales.

La supresión de la letra b) del artículo 18 es un atentado a la regionalización de Chile. Negar que los gobiernos regionales puedan "establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores" y después decir que tienen vocación regionalista, es un contrasentido. Es necesario ser coherente entre lo que se manifiesta afuera y lo que se sostiene en la Cámara. No es aceptable que se niegue a los gobiernos regionales la posibilidad de "establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores", porque la norma aprobada por la Cámara, además, señala: "preocupándose especialmente por una explotación racional de los recursos naturales, coordinando a los entes públicos competentes y concertando acciones con el sector privado en los estamentos que corresponda.". Negar a los gobiernos regionales que se preocupen de los recursos naturales y coordinen su acción con los entes privados como atribución propia, es realmente un contrasentido. Y llamo a los Diputados de la Oposición a restablecer en la Comisión Mixta, por unanimidad ojalá, la letra b) del artículo 18.

En segundo lugar, en la supresión de las letras 1) y m) del artículo 20, nuevamente observamos una contradicción entre las definiciones políticas expresadas afuera y las manifestadas durante el proceso legislativo en el Parlamento. En el Senado, la Oposición suprimió la atribución que aprobó la Cámara para que los gobiernos regionales puedan "Asociarse con personas naturales o jurídicas, o constituir entidades, con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional, en los términos dispuestos en el Capítulo V de este Título". Por lo tanto, con la eliminación de la letra 1) dejó sin efecto todas las disposiciones vinculadas con las asociaciones regionales.

¿Qué coherencia hay detrás de esto? Se aprobó la reforma constitucional para modificar el artículo 104, cuyo inciso quinto establece "La ley podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas a fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyan al desarrollo regional.". ¡Después negamos la capacidad de los gobiernos regionales para asociarse en actividades privadas sin fines de lucro! ¿Cuál es el sentido de negarles la posibilidad de impulsar cambios a nivel regional, de hacer investigaciones científico-tecnológicas, de apoyar la reconversión de los sectores productivos? ¡Y después se dice que se defiende a las regiones! Es una tremenda contradicción de los partidos de Oposición, porque se niegan incluso a considerar lo establecido en la Constitución.

Por eso, en el debate debe hacerse presente, con claridad, la debilidad argumental y política de la Oposición, que se define regionalista y después niega instrumentos de desarrollo a los gobiernos regionales. No es coherente ni siquiera con el texto constitucional que aprobamos hace algún tiempo.

Por último, no concuerdo con la letra g), nueva, introducida por el Senado en el artículo 16, según me parece a sugerencia del Gobierno, porque contiene una equivocación conceptual. Su texto es el siguiente: "Participar en la ejecución de acciones de cooperación internacional en la región, dentro de los marcos establecidos por los tratados y convenios que el Gobierno de Chile celebre al efecto y en conformidad a los procedimientos regulados en la legislación respectiva;". Es un retroceso legislativo respecto de la actual posibilidad de llevar a cabo convenios de cooperación técnica entre gobiernos regionales y nacionales o regionales de otras partes del mundo.

Con el sistema vigente, el gobierno regional -lo hemos hecho en la Región del Maulé- puede celebrar protocolo de cooperación técnica con similares gobiernos de otros países, con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual, por derecho propio, es el administrador de los tratados marco que se firman entre el Gobierno de Chile y, en este caso, el Reino de España.

Por lo tanto, deseamos que en la comisión mixta se establezca claramente que los gobiernos regionales pueden celebrar convenios de asistencia técnica y participar en la ejecución de acciones de cooperación internacional, dentro de los marcos establecidos por los tratados, con el objeto de entregarles el instrumento legal que les permita relacionarse en función de sus objetivos propios. Sectores productivos de muchas regiones del mundo pueden servir en materias que no asume el gobierno central. ¿Por qué el gobierno regional no podría celebrar convenios para recibir ayudar técnica internacional en aspectos propios de la región, en circunstancias de que hay ofertas en el mundo?

Por eso, espero que la comisión mixta corrija la mencionada letra g) y establezca claramente la posibilidad de celebrar los referidos convenios con diferentes regiones del mundo, como atribución explícita de la futura ley regional.

La señora CARABALL.-

Gracias.

Señor Presidente, en el artículo 13, el Senado ha cercenado algunas facultades del gobierno regional. La Cámara estableció que los objetivos de desarrollo a que se refiere la administración superior de cada región del país "se promoverán preferentemente mediante acciones de ordenamiento territorial, de fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural de la región."

El Senado suprimió este artículo y lo reemplazó por el siguiente: "Para el ejercicio de sus funciones, los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica de derecho público, tendrán patrimonio propio y estarán investidos de las atribuciones que esta ley los confiere".

Las atribuciones que el proyecto otorga a los gobiernos regionales están establecidas en el inciso segundo que el Senado reemplaza por esta frase que, en el fondo, no dice nada. En verdad, al truncar la posibilidad de las acciones de ordenamiento territorial, les estamos cercenando una facultad fundamental para ejercer efectivamente tareas de gobierno, puesto que sin ellas es muy difícil ejercer el resto de las atribuciones.

De modo que no entiendo por qué el Senado ha eliminado esta facultad que, a mi juicio, es fundamental porque realmente afecta a todo el proyecto.

Agradezco al Diputado señor Ortega la interrupción concedida.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, entiendo que el Diputado señor Ortega quiere que lo tomen en cuenta. Ya lo vamos a hacer.

Es importante -ya lo han dicho varios colegas- el proyecto que estamos tratando, en especial para quienes vivimos en regiones y las defendemos, porque queremos lo mejor para todos. Y en esta discusión hay puntos encontrados, diferencias y distintas apreciaciones.

Por ello, pido a los Diputados de la Concertación que más que buscar responsables o lanzar acusaciones, nos aboquemos a dictar una ley como corresponde. Es lo que espera el país de nosotros. Eso se hace con altura de miras y discutiendo a fondo los distintos artículos e incisos que tenemos a la vista.

Quiero referirme al artículo 2°, letra c). El Senado, por unanimidad, aprobó cambiar las expresiones "Disponer de la fuerza pública" por "Requerir el auxilio de la fuerza pública". El Ministro señor Correa, de alguna manera, ha hecho saber el tenor literal de esa discusión. Esto fue aprobado por unanimidad y también entiendo que incluso se pidió el parecer a Carabineros de Chile.

Este cambio tan sutil, que aparece como un problema semántico, tiene un alcance serio, ya que puede causar a futuro algunas complicaciones. Es muy distinto "requerir" que "disponer". Requerir implica un imperativo de autoridad y de orden perentoria. Ese es el punto que se trajo a colación en el Senado, el cual, finalmente, decidió, por unanimidad, modificar la letra c).

Quiero recordar a los miembros de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara que éste es uno de los puntos que soslayamos, como no discutible. Por eso, nos extraña que esta mañana se traiga a discusión.

El Senado suprime la letra e) del artículo 2° de igual manera respecto de la letra d) del artículo 4°, ya que ambas tienen directa relación, que dice que corresponderá al intendente: "e) Dar cuenta, en forma reservada, al Presidente de la República, para efectos de lo dispuesto en el N° 15 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, de las faltas que notare en la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial;", porque ha considerado que se trata de una atribución exclusiva del Presidente de la República de acuerdo con lo establecido por la Constitución. El legislador ha sido bastante claro en esta materia y basta remitirse a las actas de la Comisión de Constitución para darse cuenta de que es una función indelegable. Distinto sería que, sin un norma de por medio, el Presidente solicita al intendente, en forma reservada, su opinión acerca del comportamiento de los jueces, lo que es normal, natural y de común ocurrencia. Pero de ahí a autorizarlo, mediante ley orgánica, para informar y velar por la conducta ministerial de los jueces, nos parece peligroso por constituir una intromisión indebida en la independencia que debe existir entre los Poderes del Estado.

Esas son las observaciones que, por mi parte, deseaba hacer en este bloque, sin perjuicio de que el resto de mis colegas se refiera a otros artículos.

Gracias, señor Presidente.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, valoramos la letra o) del artículo 2°, que descentraliza la forma de otorgar personalidad jurídica a las corporaciones. Consideramos una falta de desconcentración de la actividad el que el gobernador nombre a los delegados con la autorización del intendente, de manera que no estamos de acuerdo con el inciso primero del artículo 5° que propone el Senado.

En el artículo 16, letra a) vamos a pedir división de la votación, para rechazar el inciso segundo que establece la asistencia del Ministerio de Planificación y Cooperación en los proyectos que deben evaluar las regiones, por estimarla una tramitación inútil, ya que el gobierno regional debe tener su propia asistencia técnica.

Valoramos lo planteado en la letra g) del artículo 16, en el sentido de posibilitar a los gobiernos regionales la realización de cooperación con gobiernos internacionales a través de los convenios marco. Constituye una posibilidad importante para allegar mayores recursos a las regiones.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Muy breve, señor Presidente.

En primer lugar, llamo la atención de la Honorable Cámara respecto del artículo 13, ya mencionado por la señora Caraball. El Senado propone decir en el inciso segundo: Para el ejercicio de sus funciones los gobiernos regionales gozarán de personalidad jurídica...", lo que es una aberración. Es persona jurídica o no, pero no debe serlo para un determinado efecto. El criterio de la Cámara es correcto cuando expresa en su artículo 14: "Los gobiernos regionales serán personas jurídicas de derecho público...", en circunstancias de que el Senado establece: "Para los efectos serán...".

Esto no resiste el menor análisis y debería cambiarse.

En segundo lugar, quiero manifestar mi desacuerdo con lo expresado por el Honorable señor Ortega y señalar que el Senado tiene toda la razón al eliminar la letra b) del artículo 18, porque es una función impropia de un gobierno regional o nacional establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores; puede generar políticas de incentivo, pero no involucrarse en actividades propias del ámbito privado. Los agentes económicos determinarán si existe una política tributaria adecuada, y si incentivan o desincentivan determinado tipo de producción.

En mi opinión, aparte de ser bastante dudosa la constitucionalidad de la letra b) no pasa a ser algo meramente declarativo. Además, concluye manifestando: "... con sujeción, en su caso a lo dispuesto en el número 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República". ¡Era que no lo dijera cuando la Constitución es obligatoria! ¿Qué dice dicha letra? Que cuando el Estado quiera incursionar en actividades de tipo empresarial, necesita una ley de quorum calificado. Entonces, de todas maneras se requiere la acción del Congreso.

En consecuencia, más allá de la buena intención que exista detrás del planteamiento siempre regionalista y válido del Honorable señor Ortega, el Senado ha hecho lo correcto porque no es función del gobierno regional, ni siquiera del nacional, establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores.

Por último, a mi juicio, la letra c) del artículo 4° es contraria a la Constitución. El artículo 19, número 15°, consagra el derecho a reunirse sin permiso previo. Esta letra c) otorga al gobernador la facultad de conceder o denegar permisos para las reuniones que se celebren en lugares públicos. El Senado mejoró un poco la redacción, porque habla de "autorizar"; pero sucede que el decreto supremo N° 1.086, que rige esta materia, no faculta al gobernador o al intendente en ese sentido porque la Constitución garantiza el derecho a reunirse sin permiso previo, sino a no autorizar reuniones en determinados lugares. En consecuencia, desde el punto de vista de los derechos fundamentales, es una mala doctrina consagrar por ley una facultad que la propia Constitución no concede a una autoridad administrativa, en este caso al gobernador o al intendente. Aun cuando la redacción del Senado es mejor que la de la Cámara claramente contraria a la Constitución en este punto, no es una materia propia de este proyecto porque basta el decreto supremo en vigor, que regula la forma de ejercer el derecho de reunión.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, votaremos favorablemente las modificaciones introducidas por el Senado a este proyecto de ley, porque, en general, mejoran y corrigen algunas omisiones y defectos del texto primitivo.

Pero antes de pasar a lo puntual, quiero hacerme cargo de algunas expresiones manifestadas aquí, en el sentido de que la Oposición daría un apoyo más verbalista que real a la regionalización. Sinceramente, dicha afirmación constituye una contradicción con la realidad y -por decir lo menos- una injusticia y una trampa gigantesca. Si hoy estamos discutiendo un proyecto de regionalización es precisamente porque nosotros forzamos al Ejecutivo a incluir todo ese tema cuando envió el proyecto para elegir a los alcaldes por elección popular.

El país sabe que el Gobierno sólo quería cambiar la forma de elegir a los alcaldes; pero para acceder a ese propósito exigimos como requisito fundamental incluir todo el tema del gobierno interior. Por eso hay que tener mucho cuidado al disparar para no cometer injusticias de esta naturaleza.

La regionalización no partió con este proyecto de ley, sino, en forma real y profunda, en 1974, cuando la Cunara inició la reforma administrativa y territorial. El gobierno de las Fuerzas Armadas dejó una larga y rica experiencia que hoy recogemos, la cual nos permite avanzar hacia un perfeccionamiento en esta materia digno de destacar. La regionalización es uno de los grandes legados del gobierno de las Fuerzas Armadas a nuestro país.

Quiero referirme a algunos aspectos puntuales del provecto en debate.

En el artículo 1°, letra j), el Senado acota la atribución de los gobiernos regionales sobre la supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos, llevándolos al ámbito de los ya existentes en la región para el cumplimiento de la función administrativa, de manera que, esta facultad del gobierno regional -quiero decir de intendentes y gobernadores- no se extienda a servicios contemplados en la Constitución, como son la Contraloría, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial. En este aspecto, el Senado ha sido sabio.

En el artículo 4°, letra h), el Senado ha introducido una sabia medida, al quitarle al gobernador la facultad de fiscalizar los vehículos municipales que operen en el ámbito territorial de la gobernación. Las municipalidades tienen autonomía y no es función del gobernador fiscalizar el uso de vehículos municipales durante prácticamente las 24 horas del día.

En el artículo 5°, estamos de acuerdo con la enmienda del Senado, en el sentido de que el intendente debe autorizar al gobernador para nombrar un delegado, por cuanto debe estar informado de todas las autoridades que actúan en la región.

En el artículo 6°, letra b), sobre requisitos v exigencias para ser gobernador, el Senado ha introducido una sabia medida: cumplir, por lo menos con los requisitos de ingreso a la Administración Pública, que son: ser ciudadano, haber cumplido con la ley de reclutamiento, salud compatible, educación básica para los trabajos de auxiliares y educación media para los trabajos administrativos, no haber cesado en el cargo por calificación deficiente o medida disciplinaria y no haber sido condenado o estar procesado por crimen o simple delito. Estos son los requisitos mínimos para ser gobernador, y no solamente ser mayor de 21 años.

Otro tema ampliamente debatido figura en las letras, 1) y m) del artículo 20, sobre asociaciones regionales. Esta es otra trampa gigantesca para cazar elefantes. En este artículo, a través de una norma general, se pretende crear instituciones, organizaciones y asociaciones, para lo cual, tal como lo dispone específicamente la Constitución, se requiere de una ley especial. Por este camino, todas las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) podrían recibir recursos de las regiones, lo que no es prudente ni aconsejable, sobre todo en este momento.

Hemos dicho que estamos de acuerdo en que se formen asociaciones y en que los gobiernos regionales puedan asociarse con el sector privado y con instituciones como las universidades, pero, reitero, debe dictarse una ley especial para cada caso y no una norma general tan amplia como ésta que, aparte de ser inconstitucional es inconveniente.

He dicho.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, estamos de acuerdo con varias de las modificaciones del Senado v también con muchos de los planteamientos formulados por los Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

Nos parece un paso muy significativo introducir estas modificaciones, que profundizan en una idea muy positiva para las distintas comunas y provincias de Chile, cual es la regionalización.

No entraremos en una controversia sobre la cuestión; pues creemos que durante el régimen anterior se dio un paso importante en este sentido, pero sumamente incompleto. Si bien se regionalizó en el papel y fundamentalmente se descentralizaron los órganos públicos, la concentración del poder siempre estuvo en manos de determinadas autoridades en cada una de las regiones. Para qué recordar lo que sucedió durante el régimen pasado. Desde luego, eso desvirtúa el concepto o la idea de regionalización.

Consideramos positivo, concordante y coherente con las diversas normas vinculadas a los pueblos indígenas, mantener la idea de la letra f) del artículo 19, aprobada por la Cámara y luego suprimida por el Senado, en el sentido de que los gobiernos regionales deben velar por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas.

Celebramos que se haya incorporado el elemento de cautelar el patrimonio histórico, artístico y cultural de la región, incluidos los monumentos nacionales, pero también compartimos absolutamente la idea de que los gobiernos regionales deben velar principalmente por la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas, pues éstos hoy constituyen un elemento invaluable para la humanidad. No quiero ser mal interpretado, ni que se considere que estoy señalando al pueblo indígena como un objeto, sino, por el contrario, como sujeto del desarrollo. No cabe duda alguna de que ellos poseen un valor importantísimo desde el punto de vista de su representación genética, que los caracteriza como una etnia distinta, lo que es muy significativo para el futuro, no sólo de nuestro país sino de la humanidad toda.

También compartimos la posición de mantener el concepto de "Disponer", en los artículos 2° y 4°, en las letras c) y e), respectivamente, de la Cámara, puesto que queda más clara la idea de la autoridad, tanto del gobernador como del intendente, para "Disponer de la fuerza pública", aun cuando concordamos en que sería positivo incorporar las dos posiciones, lo que, desde luego, requerirá de un análisis en una comisión mixta.

Por último, aquí se ha hablado, en reiteradas oportunidades, de consideraciones medio ambientales, y algunas de ellas están establecidas en el proyecto. Sin embargo, hay un término mal utilizado. En los artículos l3 y 14 habla de que será labor preferente de este gobierno la "preservación" de la naturaleza. Desde un punto de vista técnico, ecológico, "preservar" significa no utilizar los recursos. No se trata de eso. Por ello, es mejor utilizar el concepto de conservación, que es el uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales y de su ambiente. Es importante incluir conceptos sobre el medio ambiente en las leyes, y no sólo aquellos que se refieren a temas jurídicos que, sin duda, son muy trascendentes.

Concedo una interrupción al Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Agradezco a los colegas, lo que hará que mi intervención sea muy ponderada.

Quiero destacar el artículo 14, que señala: "En la administración interna de las regiones los gobiernos regionales deberán observar como principio básico el desarrollo armónico v equitativo de sus territorios tanto en aspectos de desarrollo económico, como social y cultural".

Nuestro país está dividido en trece regiones, y lamentablemente los parlamentarios hemos observado que ha existido una especie de centralismo de las capitales de las regiones. Como consecuencia de ello, en muchas oportunidades, este desarrollo armónico y equitativo de los territorios regionales no se produce. Gran parte de los recursos económicos son puestos a disposición de estas metrópolis, que crean desarrollo, pero también sus propios problemas.

Por ejemplo, al no haber un desarrollo armónico, en especial la juventud debe ir a buscar trabajo a estas ciudades un tanto "pirañas", en cuanto a que administran todos los fondos, pero que, a su vez, no cuentan con las viviendas que necesitan ni con servicios sanitarios acordes a la época en que vivimos.

No me agrada en su totalidad la modificación del Senado al artículo 5a, en cuanto a que los gobernadores podrán designar a los delegados sólo con la autorización del intendente.

Se ha señalado por algunos señores parlamentarios que los delegados deben ser de la confianza del intendente. Pero, al ser el gobernador una autoridad de la confianza del intendente, se subentiende que cada acto que determina se encuadrará dentro de esa confiabilidad. Ello, de una u otra manera coartará el sentido de la microrregionalización.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, me preocupa lo expresado por el colega Muñoz Barra de que se van a centralizar las inversiones en las grandes ciudades. Por ejemplo, en la Novena Región se polarizarían en Temuco; pero eso se soluciona con la elección de los gobiernos regionales. Temuco tendrá ocho votos y las otras comunas seis; es decir, si se hace una elección equitativa para formar el gobierno regional Temuco es una comuna más entre 29lógicamente tendrá derecho a un representante. Por lo tanto, debemos optar por gente idónea para integrar los gobiernos regionales, que quiera trabajar en las comunas. De lo contrario, se producirá lo indicado por el señor Muñoz Barra. Por eso, los concejales deben tener visión para elegir a la gente que reparta equitativamente los dineros, porque tanto Su Señoría como nosotros queremos la "ruralización"; o sea, que se canalicen esfuerzos hacia el campo, para la instalación de luz eléctrica, la construcción de caminos. En otras palabras, que llegue la prosperidad a esos lugares. Si las platas van sólo a Temuco, lógicamente la ciudad crecerá en forma desmedida, lo que irá en desmedro del resto de la región. En definitiva, de ocurrir lo dicho por el colega, surgirán "Santiagos chicos" en las capitales de las regiones.

Por lo tanto, el consejo regional tendrá la responsabilidad -y la ley lo facultará- de invertir con ecuanimidad, para que toda la región progrese con equidad. Esta es la labor del consejo regional. El punto planteado estaría salvado si los concejales tienen la visión de elegir hombres idóneos que trabajen por el desarrollo y la grandeza de la región.

Agradezco la interrupción que me concedió el señor Rombal.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, en relación con lo planteado por el señor Ministro respecto de las asociaciones, quiero precisar algunos conceptos, y que el señor Ministro me aclare otros.

Al debatirse esta materia en el Senado -tengo aquí el acta correspondiente-, las Senadoras señoras Frei y Soto y los Senadores señores Páez y Ruiz De Giorgio presentaron una indicación, que generó toda la discusión respecto del texto de los artículos 58 y 59, sobre las asociaciones. A raíz de ella, se definieron dos criterios en el Senado. El acta respectiva dice textualmente: "El de que excepcionalmente, y porque pueden incursionar en actividades que actualmente desarrollan otros organismos, como por ejemplo las universidades o institutos especializados en área de capacitación o de transferencia tecnológica, estas corporaciones y fundaciones deben ser autorizadas por una ley específica, en armonía con lo que señala el inciso quinto del artículo 104 de la Constitución Política, cuando dice que "La ley" podrá autorizar a los gobiernos regionales para asociarse con estos fines.

"En consecuencia dentro de este criterio, no basta que los preceptos en análisis autoricen en términos generales la posibilidad de instituir estas asociaciones, máxime si ellas pueden inducir la existencia de monopolios en desmedro de otros organismos que persigan fines similares."

Ese fue un criterio en el Senado respecto de las indicaciones a que hice mención. Por esa razón, esta tesis propugnó la eliminación de las normas que comentamos.

Por su parte, -cito textualmente-: "El criterio contrario postula que la existencia de estas asociaciones estimula la participación del sector privado en determinadas áreas de la actividad que afectan o interesan a toda la comunidad y no facilitan la constitución de monopolios, sino que, por el contrario, tienden a evitar que se produzcan estas prácticas, pues incentivan la competencia de los organismos públicos y privados que las conforman."

Con estos argumentos, fueron rechazadas las indicaciones. Es ilustrativo tener presente que, para ello, el Senado consideró una razón de orden constitucional y legal. En este sentido, quiero preguntar al señor Ministro cómo podrían aproximarse posiciones para reponer estas asociaciones en la normativa, lo que sería interesante para afinar un criterio común en Comisión Mixta.

Quiero saber si en esta materia el Ejecutivo puede hacernos una precisión. Después que intervenga el señor Ministro, retomaré la palabra.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, el señor Ortega pidió que se respondiera su inquietud respecto de la letra b) del artículo 18. Por esa razón, pedí la palabra, pero me antecedió el Diputado señor Schaulsohn, quien le contestó, justamente, lo que yo quería expresarle.

Es decir, no sólo la Oposición tiene un criterio distinto sobre ese artículo, sino que, además, es compartido por parlamentarios de la Concertación.

He dicho.

El señor CANTERO.-

Señor Presidente, este tema es apasionante. Despierta el entusiasmo de todos los sectores y, en términos generales, se ha tratado con altura de miras y buen criterio. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar pasar -quizás para que no se sienta frustrado y sí considerado por la Sala- las expresiones del Honorable Diputado señor Ortega, quien hizo un planteamiento más bien confrontacional, buscando una actitud de descalificación.

En verdad, este proyecto surge de una negociación en la cual la Oposición requiere del Gobierno y de la Concertación el tratamiento conjunto de los temas que abarcan los ámbitos municipal y regional. Unos lo llaman imponer y otros obligar. Hay distintas acepciones. Lo concreto es que la posibilidad de tratar este tema surge de una negociación reclamada por la Oposición. Así es como hemos enfrentado en este proyecto el tema de la regionalización. En general, ha habido buena disposición de los distintos sectores.

Entiendo la actitud airada y confrontacional. Quizás se le ha quitado protagonismo a ciertos sectores y eso puede provocar alguna molestia; pero lo concreto es que a Chile la interesa avanzar en la descentralización y desconcentración, por sobre los protagonismos, y profundizar en la regionalización.

No me detendré respecto de temas ya abordados pero creo que disponer de la fuerza pública, de acuerdo con el argumento del Senado, queda mejor especificado cuantió se habla de "Requerir", porque "Disponer" significa mandar lo que ha de hacerse. "Requerir" implica un imperativo de autoridad y es una orden perentoria más acorde con el artículo 4° de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, que señala que "prestará a las autoridades administrativas el auxilio de la fuerza pública que éstas le soliciten". Es decir, no hay cuestionamiento sino reacción. Esta materia queda perfectamente dilucidada y comprendida con estos conceptos.

Después, respecto del artículo 2°, hay una serie de acomodos que, en mi opinión, son más bien de orden formal. Entre las facultades que se entregan al gobierno regional, destaca, por ejemplo, la delegación que hace el Presidente de la República en el intendente regional de su facultad para otorgar personería jurídica.

También queda claramente establecido que el gobernador no actúa de motu proprio, sino que es un órgano desconcentrado subordinado a la autoridad del intendente, a quien deberá mantener informado. Esa materia me parece particularmente relevante.

Se especifica, además, que el intendente que delegue sus facultades y quiera nuevamente ejercerlas, tendrá que retirar su delegación al gobernador.

Otro aspecto relevante es que se transfiere al gobierno regional la aprobación de los planes reguladores urbanos en el ámbito comunal, de tal manera que será en esa instancia donde se resolverán.

Otra materia que ha sido adecuadamente resuelta dice relación con los requisitos para ser designado intendente o gobernador. Hubo una controversia en cuanto a la enseñanza media y me parece que la exigencia de tener 21 años de edad cumplidos y de los requisitos generales para el ingreso a la Administración Pública son suficientes. Por lo demás, son los establecidos para los ministros de Estado.

Se habla de que el consejo "evaluara" v es evidente que no puede hacerlo. Podrá elaborar o aprobar, pero no evaluar, porque esa es una tarea que le corresponde al órgano técnico.

También es interesante destacar cuáles son los órganos que el intendente coordinará, fiscalizará o supervigilará. Obviamente, deben ser aquellos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, en concordancia con lo establecido en los artículos 100 de la Constitución Política y 18 de la Ley Orgánica Constitucional, pues hay otros órganos sobre los cuales el intendente no tiene esas facultades.

El artículo 18 aparece discordante al establecer prioridades de fomento productivo, lo cual no es consecuente con una economía libre. Por lo demás, figura como un aspecto cuyo alcance es más bien de orden programático, que a cada gobierno corresponderá definir en el ámbito de sus propuestas, pero no en lo que se entiende actualmente como gobierno regional.

Nuestra postura está claramente definida respecto de las asociaciones regionales. Es deseable que se establezcan, pero su regulación debe ser más rígida, no tan flexible e incluso casi arbitraria. Cada caso concreto debe ser materia de ley, más aún si pueden asociarse con personas naturales o jurídicas para constituir entidades, las cuales también pueden tener el carácter de personas jurídicas y, en consecuencia, ser privadas o de derecho público. Además, debe demandar mayor cuidado y rigurosidad el hecho de que, aunque esas asociaciones no tengan fines de lucro, por cualquier vía pueden comprometer el patrimonio fiscal en la proporción que corresponda.

Reitero que nuestra voluntad respecto de las asociaciones es avanzar, tratando de crear, de común acuerdo, un concepto que permita consolidar su figura con mayor rigidez v cautela en las materias señaladas.

Finalmente, nos parece adecuado v no nos preocupa que los municipios deban enviar a los gobiernos regionales, para su conocimiento, los provectos de inversión, sus presupuestos y los de sus servicios traspasados, así como cualquier modificación que experimenten dichos presupuestos. Ello en nada atenta contra la autonomía municipal ni la afecta. De tal manera que la preocupación planteada no tiene solidez ni asidero, toda vez que es sólo "para conocimiento". No se autoriza a los gobiernos regionales para entrometerse o influir en la gestión de sus proyectos de inversión y presupuestos. En consecuencia, es un tema que no nos preocupa.

Por todas estas razones, la bancada de Renovación Nacional apoyará los alcances v modificaciones que introdujo el Senado en este primer bloque de artículos.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, en los escasos minutos que restan a nuestra bancada, me referiré a un tema que, a pesar de haberse planteado en forma reiterada por colegas de la Concertación, ha sido eludido sistemáticamente por los parlamentarios de la Oposición. Dice relación con la supresión por el Senado de la letra b) del artículo 18, que faculta al gobierno regional para "establecer prioridades de fomento productivo en los diferentes sectores".

Insisto en la precisión conceptual que aquí se ha hecho. No se trata de que los gobiernos regionales se dediquen a actividades productivas de bienes o de servicios, porque es evidente -y en eso hay consenso- que ello corresponde al sector privado. El Estado tiene un rol, el de fomentar la producción, para cuyo efecto cuenta con políticas fiscales, tributarias, de fomento a la investigación tecnológica, e incluso de capacitación laboral y empresarial por citar sólo algunas, y con instrumentos tan importantes como la Corlo, Sercotec, el Banco del Estado, el Fosis v otros. Entonces, el punto es si en esta materia tan importante estamos dispuestos a realizar una efectiva descentralización; es decir, que se descentralice esta actividad del Estado y sea asumida por los gobiernos regionales.

Aquí es donde sorprende el extraordinario centralismo de la Oposición, la cual, cuando se propone descentralizar una función importante del Estado, como es la de establecer prioridades para el fomento productivo, se niega rotundamente, sin dar argumentos, porque respecto de la materia no ha emitido ninguna opinión esta mañana. El tema es particularmente relevante porque en estos días, en distintas regiones del país y en esta Sala, con voces muy potentes por parte de la Oposición, se han planteado temas dramáticamente urgentes que requieren que los gobiernos regionales estén facultados prioritariamente para desarrollar tareas de fomento productivo.

El señor Ministro ha puesto, como ejemplos, la situación de la Octava Región y el proceso de reconversión en la zona del carbón. Recientemente, en esta Sala discutimos el problema de la crisis agrícola, y los sectores de la Oposición recabaron, con mucha insistencia, que no se dejara al libre arbitrio del mercado, sino que se adoptaran políticas estables para dirigir el proceso de reconversión en el sector de la producción agrícola tradicional.

Entonces, ¿por qué la Oposición se niega a que los gobiernos regionales participen en esta tarea tan relevante? ¿Cómo es posible imaginar que en la Región del Maulé, en la Sexta o en la Octava, donde hay producción agrícola, los gobiernos regionales no puedan participar en los programas de reconversión que conllevan prioridades respecto de qué rubros o actividades reemplazarán algunos cultivos tradicionales que han pasado a ser muy poco rentables debido a un conjunto de consideraciones, como precios y su comercialización internacional? Es perentorio que los gobiernos regionales cuenten con esta facultad. Es completamente contradictoria y curiosa la exigencia que la Oposición planteó a señor Ministro de Agricultura hace pocos días en esta Sala, para que el Estado tuviera una actitud muchos más intervencionista en esta materia. Es curioso que esta exigencia provenga de la Oposición y que niegue esta atribución cuando se trata de los gobiernos regionales. Es decir, sigue insistiendo en que cuando sea necesaria la intervención del Estado ha de ser a nivel nacional.

Esto demuestra el excesivo centralismo que continúa predominando en las mentes y en las concepciones de los colegas de la Oposición. Por el contrario, quienes estamos imbuidos de concepciones descentralizadoras y regionalistas, estimamos que tanto esta función del Estado como sus instrumentos para cumplirla, pueden descentralizarse, incluso, en el futuro. Me refiero a Sercotec y al propio Fosis para que funcionen descentralizadamente en cada una de las regiones del país.

Señor Presidente, concedo una interrupción al colega señor Armando Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, me referiré a un punto muy particular, aludido muy al pasar, pero que merece una mayor consideración: el cuestionamiento del artículo 2°, letra c), que se refiere a la facultad del intendente para "Disponer de la fuerza pública en el territorio de su jurisdicción...".

La fórmula propuesta por la Cámara consagra la tradición jurídica de nuestro país en materia de subordinación de las fuerzas de orden a la autoridad civil. Es así como los cuerpos legales tradicionalmente vigentes en el país el decreto con fuerza de ley N° 22, de 1959, en sus distintas disposiciones; la Ley Orgánica de Investigaciones y la Ley Orgánica de Carabineros, marcan la tradición y la posición más correcta en cuanto a que las fuerzas de seguridad y la pública, están a disposición de la autoridad civil. Y si alguien pensara que esta normativa quedó obsoleta en los años recientes, debo recordarle que la ley N° 18.314, de 1984, en su artículo 13, reitera que la autoridad civil manda a la fuerza pública y dispone de ésta.

Señor Presidente, éste no es un punto menor ni puramente semántico, porque lo que no deja de sorprender es que todavía haya quienes quieran consagrar, de una manera u otra, una virtual autonomía o independencia de las fuerzas de seguridad y de orden respecto de la autoridad política.

Si queremos tener una institucionalidad democrática que corresponda al consenso que en este país se va consolidando, el cual genera la existencia de las fuerzas de orden y seguridad pública con financiamiento público por medio de la tributación, pienso que éstas deben estar sometidas a la autoridad civil y a su disposición.

Estimo necesario remarcar este espíritu una vez más.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, informo al colega señor Aguiló que intervengo nuevamente porque pareciera que no se ha respondido al enunciado de la letra b) del artículo 18, que el Senado ha suprimido.

El rol del Estado está muy bien definido en la letra a) del mismo artículo, que dice: “Contribuir a la formulación de las políticas nacionales de fomento productivo, de asistencia técnica y de capacitación laboral, desde el punto de vista de cada región;...".

Creemos que a partir de esa función propia de Gobierno, se orientan caminos y cursos de acción que pueden incidir sobre la actividad de los sectores público y privado.

Pero de ahí a llegar a establecer prioridades de fomento -las que generalmente están diseñadas en las políticas- y darle al Estado un rol activo en el proceso productivo, nos parece absolutamente inadecuado.

La letra b) expresa que para el efecto de establecer prioridades, el gobierno regional “podrá asociarse con personas naturales o jurídicas...". Es decir, se le está entregando al Estado un rol que, precisamente, es el que nosotros creemos que no debe tener y que subsidiariamente ha de asumirlo cuando se requiera en determinado momento. No es una facultad permanente, sino que, subsidiariamente, siempre la posee el Estado. En situaciones como la del carbón, por ejemplo, se legisló expresamente para que el Estado adoptara un camino preestablecido. Entonces, tampoco cabe argumentar que cuando existe una crisis en el proceso económico, hay que criticar al sector privado porque le pide al Estado una determinada orientación. El sector privado siempre podrá solicitarle al sector público la implementación de cierta política. Pero de ahí a asociarse, es muy diferente. No es consecuente el argumento de señalar que “ahí llegó el sector agrícola", “ahí llegó el del carbón". Necesariamente, todos los sectores podrán recabar del Estado algún comportamiento, porque, en definitiva, él es el conjunto de los particulares.

De ahí, entonces, que el Estado actúa en subsidio “de" cuando se genera aquello que los particulares no pueden desarrollar.

Consecuente con ese principio de subsidiariedad y con el rol que le corresponde al sector privado, creo que el criterio aplicado por el Senado es el razonable. Por lo demás, es el criterio que como Oposición mantuvimos en la discusión del artículo.

En consecuencia, lo señalado por el Diputado señor Cantero es manifiesto y categórico: nos hemos referido al punto, y esta mañana no debe quedar la sensación de que una materia tan sustantiva y fundamental no ha tenido respuesta. Probablemente, el Diputado señor Aguiló se distrajo en ese momento; pero la respuesta sí la hemos dado.

Somos partidarios de un rol subsidiario del Estado; de la empresa privada actuando manifiestamente en la economía, y de que el Estado intervenga donde hay una crisis, orientando, como lo dice la letra a), contribuyendo a la formulación de las políticas nacionales que, si son acertadas, naturalmente incidirán en que el sector privado actúe en buena forma y en que, en definitiva, la región -que es lo que importase beneficie-.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, solicito dividir la votación de la letra c) por párrafos, entre el primero, que autoriza reuniones, y el segundo, que obliga a que la autorización sea comunicada a Carabineros de Chile, porque éste puede ser el pretexto para que Carabineros reprima una manifestación autorizada por el gobernador, con la excusa de que no fue comunicada. Son requisitos copulativos.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, sólo quiero hacer un alcance, para que quede claro lo que se votará.

Uno de los requisitos generales exigidos para ingresar a la Administración Pública es haber aprobado la enseñanza básica. La Cámara estableció, además, "Haber aprobado la enseñanza media;". Por eso, el Senado elimina la letra c).

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Solicito la autorización de la Sala para votar la proposición de la Comisión Mixta sobre Premios Nacionales, la cual tiene extrema urgencia por el hecho de que los premios deben discernirse en esta fecha. La petición ha sido formulada por Diputados de todas las bancadas.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

La proposición de la Comisión Mixta se encuentra en el número 3 de los documentos de la Cuenta de la presente sesión.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, las principales características de este proyecto, que modifica la actual legislación sobre Premios Nacionales, contenida en el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1988, del Ministerio de Educación, son las siguientes.

Se aumenta a once el número de seis premios -los que conocíamos eran de Literatura, Arte, Periodismo, Ciencias, Historia y Educación- como consecuencia de la diversificación de los actuales Premios Nacionales de Ciencias y de Artes, en Ciencias Exactas, Ciencias Naturales, Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, Artes Plásticas, Artes Musicales y Artes de la Representación. Asimismo, se crea el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Todo lo anterior, con el objeto de permitir el acceso a los galardones de muchos científicos que se han destacado en sus respectivas especialidades, aportando al desarrollo científico y tecnológico del país.

También, en el campo de las artes, se pretende premiar a los numerosos cultores que destacan en sus diversas expresiones y que hoy sólo tienen la posibilidad de acceder al premio cada seis años.

Se permite, excepcionalmente, acceder al galardón a personalidades extranjeras de larga residencia en Chile y cuya obra se haya desarrollado en el país, significando un aporte de excelencia y relevancia a la ciencia, la cultura o el arte nacionales. Con ello se salva un vacío de la ley vigente.

Contrariamente a lo que sucede en la actualidad, y haciendo excepción a la regla de que los premios se otorgan cada dos años en forma indivisible, se permite asignarlos conjuntamente a dos o mas personas que hayan constituido un equipo de trabajo, de tal manera que sea difícil o injusto atribuirlo sólo a una de ellas. La actual ley establece esta posibilidad sólo para el Premio de Ciencias.

Respecto del jurado para discernir los premios, se dispone, como constante general para la integración de todos ellos, al Ministro de Educación, al Rector de la Universidad de Chile, y al último galardonado en la respectiva especialidad. Los demás integrantes, diferentes para cada mención, son un representante del Consejo de Rectores o un académico designado por el mismo, algún representante del Instituto de Chile, de acuerdo con la especialidad o alguna otra personalidad relevante, según la disciplina de que se trate.

Tal como sucede hoy día, se faculta al jurado para declarar desierto el premio si, a su juicio, no hay quien lo merezca.

Los premios se otorgarán alternamente cada año, en número de cinco y de seis, correspondiendo en los años pares los de Literatura, de Ciencias Naturales, de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, de Historia y de Artes Musicales. En los impares, los demás.

Se suprime la necesidad de proposición de postulantes a los premios. Los jurados serán soberanos en la selección de candidatos.

Los jurados serán convocados por el Ministro de Educación, quien proporcionará los medios de trabajo. Deberán ser conocidos en el mes de julio de cada año, efectuarán sus deliberaciones en forma confidencial y sus decisiones deberán ser tomadas por simple mayoría.

El premio comprende un diploma, una suma de dinero ascendente a 6.562.457 pesos, que se reajustarán anualmente conforme al IPC, a partir del año 1993, y una pensión vitalicia equivalente a 20 unidades tributarias mensuales, conforme al valor que dicha unidad tenga en el mes de enero de cada año, valor que se mantendrá invariable durante todo el año.

La pensión vitalicia, en caso de fallecimiento del beneficiario, corresponderá al cónyuge sobreviviente y o los hijos menores. La misma norma determina su distribución.

En síntesis, eso fue lo que se trató y acordó en la Comisión Mixta. Ello hará posible actualizar la legislación para evitar que se cometan errores que duelen a la cultura del país, como muy bien lo señalaba en esa Comisión el Diputado señor Felipe Valenzuela respecto del escritor y poeta Andrés Sabella, quien falleció en condiciones muy lamentables, y que, a pesar de haber tenido los merecimientos para haber sido galardonado, no fue premiado.

Es cuanto puedo señalar para conocimiento de los Honorables Diputados, junto con recomendar la aprobación de esta proposición.

He dicho.