Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley sobre delito informático.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Espina.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 412-07 y figura en el número 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 31a celebrada el 18 de agosto de 1992.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, me corresponde dar a conocer las modificaciones introducidas por la Comisión de Constitución, Legislación y justicia al proyecto de ley, en segundo trámite reglamentario, relativo al delito informático, originado en una moción del Diputado señor Viera-Gallo .

Las indicaciones presentadas por el Presidente de la República, rechazadas por la Comisión de Constitución, tienen por objeto sustituir los artículos del proyecto, por considerar que el delito informático es un instrumento o un medio para cometer delitos de otra naturaleza; es decir, que la actuación maliciosa para destruir o inutilizar un sistema automatizado de tratamiento de información no constituye en sí mismo un delito, sino un instrumento, un medio, para cometer delitos de distinta naturaleza, ya sea daño, estafa o defraudación.

La Comisión discrepó del criterio sustentado por el Ejecutivo, pues entiende que el delito informático es, en sí mismo, una acción ilícita reprochable, y que no se trata de un mero instrumento para cometer otros delitos, sino de la protección que el sistema jurídico penal chileno hace de los sistemas automatizados de tratamiento de información.

Por este motivo, la Comisión rechazó las indicaciones e insistió en el texto aprobado en el primer informe, sin perjuicio de algunas correcciones relativas a la penalidad para hacerlo más flexible.

La Comisión estimó oportuno mantener el texto del proyecto; con la idea matriz de que el sistema automatizado de tratamiento de información, sus partes o componentes, constituyen un bien jurídico que debe ser cautelado por la legislación penal, lo que hoy no ocurre con la claridad requerida, no obstante la enorme importancia que la informática tiene para el desarrollo del mundo moderno.

Es cuanto puedo informar, junto con recomendar que se mantenga el criterio adoptado por la Comisión de Constitución, Legislación y justicia sobre la materia.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente, para la historia de la ley, deseo reiterar lo dicho por el Diputado informante, en el sentido de que el bien jurídico protegido con el proyecto es un sistema de almacenamiento de información, según la técnica de la informática y no un método para cometer otros delitos. Eso llevó a la Comisión -como lo ha expresado el Diputado señor Espina- a optar por una ley especial y no por incorporar los tipos al Código Penal, como proponía el Gobierno en un primer momento.

Debo agregar que el Ministro de Justicia no tuvo ninguna objeción una vez que el debate se aclaró.

Respecto del artículo 2°, es importante señalar -también para la historia de la ley- que esta norma sanciona la figura del que, sin derecho y con el ánimo de apoderarse indebidamente de la información contenida en un sistema automatizado de tratamiento de la misma, lo intercepte, interfiera o acceda a él.

La idea, para que quede bien precisa, es que esta interceptación, interferencia o acceso al sistema se haga mediante métodos tecnológicos. No se trata de que una persona, por casualidad, entre a una sala donde hay un computador y lea en la pantalla lo que allí aparece, aunque lo haga con el ánimo de apoderarse de la información, sino de que, utilizando métodos tecnológicos modernos, realice algunas de las conductas tipificadas en el artículo 2°.

He dicho.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, respecto de este interesante proyecto de ley, de origen en una moción del Honorable Diputado señor Viera-Gallo , existen diversas materias que merecen observaciones, reflexiones y estudios profundos para valorar el significado que tienen iniciativas de esta naturaleza, que abren caminos en nuestra legislación y nacen en la Cámara por iniciativa de los parlamentarios. Es conveniente destacarlo y dejar constancia en la versión de sesiones de este reconocimiento, porque se trata de materias altamente especializadas -no son las ordinarias del Derecho Penal-, sobre las cuales hasta el momento los propios penalistas de nuestro país no se habían atrevido a sugerir ideas o proposiciones legislativas.

De manera que estamos haciendo camino, a través de este proyecto de ley.

Al igual que en la discusión general en la Comisión, quiero hacer presente mis discrepancias con el mismo.

No soy partidario de recurrir a severas penas privativas de libertad, tratándose de estas figuras delictivas que no se afincan en la naturaleza de las cosas, sino en ilícitos o prohibiciones que el legislador establece de acuerdo con los avances tecnológicos que se van produciendo. Por ejemplo, en el artículo l° se aplica la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, o sea, de tres años y un día a cinco años. Obviamente, es una pena severa, si la comparamos con la que tiene el homicidio simple que, ordinariamente, mediante el mecanismo de las atenuantes, llega a una sanción muy cercana a la que se propone respecto de estas figuras delictivas. Habría sido preferible un sistema directo de sanciones pecuniarias. Se ha tratado de salvar este problema con el artículo 4°, que concede facultad al tribunal para sustituir la pena privativa de libertad por una pecuniaria; pero ello se hace cuando las consecuencias del delito no fueren de especial gravedad. De manera que el juez no tendrá amplia libertad para graduar la pena, en circunstancias de que la tendencia, en mi concepto acertada, del Derecho Penal moderno no es establecer penas rígidas, sino conceder a los tribunales una mayor flexibilidad en esta materia.

También discrepo del proyecto en cuanto exige la concurrencia de un dolo especial en todos los tipos, lo que se desprende de la expresión “maliciosamente", que figura en los artículos 1° y 3°, y "sin derecho" e "indebidamente", que se encuentran en el artículo 2°.

A primera vista pudiera parecer a los señores Diputados que se trata de una discusión meramente teórica; pero esto dice relación con la eficacia de la disposición penal. Todos sabemos que al exigirse un dolo específico o una especial malicia, no regirá la presunción del artículo le del Código Penal, sino que será necesario acreditar en el propio juicio la concurrencia de esa especial perversidad.

De modo que solamente en situaciones extraordinariamente difíciles y excepcionales se logrará aplicar este texto legal, en circunstancias de que los ilícitos penales se establecen con el propósito de resguardar bienes jurídicos. En este caso, se crea en nuestra legislación el bien jurídico informático, el que no estará suficientemente respaldado, porque será muy difícil acreditar en el proceso la concurrencia de la malicia.

Entre los diversos comentarios al proyecto, y para los efectos de no vestirme con ropas ajenas, el Programa de Asesoría Legislativa, PAL, hace observaciones de semejante naturaleza. Dice: "La forma adverbial "indebidamente" -que en este caso utiliza el artículo 2°- es tremendamente dificultosa. No sabemos si el proyecto quiere significar, a contrario sensu, que existe un comportamiento de alteración o de inutilización de un programa o datos que sea debido. Podría también indicar la exigencia de un dolo directo para quien altera o inutilice un "software". Así se interpretó en la discusión parlamentaria, dividiéndose quienes consideraban que estos delitos debían cometerse con un dolo específico" -maliciosamente"- y quienes, en postura minoritaria, aun admitían la posibilidad de que se sancionase estas conductas como culposas.".

Llamo a la reflexión de la Cámara de Diputados sobre cuán conveniente habría sido acoger las sugerencias de éste y otros señores Diputados para eliminar la expresión "maliciosamente" y dejar únicamente el dolo del artículo l° del Código Penal. Al exigir la concurrencia de este dolo específico, se requerirá -como ya lo señalé- un esfuerzo probatorio desmedido.

Respecto de la figura del sabotaje que se contempla en el artículo 3°...

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Bosselin , conforme al Reglamento, el artículo 2°, por estar modificado, es el único sujeto a discusión.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, no es así.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Así me ha informado el señor Secretario.

El señor BOSSELIN .-

No es así, señor Presidente.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Hay una indicación del Presidente de la República, que debe votarse, pero el artículo 2° es el único modificado.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, no es así.

El informe de la Comisión, dice:

"Constancias.

"Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, esto es, respecto de las menciones que debe contener este informe, se deja constancia:

"a) Que no hay artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.".

A contrario sensu, todos los artículos fueron objeto de modificaciones.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Diputado señor Bosselin , para discutir otro artículo, deberían haberse renovado indicaciones y ello no ha ocurrido. De acuerdo con el Reglamento, sólo los artículos modificados se discuten; el resto se vota.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, todos los artículos han sido objeto de indicación.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

De indicación, no de modificación.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, la indicación modifica el artículo.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Las indicaciones pueden aprobarse o rechazarse. Han sido rechazadas. Si se hubieran reunido las firmas correspondientes, para renovarlas se habría abierto la posibilidad de discutir los otros artículos.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, está en un error. Se lo demuestro gráficamente. El inciso primero del artículo 1° de la moción parlamentaria, señala:

"El que indebidamente destruya, inutilice, obstaculice, impida o modifique el funcionamiento de un sistema automatizado de tratamiento de información, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo". El texto aprobado por la Cámara, indica:

"El que, maliciosamente, destruya o inutilice un sistema automatizado de tratamiento de información o sus partes o componentes o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá la pena de presidio menor...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor BOSSELIN .-

Aquí ha habido un error en los antecedentes que me ha hecho llegar la asesoría legislativa que se nos presta a los señores Diputados. Es decir, no se nos entregaron los instrumentos adecuados.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Probablemente fue así.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, debo reconocer que yo estaba en el error y no Su Señoría.

Terminaré con mi razonamiento.

Habría sido conveniente que la Comisión aprobara la indicación del Ejecutivo que proponía sustituir el artículo 3° por el siguiente: "Las penas establecidas en el inciso primero serán aplicables al que sin derecho se apodere de datos de carácter personal o familiar de otro, registrados en ficheros o soportes informáticos.". Con ella se introducía un cambio profundo en nuestra legislación. Desgraciadamente, fue rechazada y no ha sido renovada.

Pido a Su Señoría que solicite la unanimidad de la Sala para que esta indicación sea votada, porque es un aporte importante y significativo, que mejora este proyecto de ley.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Para eso, no es necesaria la unanimidad. Conforme con el Reglamento, la indicación debe votarse.

El señor BOSSELIN .-

Quiero que se discuta.

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente, sólo para referirme a dos materias planteadas por el Honorable Diputado señor Bosselin .

En primer lugar, en cuanto a la exigencia que denomina "dolo especial" -y que no se aplicaría el dolo del artículo 1° del Código Penal-, junto con decir que le parece mal, porque dificulta la prueba, reclama que el proyecto, en vez de multas, también considera penas privativas de libertad.

Veo una contradicción en el planteamiento del señor Bosselin . Si el proyecto establece penas privativas de libertad, es lógico que la persona que pretende que se procese a alguien por cometer el delito informático, pruebe que hubo una intención maliciosa de interferir en bancos de datos computacionales.

¿Por qué penas privativas de libertad y no sólo multas? Porque la multa es insuficiente para amparar debidamente el bien jurídico que se quiere proteger.

La información acumulada en estos bancos de datos de computación, suele ser muy valiosa y, en algunos casos, el beneficio económico para aquel que la utiliza de mala manera por el acceso indebido a un sistema computacional, puede exceder con mucho el monto de una multa.

Esa es una razón de peso y suficiente para avalar la inclusión de una pena privativa de libertad.

En segundo lugar, el daño que se puede causar a la sociedad, ya no sólo a los particulares, es muy grande, y en la legislación comparada hay penas privativas de libertad para los que cometan este delito.

En consecuencia, me parece muy conveniente, que se establezca un dolo especial y que, una vez acreditado exista la posibilidad de aplicar una pena privativa de libertad y no pura y simplemente una multa.

La Cámara debe aprobar este proyecto. Sus disposiciones son necesarias en la era moderna y computacional en que vivimos, y llenarán un vacío jurídico en la materia.

Concedo una interrupción al señor Bosselin .

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, concurriré con mi voto a la aprobación de este proyecto porque considero que es una iniciativa valiosa. Lo único que pretendo es mejorarlo.

Quiero hacer una pregunta al Honorable Diputado señor Schaulsohn y a los distinguidos Diputados que están muy interesados en la materia.

¿Qué sucede si se destruye o inutiliza un sistema automatizado de información sin este dolo especial? En mi opinión, la figura va a ser atípica y no sancionada.

El señor SCHAULSOHN .-

No.

El señor BOSSELIN .-

La destrucción de un sistema automatizado, con el dolo común y corriente -sin dolo específico teñido con esa especialidad- no tendrá condena de ninguna naturaleza, porque no podrá recurrirse a los otros tipos establecidos en la legislación penal, ya que el pronunciamiento del legislador de esta Cámara fue sancionar esa destrucción sólo cuando concurra la especial malicia y lo más corriente y habitual es que esta figura delictiva se cometa exclusivamente con el dolo común. En consecuencia, no se alcanzará ningún resultado práctico con este proyecto de ley.

Esa es la pregunta, Honorable Diputado.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Puede continuar con la palabra el Diputado señor Schaulsohn .

El señor SCHAULSOHN .-

Señor Presidente, concedo una interrupción al autor del proyecto, el Diputado señor Viera-Gallo , para que responda esta interesante pregunta.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente, el Diputado Bosselin ha incurrido en una contradicción. Por una parte, le preocupan penas altas y, por otra, critica la ineficacia del proyecto porque habría una acumulación de elementos para acreditar el dolo específico que implica la expresión "maliciosamente".

Quiero recordarle que la Comisión que él presidía, después de un debate bastante profundo, llegó al convencimiento de que los delitos que se cometen en este ámbito pueden causar un daño muy grande a la sociedad.

Si maliciosamente se destruye o altera el sistema de información de una AFP, de un banco, de Codelco, de cualquier institución grande del Estado, del Registro Civil -ahora se informatizará definitivamente-, el perjuicio que se producirá será incalculable. En la práctica, estaremos en presencia de una forma más refinada de acto terrorista.

Las penas asignadas a un delito corresponden a su gravedad. Para evitar lo que el Diputado Bosselin señala, en el sentido de que, en determinados casos, el daño no fuera tan grave, el artículo 4° -justamente a sugerencia del Diputado señor Elgueta -, flexibiliza la aplicación de las penas "cuando las consecuencias del delito no fueren de especial gravedad.".

Respecto del dolo específico, apunta a sancionar con claridad a aquel que no sólo actúa con el dolo genérico que se requiere para cometer cualquier delito, sino que, además, las figuras particulares que se tipifican en este proyecto. Por lo demás, no creo que la magistratura deje de aplicar la ley por la dificultad de prueba, porque frente a un gran daño, sabotaje informático, estafa o espionaje, quiere decir que habrá concurrido aquel dolo específico de provocar el daño, de obtener ese lucro o de interceptar esa información.

Por lo tanto, llamo al Diputado señor Bosselin -que dirigió muy bien las dos sesiones en que se discutió el proyecto- a recapacitar al respecto y a hacer una argumentación que tenga un hilo conductor lógico, no paralelo ni contradictorio.

Gracias al Diputado señor Schaulsohn por la interrupción.

He dicho.

El señor DEVAUD .-

Señor Presidente, causa sorpresa la pregunta del Diputado señor Bosselin , toda vez que en la figura creada en este proyecto se requiere un dolo específico. Eso es natural.

Está equivocado el planteamiento del Diputado señor Viera-Gallo en que hay una figura de tipo general, la del artículo 4° de su proyecto, que recoge la sanción para el caso de que no exista un dolo específico. Eso no es así. Si no lo hubiere en relación con la acción descrita en el artículo 1° del proyecto, está la regla general respecto de los daños, el artículo 484 del Código Penal, y la sanción establecida en el artículo 487 del mismo texto legal. De manera que no cabe duda de que el bien jurídico protegido en el artículo 1° es la propiedad.

Ahora, si en razón de esta argumentación el delito informático, sin el dolo específico o la utilización de los mecanismos nuevos descritos en el proyecto, es un medio para cometer otro delito, lo natural es que se sancionen con el dolo relativo al delito final, del cual el delito informático o los medios para cometerlo forman parte. Esa es la razón por la cual me sorprende la pregunta del Diputado señor Bosselin .

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente, cuando el Diputado señor Espina entregó su informe a la Sala, señaló una diferencia muy importante entre el proyecto aprobado por la Comisión y la indicación del Ejecutivo. Yo no soy experto en el Código Penal ni tampoco en delitos informáticos; pero al examinar ambos textos no aparece esa diferencia.

Votaré a favor, pero todavía no sé por cuál de los textos, justamente porque no aprecio la diferencia indicada por el Diputado señor Espina. Tal vez él podría explicar cómo es posible que el Diputado señor Bosselin objete alguna de las normas que el contribuyó a aprobar por unanimidad, de acuerdo con el informe que tenemos a la vista.

Muchas gracias.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, respecto de la última observación del Diputado señor Andrés Palma , debo señalar que son los caprichos propios del Diputado señor Bosselin respecto de estas materias; pero que conduce notablemente la Comisión de Constitución y tiene el respaldo unánime de los parlamentarios que en ella participamos.

La consulta del Diputado señor Andrés Palma es muy importante, y sinceramente me alegro de que haya percibido que hay dos concepciones distintas del delito informático. Una está contenida en las indicaciones del Ejecutivo que -la verdad sea dicha- no representan la opinión oficial, concreta, sobre una materia que de por sí es opinable, y respecto de la cual el señor Ministro señaló que él no tiene una posición definida, en el buen sentido de la palabra. Apunta básicamente a que los "softwares" y sistemas de computación son meros instrumentos para cometer un delito distinto, como, por ejemplo, una estafa.

Por eso, el Honorable Diputado señor Andrés Palma , observará que la indicación del Ejecutivo al artículo 2° agrega el siguiente artículo 468 bis al Código Penal, en el párrafo de las estafas: "Incurrirán asimismo en las penas establecidas en el artículo 467 los que con el ánimo de lucro defraudasen a otro mediante una manipulación informática que interfiera en la recepción, procesamiento o transmisión de datos, causando con ello un perjuicio económico."

¿Qué significa eso? Que el "software" y el equipo computacional son simples instrumentos que se pueden utilizar para engañar a otra persona.

Lo mismo ocurre con la indicación al artículo 1°, que incorpora en el artículo 485 del Código Penal el siguiente numeral 6° bis, nuevo: "Actuando maliciosamente con el propósito de destruir o inutilizar un sistema automatizado de tratamiento de información o sus partes o componentes, o de impedir, obstaculizar o modificar su funcionamiento, o de afectar los datos contenidos en el sistema."

¿A qué apunta esta figura delictiva? A estimar que se comete daño a través de la utilización de un sistema automatizado de información; es decir, que la estafa se realiza utilizando como medio un computador.

Sin embargo, la Comisión y el autor de la moción tienen una concepción distinta. Sostienen que el "software", en sí mismo, constituye un bien jurídico en el mundo moderno que requiere de protección jurídica, más allá de si se le utiliza como elemento para cometer un delito. En derecho penal hay diversos bienes jurídicos que se protegen: la vida, la propiedad, el honor, la familia. Aquí se incorpora un bien jurídico nuevo, el sistema automatizado de información conocido como "software".

Respecto de ellos, el legislador chileno piensa que deben protegerse porque son muy importantes. Y, más allá de que se utilicen para el delito de estafa o de engaño, los protegerá en sí mismo.

Por eso, se crean tres figuras muy simples.

La primera, sanciona a la persona que lo destruya o inutilice, sin importar el propósito que tuvo. El legislador exige que sea con el ánimo de destruirlo. Y quiero hacer presente la diferencia a que hacía mención el Diputado señor Bosselin . Imaginemos que un individuo pone una bomba en un local comercial y, como resultado de su efecto, se destruye un sistema automatizado de tratamiento de información. ¿Sería autor de dos delitos? ¿De poner la bomba y, además, de destruir la información computacional que allí había y que le era, quizá, desconocida? El legislador ha querido decir que ante esa hipótesis no hay dos delitos sino uno solo. Por eso, se exige que la actuación maliciosa apunte al ánimo directo y final de querer destruir la información. Si no se dijera "maliciosamente", esa persona que puso la bomba en el local en cuyo interior había un sistema automatizado de información, que se destruye, cometería dos delitos: la colocación de la bomba y la destrucción del sistema automatizado de información, porque se presumiría un dolo indirecto. Con el término "maliciosamente", decimos que hubo el ánimo directo, específico y puntual de querer destruir el sistema automatizado de tratamiento de información.

En lo que respecta al artículo 2°, la Comisión recogió las observaciones formuladas por el Ejecutivo y por los parlamantarios, y precisó el concepto "sin derecho". Al decir: "El que sin derecho intercepte, interfiera o acceda a la información contenida en un sistema automatizado de información...", surgía la pregunta: ¿qué ocurre si una persona, no de mala fe pero sin derecho a hacerlo, se mete a un computador y destruye la información? ¿Lo vamos a culpar de un delito cuya penalidad es muy alta? Por lo tanto, la Comisión, con el acuerdo de los autores de la moción, dijo: "No. Aparte del "sin derecho", le vamos a exigir un dolo específico: "que tenga por objeto interferir o acceder a ella con el propósito de apoderarse de la información".

Pongo un ejemplo. En una oficina, un computador contiene la información y un funcionario decide meterse, simplemente, para conocer su contenido, sin el ánimo de destruirla; pero, como es negligente en el uso del aparato, finalmente, la destruye. ¿Es o no autor del delito? De acuerdo con la indicación propuesta por la Comisión, no lo es, porque se exige la intención de apoderarse de la información y, por lo tanto, es un dolo indirecto.

¿Por qué se ha sido tan riguroso? Porque hay un área muy sensible en esta materia, cual es determinar cuándo la conducta constituye realmente un hecho ilícito y cuándo es culpable. Recordemos que el legislador no castiga las conductas culpables, sino las dolosas; sólo excepcionalmente se castiga a una persona con una pena cuando actúa con culpa o con negligencia. La regla general es que no se le castigue.

Por eso, en el artículo 10 del Código Penal la culpa es un elemento de la eximente de responsabilidad penal; por consiguiente, nosotros exigimos una conducta maliciosa, premeditada, que atente contra un sistema automatizado de información, contra un "software" o componentes que lo conforman.

Ese es el criterio y las orientaciones con que trabajó la Comisión. Considerar el sistema automatizado de información como un nuevo bien jurídico protegido, es importante en la legislación chilena, por ser uno de los de mayor valor en la sociedad moderna. Establecer la sanción, acompañada de dolo y de una malicia específica, nos protege de eventuales interpretaciones dudosas que la jurisprudencia pueda tener en una materia que, obviamente, habrá que perfeccionar en el transcurso de los años. No tengo duda de que se ha dado un paso muy importante en materia de protección de los sistemas computacionales.

He dicho.

El señor ELGUETA .-

En seguida comentaré el artículo 2°.

Cuando se discutió en general este proyecto, muchos Diputados, incluso en la Comisión, planteamos su utilidad final.

Una de las disposiciones es la propuesta, por ejemplo, por el Ejecutivo en el artículo 3°, que protegía la intimidad cuando una persona se apoderaba de datos de carácter personal o familiar de otro, registrado en ficheros o soportes informáticos. Desgraciadamente, si nosotros no acogemos esa idea, este proyecto del Diputado Viera-Gallo , que aprobaremos todos, no contendrá esa figura delictiva que es muy importante.

El artículo 2° dice: "El que sin derecho y con el ánimo de apoderarse indebidamente". Aquí hay una repetición, porque el que "actúa sin derecho" lo hace "indebidamente". No procede repetir la idea. Al parecer, por el hecho de que se discutió en todos los artículos la expresión "maliciosamente", después se repitió esto, cayéndose en una inexactitud que no refleja la intención del artículo. O se suprime la palabra "indebidamente" o la expresión "sin derecho"; no se pueden usar ambas conjuntamente.

En este sentido, comparto en gran medida lo que manifestó el Diputado señor Bosselin respecto del uso de estos adverbios, como "maliciosamente", "indebidamente", porque cuando no se prueba la malicia, los tribunales tienden a absolver por no encontrarse una conducta adecuada dentro de la figura típica.

Así sucede, por ejemplo, en el derecho tributario, en que se usa bastante la expresión "maliciosamente" o "a sabiendas". Cuando el Servicio de Impuestos Internos o el Consejo de Defensa del Estado -trabajé en éste durante 8 años; por eso lo afirmo- no logran probar el ánimo de perjudicar -circunstancia subjetiva-, traducido en las expresiones "maliciosamente" o "a sabiendas", los tribunales consideran que no se han dado los requisitos de la figura típica y, en consecuencia, absuelven a las personas que incurren en estas conductas.

Entonces, ¿qué pasa si, a pesar de todo, estos aparatos están destruidos, si estos sistemas fueron dañados? Como ello fue sin malicia, habrá absolución.

Termino concediéndole una interrupción al Diputado señor Bosselin .

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, coincido plenamente con lo que ha manifestado el Diputado señor Elgueta en relación con el artículo 2°.

Esta disposición regula el caso del que sin derecho y con ánimo de apoderarse indebidamente de la información contenida en un sistema automatizado de tratamiento de la misma, lo intercepte, lo interfiera o acceda a él.

Respecto de esta situación, en el ámbito del derecho se pueden dar tres casos.

1. Que de alguna forma se dañe un sistema automatizado y, en consecuencia, se incurra en el delito de daño, para lo cual será necesario ese dolo.

2. Puede darse la situación que consigna el artículo 2° el que sin derecho y con el ánimo de apoderarse indebidamente -vale decir, con este dolo específico equivalente a "maliciosamente"-, intercepte, interfiera el sistema o acceda a él.

3. ¿Pero qué sucede con la situación, por darle un nombre, intermedia, donde no hay daño ni concurren el "indebidamente" o el "sin derecho", pero en la práctica se logra interceptar, interferir, o acceder a un sistema automatizado como el del Registro Civil, del Congreso Nacional, de un partido político, Investigaciones, etcétera,

Al ser rigurosa esta Cámara de Diputados y exigir el dolo específico, estaremos frente a un caso a típico, que serán los más ordinarios. Y en el mundo de los hechos, estas situaciones son las que ameritan una sanción que diga relación con la naturaleza del delito que se pretende sancionar, la cual no debe ser privativa de libertad, sino pecuniaria, porque es perfectamente posible interceptar, interferir un sistema automatizado o acceder a él y no causarle daño alguno. Puedo acceder al sistema automatizado de Investigaciones, causarle cero daño y no hacerlo con el dolo específico. En consecuencia, esa conducta, que en el ámbito delictivo es la más común y corriente, no se sancionará.

Esta situación no será la del que castrare a otro maliciosamente, porque si ello se hace sin malicia, se aplicará la sanción de la lesión; pero aquí es distinto.

Les pido que razonen sobre los verbos rectores que se están utilizando: se puede interceptar, interferir o acceder sin dañar y sin el dolo específico, y esa situación quedaría como forma a típica.

La Cámara de Diputados -el Parlamento en general- es el centro de la divergencia y debe ser una escuela de tolerancia, en donde nos acostumbremos a escuchar otros razonamientos que pueden ser equivocados y, en determinado momento, tener apariencia de contradicción en los distintos aspectos de la exposición, pero que en definitiva, se están desarrollando en un ámbito general de crítica legislativa constructiva, y la expresión crítica, como en este caso, es razonamiento.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, lamento francamente no formar parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Cámara, ni haber asistido a sus deliberaciones, para entregar mi modesta opinión sobre las materias contenidas en el proyecto que hoy nos preocupa.

El colega Bosselin ha manifestado una gran verdad: los parlamentarios tenemos la oportunidad de plantear nuestras posiciones en la Sala, tanto desde un punto de vista teórico como técnico, y el mérito de este Congreso Nacional radica en que aun cuando esas posiciones sean divergentes, obviamente son respetadas.

En virtud de esa característica propia del Congreso, mi análisis en esta materia será desde una óptica distinta a la hecha por los Honorables colegas que me han precedido en el uso de la palabra.

Después de comparar el proyecto aprobado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -fruto de la moción de nuestro Presidente, el Honorable colega José Antonio Viera-Gallo-, con las indicaciones sustitutivas hechas llegar oportunamente por el Poder Ejecutivo, se concluye -y éste no es un problema menor, sino uno mayor que debe asumir la Corporación y deben entender los Honorables colegas antes de emitir su voto- que estamos en presencia de dos proyectos distintos, desde el punto de vista de la técnica legislativa, por la forma en que enfrentan el problema.

Los caminos, las vías o las soluciones propuestas en el proyecto del Diputado señor Viera-Gallo difieren de la técnica legislativa sugerida por el Ejecutivo mediante las indicaciones a que he aludido. Estas diferencias entre una y otra iniciativa afectan tanto el fondo como la forma de la materia en discusión.

¿Por qué digo esto al referirme a la técnica legislativa? Porque nuestro colega José Antonio Viera-Gallo sigue un camino muy definido en su proyecto: crear una legislación especial en materia de informática. El señor Diputado propone una normativa distinta de la ley penal común, que regle los aspectos penales involucrados en este tipo de consideraciones. En cambio, el Ejecutivo señala una vía diferente: modificar el Código Penal para incorporar a la legislación respectiva ya codificada, los aspectos penales relevantes que guardan relación con las materias informáticas.

Sobre el particular, por lo menos personalmente, debo hacer una primera afirmación: el camino propuesto por el Ejecutivo, desde el punto de vista de la técnica legislativa, es más correcto que el sugerido en el proyecto del Honorable colega José Antonio Viera-Gallo , puesto que, tratándose de una legislación codificada, nuestra tendencia como legisladores debería ser fortalecerla y no seguir creando legislaciones penales particulares y especiales que sólo sirven para desperdigar la normativa penal existente sobre la materia, razón por la cual, desde un punto de vista procedimental y de técnica legislativa formal, la propuesta del Ejecutivo es –repito- más correcta que la vía sugerida en el proyecto del Honorable colega.

Una segunda razón también evidencia las diferencias sustantivas que existen entre ambos proyectos. Al crear una legislación especial relativa al tema informático, nuestro colega está sugiriendo la configuración de nuevos delitos relativos al tema informático: la creación de nuevas figuras penales diferentes de las que existen. En cambio, las indicaciones del Ejecutivo, por lo menos en sus dos primeros números, no crean nuevos delitos, sino, simplemente, amplían los tipos penales de figuras típicas ya consagradas en nuestra legislación.

Me explico: en la proposición del Ejecutivo, en primer lugar, se reglamenta lo que doctrinariamente se denomina "sabotaje informático", a través de la figura o del tipo que ya existe, que es el delito de daño; sencillamente se amplían los requisitos, los elementos o las hipótesis del tipo de daño para que tengan cabida los actos de destrucción, detrimento o daño de los elementos o componentes que se refieren a la actividad informática. No se crea un nuevo delito; simplemente, se amplía -vuelvo a repetir- el tipo de daño consagrado en nuestra legislación penal desde hace más de 100 años.

En lo concerniente al fraude informático, lo mismo. A partir de las figuras de fraude o de las figuras de estafa, que ya existen en nuestra legislación, la proposición del Ejecutivo simplemente amplía las condiciones o los requisitos de los tipos de fraude ya previstos en nuestro código punitivo, con el objeto de que tengan cabida las materias que ahora le interesa reglamentar al legislador penal.

Insisto, hay una diferencia de fondo entre el camino seguido por el señor José Antonio Viera-Gallo y la propuesta del Ejecutivo, en el sentido de que la moción del colega, aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, crea nuevas figuras penales, en circunstancias de que las indicaciones del Ejecutivo, simplemente, parten o toman como premisa las figuras penales o los delitos que ya existen en nuestro código punitivo; y a partir de estas estructuras típicas, hace las modificaciones y las ampliaciones necesarias para dar cabida a este tipo de situaciones.

Desde un punto de vista sustantivo, de la técnica legislativa, nuevamente tengo que decir que el camino seguido por el Ejecutivo es más correcto.

Hay una primera cuestión que la Honorable Cámara tendrá que resolver, más allá de si votamos por el artículo l° ó 2°, o si votamos por la primera o segunda indicación. Antes de adoptar alguna resolución, debemos tener conciencia de qué propuesta o de qué camino vamos a seguir. Personalmente -vuelvo a repetir-, no debemos descartar de modo apriorístico y simple lo que el Gobierno nos ha sugerido en la propuesta enviada por el Presidente de la República y el Ministro de Justicia.

Por último, con alguna sorpresa e interés he seguido la discusión suscitada en torno a los alcances de la expresión “maliciosamente", que refiriéndose al elemento subjetivo de alguna de las figuras penales mencionadas, está citada o incorporada tanto en la moción del colega José Antonio Viera-Gallo como repetida en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo. Hemos escuchado largas interpretaciones en torno a la expresión "maliciosamente". Unos, que es clara referencia al dolo específico de este delito; otros, que es inconveniente que el legislador incluya una expresión de esta naturaleza.

Sobre el particular, quiero hacer dos reflexiones. Primera -es bueno que los colegas abogados tomen conciencia del tema-: la distinción entre dolo genérico y dolo específico la hizo hace más de 40 años don Luis Jiménez de Azúa, y no ha sido recogida ni seguida por ninguno de los autores posteriores. De manera que continuar hablando de dolo específico y dolo genérico quizás sea repetir alguna nomenclatura doctrinaria que las ciencias penales han abandonado desde hace muchos años.

La gran discusión en materia de doctrina penal en los últimos 20 ó 30 años ha apuntado a las concepciones de las teorías de la acción causal y de la acción final. En términos más o menos generalizados en nuestro país y en prácticamente casi todas las legislaciones que tienen alguna raíz románica, hoy impera la teoría de la acción final.

Los penalistas en Chile, por ejemplo, Alfredo Etcheberry y Enrique Cury , no aceptan que se haga referencia al dolo especifico; siempre han sostenido que la única clasificación de dolo que se admite es de dolo directo, dolo eventual y dolo de consecuencia necesaria; y que la distinción entre dolo genérico y dolo específico es artificial, puesto que siempre será del dolo del tipo de que se trate. Por ejemplo, tenemos el dolo de homicidio, el dolo de lesiones, etcétera.

Los únicos que en cierto modo pueden aceptar -algunos, los que todavía siguen leyendo a don Gustavo Labatut - la distinción entre dolo genérico y dolo específico, son los que -como el que habla- creen que la teoría del delito se construye sobre la base de los fundamentos de la teoría de acción causal, que es el viejo planteamiento de Mezger. Pero hoy ni los causa listas aceptan la distinción entre dolo genérico y dolo específico.

En consecuencia, hay que ser muy cuidadoso para darle contenido a las expresiones que se utilizan.

¿De qué se trata en la expresión "maliciosamente" que se emplea en la moción del Diputado señor Viera-Gallo y en la indicación del Ejecutivo?

El legislador está diciendo que la exigencia subjetiva en relación con esta incriminación es superior a lo que sé exige normalmente; que para que este delito de fraude o de daño o este delito informático que se está inventando esté perfeccionado subjetivamente, no basta con tener mera conciencia de la antijuridicidad, no basta tener conciencia de lo injusto, sino que se requiere alguna disposición anímica del delincuente, mayor que la mera conciencia de la antijuridicidad.

Voy a dar lectura a la proposición hecha por el Diputado señor Viera-Gallo al artículo 1°: "El que maliciosamente destruya o inutilice un sistema automatizado de tratamiento, de información o sus partes o componentes, o impida, obstaculice o modifique su funcionamiento, sufrirá las penas...". Desde el punto de vista subjetivo, para que este delito esté perfecto, no basta con que el sujeto esté consciente de que está ejecutando un acto ilícito, sino que debe tener conciencia de que está ejecutando un acto de destrucción, de inutilización, de obstaculización o de modificación. A esto se refiere la expresión "maliciosamente".

Lo propio ocurre en la tesis del Ejecutivo cuando, en el nuevo número 6° bis que se pretende agregar al artículo 485 del Código Penal dentro de las figuras de daño, se propone; "Actuando maliciosamente con el propósito de destruir o inutilizar un sistema automatizado de tratamiento de información o sus partes o componentes, o de impedir, obstaculizar o modificar su funcionamiento, o de afectar los datos contenidos en el sistema.". Aquí el legislador nos señala que para que subjetivamente este delito esté perfecto, no basta nuevamente con que el delincuente tenga conciencia de que está ejecutando un acto ilícito, sino que se requiere subjetivamente que él tenga cabal conocimiento de que los actos desarrollados son de destrucción, de inutilización, o sea, actos conducentes a la comisión de delito de daño.

A esta altura de la sesión y del proceso legislativo, tengo conciencia de que desde el punto de vista reglamentario esto lo vamos a resolver muy fácil y a votar los artículos uno por uno. Sin embargo, tengo mis reservas y mis dudas en orden a si éste es el camino más correcto, puesto que me temo que no está agotada la primera reflexión a que me referí con anterioridad, cual es determinar racional y meditadamente si las vías sugeridas por las indicaciones del Presidente de la República son, en verdad, las más correctas desde el punto de vista de la técnica legislativa, frente a los caminos sugeridos en la moción del colega José Antonio Viera-Gallo .

En todo caso, tanto la moción del colega José Antonio Viera-Gallo como las indicaciones del Ejecutivo, las cuales si bien es cierto obedecen a conceptos de técnica legislativa distintos y hay diferencias sustanciales entre una y otra, tanto en la forma como en el fondo, en última instancia, por distintas vías, ambas iniciativas pretenden lo mismo: llenar el vacío que existe en nuestra legislación en materia de delitos informáticos, razón por la que en su momento, cuando el proyecto se discutió en general, expresamos nuestra voluntad de legislar al respecto, ya que evidentemente constituirá un avance en nuestra legislación penal.

En consecuencia, más allá de la mera aplicación formal del Reglamento, reitero, no sé cómo solucionaremos este tema, en el deseo, en el ánimo de encontrar una solución que verdaderamente apunte a la mejor respuesta legislativa.

Señor Presidente, me han solicitado interrupciones los colegas Viera-Gallo y Bosselin , las cuales, por su intermedio, concedo a ambos.

El señor VIERA-GALLO .-

Señor Presidente, quiero referirme a lo expresado por el Diputado señor Campos, quien ha sido muy docto.

En primer lugar, ha dicho algo obvio: que se trata de un proyecto de ley distinto, para poner los delitos en el Código Penal. Todos preferiríamos que los delitos estuvieren en el Código Penal; pero, por algo se ha hecho.

En segundo lugar, lo señaló en el segundo acápite de su razonamiento, se ha hecho porque se trata de un bien jurídico distinto. No se trata de defender la propiedad o la seguridad, sino el sistema de información.

En tercer lugar, ha realizado una muy interesante y brillante disquisición sobre la teoría del delito. Estimo que su conclusión es precisa para justificar el proyecto tal cual como quedó redactado en la Comisión.

Nada más.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Se ha pedido el cierre del debate respecto de la modificación al artículo 2°, que está en discusión.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, no hubo quorum.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

No hay quorum de votación. Se va a repetir.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, la Mesa tuvo dudas sobre su resultado.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

La Mesa tiene dudas sobre el resultado de la votación. Se va a repetir nuevamente.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 15 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Cerrado el debate.

El señor COEOMA (Vicepresidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 163 del Código Tributario.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Urrutia .

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 37-07 y figura en el número 10 de los documentos de la Cuenta de la sesión 17a, celebrada el 14 de julio de 1992.

El señor URRUTIA .-

Señor Presidente, paso a informar la moción presentada por el Diputado que habla, y que fue aprobada por vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la cual modifica la letra f) del artículo 163 del Código Tributario.

Dicho artículo establece normas especiales sobre libertad provisional del contribuyente que comete algún delito contemplado en ese mismo cuerpo legal, estableciendo en algunos casos, una fianza no inferior al 30 por ciento de los impuestos evadidos y, en otros, una caución en dinero efectivo de un monto no inferior al ciento por ciento de la devolución indebidamente obtenida, según los antecedentes que presente el Servicio de Impuestos Internos, incrementadas ambas con los reajustes e intereses respectivos.

Al fijar la ley estas fianzas y cauciones, impide al juez actuar con la independencia que debe tener todo tribunal, no pudiendo basarse en el mérito de los antecedentes del proceso para conceder el beneficio de la libertad provisional, ya que es la ley la que determina el marco de referencia para fijar el' monto a consignar, debiendo, además, el juez atenerse a la determinación que adopte el Servicio de Impuestos Internos, quedando sujeto o subordinado al monto fijado por el querellante, el Servicio de Impuestos Internos, el cual es parte en el juicio, y no al mérito del proceso.

Los procesados por delitos tributarios se ven en la práctica impedidos de obtener el beneficio de la libertad provisional, permaneciendo en muchos casos en prisión preventiva todo el período que dura el proceso, existiendo la posibilidad de que algunos puedan ser absueltos de la acusación.

La idea matriz o fundamental del proyecto es facilitar la obtención del beneficio de la libertad provisional de los procesados por delitos tributarios, reduciendo o eliminando las exigencias legales que obstan a su otorgamiento.

El proyecto de ley consta de dos artículos, el primero de los cuales modifica la letra f) del artículo 163 del Código Tributario, con dos propósitos:.

1°. Rebajar la fianza que debe depositar por delitos tributarios el procesado para que se le pueda otorgar la excarcelación, de un 30 a un 10 por ciento del monto de los impuestos evadidos, con sus reajustes e intereses, según la estimación que de ellos se haga por el Servicio de Impuestos Internos, y

2°. Suprimir la caución en dinero que debe depositar el procesado que obtuviere devolución de impuestos que no le correspondan, mediante simulaciones de operaciones tributarias o de cualquier otra maniobra fraudulenta, que es equivalente al monto de la devolución indebidamente obtenida, según los antecedentes que presente el Servicio de Impuestos Internos, más los intereses y reajustes que fije el tribunal.

El artículo 2° deroga el número 7 del artículo 1° del decreto ley N° 3.443, de 1980.

Es necesario tener presente, para comprender en su cabalidad esta moción, que el artículo 19, N° 7, de la Constitución, asegura a todas las personas la libertad personal y la seguridad individual, y la letra e) de este número establece: "La libertad provisional procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones del sumario o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos o modalidades para obtenerla.".

El número 26 del mismo artículo 19 otorga a todas las personas: "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio.".

Por otra parte, y en relación con esta materia, existen tratados internacionales que regulan la libertad provisional de los procesados, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominado Pacto de San José de Costa Rica, teniendo presente que el inciso segundo del artículo 5° de la Constitución Política de la República reconoce: "Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.".

El decreto ley N° 3.443, de 1980, creó un tipo penal nuevo de orden tributario, estableciendo respecto del mismo una caución especial para el otorgamiento de la libertad provisional. Este nuevo delito tributario señala que aquella persona que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos que no le correspondan, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y con multa del ciento por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado.

Por otra parte, es necesario señalar que el artículo 163 del Código Tributario establece el procedimiento de los procesos a que dieren lugar los delitos previstos en el mismo Código, ajustándose en general a las reglas del Código de Procedimiento Penal, con las modificaciones que se establecen en este artículo.

En la letra f) del artículo 163 del Código Tributario se establece que la fianza no será inferior al 30 por ciento de los impuestos evadidos, con reajustes, y de acuerdo con la estimación que de ellos haga el Servicio de Impuestos Internos.

Sin embargo, para los casos del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, se establece un depósito en dinero de un monto no inferior al ciento por ciento de la devolución indebidamente obtenida, fijando el Tribunal el reajuste e intereses sobre este monto.

Debe tenerse presente que los antecedentes son entregados al tribunal por el Servicio de Impuestos Internos.

Existe jurisprudencia variable sobre esta materia.

Por una parte, se estima que la letra f) del artículo 163 del Código Tributario se encuentra derogada tácitamente por la Constitución Política, y, por otra, que se halla plenamente vigente, como podrán enterarse los señores Diputados en el informe entregado por la Comisión.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia escuchó la exposición del abogado señor Alfredo Echeverría, Subdirector Jurídico de Impuestos Internos, quien señaló que los delitos del numeral 4° del artículo 97 del Código Tributario corresponden a evasiones de impuestos, y que en el inciso tercero se trata de defraudaciones del patrimonio fiscal a través de la obtención de reembolsos de impuestos que no corresponden, mediando simulaciones de operaciones tributarias o cualquier otra maniobra ilícita.

Señaló que esta norma.se introdujo en 1980 en el Código, como una reacción al aumento de este tipo de delitos, a través de devoluciones dolosas de impuestos que configuraban cuantiosos fraudes al Fisco.

Indicó que el Servicio estaría llano a volver a una caución del 10 por ciento en las evasiones, que fue histórica en nuestro país, como se propone en la moción.

En el caso de las devoluciones indebidamente obtenidas, el Servicio de Impuestos Internos estima que la caución debería consistir, al menos, en el 50 por ciento de dicho reembolso, en consideración a que el contribuyente se encuentra en posesión material del dinero hurtado al Fisco, por lo que no resulta exagerada una fianza de ese monto.

Agrega que, de derogarse la norma vigente, en este caso la excarcelación del hechor quedaría sujeta a la fianza propia de los delitos comunes y ni siquiera podría aplicarse la del 10 por ciento que establece la letra f) del artículo 163, ya que ésta se aplica a las evasiones de impuestos, que no la hay:

Algunos Diputados sostuvieron que la norma legal de establecer el ciento por ciento de lo defraudado para obtener la libertad provisional sería de dudosa constitucionalidad, pues resultaría imposible aplicar la garantía constitucional de la letra e) del número 7° del artículo 19 de la Constitución Política.

En la discusión en general, se aprobó la idea de legislar por siete votos a favor y una abstención.

En la discusión particular, el proyecto fue objeto de enmiendas, aprobándose la rebaja de la fianza de 30 a 10 por ciento para obtener la libertad provisional en el caso de evasión tributaria, por siete votos a favor y dos en contra.

La disposición que deroga el párrafo final de la letra f) del artículo 163 del Código Tributario, fue objeto de dos indicaciones:

La primera, para rebajar de 100 a 50 por ciento el monto de la caución; y la segunda, para permitir que esta caución pueda ser en dinero, como lo es en la actualidad, pero también que pueda constituirse una hipoteca o un depósito de efectos públicos de un valor equivalente, como lo establece el artículo 361, del Código de Procedimiento Penal.

Algunos señores Diputados destacaron que la idea de mantener la caución carecía de fundamentación jurídica y que podía prestarse para abusos, ya que es el propio Servicio de Impuestos Internos el que decide si hubo o no delito, si se querella o no, determinando el monto de lo defraudado. En la práctica, deja al querellado en la imposibilidad de obtener la libertad provisional.

Se argumentó, en contrario, que hay un aumento de las defraudaciones por medio de facturas falsas u otras conductas similares, las cuales normalmente son de elevados montos, y que, de no establecerse esta norma excepcional, los contribuyentes podrán abandonar el país con el dinero indebidamente obtenido. Se agregó que la norma se ajusta a derecho, por cuanto los requisitos para obtener la libertad provisional corresponde establecerlos a la ley.

Las indicaciones fueron aprobadas por cinco votos a favor, uno en contra y una abstención.

El artículo 2° deroga el número 7 del artículo l2 del decreto ley N° 3.443, de 1980, que introdujo las modificaciones a los artículos 97 y 163, letra f), ambos del Código Tributario.

Se deja constancia de que el proyecto no tiene normas con carácter de ley orgánica constitucional, de quorum calificado o que deba conocer la Comisión de Hacienda.

Por las razones expuestas, en nombre de vuestra Comisión de Constitución, Legislación v Justicia solicito la aprobación del siguiente proyecto de ley:

"Artículo l°.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la letra f) del inciso primero del artículo 163 del Código Tributario:

"a) Sustituyese en su párrafo primero el guarismo "30" por "10".

"b) Sustitúyese en su párrafo segundo, la frase "un depósito de dinero de un monto no inferior al de la devolución indebidamente obtenida", por "hipoteca o depósito de dinero o de efectos públicos de un valor no inferior al cincuenta por ciento de la devolución indebidamente obtenida.

"Artículo 2°.- Derógase el número 7 del artículo 1° del decreto ley N° 3.443, de 1980."

Es cuánto puedo informar.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés) .-

Señor Presidente, tanto en relación con las normas específicas del proyecto, como en cuanto a un problema procedimental de esta Corporación, me surgen algunas dudas.

Según las normas reglamentarias que nos rigen, si no existen indicaciones o modificaciones, al aprobar la idea de legislar se aprueban también los artículos en particular, en el primer informe.

No estoy en contra de la idea de legislar, pero tengo aprensiones sobre si son pertinentes las normas propuestas por la Comisión.

Sin duda, cualquier ley que posibilite la excarcelación de una persona, que contribuya a ejercer el derecho a gozar de la libertad, cumpliendo las normas de bien común que nos rigen, es algo positivo. Quienes hemos estado encarcelados sabemos lo que significa esto y la aspiración a la libertad.

En materia tributaria, las disposiciones deben ser muy precisas, acotadas y acuciosas, porque quien comete un delito tributario lo está haciendo con el patrimonio común de todos los chilenos, y en ese sentido las exigencias deben ser más estrictas. Aquí las estamos modificando.

Me parece bien la norma establecida en la letra a) del artículo 1°, en términos de rebajar el monto de la caución que se exige para el caso de impuestos adeudados, aun cuando, en lo personal, considero que la rebaja de 30 a 10 por ciento es excesiva. Sobre el particular, presentaré una indicación para que la rebaja sea menor.

Respecto de la letra b), sería preferible buscar una modificación que apuntara exactamente a la posibilidad de la fianza que, según se ha indicado, no está considerada en esta letra, porque quien obtiene indebidamente un monto de dinero por efecto de devolución de impuestos, está actuando en perjuicio claro y absoluto del total de los contribuyentes y, por ende, de los pobres del país. Quien solicita dolosamente una devolución de dinero, está disminuyendo los recursos que pueden destinarse a programas sociales y al financiamiento de obras de bien común. Disminuir los recursos es diferente a no ingresarlos por existir discrepancia respecto de los impuestos que debió pagar. En esos términos, me parece adecuado mantener la frase "de un monto no inferior a la devolución indebidamente obtenida," por cuanto cautela el bien común y el interés de los más pobres. Al respecto también he presentado una indicación.

Espero que en las próximas instancias se puedan resolver estas dudas, que formulo al comienzo del debate para que se tengan presentes, porque, como he señalado, aspiro a que todas las personas gocen de libertad.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, comparto las ideas matrices, la inspiración y el propósito perseguido a través de esta moción parlamentaria que, en mi opinión, corrige exigencias establecidas en el Código Tributario respecto de la excarcelación o de la libertad provisional.

Desde ya, anuncio que dudo de su constitucionalidad, pues constituyen exigencias que exceden el verdadero propósito que tuvo el legislador al establecer la prisión preventiva y los requisitos para conceder la libertad provisional.

Deseo dar respuesta a la consulta del Diputado señor Andrés Palma , en el siguiente sentido. Él ha manifestado, con justa razón, que en un proyecto de esta naturaleza la persona que abusa de la buena fe y defrauda al Estado en materia de impuestos está cometiendo un delito grave, que merece un gran reproche social, por cuanto esos recursos están destinados a las personas o a los sectores más necesitados del país.

Entiendo que él desea saber cómo se conciba la gravedad del delito que se está imputando a una persona con la disminución de las exigencias para optar a la libertad provisional.

En primer lugar, estamos en presencia de un proceso penal en el que no existe aún sentencia definitiva; o sea, de la imputación de un hecho ilícito a una persona. Esta es una resolución esencialmente provisional, pues mientras no exista sentencia definitiva, la ley chilena presume que esa persona es inocente. En consecuencia no estamos frente a un delincuente que evadió impuestos, sino a una persona sometida a proceso que perfectamente puede ser declarada inocente.

La libertad provisional es un derecho constitucional establecido porque el principio que inspira nuestra legislación se basa en que, mientras no haya sentencia definitiva, no se puede encarcelar a las personas, pues sólo están siendo sometidas a juicio. Como ha ocurrido en múltiples oportunidades, con posterioridad puede ser declarada inocente y nadie le devolverá la cantidad de meses, a veces años, que debió estar en prisión preventiva, no obstante ser inocente del delito que se le imputó.

Comparto la inspiración de este proyecto, por las siguientes razones. En la práctica, si el Servicio de Impuestos Internos, a través de una investigación interna, determina que una persona ha evadido impuestos, en cualquiera de sus tipos -estoy usando la expresión "evasión de impuestos" en términos genéricos- ha cometido un delito tributario.

Se inicia una querella criminal ante los tribunales. El que indica el monto del impuesto supuestamente evadido o de la defraudación, en forma libre, es el propio Servicio de Impuestos Internos, el cual deduce la querella criminal.

La actual legislación tributaria establece que cuando una persona es detenida en virtud de una querella interpuesta por Impuestos Internos, para optar a su libertad provisional no sólo debe cumplir con las exigencias generales que establece el derecho penal común -que no sea un peligro para la sociedad, para" la seguridad del ofendido y que no afecte las diligencias pendientes existentes en el proceso-, sino que, además, debe depositar una fianza del 30 por ciento del monto –reajustado- de los impuestos supuestamente evadidos.

Pero esa cantidad es fijada arbitrariamente por el Servicio, y en numerosos casos ha ocurrido que ha determinado -seguramente con la mejor buena fe e inspiración- una suma defraudada que excede con creces a la que finalmente resultó. Eso se ha transformado en una barrera infranqueable para que la persona opte a la libertad provisional.

La moción apunta en la correcta dirección: cuando propone rebajar esa fianza del 30 al 10 por ciento. Si bien se trata de un delito que afecta al patrimonio del Estado -los impuestos- y requiere de una exigencia adicional para que el procesado obtenga la libertad provisional, ella no se puede llevar al extremo que haga imposible que la persona opte por la libertad provisional.

Por lo tanto, cuando el proyecto rebaja del 30 al 10 por ciento el monto que el inculpado debe pagar como fianza, me parece que está, repito, en la sana inspiración y en el sentido correcto.

La segunda parte de la moción está orientada en el mismo sentido. Se refiere a lo establecido en el artículo 97, número 4), del Código Tributario, que sanciona, por ejemplo, a quienes presenten declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda. En este caso, dice que la excarcelación procederá de acuerdo con las reglas generales, pero se exigirá, además, una caución y no se admitirá otra que no sea un depósito de dinero de un monto no inferior al de la devolución indebidamente obtenida, según los antecedentes que presente el Servicio de Impuestos Internos.

Nuevamente nos encontramos frente a una situación paradójica, porque es Impuestos Internos el que, a priori, determina cuál es el monto a devolver. Pero ¿qué ocurre si fija un monto superior? Que para optar a la libertad provisional, la persona tendrá que depositar una cuantiosa cantidad de dinero que, a lo mejor, nunca corresponderá a la defraudada, si se prueba el delito.

El error de la legislación vigente reside en que deja entregada a la apreciación subjetiva de una de las partes el monto que debe pagar una persona para recuperar su libertad. Eso no es bueno como principio jurídico. No es sano que una parte fije un monto determinado de dinero para que la otra ejerza o no el derecho a la libertad provisional establecido en la Constitución.

El propósito del proyecto es disminuir ese monto -que subjetivamente y en forma privativa determina el Servicio-, con el objeto de que la persona tenga más facilidades para acceder a la libertad provisional.

Alguien podría decir que estamos propiciando que quienes defraudan al Fisco salgan en libertad rápidamente. Eso no es así, porque el juez siempre conserva la posibilidad de denegar la libertad provisional si estima que quien defraudó constituye un peligro para la sociedad. Si el juez se encuentra en presencia de un delincuente que ya ha sido procesado por delitos de igual o similar naturaleza, o si de los antecedentes de la investigación se desprende que el fraude es de gran magnitud o producto de una maquinación fraudulenta que merece el reproche social por la gravedad del delito, lisa y llanamente, le denegará la libertad.

La moción es buena, está bien inspirada y perfecciona la legislación. Por lo tanto, la bancada de Renovación Nacional la votará favorablemente.

He dicho.

El señor BOSSELIN .-

Señor Presidente, votaré a favor del proyecto de ley por las razones que señalaré.

En primer lugar, el Diputado señor Andrés Palma ha hecho una observación que, en un primer análisis, podría desconcertar a quien la lea, y decir: "Vaya, tiene toda la razón". Si una persona ha incurrido en una evasión tributaria que ha dañado los intereses generales del país y, por lo tanto, los recursos que se requieren para contribuir al bienestar colectivo, ¿por qué le vamos a facilitar la libertad provisional? Pero en derecho no hay delitos buenos y malos, simpáticos o antipáticos; todos merecen un grado de reproche.

En Chile es más fácil obtener la libertad provisional en delitos tales como el homicidio, el infanticidio, la violación, las lesiones corporales y otros, que en los tributarios. Por ejemplo, en el infanticidio, en que el padre o la madre, dentro de las 48 horas después del parto, matan al hijo -¡qué cosa más atroz!- de acuerdo con la legislación chilena pueden obtener la libertad provisional con más expedición que la persona que incurrió en una evasión tributaria.

El problema no está allí, sino en el sentido del proceso penal, que parte con el sumario -una investigación- y llegará a la sentencia condenatoria después de una larga tramitación. Antes de que se dicte, se presume la inocencia de la persona -una presunción casi universalmente aceptada-; en consecuencia, debe permanecer en libertad, salvo circunstancias extraordinarias, que nunca pueden referirse al dinero, porque se llegaría al absurdo de que, mientras más dinero se tenga, mayor es la posibilidad de obtener la libertad provisional.

El Estado de Chile ratificó y publicó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, el cual en su artículo 7°, relacionado con el derecho de la libertad personal, señala: "Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez, u otro funcionario autorizado por la ley, para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.".

En definitiva, la única finalidad de las cauciones es asegurar que la persona concurra al tribunal, norma que ya establecieron las Constituciones de 1833, de 1925 y también la de 1980.

Las cauciones no tienen por finalidad pagar el tributo evadido, sino afianzar la comparecencia al tribunal.

Continúa este Pacto: "Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios.".

No cabe la menor duda de que tanto las disposiciones del Código Tributario como de la Ley de Cheques, transgreden pactos internacionales.

El artículo del Código Tributario que nos preocupa, que establece la obligación de depositar la totalidad del impuesto evadido, y en la hipótesis previa a ese inciso, el 30 por ciento de los impuestos evadidos, se encuentra derogado, porque estas convenciones internacionales pasaron a ser ley de la República. Pero no sólo por eso. La propia Constitución dispone que la ley establecerá los requisitos y modalidades para obtener la libertad provisional. No obstante, esas modalidades y requisitos no podrán representar un obstáculo para obtener dicha libertad. Así lo señalaron las personas que redactaron este texto constitucional.

En las actas de la Comisión Redactora consta lo siguiente:

El señor Ortúzar recogió el acuerdo de la Comisión señalando ".... que, en consecuencia, la regulación de la ley nunca puede llegar al extremo de facultar al legislador para desconocer este derecho (la libertad provisional).".

El Ministro de Justicia de la época, señor Schweitzer , expresó: "Hay absoluto acuerdo en que la libertad provisional es un derecho irrestricto. De manera que no ve por dónde pueda surgir la posibilidad de que se desconozca esta garantía que se está estableciendo en términos tan amplios y tan categóricos. El criterio fundamental, entonces, es que la libertad provisional consiste en el derecho de cualquier sujeto procesado por cualquier tipo de delito y cualquiera que sea la pena que le esté asignada por la ley. De allí hay que descender.".

El señor Evans : "La ley establecerá los requisitos y modalidades -y se pregunta-, ¿Para qué? Para obtener la libertad provisional pero no para restringirla ni para negarla.". Es decir, como dice el señor Ministro, se desciende de la afirmación de que es un derecho constitucional, que no puede ser desconocido, a la regulación de la ley para obtener la libertad y hacer efectivo el derecho.

Nos encontramos ante normas de carácter inconstitucional, porque no regulan correctamente la libertad provisional.

Desde esa perspectiva, y con el propósito de constitucionalizar las normas de la libertad provisional en materia de delitos tributarios, sin perjuicio de aprobar el proyecto de ley que obedece a la iniciativa del Honorable Diputado don Raúl Urrutia , he presentado una indicación del siguiente tenor:

"Agrégase el siguiente párrafo tercero en la letra f) del artículo 163 del Código Tributario:

"Sin embargo, el tribunal podrá otorgar la libertad provisional en la forma establecida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal, cuando del mérito del proceso se pueda racionalmente reducir la probabilidad de que el procesado no incurrirá en la comisión de nuevos delitos semejantes, atendida la personalidad de éste, los datos que arroje la causa sobre las circunstancias y móviles del delito, los beneficios pecuniarios obtenidos, el daño efectivo causado al Fisco y las posibilidades de readaptación social del encausado. En este caso, no se aplicará el artículo 163, letra f), inciso primero, párrafo segundo del Código Tributario y la resolución que concede la libertad provisional será siempre fundada. En el evento que no se apelare, dicha resolución deberá ser consultada. El Tribunal de Alzada se integrará únicamente con ministros titulares y se necesitará la unanimidad de la respectiva sala para confirmar o aprobar la resolución que conceda la libertad provisional."

Con esta indicación es posible obtener la libertad provisional aunque no se tenga el dinero para cubrir la caución o para pagar el 30 por ciento de los impuestos evadidos, en el caso de la letra f).

Y esto no es un escándalo ni una desarmonía con el sistema legal; es lo que corresponde a las instituciones de acuerdo con los principios que he señalado.

Cuando uno interpreta normas de carácter constitucional, es necesario seguir determinados criterios que muy bien destaca el distinguido constitucionalista don Patricio Zapata . "Sobre la materia interpretativa, creemos que los preceptos constitucionales que reconozcan derecho o establezcan garantías se interpretarán de la manera más amplia y plena posible, en tanto no se atente contra algún límite expreso, el derecho ajeno o el bien común." Y recuerda al jurista Modestino : "Ninguna razón o fundamento de derecho ni tampoco de la justicia benigna y equitativa permite que hagamos más severo, por una interpretación demasiado dura y contra el interés de las personas, aquello que ha sido introducido saludablemente para la utilidad de los mismos."

El derecho a la libertad provisional fue introducido en la Constitución y el legislador no debe impedir su acceso mediante mecanismos pecuniarios.

Por esas consideraciones, voy a concurrir a la aprobación de este proyecto de ley y, desde luego, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia abogaré también por la aprobación de la indicación que he presentado.

He dicho.

El señor DEVAUD .-

Señor Presidente, la verdad es que este proyecto trae consigo algunas consideraciones que permiten asumir mi identidad con la proposición de Diputado señor Andrés Palma , es decir, mi negación a este proyecto.

En realidad, la caución señalada en la letra b), o fianza del artículo 1°, tiene por objeto mantener o asegurar la comparecencia del procesado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 367 del Código de Procedimiento Penal, que señala: "La fianza tiene por objeto asegurar la presentación del inculpado o reo cuando el juez, estimando necesaria su comparecencia personal, lo citare, o cuando se tratare de llevar a efecto la ejecución de la sentencia."

También se ha afirmado que la evasión tributaria es una prisión por deudas. Cualquiera que conozca de la teoría general del impuesto, no podrá sostener tan livianamente esa argumentación. Aquí hay una defraudación al Fisco. Ese es el verbo rector contenido en los artículos 97 y 163 del Código Tributario. De manera que hay que entrar en una serie de consideraciones.

Primero, en la rebaja de la fianza, que es uno de los fundamentos del proyecto. Pero, en cuanto a las garantías pecuniarias en relación con lo defraudado al Fisco, el artículo 380 del Código de Procedimiento Penal es una norma general y obligatoria para el juez de la causa, por cuanto dispone que declarado reo el inculpado que tenga bienes, el juez ordenará embargarle, fijando el monto, los que basten para cubrir las responsabilidades pecuniarias que se pronuncien contra él. Pero, más adelante, el mismo artículo indica que para fijar esa cantidad, el juez no tomará en cuenta las responsabilidades civiles provenientes del delito sino cuando ellas cedan en favor del Fisco.

Aquí hay dos cuestiones de fondo. La primera es la modificación de la letra b) del artículo 163, que en la parte que interesa, señala: "Cuando se ha acogido la teoría o la tesis de la reducción de la fianza al 50 por ciento de lo defraudado, en este caso, de la devolución indebidamente obtenida."

Personalmente, manifiesto la intención de votar en contra de esta modificación.

He dicho.

El señor GAJARDO .-

Señor Presidente, seré muy breve, porque sólo quiero dar a conocer las razones por las cuales votaré a favor del proyecto, en atención a que algunas opiniones en contra, emitidas en la Sala, podrían provocar en la opinión pública una idea errada sobre la materia en discusión, que espero sea aprobada.

Estamos frente a una situación exclusivamente procesal. No se propone una normativa para modificar la legislación sustantiva en materia de delitos tributarios, sino que por el proyecto sólo se aspira a alterar el tratamiento que en este momento tiene la situación procesal de la persona encargada reo por algunos de los delitos mencionados en el Código Tributario.

En verdad, es un principio universal de derecho penal que la inocencia se presume; es decir, que una persona es inocente mientras no sea declarada legalmente culpable de un delito. En consecuencia, durante todo el transcurso del proceso no hay todavía un juicio de valor sobre la situación de esa persona, puesto que, en definitiva, en la sentencia, una vez agotada la investigación, el juez de la causa deberá determinar si la absuelve o se le somete a proceso, por responsable del delito que se le imputa.

Ha habido un avance importante en el tratamiento de este tema con las sucesivas reformas constitucionales que otorgaron rango constitucional al derecho de toda persona a estar en libertad bajo fianza mientras dure el proceso. Es indudable que las condiciones, requisitos o exigencias que deben establecerse para que una persona goce de este beneficio, tienen que hacer posible el ejercicio de ese derecho. Evidentemente, ello no ocurre cuando esos requisitos o exigencias son de tal magnitud que es imposible cumplirlos. La normativa vigente en el Código Tributario, que se pretende modificar, corresponde a esta situación, en que prácticamente las personas se encuentran en la imposibilidad de ejercer los derechos constitucionales consagrados en ella. Espero que del mismo modo tengamos la oportunidad de legislar sobre otras situaciones parecidas, como, por ejemplo, respecto de la Ley de Cheques, donde también se exige, como requisito indispensable para gozar de la libertad bajo fianza una consignación equivalente al monto del cheque materia del proceso, sus intereses y costas. Todo lo que se haga con el objeto de eliminar estas exigencias de tipo objetivo, especiales, excepcionales, para hacer uso de un derecho procesal, es importante.

En consecuencia, voy a votar favorablemente porque sobre esta materia, estamos progresando en el tratamiento procesal de nuestras normativas.

He dicho.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente, quiero dar a conocer una experiencia práctica sobre esta materia.

En nuestro país no existía la mecánica del crédito fiscal. Cuando ella fue implantada sobre la base de los principios de la buena fe, muchas personas empezaron a transgredir la ley porque la Tesorería, simplemente, les giraba el cheque sobre las imputaciones o las devoluciones. Sin embargo, a poco andar, se observó que tal procedimiento administrativo era absolutamente incorrecto. Aquí nos encontramos abocados a discernir a qué le damos mayor valor, si al derecho de propiedad, a la libertad o al interés social de toda la comunidad.

Si los empleados públicos, que pertenecen a la sociedad, entera, cuando sustraen dinero son drásticamente castigados, no hay duda de que los particulares incurren también en el mismo tipo de conductas, más aún cuando, por esta mecánica del crédito fiscal, retienen el impuesto, hacen compensaciones, imputaciones u obtienen devoluciones improcedentes. En ese caso, se afecta grave y duramente al interés social de la comunidad.

En este sentido, estoy a favor de la indicación del Diputado señor Andrés Palma . Quiero recordar lo que señalé en otra oportunidad. Muchas veces, al contrario de lo que sostiene el Diputado señor Bosselin , hay valores muy altos que proteger: el honor, la vida y los delitos de violación o de homicidio, los cuales tienen drástico castigo; sin embargo, cuando se cometen esos delitos procede la libertad provisional. Quiero recordar que la gente a veces, se aprovecha de su inteligencia, de su talento o de su habilidad para estafar o defraudar al que se encuentra más inerme, en este caso, el Fisco.

En la novela "Gulliver en el país de Liliput", de Jonathan Swift , cuando su protagonista vuelve a Inglaterra, cuenta que lo que más le llamó la atención, en ese país de hombres pequeños, era que se castigaban muy duramente las defraudaciones contra el interés social y la comunidad. Esos hombres pequeños discurrían sobre la base de que los que así actuaban, haciendo uso de su inteligencia, de su talento, de la habilidad que la Divina Providencia les había entregado, estaban no sólo defraudando a su país, sino también a su patria v a Dios que les había otorgado esas cualidades. Y por eso las penas eran severas.

Cuando aquí hay dos procedimientos, uno civil, para obtener, a través de una reclamación, la devolución de los impuestos o una queja contra el Fisco, y otro criminal, que el Departamento de Delitos Tributarios muchas veces entabla dos o tres años después de ocurridos los hechos, no cabe duda de que el Fisco está inerme frente a esa situación.

Por tales razones, voy a suscribir las indicaciones del Diputado señor Andrés Palma, de no efectuar una reducción tan sustancial, aun cuando votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, el Diputado señor Gajardo tiene toda la razón al sostener que este proyecto de ley se refiere sólo a cuestiones de procedimiento penal vinculadas con los temas tributarios que subyacen en el fondo de la discusión. Sin embargo, esta iniciativa no afecta ni altera las normas sustantivas que reglan nuestro ordenamiento jurídico en materia de impuestos.

Con esta iniciativa se rebajan ciertas exigencias pecuniarias que establece nuestra legislación procesal penal, vinculadas con los requisitos que debe cumplir una persona involucrada en un delito de orden tributario, para acceder al beneficio de la libertad provisional.

Todos sabemos que en relación con los fraudes tributarios, se establecen exigencias especiales y mayores que las previstas por la legislación común para los otros delitos. Sin embargo, dichas exigencias pecuniarias, así como otras que consagra nuestro ordenamiento punitivo, no son un mero capricho del legislador o un fruto del caso; por el contrario, obedecen a ciertas razones de fondo que es necesario puntualizar en esta ocasión.

Este mayor cúmulo de exigencias que la ley impone para que un reo acceda al beneficio de la libertad provisional, es una señal de la rigurosidad, severidad o gravedad con que el legislador considera la comisión de los delitos tributarios. A su juicio, el reo de delitos tributarios debe cumplir con mayores requisitos que un delincuente común para acceder a su libertad provisional, ya que el bien jurídico protegido y lesionado en estas incriminaciones no es el mero derecho de propiedad fiscal, va que se atenta contra todo el orden económico del país, se afecta la seguridad en el tráfico jurídico y, por último, se lesiona a la sociedad toda.

El ejemplo del Diputado señor Elgueta sobre la novela que ha recordado, demuestra gráficamente que, incluso en sociedades imaginarias, aquellas incriminaciones de orden tributario que lesionan el orden económico de un país, son consideradas extraordinariamente graves, y esa severidad o rigurosidad no sólo debe evidenciarse en la cuantía de las penas, sino, también, en la concurrencia de requisitos mayores para que los delincuentes accedan a beneficios como la libertad provisional.

Una iniciativa de esta naturaleza, que rebaja las exigencias en materia de libertad provisional en relación con los delitos de orden tributario, es francamente peligrosa. Lo es, porque apunta en un sentido distinto del que sigue toda nuestra legislación: ser severa en este tipo de incriminaciones.

Ya se ha dicho que el gran defraudado en nuestro país siempre es el Fisco. En alguna oportunidad, en confianza, he citado una frase de un vecino de mi pueblo, quien dice que "pagarle al Fisco es robarse a sí mismo". Diría que ésa es una tendencia que se ha ido generalizando en muchas mentalidades. En verdad, sociológicamente, no existe en nuestro país el hábito de pagar tributos. La gente es renuente a hacerlo o a cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias. Luego, si empezamos a eliminar o a rebajar los requisitos, o las mayores exigencias que desde antiguo consagra nuestra legislación en este orden de consideraciones, obviamente que le estaremos dando a la sociedad una señal equívoca, puesto que tornaremos nuestra legislación penal procesal mucho más permisiva o mucho más liberal de cómo es en la actualidad.

Desde otro punto de vista, recordemos que en materia de fraudes o defraudaciones tributarias, no solamente nos estamos refiriendo a aquella persona que maliciosamente deja de pagar un tributo, sino que también se encuentra -y, expresamente, es una de las hipótesis señaladas en esta iniciativa legal- el caso inverso: el de la persona o contribuyente que indebidamente retira de arcas fiscales, impuestos, créditos o dineros a los que no tenía derecho. Luego, la defraudación, desde el punto de vista del juicio de reproche que debemos formular a ese tipo de comportamiento, es naturalmente, mucho mayor. Y ocurre que con esta iniciativa estamos dando más facilidades para que los sujetos que defraudan salgan pronto en libertad.

En consecuencia, una iniciativa de esta especie es peligrosa, como quiera que abre un forado en toda la estructura de nuestro ordenamiento tributario, especialmente en lo vinculado con las exigencias de orden procesal penal. No está dando la señal que la ciudadanía necesita, de dictar, permanentemente, normas tendientes a que los contribuyentes paguen oportuna y cabalmente sus tributos. Les estamos dando una señal en contrario: que el Estado y la sociedad son permisivas respecto de este tipo de sujeto.

Por estas razones, no me encuentro en condiciones de votar favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 9 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado el proyecto.

Artículo 1°

Letra a)

1. Del Diputado señor Andrés Palma, para sustituir el guarismo "10" por "25".

Letra b)2. De los Diputados señores José García y Urrutia "b) Derógase el inciso final de la letra f) del artículo 163 del Código Tributario."

3. Del Diputado señor Andrés Palma, para suprimirla.

4. Del Diputado señor Devaud "Sin embargo, el tribunal, al conceder el beneficio de la libertad provisional, decretará simultáneamente el arraigo del procesado, hasta el término del proceso incoado, por sentencia a firme.".5. Del Diputado señor Bosselin "Sin embargo, el tribunal podrá otorgar la libertad provisional en la forma establecida en el artículo 361 del Código de Procedimiento Penal cuando del mérito del proceso se pueda racionalmente deducir la probabilidad que el procesado no incurrirá en la comisión de nuevos delitos semejantes, atendidos la personalidad de éste, los datos que arroje la causa sobre las circunstancias y móviles del delito, los beneficios pecuniarios obtenidos por sus autores, el daño efectivo causado al Fisco y las posibilidades de readaptación social del encausado. En este caso, no se aplicará el artículo 163 letra f), inciso primero, párrafo segundo del Código Tributario y la resolución que concede la libertad provisional será siempre fundada. En el evento que no se apelare, dicha resolución deberá ser consultada. El tribunal de alzada se integrará únicamente con ministros titulares y se necesitará la unanimidad de la respectiva sala para confirmar o aprobar la resolución que concede la libertad provisional."