Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La presente sesión tiene por objeto ocuparse del informe emitido por la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano respecto de la situación de los deudores habitacionales de la ex Anap.

Se encuentra en la Sala el señor Ministro de Hacienda, don Alejandro Foxley.

Tiene la palabra el Diputado señor Alessandri.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, este tema, sobre todo cuando están los deudores hipotecarios, hay que tratarlo con bastante responsabilidad. Aquí no se trata de hacer "show" ni de asumir posiciones en cuanto a quiénes son los responsables de las deudas hipotecarias.

El señor Ministro fue invitado a esta sesión, pero en el Senado se está tratando un proyecto sobre vivienda. Por eso, él no se encuentra presente.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano me ha encomendado la tarea de informar a esta Sala sobre la investigación de las deudas hipotecarias de la ex Anap.

La Comisión realizó un trabajo muy exhaustivo que se resume en un informe de 77 páginas, que fue aprobado por todos sus integrantes.

El tema es muy amplio y complejo, porque incide en un problema grave que afecta a 55 mil familias chilenas de clase media que han sufrido y sufren las consecuencias de los abusos y arbitrariedades cometidas en el pasado.

Hoy estamos convocados para analizar la situación de los deudores de la ex Anap.

Otros temas ligados a la deuda hipotecaria no son materia de esta sesión. Sin embargo, es claro que se debe discutir el rediseño del sistema para el futuro, el tema de la calidad de la vivenda y los sistemas de reajustabilidad.

Haré una síntesis de los contenidos básicos del informe, organizando la exposición en tomo de cuatro preguntas: ¿Qué tema específico investigó la Comisión? ¿Qué acciones desarrolló la Comisión? ¿En qué consiste el problema de los deudores de la ex Anap? ¿Cuáles son las proposiciones de la Comisión?

¿Qué investigó la Comisión? La Cámara, en la sesión del 3 de abril del año pasado, entregó un mandato amplio a la Comisión de la Vivienda para que investigara a la ex Anap y propusiera medidas con el fin de solucionar los problemas de sus deudores.

A poco andar, la Comisión se vio en la obligación de focalizar la investigación de la situación de los deudores hipotecarios, analizando la evolución jurídica y económica de sus créditos para evaluar la magnitud del daño.

Se tomó la opción de no investigar a la Anap como institución, porque no había antecedentes confiables y serios para analizar en corto tiempo su funcionamiento. La escasa información permitió, sin embargo, presumir manejos poco claros, sin transparencia y con un inexplicable desorden. Las diversas auditorías realizadas por la Superintendencia de Bancos entre 1981 y 1986 demuestran múltiples irregularidades y anomalías.

Está claro que la institución encargada de administrar los ahorros y créditos de los deudores hipotecarios no actuó bien. Ha quedado pendiente la investigación a la ex Anap. Sólo hemos analizado la situación de sus deudores.

¿Qué acciones desarrolló la Comisión? La investigación se efectuó entre el 17 de abril y el 6 de noviembre. Se trabajó durante 38 horas en 19 sesiones dedicadas exclusivamente al análisis de las deudas ex Anap. Además, se destinó tiempo de otras sesiones de la Comisión a avanzar en el tema.

Las principales acciones fueron:

Investigación y diálogo con diversos funcionarios de Gobierno, de los Ministerios de Hacienda y de la Vivienda y Urbanismo;

Invitación y diálogo con ejecutivos de bancos que licitaron carteras ex Anap. La Financiera Fusa no tuvo la gentileza de aportar al trabajo de la Comisión y no quiso estar presente;

Hubo una audiencia pública en esta misma Sala con dirigentes de organizaciones de deudores ex Anap de diversas partes del país. Se recibieron y se analizaron 53 documentos de grupos de deudores del país, exponiendo sus problemas. Se invitó y se dialogó con los dirigentes nacionales de la Fedhach y de la Confedhach. Se invitó a los ejecutivos de la ex Anap y de la Caja Central de Ahorros y Préstamos. Y, finalmente, enviaron 65 oficios y se recibieron 36 respuestas.

Estas fueron las actividades centrales, además del intercambio de puntos de vista entre los miembros de la Comisión.

El principal obstáculo para el avance y la profundización del trabajo fue la ausencia de información. El Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, los bancos y el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, no contaban con la más elemental información sobre los deudores de la ex Anap. Hubo que comenzar a sistematizar la información básica. En esto, queremos reconocer que la Superintendencia de Bancos jugó un papel muy importante e hizo grandes esfuerzos para colaborar con el trabajo de la Comisión. La ausencia de antecedentes era un reflejo claro de la situación y el tratamiento que habían recibido estos deudores en el pasado. Este hecho obligó a la Comisión a prorrogar el término de su mandato en dos ocasiones.

En nombre de la Comisión, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el aporte fundamental del Secretario don Héctor Piña y de la abogada señora Elena Meléndez.

¿En qué consiste el problema de los deudores de la ex Anap?

En primer lugar, es preciso establecer de cuántas familias estamos hablando. Al 31 de diciembre de 1991, se mantenían en la condición de ex Anap 55.439 deudores, con saldos adeudados que ascienden a 114.100 millones de pesos. El total de los deudores hipotecarios con el sistema bancario, en esa misma fecha, asciende a 328.522, con saldos totales adeudados de 894.546 millones de pesos. Esto quiere decir que los deudores de la ex Anap representan alrededor del 17 por ciento del total de deudores y el 13 por ciento de los saldos adeudados. De los 55 mil deudores ex Anap, 36.376, o sea, el 65 por ciento, debe menos de 400 UF; 12.056, es decir, el 21 por ciento, debe entre 400 y 1.000 UF; 1.243 deudores, el 3 por ciento, debe entre 1.000 y 2.500 UF, y 5.765, el 11 por ciento, debe más de 2.500 UF. Las deudas actualmente están concentradas en cinco bancos principales: del Estado, del Desarrollo, Osorno, Bhif y Fusa. Además, se nos informa que 7.353 de estos deudores pertenecen a 191 cooperativas ex Anap, y alrededor de 6.250 provienen de las cajas de previsión y del INP.

En segundo lugar, es necesario señalar cuál es la situación actual de estos deudores ex Anap. Condensan todas las irracionalidades y absurdos de las políticas aplicadas en los años pasados. Tienen problemas propios muy distintos de los que recibieron subsidio bonificado, que son hoy alrededor de 170 mil, y también de los que participaron en el programa especial de trabajadores, que son aproximadamente 70 mil. Es muy distinto ser deudor ex Anap anterior a noviembre de 1973, que ser de los años 1974, 1975 y 1976, o posterior a 1977. Las condiciones, los daños y los cambios fueron distintos. Por lo tanto, hay cierta heterogeneidad.

Predominan las siguientes situaciones:

1)Los dividendos no guardan relación con las remuneraciones, llegando, en muchas ocasiones, a más del 50 por ciento del sueldo o pensión;

2)Existen altos saldos adeudados, en muchos casos, superiores al valor comercial de las viviendas;

3)Grupos habitacionales, después de quince o veinte años pagando, tienen saldos adeudados casi equivalentes al valor comercial de las propiedades;

4)Gran parte de las cooperativas ex Anap están en situación irregular, sin recepción municipal y sin liquidación efectiva;

5)Entre los deudores existe una profunda desconfianza en lo que fue la Anap y también en los bancos, porque no han tenido información y no ha habido transparencia en todo este proceso. Es frecuente que no crean que los saldos corresponden a la situación efectiva. Si uno lee el informe con el cual se fundamentó el decreto ley N° 3.480, el propio Almirante Merino dice que hay errores administrativos, que los reajustes aplicados no eran los que correspondían y que se cargan cuentas a determinados deudores. A pesar de la desconfianza, el 63 por ciento de los deudores ex Anap está al día en sus dividendos y sólo el 19 por ciento tiene más de tres dividendos impagos.

6)La Comisión investigó por qué y cómo se produjeron estas distorsiones tan aberrantes. No voy a hacer una larga descripción de las razones jurídicas y económicas que están en la base de esta situación. Eso está en el informe.

Señalaré rápidamente los tres factores principales:

En primer lugar, un cambio del sistema de financiamiento de las viviendas para sectores medios. Es decir, los deudores contrajeron deudas en un sistema que posteriormente fue cambiado.

El Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, Sinap, constituía un mecanismo global y coherente para que los sectores medios pudieran acceder a la vivienda propia. La introducción del mercado de capitales sin medidas que protegieran al Sistema, lo llevó a una crisis total, cuyos efectos se les transfirió principalmente a los deudores a través de varios mecanismos. El más importante fue el cambio del sistema de reajustabilidad, tanto del capital prestado, del saldo adeudado como del dividendo. Inicialmente, las deudas se reajustaron de acuerdo con el índice Sinap, o sea, el porcentaje más bajo entre el índice de remuneraciones y el IPC. A poco andar, la reajustabilidad se hizo sólo en base al IPC en años en que éste llegó a trescientos y tanto por ciento, como en 1974. Posteriormente, para los que se acogieron al decreto ley N° 3.480, se aplicó la UF.

Además, esta situación afectó al Estado y, por lo tanto, a todos los chilenos, puesto que el erario debió aportar muchos recursos para postergar el colapso del Sinap.

El segundo factor tiene que ver con las dos crisis económicas, con sus correspondientes efectos en los niveles de sueldo y empleo. Las crisis de 1974-1975 y de 1982-1983 deterioraron los sueldos y llevaron a muchos jefes de familias al desempleo. Las posibilidades de mantenerse al día en los pagos eran escasas; los dividendos crecían y los ingresos familiares se deterioraban. En ese marco, se producen altos niveles de morosidad con sus correspondientes implicancias en los saldos adeudados. Es ahí cuando comienza a crecer el volumen de la deuda.

El tercer factor tiene que ver con las medidas tomadas por el gobierno pasado, que no fueron adecuadas para enfrentar el problema. Hubo varias de la Caja Central de Ahorros y Préstamos y del Banco Central, que disminuían el dividendo en el corto plazo a costa de un nuevo crédito y, por lo tanto, del aumento del saldo adeudado.

El decreto ley N° 3.480 representó un gasto de 15 millones de UF para el Estado, monto que no logró amortiguar el crecimiento de los saldos adeudados y favoreció a un grupo bastante reducido, al margen de que sometió a los deudores en unidades de fomento a una reajustabilidad diaria distinta a la evolución de sus salarios.

Por otra parte, la aplicación del capítulo XIX fue un beneficio neto, pero de baja cobertura y monto. La oferta de la cartera en el momento de la licitación fue por pocos días y muy pocos deudores pudieron acogerse a ella. En definitiva, el daño provocado por el cambio de las reglas del juego no fue compensado por las medidas tomadas y, por el contrario, en casi todos los casos ellas profundizaron el daño jurídico y económico.

¿Cuáles son las conclusiones de nuestra Comisión?

Las propuestas de la Comisión se enmarcan en tres coordenadas básicas:

En primer lugar, pensamos que es necesario reconocer que los deudores del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos sufrieron un daño de envergadura; sus derechos fueron afectados por cambios unilaterales en sus contratos y sus deudas crecieron de manera irracional.

En segundo lugar, es preciso asumir que las medidas tomadas no han reparado este daño. Algunas lo han amortiguado y otras lo han profundizado.

En tercer lugar, la Comisión sostiene que debe repararse el daño causado a los deudores hipotecarios de la ex Anap, para restablecer niveles de justicia y sanear el sistema de crédito hipotecario.

¿Cuáles son las medidas concretas para reparar el daño provocado a los deudores de la ex Anap? ¿Cuántos recursos deben destinarse para estos efectos y cómo se debe financiar?

En la Comisión se plantearon diversas proposiciones en esta perspectiva. Se consideró, sin embargo, que al Ejecutivo le corresponde plantear las medidas específicas y su financiamiento. El Parlamento no tiene facultades para ello y sus afirmaciones pueden generar falsas expectativas en los deudores. Por ello, sólo se proponen algunos criterios generales, entre los cuales pueden destacarse:

1°.Que se intente diseñar una solución diferenciada, de acuerdo con los diversos grados de daño efectivo. Lo óptimo es que ella se base en el estudio particularizado de los deudores, para establecer segmentos. Nos preocupa en particular la situación de los pensionados y de las cooperativas.

2°.Que la responsabilidad de la solución es de los bancos, del Estado y de los deudores. Los bancos que licitaron la cartera ex Anap obtuvieron grandes beneficios, mejoraron bruscamente su situación de activo, lo que les ayudó a resolver la crisis del sistema bancario. Por otra parte, recibieron créditos subsidiados para adquirir las carteras, lo que representa excedentes adicionales, y se vieron beneficiados al comprar carteras en un valor bastante más bajo del que tenían. En la Comisión hemos concluido que no aceptamos soluciones sin aportes significativos de los bancos.

Estado tiene responsabilidad histórica en el cambio de las reglas del juego y en el daño a los deudores de la ex Anap. El Gobierno democrático hereda una responsabilidad estatal, y debería asumir el problema. Los recursos del Estado podrían provenir de operaciones financieras que no le impliquen distraer recursos frescos, de créditos otorgados a los bancos para la licitación, o de la deuda subordinada.

Finalmente, los propios deudores, que nunca han pedido perdonazos, sino pagar una deuda justa en plazos razonables. En esta perspectiva, algunos miembros de la Comisión sostienen que se debe autorizar el uso de parte de los fondos previsionales.

La Comisión, estima que la solución debe orientar los beneficios a los deudores que se encuentran al día, por el gran esfuerzo que han hecho. En todo caso, los morosos deberían tener facilidades para ponerse al día y acceder a los beneficios.

En la solución debe considerarse la necesidad de escarbar más a fondo en la gestión de la ex Anap. Pedimos al Gobierno que, más que aprobar la cuenta de la entidad, profundice la investigación para determinar la responsabilidad en la gestión.

También pensamos que se deben tomar las medidas necesarias para traspasar de una vez por todas al Ministerio de Bienes Nacionales las propiedades que no fueron licitadas por la ex Anap, y facultar a la Tesorería General de la República para reembolsar los dineros que debe a ahorrantes y deudores.

En relación con los deudores rematados de la ex Anap, que reúnan determinados requisitos, consideramos que se les debe permitir limpiar sus antecedentes económicos para acceder al subsidio unificado, siempre y cuando cumplan el requisito de haber efectuado pagos durante determinado tiempo. Pensamos también que es necesario suspender los remates mientras se llevan a cabo dichas soluciones.

Estos son los contenidos básicos de la investigación. El Ejecutivo tiene las facultades legales para establecer las medidas concretas y específicas de reparación. El Ministro de Hacienda, don Alejandro

Foxley, y el de la Vivienda y Urbanismo, don Alberto Etchegaray, están con nosotros para planteamos las políticas que el Gobierno ha definido a partir de nuestro trabajo.

La Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano considera que ha cumplido de manera seria y responsable con el mandato de la Cámara. Inicialmente, los funcionarios de Gobierno, los ejecutivos bancarios y hasta un dirigente de la Fedhach plantearon que el problema de la ex Anap no era de la envergadura ni tenía la prioridad que la Comisión le adjudicaba.

La Comisión ha sentido y asumido como propio el dramático problema de los deudores hipotecarios de la ex Anap, especialmente el de los pensionados. En nuestro distrito, hemos tenido muchas reuniones con estos deudores. Hemos asumido este problema como propio y logramos llegar a un informe consensual, evitando la sobrepolitización del tema, lo que valoramos profundamente. Creemos que lo principal es buscar líneas de solución a este problema social que hace sufrir a muchas familias chilenas.

El avance de la investigación llevó a que esta materia adquiriera un nuevo nivel en el debate nacional. El debate que le corresponde va a permitir llegar a soluciones.

Hoy esperamos soluciones realistas y viables por parte del Ejecutivo. Sabemos que hay buenas noticias para los deudores.

He dicho.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, agradezco al Presidente de la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Honorable Diputado don Ramón Elizalde, quien me cedió su tiempo para efectuar mi intervención.

Señor Presidente, Honorable Cámara:

El tema de la familia, como eje y base de la sociedad, está íntimamente ligado al tema de la vivienda, entorno natural y básico para el desarrollo de la familia. Todos los gobiernos se han preocupado de este problema, con mayor o menor éxito, pero no cabe duda de que ninguno ha podido estar ajeno a él.

Entre los variados sistemas puestos en ejecución para dar alojamiento a los chilenos, sin duda la creación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, Sinap, marcó un hito, tanto por lo novedoso como porque las instituciones creadas para canalizar los ahorros y los créditos para adquirir la vivienda familiar eran de estructura cooperativa y, por lo tanto, sus dueños eran los ahorrantes y usuarios del sistema.

Este sistema contaba con el ciento por ciento de respaldo del Estado y, junto con establecer por primera vez la reajustabilidad de los créditos para la vivienda, tuvo la virtud de ligarla al índice de reajuste de los sueldos y salarios, y el monto de los créditos al ingreso familiar, limitándolos de tal modo que el servicio de la deuda no podía ser superior al 25 por ciento de esos ingresos. Además, el Estado garantizaba la vigencia de las reglas del juego durante todo el servicio de la deuda.

Pero eso es historia. Nunca un cuerpo legal como el DFL N° 205, de 1960, ha sufrido más modificaciones en tan pocos años. En efecto, en menos de veinte años, de 1973 en adelante, comienzan cambios de tal naturaleza que acaban con el desmantelamiento del sistema. A mi juicio, uno de los problemas más graves es el atropello a la credibilidad pública al pasarse a llevar sistemáticamente todos y cada uno de los derechos adquiridos por los deudores; la poca transparencia, la nula información y, sobre todo, la dificultad natural para comprender el verdadero festival de alzas de dividendos y saldos de deudas; el dudoso servicio del deudor, que significó la disminución del monto de los dividendos, primero a un 60 por ciento para luego retomar, en un lapso de cinco años, al ciento por ciento de ellos, en que pocos o ningún deudor comprendió que cada rebaja del dividendo significaba un nuevo crédito y, por lo tanto, nuevos intereses sobre los intereses ya pactados, aunque se mantuvieran los plazos finales de pago.

El desfase entre sueldos ganados en pesos, sin reajustes, y dividendos pagados en UF, ha significado un largo calvario, difícil de contar, salvo por aquellos que lo han sufrido.

Ni qué hablar de los deudores provenientes de las ex cajas de previsión que pactaron reajustes en unidades reajustables con cargo a sus propios fondos previsionales, y luego, sin saber leer ni escribir, fueron traspasados al Instituto de Normalización Previsional, primero, y con posterioridad vendidos sus créditos en una suma irrisoria a la ex Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, para finalmente ser licitados a los bancos, sin tener ellos jamás una información clara sobre sus deudas ni menos ser consultados o haber firmado para licitar esas deudas. Luego, hubo nuevas repactaciones con los bancos y la mochila siguió creciendo. Para qué seguir: los deudores lo saben mejor que nadie.

Lo que nos queda claro por lo menos a míes la certeza moral de que los deudores del ex Sinap son quienes han resultado más afectados por una larga serie de arbitrariedades, sobre todo por sentirse tratados como bultos, no como personas dignas, como jefes de familia, merecedores del respeto social,...

Aplausos en las tribunas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Advierto a los asistentes a las tribunas que deben abstenerse de manifestar a favor o en contra.

La señora CARABALL.-

... con derecho a ser informados veraz, clara y oportunamente.

Me basta señalar un solo ejemplo para tener una idea del trato arbitrario que se les da: El directorio de la Anap decidió, por sí y ante sí, otorgar créditos no solicitados a deudores en mora para poder licitarlos a los bancos. Lógicamente, esas personas se sintieron sorprendidas al encontrarse con que, además, tenían otro crédito que ni siquiera estaba en sus libros.

Nadie se explica por qué un Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, de propiedad de los ahorrantes y deudores, se transformó en una entidad privada llamada Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, cuyo objetivo habría sido administrar los créditos provenientes del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, la cual, sin embargo, se transformó en el gran ganador de este negocio. Sólo la repactación de 1980 le significó 15 millones en UF, pagados por el Estado en 36 cuotas, que se fueron anticipando por parte de la Tesorería General de la República, habiéndose completado esta suma en 1989 cuando se decidió terminar apresuradamente con la ex Anap. De allí proviene la mayoría de los deudores traspasados a los bancos. Pienso que habría que investigar más a fondo el caso de la Anap como institución, por su responsabilidad en el mal manejo y en la poca transparencia de la cartera de estos deudores.

Sin embargo, lo que hoy nos convoca no es analizar estos temas, ya discutidos largamente en la Comisión y con los propios deudores, sino estudiar las medidas para aliviar y solucionar los problemas que se han ido generando. En este sentido, creo mi deber manifestar nuestro reconocimiento al Gobierno que, por intermedio de los Ministros de Hacienda y de la Vivienda y del Superintendente de Bancos, ha acogido la preocupación de la Cámara de Diputados, manifestada en el informe que hoy entrega a través de su Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.

Considero también un deber agradecer en mi nombre y en el del Diputado señor Montes las largas horas que el señor Ministro de Hacienda y el señor Superintendente de Bancos nos dedicaron para trabajar en conjunto algunas de las soluciones que hoy nos propone el Ejecutivo.

Es notable la forma en que el Gobierno ha acogido la preocupación de esta Cámara, ya que no sólo se aborda el problema de los 55 mil deudores de la ex Anap, sino que, además, se restablece una justicia básica para enfrentar un problema muy sensible, como es la falta de credibilidad en un sistema que contaba con el respaldo del Estado, la cual fue generada por las situaciones ya descritas.

Agradecemos al Gobierno las medidas de subsidio extraordinario adoptadas, lo que significa un reconocimiento moral hacia estos deudores por la forma como fueron afectados.

En segundo lugar, era preciso enfrentar la situación de angustia que viven los jubilados mayores de 65 años y las montepiadas. Por eso, se les da un subsidio de 20 por ciento mensual, es decir, un 5 por ciento más que al resto de los deudores.

En tercer lugar, era necesario conversar con los bancos de tal forma que accedieran a hacerse cargo de una parte de la solución del problema. De ahí que celebramos con alegría la noticia de que el 97 por ciento de los deudores morosos obtendrá notables beneficios adicionales a los ya otorgados por el Estado y, particularmente, del Banco del Desarrollo, al permitirles ponerse al día para acceder a los beneficios hoy anunciados y condonarles hasta el 80 por ciento de la deuda morosa, aparte de liquidar la mochila de las distintas repactaciones. Es digno de destacar, reitero, la manera como los bancos, sobre todo el Banco del Desarrollo, han respondido a esta angustia nacional al acoger esta demanda del Parlamento y del Ejecutivo.

Los deudores morosos siempre nos han repetido que ellos no quieren nada regalado. Sólo desean un trato justo, ya que si están en esa situación no es porque sean frescos o no quieran pagar, sino por no haber podido hacerlo. Y la única manera de ponerse al día era que los bancos pusieran su parte, a fin de poder acceder a dichos beneficios.

En cuarto lugar, para premiar el pronto pago, se agrega un 4,9 por ciento adicional al 15 por ciento de rebaja por el subsidio estatal, con lo cual se llega al 20 por ciento de descuento en el dividendo mensual.

Debo destacar que el Gobierno ha querido afrontar con visión de futuro el problema de los deudores, de modo que no se produzca nuevamente la angustia de que un enorme número de familias chilenas enfrente la posibilidad de perder sus ahorros y su vivienda, por lo cual ha ingresado a esta Cámara un proyecto de ley que crea un fondo de estabilización del valor de los dividendos, y una iniciativa que establece un seguro de cesantía.

También nos parece estupenda la noticia que nos acaba de dar el Ministro de la Vivienda, en el sentido de que los deudores rematados podrán acceder al subsidio unificado. Esto restablece el derecho de aquellas personas cuyas viviendas fueron rematadas, no por ser negligentes en sus obligaciones, sino porque su capacidad de pago no les permitió cumplir. Con esto, el país entero está reconociendo el derecho de todas las familias a tener una vivienda digna.

Finalmente, esta investigación fiscalización que hemos enfrentado como Comisión de Vivienda y que ha despertado gran esperanza en los deudores, quienes quieren ver cosas concretas en el más breve plazo, como es natural, nos significó tiempo y esfuerzo. Pero hoy nos sentimos contentos de haber culminado la tarea, no sólo con un diagnóstico o una denuncia, sino, además, porque a partir de esta investigación y trabajando con eficiencia y honestidad, la Cámara de Diputados ha logrado formular propuestas concretas que involucran a la totalidad de los deudores de la ex Anap y benefician a todas las familias chilenas que deben endeudarse para adquirir su vivienda.

Señor Presidente, este trabajo de la Cámara y del Gobierno prestigia al Parlamento y prueba a la ciudadanía que, prioritariamente, a los parlamentarios nos interesa solucionar los problemas de los chilenos.

He dicho.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, igual como lo hizo el Diputado señor Montes, iniciaré mi intervención con una pregunta: ¿Por qué el Gobierno demoró ocho meses, con posterioridad al término del informe de la Comisión, para proponer soluciones al problema de los deudores hipotecarios?

También quiero consultar: ¿por qué el señor Ministro no asistió al seno de la Comisión para que, juntos y democráticamente, pudiéramos conocer y comentar los planteamientos que ha hecho hoy en la Sala?

Obviamente, los Diputados de la Oposición estamos en enorme desventaja comparativa en relación con los parlamentarios de la Concertación. El señor

Ministro de Hacienda agradeció a los Diputados señor Montes y señora Caraball y al Senador señor Frei por su apoyo, en circunstancias de que fue el Diputado don Gustavo Alessandri quien gestionó la sesión especial de abril de 1991.

Aplausos.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

La Mesa advierte a los asistentes a tribunas que les está prohibido hacer manifestaciones.

La señora CRISTI.-

De esta forma, mal podemos evaluar los planteamientos hechos por el Ministro, pues no hemos tenido la posibilidad de participar en el estudio de estas medidas, no obstante nuestro interés en el problema. En todo caso, después de efectuar una rápida apreciación sobre las medidas propuestas, nos parece que ellas no satisfacen las expectativas y esperanzas que los deudores hipotecarios cifraron durante tanto tiempo en las mismas.

Sin embargo, la prensa destaca hoy la positiva evolución de los indicadores económicos del país. Es decir, la economía de Chile está sana, lo que no constituye sólo un mérito de este Gobierno, sino también de la política económica del régimen anterior, lo cual le permite lucir orgulloso en el mundo los resultados de su política económica, de lo que obviamente nos alegramos. En consecuencia, hay más recursos que nunca, y el Ministro se vanagloria del éxito del programa social aplicado por el Gobierno.

Al margen, me pregunto si constituye un éxito que a los ancianos más pobres y a las madres de escasos recursos se les niegue el pago de sus pensiones asistenciales y de sus asignaciones familiares como lo hemos propuesto en esta propia Sala cientos de veces.

¿Es justo que gran número de personas que anteriormente se acogieron a las repactaciones del Serviu no hayan alcanzado a gozar de sus beneficios por falta de tiempo o de recursos en ese momento?

¿Es justo que en la repactación de la ley N° 19.003, que favoreció a los deudores hipotecarios que estaban demandados judicialmente, se haya dado plazos insuficientes para acogerse a ella, y que aun cuando los propios Diputados de la Concertación solicitaron su ampliación, para conceder un nuevo plazo, éste no haya sido concedido?

El verdadero mérito de la Concertación es su gran capacidad para comunicar sus acciones en forma publicitaria y positiva.

Creo que la ciudadanía, en alguna forma, se siente engañada cuando los beneficios no le llegan directamente. El Gobierno podría haber realizado un mayor esfuerzo para paliar la situación de los deudores hipotecarios.

Al respecto, si usted me lo permite, y como estos anuncios fueron una novedad para nosotros, quiero hacerle algunas consultas al señor Ministro, para entender mejor su programa de repactaciones.

En primer lugar, el proyecto de ley sobre estabilización de los fondos de la vivienda y seguro de dividendo, en caso de cesantía, me parece interesante y creo que fue una de las proposiciones hechas por la Fedach, por lo cual me alegro de que se haya acogido.

En segundo lugar, en cuanto a la circular que él manifiesta haber enviado a los bancos en especial puedo recordar el caso del Bhif, hace bastante tiempo informaron de su interés para gestionar mejores repactaciones con los deudores, hecho que se produjo antes de su envío.

Por otra parte, por intermedio del señor Presidente de la Corporación, solicito que el señor Ministro explique qué significa proponer un proyecto de ley en que el Fisco asume los derechos y obligaciones de la ex Anap. Me parece que se ha dado una amplia atención a los créditos no licitados, que suman 4 mil, en circunstancias de que los deudores son alrededor de 56 mil.

También quiero que se nos explique qué significa el respaldo del Banco del Desarrollo, semejante a la disposición 6.904, en que, una vez cumplidas las deudas impagas, se concederá un crédito, un pago al contado que condonará la deuda en un 80 por ciento. Queremos saber a qué plazo y cómo se pagará.

Quiero que el señor Ministro nos explique cómo se va a llevar a cabo el subsidio con cargo fiscal de 15 por ciento y a los jubilados de 20 por ciento.

El señor Ministro manifestó que algunos bancos han estado de acuerdo con el Gobierno para dar algunas garantías de repactación a los deudores hipotecarios. Esto también es interesante, pues siempre dijimos en la Comisión que cualquiera solución que viniera a aliviar la deuda de los deudores hipotecarios debería estar avalada por los deudores, la banca y el Fisco.

Quiero reforzar algunos de los planteamientos que hemos estudiado, que obviamente ya no tienen mucho sentido, pero que podrían tener alguna acogida.

En primer lugar, nosotros sugeríamos que todo tipo de repactación que se proponga debe ser evaluada en cada caso, de manera que se beneficie prioritariamente a los sectores medios y bajos, a los ancianos, a los jubilados, a los pensionados; a los enfermos crónicos y a quienes puedan certificar su incapacidad laboral y la falta de un ingreso familiar, igual como ha propuesto el señor Ministro, por un monto de la tasación de la vivienda original no superior a 2 mil unidades de fomento y por un crédito inicial de no más de 1.200 unidades de fomento.

Pedíamos extender los beneficios de la Ley N° 19.003, de 31 de octubre de 1990, a todos los deudores, muy en especial a quienes han extremado sus posibilidades de pago, para evitar ser notificados de demanda judicial, considerando que el 40 por ciento de los posibles beneficiarios no se acogieron a la programación que regularizaba la situación de los deudores demandados judicialmente.

Solicitábamos otorgar un crédito fiscal y un subsidio por el igual monto a los dividendos en mora, siempre que ellos no superaran tres períodos mensuales para quienes no hayan sido beneficiados con un subsidio habitacional de ninguna especie y cuyo crédito hipotecario haya sido, con anterioridad al 31 de diciembre, por un monto igual o inferior a 1.200 unidades de fomento y con un valor no superior a las 2 mil unidades de fomento.

Para el grupo de personas incapacitadas, cuyo ingreso familiar sea insuficiente para pagar la deuda, debería establecerse un límite de pago de no más allá del 25 por ciento de la pensión o del ingreso familiar.

Por otra parte, solicitábamos estudiar la condonación de intereses penales a quienes se pongan al día, incentivando, vía condonación, una parte de los pagos atrasados. Creo que este planteamiento fue hecho por el señor Ministro.

Pedíamos estudiar un mecanismo de incentivo al pronto pago, cuyo costo financiero debe ser compartido entre las instituciones financieras y el Fisco, el que en alguna forma habría sido acogido; que el Gobierno, junto con la banca, plantee una solución para los sobreendeudados, considerando especialmente los casos en que la garantía hipotecaria tiene un valor comercial menor a la deuda, lo que también me parece que fue propuesto.

Solicitamos al señor Ministro de Hacienda y a la Superintendencia de AFP acoger las proposiciones de la Fedach, en relación con el fondo de desahucio, el bono de reconocimiento, el fondo de capitalización para la vivienda, el pago de la deuda hipotecaria individualizada, siempre que ello no interfiera en el proceso de jubilación y sus consiguientes beneficios.

Además, pedimos al Ejecutivo que precise el destino de los fondos de los ahorrantes de la ex Anap, con el propósito de que sean devueltos a sus suscriptores.

Estas y otras medidas deben ser estudiadas prontamente, con el fin de responder, de una vez por todas, a la enorme incertidumbre, expectativas y esperanzas de los deudores más necesitados de nuestro país.

Presentaremos un proyecto de acuerdo para que exista una instancia interministerial en la cual los deudores hipotecarios puedan plantear sus inquietudes, recolectar información y, a la vez, demostrar el ahorro que tenían en las cajas de la ex Anap.

Solicitamos al Presidente de la República que los planteamientos hechos por el señor Ministro y los que puedan venir respondan en forma efectiva y definitiva al cumplimiento de lo prometido en el programa de Gobierno de la Concertación: estudiar medidas específicas destinadas a aliviar la situación de los pequeños deudores habitacionales, hoy día agobiados por una deuda que ha crecido excesivamente.

Este es nuestro planteamiento. Ojalá el señor Ministro pueda aclarar algunas de las medidas que ha propuesto en la Sala.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, hablo en nombre del conjunto de la bancada de Diputados del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Humanista.

Desde el inicio de las actividades del Parlamento, nuestra bancada constituyó una comisión técnica especialmente dedicada a estudiar el problema de los deudores hipotecarios, y dentro de ellos, de la ex Anap. Se abocó al estudio serio y sostenido y arrojó conclusiones importantes que fueron trasladadas a la Comisión de la Vivienda. Particular mención en su labor merecen los colegas Diputados Carlos Montes, Octavio Jara y Jaime Estévez, quien venía trabajando en la materia con la Fedach desde antes de ser parlamentario.

La sesión especial de la Corporación para tratar la situación de los deudores hipotecarios ex Anap, luego del arduo trabajo de la Comisión de la Vivienda, cuyo informe conocemos hoy, es manifestación clara de la importancia y magnitud del problema que afecta a este sector.

En efecto, si bien es cierto que el conjunto de los deudores hipotecarios ha sufrido graves perjuicios patrimoniales por los elevados intereses y aumentos experimentados por la unidad de fomento desde que asumieron sus deudas, son los deudores dé la ex Anap los que, producto de decisiones del gobierno militar, han debido sufrir cambios sustantivos en las condiciones en que contrajeron sus deudas.

Tal como lo indica el informe de la Comisión de la Vivienda, el régimen anterior no sólo adoptó decisiones que pusieron término a un sistema de ahorros y préstamos de gran beneficio social, sino que lo que es más grave atentó gravemente contra los derechos patrimoniales de un significativo número de familias chilenas.

Desde el inicio del gobierno militar, a los deudores hipotecarios que contrataron préstamos con las asociaciones de ahorro y préstamos y las cajas de previsión se les comenzó a aplicar medidas que modificaron todas las condiciones en que se habían endeudado. El mismo año 1973 se dispuso la reajustabilidad de sus deudas según IPC y se suprimió la opción entre este índice y el de sueldos y salarios.

Con posterioridad, a partir de 1979, se inició el proceso de licitación de los créditos de la ex Anap y cajas previsionales a la banca privada, cambiando de manera radical y unilateral las condiciones de estos deudores. Se obligó a la conversión de las deudas a UF, con el consiguiente reajuste diario, mientras las remuneraciones casi no experimentaban cambio, a lo menos para el sector privado. Se aplicó un interés anual de 8 por ciento, al margen del acuerdo original, y un procedimiento ejecutivo a los morosos similar al del resto de las deudas bancarias, eliminando el procedimiento especial que permitía la reestructuración cuando el deudor se encontraba apremiado económicamente, debido a la reducción de sus ingresos o a la cesantía.

Sólo a modo de ejemplo, entre 1974, 1975 y 1976 hubo un alza en el costo de la vida de 890 por ciento, en tanto que los reajustes legales de remuneraciones fueron de 379 por ciento. Entonces, sólo en ese período, el cambio del sistema de reajustibilidad significó un perjuicio de 511 por ciento para los deudores. Entre 1980, año en que se inicia la repactación en UF, y el 30 de junio de 1983, la unidad de fomento experimentó un alza del 60 por ciento. En igual lapso, las remuneraciones sólo se reajustaron en un 28 por ciento. Ello significa que hubo un segundo desequilibrio entre ambas variables, de un 32 por ciento en perjuicio también de los deudores.

Aun cuando todas las medidas antes mencionadas afectaban de manera directa a una de las partes del contrato de mutuo, a los deudores jamás se les consultó o consideró su opinión frente a ellas. Es más, se les sustituyó unilateralmente la entidad acreedora; la cual, en esencia de beneficio social, como la ex Anap y las cajas de previsión, pasó a ser una entidad bancaria, cuyo sentido fundamental es el lucro. Ello es más grave si se considera que el Estado licitó los créditos en favor de los bancos a un promedio de 60 por ciento de su valor real. Esto es, el Estado prefirió perder sumas considerables de recursos fiscales en favor de los bancos y no solucionar parte de la deuda que tenían los deudores hipotecarios de las carteras traspasadas.

Aunque es evidente la responsabilidad del régimen del General Pinochet en las graves injusticias que se cometieron en contra de los deudores de la ex Anap, no puedo dejar de manifestar que el Gobierno democrático, sin duda, tiene una responsabilidad insoslayable en la solución del problema. Más allá de que fue otro el causante de la situación, es el Estado, como un todo, el que debe responder por el daño material y moral causado. Ello significa que el Estado no sólo debe generar las condiciones para concordar las posibles soluciones, con la participación de los actores involucrados directamente, deudores y entidades bancarias, sino también, si fuere necesario, destinar parte de sus recursos en beneficio de los actuales deudores, para aquellos cuyas casas ya fueron rematadas.

En este sentido, conociendo recién las intervenciones de los señores Ministros de Hacienda y de la Vivienda, quiero decir que para nosotros es motivo de orgullo y de alegría saber que el Gobierno democrático ha destinado, en un esfuerzo supremo, 80 millones de dólares para resolver parte de los problemas que estamos analizando, lo que se traducirá en un subsidio a cada una de las familias deudoras de la ex Anap, del 15 por ciento de sus dividendos.

Pero hay que agregar que no sólo es el Estado el que debe tener un papel activo en la resolución del problema. Las entidades bancarias que se adjudicaron los créditos de la ex Anap y que por ello pagaron valores significativamente inferiores a su valor real, deben ceder parte de los beneficios obtenidos por dichas operaciones en favor de una determinación justa y razonable de las deudas.

También quiero decir, en este sentido, que nos parecen franca y claramente insuficientes los aportes que está haciendo la banca privada...

Aplausos en las tribunas.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Advierto a las tribunas que está prohibido efectuar manifestaciones, para evitar problemas posteriores.

El señor AGUILO.-

Ya que los parlamentarios de la Oposición, en particular de Renovación Nacional, han mostrado gran inquietud por el problema, nuestra bancada propone formalmente que la Sala, por la unanimidad de sus integrantes, solicite a la banca privada dos aportes concretos. Primero, que entregue un subsidio, igual que el Estado, similar o al menos proporcional al esfuerzo que ha hecho el Fisco chileno. Segundo, que demuestre disposición para que los dividendos lleguen hasta el 25 por ciento de los ingresos de las familias. Estos dos aportes de la banca privada, sin ninguna duda, serían un complemento ideal a la solución que estamos analizando.

Por eso, solicitamos a nuestros colegas, sobre todo de la Derecha, que faciliten la posibilidad de una resolución unánime de la Cámara destinada a efectuar esta petición a la banca privada.

Aplausos en la Sala y en las tribunas.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Advierto a las tribunas que me veré obligado a suspender la sesión si se reiteran las manifestaciones.

El señor SMOK.-

Fuimos nosotros.

El señor SOTA.-

Fuimos nosotros.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señores Diputados, es para todos los parlamentarios, cualquiera sea su color político. La Mesa debe mantener el orden en la Sala.

Puede continuar, Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, antes de terminar, no puedo dejar pasar la afirmación de la Diputada señora Cristi, de que el Gobierno ha demorado algunos meses en proponer las soluciones significativas que hoy han planteado los señores Ministro de Hacienda y de la Vivienda. Quiero decirle que la situación es muy distinta: es su Gobierno el que generó el problema y es nuestro Gobierno el que lo está solucionando. En pocos meses, estamos resolviendo un problema que ustedes tuvieron durante muchos años.

Aplausos.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, resolver este problema con urgencia es una exigencia para la paz y la equidad social. Me alegro mucho de que en esta sesión se haya contribuido decisivamente a aunar voluntades en pro de hacer justicia a los deudores hipotecarios, que han sido tan maltratados en nuestro país.

He dicho.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, en abril del año pasado, a petición expresa de las bancadas de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente, la Cámara de Diputados, en sesión especial, encomendó a la Comisión de la Vivienda una investigación respecto del origen y causas de la deuda habitacional y la entrega de posibles soluciones.

En dicha sesión, en que intervino el señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, se entregaron numerosos argumentos y se enunciaron diversos cursos de acción por parte de todas las bancadas. Hubo consenso general en que el problema era real y dramático y había que buscarle alguna solución.

En aquella ocasión, un año atrás, el Ministro Etchegaray propuso un seguro de cesantía que hoy ha anunciado el Ministro Foxley para impedir la insolvencia por la pérdida del trabajo. Además, propuso la creación de un fondo para evitar las diferencias cíclicas que se producen entre los salarios y el alza de precios de los productos, lo que hoy el Ministro de Hacienda ha anunciado como un fondo de estabilización. Es decir, el Ministro de la Vivienda visualizaba entonces cuáles podrían ser las soluciones que hoy recién el Ministro Foxley ha anunciado.

En aquella ocasión, había que buscar una real capacidad de convocatoria lo decía el Ministro de la Vivienda para encontrar soluciones adecuadas dentro de una economía social de mercado, poniendo especial acento en lo social; y el tema debía ser tratado en forma preferencial por el Ministerio de Hacienda, considerando "determinante" entre comillas su intervención.

Por su parte, el Diputado señor Montes sostenía que no se podía seguir con parches, que se requería de soluciones viables, serias y consistentes. Nosotros dijimos que había que terminar con el "chuteo" y con las discriminaciones odiosas, tendientes a beneficiar sólo a algunos grupos de deudores. Propusimos la creación de un subsidio, con cargo fiscal, equivalente a una unidad de fomento, para aquellos que paguen el dividendo dentro del plazo, similar al entregado en 1985, en el que se subsidio en media unidad de fomento, iniciativa que resultó exitosa.

La Comisión de la Vivienda cumplió con el trabajo encomendado, a mi juicio, en buena forma; pero se encontró con una terca posición por parte del Ejecutivo, que hoy es conveniente se dé a conocer en la Sala, porque no es justo que carguemos la responsabilidad de la no solución de este grave problema todos los parlamentarios, contribuyendo así al desprestigio que hoy se intenta atribuir a este Poder del Estado.

En efecto, en la Comisión hubo consenso general de que los deudores hipotecarios que contrataron préstamos habitacionales con las asociaciones de ahorros y préstamos sufrieron daño material y moral, por actos que alteraron las normas contractuales que las regían.

Hubo consenso en considerar que dicho daño no ha sido reparado, a pesar de las numerosas repactaciones autorizadas. Pero principalmente se concluyó que era primordial la participación de cada uno de los sectores involucrados, es decir, que existiera una real voluntad política en la solución de este grave problema, que afecta a más de 250 mil chilenos. Lo anterior coincide con la opinión del señor Ministro de la Vivienda, quien señaló que la solución pasaba por la intervención del señor Ministro de Hacienda.

¿Cuál fue la reacción de ese Secretario de Estado? No concurrió cuando fue invitado a la Comisión, sino que envió en su reemplazo al señor Subsecretario, don Pablo Piñera, quien fue categórico en señalar que el Gobierno no intervendría, pues se trataba exclusivamente de un problema entre la banca privada y los deudores, echando por tierra cualquiera posible solución que incluyera a todos los agentes involucrados.

Me alegro que el señor Ministro de Hacienda haya traído hoy propuestas que alivien un poco la situación. Creo prematuro juzgar si las medidas que entregó a la prensa en el día de hoy y que conocían los señores Diputados de la Concertación no así nosotros son importantes o constituyen simplemente paliativos.

En general, la UDI comparte las soluciones propuestas, las que deberían alcanzarse, insisto, involucrando a todos los agentes, es decir, a los deudores, a la banca privada y al Estado.

Me hago cargo del desafío planteado por el Diputado señor Aguiló, porque creemos que la banca tiene mucho que hacer frente a este problema, con lo cual desvirtuamos que la estemos protegiendo.

Aplausos.

El señor CORREA.-

Los deudores, en su calidad de principales afectados, deben estar dispuestos a seguir cumpliendo con sus compromisos, aunque con un sistema de reajuste diferente. En materia de vivienda, el sistema económico actual, basado en la unidad de fomento, debe sufrir alguna modificación y ser objeto de un reajuste semestral o anual.

La banca, como ya he insistido, debe entender que no puede abstraerse de este problema nacional y traspasar parte de las utilidades obtenidas en la licitación de las carteras hipotecarias de la ex Anap. El informe de la Comisión, a modo de ejemplo, señala que el Banco del Desarrollo lo cito por haber sido ya mencionado licitó en solo 600 mil UF, 24 mil operaciones que tenían un valor real de 4.800 millones de UF, es decir, en un 12 por ciento de su valor real, con las consiguientes pérdidas para la ex Anap. Hoy el Ministro señor Foxley ha dicho que son sólo 6 mil casos.

El Estado debe entregar por una vez una ayuda a todos los deudores habitacionales morosos o al día en sus pagos. De otra forma estaríamos vulnerando el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política, que dispone igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

El Gobierno debe acceder a lo que le solicitó la Comisión, en orden a patrocinar un proyecto de ley con el fin de ampliar el plazo para que este tipo de deudores se pueda acoger a los beneficios de la ley N° 19.003, a lo cual el señor Ministro se negó en su oportunidad.

En cuanto a las otras posibles soluciones comentadas, no resulta prudente utilizar los fondos previsionales por las consecuencias que podría tener para los imponentes en el momento de jubilar.

Tampoco estamos de acuerdo con que, después de tanto tiempo, la Comisión recomiende hacer un estudio particularizado, que resulta absolutamente irrealizable, de cada uno de los 57 mil deudores de la ex Anap. Con las deudas agrícolas se intentó hacer un estudio similar, pero después de mucho tiempo sólo se consiguió resolver apenas 200 casos de un total de 20 mil.

Estamos de acuerdo en que el Estado utilice mecanismos financieros que le permitan ocupar los recursos que algunas instituciones bancadas tienen en el Banco Central de Chile.

Por último, no resulta consecuente la voluntad política propiciada por todos con el intento de gastar fuertes sumas de dinero en financiar campañas electorales y devolver el valor de las sedes de partidos políticos, en circunstancias que hasta este momento no se ha encontrado una solución al drama de tantas familias chilenas.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, lamento la demagogia con que se ha asumido este tema, sin comprender el problema de fondo de las personas que adquirieron viviendas a través del Sistema Nacional de Ahorros y Préstamos, garantizado por el Estado, que de la noche a la mañana fue traspasado al sector privado. Es decir, hoy se pretende superar situaciones producidas entre particulares y no de éstos con el Estado.

Quiero enfatizar, sobre todo porque escuché algunas pifias cuando hablaba el señor Ministro, que la gente debe tomar cabal conocimiento de sus palabras. Es natural que en un discurso no se aprecien con facilidad las medidas aquí planteadas.

No sé si la Diputada señora Cristi estuvo presente cuando habló el señor Ministro, porque todas sus interrogantes respecto de los incentivos a corto plazo, de los endeudamientos, del aporte que hará la banca y de los subsidios que entregará el Estado fueron contestadas, una a una, en su discurso. Se trata de una serie de medidas que no tienden a paliar la situación, sino a darle una solución definitiva.

Cuando se propone crear una Comisión porque hay interés en un tema, naturalmente se asiste a las reuniones en que éste se trata. Felicito al Diputado señor Alessandri por haber solicitado la formación de esta Comisión, pero durante el tiempo en que realizó su trabajo, en ninguna oportunidad asistió a ella ni aportó una sola idea. La mayoría de las propuestas por no decir todas fueron hechas por los Diputados de la Concertación.

Si se hubiese asistido a la Comisión se habría advertido, por la cantidad de temas analizados, frente a cada una de las sugerencias formuladas por los parlamentarios, por qué no había posibilidades de solución por las vías planteadas.

Por ejemplo, la utilización de los fondos previsionales era oportuna y quizás podría significar un aporte importante a la solución del problema. Sin embargo, la ley define claramente que el destino de esos dineros es para pagar pensiones.

También nos referimos al tema de la deuda subordinada. Al respecto, me permito hacer una reflexión al señor Ministro. Después de dos años de debate, gran parte de los bancos favorecidos con los montos traspasados mantienen deudas diferidas en el tiempo con plazos imprecisos, lo que permite vaticinar que prácticamente nunca serán pagadas. Quizás habría sido necesario que el Estado hubiese autorizado la entrega de todos los créditos hipotecarios al Banco Central, los que debidamente traspasados al Ministerio de la Vivienda habrían podido significar, con los descuentos correspondientes, entregar viviendas a los deudores hipotecarios. En mi opinión, ésa es una medida tendiente a que la banca, por otra parte, supere su actual problema de endeudamiento.

Con las medidas propuestas por el señor Ministro no sólo se está beneficiando a quienes son deudores de muchos dividendos, sino que se está superando el problema de todos los deudores habitacionales de la ex Anap y de todos aquellos que a la fecha han cumplido con sus pagos. Se trata justamente de premiar el esfuerzo de aquellas personas que, a pesar de todas las dificultades, han sido capaces de sacrificarse para mantener sus dividendos al día.

Sin embargo, echo de menos medidas adicionales que permitan limpiar los informes comerciales de aquellas personas que perdieron sus viviendas por incapacidad de pago, con el objeto de que puedan postular, una vez más, a un subsidio habitacional y hagan realidad la adquisición de la casa propia. El señor Ministro debe considerar esa posibilidad y, en su momento, promover el respectivo proyecto de ley.

Días atrás, ante denuncias hechas por el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Senador Eduardo Frei, en la ciudad de Antofagasta, la parlamentaria de Renovación Nacional, señora Evelyn Matthei, le planteó el desafío de hacer un debate serio y profundo respecto al tema de los deudores habitacionales. Lamento que cuando realmente existe la posibilidad de hacerlo, se encuentre ausente. Este es el momento, y no sólo a través de la prensa y la televisión.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RINGELING.-

¿Y dónde está Frei?

El señor ELIZALDE.-

En todo caso, debo felicitar al Gobierno del Presidente Aylwin no sólo por la dictación de la ley N° 19.003, sino también por todas las medidas que hoy está promoviendo para pagar una deuda social generada durante la dictadura y cuyos responsables están en las bancadas de la Oposición.

Deseo terminar pidiendo una investigación respecto a los 15 millones de UF traspasadas en 1980, donde había personeros muy relevantes del régimen pasado, cuyo destino nunca se supo.

Aplausos en las tribunas.

El señor ELIZALDE.-

En particular, me refiero a los señores Büchi y Dittborn.

He dicho.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, comenzaré por responder al Diputado señor Ramón Elizalde en relación con mi inasistencia a la Comisión de la Vivienda, explicándole que Renovación Nacional hace un trabajo en equipo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Cualquier parlamentario que pertenezca a una comisión representa las inquietudes de cualquier otro.

Igualmente, le quiero decir que sí estuve en la Comisión de la Vivienda cuando el señor Subsecretario de Hacienda de aquel entonces, dos o tres días antes de ser nombrado Director del Banco Central, lamentablemente no aportó nada a la Comisión.

Del mismo modo, deseo decirle al señor Ministro de Hacienda que para Renovación Nacional "democracia" es sinónimo de "participación" y no de "sectarismo". Realmente lamento que haya tenido muchas horas a disposición de los parlamentarios de la Concertación y que no haya tenido la delicadeza de venir, en ninguna oportunidad, en estos catorce meses, a las sesiones de la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano.

No comparto la idea de que las comisiones sean dirigidas en base a cuoteos políticos, porque si la señora Caraball hubiese seguido a cargo de la Comisión de la Vivienda, en lugar de ser presidida por tres democratacristianos más, tal vez esta sesión se habría realizado 6 meses antes y no estaríamos sólo ahora tratando el problema de los deudores hipotecarios, término mal usado en mi opinión, porque debía estar referido a la familia chilena, que es la que se ha desunido, incluso separándose muchos matrimonios, por esta situación de morosidad.

Me imagino que el Diputado señor Montes estará inscrito para hacer uso de la palabra no sólo como Diputado informante, porque es importante hacer algunos recuerdos, pero no es bueno vestirse con ropa ajena. El seguro obligatorio de cesantía no es iniciativa ni de la Oposición ni del Gobierno, sino que de los representantes de las organizaciones de deudores hipotecarios.

Aplausos.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, en la sesión del 3 de abril del año pasado, efectuada en reemplazo de la citada el 17 de marzo, que fracasó por falta de quorum, por unanimidad se aprobaron varios proyectos de acuerdo. Quiero recordar solamente dos puntos respecto de uno de ellos: "Solicitar al Ministro de Hacienda la creación de una oficina nacional de deudores hipotecarios orientada a informar, recoger problemas y formular soluciones globales; solicitar al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras que, por circular, instruya al sistema financiero para que desarrolle las condiciones de atención a sus clientes de la cartera hipotecaria.". Es decir, lo que el Ministro de Hacienda propone hacer de hoy en adelante, nosotros lo aprobamos por unanimidad hace 14 meses.

Tampoco comparto las cifras que el señor Foxley tiene respecto de la nefasta ley N° 19.003, que en su oportunidad opté por rechazar.

La responsabilidad del fracaso de la ley en gran parte fue del Superintendente de Bancos, quien no pudo hacer un reglamento claro y preciso para ponerla en práctica. Nadie sabía en los bancos cómo se aplicaba la ley aprobada por el Congreso Nacional.

Señor Presidente, quiero sugerir algunas medidas concretas, que bien pueden realizarse en conjunto por el Parlamento y el Presidente de la República.

Por acuerdo de esta Cámara, solicitar al Banco del Estado la transferencia a los deudores ex Anap al día en sus pagos el mismo beneficio que obtuvo al licitar la cartera vencida.

Que el Presidente Aylwin cumpla con el compromiso adquirido durante la campaña presidencial, de que ningún chileno pagaría más del 25 por ciento del sueldo en dividendos hipotecarios, lo que hasta el día de hoy no se ha materializado. Me detengo en este punto para apoyar la solicitud del Diputado señor Aguiló, en el sentido de hacerle presente a la banca privada este problema, sin olvidar el compromiso que adquirió el actual Presidente de la República en Laja.

Propongo al Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley o un programa similar al contenido en el decreto supremo N° 132, de 1990, del Ministerio de la Vivienda, que benefició a los deudores del Serviu.

Es el momento de hacer el mismo esfuerzo por los deudores de la ex Anap.

Aplausos.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, propongo a esta Honorable Cámara un proyecto de acuerdo, con el fin de solicitar al Ejecutivo una iniciativa legal que permita que los dividendos por préstamos Serviu se descuenten de la planilla de pago, asegurando el oportuno retomo de recursos para que más chilenos tengan la posibilidad de postular a este beneficio.

Voy a explicar al Ministro de la Vivienda la finalidad que persigue el proyecto. Ningún gobierno ha ejecutado a los deudores Serviu. Eso está bien. Pero el hecho es que el no cumplimiento de esos compromisos atenta contra otros grupos que aspiran a la casa propia, como es el caso de los allegados, a los que, en gran medida, no se les puede solucionar su problema por falta de recursos.

Me gustaría obtener un claro pronunciamiento del Ministro sobre la proposición, como, asimismo, consultar la opinión que le merece al señor Manuel Bustos, en representación de los trabajadores.

Propongo a esta Honorable Cámara que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estudie a la brevedad, y no en 14 meses, un procedimiento que permita excepcionalmente limpiar los antecedentes de los deudores hipotecarios, ya que en estos momentos, además de sus problemas habitacionales, ni siquiera pueden adquirir uniformes escolares para sus hijos, pues no tienen derecho a crédito alguno.

También quiero expresar todo mi apoyo a la petición efectuada por el Presidente de la Fedhach, don Carlos Jofré, en cuanto a revisar y readecuar los contratos de mutuo hipotecario que fueron afectados por el decreto ley N° 3.480, sobre la base del valor actual, real y efectivo de sus propiedades, considerando tanto el desgaste por el uso natural como las mejoras introducidas al bien raíz.

El Gobierno tiene la obligación de dar ahora una solución de fondo. Estudiaremos con atención los anuncios del Ejecutivo, pero seguiremos luchando en caso de que no sean soluciones reales para este sector tan postergado y abandonado de nuestro país, al que lamentablemente sólo se considera en momentos electorales. Me refiero a los estratos medios, a los que este Gobierno les prometió mucho y les ha cumplido bastante poco.

Antes de terminar, quiero hacer otra aclaración respecto del informe de la Comisión que aludió a la Financiera Fusa. Lamento que los representantes de dicha financiera no hayan aportado todos los documentos.

También felicito a la Comisión por haber sensibilizado al Banco del Desarrollo, porque si hay una entidad que actuó de manera absolutamente inadecuada e inhumana con el deudor hipotecario fue el Banco del Desarrollo, con el cual el Gobierno tiene un directo compromiso y sobre el que ejerce bastante influencia.

Las cosas hay que decirlas por su nombre. Represento a un distrito sumamente endeudado, La Florida, con bastantes problemas. La Financiera Fusa sí ha entregado soluciones en forma particular. No las mejores, pero no vengamos aquí a dejar al Banco del Desarrollo como el "Dios de los bancos", dando un tremendo ejemplo con el 80 por ciento, cuando realmente ha liquidado a miles de familias en la comuna que represento. Las cosas hay que hablarlas claras, con percepción de futuro, sin politizar los temas.

He dicho.

El señor JARA (don Octavio).-

Señor Presidente, la situación de los deudores hipotecarios habitacionales es uno de los más graves problemas sociales que se originaron durante el anterior régimen.

En esta Sala hemos discutido muchas veces y hemos concordando en que dentro del espectro de estos deudores, los más afectados e injustamente tratados son los que originalmente contrataron con las cajas de previsión y con las asociaciones de ahorro y préstamo. Así ha quedado claramente demostrado con el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de esta Honorable Cámara, que hoy tenemos la oportunidad de analizar.

Debemos valorar la investigación efectuada por la Comisión. A través de ella se determina, en forma más o menos detallada, el origen y evolución histórica del problema de los deudores hipotecarios de las ex cajas de previsión y ex Anap, y las irregularidades administrativas, contables y financieras que presenta la gestión de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo.

Los deudores de la ex Anap partieron como deudores de las asociaciones de ahorro y préstamo o de sus respectivas cajas de previsión, organismos que tenían el propósito esencial de facilitarle la adquisición de su vivienda. Posteriormente, lo fueron de la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo y del Instituto Nacional de Previsión. Ahora, resulta que son deudores del sistema financiero, instancia de naturaleza absolutamente distinta, que funciona en base a la rentabilidad que produce el dinero. Los deudores hipotecarios contrataron un determinado sistema de reajustabilidad, optativo en su beneficio, que operaba anualmente sólo sobre los saldos de capital adeudado. Esta modalidad de reajustabilidad constituía un subsidio que el Estado otorgaba a los adquirentes de viviendas en este sistema. Además, se obligaron a pagar con la misma moneda en que recibían sus sueldos.

En suma, los deudores ex Anap adeudaban a sus ex cajas de previsión y a las asociaciones de ahorro y préstamo y ahora deben a los bancos. Pagaban sus dividendos en la misma moneda que recibían como sueldo o salario y ahora deben pagar en UF. Contrataron un crédito de largo plazo, generalmente de veinte años, con un sistema de reajuste e intereses anuales, de acuerdo con el aumento de sus ingresos, y ahora están obligados a un sistema de reajuste diario y a pagar intereses sobre intereses. Contrataron bajo un conjunto normativo especial de cobro ejecutivo y terminaron sometidos a las normas de cobranza del sistema financiero.

Los deudores de la ex Anap son víctimas absolutamente inocentes del cambio de sistema. Ellos compraron y se obligaron a pagar el costo de una vivienda. Sin embargo, como consecuencia de medidas legislativas y administrativas adoptadas por la autoridad política de la época, por el gobierno anterior, por el Estado en último término, se alteraron no sólo las condiciones originarias, sino la filosofía del sistema, y terminaron adeudando no el costo de una vivienda, sino el del dinero.

Por lo tanto, el problema se debe a causas estructurales, ajenas absolutamente a la voluntad de los deudores, quienes fueron colocados en una situación de imposibilidad de pago o, al menos, en condiciones difíciles de solventar su deuda, y han sido tratados en forma discriminatoria, arbitraria e injusta, todo lo cual les ha provocado un gran daño patrimonial y moral.

Es necesario precisar responsabilidades. Aquí queda absolutamente claro que existe una responsabilidad política del gobierno anterior, de sus personeros, autoridades y sectores políticos que lo sustentaron. Pero más allá de la responsabilidad política que los deudores y la ciudadanía deben juzgar, las autoridades y personeros del gobierno anterior, bien o mal, legítima o ilegítimamente, actuaron en nombre y en representación del Estado. De modo que la situación de los deudores hipotecarios fue provocada por agentes y políticas del Estado. Ello implica, si somos consecuentes, aceptar que existe una responsabilidad institucional del Estado.

Entendemos que la principal dificultad para asumir esta responsabilidad institucional, aparte de la natural restricción de los recursos, ha sido la falta de información y la casi imposibilidad de precisar el monto de las deudas y las diversas situaciones que presenta este problema. Ello se debe, como quedó demostrado en el curso de la investigación, a las graves irregularidades administrativas, contables y financieras de la ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, que significaron, incluso, que pagos efectuados a esa entidad no fueran remesados a los bancos adjudicatarios, irregularidades en el cálculo de las deudas, información errada e incompleta, etecétera.

Cabe destacar que las anomalías habían sido detectadas incluso por inspectores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en marzo de 1981 y en septiembre de 1984, revisiones en las que se dejó constancia que existía un inadecuado control interno, especialmente de las operaciones generadas en regiones, lo que perjudicó a miles de deudores de provincia. Además, establecieron que las pérdidas históricas que han resultado de la venta de los bienes que se ha adjudicado la Asociación, alcanzan aproximadamente al 50 por ciento del valor contable.

De manera que en cuanto a la gestión de la ex Anap, quedó también de manifiesto la responsabilidad política del gobierno anterior, de sus personeros y autoridades, que actuaron con desidia y falta de mínima preocupación por el interés público comprometido y por los deudores habitacionales.

En síntesis, el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, de la que formamos parte, es un valioso documento que reivindica la dignidad de los deudores hipotecarios habitacionales de la ex Anap, precisa la responsabilidad política del régimen militar, del cual se desprende también que existe una responsabilidad institucional del Estado que el Gobierno actual debe asumir.

En el plano de las conclusiones finales del informe, que compartimos en general, estimamos necesario ampliar algunas y hacer ciertas precisiones.

En efecto, se concluye que los deudores hipotecarios de la ex Anap sufrieron un daño material y moral como consecuencia de actos de la autoridad política, que este daño no ha sido reparado, y que para ello es necesario un estudio particularizado de la situación de cada uno de los 56 mil y tantos deudores, y que se requiere un esfuerzo de los propios afectados, de los bancos adjudicatorios y del Estado, para establecer una deuda justa y razonable.

Compartimos plenamente el marco general de estas conclusiones, pero creemos que ellas se deben concretar en una proposición que permita efectivamente avanzar fórmulas que solucionen en forma global, total y definitiva el problema de los deudores Anap.

En esta perspectiva, me permito proponer el conjunto de principios y mecanismos políticos, jurídicos y financieros que estimo deben ser aplicados para aproximarse a una solución al problema. Entendemos que no son contradictorios con las proposiciones del señor Ministro, las que recién hoy conocemos y lamentamos no haber participado con él en estas soluciones.

En primer lugar, proponemos asumir políticamente la responsabilidad del Estado y, en tal virtud, disponer que el Banco del Estado, que es el instrumento financiero del Estado, asuma la representación de todos los deudores habitacionales cuyas deudas se hayan originado en mutuos hipotecarios concedidos por las ex cajas de previsión y las asociaciones de ahorro y préstamo. Para estos efectos, sugerimos instruir al mencionado Banco para que abra un registro de deudores en todas sus sucursales del país y que se contemple para ello un plazo prudencial. En las oficinas dispuestas para este fin, deben ser recopilados y procesados los antecedentes de cada deudor en particular y, sobre todo, cumplir la función de atender, informar y orientar a los deudores, terminando de esta manera con la indigna tramitación de que han sido objeto.

En segundo lugar, abrir un proceso de negociación con los bancos acreedores de los créditos, sobre la base de los siguientes criterios:

a) Recalcular y reprogramar los saldos insolutos de aquellos deudores que se encuentren al día en el pago de sus dividendos mensuales, con el objeto de determinar una deuda justa y razonable, que considere el valor pagado por el banco acreedor al licitar el crédito y una retasación judicial de la garantía hipotecaria, de manera que el saldo insoluto no sea superior al 75 por ciento de su tasación comercial, descontando el porcentaje de la deuda ya cancelada, y que el dividendo mensual no supere el 25 por ciento de los ingresos del deudor.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le ruego que trate de redondear la idea, porque se acabó el tiempo de su Comité.

El señor JARA (don Octavio).-

Creemos que este mecanismo puede determinar una deuda justa y razonable.

Para el caso de aquellos deudores morosos, estén o no demandados, ofrecer adquirir estos créditos a los bancos acreedores, sobre la base de un recálculo de la deuda con el mismo mecanismo señalado anteriormente.

Creemos que es necesario también avanzar alguna forma de reparación para los deudores que sufrieron remates de sus viviendas, mediante un subsidio especial, proposición que aquí ha sido anunciada. Además, buscar un mecanismo jurídico que permita liberarlo de las eventuales acciones personales que los bancos acreedores aplican para perseguir el pago del saldo insoluto de la deuda, la mayoría de las cuales ya están prescritas, pero que requieren de una declaración judicial.

Es imperioso dar solución definitiva a este problema social que afecta a más de 56 mil familias chilenas. Para ello, el Gobierno, los bancos, el Parlamento y los propios deudores deben comprometer todos sus esfuerzos.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Claudio).-

Señor Presidente, con el respaldo del decreto ley N° 2.824, de junio de 1979, la Anap procedió a licitar su cartera de deudores, de conformidad con las bases de la licitación.

Al respecto existe un cierto consenso acerca de si lo allí establecido se hubiera traspasado a los deudores, o si la situación podría ser diferente. Sin embargo, otros antecedentes hacen concluir que las bases señaladas precedentemente no se aplicaron en su integridad, situación que actuó en perjuicio de los deudores de la Anap. A modo de ejemplo puedo mencionar el envío de la carta, de 24 de agosto de 1989, que la Anap hiciera llegar a los deudores de la Villa Aconcagua de San Felipe, ofreciéndoles a algunos de ellos, no a todos, la posibilidad de prepagar sus saldos de deudas. Si bien esto podría interpretarse como una facultad de la Anap, no se explica el motivo de la discriminación, o sobre la base de qué factores sólo algunos deudores y no todos tuvieron esta posibilidad.

En mi poder obran antecedentes que pueden demostrar asuntos que parecen poco regulares.

Es importante entonces que esas situaciones obtengan una satisfactoria explicación, a fin de determinar eventuales responsabilidades y precisar de qué manera estos hechos han afectado a los deudores de la ex Anap.

Además, considero lamentable que la Comisión no haya profundizado en la investigación acerca del cumplimiento dado por los adjudicatarios a las bases de licitación, en particular en lo que respecta a los acuerdos 1.518 y 1.594 del Banco Central.

Creo que esta Sala no debiera aprobar el informe de la Comisión mientras efectivamente no llegue al fondo del problema, sin perjuicio de que en forma soberana apruebe cualquier proyecto de acuerdo tendiente a solicitar al Ejecutivo una solución real al problema que afecta a miles de familias de nuestro país. En el fondo, se trata de llegar a demostrar que por responsabilidad o irresponsabilidad de algunos funcionarios de la ex Anap, el Estado también tiene una responsabilidad solidaria con los deudores.

Con el fin de conformar un adecuado diagnóstico de la situación de los deudores de la ex Anap, se hace necesario crear una oficina interministerial, de carácter técnico, de vivienda y hacienda, para que en un plazo determinado y breve formule una propuesta de solución efectiva y real. Para ello, dicha oficina debería recibir y procesar la información tanto de los deudores habitacionales como de los adjudicatarios, y comprometerse en una solución, pues mientras el Poder Ejecutivo se mantenga al margen resultará imposible solucionar nada.

Por otra parte, si se insiste en politizar el tema, unos responsabilizando al gobierno anterior y otros al actual, nunca se llegará a la solución, y mientras se discute, los deudores habitacionales continúan en medio de esta polémica. No se trata de echarse a la espalda las responsabilidades, que habrá que determinarlas y sancionarlas si corresponde, pero lo concreto es que existe un problema que debe solucionarse en forma efectiva.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, la ley 18.900, de 1990, puso término a la existencia de la Caja Central de Ahorro y Préstamo y a la Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo. Junto con el antiguo régimen de gobierno moría también una institución que, desnaturalizada al final, dio posibilidades de ahorro y vivienda a muchas familias chilenas. Inicialmente, y previo a este organismo, nace en Chile una de las creaciones institucionales más novedosas y beneficiosas para la familia chilena: el sistema de ahorro y préstamos. Sus objetivos básicos, fundamentales, claros, eran recibir depósitos en cuentas individuales de ahorro y darlos en préstamos hipotecarios para la construcción, adquisición, ampliación o terminación de viviendas. En suma, para satisfacer los requerimientos habitacionales de la población.

Dicho sistema favorecía enormemente las opciones habitacionales de los necesitados, en especial porque los principios que alimentaba eran marcadamente sociales y obedecían a la preocupación insoslayable del Estado por resolver problemas como los de vivienda. Tanto el capital prestado, como el saldo de la deuda y los dividendos, se reajustaban en el porcentaje equivalente a la variación que experimentan los índices de sueldos y salarios, o de precios al consumidor, determinados por el Servicio Nacional de Estadísticas y Censos, y debía elegirse la cifra más baja, despreciándose las fracciones. Sin duda, esto favorecía al deudor, pues la variación de su deuda y el pago iban a la par con la variación de su sueldo o remuneración. Lo anterior iba unido a la estabilidad laboral y al bajo índice de desempleo en la época de su vigencia.

Esto cambió en diciembre de 1973, con el advenimiento del régimen militar, que dispuso que tanto las cuentas de ahorro como las deudas hipotecarias debían reajustarse en el porcentaje equivalente a la variación experimentada por el índice de precios al consumidor. Hubo un cambio arbitrario que no consideró a los deudores habitacionales e impidió toda opción de un índice favorable.

Desde aquí comienza el periplo tortuoso y tormentoso de los deudores habitacionales del sistema Sinap. En forma arbitraria se fusionan las asociaciones de ahorros y préstamos, sin que exista autorización para ello. La deuda y dividendos se reducen a unidades de fomento. Se dispone que el saldo de la deuda y el dividendo se reajusten anualmente, de acuerdo con el ciento por ciento del índice de precios al consumidor. Los deudores de la Anap comienzan a perder todos los beneficios y el trato preferencial que tenían.

Se licitan los créditos. Los bancos compran ¡y a qué precio compran! ¡Estos sí que son verdaderos escándalos! Son los que debieran denunciar aquellos que hoy se dedican a hacerlo. Se les asimila al mismo procedimiento de cobro judicial que procedía en contra de los deudores hipotecarios del sistema bancario.

El enfoque social para encarar estas necesidades se transformó en un mecanismo meramente economicista. Un gran número de familias que contrajo el compromiso con el Estado para ser beneficiado por un sistema para la adquisición de vivienda con un claro e inequívoco objetivo social fue sometido a condiciones que no eligieron y que no estaban estipuladas en sus contratos. En definitiva, fue entregado a la vorágine del libre mercado y a los procedimientos insalvables de la ejecución bancaria.

Estimamos que se produjo daño moral y material como consecuencia de los actos de la autoridad política que alteraron las normas. Más que criticar al Gobierno, quienes hoy lo hacen deberían dar una explicación al país por lo sucedido: una legislación anormal, sobre la base de decretos leyes, modificó los cuerpos legales dictados en un régimen de derecho y con un Parlamento legítimo.

El mal causado está directamente vinculado con el cambio de las reglas del juego. Había un tratamiento preferencial que los beneficiaba en materia de reajuste de deudas y de dividendos y quienes contrataron con Anap estaban programados para pagar de una manera determinada, por lo que son inoponibles a ellos los factores o causas que les impidieron cumplir. La diferencia entre el incremento de la deuda y el reajuste de los ingresos de los trabajadores, aumentada por las altas tasas de desempleo e inflación, originó la incapacidad de pago en los deudores habitacionales, la que se agravó con las continuas reprogramaciones y ejecuciones, además de los altos costos en que incurrieron por las cobranzas prejudiciales y judiciales. Existen aproximadamente 57 mil deudores de las ex Anap perjudicados y abandonados a su suerte. El Estado debe .asumir su responsabilidad. Creemos que institucionalmente tuvo alguna participación en los hechos que hoy lamentamos.

Hacemos nuestras las conclusiones y proposiciones de la Comisión que investigó las irregularidades de la ex Anap y esperamos que el Ejecutivo adopte una decisión sería al respecto con el objeto de solucionar el problema que afecta a miles de personas.

Hoy hemos analizado las consecuencias de la nefasta política habitacional del Gobierno anterior. Pero, por otra parte, felizmente vemos con gran satisfacción que el Gobierno está adoptando medidas tendientes a solucionar los graves problemas sociales, concretamente el de vivienda.

Además, el Ministro ha informado de mecanismos para resolver paulatina y decididamente este problema, entre ellos la creación del Fondo de Estabilización de los Dividendos de la Vivienda, el Seguro de Dividendo en caso de cesantía y otros que se incluyen en proyectos de ley, cuyo envío ha anunciado en esta oportunidad. O sea, existe el ánimo de dar solución definitiva a esta situación. Nos enorgullece que sea el Parlamento el que estimule y sea el punto de partida para lograr soluciones.

Respecto de lo planteado por la Diputada señora Cristi, en cuanto a por qué el Gobierno demoró ocho meses en dar una solución, me parece que los Diputados de esa bancada deberían preguntarse por qué existe este problema. Necesitaron 17 años para terminar con el sueño de miles de chilenos de tener la casa propia.

Yo les pregunto: ¿qué hicieron por solucionar el problema que crearon y agravaron?

He dicho.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, el señor Ministro de Hacienda, al referirse a los exonerados ha manifestado que se les favorecerá próximamente. La pregunta que surge es ¿qué se va a hacer con los exonerados de este Gobierno que ya suman bastante?

En cuanto a las soluciones propuestas por el señor Ministro de Hacienda, debo señalar que son mezquinas y a la gente le ha quedado sabor a poco, por no decir amargo. Y lo curioso es que siempre llegan cerca de elecciones. A lo mejor, es conveniente para el país que se lleven a cabo el máximo de ellas, porque parece que vienen con marraqueta, aunque en este caso, por lo pequeña, es más bien una hallulla.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGTON.-

En relación con el fondo del problema, es evidente que principios económicos que regulan nuestra economía y el libre mercado no permiten que el Estado intervenga directamente en la solución de los problemas de los deudores hipotecarios. Esto ya lo hemos escuchado en repetidas oportunidades. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿puede el Estado, manejado y dirigido por el Gobierno, permanecer frío e indiferente ante miles de chilenos que sufren esta verdadera tragedia de perder sus casas o no terminar de pagarlas mientras vivan? Pienso que no hay razón en el mundo que sustente tamaña afirmación.

El Estado, que debe ser dinámico y moderno, no puede ser pasivo. Se requiere una respuesta, una decisión y una acción responsable. Aquí existe una responsabilidad superior del Estado y del Gobierno. Las circunstancias, la necesidad moral de dar soluciones y esta posibilidad y capacidad de elección que tiene determinan directamente la responsabilidad del Estado y la responsabilidad política de este Gobierno.

Por lo tanto, exigimos desde esta tribuna al Gobierno que sea más generoso, y con la participación también generosa de la Cámara de Diputados, que asumamos responsabilidades morales propias de una misión de bien común, que debe tener todo gobierno que se precie de servir estas nobles causas.

Asimismo, pedimos al sector privado y a la banca que recoja y haga suyos principios que ennoblecen a los hombres y que son propios de nuestro pueblo. Esto se llama: solidaridad.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, sin duda las conmovedoras palabras del colega Longton, habrán hecho recordar a algunos los encendidos discursos de doña María de la Cruz o las obras de teatro de doña Eglantina Sour o de la Luchita Botto.

Los radicales consideramos que a estas alturas es inoficioso continuar refiriéndonos al diagnóstico del tema de los deudores de la ex Anap o al de los deudores hipotecarios, porque es altamente conocido por la ciudadanía, particularmente por quienes participamos en la Comisión de la Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara en la elaboración del informe dado a conocer por el Diputado señor Montes. Las causas, los efectos y las dimensiones del problema son de conocimiento público y, en especial, de los parlamentarios.

Ya no se trata de hacer una radiografía del problema, sino de entrar francamente a resolverlo. La solución consiste en determinar quién paga o quién deja de percibir. Sobre el particular, no hay que ser muy agudo para no darse cuenta de que la solución pasa por cualquiera de los tres actores involucrados: el Estado, la banca o los propios deudores.

Todos los colegas estarán de acuerdo en que los deudores hipotecarios, y especialmente los deudores de la ex Anap, ya han efectuado un esfuerzo de pago que debería calificarse de supremo. Es muy poco lo que ya ellos pueden hacer, sobre todo si consideramos que algunos han pagado varias veces el valor de sus casas. Sin embargo,...

Aplausos en tribunas.

El señor CAMPOS.-

... resulta reconfortante hablar con sus dirigentes, quienes, a pesar de que reconocen como cierto lo que acabo de decir, manifiestan que, a pesar de ello, no quieren "perdonazos" e, incluso más, ofrecen una última cuota para solucionar definitivamente el problema y concretar este anhelo de la vivienda propia.

Luego, si descartamos a los deudores, las soluciones deberían lograrse con la intervención del Estado y de la banca. Al respecto, hoy hemos escuchado a los Diputados de Derecha, en un acto de heroísmo, de imaginación y de generosidad inaudito, inédito en esta Cámara de Chile, señalar: "Que pague el Estado", y una declaración muy lírica, algo así como: "Bueno, y decirle a la banca que también se ponga con alguna pequeña cuota". Cuando el tema, después de haber escuchado las intervenciones de los Ministros señores Foxley y Etchegaray, habría sido que esta Cámara entrara derechamente a analizar con cuánto y cómo participará la banca privada; y aquí tomo las palabras del colega Aguiló, y les pido a los parlamentarlos de Derecha que hablen con sus amigos, parientes y correligionarios que son directores de bancos, para que la banca aporte con un porcentaje, por lo menos, igual al del Estado...

Aplausos en tribunas.

El señor CAMPOS.-

Ese es el punto.

Cada uno debe cooperar con lo que tiene. Nosotros, que somos Gobierno, a través del ofrecimiento expresado en los planteamientos de los señores Ministros de Hacienda y de la Vivienda, ya hemos expresado lo que entregaremos. Ustedes, que son los que dominan y controlan la banca y el sector empresarial, pónganse, naturalmente, con una cuota por lo menos equivalente a este esfuerzo que hará el Estado.

Aplausos en tribunas.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Insisto a las personas asistentes a tribunas que está prohibido realizar manifestaciones en favor o en contra.

El señor CAMPOS.-

El Ministro señor Foxley ha manifestado que el Estado contribuirá con una cantidad equivalente a 80 millones de dólares, aproximadamente. Para mí, han sido una sorpresa los anuncios formulados por los dos Ministros que han concurrido a esta sesión. En todo caso, me parece que después de escuchar sus intervenciones, parte de las conclusiones a las que consensualmente arribamos y propusimos los integrantes de la Comisión, han sido acogidas. Eso debe celebrarse y reconocerse. A lo mejor, es insuficiente y el tema es mucho mayor; pero considero que dentro de la realidad de la Caja Fiscal y de la seriedad con que este Gobierno ha manejado la situación económica del país, por lo menos se ha dado una señal positiva que apunta a la solución del problema.

Ahora, falta que Sus Señorías, los Diputados de Derecha, den la otra señal y el problema quedará solucionado.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Terminó el tiempo de su Comité, señor Diputado.

El señor CAMPOS.-

Esa es la opinión de los parlamentarios radicales, señor Presidente.

He dicho.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, queremos hacer presente que el clamor de toda la ciudadanía, después que el Gobierno ha dado una solución razonable a este problema, es que la banca haga un esfuerzo solidario para compartir este trabajo común de recuperar la vivienda para todos.

En ese sentido, hay un problema con el negocio bancario, con la deuda subordinada, pero en este Parlamento muchos no estamos dispuestos, desde el punto de vista legal, a abrir espacios a aquellos que no desean compartir, con todos los endeudados y personas que han sufrido este drama de la vivienda, una mejoría para los demás si no la tienen también los bancos en lo que respecta a su patrimonio.

Eso queremos destacar y también la importancia del esfuerzo del Banco del Desarrollo para aportar un grano de arena a la solución de este problema.

Por otra parte, llama la atención que se hable de los exonerados de la Administración Pública porque durante este Gobierno no los ha habido. En cambio, sigue pendiente el drama de muchos miles, materia en cuyo estudio también se avanza. Que no se diga mañana que no hay una voluntad política de este Gobierno en la búsqueda de una solución para los exonerados de la Administración Pública, pero no debe olvidarse que es parte de una gran responsabilidad del gobierno anterior.

Concedo una interrupción al colega Vicente Sota.

El señor SOTA.-

Ya que nuestra bancada no dispone de más tiempo, le agradezco su interrupción, colega.

Se trata de sopesar las ideas que ambos Ministros nos han dado a conocer para que, en el futuro, los juzguemos con más prudencia. Es difícil, en este ambiente, valorar los proyectos que nos han planteado, pero considero que, con mayor tranquilidad, comprenderemos que sus propuestas son extraordinariamente valiosas.

Sólo quiero bajar un poco de la altura de lo que han sido las grandes ideas sobre el tema tratado, e ilustrar el verdadero drama en que se encuentran algunos deudores hipotecarios, con lo que conozco muy de cerca en el distrito que represento. Existe la llamada Unión de Cooperativas Habitacionales, Bataflor, organizada en las comunas de Peñaflor, Talagante y Melipilla. Cuenta con mil socios, de los cuales, trescientos ya tienen su vivienda propia; doscientos cincuenta están al día en el pago de sus dividendos, pero hay quinientos pido, especialmente, que los Ministros me escuchen deudores, que son en su mayoría pensionados y éste es un caso que puede ser extrapolado a lo largo de todo Chile que tienen y aquí dispongo de las liquidaciones de pago de las pensiones ingresos de veintiocho mil, veinticinco mil, veinticuatro mil pesos mensuales, y sus dividendos oscilan entre los veintiocho y treinta y ocho mil pesos mensuales.

He ahí el por qué estos quinientos cooperados se encuentran atrasados en el pago de sus dividendos entre tres y seis años. Por esa razón, solicito, en primer lugar, que la Superintendencia de Bancos instruya, en lo posible, o sugiera, por lo menos, al Banco del Estado, y especialmente al Banco Osorno que no se ha mencionado en esta sesión, pero que tiene una enorme cantidad de deudores,...

Aplausos en las tribunas.

El señor SOTA.-

... que se acepte el pago de dividendos con hasta un 25 por ciento del sueldo líquido.

En la ley N° 19.003 no quedó considerado el caso de los deudores que pertenecen a cooperativas, y de esto se valen las instituciones financieras, incluso el Banco del Estado, para no aceptar que los deudores paguen sólo hasta el porcentaje mencionado.

En segundo término pido y creo que es el momento para dejarlo oficializado en el acta de esta sesión que las deudas de estos socios de cooperativas, de ninguna manera constituyan una razón para que las casas de quienes aún no son propietarios, sean rematadas. Sobre la materia, traigo a colación la opinión del Gerente de Normalización de Créditos del Banco del Estado que, en asamblea con estas cooperativas, ha asegurado que las viviendas de quienes pertenecen a estas cooperativas no serán rematadas.

Quisiera, ya sea por intermedio del señor Ministro de Hacienda o del Superintendente de Bancos e Instituciones financieras, que ésta fuera una instrucción, sugerencia o petición que se hiciera a todos los bancos que operan con deudas habitacionales.

He dicho.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Gracias, Presidente. Seré muy breve.

El informe de la Comisión, respecto del cual los distintos sectores parlamentarios han dado a conocer su opinión, tiene aspectos de dulce y de agraz. De dulce y extraordinariamente positivo es que el Gobierno, en esta Sala, haya cambiado su criterio, expresado en la Comisión de la Vivienda, en cuanto a que como éste era un problema entre particulares, tenía muy poco que hacer. Las propuestas entregadas hoy, tanto por el Ministro de Hacienda como por el de la Vivienda, demuestran un cambio de criterio realmente importante y digno de destacar.

En segundo lugar, haciendo una primera evaluación de las distintas propuestas dadas a conocer por los Ministros, la más importante es el subsidio del 15 por ciento para los deudores hipotecarios; pero ¡cuidado! al 30 de septiembre de este año todos los deudores hipotecarios deben estar al día; es decir, sólo disponen de cuatro meses. Desde una perspectiva realista, me parece algo extraordinariamente difícil de cumplir.

En tercer término, la UDI debe asumir el compromiso, como lo planteó el Diputado don Sergio Correa, de seguir trabajando intensamente para que no sólo el Gobierno sino también la banca privada tengan una actitud mucho más decidida en la solución del problema. Y le digo al Diputado señor Campos que si revisa los directorios,...

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Le ruego redondear la idea porque terminó su tiempo.

El señor PEREZ (don Víctor).-

... allí encontrará a muchos amigos suyos y no de estas bancadas.

Muchas gracias.