Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día y según lo acordado corresponde tratar el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.336, sobre Propiedad Intelectual.

Las modificaciones del Senado se encuentran en el número 23 de los documentos de la Cuenta de la sesión 34°, celebrada el 1 de septiembre de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como antecedente, hago presente a la Sala que las agrupaciones de artistas que han estado promoviendo esta iniciativa, en general me han manifestado, al igual que a muchos otros parlamentarios, su conformidad con el texto despachado por el Senado.

En discusión la modificación del Senado al número 1 del artículo 1°, que da una nueva redacción al artículo 10 de la ley N° 17.336 y mantiene la idea de que estos derechos duran 50 años, esto es, la indicación aprobada por la Cámara.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente, la modificación, al número 8 está directamente relacionada con el número 11, nuevo, y con el artículo 4° que el Senado ha agregado a la ley N° 19.072. En el artículo 87 legislamos para que se formara un Fondo Nacional de las Artes, administrado por la Universidad de Chile. Mientras tanto, el Gobierno ha creado un Fondo Nacional de la Cultura, cuyo primer concurso se realizó y adjudicó hace poco tiempo. El artículo 4°, nuevo, consultado por el Senado, indica: "Los fondos recaudados por las entidades de gestión colectiva de derechos intelectuales, que no sean distribuidos o no sean cobrados por sus titulares -obviamente, provenientes del uso de obras pertenecientes al patrimonio cultural común, a lo que se refería el artículo 87, no pueden ser cobrados por sus titulares-, dentro del plazo de tres años contado desde su percepción, incrementarán los recursos que anualmente destine el Ministerio de Educación para financiar los proyectos de desarrollo artístico...". Y señala la glosa correspondiente al Fondo de Promoción Cultural que ha creado el Ministerio de Educación.

Desde el punto de vista de la formulación, mencionar la glosa 09, de la Subsecretaría de dicho Ministerio, en la Ley de Presupuestos del sector público, me parece inadecuado. La idea global es correcta. En ese sentido, me parece bien suprimir el número 8 y aprobar el 11 nuevo y el artículo 4°, aun cuando en las leyes especiales no se deben señalar las glosas de la Ley de Presupuestos, porque son eminentemente variables y modificables cada año.

He dicho.

El señor RIBERA .-

Señor Presidente, el Diputado señor Palma ha planteado un problema técnico. Si en la ley se menciona determinada glosa, que luego puede corresponder a otro ítem, entonces quiero que alguno de los señores miembros de la Comisión de Hacienda nos explique a dónde irán los dineros provenientes de este fondo.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente, la modificación del Senado dice relación con los elementos que deben considerarse en los estatutos que dan origen a estas asociaciones. Se estima que no es necesario que en ellos se establezcan las clases de titulares de derechos comprendidos en la gestión, porque ésa es una materia propia de la ley.

He dicho.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, éste fue uno de los artículos que la Cámara debatió con mayor profundidad. Incide en un aspecto de carácter constitucional y dice relación también con la eficacia y verdadera existencia de estos organismos de gestión colectiva.

La Cámara concluyó que no era necesario exigir a las referidas entidades la representación de un porcentaje determinado de los titulares originarios chilenos o extranjeros que causen derechos en un mismo género de obras o producciones. El criterio que se tuvo para opinar en ese sentido fue que si se establecía un porcentaje de 20, 30, 40 u otro, significa restringir, en el fondo, el ejercicio del derecho a asociarse o a constituir entidades de gestión colectiva, porque, en la práctica, no pueden existir más de cuatro o cinco, según cual fuere el porcentaje que se escoja. Por eso se propuso la redacción que aprobó la Cámara. Sin embargo, el Senado ha cambiado sustancialmente la norma, puesto que introduce una letra b), que hace exigible un determinado porcentaje al disponer “Que la entidad solicitante represente, a lo menos, un 20 por ciento de los titulares originarios...", lo cual significa que no podrán existir más allá de cinco entidades de esta naturaleza. En el fondo, se establece una especie de monopolio en estas actividades, lo cual está en abierta contradicción con la correcta interpretación de las normas constitucionales. De manera que allí hay una primera falla de carácter constitucional, lo que nos mueve a proponer su rechazo.

Además, estructuramos la intervención del Ministerio de Educación, pese a que no la compartíamos, pues veíamos que era una sobreabundancia de actividad del órgano estatal o del Ejecutivo, porque, primero, había una autorización o una concesión de la personalidad jurídica por el propio Ministerio de Justicia, que es nada menos que el Ejecutivo y, segundo, éste hacía en otro ministerio más o menos lo mismo, es decir, una doble calificación. Ese nos pareció un absurdo; pero la Cámara, en definitiva, optó por seguir ese criterio.

Se establecieron determinados mecanismos para cautelar los derechos de los ciudadanos. Así, se dijo que de la resolución denegatoria del Ministro de Educación podrá apelarse, dentro del plazo de diez días hábiles, para ante las cortes de apelaciones respectivas, a fin de que pudieran resolver en única instancia y dentro de un plazo de quince días. Esto también fue suprimido por el Senado. En consecuencia, se otorga al Ministerio de Educación un exceso de facultades y se colocan límites, o una barrera mínima, a la cantidad de personas que deben concurrir a la conformación de estas entidades de gestión colectiva; se estructura un monopolio que está en contradicción con los textos constitucionales, por cuanto la gente que trabaja en estas actividades no quiere quedar sometida sólo a un órgano de carácter rector que adquiere un poder muy grande. Deben existir posibilidades mucho más amplias. Esta barrera de 20 por ciento, que fue discutida a propósito de otros proyectos de ley, de ninguna manera se concilia con la creación de las propias actividades. Si se quiere crear una gestión colectiva monopolizada, que se diga directamente, pero que no se le busque el ajuste por otro lado. En consecuencia, el Senado ha errado completamente en la regulación jurídica de estas entidades.

Por esas razones, votaré en contra de la modificación, a fin de insistir y obligar a que la materia se discuta en comisión mixta.

He dicho.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente, en primer lugar, la modificación del Senado es similar a aquélla del proyecto original que envió el Ejecutivo para regular esta materia, al cual se incorporaron también las proposiciones que en ese mismo sentido hizo la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Por lo tanto, el Senado retoma el espíritu original del proyecto del Ejecutivo con las modificaciones de la citada Comisión.

En segundo lugar, no existe ningún inconveniente constitucional para aprobar una norma como ésta. El derecho de asociación, consagrado en la Constitución, permite al legislador reglamentar las formas cómo se constituirán las diversas asociaciones que se pretendan crear. Y tan claro es ello que todos los presentes en esta Sala pertenecemos a asociaciones, como son los partidos políticos, para los cuales la ley establece una reglamentación, como, por ejemplo, tener cierta representatividad que deben acreditar con un determinado número de firmas de sus militantes. En el caso de los partidos políticos, como en el de múltiples asociaciones, la Constitución le entrega al legislador consagrar los requisitos para efectos de su establecimiento.

En tercer lugar, es fundamental que estas asociaciones cuenten con una determinada representatividad, para garantizar no sólo la seriedad de su funcionamiento, sino también su eficacia. No podemos establecer, para crearlas, elementos que las harán inoperantes, como es el hecho de que no cuenten con un número mínimo de representantes, porque, si así ocurriera, no podrán desarrollar su gestión y, por lo tanto, no servirán para nada. Repito que es fundamental que tengan un mínimo de representatividad para garantizar su seriedad y, al mismo tiempo, su eficacia como entes de gestión.

Aplausos en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a las personas que se encuentran en las tribunas que deben abstenerse de hacer manifestaciones.

Puede continuar, señor Chadwick .

El señor CHADWICK .-

Finalmente, con respecto a la aprensión del Diputado Bosselin , en el sentido de que pudieran crearse entes monopólicos, ello no ocurrirá porque en el proyecto se garantiza el cobro de la gestión individual. De esa manera, se armonizan y preservan entidades de gestión eficaces y representativas, no monopólicas, respetándose el derecho de cada artista -si se estima conveniente- para ejercer su gestión en forma individual, con lo cual quedan plenamente garantizados los derechos individuales, como asimismo el de asociación garantizado en la Constitución.

Por eso, señor Presidente, la bancada de la UDI respaldará la modificación del Senado.

He dicho.

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente, apoyo lo expuesto por el Diputado señor Chadwick , pues la modificación introducida por el Senado no afecta o atenta contra alguna de las garantías establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política, puesto que se da la posibilidad de que exista la libre asociación y, en ningún momento, la, ley impedirá que las personas puedan asociarse para los efectos que ella establece.

Si el número 26 del artículo 19 de la Constitución Política impide que la ley, en un momento determinado, ponga trabas importantes que imposibiliten realmente el ejercicio de uno de los derechos garantizados, en este caso específico la ley no impedirá el ejercicio de la libre asociación.

En relación con el último inciso de este artículo, que señala: "Si el Ministro no se pronunciare dentro del plazo señalado en el inciso anterior, se entenderá concedida la autorización.", creo que su redacción es correcta para evitar que el Ministro de Educación, en alguna oportunidad, tramite innecesariamente la autorización para el funcionamiento de estas organizaciones.

Por lo tanto, la gran mayoría de los Diputados de Renovación Nacional votará a favor de la modificación del Senado.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente, la modificación para reemplazar el artículo 95 es muy de fondo. De hecho, el Senado está legislando sobre una materia diferente a la tratada por nosotros en esa norma.

Efectivamente, como dijo el Diputado Bosselin , este título fue el más debatido en la Sala. En general, los artículos de este título fueron consensuados. Hubo un momento en el cual se interrumpió la discusión para buscar un texto que permitiera una aprobación unánime de este articulado, y así ocurrió.

El Senado vuelve atrás sobre algunas de las materias acordadas en esta Sala y, en mi opinión, eso introduce ciertas imperfecciones en la legislación, no por el hecho de poner el requisito del 20 por ciento de los titulares para constituir una entidad de gestión colectiva, señalado en la letra b) y establecido también en otras normas jurídicas que hemos aprobado respecto de centrales sindicales, juntas de vecinos, etcétera, por cuanto es posible exigir ciertos requisitos de participación mínima para crear una organización, lo cual me parece razonable. Creo que en la letra b) hay una dificultad de fiscalización adicional para el Ministerio de Educación, no vinculada al 20 por ciento, que puede considerarse un porcentaje elevado o bajo, sino respecto de quienes son los titulares originarios, chilenos o extranjeros domiciliados en Chile, que causen derechos en un mismo género de obras o producciones.

Además, las letras a) y c) de este artículo son absolutamente redundantes. Evidentemente, el trámite ante el Ministerio de Educación debe ser para verificar si se cumplen los requisitos. Entonces, no tiene objeto indicarlo aquí, si ellos se encuentran "establecidos en este Título". Por lo tanto, la letra a) no dice ni aporta nada a la legislación.

La letra c), en definitiva, es una restricción totalmente arbitraria, porque ¿quién calificará "que de los datos aportados y de la información practicada, se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones de idoneidad necesarias para asegurar la correcta y eficaz administración..."?

Este será un juicio de valor. Al Ministerio de Educación se le está facultando para emitir un juicio de valor absolutamente arbitrario, y, en ese sentido, estamos imponiendo una restricción. Como en la actualidad hay un Ministro de Educación y un Gobierno que nos inspiran confianza, todo va muy bien; pero no sabemos quién será el Ministro de Educación el día de mañana, ni cuáles las características de la Administración del Estado. En ese sentido, estamos entregando una facultad absolutamente omnímoda.

El nuevo artículo 95 sustituye, así, un artículo que fijaba un procedimiento para que, en definitiva, existiera la libertad de las entidades de gestión colectiva, de constituirse al margen de la voluntad del Estado, el cual debía establecer y revisar el cumplimiento de determinados requisitos consignados en el artículo que habíamos aprobado; y de acuerdo con las normas establecidas en dicho articulado, si el Ministerio de Educación no cumplía con la tramitación de la solicitud, ésta debía darse por aprobada. Además, existían normas de apelación.

El Senado, simplemente, suprime ese procedimiento, amplía los plazos, suprime normas de apelación y criterios objetivos que habíamos consagrado. Con la apariencia de este 20 por ciento -que aparece como muy positivo para los artistas, los creadores culturales en nuestro país-, impone una norma que de suyo terminará siendo absolutamente arbitraria, porque por la letra c), inclusive podría terminarse calificando si se cumple el 20 por ciento, si son idóneos los creadores y, en ese sentido, la modificación del Senado es un retroceso en la legislación que habíamos aprobado, expresada en dos normas: una, importante desde el punto de vista presupuestario, a la que aludí y veremos en el artículo 4°, y ésta, que me parece muy imprecisa en la legislación del Senado.

Considero mejor tomar el breve tiempo que demanda una comisión mixta para subsanar las imprecisiones, buscar un consenso entre una norma y otra, corregir el artículo 4°, nuevo, agregado por el Senado, que, aunque muy positivo, contiene una norma que si no la enmendamos deberá ser vetada por el Presidente de la República para subsanar una mínima cuestión, pero que debería serlo en algún trámite anterior de la ley.

En consecuencia, propongo a la Honorable Cámara rechazar este artículo para buscar un consenso entre las normas aprobadas por ella y la disposición sustitutiva propuesta por el Senado, la que, sin duda alguna, puede ser perfeccionada.

He dicho.

El señor SOTA .-

Señor Presidente, "lo mejor es enemigo de lo bueno", y no concordamos con las razones expuestas por el Honorable colega Palma, don Andrés; más bien, aceptamos las de los Diputados señores Chadwick y Urrutia. Como queremos que este proyecto sea aprobado cuanto antes, sin pasar por una comisión mixta, anunciamos los votos favorables del Partido por la Democracia y del Partido Socialista.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Si existe interés público, es lógico que el Estado establezca ciertas limitaciones o exigencias para que aquél esté resguardado. Si hay interés privado, es lógico que el Estado amplíe los ámbitos de libertad para que la gente decida cómo y en qué términos se organiza para defender sus propios intereses.

Aquí se han invocado disposiciones constitucionales. Creo que el 20 por ciento no violenta el número 15 del artículo 19 de la Carta Fundamental; pero quizás podría afectar su número 26, referente a la esencia de los derechos. ¿En qué medida exigir el 20 por ciento para ejercer los derechos individuales trae como consecuencia que la persona pueda verse en una situación desmedrada al quedar afectada la esencia de su derecho de afiliación?

Por otro lado, ¿por qué 20 por ciento? ¿No pudo ser el 5 ó el 10? Si para los partidos políticos, que ejercen un importante rol en la sociedad, se exige el 0,5 por ciento de los ciudadanos inscritos en tres regiones contiguas u ocho regiones del país, y para formar sindicato, el 3 por ciento, me pregunto: ¿por qué, entonces, el Honorable Senado exige aquí el 20 por ciento?

La norma del Senado es peligrosa. La Cámara, con prescindencia de quién dirija el Ministerio de Educación y pensando en una norma para todos los tiempos, trató que no tuviera un ámbito importante de decisión, que fuera más bien un buzón y que tratara en forma objetiva a las personas que presenten allí su solicitud. Sin embargo, en la letra c) se ha incorporado una norma que le da amplia discrecionalidad, ya que tendrá que ver, en cada caso, si la estructura creada reúne los requisitos de idoneidad necesarios. En mi opinión, no es aconsejable que un órgano administrativo decida acerca de la idoneidad de personas, máxime si ello significa analizar sus situaciones personales, morales, patrimoniales y otras.

Imaginen que existiera una norma semejante, por ejemplo, para entregar un mandato judicial, y que el juez tuviera que decidir, en cada caso, si es o no válido, según la idoneidad profesional de aquél en favor del cual se ha otorgado. En mi concepto, ésta es una materia netamente personal.

No comparto ni el 20 por ciento fijado por el Senado -cifra arbitraria y que perfectamente pudo ser inferior- ni tampoco la letra c), por estimar inconveniente que una autoridad administrativa, basada en la idoneidad de la entidad solicitante, sea la encargada de autorizar o no para constituirse como persona jurídica.

Dado que aquí está principalmente involucrada la defensa de intereses particulares, considero que la norma debe ser redactada en forma distinta, siguiendo más bien el tenor de la disposición que, en su oportunidad, aprobó la Honorable Cámara.

Señor Presidente, el Diputado señor Urrutia , quien no comparte mi punto de vista, me ha solicitado una interrupción, que, con su venia, se la concedo.

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente, se trata de una interpretación constitucional distinta. Resulta indudable que es contradictoria la argumentación del Diputado señor Ribera con relación a esta materia, pues, si por un lado dice que no se afecta el número 15 del artículo 19 de la Constitución Política, es innegable que tampoco se tocaría su número 26, justamente porque esta última norma constitucional establece que la ley no puede limitar el ejercicio de los derechos garantizados en la Carta Fundamental. Y, si no se está contraviniendo el número 15 del artículo 19, tampoco se está vulnerando su número 26. Por lo tanto, a mi juicio, la argumentación del Diputado señor Ribera sería contraria al espíritu de la Constitución Política.

He dicho.

El señor RIBERA .-

Señor Presidente, no creo que se esté violentando ningún derecho constitucional, porque el 20 por ciento está dentro de los límites establecidos para la libertad de asociación. No se trata de que éste sea o no un problema constitucional, sino más bien de la filosofía en que deseamos que estén iluminadas estas asociaciones.

A mi juicio, el 20 por ciento consignado en la letra b) no tiene ninguna justificación, ni tampoco la letra c), ya que significa facultar a un órgano administrativo -el Ministerio de Educación- para decidir acerca de la idoneidad de las personas. Ese es un elemento subjetivo que no debe quedar en manos de una autoridad administrativa. Sólo deseamos que exista amplia libertad; que la gente se organice, y que si el 3 por ciento de los artistas deciden cobrar ellos sus derechos y tienen suficiente capacidad administrativa y de fiscalización, ¡que lo hagan! ¡Si el 3 por ciento es insuficiente para ello, tendrán que reorganizarse, crear una nueva entidad y salir adelante! Dado que son los principales interesados en cobrar sus derechos, ellos sabrán si reúnen el 20, el 99 ó el 2 por ciento.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel) .-

Señor Presidente, es preciso saber una cosa, que me preocupa. Desgraciadamente, no les puedo preguntar a los interesados; pero me gustaría saber si los señores artistas han sacado la cuenta de lo que les significa el 20 por ciento...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Le pido que se dirija a la Mesa y no a la tribuna.

Aplausos.

El señor GARCIA (don René Manuel) .-

El ideal sería que pudieran bajar los artistas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Como al iniciar el debate di a conocer claramente la opinión que ellos habían manifestado, no es necesario reiterarla cada vez.

El señor GARCIA (don René Manuel) .-

Conforme.

Lo que me preocupa es que al hacer un catastro -de cuya realización deberán preocuparse ellos-, con este 20 por ciento como máximo sólo tendrán tres o cuatro entidades. No van a poder tener más.

Ahora, ¿cuál es la idea? Si a ellos les interesa que cada uno se pueda asociar libremente, podría haber varias entidades. Porque si hay mil artistas, al exigirse este 20 por ciento significa que quedarán 800. Pero de éstos no se consideran 160 para constituir la segunda entidad, sino que van a seguir siendo los 200, porque no se rebaja el número.

Se trata de un tema que daría para un buen debate; además, podríamos estudiar lo que les conviene en función de una mayor participación. Porque los artistas creen que al ir rebajándose el número podrán crear más entidades. La verdad es que, al igual que los sindicatos, se conserva el número originario de los artistas que hay en el catastro.

Habría que madurar más la idea. De lo contrario, sólo existirían tres entidades que representarían a todos los artistas en cuanto a obras y producciones.

Ahora, si ellos consideran correcto el 20 por ciento, no tengo ningún problema en aprobarlo. Además, no se atenta contra el principio de asociación, porque en ningún caso se dice que debe existir sólo una entidad, sino que puede haber varias, representadas por ese porcentaje.

Ese es el punto que quería aclarar, señor Presidente.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, es indispensable que nos concentremos en el artículo 95 aprobado por la Cámara y en el 95 propuesto por el Senado, porque son esencialmente diferentes.

La Cámara consideró a las entidades de gestión como personas; reconoció sus derechos y estableció, en primer lugar, la obligación de que deben ser informadas de toda solicitud que se presente. El Senado no las estima así; prescinde de ellas y, simplemente, entrega la resolución al Ministro de Educación.

En segundo lugar, la Cámara estableció todo un procedimiento para el caso de que las demás entidades formulen reparos; y si son desechados, les otorgó el derecho que asiste a toda persona de reclamar y recurrir a la corte de apelaciones. El Senado suprime esto y, recordando viejas épocas de estatismo absoluto, entrega plenas facultades al Ministro de Educación. Así, las entidades afectadas no son informadas, no tienen recursos frente a los reparos y no pueden recurrir ante la corte de apelaciones, en caso de existir resolución denegatoria.

Como la ley debe establecer un procedimiento justo -cosa que no ha hecho el Senado-, votaré en contra de su proposición.

He dicho.

El señor ROCHA .-

Señor Presidente, el artículo 95 del Senado plantea dos cuestiones fundamentales: primera, si la entidad que solicita autorización representa el 20 por ciento; y segunda, si es lícito establecer en la normativa la obligación de que la autoridad analice las condiciones de idoneidad necesarias. La disposición amerita la discusión planteada.

En concreto, consulto a la Mesa si es posible dividir la votación del artículo 95, de manera de votar aparte su letra b).

En relación con la idoneidad, no se dice que la autoridad analice las condiciones de los componentes de la persona jurídica, especialmente de la directiva. En consecuencia, la norma no se aparta de la legislación general del país. Para la constitución de una persona jurídica, se solicitan informes al Servicio de Investigaciones, por ejemplo, que analiza los antecedentes de quienes dirigirán la entidad. Lo mismo que se establece aquí.

Además, llama la atención que el Diputado señor Rojo señale que estas entidades deben constituirse como personas jurídicas y someterse a todas las normas establecidas en relación con la materia. La Cámara aprobó una disposición, que conoció el Senado, y no veo la razón por la cual no deban someterse a ella.

He dicho.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, esta mañana, al analizar el proyecto de ley relacionado con la propiedad intelectual, hemos visto que el tiempo no transcurre en vano.

Esta iniciativa legal ingresó al Congreso hace 20 ó 22 meses. Recuerdo que se pronunciaron encendidos discursos en la Sala en función del “marketing" hacia la opinión pública, y hubo consenso pleno -según las expresiones de todos los oradores- sobre las justas peticiones de los intelectuales, artistas y todo el medio inserto en el mundo cultural del país. Pero parece que nos olvidamos de ciertas cosas.

Algunos Diputados de mi bancada, integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ante todo en su calidad de mandantes de una votación, se colocan en su papel de abogados y olvidan que en la vida, principalmente en la tramitación de un proyecto, debe haber un justo equilibrio entre las normas jurídicas y la realidad en que inciden en un país que estamos formando juntos desde hace dos años y medio; olvidan el significado de la participación.

Hace un rato, un parlamentario se dirigió a las tribunas y preguntó si los interesados estaban de acuerdo. Algunos Diputados, que también expusieron sus puntos de vista en la Sala, reconocieron que ha habido un gran esfuerzo, un gran trabajo y una gran dedicación de este gremio, para posibilitar su reconocimiento como tal y que se legisle en función de la realidad del país.

Expreso esto porque estoy convencido de que las modificaciones del Senado nos están volviendo al estatismo. La realidad de hace más de 20 meses era diferente de la actual. Se pensaba que con el Gobierno del Presidente Aylwin podía suceder el caos; había muchos sectores que no tenían confianza en el Ministro de Educación.

Las cosas han ido cambiando. El Gobierno ha dictado políticas claras para fomentar la cultura, dentro de la cual está este proyecto.

Como integrante de la Comisión de Educación, me consta la dedicación y el esfuerzo de todas las personas del Ministerio de Educación para apurar este proyecto. Por eso, votaré a favor de las modificaciones del Senado. Aspiro a que en esta sesión las aprobemos unánimemente, para que con justa razón sea ley de la República.

He dicho.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg) .-

Señor Presidente, comparto el criterio del colega Ortiz . Debemos buscar un equilibrio entre lo mejor y lo bueno. Lo que viene del Senado es mejorable en varios artículos.

La liberalización del uso de las obras del patrimonio común no es positiva; es un retroceso, aunque ya está aprobada.

El artículo 95 podría mejorarse, sin perjuicio de que comparto plenamente la idea de que las entidades de gestión tengan un mínimo de socios para su constitución y buen funcionamiento. Según estudios realizados en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no es bueno que el uno o el dos por ciento constituya una entidad, porque esto puede generar dificultad en la operación misma y volcarse en contra de los propios interesados.

El proyecto es perfectible, pero no tiene sentido demorar demasiado su tramitación. La Cámara lo estudió con la seriedad debida y no atenta contra el fundamento básico de nuestro ordenamiento jurídico, ni en su artículo 95 ni en los siguientes. Por lo tanto, votaré a favor de las modificaciones del Senado.

Con la venia del señor Presidente, concedo una interrupción al colega señor Yunge .

El señor YUNGE .-

Señor Presidente, en primer lugar, reitero que el proyecto da opciones para que las personas reivindiquen sus derechos, en forma individual o incorporadas en una organización que, de acuerdo con el texto legal, deberá contar a lo menos con el 20 por ciento de participación del sector.

Personalmente, habría preferido un porcentaje menor; pero, en cualquier caso, comparto la idea fundamental de que esta organización requiere la participación de un grupo significativo de personas, para asegurar el cumplimiento de sus objetivos. La liberalización absoluta del sistema posibilitaría que las compañías u otros sectores de carácter económico manejaran a las entidades de gestión.

Por otra parte, si bien no comparto el principio de que la autoridad decida en forma subjetiva respecto de las condiciones de idoneidad, también es cierto que nuestro ordenamiento legal permite, a través de diferentes recursos y procedimientos de la vida judicial y administrativa, defender los derechos de quienes eventualmente puedan sentirse agraviados por su decisión.

En consecuencia, anuncio mi voto positivo a la versión del Senado de este proyecto de ley, en función de la necesidad y urgencia de legislar en el sentido propuesto.

He dicho.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente, quiero referirme, en primer término, a las expresiones poco afortunadas del Diputado señor Ortiz, dichas –creo- al calor de su intervención.

Los abogados no vienen aquí a ejercer su profesión ni los profesores a dar cátedra o imponer castigos. Ambas situaciones no suceden en la Cámara.

No hay que resolver las cosas con criterios exclusivamente prácticos, porque, al final, los que pagarán las consecuencias serán los estudiosos del derecho cuando deban investigar qué legisladores aprobaron malas leyes, injusticias o normas defectuosas, que en definitiva van a perjudicar a sus propios usuarios.

En consecuencia, la misión de cada legislador es dictar una ley justa, que resuelva todos los posibles conflictos. Y las proposiciones de la Cámara y del Senado, en verdad, deberían refundirse y estudiarse de nuevo, porque no son incompatibles.

A los presentes en las tribunas, que aparecen como beneficiados, sin duda les apura la dictación de la ley; pero si se lee el texto del proyecto, se concluye que los conflictos que existan darán origen a juicios mucho más largos, y es precisamente lo que se trata de precaver.

A través de una norma, mediante el simple silencio del Ministro de Educación, se pretende conceder la autorización. En Derecho Administrativo es difícil encontrar disposiciones de esta naturaleza. Por ejemplo, si se revisa la legislación municipal, cuando hay silencio de parte de la administración, la autorización se entiende denegada y, en consecuencia, el peticionario puede recurrir a los tribunales para efectuar, a través de un procedimiento establecido, la demanda de sus derechos. Sin embargo, este silencio que concede tácitamente la autorización, constituye una verdadera irregularidad administrativa y jurídica dentro de nuestra legislación. Y puede ocurrir que mucha gente esté pensando, a lo mejor, en el actual Ministro de Educación, pero esta ley es de carácter permanente y habrá muchos Ministros que deberán resolver este caso, y como legisladores debemos colocarnos en esa circunstancia.

Además, según mi parecer, el 20 por ciento no es de la totalidad de los titulares, sino de aquellos que "causen derechos en un mismo género de obras o producciones".

¿Cuántos géneros de obras o de producciones existen en nuestro país y cuántos causantes de derecho hay respecto de esos géneros de obras o producciones?

Si uno hace un ejercicio o una simulación al respecto, puede encontrarse con que ese 20 por ciento ni siquiera se da en algunos casos.

En mi opinión, esta norma debería -incluso en el sentido en que lo propone el propio colega Gutenberg Martínez - armonizarse con la de la Cámara, para lo cual, por Reglamento, necesariamente debe ir a comisión mixta, lo que significa demorar una semana el trámite del proyecto.

El señor PALESTRO .-

Señor Presidente, la verdad es que hemos perdido bastante tiempo en la discusión de algunos aspectos de este proyecto, entre los cuales está el número de personas representativas de un sector de los artistas del país.

Todos conocemos la capacidad intelectual de los artistas en los distintos niveles que existen en el país, de manera que no es necesario instruirlos sobre su manera de actuar, con quien asociarse, y decirles que deben juntarse veinte personas, ni más ni menos.

El señor ROCHA .-

Y pueden ser más.

El señor PALESTRO .-

Exacto. Y pueden asociarse donde quieran y en el número que estimen conveniente, sin que nadie venga a señalárselos, porque no son niños de pecho, como para señalarles con quién, con cuántos y dónde deberán agruparse, pues se conocen y ya han dado sus batallas durante muchos años. Es decir, dentro de su gremio tienen plena libertad y conocimiento de quiénes son los artistas en las distintas áreas del arte.

Soy partidario de que haya una sola cabeza actuante, pensante y directiva -debería ser el Ministro de Educación de cualquier régimen- en la administración de todos los dineros, para saber en qué se invertirán y quiénes son sus auténticos propietarios, y no una serie de asociaciones que después se podrán trenzar en peleas y meterse en dificultades, lo que ni los propios artistas quieren.

Voy a recordar un caso muy bullado ocurrido en el período democrático de antes de 1973.

Se trata del prestigioso autor de "Si vas para Chile", una de las canciones chilenas más conocidas en el mundo. Me refiero a Chito Faró , a quien le sucedió lo mismo que a muchos grandes artistas de este país; que han muerto prácticamente de hambre o han caído en la peor de las miserias. Pero son los avatares del arte, la manera de trabajar, de ser y de actuar del artista, y nosotros no nos vamos a meter a cambiarla.

En un largo debate habido en la Cámara de aquel tiempo, en Santiago, quedó establecido que la burocracia del Departamento del Pequeño Derecho de Autor de la Universidad de Chile se estaba llevando, más o menos, el 80 ó 90 por ciento de esos ingresos. ¡El 80 ó 90 por ciento! Los parlamentarios viejos -no tanto como yo, pero viejos- tuvimos pleno conocimiento de ello, y luchamos hasta sacar a Chito Faró de la cárcel, porque allí fue a parar por reclamar lo que legítimamente le correspondía.

Como ahora vivimos otra época, hay otro equipo de personas, un nuevo tipo de dirigentes y de artistas que conducirán este gremio tan importante para la cultura del país, a lo mejor no sucederán esas cosas y no será necesario andar sacando autores de la cárcel por reclamar sus derechos y denunciar situaciones que no corresponden.

Ese hecho me dejó muy marcado, porque entendí cómo el productor de arte era explotado por un organismo tan serio como el Departamento del Pequeño Derecho de Autor, dependiente de la Universidad de Chile, al frente del cual se encontraba un general en retiro de la Aviación. Entonces, no correspondía pensar nada malo, pero lo real, lo efectivo, era que los funcionarios se llevaban la plata de los autores, quienes recibían sólo migajas. Espero que en este proyecto se prevean todas las cosas que sucedieron en el pasado, y ojalá que los propios artistas -ellos tendrán su manera de pensar- elijan a las personas que estimen conveniente y también constituyan las asociaciones que consideren necesarias, una o dos, ojalá las menos posibles, para evitar que existan roces, diferencias y disputas entre ellas.

A pesar de estar de acuerdo con muchos de los planteamientos hechos en el primer trámite constitucional, en esta oportunidad votaré en favor de las modificaciones introducidas por el Senado, a pesar de que no me gustan mucho, más que nada con el objeto de no perjudicar a los artistas, de no impedir que empiecen a operar sus organizaciones y a fin de que obtengan sus legítimos derechos.

Además, le digo a la gente de la UDI y de Renovación Nacional -que tienen diferencias, que están peleando y que no tiene el mismo criterio- que sus disputas no ganan derechos de autor.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO .-

Expreso estas palabras porque conozco a este gremio, a muchos artistas que andan dando vueltas sin posibilidades de trabajo. Se traen artistas a los cuales se les pagan sumas súper millonarias. Sin embargo, el chileno, de igual o mejor calidad que los extranjeros, sencillamente no consigue trabajo y debe actuar en bares, "taguaras" -como diría un venezolano-, perdiendo su calidad y dignidad porque los empresarios no los toman en cuenta.

Ojalá que con la nueva organización que tendrá este gremio, tan respetado y apreciado por todos nosotros, se logre solucionar, en especial, el problema de los artistas postergados, de los cuales últimamente han muerto dos o tres en la mayor de las miserias. Eso no puede ser.

Por todas estas razones –repito-, votaré favorablemente las observaciones del Senado, con el objeto de que se despache lo más rápido posible el proyecto.

He dicho.

El señor ELIZALDE .-

Señor Presidente, aun cuando en el debate anterior podría haber sido rechazada la norma propuesta por el Senado con el objeto de acoger los planteamientos hechos para mejorar el proyecto de ley, la gran mayoría de los parlamentarios la aprobamos por la necesidad de que este proyecto sea una realidad lo antes posible, pues si se abre un debate que pueda significar el rechazo de un artículo, ello implica ir al trámite de comisión mixta.

En consecuencia, sugiero que el resto de las modificaciones del Senado sean aprobadas con los quorum correspondientes, a fin de que la iniciativa sea despachada de inmediato.

La señora MALUENDA .-

Señor Presidente, consecuente con la votación que aprobó en general el proyecto, coincido con la sugerencia del Diputado señor Elizalde , en el sentido de aprobar el resto de las modificaciones propuestas por el Senado, en atención a la petición y al criterio de los interesados en este proyecto. Tendrá que pasar mucho tiempo antes que se apruebe una ley que realmente respete y defienda los derechos de los artistas, pero por el momento atengámonos a lo que les resulta más útil.

He dicho.

El señor CHADWICK .-

Señor Presidente, en principio, comparto la proposición de la Diputada señora Maluenda , porque las modificaciones pendientes son básicamente formales, salvo una que considero muy positiva, que señala que los fondos recaudados por las entidades de gestión que no sean cobrados por los usuarios dentro del plazo de tres años irán a. un fondo que incrementará los recursos que anualmente destina el Ministerio de Educación para financiar los proyectos de desarrollo artístico y cultural.

Las demás proposiciones del Senado son todas formales.

En consecuencia, sugiero acoger lo propuesto por la Diputada señora Maluenda para no demorar más la aprobación de esta iniciativa.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente, en una intervención anterior mencioné que había una referencia a la glosa 09 de la Ley de Presupuestos.

He revisado la referencia del artículo 4° en la Ley de Presupuestos del sector público del presente año, y está bien hecha. Es decir, esto no requeriría de algún cambio, por cuanto en dicha glosa no se expresan coeficientes numéricos, sino que se crea el Fondo de las Artes y de la Cultura.

La referencia está correcta y yo había incurrido en un error.

El señor MUÑOZ BARRA .-

Señor Presidente, sólo quiero expresar nuestra conformidad con el artículo nuevo.

Como dato ilustrativo, deseo señalar que el Ministerio de Educación recibió más de 3 mil proyectos para el desarrollo de la educación y de las artes, de los cuales no fueron aprobados más de 300, lo que indica el buen sentido de esta disposición.

Lamento profundamente que este proyecto se haya debatido mientras varios parlamentarios nos encontrábamos en la Comisión Mixta tratando lo relativo a los Premios Nacionales, por lo cual no tuvimos oportunidad de intervenir en este debate.

He dicho.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, votaré favorablemente este artículo porque significa aumentar los fondos para proyectar aspectos culturales. Lo haré, esencialmente, por una situación que se presentó en la Comisión Mixta de Presupuestos el año pasado, en el sentido de que algunos Diputados y Senadores formulamos indicación para que, a lo menos, un 40 por ciento de este Fondo fuera destinado a regiones.

Como Diputado de provincia, de Concepción, estimo importante hacer un esfuerzo en tal sentido.

Por ello, repito, votaré favorablemente el artículo 4°.

He dicho.

El señor GARCIA (don Rene Manuel) .-

Señor Presidente, anteriormente había pedido la palabra y no se me concedió.

Si el Ministerio de Educación tiene recursos para el desarrollo de la cultura y de los artistas, ¿por qué los fondos no retirados por los artistas durante tres años van a esa Secretaría de Estado? ¿Por qué ellos mismos no los pueden manejar y encauzar? ¿Por qué los regalarán al Ministerio de Educación si se ha creado un Fondo de la Cultura?

El señor RIBERA .-

Señor Presidente, tengo dos preguntas que formular al respecto. La primera, ¿cuál es el fundamento para que ciertos fondos captados por entidades de gestión, provenientes de obras culturales, sean percibidos por el Estado al cabo de algún tiempo? ¿Es una prescripción extintiva en favor del Estado? ¿Se aplica la teoría de la herencia yacente? La segunda, ¿cuál es el fundamento para que estos recursos, que deberían ingresar a fondos generales de la nación, por una disposición legal tengan una destinación específica? ¿En qué medida se alteran las disposiciones constitucionales que impiden que los fondos ingresen con destinación específica para un determinado fin, en vez de fines generales?

Deseo que las personas que participaron en la Comisión me clarifiquen estos aspectos.

No veo razón alguna para que los fondos ingresen necesariamente a favor del Estado pues son captados por particulares. También deseo saber cuál es la disposición que autoriza, en esta materia, que tengan un fin específico.

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente, el fundamento de la autorización específica estaría justamente en la ley, por cuanto lo que no se puede destinar a fondos específicos son los tributos que se establezcan. Así lo señala el número 20 del artículo 19 de la Constitución Política. Por lo tanto, la ley fijaría la distribución de estos fondos al Ministerio de Educación, para los efectos de destinarlos a cosas específicas.

Este no es un tributo, por cuanto se trata de los derechos incorporados al patrimonio de algunas de estas organizaciones de gestión.

Un señor DIPUTADO.-

¿Por qué se los quitan?

El señor URRUTIA .-

No se los quitan, sino que transcurrido un período de tiempo se les da una destinación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre gobierno y administración regional.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización es el señor Elgueta.

Las modificaciones del Senado figuran en el número 22 de los documentos de la Cuenta de la sesión 34a, celebrada en 1° de Septiembre de 1992.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente, la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización ha cumplido con el mandato de la Sala, en orden a estudiar el proyecto sobre gobierno y administración regional, en su tercer trámite constitucional.

Después de un somero examen, los miembros de la Comisión determinaron que existía acuerdo con algunas de las modificaciones introducidas por el Senado y que se discrepaba con otras.

Se observaron las siguientes discrepancias en las materias y disposiciones que señalaré.

En el artículo 2°, el Senado propone sustituir la voz “requerir” por “disponer", en relación con el uso de la fuerza pública por parte del intendente.

En el mismo precepto, el Senado suprimió las facultades del intendente para dar cuenta al Presidente de la República sobre la conducta ministerial de los jueces.

Otra discrepancia consiste en que el Senado propuso, en la letra j) del mismo artículo, modificar la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos creados por ley, añadiendo que eso era solamente respecto de la función administrativa de ellos, de tal manera que no comprende aquellos servicios de creación constitucional.

En el inciso segundo del artículo 3°, relativo a la supervigilancia del gobernador sobre los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa, se restringe su aplicación en el mismo sentido, es decir, solamente tiene la supervigilancia de los servicios creados por ley y no de aquéllos de origen constitucional.

El artículo 4° propone introducir un nuevo inciso primero, según el cual el gobernador ejerce sus atribuciones informando al intendente de sus acciones y ajustándose a su instrucciones. La Cámara no establecía este trámite.

El Senado ha eliminado la letra d) del mismo precepto, con lo cual se suprime la facultad del gobernador para informar al intendente sobre la conducta de los jueces, a fin de que éste, a su vez, informe al respecto al Presidente de la República.

En su letra e), se vuelve a reemplazar la voz "Disponer” por la frase "Requerir el auxilio”, en cuanto al uso de la fuerza pública por los gobernadores.

Asimismo, en la letra h), el Senado propone eliminar la atribución del gobernador para supervigilar las normas sobre uso de vehículos municipales, que había incluido la Cámara.

En la letra i), se suprime la forma de proceder respecto de los bienes fiscales cuando el intendente o el gobernador ordenen su recuperación si se exhibiere un título aparente de posesión, con el objeto de que intervenga el Consejo de Defensa del Estado y los Ministerios de Bienes Nacionales y del Interior, en su caso. La Cámara había fijado este procedimiento, y ahora el Senado lo suprime.

En el artículo 5°, inciso primero, cuando se trata del nombramiento de los delegados que pueden efectuar los gobernadores, el Senado agrega que se debe contar con la autorización del intendente en determinadas situaciones de aislamiento y para ejecutar ciertas acciones específicas. La Cámara no consagró esta autorización.

En el artículo 6°, letra b), respecto de los requisitos que deben cumplir los intendentes o gobernadores para su nombramiento, el Senado propone que éstos se ajusten a los que rigen para el ingreso a la Administración Pública, situación que establecía de otra forma la Cámara.

En el artículo 16, letra a), se propone que para elaborar y aprobar las políticas, planes y desarrollo conforme a las políticas nacionales, se cuente con un informe técnico del Ministerio de Planificación y Cooperación. Esto tampoco lo exigía la Cámara.

En su letra d), respecto de las funciones y atribuciones del gobierno regional, se faculta a éste para dictar normas cuando lo autorice la ley, suprimiéndose tal atribución en caso de que los decretos pudieran también autorizar su dictación, como lo dispuso la Cámara. En buenas cuentas, aquí se suprime la existencia de los decretos que puedan facultar actuaciones normativas del gobierno regional.

En cuanto a la letra g), el Senado propone facultar sólo la ejecución de acciones de cooperación internacional dentro de los marcos de los tratados y no la celebración de acuerdos del gobierno regional con entidades internacionales, con el objeto de llevarlas a cabo.

En el artículo 17, ha incorporado una letra f), nueva, para que el gobierno regional fije a la autoridad las localidades donde deben radicarse las secretarías regionales ministeriales y direcciones regionales. Esto tampoco existía en el proyecto propuesto por la Cámara.

En el artículo 18, la letra b), referida a la fijación de prioridades en materia de fomento productivo, fue suprimida por el Senado.

En el artículo 19, letra f), relacionada con materias de desarrollo social y cultural, que competen al gobierno regional, el Senado elimina de esas funciones "velar por la protección y desarrollo de los pueblos indígenas", como lo había propuesto la Cámara.

En el artículo 20, letra d), sobre las funciones del gobierno regional, suprime la obligación de informar de las proposiciones, planes, programas y proyectos de los servicios públicos que se vayan a ejecutar en la región.

En su letra g), se sustituye la palabra "Sancionar" por "Aprobar", en cuanto a los planes reguladores comunales e intercomunales.

En la letra h), relativa a los proyectos de infraestructura social básica, el Senado propone fijar su prioridad y formulación. La Cámara cree que la evaluación, priorización y formulación de dichos proyectos puede hacerlos el gobierno regional.

El Senado ha suprimido las letras l) y m). En esa forma, elimina atribuciones del gobierno regional para asociarse y celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, como lo dispone la propia Constitución Política de la República -son materias de acuerdo político-, a diferencia de lo que propuso y aprobó la Cámara.

El Senado introduce un artículo 21, nuevo, con el objeto de establecer la atribución del gobierno regional de ser informado por la administración de los planes o proyectos, debiendo los municipios remitir los proyectos de inversión y sus presupuestos. De igual modo procede con los servicios traspasados y sus modificaciones.

La Cámara trataba esta materia en forma somera y el Senado la explícita.

Respecto del artículo 23, letra c), el Senado propone que el intendente presida sólo con derecho a voz y tenga voto dirimente y, al igual como lo propone la Cámara, sólo derecho a voz en la fiscalización; en cambio, la Cámara proponía que, como presidente del consejo regional, el intendente tuviera derecho a voz y voto.

El Senado ha eliminado, en el artículo 23, la letra h), que autorizaba al intendente para proponer la celebración de convenios con el fin de constituir las asociaciones regionales, materia que en la Cámara fue expresamente legislada.

En la letra i), el Senado incluye la ejecución de los actos y la celebración de contratos que el gobierno regional le encomiende, con lo cual se salva una omisión en que incurrió la Cámara.

Ha suprimido la letra j), relativa a la atribución del intendente para nombrar y remover a los funcionarios de su confianza, como órgano ejecutivo del gobierno regional. La Cámara, por el contrario, le, fijaba esta atribución al intendente.

En la letra p), reemplaza la expresión "Poner en rigor" por "Promulgar".

El Senado consigna una letra o) nueva, con el objeto de que el intendente responda por escrito los actos de fiscalización que realice el consejo en su conjunto o los consejeros individualmente. Es decir, la Cámara proponía una fiscalización colegiada y, en cambio, el Senado, además de la colegiada, plantea que los consejeros puedan fiscalizar individualmente al intendente.

Pasa a presidir la sesión, en forma accidental, el Diputado señor Muñoz Barra .

El señor ELGUETA .-

En el inciso primero del artículo 24, cambia la aprobación o modificación por parte del consejo regional de los planes, estrategias de desarrollo, presupuesto regional, distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, los ingresos regionales y los ingresos consignados en el número 20 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El Senado propone que, aparte de aprobar y modificar, los consejos regionales puedan sustituir estos planes, estrategias de desarrollo, presupuesto regional y la distribución de los fondos que proponga el intendente.

En el inciso segundo de este artículo 24, sobre el derecho a veto del intendente en las materias antes señaladas y en los proyectos de reglamento, asuntos en los cuales puede hacer observaciones dentro de un plazo, el Senado agregó que de no formularse dichas observaciones, rige lo sancionado por el consejo, el que "podrá desecharlas por mayoría absoluta más uno de los miembros en ejercicio", criterio diferente al propuesto por la Cámara, caso en el cual "primará la proposición del intendente, a menos que el Consejo insistiere con una mayoría de tres quintos del total de sus miembros.".

El artículo 30, letra b), se refiere a las inhabilidades para ser consejero regional. El Senado agrega que no pueden serlo, además, los funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República o del intendente, los que no se incluían en el proyecto de la Cámara.

En el artículo 34, letra b), sobre la atribución del consejo regional para organizarse internamente, el Senado suprime la idea de que el intendente pueda proponer el reglamentó. La Cámara había otorgado dicha facultad.

En la letra d) del mismo artículo se establece la aprobación de los planes reguladores por el consejo regional, previo informe técnico de la Secretaría Regional Ministerial. La Cámara sólo lo sujetaba a una normativa ministerial.

En la letra e), el Senado propone no sólo aprobar y modificar el presupuesto por parte del consejo regional, sino también sustituirlo.

En la letra f), ha reemplazado el verbo "Aprobar" por "Resolver", respecto de la distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de otros ingresos que debe percibir el gobierno regional.

En la letra g) suprime la proposición del intendente para efectuar convenios que debería aprobar el consejo regional.

En la letra h), propone "Fiscalizar el desempeño del Intendente regional en su calidad de presidente del consejo y de órgano ejecutivo el mismo", a diferencia de lo aprobado por la Cámara, en que la fiscalización la ejercía el intendente en su calidad de órgano ejecutivo y no como tal.

En el mismo artículo 34, agrega una letra k), nueva, que faculta al consejo regional para "aprobar los reglamentos de los consejos económicos y social provinciales, a propuesta de éstos."

En los incisos segundo y tercero del artículo 35, el Senado propone que el reglamento determine los casos en que las sesiones del consejo regional serán secretas. La Cámara establecía que los dos tercios de los consejeros presentes podían decretar dicho carácter.

El señor MUÑOZ BARRA (Presidente accidental).-

comunica a la Sala que se encuentra en las tribunas una delegación de parlamentarios integrantes de la Comisión de Constitución del Parlamento de Suecia, a la cual da la bienvenida, presidida por el señor Thage Petterson y acompañada por la embajadora de ese país en Chile, señora Madelaine Stroje-Wilkens .

El señor ELGUETA .-

El artículo 38 se refiere a las causales de cesación en sus cargos de los consejeros regionales. El Senado agrega una nueva: la incapacidad síquica o física para su desempeño y las incompatibilidades sobrevinientes.

En el artículo 43, letra a), propone que el gobernador sólo supervise los programas y proyectos de los servicios públicos creados por ley, y suprime la exigencia de informe al gobierno regional y a sus dependencias.

Ha reemplazado la letra f) del mismo artículo, referente a la fiscalización y coordinación que debe efectuar el gobernador. Se trata de un cambio de redacción.

El inciso segundo del artículo 45 es nuevo. Se establece una fórmula para la integración del consejo económico y social provincial que la Cámara no precisó, con miembros elegidos por organizaciones sociales y otros designados por derecho propio.

En la letra b) del artículo 47, el Senado elimina la atribución del consejo económico y social provincial de recibir semestralmente una cuenta del gobernador, norma propuesta por la Cámara.

Desde el artículo 52 al 58, nuevos, el Senado establece un completo procedimiento para la constitución de los consejos económicos provinciales.

En el artículo 51, propone que los secretarios regionales ministeriales serán nombrados por el Presidente de la República, mediante una terna elaborada por el intendente y oyendo al ministro del ramo. La Cámara, en su artículo 2°, letras k) y 1), proponía una terna del intendente para nombrarlos, pero para removerlos se requería una información previa del ministro respectivo. Aquí hay discrepancia entre la Cámara y el Senado.

En el artículo 53, que se refiere a las secretarías regionales ministeriales, el Senado cambia la obligación de informar al intendente y dispone que debe hacerlo al gobierno regional. En la Cámara se establecía que debían informar de sus actividades al intendente y no al gobierno regional.

En el artículo 54, el Senado agrega que integrará el gabinete regional la directora regional del Sernam. En la Cámara esto no quedó consignado.

En el artículo 56, suprimido por el Senado, se establecía la coordinación, supervigilancia y fiscalización del intendente, a través de los Seremi y de los organismos de la Administración del Estado.

En el artículo 57, el Senado propone que el traspaso de competencias y de recursos se haga a solicitud del gobierno regional, acompañando antecedentes que lo funden. La Cámara propuso, además, que los ministros y servicios públicos evacuaran informes dentro de 60 días, los cuales, junto con el que expedirá el Ministerio del Interior, serán entregados al Presidente de la República.

Mediante un artículo 66 bis, el Senado crea un consejo coordinador regional de acción municipal en la Región Metropolitana. Cabe recordar que la Cámara, por no haber alcanzado el quorum, rechazó la existencia de los gobiernos metropolitanos.

Los artículos 58 y 59 propuestos por la Cámara, que se refieren a la existencia de las asociaciones regionales, fueron suprimidos por el Senado.

En el artículo 61 letra e), el Senado dispone que las concesiones de los bienes del gobierno regional se efectúen mediante licitación pública, salvo que los derechos a pagar sean inferiores a cien unidades tributarias mensuales, en cuyo caso se llamará a propuesta privada. La Cámara no fijaba ninguno de estos procedimientos.

En el artículo 61, letra f), el Senado sustituye por otro el procedimiento de traspaso de los bienes adquiridos o construidos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

En la letra g) del mismo artículo, relativa al traspaso de bienes construidos o adquiridos con recursos de dicho Fondo, se explícita lo referente a bienes que se entregan a los servicios de utilidad pública y se precisa que se trata de aquellos que atienden la "electrificación rural, telefonía rural y obras sanitarias". La Cámara sólo había usado la expresión "servicios de utilidad pública".

En el artículo 62, se cambia la normativa sobre el presupuesto por la expresión "considerará los siguientes programas presupuestarios". Se trata de un acomodo a la enumeración que sigue respecto de los programas donde se hacen inversiones con cargo al presupuesto regional.

En la letra b) del artículo 62, se suprime la frase "El presupuesto del gobierno regional comprenderá, además,", quedando sólo "Un programa de inversión regional...".

En cuanto a los artículos 63, 64 y los nuevos 72, 73 y 74, propuestos por el Senado, que definen el concepto de Fondo Nacional de Desarrollo Regional, establecen sus fines y la forma de su distribución, no hubo acuerdo entre los Diputados que participaron en la Comisión. Estas disposiciones fueron rechazadas en la Cámara por no contar con el quorum suficiente para aprobar estas normas de ley orgánica constitucional.

En relación a los artículos 77 bis, 68, 78 bis, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 75, relativos a la elección del Consejo Regional, Colegios Electorales Provinciales y a la votación, existen también procedimientos diversos entre ambas ramas del Congreso. La Cámara propone un método que establezca una proporción para elegir a los consejeros, mientras que el Senado sugiere otro sistema, con diferencias incluso en la conformación de las listas, su patrocinio y en las votaciones.

En el artículo 78, el Senado eliminó la fuerza mayor como causal de no nulidad de los votos, cuando se funciona con un mínimo menor de los miembros del Colegio Electoral.

En el artículo 79, el Senado propone que en caso de repetición de las elecciones, sea el mismo fallo el que ordene por sorteo la formación de la nueva mesa. La Cámara propuso que el sorteo se efectuara en otro acto por el Tribunal Electoral.

En el artículo 87, letra c), el Senado establece que en la estructura administrativa del intendente exista una división de análisis y control para el proyecto del presupuesto, inversión y seguimiento del mismo. La Cámara denominó esta división "de gestión y control".

En el artículo 91, nuevo, el Senado consagra un recurso de ilegalidad, similar al que existe en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, contra las resoluciones del intendente, gobiernos regionales y los consejos regionales, cuya tramitación debe hacerse ante la Corte de Apelaciones. Una indicación similar fue rechazada por la Comisión en esta Cámara y, posteriormente, no fue renovada en la Sala.

En el artículo 92, nuevo, se dispone la coordinación de ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y municipales en áreas metropolitanas y define lo que se entenderá por área metropolitana.

También existen discrepancias respecto de algunas disposiciones transitorias.

En la cuarta transitoria, el Senado suprimió la facultad que se entregaba al Presidente de la República para que, dentro del plazo de ocho meses, mediante decreto con fuerza de ley, fije las plantas de personal de los gobiernos regionales y su encasillamiento.

El Senado propone una nueva disposición séptima transitoria, que establece que en la primera elección de consejeros regionales, el patrocinio ciudadano a que se refiere el inciso tercero del artículo 77 bis, requerirá la firma otorgada ante notario de a lo menos 30 ciudadanos. La Cámara, en cambio, planteaba que el Director del Servicio Electoral determinara en algunos tramos, el número de electores requeridos.

Luego del somero estudio realizado ayer, la Comisión concordó en el resto de las normas, sin perjuicio de las discrepancias o los acuerdos que surjan en el debate que efectuará esta Sala.

También debo señalar que la Comisión, en este proyecto, no realizó la votación artículo por artículo, por cuanto reglamentariamente no correspondía. Sólo se precisaron las materias en las que se estaba de acuerdo y en las que existía divergencia.

Esa es la relación que puedo hacer respecto de las modificaciones del Senado al proyecto sobre gobiernos regionales.

He dicho.