Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el primer lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional, del proyecto de ley que autoriza erigir un monumento en Santiago y otro en Valparaíso en memoria del ex Senador de la República don Jaime Guzmán Errázuriz.

Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación es el señor Carlos Bombal.

- El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 344-04 (S) y se encuentra en el número 31 de los documentos de la Cuenta de la sesión 2a, celebrada el 2 de junio de 1992.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación pasa a informaros, en segundo trámite constitucional, el proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en la ciudad de Santiago y otro en la de Valparaíso en memoria del ex Senador de la República don Jaime Guzmán Errázuriz.

La iniciativa tuvo su origen en una moción del Honorable Senador señor Eugenio Cantuarias Larrondo y fue incluida en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria de sesiones del Congreso Nacional, por Su Excelencia el Presidente de la República.

Su idea matriz o fundamental es rendir un homenaje a don Jaime Guzmán Errázuriz, en recuerdo de sus múltiples y valiosos servicios que prestara al país.

Dicho propósito, que sólo puede concretarse por medio de una ley, en virtud de lo dispuesto en el NB 5 del artículo 60 de la Carta Fundamental, es desarrollada por el proyecto en seis artículos que establecen lo siguiente:

El 1° dispone la erección de dos monumentos en memoria del Senador de la República.

El 2° señala que los monumentos se erigirán en las ciudades de Santiago y Valparaíso.

El 3° indica que el financiamiento de las obras se hará mediante la realización de una colecta pública en todo el país, en fecha que la Comisión que se crea en el artículo 5Q determine, en coordinación con el Ministerio del Interior.

El 4° crea un fondo con el mismo objeto, que estará constituido por erogaciones, donaciones y aportes privados.

El 5° consta de tres incisos. El primero, crea una Comisión de siete integrantes ad honorem, encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará constituida por un Senador, un Diputado, el Intendente de la Región Metropolitana, el Intendente de la Quinta Región, los decanos de las Facultades de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad Católica de Valparaíso y un representante del Consejo de Monumentos Nacionales. El inciso segundo señala que los representantes parlamentarios serán nominados por sus respectivas cámaras y el tercero indica que la Comisión será presidida por el Senador que la integre.

Finalmente, el artículo 6a señala las funciones que tendrá la comisión: preparar las bases y el llamado a concurso público, determinar la ubicación de los monumentos, realizar la colecta pública dispuesta en el artículo 3°, en coordinación con el Ministerio del Interior; administrar el fondo creado conforme a lo dispuesto en el artículo 4a, y resolver el concurso público.

Vuestra Comisión, en razón del contenido obvio, profundo y sencillo del proyecto, acordó analizarlo en general y en particular a la vez y aprobar por unanimidad todo su articulado en los mismos términos propuestos por el Honorable Senado, con excepción del artículo 5°, en el cual, también por unanimidad, en lo referente a los decanos de las Facultades de Arquitectura de las Universidades Católica de Chile y Católica de Valparaíso que integrarán la Comisión, acordó reemplazar la expresión "dos" por la palabra "los", a fin de evitar el empleo del numeral, por constituir su uso, en este contexto, un pleonasmo en la expresión de la idea.

Para los efectos de lo establecido en los números 2°, 4° y 5° del artículo 286 del Reglamento de la Cámara, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1° - Que el proyecto no contiene disposiciones propias de ley orgánica constitucional o de quórum calificado.

2°.- Que ninguna de sus normas es de competencia de la Comisión de Hacienda, y

3°.- Que todos sus artículos fueron aprobados por unanimidad.

Por las razones expuestas y las que en su oportunidad se darán a conocer, la Comisión, por unanimidad, os recomienda aprobar el proyecto de ley en informe.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, desde ya anuncio mi voto en contra de esta iniciativa.

Hace poco se despachó en la Cámara de Diputados un proyecto similar, tendiente a reconocer la importancia histórica -que efectivamente tiene- del gran ex Presidente de la República Salvador Allende. Desde el comienzo de su tramitación se opusieron tenazmente algunos parlamentarios, y hubo un Diputado de la UDI que se permitió decir groserías y ofensas en contra de una personalidad de relieve mundial como fue el compañero Salvador Allende. No se esgrimió ningún argumento válido, sino que se utilizó la injuria contra la dignidad de un personaje que está profundamente metido en el corazón, en el sentimiento y en los mejores recuerdos del pueblo de Chile. Cuando digo "del pueblo de Chile", me refiero a la gente pobre, modesta y sencilla, que recibió en el Gobierno de la Unidad Popular lo que nunca había tenido y lo que siempre se le había negado. Ese mandatario caló profundamente en la historia de este país cuando consiguió la nacionalización del cobre. Ahora, desgraciadamente, en democracia, se ha permitido la penetración del capital extranjero en aquello que nosotros y él llamábamos "el sueldo de Chile", que es el cobre...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

Le solicito que se atenga al tema, que es la erección de dos monumentos en memoria del ex Senador don Jaime Guzmán y no del ex Presidente Allende.

El señor PALESTRO.-

Tiene mucha relación, porque toda la obra constructiva de ese gobierno fue deshecha por el ideólogo de la dictadura que fue don Jaime Guzmán.

En la oportunidad en que el Senador Guzmán sufrió el atentado, dijimos que no podíamos estar de acuerdo con dirimir o terminar una discusión ideológica o política con el asesinato. Y lo dijimos públicamente, pese a las enormes diferencias que teníamos con el señor Guzmán; pero nunca podremos olvidar que fuimos cientos de miles los que por obra de lo que él planeó en ese gobierno, en esa pesadilla que vivió Chile durante 16 años, que fue la dictadura de Pinochet, estuvimos 15 ó 16 años fuera de nuestra patria, separados de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros y del entorno donde vivimos toda una vida, especialmente los que teníamos cierta edad. Por eso, ahora no podríamos -pues pecaríamos de ingenuos, pecaríamos por un olvido que no puede aceptarse- aceptar la erección de un par de monumentos en dos ciudades del país a una persona que causó tanto daño y tanto mal a la gente de Chile que tenía una posición distinta de la suya.

Me resulta profundamente duro incluso pensar en la idea de abstenerme en esta votación para tratar de no aparecer discrepando de la mayoría. Como ha sido siempre mi manera de ser, votaré derechamente en contra de esta iniciativa, porque se pretende honrar a quien hizo sufrir a millones de chilenos aquí en el país y a los que, desgraciadamente, estuvimos en el exilio.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en primer lugar, coincido con parte de las afirmaciones del Honorable señor Palestro, en el sentido de que, cuando hemos discutido en la Cámara la posibilidad de erigir monumentos a personas que tienen relevancia para un determinado sector de la comunidad, no para toda, nos hemos encontrado con reacciones muy mezquinas de parte de algunos señores Diputados. Quiero recordar especialmente la intervención del Honorable señor Kuschel, en la discusión del proyecto que disponía la erección de monumentos en memoria del Presidente Salvador Allende, que considero una de las más lamentables que he escuchado desde que se reanudó el trabajo parlamentario. Fue un momento triste y penoso para la Cámara. Cuando se debate levantar un monumento a una persona, no se debe decidir en función a si uno estuvo o no de acuerdo con sus ideas, sino sobre la base de otras consideraciones relacionadas con el país, con el cargo que ocupó y lo que representó para determinados sectores de la comunidad. Nunca un procer político, o rara vez, independientemente del rango que haya alcanzado, logra concitar la unanimidad de sus conciudadanos, a menos que haya transcurrido mucho tiempo. Hoy nadie objetaría, por ejemplo, la erección de un monumento al Presidente Balmaceda, pero a diez o quince años de concluido su mandato, probablemente la situación era distinta.

El asunto que discutimos merece ser estudiado con delicadeza. No compartí ninguna de las ideas políticas del Senador Jaime Guzmán. Confieso que, incluso, sentí bastante distancia y repudio por muchos de sus planteamientos. También experimenté un distanciamiento personal, que se superó con la convivencia parlamentaría, porque lo aprendí a conocer en otra dimensión, como ser humano. Al final, antes de su atroz asesinato, había establecido una relación personal y humana de otra naturaleza con Jaime Guzmán.

No estaría de acuerdo en levantarle un monumento a Jaime Guzmán por sus ideas políticas, pero votaré a favor de este proyecto por otra razón. Para un parlamentario de Gobierno como yo -que luchó tenazmente contra la dictadura, respecto de la cual el Senador Guzmán tenía un punto de vista muy distinto del mío- lo que hace que vote a favor de esta iniciativa tiene que ver, más bien, con la forma cómo murió Jaime Guzmán.

Con mi voto a favor, expreso mi repudio al terrorismo. Con esto enviamos un mensaje a la comunidad: al margen de nuestras discrepancias políticas o de las diferencias que hayamos tenido en el pasado, el terrorismo político es enemigo común de todos. En mi opinión, ésa es una razón suficiente.

Voto a favor, no porque coincida con las ideas políticas de Jaime Guzmán, sino como una manera de expresar mi repudio por su asesinato.

El mensaje que con ello entregamos a la comunidad es que, ante la acción terrorista, los chilenos que creemos en el sistema democrático y en la convivencia pacífica, nos unimos por sobre nuestras diferencias. La simbología que tiene para mí la resolución que adoptemos hoy es decirle al país que una persona con la cual discrepamos profundamente en materia política cuenta con nuestro voto, para que el país le rinda homenaje, no en función de esas ideas políticas, aunque naturalmente para algunos así podrá ser interpretado legítimamente, sino porque ha pasado a ser un mártir, de la democracia y a quien el sistema democrático también debe honrar, por la forma cómo fue abatido por el terrorismo político.

Por esta razón, votaré favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, mi conciencia no quedaría tranquila si en esta oportunidad no dijere lo que verdaderamente pienso respecto de este proyecto de ley y, lo que es más grave, traicionaría a quienes me eligieron para ocupar un cargo en el Parlamento.

Esta no es la oportunidad para hacer un análisis de la vida y pensamiento de Jaime Guzmán, ni tampoco para emitir juicios de valor respecto de su comportamiento.

Sin embargo, personalmente estimo que esta iniciativa es desmedida y desproporcionada, en cuanto a sus efectos, en relación con la persona a quien se pretende homenajear.

Se ha fundado este proyecto en el desempeño académico, político y parlamentario del Senador Guzmán, brillantes, sí, pero, en materia académica, por lo menos, conozco a más de cincuenta profesores de derecho que han contribuido mucho más efectiva y fructíferamente al país que lo que Jaime Guzmán hizo en su corta existencia.

Al respecto, pregunto a los colegas abogados, ¿dónde está erigido el monumento a don Arturo Alessandri Rodríguez, a don Darío Benavente y a tantos otros ilustres profesores de la Facultad de Derecho y que hicieron un aporte importante a la formación de la ciencia jurídica chilena?

Se ha querido destacar su breve actividad parlamentaria, pero ¿cuántos Senadores de la República, de dilatada trayectoria en este Congreso Nacional, calificados de grandes legisladores no han sido inmortalizados en el bronce ni tienen monumento que los recuerde?

Por último, para fundamentar este proyecto se ha hecho referencia a la actividad política de Jaime Guzmán, a su participación en el gobierno del régimen militar y, básicamente, a su contribución a la redacción de la Constitución Política de 1980. Hay otros constitucionalistas, que elaboraron una Constitución mucho más positiva y provechosa para el país, y tampoco tienen monumento. Por ejemplo, el padre de la Constitución de 1925, don José Maza Fernández, no está inmortalizado en el bronce.

Si se trata, como lo ha manifestado el colega Palestro, de reconocer la participación política del señor Jaime Guzmán, no es ésta la ocasión de ahondar en juicios, pero, precisamente, su actividad política es la que no justifica que el Congreso Nacional apruebe un proyecto de ley de esta naturaleza.

No puedo olvidar con tanta facilidad la participación de Jaime Guzmán en el gobierno militar. Mi capacidad o vocación de reconciliación no llegan a tanto. Lo contrario sería lindar en la hipocresía.

Obviamente, lamento la muerte de Jaime Guzmán. En su oportunidad, la condenamos, puesto que fue víctima del terrorismo. Ojalá jamás hubiera ocurrido, pero no porque haya muerto víctima del terrorismo, aprobaremos un proyecto de ley de la naturaleza del que hoy nos interesa.

Se me ha dicho informalmente que esta iniciativa se vincula a otra que dispone la erección de monumentos en memoria del Presidente Allende, y que habría una suerte de negociación o de acuerdo entre algunas bancadas para aprobar ambos proyectos. Se ofende la memoria del Presidente Allende cuando se condiciona levantar un monumento a su recuerdo a la erección de otros en memoria de Jaime Guzmán. Es un precio que, al menos los radicales no estamos dispuestos a pagar; que otros lo hagan, pero no nosotros.

Por eso, anuncio que votaré en contra.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente y Honorable Cámara, las naciones rinden homenaje a sus grandes hombres con la erección de monumentos para plasmar la historia y así, de generación en generación se traspasan los valores que hicieron grandes a la Patria.

¡Qué débiles resultan las palabras para referirse a ese brillante y profundo Senador que fuera Jaime Guzmán Errázuriz! Era, sin duda, el mejor de los políticos, no sólo por la pureza de sus ideales y de su vida ejemplar, sino porque a pesar de su corta vida, se había convertido en un líder por ser maestro de juventudes, un hombre de principios claros y definidos, que fue capaz, como pocos, de insuflar mística a miles y miles de chilenos que veían en él, y con razón, a un guía, a un modelo a seguir.

¡Qué difícil es resumir sus cualidades personales, su talento, su compromiso con la vida, con la legalidad, con la democracia, con la rectitud y, sobre todo, con su religión y con Dios!

Su vocación de servicio público estaba por sobre los honores de los cargos. Buscaba la sinceridad por sobre la demagogia y la independencia que le daba su valentía, para atraer todas las partículas de verdad que necesitan los tiempos para tener un real progreso.

Los variados y sobresalientes rasgos de la vida de Jaime Guzmán son, sin duda, muy singulares, pero el sello particular constitutivo de la raíz de su existencia es la conciencia que tuvo de su misión. Son pocas las personas que logran, en su vida concreta, desentrañar el misterio profundo de ella.

Desde muy temprano, Jaime Guzmán tuvo conciencia clara de su tarea. De ahí viene y se entiende su tesón, su transparencia personal y su pasión. Su palabra fue apasionada. De allí también su coraje. Fue un hombre inteligente, dotado de talentos, con clarividencia notable para una persona tan joven. Jaime Guzmán intuyó el desastre que se avecinaba en la época de los sesenta al desaparecer el principio de autoridad, no sólo en las universidades, sino en el país. Y la democracia se derrumbó. Su rescate se produjo cuando todavía quedaban trazas del Chile que conocimos y amamos. En el proceso de reconstrucción, especialmente en sus aspectos ideológicos, constitucionales y legales, desempeñó un papel decisivo.

El gobierno militar tuvo la suerte y el buen sentido de pedir su colaboración y de contar con ella, y su talento extraordinario junto al de tantos otros, hizo posible una fructífera relación cívico militar, que permitió al régimen de las Fuerzas Armadas concluir el proceso hacia el restablecimiento de la democracia en Chile en la forma que ha sido reconocida universalmente.

Jaime Guzmán nunca aceptó un cargo público. Fue un pensador, un ideólogo que deseaba lo más conveniente para su país. Creyó que su misión podría realizarse mejor desde un grupo de estudio o a través de la acción política partidista. Ello lo llevó a fundar la Unión Demócrata Independiente.

Una de las características de su actuar en política fue su capacidad de entendimiento, tanto con partidarios como con antagonistas por igual. Probó, con actos, que el combate contra determinadas concepciones no es contra las personas que las sostienen.

Jaime Guzmán demostró que la convicción más inamovible puede ir a la par con la tolerancia, que enaltece el debate con ideas opuestas. Al servicio de las ideas que defendía, era un polemista de lógica irrefutable y de argumentación sólida, clara y convincente. Severo en el rigor conceptual, pero jamás hostil con sus oponentes, reconocía adversarios, pero no enemigos, y más aún, incluso, en el adversario buscaba al posible amigo.

Destacaba que el contacto personal acerca las posiciones divergentes. Le complacía observar cómo el trabajo común en este Congreso -en la Sala, en Comisiones, en Comisiones Mixtas y aun en los pasillos- derivaba en un conocimiento que disipa prejuicios y falsas imágenes.

Elogiaba el ambiente de grata camadería que ha permitido llevar con altura de miras las grandes discusiones sobre los temas nacionales más importantes. Manifestaba que, en ese clima, los debates redundaban en un enriquecimiento compartido, y no vacilaba en admitir con humildad que, en ocasiones, sus contradictores lo habían convencido.

Jaime Guzmán le atribuía prioridad a la amistad. Lo que pudiera parecer algo personal y particular, para él no lo era. Por el contrario, cuando hablaba de esta relación posible y grata entre quienes ocupamos una banca en el Congreso, lo insertaba expresamente en el marco de una posibilidad nacional de entendimiento.

Con todo el vigor con que podía hacer realidad y conducta sus creencias, Jaime Guzmán pensaba que Chile volvería a entenderse. Estimaba un deber proyectar a todo el país la relación que se vive en ambas Cámaras. Decía que quienes antes se consideraban enemigos, hoy se sienten y pueden vivir como colegas, en una tarea que les es común. Ello es efectivo. Sin renunciar a nuestras posiciones, hemos podido concordar en tomo a una labor fecunda y valiosa para nuestra nación.

Porque Jaime Guzmán creía en la democracia, quería liberarla de imperfecciones, para que fuese más fuerte y capaz de resistir los ataques que recibe; para restablecer un sistema de gobierno verdaderamente al servicio de las personas y, principalmente, al servicio de los más necesitados. Ese servicio fue el modo de cumplir el mandato de su fe cristiana y el sentido trascendente de su pensamiento político y de su aporte constitucional y legislativo. Ese también fue el signo con que marcó su cátedra.

Su signo está en toda nuestra institucionalidad, imbuida esencialmente de la noción de libertad y dignidad del hombre, que supo traspasar como profesor y amigo, formador de juventudes, ideólogo, político y Senador de esta República.

Jaime Guzmán, dígase lo que se dijere, es parte de la historia de Chile.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el Senador Guzmán fue parte muy relevante de una historia trágica de Chile, que dividió a muchas de nuestras familias bajo un clima de intensa pasión política y un saldo de división que, incluso en muchos casos, causó la muerte de un número muy grande de chilenos y afectó también al propio Parlamento.

En este sentido, tanto su historia personal como la del Presidente Allende, la de nuestro ex colega, Diputado señor Carlos Lorca y la de muchos otros chilenos están unidas, sin perjuicio de que en esos largos períodos de enfrentamiento entre chilenos, sostuvieran posiciones diversas y discrepantes.

Se plantea erigir un monumento por ley de la nación. Si la Constitución demanda que sea una ley la que autorice la erección de monumentos a los servidores públicos, es porque se entiende que la cultura de un país busca ser interpretada en estos aspectos. Y en este sentido existe una legítima vinculación entre los distintos hechos sobre los que aquí hemos estado conversando.

Efectivamente, varios proyectos de ley han propuesto la erección de monumentos y se han debatido en esta Corporación. Aisladamente considerados, son fragmentos de nuestra historia, pero puestos en su conjunto pueden darnos una orientación de hacia dónde queremos caminar.

Soy de aquellos que piensan que Chile debe buscar un camino de reconcilación que nos reintegre a una historia común, porque todo país que sufrió una división tan fuerte como la que Chile vivió está enfrentado a ese desafío. Lo vivieron nuestros antepasados con ocasión de la guerra civil de 1891, que costó la vida, debido al suicidio, del entonces Presidente Balmaceda.

Y a nosotros, como generación, nos ha tocado primero vivir un período de intensa división y, luego, buscar los caminos, como autoridades de la República, para una reconciliación en la cultura.

Por tanto, discrepo de lo manifestado por mi colega Campos cuando expresa que encuentra ilícito establecer algún vínculo entre estos temas.

Al respecto, quiero decirle que yo sí lo hago, porque lo que interesa es el resultado, para la conciencia de la nación, de lo que estamos haciendo.

¿Estamos todos dispuestos a rendir homenaje a las personas que fueron parte de nuestra historia, independientemente de nuestra opinión política? ¿O sólo vamos a decidimos por nombrar calles y erigir monumentos a los de nuestro lado, negándoles la sal y el agua -como se dijo en una ocasión- a los del otro?

Si aquí hubo una guerra, como se ha dicho, ¿sólo se levantarán monumentos y recordarán con calles a los vencedores de esta guerra, y jamás a los vencidos en el caso de haber existido ese evento, como se plantea? ¿O bien se trata de que el Parlamento de la República tiene la tarea de dar un paso mutuo para ayudamos a integrar al país?

Discrepo de que la República quiera, después de lo que hemos vivido, homenajear, valorar culturalmente y destacar sólo una fracción de nosotros.

Me parece que ése es un camino equivocado.

Por ello, cuando se discutió en esta Sala la posibilidad de erigir un momento a Salvador Allende, Presidente Constitucional de la República, elegido por el pueblo de Chile, lamenté muy profundamente que hubiera una actitud pasional y no una actitud de altura de miras al respecto.

Varios Diputados hemos presentado un proyecto de ley para denominar la Avenida Santa Rosa con el nombre del Presidente Salvador Allende; pero ni siquiera ha sido puesto en Tabla en la Comisión de Gobierno Interior.

Ahora bien, a pesar de que la ley establece que todo tributo a la memoria de un hombre público es materia de ley, diversas municipalidades del país, actuando en contra del imperativo constitucional, han dado los nombres de servidores públicos a ciertas calles para rendirles homenaje.

Sin perjuicio de ello, lamentamos no ver en ninguno de estos municipios el propósito de dar a una calle los nombres de Guerrero, Nattino o Parada, o bien, de Carlos Lorca, o de tantos mártires que tenemos.

No se trata, y quiero que me entiendan bien, de una cierta negociación -como aquí se ha dicho- o de un planteamiento mezquino. ¡No! Porque nuestro planteamiento tiene otra altura, y lo que busca es hacemos cargo del conjunto de nuestra historia.

Existe una historia que todos hemos vivido. Pero, en estos momentos, hemos querido sumamos también a la petición de un monumento a don Jorge Alessandri Rodríguez y a otros Presidentes de la República, de cuyos gobiernos no formamos parte. Hay otra historia que nos dividió de un modo mucho más profundo y lacerante.

Así como entiendo que a las bancadas de la derecha les resulte difícil votar a favor de un monumento al Presidente Allende o de uno a Carlos Lorca, también es entendible que a las bancadas de izquierda del país les sea difícil votar a favor de un monumento como éste. Pero el problema de fondo es otro. Lo que debemos hacer es tratar de ser capaces de resolver en su conjunto y dar una señal clara al país de que estamos dispuestos a erigir monumentos de nuestra historia y a todos quienes, elegidos por el voto popular, ejercieron cargos de alta representación en el país.

Pero no me parece justo negar este derecho a un Presidente de la República o a un determinado parlamentario y aprobarlo para otros. Eso sería una actitud pequeña que no contribuye a la tarea que tenemos por delante.

Por eso, presentaré una indicación para que los monumentos que se autoricen sean para todos los parlamentarios víctimas de terrorismo o de secuestro político. En la misma situación del Senador Guzmán, se encuentra, entre otros -lo reitero-, el Diputado Carlos Lorca. Todos deberíamos concordar -quizás en un segundo debate en la Comisión- en que el Parlamento dé testimonio, para la cultura de Chile, de que respeta todas las figuras que han sido elegidas por el voto popular, sean o no de un mismo color político, sobre todo si esas figuras han sido llevadas a la muerte por grupos terroristas, sean de Estado o de cualquier extremo; o al secuestro u otras formas de vejámenes. Y en el entendido de que a lo mejor esto no es posible transitoriamente, no quiero ser obstáculo para la aprobación de este proyecto, razón por la cual no participaré en la votación.

He dicho.

El señor GARCIA (don René Manuel).-

Señor Presidente, creo que ningún Gobierno en Chile, o cualquier gobierno de otro país, deja a todas las partes contentas. Por lo tanto, hay que mirar las cosas con altura de miras.

En verdad, en lo personal, el Presidente Allende nos puede haber causado daños; pero no nos cabe la menor duda de que lo hizo con buenas intenciones, porque defendía sus ideales.

El Senador Guzmán, para unos puede haber sido un ideólogo; para otros, un gran Senador; para algunos, un mal político. Pero nadie podría decir que no fue un hombre correcto y que no defendió sus principios con rectitud. Lo que me hace fuerza para votar a favor de la erección del monumento, es que después de que fue víctima del terrorismo, comprobamos, leyendo los diarios, que había mucha gente de izquierda y exiliados que se arrepentían por no haber dicho que el Senador los había ayudado de una u otra manera.

El Senador Guzmán, de cara al frente, defendió sus ideas. Fue modesto y nunca aprovechó sus influencias en beneficio personal, sino para ayudar a los necesitados a quienes, en un momento dado, tendió su mano. Eso es nobleza y engrandece a las personas. Cuando se aprueba erigir monumentos de personeros de uno u otro color político, lo más significativo es que si hablamos de reconciliación, al pasar personas de distintos colores políticos frente a ellos, pueden decir con orgullo: "Elegí a este parlamentario; elegí a este Presidente.".

Los gobiernos que se han sucedido, algunos totalitarios y otros fundados en ideologías centradas y sin contar con partidos que los apoyen, han tratado de hacer las cosas bien. El Senador Guzmán fue un gran hombre y merece el respeto de todos. Por lo tanto, hay que erigir monumentos -como dice el Diputado Estévez- a todas las personas víctimas del terrorismo. Y coincido plenamente con lo manifestado por el colega Schaulsohn en cuanto a que, a pesar de que no pensaba igual que el Senador Guzmán, también repudia el terrorismo, flagelo en el mundo. Y no podemos permitir que éste siga avanzando en Chile.

Por lo tanto, anuncio, con gran honor, que no siendo iniciativa de nuestro partido, la bancada de Renovación Nacional votará a favor del proyecto de ley para erigir un monumento al Senador Jaime Guzmán Errázuriz.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, hace 28 meses, 120 Diputados juramos, en base al voto de representación popular, no sólo legislar, sino colaborar en lo que realmente significa el reencuentro, la reconciliación y el diálogo entre todos los chilenos.

¿Por qué comienzo mis palabras en esta forma, en relación con un proyecto de ley sobre erección de monumentos al Senador de la República Jaime Guzmán (Q.E.P.D.)?

Hace varios meses, el país pudo comprobar cómo, con bastante dolor, entereza y mucho respeto, el Presidente de la República Patricio Aylwin estuvo en el funeral oficial del Presidente constitucional Salvador Allende. Muchos parlamentarios y personas que llevamos bastantes años militando en partidos políticos estuvimos en la Catedral. Creo que es de la grandeza de las personas que somos políticos reconocer los méritos de los líderes que han existido en las diferentes corrientes políticas. El país pudo observar cómo ese acto que se le debía a Salvador Allende, a su familia y a su partido, se hizo con tranquilidad y de acuerdo con la tradición del pueblo chileno.

Además, en el instante en que asumió el Gobierno democrático, el 11 de marzo de 1990, hubo voces convencidas de que en este país iba a existir el caos y la anarquía; pero al cabo de casi 29 meses, nos damos cuenta de que todos, dirigidos por ese gran estadista que es Patricio Aylwin, hemos sido capaces de pavimentar un camino de real reencuentro entre todos los chilenos.

En la Comisión de Educación, de la cual formo parte, cuatro Diputados democratacristianos, Sergio Velasco, Hugo Rodríguez, Edmundo Villouta y el que habla, por principio, hemos aprobado que se rinda homenaje a todos los políticos de diferentes opciones y doctrinas políticas, como Luis Bossay Leiva, Salvador Allende, Radomiro Tomic en el día de ayer, Jorge Alessandri, Eduardo Frei, y hoy día Jaime Guzmán. Como lo dijo el Diputado informante, los cuatro Diputados aprobamos este proyecto de ley, tal como lo hicimos respecto de líderes de otras corrientes políticas, lo cual está indicando que deseamos realmente que haya un reencuentro.

En el caso concreto de estos monumentos, una de las cosas que debe tomarse en cuenta para la votación es recordar que el l2 de abril de 1991, día en que Jaime fue vilmente asesinado, siendo Senador de la República en ejercicio, se dio el primer caso de este tipo en la vida legislativa de nuestra patria. Los democratacristianos -y en eso hemos sido absolutamente claros- siempre vamos a estar en contra de cualquier clase de terrorismo. Creemos profundamente en lo que significa el ser humano, en la defensa de la vida, y tal como lo hicimos en el instante en que sucedió ese hecho, ahora es el momento de expresar nuestra más firme condena a este tipo de actos realizados por personas que -no nos cabe la menor duda- son desquiciadas mentalmente.

Por eso, siguiendo una línea de grandeza, de nobleza y de entendimiento entre todos los chilenos, una vez más queremos ser consecuentes con nuestra votación en la Comisión de Educación, por lo cual, en nombre de los cuatro Diputados democratacristianos integrantes de ella, anuncio que votaremos favorablemente este proyecto de ley, con una reflexión: no puede ser blanco hoy lo que ayer consideramos negro.

Nos preocupa que, dentro de las discusiones legítimas en relación con lo que sucedió hace algunos días con la iniciativa relativa al monumento a Salvador Allende, ahora se vuelva a repetir en el caso de Jaime Guzmán, porque tanto uno como otro tuvieron un liderazgo dentro de sus ideas. Nosotros, los democratacristianos, no seguimos el liderazgo ni de Salvador Allende ni de Jaime Guzmán; pero los respetamos porque es la única forma de practicar el pluralismo para hacer grande la democracia tan anhelada, que llegó y debemos defender.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, cada vez que esta Honorable Cámara se aboca a la posibilidad de rendir un homenaje, a realizar una remembranza de algún ciudadano de nuestra patria, lógicamente lo hacemos en el entendido de que significa un reconocimiento a una persona, a un hombre, a una mujer, que, de una u otra forma, tuvo una participación especial, importante, en algún ámbito de la vida y en el proceso de nuestro país.

En distintos ámbitos se rinden homenajes a los chilenos: cultural, deportivo, militar y en uno de esos campos es muy justo, a nuestro juicio, rendir homenaje a quienes lo merecen: en el de la actividad política. Porque quienes participan en ella cumplen un papel extraordinariamente difícil, delicado y muy trascendente, ya que marca normalmente los procesos de desarrollo de cada uno de los pueblos.

En esta labor tan especial, incomprendida muchas veces, y apasionada como es la política, es indudable que jamás podremos lograr unanimidad para estar de acuerdo con la persona a la que se quiere rendir homenaje. Pero esta actividad también significa que uno entra a participar en ella en el entendido de que mantiene los principios propios, pero con respeto y valoración de aquellos que profesan los demás; asimismo, comprendiendo que interviene por la necesidad de buscar, ojalá, la verdad común a través del diálogo, de escuchar, de compartir, de informarse, de llegar a los acuerdos necesarios o a los consensos posibles, con respeto, con libertad, con fraternidad.

En ese marco, discrepando profundamente de los valores, principios e ideología que tenía Jaime Guzmán, es obvio que nosotros también tenemos la obligación y el deber de respetar esas ideas y principios; de entender que, más allá de las discrepancias, hubo consecuencia humana e importancia para un sector de nuestra patria, y que también tuvo una participación muy activa en el proceso político que ha vivido nuestro país.

Sin estar de acuerdo con esas ideas, repito, sí creo conveniente y oportuno que esta Honorable Cámara dé al país señales claras respecto de algunos problemas que debemos enfrentar en común, sobre los cuales es preciso buscar acuerdos máximos, ojalá el consenso. Me refiero a la violencia y al terrorismo como métodos de acción política. Y justamente la persona a la cual hoy se desea hacer un reconocimiento mediante la erección de monumentos, fue víctima de esa violencia y de ese terrorismo que nosotros, de manera permanente, consistente y continuada hemos condenado y condenaremos siempre. Jamás justificaremos las violaciones a los derechos humanos, el uso de la fuerza y de la violencia para acallar a quienes piensan distinto, tienen ideas que no son las nuestras o no corresponden a las que algunos creen las correctas. En esto no podemos hacer distingos. No se debe medir un caso con una vara, y otro, con una vara distinta.

Estoy de acuerdo con lo aquí planteado. Si queremos ser consecuentes, deberíamos ampliar la posibilidad de este reconocimiento que se desea hacer aun ex Senador y extenderlo a otros que también formaron parte de este Parlamento, de esta Cámara, y han caído y sufrido la violencia, el terrorismo y la muerte a manos de quienes permanentemente debemos condenar y ayudar a combatir.

No sé si corresponde o no la indicación propuesta por el colega Estévez con ocasión de la erección de estos monumentos a Jaime Guzmán, pero obviamente la comparto y me parece que sería conveniente su aprobación. A través de esta discusión debemos dar una señal clara al país en contra del terrorismo, de la violencia, de las violaciones a los derechos humanos, para que ojalá nunca más se vuelvan a producir aquí hechos como los que hemos sufrido durante tantos años.

Señor Presidente, considero que en esta materia corresponde actuar con altura de miras, con espíritu de reconciliación y con el ánimo que debemos tener todos los chilenos por reencontrarnos como hermanos, más allá de nuestras discrepancias. Esa es la razón por la cual yo, personalmente, votaré favorablemente la erección de dos monumentos al Senador Jaime Guzmán Errázuriz.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la intervención de mi colega de bancada, señor Jaime Campos, me motiva a expresar muy brevemente la fundamentación de mi voto. Respeto su posición, pero debo señalar que su enfoque es un tanto equivocado. Dentro de los muchos aciertos de sus intervenciones, estimo que el país necesita voces de hombres públicos que incentiven y motiven a la reconciliación.

Indudablemente, hay profundas discrepancias entre lo que Jaime Guzmán planteaba en el plano político con lo que postulan los hombres de estas bancadas; pero no cabe duda alguna de que ese Senador llegó a este Parlamento democrático debido a un importante porcentaje de chilenos que se expresaron libremente y estimaron que él era un medio a través del cual podían canalizar sus aspiraciones para construir un tipo de sociedad. Y ese porcentaje de chilenos que actuó en forma democrática merece nuestro respeto.

Por eso, el Senado de la República, tal vez con la mesura que dan los años, mirando el pasado y el futuro, con responsabilidad, sin ningún tipo de complejos, por la unanimidad de sus miembros colocó el nombre de este Senador a una de sus más importantes Comisiones. Estoy convencido de que el país real, mayoritario, quiere y busca la reconciliación; y la busca porque -como lo señalaron algunos parlamentarios- sufrió durante un largo proceso y porque gente inocente pagó incluso con sus vidas la expresión de sus ideas.

Porque fue así, como hombres públicos, nosotros debemos tener la grandeza para encauzar las aspiraciones de reconciliación de la gran mayoría de quienes hoy están preocupados de construir una sociedad en paz, fraterna y, por supuesto, más humana y justa.

En la Comisión de Educación, en muchas oportunidades, he visto una expresión de reconciliación de los parlamentarios de la Derecha al apoyar homenajes a hombres públicos de la Izquierda.

Desconozco lo planteado por mi Honorable colega don Jaime Campos, en cuanto a que existiría una especie de canje para erigir estos dos monumentos. No creo en ello; pienso que puede haber falta de información correcta.

Por eso, pude haber guardado silencio; pero quise intervenir para decir al país que mi voto será favorable a la erección de dos monumentos en memoria de un ex Senador de la República, víctima de un acto de terrorismo cobarde que los demócratas repudiamos con absoluta sinceridad.

He dicho.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, el proyecto que hoy discutimos es toda una simbología y tiene importancia para el futuro y para nuestra propia conciencia como personas, como ciudadanos, como dirigentes políticos.

Los monumentos son símbolos históricos que se entregan a las nuevas generaciones; pero en Chile no todos los monumentos se han erigido a personas que han tenido la capacidad de unir al país. Chile necesita símbolos de su diversidad cultural y política. A mí, por lo menos, me habría gustado que los representantes de la UDI y de Renovación Nacional hubieran apoyado explícitamente los monumentos que en su oportunidad se propusieron en memoria de Salvador Allende.

Explicaré por qué votaré en forma favorable el proyecto, a pesar de que me costó tomar la decisión.

A muchos nos cuesta aceptar la personalidad de Jaime Guzmán. En lo personal, hirió a mi familia y a mi partido cuando estuvo en la cumbre del poder. En política, Jaime Guzmán dividió; así lo siento, y no es una ofensa decirlo en este momento. Su muerte unió a Chile, porque el país entero rechazó el terrorismo, en todas sus formas, de personas del Estado, porque usa las armas para imponer su voluntad.

Son necesarios gestos de reconciliación. Cuesta encontrar la misma reciprocidad en otros momentos; pero voy a votar favorablemente el proyecto como un gesto de reconciliación con Jaime Guzmán, con lo que él pensó, a pesar de nuestras diferencias y de saber que hirió a muchos de nosotros.

En gesto de reconciliación, he acompañado a parlamentarios del Partido Socialista en la presentación, por ejemplo, de proyectos para dar a algunas calles de Santiago el nombre de Salvador Allende. No fui partidario suyo y, por supuesto, a muchos nos cuesta hacerlo; pero es el momento de construir y de tener actitudes humanas reales.

Por eso, a pesar de que me cuesta, votaré a favor de estos monumentos, porque es el momento de rendir homenaje a una persona que no pensó como nosotros, pero que fue símbolo de una cultura.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, es importante dejar en claro en esta sesión puntos que son una rectificación de lo afirmado por el Diputado señor Campos.

Entre el Partido Socialista y la Unión Demócrata Independiente, no ha habido negociación, acuerdo o convenio, formal ni informal, que pueda vincularse o relacionarse con la aprobación de los monumentos al Presidente Salvador Allende y al Senador Jaime Guzmán. Quiero que esto quede absolutamente claro, porque para la UDI y estoy cierto que también para la bancada Socialista, esta suposición es una ofensa a la memoria de dos de nuestros líderes, que no merece ni el uno ni el otro.

En segundo lugar, valoro lo expresado por el Diputado señor Estévez, porque apunta a un problema distinto y nos pone el gran desafío de construir la historia futura. Lo que construyamos en el presente sobre la base de la reconciliación nacional y de la armonía política y social entre todos los sectores del país, será realmente sólido y fuerte y tendrá raíces profundas si encontramos esa armonía y esa reconciliación en nuestro pasado.

El desafío planteado por el Diputado señor Estévez representa una gran tarea futura: reconocer nuestros símbolos, valorar a nuestros líderes, héroes y mártires; y sobre todo, respetar a quienes están en el lado contrario y convertirnos en el patrimonio común de la historia. Esta es la orientación adecuada.

Sin duda, a todos nos cuesta ir a este reconocimiento histórico; pero, con la disposición que ha demostrado la Cámara de Diputados y esta generación de parlamentarios, con tiempo, paciencia y sabiduría, debemos esforzarnos para construir la historia común sobre el presente, posibilidad que sólo lograremos si respetamos y valoramos a nuestros símbolos.

El Senador Jaime Guzmán constituye un símbolo del presente, por su decidida colaboración en la consolidación del proceso democrático y, muy especialmente, por la forma de su muerte.

Si reconocemos los valores del presente, podremos reconstruir el pasado común y asumir el desafío profundo de que habló el Diputado señor Estévez.

Antes de la votación, en nombre de la bancada de la UDI, agradezco a quienes nos van a acompañar con su voto favorable para la erección de monumentos al Senador Guzmán. Al mismo tiempo, respeto a quienes han manifestado su posición discrepante, porque nos enaltece y nos permite aprovechar esta circunstancia no para hacer una suerte de conflicto, sino, precisamente, para asumir el desafío ' de construir la historia común.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, es difícil emitir opiniones que no se hayan dado en la Sala; ya se han destacado todos los grandes valores del Senador Jaime Guzmán. Sin embargo, hay hechos que me gustaría mencionar.

En primer lugar, Jaime Guzmán fue el gran formador de juventudes, en el campo religioso y en el universitario. Supo vivir lo que predicó y practicar lo que enseñó. Tuvo la gran valentía de estar siempre dispuesto a defender a la patria cuando estuvo en peligro, conforme a sus creencias y postulados. Basta recordar, por ejemplo, su activa y protagónica participación, en tiempos difíciles para el país, en el programa de televisión "A esta hora se improvisa"; su permanente actitud de servicio público, que lo hizo una persona siempre dispuesta en favor de los demás, siempre dispuesta a renunciar a sus legítimos intereses para trabajar arduamente y sin descanso por el bienestar del prójimo.

Los monumentos no sólo serán un homenaje en su memoria, sino un símbolo para muchas personas que, como él, han trabajado en beneficio de sus creencias.

En consecuencia, la bancada de Renovación Nacional dará su apoyo a la erección de monumentos al Senador Jaime Guzmán.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, un proyecto de ley de esta naturaleza obliga a muchos de nosotros a reflexionar respecto de lo que ha sido la historia del país en los últimos años.

Indudablemente produce sentimientos encontrados contrastar esa realidad con la que hoy vive el país, en que se hace un esfuerzo por lograr una efectiva reconciliación, por valorar efectivamente lo que significa actuar con libertad, expresamos con respeto, con tolerancia, porque cada uno pueda defender sus ideas y no por ello esté expuesto a algún tipo de perjuicio e, incluso, a su eventual eliminación.

Es evidente que, con motivo de este proyecto de ley, vale la pena hacer un esfuerzo por destacar el sentido que tiene garantizar en nuestro país un espíritu de diálogo, de tolerancia y de respeto, con aquellos que durante su vida han sufrido situaciones injustas.

Aquí, una vez más, se reitera la posición del respeto a la vida de todas las personas sin excepción. Nosotros, sin ninguna vacilación, nos adherimos al homenaje que se rinde a una persona que tenía ideas absolutamente distintas a las nuestras e, incluso, que fue un exponente público destacado de lo que significó la dictadura en nuestro país, por cuanto no nos parece racional que fuera victimado por algunos desquiciados que creyeron que sus ideas podían terminar con su eliminación física.

Pero, esto mismo es válido -y en este sentido concordamos con lo señalado por otros colegas- cuando recordamos lo que significó en este país el asesinato de destacados dirigentes políticos y sociales, muchos de los cuales probablemente no tendrán oportunidad de que aquí se les rinda un homenaje como el que establece este proyecto, salvo el que le podemos hacer en nuestros discursos, como en los casos de Parada o de Lorca.

Estos hechos inevitablemente están asociados a sentimientos encontrados, de los cuales quiero dejar constancia al menos de uno en esta discusión. Quiero decirles a nuestros amigos de la UDI que habría sido de inapreciable valor para la gente de este país que cuando tenían la posibilidad de influir efectivamente en el gobierno anterior se hubieran asociado a los homenajes que queríamos rendir a hombres de oposición de aquella época. Lamentablemente, como recordarán, incluso con motivo de funerales de figuras extraordinariamente destacadas en el país, no sólo no se logró que se les rindieran los honores póstumos que merecían, sino que, peor aún, esos actos derivaron en incidentes, en persecución, incluso, en algunos casos, muy penosos, prácticamente sin guardar las más mínimas normas de respeto a la honra ajena.

No quiero con estas palabras disminuir el hecho positivo de nuestro voto favorable al proyecto de ley que hoy analizamos; pero, simultáneamente, acéptennos también dejar constancia de que ojalá estas expresiones se traduzcan efectivamente en un comportamiento o compromiso futuro sobre el cual los actuales políticos estemos siempre atentos.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, quiero hacer una reflexión muy breve en cuanto a la extensión, pero profunda en el significado de las palabras que deseo transmitir y enunciar.

Se nos está proponiendo no sólo aprobar la erección de un monumento en memoria de una persona brutalmente asesinada en un acto terrorista, sino, además, que hagamos un gesto, como Poder del Estado, para que un hombre público, de ideas absolutamente encontradas con las que tenemos y sostenemos los socialistas y muchos de la Concertación sea recordado en el país. Sin duda, se trata de un doble gesto: uno de condena al terrorismo y otro, más importante aún, de potencial reconciliación.

A este último respecto, se me vienen a la memoria muchas personas, pero, en beneficio del tiempo, nombraré sólo a Rodrigo Rojas, Jecar Neghme y Carlos Lorca. Tres jóvenes muertos durante la dictadura, sobre quienes hemos hablado en esta Cámara. En el caso de Jecar, propusimos que se cambiara el nombre de una calle, para recordar su brutal asesinato.

El señor LETELIER.-

... hubo una serie de maniobras que, en el fondo, demostraron una falta de voluntad de concurrir con su esfuerzo a este gran desafío de la reconciliación nacional. Y hoy se nos está pidiendo nuevamente, a quienes fuimos perseguidos y masacrados de muchas formas por la dictadura, que vejó a nuestro pueblo no sólo a través de la violencia, sino también a través de un modelo económico que lo empobreció y degradó profundamente, un gesto de reconciliación.

Afirmo, con mucha honestidad, que la Concertación, en particular los socialistas, hemos hecho durante este tiempo muchos gestos de reconciliación, y esperamos -y deseamos ver- de las bancadas de Oposición lo mismo. Estoy esperando esos gestos honestos, que les deben significar un esfuerzo real, para reconciliar a este país. En atención a ello, me abstendré en la votación de este proyecto.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, cuando nos corresponde ser actores en un mundo donde la política está en crisis ante la opinión pública, uno debe tener presente lo que decía el autor del artículo "La encrucijada de las ideas antes del fin de siglo". El se preguntaba por qué el hombre medioeval fue capaz de construir catedrales góticas que emergen hacia el cielo y permanecen en el tiempo, y el actual, moderno, con toda la tecnología, ha sido incapaz de construir carreteras duraderas. Y él mismo se respondía diciendo que ello se debía a que el hombre medioeval actuaba con convicciones y el moderno lo hace en base a opiniones.

Son las convicciones de figuras relevantes de la historia, son los testimonios de Tomás Moro, del Mahatma Gandhi, de John Kennedy y de otras figuras extraordinarias las que van entregando valores y ejemplos, las que nos van señalando caminos y sendas a los que actuamos en política.

En este caso, la figura de Jaime Guzmán, cualquiera que sea la situación polémica que se plantee en la Cámara, nos demostró que era un hombre de convicciones, que era un hombre que luchó por la libertad frente al estatismo reinante, que era un político profundamente religioso, tal vez similar al presidente mártir de Ecuador, don Gabriel García Moreno; un político consecuente, que actuaba de acuerdo con sus principios, donde se identificaba la moral pública con la privada; un hombre estudioso, que nos legó, a través de la redacción de la Constitución y de diversas leyes, el aporte de la fuerza, de la convicción; un político valiente que supo enfrentar a sus adversarios y que exponía claramente sus ideas.

Valores como la convicción y la consecuencia son, en definitiva, los que justifican levantar un monumento que sirva de ejemplo a los actuales y futuros políticos.

He dicho.

ARTICULO l2 1. - De los Diputados señores Estévez y Naranjo "Artículo l2.- Autorízase la erección de dos monumentos en memoria de los parlamentarios víctimas de secuestro y del terrorismo.".

2. - Del Diputado señor Smok para reemplazar las palabras "dos" y "monumentos" por "uno" y "monumento", respectivamente.

ARTICULO 2° 3. - Del Diputado señor Smok "Artículo 22.- El monumento se erigirá en la ciudad de Santiago.".

El señor COLOMA (Vicepresidente) .

Corresponde continuar tratando el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que sustituye el sistema de calificaciones de los funcionarios públicos y municipales.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es la señora Caraball.

- El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 385-06 (S) y figura en el número 1 de los documentos de la Cuenta de la sesión 22a-, celebrada el 30 de julio de 1992. .

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, se nos ha solicitado la unanimidad para incorporar una indicación a tres artículos: a dos permanentes y uno transitorio. Sin embargo, ayer hubo largas conversaciones, en las cuales participaron incluso dirigentes de los trabajadores, y llegamos a un principio de acuerdo, en el sentido de que podríamos aceptar los artículos 1° y 2° de la indicación, y el transitorio modificarlo conforme al acuerdo a que habíamos llegado con los trabajadores. No fue eso lo que se leyó, sino solamente la indicación del Ejecutivo.

En consecuencia, dado que se planteó de esta manera y que hay una confusión, porque no corresponde a lo que plantearon ni al principio de acuerdo a que habíamos llegado, no podría dar la unanimidad, sobre todo porque ella supondría revisar otra situación respecto de la cual tenemos una indicación que formular.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, solamente para hacerle una aclaración al Diputado Ulloa.

En verdad, hay dos asuntos: uno, la unanimidad para que puedan ser tratadas las indicaciones, y otro, la discusión de contenido sobre las mismas.

En relación con la unanimidad para ser tratadas, estamos por ella. Incluso,, estamos dispuestos a acoger la indicación del Diputado Ulloa y de la Diputada Cristi para ser consideradas y discutidas. Otra cosa es la discusión de su contenido.

El Ejecutivo formuló tres indicaciones en una, y deben ser tratadas en conjunto.

Quiero aclarar al Diputado Ulloa que el contenido de la que se refiere al artículo transitorio es similar al acordado ayer con la Anef, la Fenats y la Asemuch. Si votamos párrafo por párrafo el artículo transitorio y excluimos los tres incisos intermedios, queda la misma redacción. Otra posibilidad es presentar ahora una indicación, pero creemos que esto es suficiente. Por lo tanto, estaríamos, primero, por dar la unanimidad para que se traten las indicaciones y, luego, entrar en la discusión de contenido que permita precisar sus alcances.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación de los Honorables Diputados señora Cristi, doña María Angélica y Ulloa, tiene por objeto reemplazar la primera parte del artículo 3°, incluido en el artículo 2°, por la siguiente: "Las Juntas Calificadoras estarán compuestas, en cada municipio, por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del Alcalde, el Juez de Policía Local y los funcionarios de confianza...".

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los Honorables Diputados señores Elizalde y Seguel para sustituir el artículo transitorio por el siguiente: "Las calificaciones del personal afecto a las leyes N°s. 18.834 y 18.883, se regirán por las disposiciones de la presente ley a contar de la fecha de su publicación. No obstante, para la primera calificación se considerará el tiempo transcurrido desde el l2 de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1992.

"Por esta única vez, en el proceso calificatorio, no serán consideradas las anotaciones de mérito y demérito de los funcionarios.

"El proceso de calificaciones para la primera evaluación que deba hacerse conforme a las normas de esta ley, deberá iniciarse el l2 de octubre de 1992, y terminarse en todas sus fases, a más tardar, el 31 de diciembre del mismo año. "El escalafón de mérito resultante comenzará a regir a contar del 1Q de febrero de 1993.".

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, las dos primeras indicaciones del Ejecutivo nos parecen absolutamente prudentes, ya que disponen la calificación del personal de salud en cada hospital y la participación de un delegado de la asociación de funcionarios de la municipalidad, en el proceso de calificación, con derecho a voz, por lo cual solicito que se aprueben por unanimidad.

He dicho.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, también estamos de acuerdo con las dos primeras indicaciones del Ejecutivo. Consideramos que se justifican plenamente y les daremos nuestra aprobación.

Es importante destacar la actitud bastante razonable que hemos tenido al aceptar estas indicaciones y nos gustaría que se actuara de la misma forma respecto de la nuestra.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, esta indicación fue planteada por los trabajadores, en particular por la Fenats, y responde al hecho de que el sector salud es muy numeroso y los servicios, muy amplios. Por lo tanto, las juntas calificadoras para esos universos no iban a tener el conocimiento suficiente del personal de cada uno de ellos.

Por eso, solicitaron la existencia de juntas calificadoras por hospital, a lo que el Ejecutivo accedió, y su proposición cuenta con el apoyo unánime de los parlamentarios.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la indicación busca asimilar la situación del personal municipal a la del sector público. Se propone que la asociación de funcionarios que tenga mayor representación designe un delegado con derecho a voz ante las juntas calificadoras.

Esto no se cotemplaba en el proyecto original y fue solicitado por la Asociación de Funcionarios Municipales de Chile, Asemuch. La consideramos muy conveniente, por lo que nuestra bancada la apoyará.

He dicho.

El señor MORALES ADRIASOLA (don Jorge).-

Señor Presidente, Honorables señores Diputados:

Con el ingreso de Erich Honecker a la sede diplomática de Chile en Moscú, se inició una de las etapas más penosas y bochornosas de la diplomacia nacional, cuya imagen y tradición han resultado seriamente dañadas.

El manejo dado por la Cancillería y, en general por el Gobierno chileno, plagado de contradicciones, llevan a pensar que primaron los intereses políticos internos por sobre la política exterior chilena.

Pareciera claro que la única razón que tuvo el Gobierno chileno para recibir a Honecker como huésped en nuestra Embajada en Moscú, fue la de retribuir y de agradecer el apoyo que había brindado a personas exiliadas durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, una de las primeras contradicciones surgió en el momento en que el Gobierno chileno determinó que el asilo no era procedente y, sin embargo, lo otorgó de hecho, calificándolo como hospedaje temporal, con todos los privilegios y prerrogativas inherentes a tal calidad, en cuanto le permitió ampararse en la inmunidad de jurisdicción real que el Derecho Internacional reconoce a las sedes diplomáticas.

La Cancillería nos demostró, además, desde un comienzo, su incapacidad para evaluar la gravedad y urgencia del caso y su falta de claridad respecto de los principios jurídicos que debían conducir su acción.

Si el Gobierno chileno hubiera evaluado correctamente esta situación -como le correspondía- pudo y debió evitarla oportunamente negándose a recibir al señor Honecker o entregándolo oportunamente al Estado alemán -como lo ha hecho ahora- pero después de siete meses inútiles, o, por último, haber otorgado el asilo, lo que hubiera permitido que los tribunales de justicia determinaran si procedía o no la extradición.

La débil y equivocada posición jurídica asumida por la Cancilllería indujo a esgrimir una serie de argumentos para justificar la permanencia del señor Honecker en nuestra sede diplomática, los cuales, además de inexactos, comprometieron gravemente la credibilidad de las autoridades chilenas.

La experiencia vivida nos exige adoptar, a lo menos, medidas para limitar los nombramientos políticos de los embajadores. No es posible arriesgar la imagen de nuestro país designando a personas que no dudan en pasar por encima de las obligaciones que su cargo les impone para hacer primar compromisos personales y políticos. Mientras el Gobierno en sus declaraciones expresaba su confianza en la justicia alemana y de que Honecker tendría todas las garantías de un Estado de derecho, en la práctica desconocía sus afirmaciones, ya que durante siete meses se negaba a entregar al señor Honecker impidiendo que fuera juzgado por los tribunales de dicho país.

El desenlace de este caso no puede, por motivo alguno, considerarse un éxito diplomático. Por el contrario, confirma nuestra permanente crítica por la falta de claridad y competencia con que el asunto fue tratado.

En efecto, es oportuno recordar que el enviado especial del Gobierno chileno, don Roberto Cifuentes, afirmó que Honecker no sería obligado jamás a abandonar la Embajada y que se esperaría su salida voluntaria. Sin embargo, el propio Presidente de la República reconoció que se le había quitado la calidad de huésped al ex mandatario y, por tanto, exigido su salida de nuestra sede diplomática.

En esta oportunidad, estimamos que es útil reflexionar sobre los resultados concretos logrados al concluir este caso. Una vez que Honecker fue conminado por las autoridades chilenas a salir de la embajada en Moscú, el gobierno ruso de inmediato lo entregó a Alemania, manteniendo inalterable la orden de expulsión con la cual el ex mandatario había ingresado a la Embajada chilena. En otras palabras, Rusia no alteró su posición inicial.

Por su parte, el Estado alemán exigió desde un comienzo, con energía y sin vacilaciones, como única solución, la entrega del señor Honecker a los tribunales de justicia de ese país. Luego de largos siete meses, Chile terminó por acceder a dicha presión y Honecker terminó en una prisión alemana para ser juzgado.

Los huéspedes del Gobierno chileno, al abandonar nuestra sede diplomática, no manifestaron precisamente su agradecimiento a nuestro país. Por el contrario, Erich Honecker, por escrito, habría expresado su protesta por tener que salir forzadamente de nuestra Embajada, mientras su cónyuge habría manifestado que tenía la sensación de encontrarse en una prisión.

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué logros puede mostrar Chile en este caso?

Resulta sorprendente, entonces, la declaración oficial de la Cancillería, en la que textualmente afirma: "Que los objetivos y criterios que el Gobierno de Chile había establecido respecto de este complejo caso, se han cumplido a cabalidad." Es tan increíble como lamentable. Sólo palabras para tratar de explicar lo inexplicable, y de justificar lo injustificable. Ellas no sirven para explicar a la opinión pública el porqué Chile se incorporó, torpe y gratuitamente, en este caso, de cuyo resultado final sólo nos queda la amarga sensación no sólo de lo inútil y absurda de esta intromisión, sino, lo que es peor, de la grotesca y contradictoria demostración de incompetencia diplomática.

En esta oportunidad, Renovación Nacional hace un llamado a la Cancillería para que en un acto de honestidad y veracidad dé cuenta al país, por intermedio del Congreso Nacional, con claridad, de todos los antecedentes de este absurdo episodio internacional en que involucró al país, aunque sea para salvar, a última hora, el prestigio internacional del país seriamente dañado en este caso.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, conforme al Capítulo IV de la Constitución Política de la República, las relaciones internacionales de Chile son de directa responsabilidad del Gobierno. En concordancia con lo anterior, el Presidente de la República y sus ministros soberanamente elaboran, coordinan y ejecutan las políticas a realizar en tal sector.

Por su parte, el Capítulo V de la misma Carta Fundamental consigna lo que debe ser la labor del Congreso Nacional, especificándose que una de las funciones principales de los Diputados es la de fiscalizar los actos del Gobierno, en términos de asegurar que ellos se ajusten a la Constitución y a las leyes, a la vez que cautelen el honor y la seguridad de la nación.

En el fiel respeto a lo que constituye la separación de los Poderes del Estado y a los deberes que la normativa constitucional le impone a cada institución de la República, la bancada de Diputados de la UDI y de Renovación Nacional, bajo sus firmas, solicitaron esta sesión especial en la convicción de que el triste y confuso desarrollo de todos los acontecimientos vinculados al llamado "caso Honecker", exigen de una serena pero enérgica fiscalización de todas las autoridades de Gobierno que han participado en él.

En esta iniciativa no nos mueve otro norte que el cumplimiento de nuestro deber, ni otro espíritu que esclarecer si todos los actos de la autoridad se han ejecutado conforme a la Constitución y a las leyes y, más que nada, si se ha cautelado adecuadamente en ellos el honor, la dignidad y la seguridad de la nación.

Muchas son las dudas y reparos surgidos por las informaciones de prensa, tras estos casi 230 días de lo que varios han llamado "un bochorno internacional".

Las primeras de estas interrogantes nacen desde el momento mismo del ingreso del señor Honecker a nuestra Embajada en Moscú. Nos parecen desde ya inaceptables para la esencia de lo que constituye nuestra soberanía las informaciones que aseguran que el señor Honecker fue acogido inicialmente bajo nuestra bandera por la sola decisión de quienes dependían del Embajador señor Almeyda, sin consulta previa a la Cancillería chilena.

Nos preocupan, adicionalmente, los informes en cuanto a que tal ingreso había sido previamente concordado entre ambos involucrados, sin que el Gobierno chileno hubiera conocido aquello con la debida antelación.

Finalmente, nos parece inaceptable que el señor Almeyda hubiera mantenido su condición de Embajador hasta varios meses después de verificada su inconsulta decisión unilateral de actuar por sí solo en tan delicada y comprometedora situación para el país.

Otro grupo de dudas nos surge a partir de la concesión de la calidad de huésped al ex jerarca alemán. No alcanzamos a comprender los fundamentos de fondo para otorgarle tal status jurídico, ni menos captamos la consistencia entre esa protección jurídica y el desamparo de que fue objeto siete meses después. Por equivocados que fueran los fundamentos para proteger a un ciudadano, resulta difícil aceptar que pretendidas razones sobrevinientes culminaran con la entrega del protegido por aquellos en los cuales buscó amparo. Da más bien la impresión de que el hospedaje sólo ha representado una pérdida de tiempo, un descrédito internacional y una inutilidad manifiesta.

De la misma manera, nos merecen serios reparos las interrelaciones que en estas materias se han dado entre el Gobierno y la Concertación gobiernista. Nos parece censurable que, por ejemplo, altos dirigentes del Partido Socialista hayan planteado públicamente que peligraba la subsistencia de la Concertación si Honecker era expulsado de nuestra embajada en Moscú.

Nos resulta increíble que ello no hubiera generado reacciones de protesta posteriores del Gobierno por el trasfondo de la indebida intervención partidista en asuntos de Estado que ello suponía.

Nos parece profundamente inadecuado, también, el alineamiento producido por funcionarios de gobierno tras la figura del señor Almeyda en razón exclusiva de su filiación política sin extrapolar tal decisión al daño que significa para una adecuada solución al problema.

Desde otro ángulo, nos parece lamentable lo que se está configurando como el epílogo de esta situación. Resulta decepcionante comprobar que la argumentación de la Cancillería chilena en cuanto a que la salida del señor Honecker en Moscú fue voluntaria, aparezca desarticulada públicamente por los abogados de éste que explican al mundo entero que, en verdad, fue desprotegido jurídicamente por Chile en términos que no tuvo otra alternativa que abandonar nuestra legación.

Nos parece lamentable que contra lo afirmado por el Canciller, los diarios más importantes de la prensa mundial hablen de que, al final, a Honecker se le dieron 10 minutos para dejar el edificio de la embajada. Asimismo, no alcanzamos a comprender qué hacían los soldados rusos alrededor de nuestra Embajada al momento en que el Embajador Holger señalara a Honecker que debía abandonarla, ni menos aún la inexplicable circunstancia bajo la cual fue un vehículo del Gobierno chileno el que transportó al señor Honecker en dirección al avión que, con los motores en marcha, esperaba llevarlo a la cárcel alemana.

De un modo sumario, entonces, creemos que en este caso han existido graves y demasiadas contradicciones y errores que ameritan ser analizados por quienes fiscalizamos a la autoridad. Precisamente, en el interés de despejar muchas de las dudas que este incidente internacional nos ha merecido, a través del señor Presidente de la Corporación queremos plantear al Canciller las principales interrogantes que hasta ahora el caso nos merece.

1. - Por ejemplo, efectividad de que el equipaje del señor Honecker estaba en nuestra embajada en Moscú, varias horas antes de que éste solicitara el asilo.

2. - Efectividad de que el señor Honecker había conversado con el embajador Almeyda su deseo de ingresar a la legación chilena varios días antes de la decisión.

3. - Efectividad de que el Gobierno de Chile nunca supo los deseos del señor Honecker de asilarse en la embajada chilena, sino hasta varias horas posteriores a la fecha en que éste materializó su decisión.

4. - Efectividad de que el Embajador Almeyda, a través de quienes en ese instante permanecían en la embajada, acogió al señor Honecker antes de solicitar instrucciones a la Cancillería chilena.

5. - Efectividad de que pocos días después del ingreso del señor Honecker a la Embajada chilena, el Partido Socialista hizo ver al Gobierno que se retirarían de la Concertación si en ese entonces el ex jerarca alemán era obligado a abandonar nuestra embajada en Moscú.

6. - Razones por las cuales se le dio al señor Honecker su calidad de huésped después de ingresado en nuestra Embajada y las razones de su mantención, luego de determinar que no estaba enfermo como lo había señalado.

7. - Efectividad de que el Canciller calificó originalmente este incidente internacional como un problema menor.

8. - Efectividad de que el Gobierno decidió recurrir a los oficios del embajador de carrera, señor Holger, a la vista de la incapacidad del Embajador Almeyda para solucionar adecuadamente la situación.

9. - Efectividad de declaraciones de personas del Partido Humanista, miembros de la Concertación, en cuanto a que el Gobierno chileno habría recibido grandes presiones de la Cancillería alemana para que se le hiciera entrega de Honecker.

10. - Resultado de la investigación realizada por el Canciller a raíz de la filtración a la prensa de las cartas que se le enviaron a las autoridades de Alemania y Rusia durante la vigencia de este conflicto.

11- Efectividad de que al señor Honecker le fue retirada su calidad de huésped sin su conocimiento previo.

12. - Efectividad de que el señor Honecker debió abandonar la embajada chilena luego de una advertencia del Gobierno de que disponía de 10 minutos para hacerlo.

13. - Efectividad de que había tropas del Gobierno ruso alrededor de la embajada chilena al momento en que el Embajador Holger notificaba a Honecker del término de su calidad de huésped y que, incluso, estos contingentes entraron en nuestra legación.

14. - Efectividad de que el señor Honecker abandonó la embajada chilena en un automóvil de nuestro país, con destino directo al aeropuerto donde lo esperaba un avión para llevarlo detenido a Alemania.

15. - Efectividad de que varias donaciones y créditos, provenientes de Alemania hacia Chile, habrían sido suspendidas, o al menos retrasadas, mientras el señor Honecker estuviera dentro de la Embajada chilena.

16. - Costo para Chile de la mantención del señor Honecker por más de 220 días en nuestra embajada y todas las gestiones necesarias para terminar con tal situación.

17. - Situación del señor Almeyda dentro de la Cancillería chilena, durante los últimos 7 meses.

18. - Número de casos en que el Gobierno chileno ha quitado la calidad de huésped a quienes anteriormente se había concedido tal status.

19. - Antecedentes sobre qué situación jurídica nueva se produjo entre las partes involucradas en el conflicto, desde el primer día en que el señor Honecker entró a la embajada y el de su salida, luego de 7 meses de permanencia en ella.

Señor Presidente, lamentamos el manejo del caso Honecker por el Gobierno y, si el Canciller lo desea, esperamos que se nos aclaren las dudas planteadas, que, a nuestro juicio, han dañado profundamente a la patria.

He dicho.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, en representación de la bancada demócrata- cristiana, intervengo en esta sesión especial convocada para discutir la situación producida por la permanencia del señor Honecker en la Embajada de Chile en Moscú.

Nuestro análisis tratará de ubicar el debate en tomo del caso Honecker en la sucesiva y objetiva relación de hechos producidos. Además, servirá para apreciar la falta de fundamentos válidos y serios que ha tenido la Oposición para hacer presente sus críticas sobre la materia.

El ingreso del señor Honecker se produce el 11 de diciembre de 1991. Como se expresara en una declaración pública de la Cancillería chilena emitida el 12 de diciembre del mismo año, justificó su actitud de ingresar a la embajada de Chile en

Rusia, en el hecho de que con fecha 10 de diciembre, mediante nota, fue notificado por los señores Ministros de Justicia, de Relaciones Exteriores y de Interior de la Federación Rusa, que debía abandonar dicho país en un plazo de 72 horas. Además, señaló que las autoridades rusas habían omitido otorgarle documentación que le permitiera abandonar Rusia por su propia voluntad.

Ante este ingreso de Honecker a la embajada chilena, el Gobierno de nuestro país resuelve:

a) Recibirlo en la embajada en calidad de huésped.

b) No concederle calidad de asilado político.

c) Sin perjuicio de permitirle ser huésped de la embajada-chilena en Rusia, no prejuzga respecto de su situación jurídica frente a los cargos concretos de Alemania.

d) Señalarle que mientras las autoridades rusas -soviéticas en ese entonces- no resuelvan los recursos administrativos que elevara el señor Honecker a esa consideración, podrá permanecer en la embajada de Chile, en calidad de huésped.

Al 11 de diciembre, fecha de ingreso del señor Honecker a la Embajada chilena, la justicia alemana señala que había dictado orden de arresto en su contra emanada de juicios por disparos que terminaron en muertes en la frontera interalemana. El Gobierno alemán, desde marzo de 1991, había solicitado insistentemente a las autoridades de la Unión Soviética de entonces que devolvieran a Honecker a Alemania, ya que había sido trasladado subrepticiamente desde la Base Soviética de Beelitz a Moscú. La Unión Soviética no lo hizo, sino que determinó la necesidad de que hiciera abandono del país antes del 13 de diciembre de 1991.

Chile no concedió el asilo, puesto que a juicio de nuestro Gobierno, no se daba la condición de persona natural de otro

Estado que fuera objeto de persecución política por parte de las autoridades rusas o alemanas.

Además, entre Chile y Alemania y entre Chile y Unión Soviética -de ese entonces-, no existe tratado que regule el asilo territorial.

Chile indicó que debía respetarse el Derecho Internacional. Para ello, se estimó que existían dos textos internacionales aplicables al caso: el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la Resolución 2.312, de la XXII Asamblea de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1967.

Estos principios son:

1. - En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país. (N° 1 del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

2. - Este derecho no puede ser invocado contra una acción judicial originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. (N° 2 del artículo 14 de la Declaración).

3. - No podría invocar el derecho de buscar asilo o de disfrutar de éste ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados por considerar que ha cometido delito contra la paz, delito de guerra o delito contra la humanidad, como los que señala el N° 2 del artículo 1° de la Resolución 2.312 de la XXII Asamblea de las Naciones Unidas.

En la situación del señor Honecker, por los antecedentes señalados, al derrumbarse el poder de la República Democrática Alemana e integrarse ésta a la República Federal Alemana, no existían elementos objetivos que hubiesen permitido fundamentar la condición de perseguido político o ideológico de las actuales autoridades alemanas.

En la antigua República Federal Alemana y en la Alemania de hoy, categóricamente no se violan los derechos humanos y toda persona que debe ser juzgada tiene la seguridad del debido proceso.

El Gobierno, y en particular el Presidente de la República de Chile, siempre señaló que la calidad de huésped del señor Honecker en nuestra embajada era temporal. Tanto es así, que en misiva enviada al señor Boris Yeltsin, Presidente de la Federación Rusa, S.E. el Presidente de Chile le indica la condición de huésped temporal del señor Honecker en la Embajada de Chile en Moscú. Y en esta comunicación, consecuente con la posición que siempre mantuvo el Gobierno de Chile, el Presidente Aylwin le indicó al Presidente ruso que la solución justa a la situación del señor Honecker debía ser la consecuencia de un entendimiento entre Chile, Rusia y Alemania y debía contener tres condiciones básicas:

a) Partir de los compromisos contraídos;

b) Considerar las normas del derecho internacional vigente;

c) Respetar los principios humanitarios.

Tan clara fue la posición del Gobierno chileno, que Su Excelencia dispuso la nominación como embajador en misión especial ante los gobiernos de Rusia y Alemania del señor James Holger, lo cual se hizo presente tanto al Gobierno del señor Yeltsin como al del señor Kohl.

El 4 de marzo, el Presidente Yeltsin, en carta dirigida al Presidente Aylwin, coincide plenamente con los términos que éste le señalara frente a la búsqueda de una solución del caso Honecker. En esta nota, Yeltsin señala la coincidencia de "surgir buscando una solución justa del problema, partiendo de los compromisos asumidos, las normas del derecho internacional vigente, así como los principios humanitarios.".

Otro factor importante a considerar es el contexto existente en el momento en que se produjo el ingreso del señor Honecker a nuestra embajada, dado que era relevante la clara situación de inestabilidad política existente en Rusia cuando se determinó su expulsión.

La Cámara de Diputados, en su análisis, debe considerar que, con posterioridad al ingreso del señor Honecker a la Embajada chilena, Alemania presentó acusación formal en contra de él por delitos penados en su legislación vigente. También hay que tener en cuenta que los rusos rechazaron, durante largas negociaciones sostenidas, la petición de modificar la orden de expulsión del señor Honecker.

La circunstancia de la salida desde la embajada chilena del señor Honecker permite calificar la eficacia de la acción política ejercida por el Gobierno chileno, y en particular, el excelente trabajo mediador del embajador especial señor James Holger.

Los hechos así lo están demostrando:

a) Chile fue consecuente en mantener el respeto a las normas del derecho internacional frente al caso.

b) El señor Honecker salió voluntariamente de la embajada, luego que se le indicara el término de la temporalidad de su calidad de huésped.

Chile consideró, como correspondía, que al dejar el señor Honecker nuestra embajada, dicha persona quedaba a disposición plena de la jurisdicción de las autoridades rusas.

Por otra parte, el Gobierno de Chile reconoció siempre la potestad que Alemania tiene para juzgar al señor Honecker en esa nación, por los delitos que se le pudiesen imputar y acreditar.

Por todas estas razones, no tenemos dudas de que los chilenos han sabido aquilatar la equidad, el respeto a la justicia y a los principios básicos del derecho internacional, y la moderación en el accionar político que ha desarrollado el Gobierno de Chile frente a este caso.

Esta fue una conducta consecuente del Gobierno chileno y, en particular, del embajador especial señor Holger.

Estimamos indispensable destacar que algunos personeros de la Derecha, que han sido críticos frente a la solución dada por el Gobierno de Chile al caso Honecker, han tenido una posición francamente contradictoria con la defensa permanente de estos principios, ya que ellos los olvidaron en el pasado; los violaron grosera y sistemáticamente, negando asilo cuando correspondía; sobrepasaron la inmunidad diplomática; permitieron el ataque a embajadas y, reiteradamente, no respetaban las normas básicas del derecho internacional; desconocían la autoridad y las resoluciones legítimas de las organizaciones internacionales; mantuvieron agentes ilícitos en el exterior para perseguir y, en algunos casos, asesinar a chilenos.

Por último, expreso que las bancadas de la Concertación presentaremos ante la Honorable Cámara un proyecto de acuerdo en conjunto, para decepción de la Derecha, en el que reconocemos las acciones políticas internacionales desarrolladas por el Gobierno de Chile, y señalamos que para nosotros, la mayoría de los chilenos, el caso Honecker se encuentra concluido.

He dicho.

- Aplausos.

El señor CAMINONDO.-

Señor Presidente, la diplomacia chilena se ha caracterizado históricamente por su seriedad y confiabilidad, lo que le ha valido a nuestro país el respeto de la comunidad internacional.

Dicha tradición, que fue ganada con el esfuerzo de generaciones de hombres públicos de diversas tendencias políticas, se ha roto con el caso Honecker y el prestigio del país ha sufrido un gran daño, muy difícil de reparar.

La política exterior debe promover los intereses permanentes y generales del Estado, por lo que no es posible -como ocurrió con el caso que hoy analizamos- anteponer compromisos personales y partidistas a los intereses generales de la nación.

En los siete meses en que Erich Honecker estuvo en nuestra sede diplomática en Moscú, las autoridades del Gobierno chileno recurrieron a diversos fundamentos legales, humanitarios y políticos para justificar de algún modo el haber recibido al jerarca de la desaparecida República Democrática Alemana, sin que ello nos permitiera conocer las verdaderas razones de tan lamentable decisión.

Para la opinión pública y la comunidad internacional, resulta insólito ver a un embajador actuando prácticamente por cuenta propia, sin consultar a la Cancillería, comprometiendo la posición nacional, afectando la relación con una nación amiga; y además que se dio el lujo de discrepar públicamente con el Presidente de la República.

Por otra parte, el señor Ministro de Relaciones Exteriores se empeñaba en señalar que se trataba de un problema de nivel menor, e ignoraba hasta los más mínimos detalles de la entrada de Honecker en la Embajada chilena.

Completó el triste espectáculo que dimos al mundo la declaración del Presidente de la República, quien, para evitar un quiebre en la Concertación, asumió la responsabilidad de los errores cometidos por la embajada y la Cancillería.

La serie de presiones que aceptó el Gobierno chileno, tanto internas como externas, lo llevó a caer en una serie de contradicciones que causaron profundo daño a la imagen del Estado chileno. Conviene recordar, en este momento, la fuerte posición del Gobierno alemán, que desde el inicio de este caso exigió la salida del ex gobernante, declarando que su país consideraría como un acto hostil la posibilidad de que Chile diera asilo a Honecker.

En tanto, a nivel nacional, el Presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, en entrevista concedida al diario La Nación el 15 de marzo del presente año, anunciaba una crisis en la Concertación gobiernista si Honecker era entregado a las autoridades rusas o alemanas.

La sesión a que asistimos constituye la ocasión propicia para plantear al señor Ministro de Relaciones Exteriores una serie de interrogantes que tiene el país sobre este caso, y que esperamos sean aclaradas.

¿Quién permitió el ingreso del matrimonio Honecker a nuestra embajada? ¿Estaba enterado el embajador chileno, señor Clodomiro Almeyda, de este hecho o para él fue una sorpresa? El Presidente de la República afirmó que la embajada y la Cancillería actuaron según sus instrucciones. ¿Significa esto que conocía con anticipación la entrada del ex dictador comunista a nuestra sede diplomática o sólo apoyó hechos consumados? ¿Cómo es posible que se haya hecho creer al mundo que Érich Honecker sufría una grave enfermedad y a los pocos días se comprobaba que su salud era perfecta? ¿Qué validez jurídica tiene la calidad de huésped que otorgó a Honecker el gobierno chileno y cuáles son los instrumentos internacionales que la regulan? ¿Cuáles fueron las razones por las que se tuvo que esperar más de siete meses para adoptar una decisión, que fue la misma que solicitó Alemania al inicio de este caso? ¿Cuáles fueron las razones que impulsaron al Gobierno chileno para terminar con la calidad de huésped otorgada al señor Honecker y qué concesiones se exigió al gobierno alemán?

¿Cuáles son las razones que justificaban tener a Clodomiro Almeyda como nuestro representante diplomático en Moscú, si se debió recurrir a enviados especiales del Gobierno chileno para solucionar este caso? ¿Por qué no fue posible coordinar previamente en nuestro país la actuación que tendrían los enviados del gobierno James Holger y Roberto Cifuentes para que no brindáramos al mundo el triste espectáculo que significaron sus públicos desacuerdos? ¿Puede alguien sostener fundadamente que Chile puede practicar una política internacional sujeta a la conveniencia de algún partido de la coalición de Gobierno? ¿Por qué si reconocíamos que Alemania garantizaba la aplicación de todos los principios e instituciones de un estado de derecho, debimos esperar más de siete meses para que Honecker fuera llevado a sus tribunales? ¿Por qué se dijo que Honecker no sería obligado a abandonar nuestra sede diplomática y, posteriormente, se le pide salir de ella? ¿Por qué se informó que Honecker había salido voluntariamente de nuestra embajada, en circunstancias de que el ex jerarca manifestó por escrito habérsele quitado su calidad de huésped?

Solicitamos que todas estas interrogantes nos sean aclaradas, para poder identificar con claridad quiénes fueron los verdaderos responsables de estos hechos, que tantos daños han causado al país.

He dicho.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, los parlamentarios socialistas, al igual que nuestro partido, a través de toda su historia han reafirmado, la tradición de nuestra patria de considerar el asilo diplomático o asilo político, y también el asilo territorial, como un derecho que le asiste a todo extranjero acusado de un delito político, al que se persigue en un proceso también de carácter político.

Estimamos, entonces, que al señor Erich Honecker debió concedérsele el asilo político en el instante mismo en que buscó ayuda y protección en nuestra embajada en Moscú, situación que nuestro partido destacó en numerosas declaraciones públicas, como también en dos cartas dirigidas al señor Presidente de la República el 13 de diciembre del año pasado y el 9 de marzo pasado.

No pensaba dar información respecto de ellas, porque no contamos con la autorización del Presidente ni tampoco se la hemos pedido, pero las expresiones expuestas por la bancada de la Derecha me obligan a señalar la parte final de una de ellas:

"Por las razones expuestas, el Partido Socialista de Chile considera que el asilo político es la forma jurídica apropiada para superar esta situación y salvaguardar los principios de nuestra mejor tradición. No obstante, estamos dispuestos a favorecer cualquier solución razonable que el gobierno chileno pueda propiciar para resolver efectivamente este caso, con el consentimiento libre del Sr. Honecker y su familia.".

Esta carta, distinguidos colegas, en ninguna parte dice que se pone en peligro la Concertación, sino que señala que está en juego el prestigio y la tradición histórica internacional de Chile respecto del asilo.

Lo anterior, fundado en lo dispuesto en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, el que a la letra dice: "1°.- En caso de persecución, toda persona..." -no hace distinción de si proviene de un país con un gobierno de facto o democrático- "... tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él en cualquier país.". No dice de qué naturaleza.

Luego, es de la esencia del asilo diplomático o político proteger a un gobernante vencido en la contienda política respecto de la revancha y la supuesta o eventual represión de su vencedor. Así, nadie discutió el asilo que Estados Unidos concedió a Ferdinand Marcos ni el que Francia otorgó a Duvalier ni el que Fulgencio Batista obtuvo en Portugal.

Destaco que esta opinión es compartida por otras personas de un mundo ideológico distinto del que represento. Así, por ejemplo, don Hermógenes Pérez de Arce, preguntándose sobre "¿El fin de los principios?", ha sostenido en un artículo publicado en el diario "El Mercurio" de Santiago, textualmente que: "El Derecho de Asilo siempre ha sido reconocido por la doctrina en favor de los autores de delitos políticos. A la vista de estos antecedentes, la Cancillería chilena debió solicitar a su similar de Rusia un salvoconducto para Honecker y procurar traerlo al país, dejando abierto a las autoridades Alemanas el derecho de impetrar la extradición ante la Corte Suprema, la cual, para emitir su fallo, habría analizado en particular el punto de si Honecker ha sido o no autor de delitos comunes o que sean extraditables según los tratados o el Derecho Internacional".

Consecuente con lo anterior, no ha sido feliz, por decir lo menos, haber dado importancia a circunstancias irrelevantes en el caso Honecker, como la gratitud o amistad personal con el requirente o exigir a su respecto "un debido proceso judicial", dejando de mano lo verdadero y jurídicamente decisivo, esto es, la calificador explícita del hecho denunciado como delito común o delito político; calificación que debió además tomar en cuenta que el requerido lo era por un Estado distinto en el cual se habrían cometido los delitos y el país que aplicaba la medida originariamente había desaparecido.

La doctrina, como he señalado, no exige que se califique al gobierno requirente como de facto o democrático para otorgar el derecho al asilo, puesto que él procede en ambos casos, por la sola calificación del delito político.

Sin embargo, teníamos esperanza de que a lo menos Rusia diera cumplimiento al artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, firmado tanto por este país, como por Alemania y Chile, el que dice en su parte pertinente: "se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas".

Nada de ello ha ocurrido. La expulsión de Honecker de Rusia a Alemania es simplemente, como lo reclamó el afectado, una extradición de facto. Siete funcionarios rusos y cuatro autos de igual nacionalidad, en el interior de nuestra sede diplomática, sirvieron para asegurarse que Erich Honecker saliera en diez minutos de la Embajada.

La acusación, no probada ni formulada ante tribunal competente, de que Erich Honecker estaría conspirando desde la embajada chilena contra el gobierno ruso, puso punto final a largas conversaciones bien inspiradas por nuestro Gobierno, pero que rompen con las mejores tradiciones del país en materia de asilo.

Una versión no procesada en tribunal alguno y narrada por el gobierno ruso solamente ha significado romper con la tradición chilena respecto del asilo político o diplomático.

Señor Presidente, los socialistas a lo largo de nuestra historia hemos defendido el derecho de opinar de todas las personas respecto de cualquier tema, incluso respecto de los delitos que se hubieren cometido tras el muro de Berlín. Pero así como defendemos el derecho a opinar, defendemos también el derecho que tienen todas las personas, incluso los extranjeros, a ser juzgados y procesados por los tribunales competentes.

El señor Honecker, en cambio, ha llegado a Alemania sin haber sido sometido a un proceso de extradición judicial, ha sido acusado en dicho país sin estar encausado, se le han formulado cargos al solicitar su expulsión y se estima que será sometido a proceso recién en tres meses más. El caso puede estimarse concluido para Chile, pero ofende, obviamente, al derecho internacional y a la condición humana.

Finalmente, quiero decir que Andrés Bello, con treinta años como oficial mayor en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sostuvo que "el asilo es un derecho del infortunio y una obligación del gobierno cuya protección se implora".

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada de Diputados del Partido por la Democracia quiero, brevemente, fijar nuestra posición a este respecto.

Escuchando las palabras vertidas por los personeros de la Derecha, queda de manifiesto que las críticas que se formulan a la política exterior del Gobierno del Presidente Aylwin en esta materia carecen de todo fundamento.

Son tres los aspectos de este asunto que podrían llamar a cuestionamiento la actitud de nuestra Cancillería: primero, que no se le concedió asilo político al señor Honecker; segundo, que no debió habérsele permitido el ingreso a nuestra sede diplomática y, tercero, que no debió haber sido entregado a las autoridades rusas en la oportunidad y forma ocurridas. Creo que ninguno de estos tres aspectos puede ser objeto de críticas.

En primer lugar, el asilo político no corresponde respecto del señor Honecker. La doctrina del infortunio que efectivamente sentó don Andrés Bello es anterior a otra, que es mucho más importante, que tiene que ver con el establecimiento de los crímenes de lesa humanidad y la protección de los derechos humanos a nivel universal.

El señor Honecker está requerido por un estado democrático, como el alemán, con plena vigencia del estado de derecho y con tribunales independientes, por delitos de lesa humanidad, por delitos cometidos como agente del Estado. No es un ciudadano que busca asilo para protegerse de acciones arbitrarias; es un agente de un Estado totalitario que se derrumbó, que busca protección para garantizar su impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante más de treinta años.

Las Naciones Unidas en esta materia han sentado jurisprudencia una y otra vez, a la que el Honorable señor Dupré ha hecho alusión en forma muy correcta.

El derecho de asilo no puede ser invocado por actos opuestos a los propósitos y principios de Naciones Unidas. La violación a los derechos humanos son actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, de modo que el asilo político no correspondía ni corresponde en el caso del señor Honecker, quien está donde debe estar, ante un tribunal independiente de un estado democrático para responder por las atrocidades cometidas durante su dictadura. Si no corresponde el asilo político, en consecuencia, planteémonos si la embajada chilena debió o no haberlo dejado ingresar a la sede diplomática. En este punto también la Cancillería y el embajador Almeyda y el que lo sucedió actuaron correctamente.

Por principios humanitarios, cuando una persona busca el amparo de una sede diplomática, la tradición americana del asilo, distinta de la europea, indica que esa persona debe ser acogida, no necesariamente para que se culmine en el asilo, sino que para examinar los fundamentos de la petición, porque es el país requerido el que puede juzgar y determinar si el asilo corresponde o no. Y eso es exactamente lo que ha hecho nuestra Cancillería. Le abrió las puertas al señor Honecker para investigar por qué requería asilo, y mientras arbitró las medidas para que se cumplieran los principios del derecho internacional, lo mantuvo en calidad de huésped. El procedimiento no es para nada inédito, como recordará el señor Presidente de la Cámara presente en la Sala, quien fue huésped de la Nunciatura Vaticana en Chile durante la dictadura militar hasta que se le concedió salvoconducto para viajar a Italia.

El artículo 13 del Tratado de Derechos Civiles y Políticos no ha sido violado y, por el contrario, respetado rigurosamente por el Gobierno de Chile, porque sólo cuando se cumplieron sus presupuestos se autorizó la salida del señor Honecker de la Embajada.

¿Qué dice el artículo 13?

"El extranjero que se halla ilegalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello -la expulsión proviene de una resolución de la Federación Rusa-, "se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente...".

La Federación Rusa designó autoridades competentes, y no corresponde al Gobierno de Chile calificarlas, sino al país que está requiriendo la expulsión de su territorio, más allá del principio de la extraterritorialidad de la embajada. Eso se hizo en la especie y hay una resolución mediante la cual el embajador Holger comunica al señor Honecker la decisión de la autoridad competente, no imparcial, según dispone el Tratado de Derechos Civiles y Políticos. Se podrá sostener que sería mejor que fuera una autoridad imparcial, pero la ley publicada en nuestro Diario Oficial sobre este tratado internacional habla de autoridad competente.

Aún más, faculta al país que quiere expulsar de su territorio a un ciudadano por razones de seguridad del Estado, para negarle el derecho de concurrir ante una autoridad competente. En este caso, eso no sucedió, sino que se recurrió ante una autoridad competente, la que rechazó la petición del señor Honecker.

Si no corresponde el asilo, porque se trata de un violador de los derechos humanos -por lo menos, en nuestro concepto- requerido por un país donde hay pleno imperio del estado de derecho, con tribunales independientes, que es un presupuesto del asilo, dado que cuando éste se concede se emite un juicio de valor respecto del país cuya jurisdicción pretende obtener competencia sobre el acusado, porque se está diciendo que no hay garantías. Si no hay asilo, si la situación de huésped era razonable para obtener una acusación formal en su contra y para que se cumplieran los presupuestos del Tratado de Derechos Civiles y Políticos, corresponde referirse al tercero y último punto.

¿Hizo bien o mal el Gobierno de Chile en poner término a la condición, eminentemente temporal, de huésped del señor Honecker? Evidentemente, no tenía otro camino, por cuanto no correspondía el asilo, dado que se cumplieron los presupuestos del Tratado de Derechos Civiles y Políticos y, por lo tanto, la calidad temporal de huésped había terminado.

Concentrarse en una letanía de preguntas absurdas respecto de si se le comunicó diez minutos antes o diez minutos después, no va al fondo del problema. Lo esencial es que se le informó que se había dado cumplimiento riguroso a todas las normas del derecho internacional; que no era él un sujeto del asilo político, por las razones que aquí he dado, que creo la enorme mayoría de los parlamentarios presentes comparten, y que, por lo tanto, había llegado la lamentable y triste hora de poner término a su estadía en calidad de huésped y enfrentar su responsabilidad ante la historia y ante su pueblo.

Por lo tanto, nuestra Cancillería y nuestro Gobierno han actuado con toda propiedad en esta materia y el Partido por la Democracia le entrega su más irrestricto respaldo y apoyo.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, cuando el Diputado señor Coloma habló con tanto énfasis de bochorno diplomático, pareció olvidar la vergüenza que todos los chilenos sentimos cuando el dictador fue repudiado por el mundo y se vio obligado a regresar, despreciado por el otro dictador de Filipinas.

El Honorable señor Caminondo ha recordado que el señor Canciller dijo que éste era un problema menor. Sí, señor Presidente. El país, en el orden internacional, ha sufrido problemas mayores: el asesinato de Orlando Letelier, el crimen del General Prats, el atentado a Bernardo Leighton, amparados todos sabemos por quién. Efectivamente, eran problemas mayores. El ingreso del anciano Honecker, sin duda constituye un caso menor.

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Dentro de los cinco minutos de que dispongo, procuraré plantear la posición de la bancada radical-socialdemócrata, con la convicción de que nuestro Gobierno ha procedido con la misma altura y dignidad con que la diplomacia chilena ha sido conducida durante los gobiernos democráticos que han existido en nuestro país. Ha sido éste un proceso complejo e inédito, donde cada decisión no tenía precedentes.

Nuestro pueblo siempre ha sido solidario y humanitario. Por ello acogió como huésped o refugiado al señor Honecker, en la convicción de que el asilo invocado entonces no era procedente, pues en la situación del ex mandatario no convergían los requisitos para concederlo; entre ellos, la ausencia de persecución política -como se ha recordado aquí- el carácter de los delitos imputados, todos comunes, y la indiscutible certeza de que el país requirente es un estado de derecho, lo que también ya se ha señalado. Estos principios se encuentran expresamente consagrados en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y en otras resoluciones de las Naciones Unidas, que estimo innecesario reiterar en esta oportunidad. .

Es útil recordar también que los delitos comunes imputados al señor Honecker han sido debidamente especificados. Ello implica la certeza jurídica de que sólo podrá ser juzgado por esos delitos y por ningún otro, lo que refuerza la convicción del Gobierno de Chile de que su juzgamiento se encausará dentro del marco del proceso justo, y revestido de todas las garantías procesales.

No deseo olvidar el tema de la eventual reciprocidad, fundamento del derecho internacional, que ha sido invocado reiteradamente durante el desarrollo de estos hechos, puesto que la República Democrática Alemana recibió un gran número de chilenos perseguidos por el gobierno militar. Creo útil recordar también que tales situaciones no son similares, debido a la seguridad, fundamentada en hechos irredargüibles, de que en la Alemania unificada no existe una dictadura como la que había entonces en Chile, que pueda poner en riesgo el derecho del señor Honecker a ser juzgado por un tribunal fundamentado en principios de derechos universalmente reconocidos.

Hay quienes han sostenido que de parte del Gobierno existía una posición vacilante frente a esta materia, lo que es absolutamente falso. Al respecto deseo recordar que el 12 de diciembre de 1991, al día siguiente del ingreso del señor Honecker, nuestra Cancillería fijó su posición con claridad meridiana, y ahí se sostuvo la imposibilidad jurídica de concederle asilo político y la decisión del Gobierno de Chile de recibirlo en calidad de huésped temporal en la embajada chilena.

A lo anterior se agrega la circunstancia debidamente mencionada en esa declaración de que las autoridades rusas habían omitido otorgarle documentación para abandonar la Unión Soviética. En aquel entonces, el propio señor Honecker había reconocido -como lo ha recordado el señor Schaulsohn- la competencia de las autoridades rusas, al pedir por escrito a los presidentes Gorbachov y Yeltsin la revisión de la orden de hacer abandono del territorio ruso, por contradecir normas del derecho internacional.

De esta manera, repito, fue el propio señor Honecker quien validó a la instancia administrativa que debía resolver la situación que lo afectaba.

Señor Presidente, ha finalizado un largo proceso diplomático. Los Diputados de estas bancadas reconocemos la altura y dignidad con que el Presidente de la República se presentó frente al mundo que, en uno u otro sentido, deseaba soluciones distintas; y la firmeza de nuestra Cancillería que ha sabido conducir estas difíciles negociaciones. El país puede hoy observar que se actuó conforme a los principios del derecho internacional, respetándose la tradición de hospitalidad que ha sido tan querida y celosamente mantenida con orgullo por todos los chilenos.

He dicho.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, en primer término, quiero referirme al argumento esgrimido por el señor Ministro en cuanto a que la Oposición sería contraria al nombramiento de embajadores políticos. Nada más ajeno a la verdad. La Oposición es tan partidaria de nombramientos políticos en el caso de embajadores como de que existan embajadores profesionales, de carrera. Pero el profesionalismo es una exigencia que se impone a ambos tipos de embajadores; no es una exigencia que queramos imponer a aquellos que han seguido la carrera funcionaría y no a quienes actúan en embajadas con nombramientos de origen netamente político.

Desde nuestra perspectiva, el Gobierno, en el caso Honecker, antepuso sus propios equilibrios internos por sobre los que convergen en una auténtica política de Estado. ¡Qué asimetría tan grande en la conducción de los dos Estados cuando enfrentan dificultades! El caso Honecker versus el caso Beckert, ocurrido hace casi 100 años en nuestro país, son significativos para ilustrar la conducción de un gobierno y la de otro cuando enfrentan situaciones diplomáticas difíciles.

Pero, ¿por qué el Gobierno permite que se origine y se mantenga este problema? La dificultad se origina en forma exclusiva por su decisión de amparar a Honecker, en contravención con el derecho internacional.

Así como en el mundo civil y penal las infracciones llevan aparejadas penas o reparaciones, así también en el ámbito de las relaciones internacionales los Estados son responsables de sus ilícitos.

Frente a una persona que es requerida por la justicia de un Estado de Derecho, como es Alemania, el Gobierno de Chile adoptó la decisión de cometer el ilícito internacional que consiste en proteger al señor Honecker; impidió con ello la acción soberana rusa y, por su intermedio, logró durante ocho meses obstaculizar la justicia de un país libre.

El ilícito internacional debe ser reparado retrotrayendo las cosas de manera de hacer posible la aplicación del Derecho. En este caso, procedía desde un principio -como ocurrió al final- entregar a Honecker a las autoridades soberanas de Rusia, que a su vez cumpliría con su obligación internacional de repatriación para el juzgamiento por parte de un país que cumple con todos los requisitos como para no ser considerado un Estado que perseguía ilegítimamente a Honecker.

Pero, Chile, en vez de allanarse a cumplir con el derecho, opta por argumentar razones humanitarias falsas, y luego formula planteamientos jurídicos, a nuestro juicio, impertinentes.

La calificación del asilo es, en la práctica, irrelevante, vistas las cosas como sucedieron. Aunque el Gobierno quiso llamarlo hospedaje, produjo en favor de Honecker, durante 8 meses, los mismos efectos que se obtienen del asilo. Mientras en el caso del asilo político la decisión del Estado que lo otorga no menoscaba la soberanía del Estado perseguidor, en el caso del asilo diplomático sí que se trata de una intervención directa en la soberanía del Estado perseguidor, expresada en la sustracción del fugitivo de la acción de la justicia de otro Estado o por el expediente ilegítimo de ignorar la soberana decisión de un Estado para resolver la permanencia de un extranjero que ingresó ilegalmente en su territorio.

Esto es lo que Alemania reclamó, con razón, como también lo hizo Rusia, durante ocho meses. Tan clara y sólida era su posición jurídica, que nunca se movieron de ella a pesar de las pretensiones del Gobierno chileno. Chile debió allanarse desde un principio, como correspondía después de otorgado el hospedaje, y notificar al señor Honecker, tan pronto conociera las circunstancias jurídicas y sus obligaciones internacionales, para que en forma involuntaria, como en la práctica ocurrió al final también, pese a las promesas que le formularon partidarios de la Concertación, la necesidad de abandonar la embajada.

Desde la Oposición, también enfatizamos los instrumentos jurídicos en juego, que fueron violados, a nuestro juicio, abiertamente. Lo hicimos con la independencia que nos otorga el no haber lisonjeado al señor Kohl cuando estuvo en Chile y el haber discrepado con claridad con quien está a la cabeza del Estado alemán, como también con la tranquilidad que nos da el haber tenido una opinión humanitaria, representada por Senadores y Diputados de nuestro partido, cuando ellos, creyendo que el Gobierno decía la verdad en cuanto a la gravedad del estado de salud de Honecker, se mostraron partidarios de buscar soluciones que le diesen facilidades, con el objeto de que estuviese sus últimos días acompañado de su familia in artículo mortis. Pero las razones eran falsas, según se ha comprobado hasta la fecha. Aún fueran verdaderas, el amparo humanitario exige ciertas condiciones que en el caso no se reunían.

Fue el Gobierno quien aseguró, a través de su embajador en Alemania, don Carlos Huneeus, que Honecker padecía de cáncer terminal. Así, hay una cita- textual del embajador que señala que es sumamente delicada la salud del señor Honecker, debido al cáncer terminal que, en cualquier momento, puede agravar el estado general. Lo decía el 21 de febrero de 1992, según aparece en "Las Ultimas Noticias", lo cual refuta el informe médico que inexplicablemente Chile pide a Rusia, parte interesada en el caso.

Quienes han argumentado en favor de Honecker han sostenido que se trataba de un perseguido político. Pero, ¿quién lo perseguía? ¿La Stasi, la KGB, la CIA? ¿Quién? ¿Quién lo perseguía? En verdad, lo requería el Estado de Derecho alemán y no lo perseguía nadie.

Recordemos algunos hechos jurídicos. La policía buscaba al señor Honecker desde el día 30 de noviembre de 1990, en cumplimiento de una orden de detención emanada del Juzgado de Primera Instancia de Berlín -Tiergarten-, en la causa rol 351. El requerido burla la acción de la justicia; se refugia en un hospital, en territorio soviético, en la parte oriental de Alemania -Beelitz-, entonces recientemente reunificada. Luego, camuflado en transporte de enfermos, huye a Moscú amparado bajo la acción ilícita del ejército rojo. Ingresa y permanece ilegalmente en la URSS.

Con el derrumbe de la URSS, Honecker pierde la protección antijurídica de sus antiguos aliados. Los sucesores en el poder de la Rusia reemergente le conceden un plazo de gracia especial, hasta las 24 horas del 13 de diciembre de 1991, para abandonar el territorio ruso, so pena de ser trasladado a Alemania. En el intertanto, el señor Honecker estaba sujeto a arresto domiciliario, el que sustituyó gracias a la acción del Gobierno de Chile, que dispuso el traslado del matrimonio Honecker para ser hospedado en la misión chilena.

Lo que no puede aceptarse como argumento es la pretensión, tantas veces esgrimida, de que la disolución de la URSS constituía este caso en muy complejo, y que requeriría de mucho tiempo de reflexión y de negociación. Ello era falso, pues los hechos eran los mismos y el derecho también. Rusia, sucesora de la URSS, en Moscú, sabía cuáles eran sus derechos y no apañó nunca sus obligaciones.

Lo que no puede olvidarse es el argumentó en cuanto a que Chile exigió que Alemania formalizara acusación en contra de Honecker; pero eso no podía requerirlo Chile y en todo caso estaba equivalentemente cumplido, a lo menos desde marzo de 1991. Tanto es así, que el propio Honecker, amparado ilícitamente por la URSS, aceptó la jurisdicción de los tribunales alemanes al recurrir de amparo. La sentencia del 6 de marzo de 1991 denegó el amparo, pero acogió en parte la apelación en cuanto a reducir la acusación a instigador, de conformidad al propio derecho de la RDA.

Por ello, podemos afirmar con seguridad que también resultó impertinente y fuera de todo lugar, una verdadera cortina de humo, cuando el Gobierno sostuvo que protegía a Honecker mientras no hubiese acusación formal. Además de no corresponder a Chile realizar examen del derecho interno alemán, el argumento era inútil, pues no sólo estaba legalmente requerido, sino que también se agregaban en su contra otros juicios, con acusaciones tanto o más graves que las primeras.

Si el señor Honecker no era un perseguido político, ¿por qué el Gobierno de Chile no hizo lo que debió hacer desde un principio: ponerlo a disposición de las autoridades rusas y no bloquear su acción? ¿Por qué, sabiendo el derecho, colocó obstáculos arbitraria y abusivamente? La respuesta está sólo en apariencias en una nueva fantasía jurídica que inventa el Gobierno.

En efecto, después de aprovecharse durante meses de la inmunidad diplomática, el Gobierno opta por invocar el artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Su invocación a esta disposición es completamente inadecuada. Exhortar su aplicación es equivalente a decir "transgredo el derecho y luego exijo satisfacción de mis propias responsabilidades a los estados ofendidos".

En otras palabras, el que se mantiene durante ocho meses en transgresión del derecho internacional intenta que el atropellado, Rusia, acepte renunciar a sus derechos soberanos y permita que Honecker incoe un juicio ante los tribunales rusos.

La notificación del embajador Holger practicada anteayer nos da la razón en la improcedencia del argumento.

Chile no tiene autoridad para calificar los procedimientos rusos, como tampoco los de ninguna nación. Sostener lo contrario equivalía a decir que Chile, sabiendo que Honecker había entrado ilegalmente a la URSS, se proponía aprovecharse de su propio dolo, exigiendo un proceso previo a su expulsión, como si la norma del artículo 13 incluyese un recurso jurisdiccional para quien se encontraba en forma ilegal en Rusia.

La política exterior chilena no puede traducirse en un ajuste de intereses partidistas de la Concertación.

¿Por qué el Gobierno se resistió tanto a cumplir con el derecho internacional? Decíamos que la razón del artículo 13 era sólo aparente, y lo decíamos porque la verdadera razón está constituida por dos fibras que conducen en general la acción de este Gobierno: mantener la Concertación y asegurar una candidatura única de ella para las próximas elecciones.

Cumplir el derecho, en el caso Honecker, desde un principio, desde las 48 horas que había ocurrido el hospedaje -naturalmente las 48 horas incluía un hospedaje humanitario-, conspiraba contra esos hilos conductores de la política de este Gobierno. Había que dar tiempo para "sosegar" a los socialistas, a fin de que no armaran mucho alboroto, como el que hemos visto en las tribunas. En el fondo, persuadirlos a que sus acciones no fuesen más que testimoniales.

Si no fuese así, no se explica por qué, si coincidimos en parte con los planteamientos formulados por el Diputado señor Schaulsohn, no se redujo el tiempo de la decisión del Gobierno para resolver el caso Honecker.

Ese es el punto de diferencia con otros partidos políticos. Nosotros participábamos en un principio de la idea de refugiarlo u hospedarlo, dados los argumentos de persecución y de salud del señor Honecker que el gobierno nos invocaba y que eran falsos. Pero pocas horas después, el Gobierno ya sabía cuál debía ser su posición jurídica al respecto.

Es muy penosa la conclusión a la que hemos llegado, como también comprobar, señor Presidente, que el Gobierno, a nuestro juicio, colaboró para sustraer a Honecker de la acción de la justicia; asiló a Honecker durante ocho meses, en contravención al derecho internacional; ha faltado a la obligación de ser transparente ante la opinión pública; ha ocultado información durante mucho tiempo a este Parlamento; ha realizado en este caso una gestión torpe y carente de profesionalismo; ha dañado con su acción el prestigio internacional de Chile, pues los Estados observarán las vacilaciones y la vaguedad con que Chile se posiciona ante acontecimientos importantes; ha expulsado a Honecker contra su voluntad, abandonándolo a él y a sus aliados socialistas en el Gobierno, no obstante haberles creado expectativas de apoyo infundadas; ha creado las condiciones para que se ejerzan presiones extranjeras sobre nuestro país, a no actuar oportunamente y en conformidad con el derecho internacional.

Este patético episodio, de intentar justificar la conducción que ha hecho el Gobierno en esta materia, añade un elemento más al juicio negativo que se formula de la conducción de la política exterior.

Resultaba, a nuestro juicio, mucho más honesto, en lugar de dilatar la situación durante ocho meses, haber tomado una decisión respecto del señor Honecker a las 48 ó a las 70 horas o en el tiempo que se tomaran para examinar los antecedentes jurídicos y los instrumentos internacionales de los cuales Chile es parte y está obligado a respetar.

Lamentamos profundamente la acción del Gobierno en esta materia y, al mismo tiempo, la situación desmedrada en que se encuentra el señor Honecker, antes bienvenido en la Alemania de Kohl, por todas estas vacilaciones y con toda esta gestión, a nuestro juicio, que conforma el error diplomático más grande de nuestra historia republicana.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Señor Presidente, antes de iniciar mi exposición, deseo señalar al Diputado señor Mekis, por su intermedio, que nuestra Comisión de Relaciones Exteriores ha requerido oportunamente todos los antecedentes sobre este caso y ellos han estado siempre a disposición de los señores parlamentarios.

En el caso que analizamos, no procede concluir que su solución se deba a la presión de otros Estados y a una comprensible y humana solidaridad. Su trato y solución, a mi juicio, ha sido coherente con las normas del derecho internacional público que lo regulan, única guía que pueden y deben tener naciones como la nuestra.

En efecto, en esta situación hemos tenido a la vista las normas del asilo diplomático, que es una institución jurídica de origen latinoamericana. Se refieren a él, entre otras, la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, de 1933, de la cual Chile es parte.

En detalle, podemos decir que el asilo diplomático solamente procede por razones de persecución política. La calificación es una facultad del Estado asilante, y no es lícito concederlo a los inculpados de delitos comunes. En este caso, los delitos comunes que la justicia alemana imputa al señor Erich Honecker, se refieren a muertes en la frontera interalemana y a acusaciones sobre malversación de fondos públicos. El asilo sólo puede acordarse en caso de emergencia cuando el que lo solicita se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad.

A la luz de lo expuesto, y teniendo presente que ni Alemania ni Rusia son parte de los convenios sobre asilo político, a mi juicio, no procedía el otorgamiento de tal estatuto al señor Honecker, como erradamente fue solicitado por algunos parlamentarios de Derecha. Aún más, tampoco se deban, de conformidad con los antecedentes de hecho de que se disponen, los presupuestos para su asilo diplomático, porque no es un perseguido político y en Alemania hay un estado de derecho.

Cabe referirse entonces a la figura del refugio temporal o huésped de delegación establecido en el derecho internacional, tal como aparece en la declaración de la Cancillería del 11 de marzo y que se fundamenta en consideraciones humanitarias. Ella ha sido utilizada, señores Diputados de Oposición, por aquellos estados que no reconocen la institución del asilo diplomático como derecho. La misma práctica internacional que reconoce la figura de refugio temporal establece que, cuando cesa el peligro que se cierne sobre la persona del refugiado y existe la expectativa racional de que será objeto de un juicio justo y regular, cesan los motivos que justifican el refugio. En consecuencia, no hay transgresión al derecho internacional por parte de nuestro Gobierno.

Por todo lo anterior, comparto la línea central en esta materia: haberle otorgado a Erich Honecker la calidad de huésped en nuestra embajada en Moscú por razones estrictamente humanitarias. Mi opinión habría sido distinta, y me habría definido por el asilo, si, entre otras circunstancias, el país requirente estuviese organizado en forma de dictadura de cualquier tipo, apellido o clase y donde los jueces son meros instrumentos del aparato estatal opresor.

La República de Alemania puede tener muchos defectos, pero nadie puede dudar que en ese país existe hoy una democracia real, con pleno respeto a los derechos de las personas, donde el Poder Judicial está separado del Parlamento, desde donde emana el Gobierno, y donde el acusado Erich Honecker tendrá la posibilidad de .ejercer sus derechos y defenderse en propiedad, tal como ya lo han hecho otros altos dignatarios de la ex Alemania Oriental y que hoy, bajo proceso, gozan incluso de libertad provisional.

Señor Presidente, he conocido recientemente opiniones de comentaristas, incluso de parlamentarios, quienes han afirmado que en este caso nuestro país ha perdido prestancia. Discrepo de tales opiniones. En este caso, no buscado por nuestro Gobierno, nos hemos conducido coherentemente, ajenos a presiones y a comprensibles solidaridades. Nos hemos conducido en este difícil y complejo caso conforme al derecho, en forma objetiva y serena, en la cual no hay pérdidas ni ganancias ni logros. Sólo hay una conducta digna y recta de un modesto pero orgulloso país.

He dicho.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero informar a la Cámara y a la opinión pública que nuestra intervención tiene una limitación de tiempo, por cuanto hemos otorgado una parte del mismo al Diputado señor Mario Palestra, quien expondrá en nombre de otro sector político, puntos de vista que consideramos de suficiente relevancia como para ser conocidos por este Parlamento.

Queremos reiterar lo que son los conceptos básicos de la posición del Partido Socialista, expresados, por cierto, con un grado importante de subjetividad, de la que no es ajena ni el derecho penal ni el procesal ni el internacional.

Lo hacemos porque muchos de nosotros no estaríamos en esta tribuna y en esta Cámara de no haber sido posible el derecho de asilo que, desde nuestro punto de vista, constituye la piedra angular y fundamental de cualquier institucionalidad democrática. Lo hemos dicho en forma privada y pública y en carta enviada al Presidente de la República a las horas de producido el ingreso de Erich Honecker a la embajada de Chile en Moscú, con la absoluta convicción de que el asilo correspondía no sólo a criterios jurídicos, que podrían ser encontrados, sino que además, y por sobre todas las cosas, a la tradición chilena en estas materias.

Por esa razón, hemos mantenido y mantendremos la discrepancia con la solución final dada a este incidente de carácter político-diplomático. Lo hemos advertido a la opinión pública, en el sentido de no compartir los términos en los cuales la Cancillería ha informado a nuestro país respecto de sus decisiones finales.

Consideramos que constituye una falacia la argumentación de la derecha política, expresada en especial minutos atrás por el Diputado señor Mekis, en orden a considerar que no concurrían aquí los requisitos exigidos para el ejercicio del derecho al asilo. Nos extraña ahora, luego de los improperios que sus más importantes representantes expresaron en forma personal al Canciller Helmut Kohl en este mismo Parlamento hace algunos meses atrás, que se venga a hacer una apología del Estado actual de Alemania, exaltándolo en sus virtudes, con fines de descalificar, por la vía de la imagen, nuestra argumentación referida al derecho de asilo, que no dice relación con el carácter del Estado afectado, sino que con una conquista del derecho internacional. El asilo resguardaba incluso el derecho del Estado alemán de ocurrir ante los tribunales de justicia en Chile para requerir la extradición del señor Honecker.

Debe saber el señor Mekis que la diferencia entre los socialistas y el sector que él representa es que para nosotros los derechos humanos son universales, sus titulares son todas las personas y no hacemos discriminación entre ellas.

En el fondo, hemos quedado prisioneros de una comedia de equivocaciones. La de la Derecha, al vestirse hoy con un ropaje democrático, que no tiene; de una parte de ella al hacer escarnio de la política internacional del Gobierno de la Concertación, la misma que no pudo ser desarrollada por la dictadura, un régimen opresivo que indujo el más profundo aislamiento de Chile en el concierto internacional como nunca antes en su historia. A propósito de este incidente se quiere desconocer que el país, durante el Gobierno de la Concertación, ha hecho grandes avances en materia de política internacional. Por este problema, cuya resolución por cierto, insistimos, el Partido Socialista no comparte, se pretende hacer descalificaciones.

También hemos quedado prisioneros de la política de equivocaciones del Partido Comunista, el cual en tomo a esto, quiere hacer también testimonialismo en contra del Gobierno de la Concertación.

Nosotros no formamos parte de la comedia de equivocaciones y se lo decimos al país con la frente en alto.

¡Por cierto que nuestra posición tiene un grado de subjetividad: la subjetividad de los que fueron perseguidos, la subjetividad de los que gozaron del derecho de asilo, la subjetividad de los que no estaríamos aquí si no hubiésemos sido recibidos en otros países, circunstancia que no descalifica la validez del ejercicio de esa institución de acuerdo con el derecho internacional y de acuerdo con la tradición chilena!

He dicho.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, me hubiera gustado poder contar con el tiempo necesario para expresar clara y completamente mi opinión acerca del tema que nos ha reunido aquí.

Quiero dejar establecidas algunas cosas fundamentales.

En primer lugar, no me siento interpretada por la intervención del colega que habló en nombre del Partido por la Democracia. Soy, como él, vicepresidenta de dicha colectividad, y no comparto todos los términos de su intervención. Quiero que quede muy claro, porque si estamos reconociendo el derecho de Alemania a juzgar a Honecker, no nos podemos convertir en jueces condenándolo de antemano. Me parece una contradicción inaceptable.

En segundo lugar, quiero decir que es asombrosa y sobrecogedora la hipocresía de la Derecha al pretender cuestionar la política internacional de Chile con motivo de este hecho, diciendo, además, que los Estados son responsables de sus ilícitos, como lo ha dicho el Diputado Mekis. Jamás se han preocupado de la responsabilidad de quienes tuvieron en sus manos el poder durante los 17 años de dictadura.

Por otra-parte, lamento que este tema haya sido tratado, como decía el Diputado Escalona, como una comedia de equivocaciones. Bien decía Marx que la historia no se repite, y cuando se repite, lo hace en forma falsa. Ojalá Honecker también hubiera afrontado, como lo hizo Dimitrov hace años atrás, la responsabilidad de defender sus posiciones y sus ideales. Ojalá lo haga ahora.

He dicho.

El señor GUZMAN.-

Señor Presidente, quiero comenzar mi intervención haciendo un recuerdo al señor Canciller: la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del 18 de marzo, a solicitud de él, fue secreta.

La declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del 10 de marzo pasado señala textualmente: "El señor Honecker residía en Moscú bajo la protección del Presidente de la Unión Soviética, señor Gorbachov, a la vez que era reclamado por la justicia de la República Federal Alemana, que había dictado una orden de arresto para que compareciera a declarar en un juicio iniciado en su contra por la responsabilidad que le pudiese caber por la orden de disparar en contra de quienes intentaron cruzar la frontera interalemana. Además, de pedir a las autoridades de la Unión Soviética, en ese entonces, que devolvieran al señor Honecker, Alemania solicitó, a través de Interpol, su detención para que se iniciaran los trámites de extradición. Esta solicitud incluyó también a nuestro país.

"El 11 de diciembre de 1991 el señor Honecker se presentó en la residencia del Embajador de Chile en la Unión Soviética, a la que ingresó en los vehículos y con la escolta que las autoridades soviéticas habían puesto a su disposición. El Encargado de Negocios, a cargo de la embajada, por encontrarse el embajador Almeyda en Chile, procedió a informar a nuestra Cancillería que el señor Honecker había puesto en su conocimiento que el día anterior los Ministros del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de la Federación Rusa lo habían notificado que debía abandonar el territorio de dicho país en un plazo de tres días, y de no hacerlo, sería expulsado por la fuerza a la República Federal Alemana; que el señor Honecker también le informó que las autoridades rusas no le habían otorgado documentación para abandonar la Unión Soviética y le agregó que ese mismo día había solicitado por escrito al Presidente de la Unión Soviética, señor Gorbachov, y al de la Federación Rusa, señor Yeltsin, una revisión de la orden de abandonar el territorio ruso".

En el punto 3 se dice lo siguiente: "Como se señaló en esa declaración, el estatuto de huésped que se concedió al señor Honecker en nada prejuzgaba para su situación jurídica. Dicha calificación -esencialmente transitoria- fue dada en este momento exclusivamente por razones humanitarias y en espera de lograr una solución conveniente para las partes involucradas a través de los contactos de alto nivel, cuya naturaleza exigía la reserva correspondiente".

Con fecha 14 de diciembre del año pasado, el Presidente Aylwin dirigió una carta al Presidente de la Federación Rusa, señor Yeltsin, en la que, junto con reiterar que el señor Honecker no era acreedor al asilo político, expresaba que en consideración a su avanzada edad y a su delicado estado de salud, debería buscarse una solución que le permitiese recibir un adecuado tratamiento médico, ya sea en un país que estuviese dispuesto a recibirlo para tales efectos o mediante otros medios que pudieran significar recibir ese tratamiento sin estar sujeto a apremios.

Asimismo, con fecha 16 de diciembre, el Presidente de la República se dirigió al Canciller Kohl, expresándole que, "sin ser el propósito del Gobierno de Chile otorgar asilo político al señor Honecker, en atención a su precario estado de salud, no puede hacerlo abandonar el lugar donde se encuentra, al menos mientras se busca una solución para su caso". En la carta le sugiere, además, la posibilidad de estudiar en conjunto entre los Gobiernos involucrados en el asunto, dentro del marco del derecho y la equidad, el camino que corresponda seguir.

"El 12 de febrero del presente año, nuestra embajada en Rusia nos transcribió un informe médico del jefe de la Policlínica Especial de la Dirección General de Servicio al Cuerpo Diplomático, de la doctora Sharkova, donde se señalaba que el señor Honecker padecía de una grave enfermedad. Pero, en un segundo informe médico queda claro que la salud es estable y no reviste peligro.".

Vamos a la realidad. Caben serias dudas, y esas son las preguntas que necesitan respuesta a fin de esclarecer el asunto sobre la llegada del señor Honecker y la señora Margot Honecker a la embajada de Chile en Rusia. Ha trascendido que dicha llegada habría sido organizada por el embajador Almeyda, y se asegura que, con antelación a su llegada, ya estaban las pertenencias del señor Honecker dentro de la sede diplomática.

El señor Almeyda se encontraba en Chile cuando el señor Honecker llega a la embajada y es recibido por el encargado de negocios. Pero yo me pregunto si el señor Honecker y la señora Margot entraron con autorización expresa del Gobierno a la embajada en Rusia o fue una situación de hecho, preparada y urdida por el embajador Almeyda.

Se nos declara a los pocos días, a través de ese mismo informe oficial, que por una necesidad de lesa humanidad, ante el estado terminal en que se encuentra el señor Honecker, Chile tiene la obligación de mantenerlo y de buscar una salida jurídica al problema que enfrenta. Este consiste en no tener permanencia ni residencia legalizada en la Unión Soviética en ese instante y después, al quedar dentro de la embajada de Chile en Rusia, no contar con papel o documento alguno que le otorgue una calidad temporal de permanencia en dicho país.

De esta situación nacen los problemas, y la Cancillería chilena, frente a estos hechos y dado el posible quiebre interno dentro de la Concertación, empieza a dar pasos errados. Su Excelencia él Presidente de la República aparece aceptando la culpabilidad y haciéndose cargo de la autorización de huésped temporal del señor Honecker en la embajada. De ahí se intenta, en una negociación tetrapartita entre Honecker y las Cancillerías chilenas, rusa y alemana, buscar una salida decorosa a este molesto incidente. Tal salida decorosa no se logra.

A mayor abundamiento, el grupo de los siete, en que Alemania goza de una posición muy importante, acuerda entregar 24 mil millones de dólares de ayuda a Rusia, con lo que se entiende claramente que la petición que formulara el señor Honecker a través de su señora a la Cancillería rusa, en la cual solicita se le conceda asilo temporal, saliendo de la embajada chilena, haya sido denegada.

Después de 7 meses y 18 días de encontrarse en esta calidad poco clara, de huésped o de protegido dentro de la embajada chilena en Rusia, se le saca en forma involuntaria.

La conclusión que le planteo al señor Canciller es la siguiente: transcurrieron 7 meses y 18 días de un triste espectáculo internacional para la Cancillería chilena, y después de todo ese tiempo no sacamos nada en claro. No se encontró la salida jurídica, primó la imposición del más fuerte, acatada por el más débil, con un gran daño a la imagen de la diplomacia chilena y a nuestras relaciones internacionales.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, deploro los incidentes protagonizados en esta tribuna por representantes del Partido Comunista, que de una manera planificada y organizada buscaron la forma de provocar los hechos de que fuimos testigos.

Me parece lamentable, sobre todo porque entre esas personas se encontraban algunos ex parlamentarios y otras que pretenden encontrar puestos de representación pública.

En cuanto al tema para el cual se nos ha convocado en esta sesión especial, considero que después de las diversas intervenciones desde las bancadas de la Derecha, lo único que queda claro es que existe el intento, no logrado por cierto, de descalificar la acción internacional del Gobierno, específicamente en este campo y, a través de eso, extrapolar los argumentos y cuestionar la política exterior global de Chile.

Pretensión ridícula por cierto, porque precisamente esos sectores son los que respaldaron un gobierno militar que durante toda su triste historia desarrolló una política exterior realmente lamentable, al transgredir los principios y las normas del derecho internacional y desarrollar acciones que, muchas veces, pusieron a nuestro país en una situación de vergüenza respecto de la comunidad internacional.

Desde ese punto de vista, considero importante remarcar algunas contradicciones que han manifestado algunos sectores de Derecha. Hace algunos meses, los parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional levantaban sus voces requiriendo que se le otorgara el refugio o la calidad de asilado al señor Honecker.

Por ejemplo, el Diputado señor Ulloa declaraba que no encontraba razón alguna para negar el derecho a vivir en Chile al señor Honecker. También las opiniones del Senador Ortiz de Filippi son conocidas. El Presidente de Renovación Nacional, señor Allamand, indicó que se debía buscar una solución pactada y que el asilo era factible en la medida en que existiera acuerdo entre las partes. El Senador Jarpa, en primera instancia, fue partidario de traer a Honecker a Chile y exigió que el Gobierno garantizara la adopción de decisiones soberanas de nuestro país respeto de este punto, sin aceptar presiones de carácter internacional. Después varió su posición y propuso nombrar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado -Acnur- como una instancia de mediación para terminar con este problema.

De manera que si analizamos las propuestas, las opiniones y los planteamientos de la Oposición, tanto de los partidos como de los parlamentarios, en primer lugar podemos concluir que existieron contradicciones muy profundas entre miembros de una misma organización y, en segundo lugar, advertimos una evolución y un cambio en el tratamiento del problema hasta llegar a esta sesión, donde el único reclamo que tiene cierta coherencia es que habría existido una cierta dilación, porque no queda claro cuál es la postura de la Oposición con respecto a la forma en que el Gobierno de Chile tenía que encararlo. ¿Era el refugio? ¿Era el asilo? ¿Era la entrega inmediata y automática a las autoridades rusas para que Honecker fuera directamente a los tribunales alemanes? ¿Era la búsqueda de una mediación? ¿Cuál es, en definitiva, la opinión concreta de los sectores de Oposición?

Hay confusión, hay ambigüedad, hay contradicción, salvo en un punto que, insisto, es un poco el objetivo de esta reunión convocada por los Diputados opositores: cuestionar la prestancia, la calidad y la forma en que la política exterior de nuestro país, en particular la Cancillería, asumió este problema.

Por eso, considero importante reafirmar brevemente algunos aspectos de este caso. Se ha dicho que el Gobierno de Chile, por decisión presidencial, adoptó la postura de no conceder la calidad de refugiado al señor Honecker, pero sí la de huésped transitorio, lo que genera un proceso en el cual el Gobierno de Chile activa la búsqueda de una solución, de una fórmula coherente con los principios y las normas del derecho internacional, las situaciones de carácter humanitario y los diferentes aspectos vinculados a las relaciones internacionales de Chile.

Hay una queja, un reclamo, en cuanto a los meses que transcurrieron. Sin duda, siempre existió la intención de solucionar esta cuestión en el más breve plazo.

Pero, como ha sido reconocido en varias intervenciones, la solución no sólo dependía de nuestro país. Había que generar una fórmula que fuera aceptada por las partes, considerando entre ellas al señor Honecker. De manera que la afirmación de que hubo dilación me parece poco seria.

La decisión del Gobierno de Chile no es producto de las presiones internacionales, sino del convencimiento final, del agotamiento de los esfuerzos extraordinarios realizados para lograr una fórmula que permitiera la salida del señor Honecker de la embajada. En este sentido, la actuación de la embajada, la de la Cancillería y la del Gobierno han sido correctas. Porque si Chile hubiera entregado al señor Honecker a los pocos días de su ingreso a la embajada, en este mismo Parlamento se habrían levantado voces para señalar la poca prestancia de la decisión del Gobierno, al no haber agotado los esfuerzos por buscar soluciones jurídica y políticamente aceptables.

Además, hay hechos en los que el Gobierno de Chile no tiene la más mínima responsabilidad. En efecto, el problema de salud del señor Honecker -que varió indudablemente el criterio de acoger el caso por razones humanitarias- es de responsabilidad de una institución pública de Moscú, que atiende al cuerpo diplomático que, primero, emitió una certificación en un sentido y, algún tiempo después, cambió el diagnóstico, incluso con la participación de uno de los facultativos que entregó el primer informe.

Por otra parte, se ha mencionado el cumplimiento del artículo 13 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos: el conocimiento del caso del señor Honecker por una autoridad competente en Rusia. Sabemos que en ese país existe un proceso de carácter político, institucional y jurídico, a raíz del cual -tenemos que decirlo con franqueza- desde el punto de vista judicial, la situación es extraordinariamente compleja y la independencia de los tribunales es relativa. Por eso, cuando el señor Honecker obtiene el informe, también asegura el cumplimiento de esa disposición.

Quiero terminar indicando que la única discriminación odiosa en contra del señor Honecker es que, lamentablemente, al parecer, será el único dictador de la segunda postguerra que va a ser procesado por sus acciones.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, esta sesión no es sólo para analizar los criterios jurídicos tenidos a la vista en el caso Honecker, sino que, también, para tratar de determinar si existe o no responsabilidad política del señor Ministro y de los embajadores que nos representan en el extranjero.

Podemos discutir mucho sobre los fundamentos jurídicos de la Cancillería frente a los diferentes problemas, pero, tanto el planteamiento del Ministro como las aseveraciones formuladas por algunos Diputados han despertado varias dudas sobre la oportunidad y forma en que se resolvió el asunto Honecker entre Chile, Rusia y Alemania.

En el momento en que Erich Honecker ingresó a nuestra embajada -el 11 de diciembre pasado- manifestamos nuestro total rechazo a que permaneciera en ella y solicitamos que fuera inmediatamente conminado a retirarse. Honecker fue un dictador que no sólo obligó a 18 millones de personas a permanecer en su país, sino que las mantuvo prisioneras y las conminó, incluso, a pensar de acuerdo con la doctrina oficial.

Luego de escuchar las palabras del señor Ministro -quien ha tenido una dilatada carrera pública como Contralor General de la República y como Ministro del Tribunal Consitucional- realmente no comparto sus juicios. Muchas de sus expresiones han despertado en mí aún más inquietudes sobre la actuación de la Cancillería en esta materia. El señor Ministro se ha referido a muchos aspectos, pero también ha sembrado un manto de dudas.

Por ejemplo, nos planteamos ¿por qué Chile recibió a Erich Honecker en la embajada en Moscú? En ese momento, Alemania ya era un estado de derecho, y la circunstancia no cambió en los siete meses y días en que se mantuvo en nuestra embajada.

Por tanto, no existe modificación determinante que amerite que primero se le haya concedido la calidad de huésped y, siete meses después, esa condición no haya podido consolidarse en la institución del asilo, como lo expresaron algunos colegas.

Además, ¿por qué la embajada de Chile en Moscú resolvió estas materias en forma tan rápida, en circunstancias de que implicaba un problema? El Ministro ha señalado que, con anterioridad, en noviembre, la Cancillería emitió un dictamen negativo respecto del asilo. Ello significa que los organismos encargados de las relaciones exteriores, específicamente nuestra embajada en Moscú, tenían conocimiento de él.

¿Era tan urgente que la embajada le otorgara la calidad de huésped y, lo recibiera o esa situación se pudo prever, tomándose medidas para que no sucediera?

Sin lugar a dudas, el caso Honecker es un problema y constituye un error de principio a fin.

Sin duda, el primer problema surge cuando se permite el ingreso de Erich Honecker a la embajada, aparentemente contra la voluntad de las autoridades de Gobierno.

Pero, ¿cómo es posible que nuestro embajador en Moscú, con antelación recibiera sus enseres personales?

El Ministro atribuye dicha recepción y las elucubraciones que hacemos de ello a que la Oposición tiene una gran imaginación. En cambio, al Ministerio le imputo mucha falta de imaginación y de previsión para entender lo sucedido, porque si un embajador chileno recibe las cosas de un señor que tiene dificultades jurídicas, se puede presumir que también vendrá al lugar donde están las cosas.

También nos preguntamos ¿cómo es posible que esto se resolviera en Moscú sin antes haber consultado al Presidente de la República y a su Ministro por télex, fax o teléfono?

Nuevamente formulo la pregunta: ¿Quién decidió el ingreso de Honecker a la embajada? ¿Fue el embajador, que casualmente estaba en Chile? ¿Fue su señora, que casualmente estaba en Moscú? ¿O fue el Ministro, que casualmente estaba en El Quisco?

El Ministro aún debe dar respuesta a ésta y a otras materias.

Además, solicito al señor Ministro que nos conteste ¿por qué hubo que nombrar un embajador especial en Moscú y por qué hubo que enviar un emisario especial a Bonn, República Federal de Alemania? ¿Por qué mandar a Holger a Moscú, si teníamos a Almeyda? ¿Y por qué mandar a Cifuentes a Alemania, si teníamos a Huneeus? ¿Es que nuestros embajadores permanentes no están capacitados para solucionar estos problemas?

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, los representantes de la Concertación han abordado esta sesión especial con dos fórmulas.

Una, representada por el Diputado señor Escalona, que ha recurrido a la vieja táctica de culpar de todo al gobierno anterior y en forma impresionante ha vinculado este caso con los 17 años del régimen anterior.

La otra, del Diputado señor Schaulsohn y del Canciller, ha tendido más bien a festinar todas las interrogantes y calificarlas, uno, como letanías, y, el otro, como absolución de posiciones.

Pero, en los hechos, ninguna de las preguntas o de las afirmaciones sostenidas por los Diputados de la Oposición han sido contradichas, por lo que, evidentemente, quien calla otorga.

¡Duele reconocer que en este Gobierno haya embajadores que toman decisiones nacionales al margen de la Cancillería! ¡Duele reconocer que hay situaciones internas de la Concertación que dificultan la solución de los problemas del país! ¡Duele reconocer que se ha desamparado, cualquiera sea la fórmula política o jurídica que se busque, a alguien a quien se le concedió algún tipo de amparo! ¡Duele reconocer que el señor Honecker haya salido hacia la cárcel alemana, en vehículos chilenos! ¡Duele reconocer que en este complejo proceso internacional, el Canciller inicialmente haya hablado de que éste era un problema menor!

Pero, además de este reconocimiento, hay hechos nuevos. En primer lugar, que era previsible todo lo que ocurría. El embajador Almeyda nos habla de que los- muebles estaban en la embajada. Ahora, se ha expresado que existían dictámenes anteriores al ingreso de Honecker que señalaban que no procedía el asilo.

Con esos antecedentes, ¿cómo no se hizo nada para evitar este bochorno internacional y se esperan 7 meses para tomar una decisión como ésta?

Ahora, tenemos noticias de que no sólo las presiones se transforman en declaraciones del presidente del Partido Socialista, que dicen que si Honecker es entregado habría una crisis en la Concertación, sino que, además, se habla de cartas secretas entre él y el Presidente de la República.

También se dice que el señor Almeyda no tiene responsabilidades aparentes en este caso, por lo que no entendemos por qué no sigue a cargo de la embajada chilena en Rusia.

Y, por último, en cuanto al carácter del desenlace, se habla de éxito. ¿Cómo hablar de éxito con un Honecker desamparado? ¿Con un auto chileno que lleva al jerarca a Alemania? ¿Con el Canciller desvirtuado en todos los lugares del mundo?

Por último, tampoco parece creíble que la Concertación haya hablado de proceso culminado y sin problemas, cuando el señor Núñez está contra el Presidente, cuando el señor Valenzuela está contra el Canciller, cuando la señora Maluenda está contra el señor Schaulsohn.

Señor Presidente, aquí parece, más bien, que hay un asunto de lealtades, lealtades contrapuestas entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, lealtades contrapuestas entre Alemania y Honecker.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, quiero decir, con toda claridad, que no hay peores sordos que los que no quieren escuchar, ni peores ciegos que los que no quieren ver.

Tanto el Canciller como el resto de los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, han dado toda clase de respuestas a las ridículas interrogantes planteadas por la Derecha frente a un problema serio.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Entonces, hay que plantearse con claridad cuáles son los objetivos que perseguía la Derecha al pedir esta sesión especial. ¿El interés del país? ¿Los problemas de Estado?

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Está establecido que sólo tenían una intencionalidad política y demagógica. Y, lamentablemente para ellos, los que estaban arriba, en las tribunas, les robaron el "show".

Quiero decirles que, cuando con esta actitud la Derecha pretende erigirse en defensora de los derechos humanos en la persona del señor Honecker, en guardianes del prestigio internacional de nuestro país, en garantes de los principios o de la protección jurídica, hay que decir, con claridad, que carecen de autoridad moral para tener esa pretensión.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

¡No la tienen en materia de derechos humanos!

Todo el país sabe que durante diecisiete años justificaron las sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los chilenos. Menos aún tienen autoridad moral en materia internacional, porque de más está recordar que quienes manejaron las relaciones exteriores de nuestro país, militantes de sus partidos, fueron repudiados en todo el mundo. Tuvieron a Chile aislado internacionalmente; y si no, les recuerdo el "viajecito" que se pegó su General, quien tuvo que virar en "u" cuando viajaba a Filipinas.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

- Aplausos.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Tampoco van a conseguir el otro objetivo, más subrepticio, que perseguían con esta sesión: pretender dividir al Gobierno, a la Concertación; introducir cuñas en lo que es hoy una coalición política estable que da garantías de buen gobierno, de éxito y de eficiencia en la administración del país.

- Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Esa es la desesperación de una Derecha que ve en el actual gobierno un gobierno eficiente exitoso, respetado y querido en el mundo, incorporado en el mundo internacional. De manera que no aceptamos las especulaciones ni la crítica liviana, ni menos que se pretenda hacer un "show" con un problema que el Gobierno -en opinión de la Concertación- ha manejado con absoluta eficiencia y en forma adecuada.

Por eso, señor Presidente, todos los partidos de la Concertación hemos presentado un proyecto de acuerdo que establece, en primer lugar, una reafirmación de las orientaciones de la política exterior seguida por el Gobierno del Presidente Aylwin; en segundo lugar, que respetamos plenamente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, y, específicamente, su artículo 13, al cual el Gobierno chileno se ha atenido en el caso Honecker, lo que posibilita que el afectado recurra a una instancia imparcial para hacer valer las razones que lo asisten; y, en tercer lugar, que todos los partidos de la Concertación estimamos que el caso Honecker se encuentra concluido para Chile, no obstante -lo dejamos establecido- la diversidad de opiniones que se han suscitado sobre el tema.

Con ello, damos una demostración de madurez política frente al país en esta Honorable Cámara y, por eso, respaldamos la política exterior del Gobierno del Presidente Aylwin implementada por nuestro Canciller aquí presente.

He dicho.

- Aplausos.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los Honorables Diputados señora Cristi, doña María Angélica, y señor Ulloa.

Tiene por finalidad reemplazar la primera parte del artículo 3°, por la siguiente:

"Las Juntas Calificadoras estarán compuestas, en cada municipio, por los tres funcionarios de más alto nivel jerárquico, con excepción del alcalde, el juez de policía local y los funcionarios de confianza.".

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, la idea central y el argumento único y de fondo es el siguiente: De acuerdo- con la ley, los funcionarios de la exclusiva confianza no están sujetos a calificación. En consecuencia, resulta de toda lógica y coherencia que, al no ser calificados, tampoco puedan integrar la Comisión Calificadora. Ese es el sentido de la indicación, que nos parece de toda lógica y justicia.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, estamos en contra de la indicación, por varias razones.

En primer lugar, es necesario recordar que el proyecto fue objeto de un examen y concurso de voluntades en el Senado de la República. Ahí, donde existe una mayoría distinta a la de la Honorable Cámara, se procedió de esta manera y nosotros estamos de acuerdo con ella.

En segundo lugar, en la Administración del Estado, incluso en el Poder Judicial, los funcionarios de confianza, las más altas jerarquías, no son calificadas, pues son ellas precisamente quienes califican a los subordinados.

En tercer lugar, los funcionarios de confianza, que según la Ley Orgánica

Municipal son tres, por principio deben ejercer sus funciones igual que el resto. Si ostentan niveles jerárquicos de alto nivel, deben cumplir sus funciones, entre las cuales se encuentran precisamente las de calificar. No se ve razón alguna para que no puedan hacerlo, tal como sucede en el Supremo Gobierno e, inclusive, en la Corte Suprema respecto del Poder Judicial.

Aun cuando durante el gobierno anterior numerosos funcionarios de alto nivel ingresaron sin concurso alguno, sin normas claras para seguir una carrera funcionaría, ahora que los municipios son democráticos y va a existir una verdadera fiscalización y control, aceptamos que los funcionarios de confianza puedan desarrollar estas labores de calificación.

Si se piensa aritméticamente, sólo uno de los tres funcionarios de confianza integrará la junta calificadora y, en consecuencia, no va a existir un criterio político al respecto.

Por esas razones, nos oponemos a la indicación que se está analizando en estos momentos.

He dicho.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, si bien es cierto, esta indicación se rechazó en la Comisión, la repusimos por considerar que no tiene sentido que califiquen a los funcionarios personas que, probablemente, van a llegar al municipio junto con los nuevos alcaldes, ya que ellas no conocen al personal ni tienen la misma antigüedad que el resto de los miembros de la junta calificadora.

Ya dijimos antes que no es justo que esta gente no sea calificada, ni tampoco corresponde que califiquen a personas que no conocen, ya que recién se incorporan al personal del municipio. Creo que esto atenta contra el principio del sistema de calificaciones, cual es evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características del cargo, todo lo cual se relaciona con los ascensos, los estímulos y las obligaciones del servicio.

Le pido en forma muy seria a la Concertación que así como nosotros tuvimos altura de miras para considerar sus indicaciones y votarlas a favor, ellos aprueben también la que hemos presentado, pues no tiene sentido rechazarla.

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en esta materia quiero pedir un poco más de consecuencia con las conversaciones que previamente sostuvimos con algunos señores Diputados. Hubo algunos que desde el principio rechazaron la indicación, y otros que se comprometieron a aprobarla, pero que posteriormente han anunciado que la votarán en contra. La coherencia y la lógica de la norma hacen imprescindible que sea aprobada.

También deseo hacer presente que la mención que hizo el señor Ministro es equivocada, por cuanto la disposición no es transitoria; por el contrario, debiera quedar como permanente.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la modificación del actual sistema de calificaciones del personal de la administración pública y de la municipal reviste gran importancia. El proyecto se encuentra en trámite desde junio de 1990, y su aprobación se ha postergado porque la

Cámara aprobó la idea de facultar al Presidente de la República para dictar el reglamento correspondiente; pero el Senado, después de discutirlo durante más de un año, acordó el sistema de configuración de las juntas calificadoras que se propone en este proyecto. Así, han transcurrido dos años sin calificaciones.

La Oposición no presentó indicación explícita al respecto en la Comisión, y hoy día nos propone modificar la composición de las juntas calificadoras. Para lograr la reforma municipal, tuvimos que aceptar que gran cantidad de funcionarios, que nunca fueron de carrera, quedaran como jefes de unidades de los municipios. Si hubiesen sido funcionarios de carrera, la situación sería distinta, pero la mayor parte de los jefes de unidades, de las jerarquías municipales, aquellos que no serán de confianza a partir de octubre, no son funcionarios de carrera, porque fueron seleccionados más por lealtades políticas que por capacidades técnicas y administrativas.

Esto provoca un gran daño a los municipios, pero ésa fue una condición necesaria para obtener la aprobación de la reforma municipal.

Ahora nos proponen que las juntas calificadoras de los municipios sean integradas por las más altas jerarquías del personal, con exclusión de aquellos que son de confianza.

En verdad, con un criterio de largo plazo, si tuviéramos un sistema con jefes seleccionados y ascendidos mediante la carrera funcionaría, sería un planteamiento coherente; pero en el caso de los empleados que no han sido de carrera, que hoy son de planta, que, en virtud de la ley, quedaron en posesión de esa titularidad de los puestos, sin ser seleccionados ni promovidos por una carrera funcionarla, resulta poco razonable dejarlos, a cargo de las juntas calificadoras.

Ayer tuvimos una conversación con personeros de la Oposición y les hicimos ver que esto no es serio desde el punto de vista político, porque significa que, además de haber obtenido a través de la negociación de la Ley Orgánica Municipal que se mantengan a estas personas como jefes de unidad -que no siempre reúnen las condiciones, méritos y capacidades suficientes- van a tener la facultad de calificar al resto del personal.

Al interior de los municipios esto configurará una situación bastante inconsistente que desfavorecerá las estructuras de poder, elegidas democráticamente por la comunidad.

En razón de lo anteriormente expuesto, nos oponemos a esta indicación, porque consideramos que su aplicación sería dañina. Sin embargo, en unos tres o cuatro años más, cuando exista una carrera funcionaría ya implementada, es posible reconsiderar esta medida porque, con personal seleccionado en virtud de sus méritos y no de sus lealtades políticas, tendremos un sistema de calificación distinto del que acordamos hoy en virtud de la transición en que estamos.

He dicho.

En votación la indicación.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 38 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, la UDI planteó desde un comienzo que no resulta regular ni coherente comenzar hoy un proceso de calificaciones, cuando ninguno de los trabajadores, públicos y municipales, conoce las reglas de acuerdo con las cuales serán calificados.

Desde este punto de vista, nuestra intención era que este año no se calificara y que la ley se aplicara a partir de 1993. No ha sido ése el espíritu de los Diputados oficialistas. Es más, a última hora el Gobierno reconoció que se trataba de un problema serio y decidió agregar una indicación que señala la intención de que las anotaciones de mérito y de demérito sea uno de los elementos que deberá considerar la junta calificadora.

El artículo presentado por el Gobierno o está mal redactado o es una burla. Porque uno de los dos elementos que se tomarán en cuenta para calificar son: por una parte, hoja de vida, y, por la otra, las anotaciones respectivas.

Ayer, los trabajadores organizados discutieron durante largo rato entre ellos y también con los parlamentarios de la Concertación y de la Oposición, y, finalmente, llegaron a una proposición que hicimos nuestra, junto con el Diputado señor Elizalde y otros. Creemos que ella precisa de mejor manera nuestra intención, en el sentido de que los trabajadores no quieren entorpecer la existencia del proceso de calificaciones. Han hecho presente que ellas deben ser efectuadas, pero debe determinarse de mejor manera el que no se considerarán las anotaciones de mérito y de demérito y no con la estructura presentada por el Gobierno, porque - no creo en las malas intenciones- está muy mal redactada la indicación y no hace sino que presentar el mismo texto de la ley con un esquema diferente.

El artículo propuesto por los señores

Diputados, conceptualiza, afina mucho más el tema y tiende a aclarar este problema que no detectó oportunamente el Gobierno.

Por eso, hacemos un llamado a todos los parlamentarios a recoger la labor realizada en conjunto con los trabajadores y aprobar esta norma transitoria, no en los términos sugeridos por el Gobierno, sino que, de acuerdo a la indicación de los parlamentarios, que incluye la opinión de los trabajadores.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, estamos en un debate que no es real.

Entre la indicación del Ejecutivo y la de los trabajadores, presentada a través del Diputado Elizalde, no hay mayor diferencia. Corrige un defecto que había en el primer inciso: cambia 21 por 31 y modifica la entrada en vigencia del escalafón de mérito. La indicación del Ejecutivo planteaba el 1° de enero. Entiendo que la fecha ha sido modificada por la del 1° de febrero, para que haya un período suficiente para dar cuenta de las apelaciones y corregir el conjunto de situaciones que se produzcan.

De esa manera, ambas indicaciones se diferencian solamente en que la disposición que indica que por esta única vez no serán consideradas las anotaciones de mérito y de demérito de los funcionarios estaba implícita en la indicación del Ejecutivo y explícita en la solicitada por los trabajadores.

La indicación del Diputado señor Elizalde recoge las definiciones básicas que nos han preocupado y que permiten que este año haya calificaciones. El debate se sostuvo entre los que no querían que las hubiera, fundados en que este año serían imperfectas debido a que no se habían hecho todas las anotaciones correspondientes al período, y los que, como nosotros, nos jugamos porque las hubiera, basados en que a pesar de esa circunstancia, era mejor no postergar ese proceso para el próximo, porque a tres meses de una elección presidencial, era difícil comenzarlo, que era bueno iniciar ahora una marcha blanca para completarlo el próximo año, y así resolver un problema que en nada favorece al adecuado funcionamiento del Estado ni a la consolidación de la carrera funcionaría.

Es fundamental que se confeccionen los escalafones en el interior de los servicios, sobre la base de los méritos de los funcionarios. Hay que empezar con este proceso de calificaciones. Por eso, apoyaremos la indicación del Diputado señor Elizalde.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, no por las razones expuestas por el Diputado señor Ulloa, sino fundamentalmente en consideración a los planteamientos formulados ayer por las tres organizaciones gremiales que vivirán en carne propia el proceso de calificaciones - la Anef, la Fenats y la Asemuch-, los Diputados Acuña, Seguel, yo y otros que se han adherido, presentamos esta indicación.

Los trabajadores sentían una intranquilidad muy grande, por no saber si en definitiva iban a ser calificados con el sistema antiguo o con el nuevo, por ignorar si las anotaciones de mérito y de demérito iban a tener una significación importante; en definitiva, por no tener con prontitud calificación respecto de su función. Ello hizo necesario llegar a este acuerdo. Me parece que representa los legítimos intereses de los trabajadores.

También concuerda con la necesidad de que los funcionarios de los sectores municipal y público sean calificados. Me parecería grave que en estos cuatro años no hubiera calificaciones.

Es verdad lo que manifiesta el Diputado Montes, en el sentido de que postergar las calificaciones, significaría efectuarlas el próximo año, en plena época de campaña, lo que podría prestarse para críticas en el fondo políticas en contra del Gobierno.

Por esas razones, porque consideramos justo lo planteado por los trabajadores, acogemos su llamado y votaremos favorablemente esta indicación.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, Renovación Nacional va a optar por la indicación presentada por los Diputados Elizalde, Ulloa y otros, porque de alguna manera expresa mucho mejor las aspiraciones de los funcionarios de las municipalidades.

La gran diferencia está, aparte de la que indicó el Diputado Montes -muy válida- en un aspecto muy importante.

¿Qué expresa el proyecto del Gobierno? Que el funcionario puede pedir que las anotaciones de mérito y de demérito no sean consideradas en su primera calificación del nuevo período de proceso.

¿Qué dicen los funcionarios municipales? Que no es necesaria la petición del funcionario de que no sean consideradas tales anotaciones, correspondientes al primer período de calificación. Sencillamente, el proyecto de ley que estamos aprobando omite considerar estas anotaciones en la primera calificación.

Por todas las razones expuestas, ésta es una buena medida. Porque, como se dijo fundamentalmente, no habiendo un reglamento al cual atenerse para hacer estas anotaciones de mérito y de demérito, no pueden ser válidas las anotaciones hechas sin ningún respaldo jurídico.

En consecuencia, Renovación Nacional apoyará el proyecto de los Diputados mencionados y rechazará el del Gobierno, porque, en el fondo, el primero afina, acota y perfecciona el segundo.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sólo deseo destacar el acuerdo que en el día de ayer se conversara con los trabajadores en cuanto a que, tal como está redactada la indicación que vamos a apoyar, se satisfacen ampliamente todas las inquietudes que ellos planteaban.

En los pasillos de esta Cámara, en el día de ayer, el Honorable señor Montes hablaba de que esta solución significaba "una trampa política". Lo dijo expresamente.

Me alegro mucho -y lo destaco como un hecho relevante- de que haya reconsiderado de manera prudente y sensata el juicio que a los trabajadores les merecía la indicación, en los términos como venía presentada. La sabiduría manifestada en esta materia por la dirigencia sindical y gremial está muy por encima de las consideraciones que en un momento pudieron darse, en orden a que aquí había una trampa política de la Derecha.

El hecho de que sean los Diputados señores Elizalde, Seguel, y otros también de estas bancadas, los que hayan planteado esta correcta solución, justamente viene a desmitificar el hecho de que había una trampa implícita. Al respecto, en la tarde de ayer se hacía todo tipo de "enjuagues", calificando a quienes estaban tras una solución más adecuada para los trabajadores, como alguien que estuviese por perjudicarlos.

Sin lugar a dudas, en la ley que se está aprobando en general será mucho más favorable para los trabajadores el concepto de calificación que lleva implícito. Y, en consecuencia, es preferible que las calificaciones se hagan con arreglo a esta ley, con las restricciones o limitaciones que fija el artículo transitorio, a no fijar, como hasta ayer se estaba diciendo, todo un mecanismo de calificaciones que, indudablemente podía abrir un espacio de muchas suspicacias.

El hecho mismo de que esta calificación se efectúe en vísperas de una elección, definitivamente hace que debamos sancionar un hecho como cierto: no podemos seguir sometiendo a los trabajadores del sector fiscal a que dependan o no de los vaivenes de las elecciones que periódicamente acontecerán en nuestro país.

Si queremos formar un servicio público profesional, los trabajadores deben ir liberándose cada vez más de las tendencias políticas de los gobiernos de tumo y, definitivamente, a partir de esta legislación, debe irse estableciendo en Chile un mecanismo que, independientemente de quien gobierne la Administración del Estado, determine que sus personales están por encima de las consideraciones político- partidistas.

Si eso se consiguiera en Chile, sería un gran paso el que estaríamos dando. Y de aquí hacia adelante, tal vez sin mirar hacia atrás en todos los gobiernos, debiéramos, junto con las organizaciones de los trabajadores, ir abogando porque toda la legislación se dicte apuntando a una profesionalización de la Administración Pública, y en ese sentido, que a esta ley siga otra sobre capacitación de la misma, elemento muy importante, y que a ésta siga otra más importante aún: la que mejore las remuneraciones, tarea a la cual todos debemos abocamos en los próximos meses en la medida en que las condiciones económicas generales del país -sobre las cuales tanto despliegue se hace- vayan mejorando.

He dicho.

El señor MONTES.-

Lo planteado en el día de ayer fue una trampa política, porque la UDI, fundamentalmente a través de los Diputados señores Bombal y Ulloa, plantearon a los trabajadores que este año no hubiera calificaciones y que se postergaran para el próximo. Y lo que obtuvimos fue buscar un mecanismo de acuerdo para que sí las hubiera.

En la indicación del Ejecutivo las calificaciones se hacían sobre la base de la hoja de vida.. Los únicos cambios radican en que no queda ese antecedente en la hoja de vida y en que explícitamente se dice que no habrá anotaciones de mérito o de demérito. Estamos de acuerdo con la indicación de los trabajadores y del Diputado Elizalde y otros, porque justamente permite calificar el presente año, el período comprendido entre septiembre de 1991 hasta agosto del 1992, pues nos parece fundamental restablecer las calificaciones del sistema público como condición para fortalecer la carrera funcionaría.

Por lo tanto, el Diputado señor Bombal no es fiel a los hechos. Yo no he planteado lo que él ha sostenido, sino que debía haber calificaciones, y que estamos de acuerdo con la indicación.

He dicho.

La señora CRISTI.-

La verdad es que, además, su intención es muy poco democrática.

No deseo demorar el debate volviendo a la indicación anterior, pero estimo que tampoco es adecuado que los trabajadores sean calificados por personas que no los conocen, como lo serán los funcionarios de confianza que calificarán al 1° de octubre del presente año.

Por otra parte, expreso también el acuerdo de Renovación Nacional para apoyar el planteamiento de los trabajadores de la Anef, de la Fenats, de la Asemuch, en relación con el artículo transitorio.

En primer lugar, la indicación del Ejecutivo establecía que los funcionarios tendrán derecho de solicitar a la Junta Calificadora que se dejen sin efecto las anotaciones realizadas en la hoja de vida durante el período correspondiente a la primera calificación; es decir, tendrán el derecho de solicitarlo, lo cual es muy diferente de cómo lo plantearon los trabajadores: que por esta única vez, en el proceso calificatorio, no se consideraran las anotaciones de mérito o demérito. Es diferente a que cada funcionario tenga que solicitarlo probablemente a través de un proceso engorroso y burocrático para no ser considerado.

Ellos tampoco estiman conveniente que la hoja de vida que lleva el jefe directo, con arreglo a las disposiciones que se derogan por la presente ley, sea visada e informada a la junta calificadora por el jefe de la unidad encargada del personal, como lo disponía la indicación del Ejecutivo. En fin, hay diferencias sustanciales.

Por lo tanto, y como estos dirigentes representan a más de 300 mil trabajadores, aprobaremos con mucho gusto su indicación.

He dicho.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, en honor a la verdad, quiero hacer una referencia breve, pero sin opinar acerca del tema de fondo.

Considero importante lo conseguido por los trabajadores mediante esta indicación. Ayer ellos vinieron al Congreso, tuvieron oportunidad de reunirse con parlamentarios de las distintas bancadas y lograron que recogieran esta iniciativa por la vía de la indicación. Esta es una señal de cómo los interesados en determinados proyectos de ley, en conjunto con los parlamentarios, que somos sus representantes, pueden conseguir lo que desean en definitiva. •

Este es un triunfo precisamente de los trabajadores y, en este sentido, me alegro de haber suscrito esta indicación.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Si le parece a la Sala, se votará en primer lugar, la indicación del señor Elizalde y otros Diputados, para reemplazar el artículo transitorio por el que se leyó. Si es aprobada, las otras quedarían rechazadas.

Dado que se le introdujo una enmienda, el señor Secretario la leerá nuevamente.

El señor LOYOLA (Secretario).-

"Artículo transitorio.- Las calificaciones del personal afecto a las leyes N°s. 18.834 y 18.883, se regirán por las disposiciones de la presente ley, a contar de la fecha de su publicación. No obstante, para la primera calificación se considerará el tiempo transcurrido desde el 1Q de septiembre de 1991 al 31 de agosto de 1992. Por esta única vez, en el proceso calificatorio no serán consideradas las anotaciones de mérito y demérito de los funcionarios. El proceso de calificación para la primera evaluación que deba hacerse conforme a las normas de esta ley, deberá iniciarse el 1° de octubre de 1992 y terminarse, en todas sus fases, a más tardar, el 31 de diciembre del mismo año. El escalafón de mérito resultante comenzará a regir a contar del 1° de febrero de 1993.".

El señor CERDA (Vicepresidente).-

En votación.

Si les parece a los señores Diputados, se aprobará por unanimidad.

Aprobada.