Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto, que modifica el artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, sobre adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 528-12 y figura en el número 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 69a., celebrada el 30 de abril de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quien rindió el informe fue el Diputado que habla, por petición del Diputado Carrasco, que se encontraba ausente.

En esta ocasión, impugno la indicación postulada por Diputados de Renovación Nacional, de cambiar, en la modificación propuesta al artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, la expresión "dos años" por "cuatro años". Esta disposición no puede ser modificada por la indicación señalada en la página 3 del informe, y no puede serlo, porque no corresponde a las ideas matrices del proyecto.

El mensaje señala:"... resulta conveniente a través del proyecto que someto a vuestra consideración, modificar el actual texto del inciso final del artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, restituyendo la facultad de reservar bienes del Fisco adquiridos por herencia, y destinarlos para fines de interés general o para uso de los órganos de la Administración del Estado, u otorgarlos en concesión en favor de otras personas jurídicas y entidades que no persigan fines de lucro, de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de dicho decreto ley.".

Esas son, señor Presidente, las ideas matrices de la iniciativa. En consecuencia, cuando esa indicación pretende prolongar de dos a cuatro años el período en que el Estado debe enajenar estos bienes hereditarios, indudablemente que se trata de una indicación ajena, por completo, a estas ideas matrices. El señor Presidente de la Comisión así debió haberlo declarado en su oportunidad. Ahora, insistiendo sobre este tema, solicito al señor Presidente de la Cámara que la declare inadmisible, de acuerdo con sus facultades.

Respecto del asunto de fondo, lo que se pretende, con este proyecto, indudablemente, es facultar al Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, para solucionar problemas de algunos órganos de la administración del Estado, a fin de que los bienes que pertenecen al Fisco puedan ser entregados a las entidades fiscales que lo necesiten, o bien a ciertas instituciones, como son las personas jurídicas sin fines de lucro que describe el artículo 57 del decreto ley, cuya modificación se encuentra en estudio.

Esta es la verdadera finalidad de la iniciativa. Por lo tanto, la Comisión estuvo bien al rechazar la referida indicación por mayoría de votos, como quiera que no cumple con el objetivo del proyecto ni soluciona los problemas.

En suma formulo dos impugnaciones a la indicación: la primera apunta a que es inadmisible y, la segunda, a que no cumple con el propósito del Ejecutivo al enviar este proyecto de ley.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Bosselin.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia del Diputado señor Elgueta, tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, este proyecto de ley satisface una necesidad de la Administración del Estado. Por ello, no cabe ninguna duda de que la observación formulada por el Diputado señor Elgueta respecto de una indicación presentada en dicha Comisión, está sólidamente fundada. Pero quiero razonar desde otro punto de vista. El artículo 46 de decreto ley N° 1.939, de 1977, establece: "La Dirección deberá liquidar los bienes inmuebles hereditarios, sin que pueda reservar parte alguna de ellos, a más tardar en el plazo de dos años a contar de la fecha en que se concede al Fisco la posesión efectiva de la herencia.". Esta es la norma vigente, la que, en mi opinión, está redactada sobre la base de una desconfianza visceral hacia la función del Estado en la administración del bien común.

Es sabido que el Fisco, tratándose de las sucesiones abintestato, es heredero a falta de otros herederos. Y hay una cantidad de bienes que, por esa vía, a través del modo de adquirir sucesión por causa de muerte, se incorporan al patrimonio estatal. Normas de esta naturaleza, que establecían una prohibición de reserva y una obligación de liquidar en el plazo de 2 años, son una rémora del pasado. Porque si uno analiza cómo opera el sistema de herencia en nuestro país, la cantidad de bienes que el Fisco adquiere por esta vía y el valor de los mismos, llega a la conclusión de que no constituyen un gran patrimonio, tal como el impuesto de herencia, mecanismo que, en el pasado, generaba una determinada redistribución de la renta, actualmente no cumple esa finalidad.

Pienso que debiera modificarse derechamente el artículo 46 en su totalidad para permitir que el Estado, no solamente en el caso excepcional como lo propone el Ejecutivo, sino como norma general, atendida la escasez de bienes que acceden por esta vía a su dominio, pueda reservarlos permanentemente, sin límite de plazo, y destinarlos a la finalidad social que estime más conveniente de acuerdo con las circunstancias que se estén viviendo.

En mi concepto, la indicación propuesta por los Diputados que sustituye un plazo por otro, emana de una falta de información, especialmente en materias de carácter financiero y tributario, porque no fueron a la fuente de lo que esto realmente significaba.

Por las razones expuestas, me adhiero a las observaciones que ha formulado el Diputado señor Elgueta. No cabe la menor duda de que esta indicación se aparta directamente de las ideas matrices del proyecto en estudio, por lo que debe ser declarada inadmisible. Y, por ahora, es recomendable aprobar el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, sin perjuicio de que en el futuro se estudie la modificación integral del artículo 46.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, estamos en desacuerdo con el planteamiento de los Diputados señores Elgueta y Bosselin, porque el problema de fondo radica en que el Gobierno desea reservarse los bienes hereditarios deferidos al Fisco, para los fines que estime convenientes, posición que no compartimos.

Por ello, en la discusión en general votamos negativamente. Deseamos que el Fisco liquide esos bienes hereditarios sin que pueda reservar parte alguna de ellos.

Se ha argumentado que por esta vía el Fisco podría adquirir bienes y destinarlos a otros servicios públicos -se nombró aquí a las comisarías y otros-. Nosotros pensamos que el Estado tiene otros mecanismos para hacerse de los bienes que ellos necesitan. Esta ha sido la discusión de fondo con respecto a este proyecto.

Por otra parte -reitero algo que manifestamos en la discusión, general del proyecto-, el único argumento aducido por los representantes del Ejecutivo en la Comisión fue que el plazo de dos años era demasiado breve para que el Fisco pudiera liquidar estos bienes. Más allá de lo que expresa el mensaje que lo acompaña, dichas autoridades hicieron presente que, por cuestiones administrativas, ese plazo resultaba demasiado breve.

Si aún en el Senado se considerara insuficiente el plazo de cuatro años que postulamos en nuestra indicación, estaríamos de acuerdo en que se amplíe; pero queremos emitir una señal clara en cuanto al fondo del proyecto. Deseamos que el Fisco no se quede con esos bienes para que los distribuya en la forma que estime conveniente, sino que se mantenga la norma que lo obliga a liquidarlos.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, en mi condición de Diputado informante, afirmo que este proyecto solamente pretende devolver al Estado una atribución que ya tenía. En efecto, en el inciso final del artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, se autorizaba a la Dirección de Bienes Nacionales para reservarse bienes hereditarios para fines propios o de interés general. O sea, no estamos innovando en esta materia, sino devolviendo al Ministerio de Bienes Nacionales una facultad que le fue cercenada por el artículo 15 del decreto ley N° 3.001, de 1979. De allí que a partir de ese año se haya considerado la necesidad de devolver al Ministerio de Bienes Nacionales esa facultad, pues, al heredar bienes que no pertenecen a nadie y, por herencia, quedan yacentes, se hace posible solucionar una serie de problemas que hoy día mantiene pendientes.

Se trata solamente de modificar el inciso último del artículo 46, que dice: "La Dirección deberá liquidar los bienes hereditarios, sin que pueda reservarse parte alguna de ellos a más tardar en el plazo de dos años, a contar de la fecha en que se concede al Fisco la posesión efectiva de la herencia.", agregándole un inciso nuevo del siguiente tenor: "Con todo, el Ministerio de Bienes Nacionales, por razones fundadas, podrá reservar bienes hereditarios deferidos al Fisco y destinarlos para fines de interés general o propios de los órganos de la administración del Estado, como también otorgarlos en concesión a favor de las personas jurídicas y demás entidades señaladas en el artículo 57 de esta ley.".

Aquí ya se habló de la indicación para ampliar el plazo de liquidación de estos bienes hereditarios, de dos años a cuatro. Se estableció que la ampliación no solucionaba el problema de fondo que plantea el Ministerio de Bienes Nacionales, es decir, tener la facultad de destinar estos bienes a otras entidades o de reservarlos.

Otros señores Diputados formularon indicación para hacer esta destinación mediante propuesta pública. También fue rechazada en la Comisión porque el sistema de propuesta pública se inserta en la Ley de Enajenaciones de Bienes, mas no para las concesiones precarias, que pueden dejarse sin efecto en cortísimo plazo por ser esencialmente revocables. En consecuencia, no vale la pena llamar a licitación para enajenar dichos bienes.

Por eso, señor Presidente, tanto nosotros como la mayoría de la Comisión recomendamos aprobar este proyecto, en su segundo trámite, tal como venía en el mensaje, por cuanto creemos que con ello se favorece a una serie de instituciones sin fines de lucro que reclaman la posibilidad de contar con algunos de estos bienes.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojos.

El señor ROJOS.-

Señor Presidente, quiero insistir en un planteamiento del Diputado señor Baldemar Carrasco, en el sentido de que es bastante explícito el proyecto de ley por el cual se propone modificar el inciso final del artículo 46 del decreto de ley N° 1.939, de 1977, ya que su finalidad no es otra que restituir al Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, la facultad de destinar bienes adquiridos por el Fisco mediante sucesión por causa de muerte a fines de interés general o asignarlos a entidades del Estado o a otras personas jurídicas de derecho público o de derecho privado que no persigan fines de lucro.

Como bien sostenía el Diputado don Baldemar Carrasco, lo que se pretende es restablecer un mecanismo que se eliminó con la dictación de decreto ley N° 3.001, de 1979.

En concordancia con lo señalado, el proyecto de ley, al indicar que el Ministerio de Bienes Nacionales, por razones fundadas, podrá reservar bienes hereditarios deferidos al Fisco, se refiere específicamente a aquellos bienes ingresados al patrimonio del Estado por el modo de adquirir denominado sucesión por causa de muerte.

Por otra parte, tiene como finalidad equiparar al Estado, en su ámbito patrimonial, con las demás personas naturales o jurídicas que dentro de la potestad del derecho de dominio pueden usar, gozar y disponer de sus bienes propios.

En todo caso, el Fisco se está autolimitando respecto de la administración de los bienes hereditarios, toda vez que las destinaciones deberán efectuarse por razones fundadas en favor de órganos del Estado o de otras entidades que no persigan fines de lucro.

Tampoco puede omitirse el contexto en que se inserta el proyecto, cual es la Ley General de Adquisición, Administración y Disposición de los Bienes del Estado, que contiene normas en cuanto a la naturaleza de los actos que recaen sobre este tipo de bienes. Por ello, en el capítulo de las enajenaciones, la ley permite la modalidad de propuesta o subasta pública para la venta de activos físicos; en cambio, las destinaciones o concesiones de uso, por su carácter precario, tienen un tratamiento diferente y adecuado a este sistema de adscribir bienes fiscales para fines propios a las funciones de los órganos del Estado o de personas de derecho público o privado que no persigan fines de lucro.

En conclusión, este proyecto de ley, en estricto sentido, es una norma de simple racionalización administrativa, cuya trascendencia va más allá de lo que se ha expuesto.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, sólo deseo refutar algunos conceptos emitidos por el Diputado señor Galilea.

Tal como manifestó el Diputado señor Bosselin, este proyecto se refiere a bienes que no tienen ninguna significación económica ni patrimonial. En la Comisión se entregó un cuadro completo al respecto, en el cual se indica que desde 1989 hasta 1991 el Fisco ha heredado 86,81 hectáreas de terrenos rurales y 45.645 metros cuadrados de áreas urbanas.

En consecuencia, cuando aquí se pretende sostener que el Estado o el Fisco constituirá un gran fondo de propiedades...

El señor GALILEA.-

¡Yo no he dicho eso!

El señor ELGUETA.-

... o que tiene que deshacerse de esos bienes, nos encontramos con que la significación económica de ellos es más bien escasa.

En segundo lugar, el Fisco -y eso lo saben todos los juristas-, para estos casos, recibe el mismo tratamiento de un simple particular; en cambio, el citado decreto ley le establece un plazo de dos años, que se intenta ampliar a cuatro mediante la indicación antes señalada, plazo al que no están obligados los particulares. Por lo tanto, aquí existe una discriminación en contra del Fisco, que tiene en nuestra legislación, como ente jurídico, el tratamiento de cualquier particular.

Enseguida, ¿para quiénes son estos bienes? ¿A quiénes podrán ser destinados? Lo señala el artículo 57 del actual decreto ley que modifica, el cual dispone que se podrán efectuar concesiones en favor de las municipalidades, servicios municipales, empresas, sociedades o instituciones del Estado que tengan patrimonio distinto del Fisco, y de empresas y entidades públicas o privadas en que el Estado tenga aporte de capital, participación o representación; también en favor de las personas jurídicas de derecho público o privado, siempre que estas últimas no persigan fines de lucro.

En consecuencia, aquí se trata de que las entidades que pueden recibir estas concesiones no tengan que efectuar desembolsos y, a su vez, que el Estado no haga un sacrificio económico cuando quiera entregarles un terreno; es decir, se ahorra al Estado o al Fisco un dinero que debería pagar si tuviera que adquirir esos terrenos. En cambio, el proyecto propone que esos bienes, adquiridos a título gratuito, se entreguen, a su vez en igual forma a las entidades del Estado, o bien en concesión a las entidades señaladas en el artículo 57. Por lo tanto, este proyecto tiene una significación económica, pero de ahorro para el Estado y el Fisco, y no al revés, como entienden sus detractores.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, quiero insistir en que el artículo 46, tal como está redactado actualmente, e incluso como quedará con la norma propuesta por el Ejecutivo, en mi concepto no se atiene a los preceptos de carácter constitucional y, específicamente, transgrede el artículo 19, N° 2, de la Constitución, que consagra la igualdad ante la ley y que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.

Lo de arbitrario se refiere al capricho, a lo antojadizo, a lo que no tiene razón o fundamento alguno.

La distinción que se hace entre el Fisco heredero y los otros herederos es ostensible. Una persona que recibe una herencia, un patrimonio hereditario en el cual se comprendan inmuebles, puede disfrutar de ellos y quedarse en el uso y administración de los mismos durante el tiempo, sin límite alguno. En cambio, al Fisco se le impone una limitación determinada. ¿Cuál es la razón para disponer que el heredero Fisco, sólo en términos generales, dentro de un plazo determinado, pueda disfrutar de esos bienes y que, transcurrido el mismo, debe liquidar ese patrimonio? No se divisa ninguna razón jurídica, ni menos de carácter social o económica, para mantener una normativa de semejante especie. Por ello, podemos afirmar que nos encontramos ante una norma claramente arbitraria, discriminatoria y de carácter inconstitucional.

Si se quiere restringir el ámbito de acción del Estado, en su calidad de heredero, debiera haberse propuesto una reforma de carácter constitucional; pero el decreto ley N2 1.939, en su artículo 46, se hace fuego o se topa con esta preceptiva. No he visto que los Honorables Diputados que han analizado este cuerpo legal, principalmente de la Oposición, hayan hecho referencia a estas garantías constitucionales.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En primer lugar, el señor Secretario dará lectura a una indicación renovada.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación renovada tiene por objeto sustituir el proyecto por el siguiente:

“Artículo único.- Sustitúyese en el inciso final del artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, las expresiones "dos años" por las siguientes: "cuatro años".

El señor CERDA (Vicepresidente).-

La Mesa la declara inadmisible por no ir al fondo del problema que quiere subsanar el Ejecutivo con el proyecto.

Ofrezco la palabra a un señor Diputado, hasta por cinco minutos, para que hable en contra de la declaración de inadmisibilidad.

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, primero, me llama la atención la declaración de inadmisibilidad que hace la Mesa porque quienes hoy han impugnado la indicación contaban en la Comisión con un Presidente perteneciente a sus bancadas.

Segundo, reitero que el principal argumento del Ejecutivo cuando se sometió a discusión este proyecto en la Comisión fue que el plazo de dos años no le permitiría al Fisco resolver los problemas administrativos derivados de la liquidación de bienes. De manera que resulta perfectamente atendible, dada esa argumentación, una indicación para ampliar ese plazo que se consideraba insuficiente. Por lo anterior, impugnamos esta declaración de inadmisibilidad.

Con su venia, le otorgo una interrupción al Diputado señor Ulloa.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia del Diputado señor Galilea, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, para nosotros resulta sorprendente esta declaración de inadmisibilidad. En primer lugar, porque la indicación, a diferencia de lo planteado por la Mesa, sí apunta al fondo del problema. Si Su Señoría examina el texto original de ley, vigente hoy día, observará que está centrado precisamente en el factor tiempo, esto es, en el guarismo "2 años". Si es eso lo que el proyecto pretende eliminar, sin duda alguna que la declaración de inadmisibilidad hecha por la Mesa no resulta coherente. Por el contrario, la indicación apunta sólo y exclusivamente al fondo del problema, cual es la posibilidad de que en el lapso de dos años el Estado enajene estos bienes. En atención a los argumentos expuestos por el Ejecutivo, que decían relación con un lapso mínimo de tiempo proponemos alargar el plazo, pero diciéndole que nos interesa que los bienes heredados se liquiden, en beneficio del Fisco, incorporándolos como patrimonio en sus haberes, para disponer de ellos en favor de la comunidad.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Debo manifestar que el artículo no plantea un problema de tiempo, sino la posibilidad de reservarlos, al decir: "y destinarlos para fines de interés general o propios de los órganos de la administración del Estado, como también otorgarlos en concesión a favor de las personas jurídicas". O sea, no está planteando un plazo, sino una idea distinta: reservarlos.

Puede continuar el Diputado señor Galilea.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

El señor Orpis le solicita una interrupción.

El señor GALILEA.- Con su venia, se la concedo.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, deseo hacer una pregunta a la Mesa, a fin de que resuelva, pues el argumento para declarar inadmisible la indicación radica en que no apunta al fondo del tema. Deseo saber si solamente se pueden presentar indicaciones en ese sentido, porque entiendo que, según el Reglamento, también es posible formular indicaciones sobre aspectos de forma, de redacción, como ha ocurrido frecuentemente en la Sala. Con el precedente que se está estableciendo, deberían haber quedado sin efecto muchas leyes que han sido aprobadas, las que, incluso han sido enmendadas en esta Sala, por unanimidad, en sus aspectos formales. Creo que es un pésimo precedente el criterio fijado por la Mesa en este caso.

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, deseo respaldar la resolución adoptada por Su Señoría en uso de sus facultades constitucionales, en el sentido de que la indicación propuesta debe ser declarada inadmisible por no ajustarse al marco de las ideas matrices del proyecto de ley, las cuales deben buscarse en el mensaje firmado por el Presidente de la República.

Voy a dar lectura a la parte pertinente del mismo, donde aparece la idea matriz.

El mensaje dice: "El artículo 15 del decreto ley N° 3.001, de 1979, puso término a esta facultad que ejercía el Presidente de la República por razones fundadas, a proposición del Ministerio de Tierras y Colonización, actual Ministerio de Bienes Nacionales.

"Por tanto, resulta conveniente a través del proyecto que someto a vuestra consideración, modificar el actual texto del inciso final del artículo 46 del decreto ley N° 1.939, de 1977, restituyendo la facultad de reservar bienes del Fisco adquiridos por herencia, y destinarlos para fines de interés general o para uso de los órganos de la administración del Estado u otorgarlos en concesión en favor de otras personas jurídicas y entidades que no persigan fines de lucro, de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de dicho decreto de ley.

"En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, el siguiente proyecto de ley:".

No cabe la menor duda, del tenor literal y del análisis del contexto del mensaje, de acuerdo con los principios de la buena fe y del buen espíritu, que la idea matriz es ésta y no otra. La proposición de los Honorables señores Diputados de la Oposición obedece a dos razones: en primer lugar, que no hiciera una lectura atenta del mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y, en segundo término, a que ellos, habitualmente, no concurren a la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

En votación la declaración de inadmisibilidad de la Mesa.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 24 votos. No hubo abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Aprobada.

En votación el artículo único propuesto por la Comisión.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 25 votos. No hubo abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).- Aprobado.

Despachado el proyecto.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

A continuación, corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto de acuerdo relativo al Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Dupré.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 276-10 (S) y figura en el número 4 de los documentos de la Cuenta de la sesión 72a., celebrada el 7 de mayo de 1992.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado informante señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

En esta ocasión, me corresponde informar a la Sala el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación.

Consiste en un tratado multilateral concertado en la ciudad de Basilea, entre el 20 y 22 de marzo de 1989, durante la Conferencia de Plenipotenciarios convocada por el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Los 116 países que participaron en dicha Conferencia le dieron su unánime aprobación, y hasta la fecha veinte Estados lo han ratificado, por lo que, conforme lo dispone su artículo 25, entró en vigencia internacional a partir del 5 de mayo pasado.

Cabe destacar que para nuestro país regirá desde el nonagésimo día siguiente a la fecha en que deposite el correspondiente instrumento de ratificación.

El objetivo central del Convenio consiste en establecer un sistema de control de los movimientos transfronterizos de desechos industriales peligrosos tanto para la salud humana como para el medio ambiente, lo que significa una reacción frente a la creciente percepción de la verdadera crisis que afecta a la humanidad como consecuencia de la circunstancia de que los países generan gran cantidad de subproductos industriales tóxicos sin tener la capacidad suficiente para tratarlos o eliminarlos, situación que adquiere especial relevancia en el caso de los países subdesarrollados, los que carecen de normativas, medios y técnicas para manejar en forma adecuada los desechos que producen.

La conciencia que la comunidad internacional ha adquirido sobre el problema, se ha manifestado en diversos estudios y seminarios. Por vía de ejemplo, entre estos últimos podemos citar el Seminario sobre Protección del Medio Ambiente, realizado en nuestra capital en junio de 1991, en el que se analizó la urgente necesidad de buscar solución al dilema ambiental y de salud humana en que se ha convertido en muchos lugares del mundo la acumulación de los desechos tóxicos o peligrosos.

En este mismo Seminario, se hizo presente la necesidad de dar una cuidadosa atención a la acumulación de estos desechos durante las décadas advenideras, sobre todo ante el rápido ritmo de la industrialización a nivel mundial.

Por la vía del ejemplo, también podemos señalar que cada año entre 700 y 1.000 nuevos compuestos químicos se agregan a los 90 mil que actualmente tienen empleo comercial, todo lo cual permite concluir que este rápido crecimiento dará lugar a desechos de naturaleza cada vez más dispar, provenientes tanto de las actividades industriales como de las agrícolas y domésticas.

Todas estas consideraciones llevaron a sostener la imprescindible necesidad de contar con normas de derecho internacional público que permitan reglamentar la generación, el tratamiento, la recuperación y el cuidado posterior de las operaciones de eliminación de desechos como una forma de mantener bajo control la eminente crisis que están produciendo.

Al respecto, el Convenio en análisis constituye el primer instrumento regulador internacional que trata esta situación a nivel mundial.

En lo que respecta a la legislación interna, es necesario señalar que en el mensaje mediante el cual ha hecho llegar esta iniciativa al Congreso, Su Excelencia el Presidente de la República afirma que él llenará un vacío existente en la regulación de la materia y que sus normas serán de mucha utilidad para la protección de la salud humana y el medio ambiente. Agrega, asimismo, que no existe incompatibilidad entre la normativa nacional y las obligaciones que impone el Convenio; que las disposiciones de este último no afectan la soberanía marítima de Chile, y que resguarda nuestro patrimonio antártico al prohibir la eliminación de desechos peligrosos al sur de los 60° de latitud sur.

Finalmente, cabe señalar que la incorporación de Chile a este tratado permitirá dar un mejor cumplimiento a los mandatos constitucionales contenidos en los números 8 y 9 del artículo 19 de la Carta Fundamental, los que garantizan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección de la salud.

El instrumento de que se trata consta de un texto principal, el Convenio de Basilea propiamente tal, el que desde los artículos 1° al 14 regula el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos. En los artículos 15, 16 y 19 se establecen los órganos que velarán por el cumplimiento del Convenio: la Conferencia de las Partes y la Secretaría, y en los artículos 20 al 29 se consignan las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral.

Forman parte del Convenio, al tenor del N° 1 del artículo 18, seis anexos que tratan de las siguientes materias: categorías de desechos que hay que controlar; categorías de desechos que requieren una consideración especial; lista de las características peligrosas; operaciones de eliminación; información que se debe proporcionar con la notificación previa; información que hay que proporcionar en el documento relativo al movimiento, y el arbitraje.

Los desechos peligrosos que se procuran controlar son, fundamentalmente, los que pertenecen a las 45 categorías de desechos que enumera el anexo I, entre los que se indican los desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas; los derivados de la producción farmacéutica; los provenientes de la fabricación, preparación y utilización de disolventes orgánicos, pinturas, resinas, plastificantes y adhesivos y, en general, los residuos que resultan de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

Además, se aplica el Convenio a los desechos definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte Contratante que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito.

Quedan expresamente excluidos del régimen de control previsto en este Convenio los desechos radiactivos y los derivados de las operaciones normales de los buques, cuya descarga esté regulada por otro instrumento internacional. Estos desechos son controlados por la normativa del Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Marítima Internacional, en las que Chile participa como Estado miembro.

El control que regula el Convenio se ejercerá con motivo del "movimiento transfronterizo" de los desechos peligrosos, debiéndose entender por tal el que, fundamentalmente, procede de una zona sometida a la jurisdicción de un Estado y destinado a una zona sometida a la jurisdicción de otro Estado, debiendo afectar siempre a dos Estados por lo menos.

Las Partes Contratantes se obligan, en lo sustancial, a prohibir la importación de desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación, lo mismo que su exportación.

Se comprometen a reducir al mínimo su generación de desechos peligrosos y a establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de estos desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúe su eliminación.

Para estos efectos, debe entenderse por manejo ambientalmente racional el que garantiza que la recolección, el transporte y la eliminación de los desechos peligrosos se efectúe de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos que pueden derivarse de tales desechos.

Las Partes Contratantes se comprometen a considerar que el tráfico ilícito de desechos peligrosos y otros desechos es delictivo. Básicamente, será considerado tráfico ilícito el que se realiza sin notificación o sin el consentimiento de los Estados interesados u obtenido mediante falsificación, falsas declaraciones o fraude.

Con miras a prevenir y castigar el tráfico ilícito, las Partes Contratantes se obligan a promulgar las disposiciones legales adecuadas.

La cooperación internacional convenida tiende, en lo esencial, al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías ambientalmente racionales, que generen escasos desechos o eliminen su generación; lo mismo que tenderá a prestar asistencia técnica a los países en desarrollo para que puedan ejercer sus derechos a prohibir la importación o la exportación de desechos peligrosos.

Este mecanismo de control funcionará sobre la base de la información que las Partes Contratantes se comprometen a transmitir a la Secretaría del Convenio, en todos los aspectos relativos al movimiento transfronterizo de estos desechos, materia que el artículo 13 regula minuciosamente.

Los aspectos financieros que las Partes deberán estudiar durante la vigencia del Convenio tendrán por objeto:

a)Establecer centros regionales de capacitación y transferencia de tecnología con respecto al manejo de desechos peligrosos y a reducir al mínimo su generación, y

b)Crear un fondo rotatorio para prestar asistencia provisional, en situaciones de emergencia, con el fin de reducir al mínimo los daños o accidentes causados por el movimiento transfronterizo y la eliminación de desechos peligrosos.

Los órganos que velarán por el cumplimiento del Convenio son la Conferencia de las Partes y la Secretaría.

La Conferencia de las Partes será la reunión en la que a los Estados miembros corresponderá hacer el examen y evaluación permanente de la aplicación del Convenio. Tendrá facultades, incluso, para crear los órganos subsidiarios que se estimen necesarios para tal efecto.

La Secretaría será el órgano técnico y administrativo encargado de organizar las Conferencias de las Partes, de asesorarlas y de mantener la coordinación con otros órganos internacionales pertinentes y, en particular, concertar los arreglos administrativos y contractuales necesarios para el desempeño de sus funciones. Además, recibirá y transmitirá toda la información proveniente de las Partes en los diferentes aspectos relativos a la aplicación del Convenio, los que son descritos en el artículo 16.

Como se señaló, estas normas corresponden a las que ordinariamente se contemplan en los tratados multilaterales. Especial comentario nos merecen las relativas a la solución de controversias y a las reservas y declaraciones.

El artículo 20 indica que las controversias que se susciten entre las Partes en relación con la interpretación, aplicación o cumplimiento del Convenio, deberán ser resueltas mediante negociación o por cualquier otro medio pacífico de su elección. Si por dichos medios no se arriba a una solución, la controversia se someterá, con el consentimiento de las partes, a la Corte Internacional de Justicia o a arbitraje, en las condiciones que señala el Anexo VI.

Sin perjuicio de lo anterior, un Estado puede declarar, al ratificar el Convenio o en cualquier momento, que reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer las controversias en las que sea Estado Parte, o el arbitraje regulado en el anexo indicado. El tribunal arbitral estará compuesto de tres miembros; cada una de las partes nombrará un árbitro y los dos árbitros, de común acuerdo, designarán al tercero.

El tribunal arbitral dictará su laudo conforme al derecho internacional y a las normas de este Convenio.

Cabe señalar que el Convenio no admite reservas ni excepciones; no obstante, se podrán formular declaraciones, a condición de que no se interprete que ellas excluyen o modifican los efectos jurídicos de las disposiciones del Convenio y su aplicación al Estado que la formula.

Señor Presidente, como conclusión, la Comisión estimó que las disposiciones del Convenio concuerdan con las normativas constitucionales que aseguran el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho a la protección a la salud. Asimismo, que la realidad mundial demuestra la urgente necesidad de contar con las disposiciones internacionales que permitan normar o prevenir el serio problema de contaminación que las circunstancias descritas ya están ocasionando en la humanidad. Por tales motivos, aprobó por unanimidad el presente proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo hizo el Honorable Senado, entendiendo que dicha aprobación comprende también a los seis anexos del Convenio, por ser partes integrantes de él.

He dicho.

El señor GUZMAN.-

Pido la palabra.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GUZMAN.-

Señor Presidente, la conservación del medio ambiente, el saneamiento ambiental y la ecología son temas candentes en el mundo de hoy, siendo evidente que este se destruye en forma peligrosa para la humanidad. Y no puede menos que haber una verdadera preocupación por estos factores que influyen derechamente en nuestra condición de vida.

Como un reconocimiento a la trascendencia de estas materias, la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo que propone ratificar el Convenio de Basilea toda vez que es imprescindible establecer un mecanismo de control de los movimientos transfronterizos • de desechos industriales, peligrosos para la salud humana y el medio ambiente de todo el planeta y, sobre todo, de nuestro país.

Por estas razones, los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente votaremos favorablemente este proyecto de acuerdo.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el Convenio de Basilea plantea algunos problemas de fondo existentes entre los Estados y la mantención de los ecosistemas.

En mi concepto, contiene dos disposiciones que merecen una atención preferente, toda vez que tratan una situación que esta Sala analizó cuando conoció un proyecto de ley vinculado a la legislación interna relacionada con la eliminación o prohibición de tráfico y comercio de desechos.

En primer lugar, quiero hacer una afirmación de carácter general. Los Estados son responsables de sus actos. La comunidad internacional hace suya la responsabilidad de los Estados que concurren a suscribir los convenios internacionales, a dar seguridad a los habitantes del mundo de que se desarrollarán o tendrán la opción en el futuro -porque desgraciadamente ya no la tenemos en el presente- de un ambiente libre de contaminación. Y uno de los peligros o de las acechanzas más graves de los países en vías de desarrollo es la forma en que hemos sido utilizados como depósitos o basurales de desechos, que provienen de otros continentes.

Cuando analizamos esta materia, el Honorable Diputado Elgueta -ausente de la Sala por estar atendiendo un asunto de urgencia- planteó una observación que quedó dando vueltas, pero que no la analizamos, y que se refiere a algo que incluye el Convenio de Basilea: la llegada de desechos peligrosos u otros puede hacerse a un Estado por las vías legal e ilegal o ilícita. Este Convenio establece tratamientos diferentes para ambas situaciones.

Tratándose de la llegada lícita o legal de estos desechos, en su artículo 8Q establece que "cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos para el que los Estados interesados hayan dado su consentimiento con arreglo a las disposiciones del presente Convenio no se pueda llevar a término de conformidad con las disposiciones del contrato, el Estado de exportación velará por que los desechos peligrosos en cuestión sean devueltos al Estado de exportación por el exportador, si no se pueden adoptar otras disposiciones para eliminarlos de manera ambientalmente racional dentro de un plazo de 90 días...".

Esto es, tratándose de una incorporación legal o lícita de desechos a un Estado, en el evento de que no pueda llegar a feliz término el contrato que ha dado lugar a esa operación, existe la obligación de reexportarlos; y el Estado desde el cual provino la exportación, deberá recibirlos, a menos que pueda realizarse su eliminación por una vía expedita de no contaminación ambiental.

Cuando se norma internacionalmente la situación del tráfico ilícito, se da una normativa diferente, que dice: "Cuando un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, sea considerado tráfico ilícito como consecuencia de la conducta del importador o el eliminador, el Estado de importación velará por que los desechos peligrosos de que se trata sean eliminados de manera ambientalmente racional por el importador o el eliminador o, en caso necesario, por él mismo, eh el plazo de 30 días a contar del momento en que el Estado de importación ha tenido conocimiento del tráfico ilícito, o en cualquier otro plazo que convengan los Estados interesados...".

O sea, si a Chile ingresan por la vía ilícita -precisamente la que debemos tratar de prevenir- desechos peligrosos para la salud o seguridad de la población, primero, tenemos la obligación, de eliminarlos, y si no podemos, estamos obligados a guardarlos en el territorio y mantenerlos depositados, sin poder reexportarlos. Vale decir, aquel Estado que no adoptó las providencias adecuadas para impedir que se exportaran desechos peligrosos, desde su territorio, no asume su responsabilidad frente a la comunidad internacional y la deja radicada únicamente en el Estado víctima; es decir, será éste quien se quedará con los elementos contaminantes.

Y aquí está la gran discriminación que se hace en esta Convención de carácter internacional, dañina para los países en desarrollo.

En mi concepto, aquí hay sugerencias que emanan más bien, de los países desarrollados que de los que estamos en otra posición desde ese punto de vista.

Al respecto, debemos plantear nuestra posición en el ámbito internacional. No podemos, pura y simplemente, aprobar esta normativa, como si fuera un mero formulismo; tenemos que razonar sobre lo que estamos haciendo ¿Por que? Porque este convenio internacional pasará a tener rango legal en nuestro país y, de acuerdo con los preceptos constitucionales, tendremos que ajustar a él nuestra propia legislación. En consecuencia, no podemos adoptar providencias, medidas o resoluciones diferentes a las que aquí se señalan. Es evidente que el artículo 9, N° 3, de esta Convención, hace una diferenciación inadmisible, que, en el caso de aprobarse, nos impone una carga exagerada, inconveniente y absolutamente perjudicial para nuestros intereses.

Por estas razones, pido a los miembros de la Comisión que estudiaron este tema, con bastante responsabilidad y profundidad, como es su forma de actuar, nos den a conocer su criterio respecto de la posibilidad de aprobar este Convenio, y también sobre la reserva que tenemos respecto del artículo que se refiere al tráfico ilícito de esos desechos peligrosos, por imponemos una carga en el ámbito legislativo que no contribuye al resguardo de la salud de la población, inspirada en principios o concepciones que no están de acuerdo con el resguardo de la ecología y de la preservación plena del medio ambiente en condiciones igualitarias para todas las naciones del planeta.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Palestro.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, detrás de este Convenio de Basilea se esconde un gran peligro para los países subdesarrollados, sobre todo, para aquellos que tienen enormes extensiones de desierto -como es el caso de Chile, entre otros, que ya debe estar en la mira de los países altamente industrializados que acumulan desechos- que pueden ser objeto de depósito de materiales contaminantes.

Además, este tráfico lícito o ilícito no tan sólo puede ser consecuencia de una autorización, sino, que también, puede hacerse por la fuerza. Si se permite recurrir al Tribunal Internacional de La Haya es porque existe la posibilidad de que las grandes potencias industriales del mundo pueden depositar, en los países pobres, por la fuerza, elementos contaminantes.

Considero que ni siquiera deberíamos discutir este proyecto. Iniciativas como éstas hieren la dignidad de las naciones pobres, porque, en el fondo, ellas serán las afectadas.

Ni los países de Europa ni Estados Unidos aceptarán que se depositen basuras -nocivas o no- en sus dominios. Es cuestión de dignidad, de defensa del territorio. Y si a ellos les sobra basura de cualquier tipo, que la dejen en la frontera de su país -como decía el Diputado señor Bosselin- y no conviertan en basurales otros Estados.

Por eso, esta bancada votará en contra de este proyecto. Además, dejo constancia de que el solo hecho de pronunciamos sobre él, hiere la dignidad de nuestro pueblo y de los de América Latina, porque estos países son los que servirán de depósito para la basura que provenga de los países industrializados.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Para hacer una aclaración, tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, tengo la impresión de que lo expuesto por el Diputado señor Palestro es distinto de lo planteado por el Convenio, que, precisamente, propone normas que prohíben el tránsito de desechos tóxicos o productos que contaminen el medio ambiente o dañen la salud humana. El Convenio propicia todo lo que el Diputado señor Palestro prevé como necesario para los países subdesarrollados.

A raíz de esa situación, y tal como se señaló en la discusión previa a la firma de este Convenio, se estableció que los Estados, especialmente los países subdesarrollados, debían darse una normativa a nivel internacional tendiente a proteger su medio ambiente de esta presión o demanda y del tráfico ilícito de algunos productos, como los que se enumeran, de los países desarrollados.

Se indicó expresamente respecto de los países subdesarrollados, que estos Estados débiles tienen el derecho soberano -lo dicen las declaraciones previas- de prohibir la entrada o la eliminación de sus territorios de desechos peligrosos ajenos precisamente por tratarse de naciones que no tienen el nivel de industrialización del que hablaba el Honorable Diputado señor Palestro.

Se trata de establecer un control para que puedan producirse estos movimientos transfronterizos de desechos, peligrosos, o no, lo que significa, como también se hizo presente en las diferentes convenciones, que habrá un incentivo para un manejo racional y una reducción de su volumen. Esta situación fue asumida en la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en 1972, en Estocolmo; en las Directrices y Principios de El Cairo para el manejo ambientalmente racional de desechos peligrosos, aprobados por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en 1987 y en las recomendaciones del Comité de Expertos en el Transporte de Mercaderías Peligrosas de las Naciones Unidas formuladas en 1957.

El señor PALESTRO.-

Eso del Tribunal Internacional de La Haya...

El señor DUPRE.-

Es que existe la posibilidad de recurrir a ese Tribunal.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¡Ruego evitar los diálogos!

El señor DUPRE.-

Discúlpeme, señor Presidente.

Respecto de la observación formulada por el Diputado señor Palestro en relación con el arbitraje, cabe señalar que este mecanismo opera cuando un Estado se siente perjudicado especialmente en la reexportación, cuando se determina que se daña el medio ambiente o se viola claramente el Convenio de Basilea, cuya aprobación se discute. Este Tratado establece ese sistema y la posibilidad de recurrir a los tribunales internacionales.

La Cámara tiene perfecto derecho a aprobar el Convenio con la reserva al artículo 9°, N| 3, relacionado con el tráfico ilícito de mercaderías y a la conducta que deben tener los Estados sobre la materia, como lo ha señalado el Diputado señor Bosselin.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge

El señor PALESTRO.-

¿Me permite, señor Diputado?

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Palestro.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, desde el principio manifesté mi oposición a este proyecto, y cuando me pidieron que interviniera en nombre del Comité, sencillamente lo hice para anunciar su rechazo, que era mi manera de pensar, ahora, de acuerdo a lo que se me ha dicho, dejo en libertad de acción a los Diputados para que voten como lo estimen conveniente, pero, reitero, votaré en contra.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ha quedado constancia de su aclaración.

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

Pasa a presidir la sesión en forma accidental el señor Dupré.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Internacionales Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación constituye un reflejo del esfuerzo mundial realizado en los últimos años para enfrentar los graves problemas de contaminación ambiental que sufre el planeta.

La regularización del manejo de desechos peligrosos protegerá a países como Chile, en particular, y a los latinoamericanos, en general, a los que las potencias industrializadas -como ha ocurrido- pueden enviar basuras que afecten gravemente a la naturaleza.

Esta normativa, además, es muy importante desde el punto de vista de la protección del patrimonio antártico y de la proyección de la soberanía marítima del Estado chileno, puesto que el artículo 4° N° 6 del Convenio, establece la prohibición de eliminar desechos peligrosos al sur de los 60° de latitud sur, y el N° 12 del mismo artículo se refiere al mar territorial.

Respecto del punto planteado por nuestro colega Bosselin, sin duda puede producir la inconsecuencia de que desechos peligrosos -en la medida en que la recepción de esta basura sea responsabilidad del importador o del eliminador de los desechos, o sea de un nacional del país que recibe la basura- sean eliminados dentro del país receptor, lo que evidentemente, puede suscitar una contienda entre este último y el país de donde provienen los desechos.

Más allá de las instancias internacionales -Corte de La Haya- dentro de la propia Convención se ha planteado el establecimiento de mecanismos arbitrales que podrían constituirse en las fórmulas de solución de estas controversias. En cualquier caso, es importante hacer presente que específicamente en los casos de Argentina y Bolivia, países que forman parte de esta Convención, sería necesario incorporar este punto en la agenda de discusión sobre temas bilaterales, para que esta materia sea resuelta y no se produzca la injusticia de que un país que recibe desechos provenientes de otro país tenga que hacerse cargo de su eliminación.

Los Diputados democratacristianos Votaremos favorablemente esta iniciativa, como una señal de preocupación y de compromiso con la defensa del medio ambiente y de la naturaleza en nuestro país.

Hace poco tiempo esta Cámara aprobó el proyecto de ley que prohíbe la importación a nuestro país de desechos tóxicos y contaminantes. En consecuencia, pensando en la próxima reunión -la Cumbre Mundial de Río de Janeiro sobre los problemas del medio ambiente-, vamos a apoyar en forma entusiasta la incorporación de nuestro país al sistema planteado en el Convenio de Basilea.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Martínez, don Gutenberg.

El señor MARTINEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, sólo para expresar mi apoyo a la aprobación del convenio y hacer presente que en el estudio del proyecto de acuerdo varios colegas tuvieron la oportunidad de estudiar el Convenio de Basilea, el cual es absolutamente concordante con aquel.

En la medida en que la Comisión del Medio Ambiente despache finalmente el proyecto de desechos, ambas normas van a ser absolutamente complementarias y nos van a permitir contar con un cuerpo legal lo suficientemente modernizado para constreñir el tema de los desechos.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, el instrumento internacional que vamos a votar constituye el resultado de una serie de estudios realizados por organismos especializados de las Naciones Unidas tendientes a establecer un código mundial de normas obligatorias relativas a los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y disponer medidas de cooperación internacional, llenando un vacío existente en la materia. Además, contempla disposiciones para la protección de la salud humana y del medio ambiente, aplicadas a los Estados que exporten o importen este tipo de desechos, o en cuyos territorios terrestres, marítimos o aéreos transiten éstos.

Las obligaciones que los Estados contraen al ser partes, tanto aquellas consagradas en general como en particular, son armónicas con el ordenamiento jurídico nacional. Así, se resguarda el derecho del Estado de Chile de prohibir la importación de desechos peligrosos para su eliminación en el territorio nacional y en aguas sometidas a su jurisdicción.

Por otra parte, la soberanía de nuestro país no se ve afectada por el Convenio sometido a la aprobación del Congreso, lo que aparece claro en diversas disposiciones del mismo. En efecto, el artículo 4°, N° 12, protege la soberanía marítima de los Estados Partes, al disponer, textualmente, que "nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará de manera alguna a la soberanía de los Estados sobre su mar territorial establecidos de conformidad con el derecho internacional, ni a los derechos soberanos y la jurisdicción que poseen los Estados en sus zonas económicas exclusivas y en sus plataformas continentales...".,

Para nuestro país reviste especial interés el artículo 4°, N° 6, puesto que pone a nuestro patrimonio antártico a resguardo de la eliminación de desechos peligrosos y otros, al estatuir: "Las Partes acuerdan no permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos para su eliminación en la zona situada al sur de los 60° de latitud sur, sean o no esos desechos objeto de un movimiento transfronterizo".

Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto, porque considera que la regulación del tráfico de desechos peligrosos constituye un gran avance para el control de estas sustancias y para impedir que países productores, principalmente de estos desechos, traten de evadir su responsabilidad y su procesamiento, a través de la exportación a países en desarrollo o subdesarrollados.

Consideramos, por lo tanto, que el Convenio constituye un gran avance en esta materia, especialmente en la obligación de reimportar, consagrada en los artículos 8° y 9°, número 2, letra b.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado don Sergio Pizarro.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Señor Presidente, en realidad, está claro en el proyecto de acuerdo que el propósito fundamental de este Convenio es establecer un mecanismo de control de los movimientos transfronterizos de desechos industriales peligrosos para la salud humana y el medio ambiente.

Esta situación, dice el texto, se ve agravada "en los países en desarrollo debido a que carecen de normativas y de técnicas para un manejo ambientalmente adecuado de los desechos que producen".

No es efectivo que en este país no haya una normativa. Efectivamente, existe una normativa en trámite sobre el particular, y es el proyecto de ley que, semanas atrás, la Cámara de Diputados aprobó en general, y que prohíbe el ingreso al país de desechos denominados peligrosos, los que están establecidos en el artículo 1 del Convenio de Basilea, sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su Eliminación. En efecto, este artículo, denominado "Alcance del Convenio", expresa que "Serán" desechos peligrosos "a los efectos del presente Convenio los siguientes desechos que sean objeto de movimientos transfronterizos:", y los enumera.

La letra b) de ese artículo 1° dice específicamente: "Los desechos no incluidos en el apartado a) pero definidos o considerados peligrosos por la legislación interna de la Parte que sea Estado de exportación, de importación o de tránsito".

De este modo, el proyecto de ley que semanas atrás aprobó en general la Cámara de Diputados, incluye un listado de productos denominados "desechos peligrosos", el cual no será definitivo, ya que el Servicio Nacional de Salud, de acuerdo con la norma de ese proyecto de ley tiene que prepararlo año a año; es decir, el día en que este proyecto de ley sea aprobado por la Cámara, en particular, y por el Senado después, habrá un listado de desechos peligrosos actualizados año a año y cuya importación no se permitirá.

En consecuencia, este Tratado complementará de una manera importante la ley en tramitación que ya mencionábamos. Para estos desechos peligrosos no procederá, entonces, arbitraje alguno, por cuanto taxativamente, su importación estará prohibida en el país.

El mensaje de su Excelencia el Presidente de la República afirma que este Convenio viene a llenar un vacío existente en la regulación de la materia. No es así.

Este proyecto de acuerdo complementa el proyecto de ley referido y que hoy se encuentra en trámite en una de las Comisiones de esta Cámara.

Por todas estas razones, votaré a favor de este Tratado, porque complementa la legislación nacional que estamos aprobando en paralelo.

De está forma, nuestro país se está enriqueciendo cada vez más de normas legales, nacionales e internacionales, que protegen el medio ambiente chileno, y, en consecuencia, la calidad de vida de las personas.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en cierta manera este proyecto de acuerdo se contrapone, y en esta parte que voy a señalar, no es complementario del proyecto que aprobamos en la Cámara sobre desechos tóxicos.

En el artículo 9 número 3, el Convenio de Basilea coloca estos desechos peligrosos de cargo del país donde reside el nacional que los importa; en consecuencia, quedan para ser destruidos en el país al cual se exportaron.

De esta manera se le está aplicando un castigo al país del nacional que importa este tipo de productos, lo que, desde luego, rechazo, porque no corresponde, ya que en estos casos se trata de una conducta ilícita en la cual participan, a lo menos, dos partes: el exportador de los desechos peligrosos y el importador, que los recibe. Mediante esta disposición del artículo 9°, número 3, se está imputando al Estado receptor el castigo de tener que eliminar esos desechos.

Cuando se trató el proyecto de ley que aprobamos, presenté una indicación para que la persona responsable de esta introducción recibiera, además, la sanción de devolver al país de origen los desechos peligrosos o tóxicos, pues en ese proyecto no se contemplaba la situación que se producía respecto de los desechos peligrosos o tóxicos ingresados al país.

Sin embargo, esta obligación que propuse en el otro proyecto de ley, se transforma, en el Convenio de Basilea, en una carga, en una obligación, para el Estado receptor. Por esa razón, si se aprueba este proyecto de acuerdo recaído en el Convenio de Basilea, se estaría inhibiendo y coartando la potestad legislativa, en el sentido de que nosotros ya no podremos legislar acerca de la indicación que presenté en el proyecto del Diputado señor Martínez, don Gutenberg, y de otros, que se aprobó en la Cámara de Diputados.

Por está razón, concurriré a la aprobación del Convenio, pero con la salvedad de que el Estado receptor, o sea nuestro país, en el caso de que se realice una conducta ilícita como la contemplada en el número 3, artículo 9°, pueda imponer como sanción al importador nacional la obligación de reexportar, de reenviar al país de origen estos desechos peligrosos.

Es la única manera de adecuar el Convenio de Basilea a nuestra potestad legislativa y a la legislación que estamos dictando.

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción al Diputado señor Bosselin.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, solamente para señalar algo relacionado con lo dicho por Su Señoría en su calidad de Diputado informante. En efecto, hizo una referencia de carácter general a las instancias internacionales para dirimir las contiendas, en el evento de que se plantee un conflicto entre un Estado importador y uno exportador y, eventualmente, en situaciones ilícitas.

El eterno problema de fondo de la doctrina del derecho internacional es si realmente existe, porque la esencia del derecho es que la norma jurídica esté amparada por la posibilidad de ser respaldada por la coacción, es decir, que exista algún mecanismo para exigir el cumplimiento obligatorio. Cada vez tiendo a coincidir más con quienes estiman que al faltar esa coacción o ese mecanismo institucional, la norma no es propiamente de derecho y no basta la simple existencia de la coercibilidad o de la posibilidad por la vía del arbitraje.

En este punto, que debe ser el más delicado y trascendente al cual está abocada en estos momentos la humanidad, nos vemos enfrentados al peligro de que todas estas convenciones internacionales, algunas incorporadas en la legislación interna vía reformas o normas constitucionales, como la del texto de 1980, están corriendo el serio riesgo de transformarse en preceptos puramente declarativos, por cuanto hasta el momento la comunidad internacional no ha logrado constituirse en un organismo de carácter planetario con un grado efectivo de coacción.

Ahora que estamos terminando el Siglo XX, obviamente el Parlamento de Chile debe preocuparse de estas materias y hacer sus planteamientos en el ámbito internacional. Así como fuimos líderes en otros asuntos y señalamos normas de orientación fuimos señeros en ello, y muchas tesis que nacieron en nuestra Cancillería y en nuestros gobiernos se tradujeron en normas de carácter internacional, el actual Gobierno, su Canciller y el Ministerio de Relaciones Exteriores, perfectamente podrían asumir un rol protagónico en el ámbito relacionado con el ecosistema mundial, porque es uno de los riesgos más graves que corre la humanidad.

Esta es, precisamente, una de las poquísimas ocasiones que tenemos para debatir el problema, no en abstracto, sino sobre la base de normas bien categóricas, y para comprobar cómo las convenciones internacionales entran a fallar o a caerse en temas vitales como los señalados por el Diputado señor Elgueta.

Es la precisión que deseaba formular, señor Presidente.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Recupera la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

He terminado, señor Presidente.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, nuestra bancada apoyará el proyecto de acuerdo enviado por el Ejecutivo, porque, sin duda, es un aporte al derecho internacional al transformarse en el primer instrumento de derecho internacional público que regla el problema de los desechos tóxicos.

Al aprobar el proyecto de acuerdo, consideramos necesario señalar con mucha energía que el problema de los desechos industriales que el Convenio regula, es producido por los países ricos del mundo, por los países desarrollados que han usado -como decía el colega Palestro- a los países en desarrollo, a los países del Tercer Mundo, como basurales de sus desechos tóxicos.

El proyecto de acuerdo no regla -como lo recordaron varios colegas- el problema de los desechos radiactivos, dramático, sin duda, a nivel planetario. Durante largos años, las superpotencias y los países desarrollados han ido eliminando sus desechos radiactivos sin ningún tipo de control real. Existen denuncias recientes de que la ex Unión Soviética depositaba desechos radiactivos en el Mar del Norte y en otros lugares, lo que sin duda, traerá consecuencias a todos los seres humanos.

En este contexto, si bien apoyamos activamente la ratificación del Convenio de Basilea, queremos dejar planteado que es necesaria una mayor regulación a nivel del derecho internacional, para evitar que los países en desarrollo, como el nuestro, sigan siendo objeto de la descarga de diferentes tipos de desechos, no sólo de los que están regulados en la ley; desechos radiactivos y de otra naturaleza transportados en buques.

En la próximas semanas estaremos discutiendo -espero que lo aprobemos-un convenio que regula la materia sobre organización internacional marítima.

De otro tipo de desechos nuestro país sigue siendo, al igual que muchos de América Latina, depositario de las grandes transnacionales; productos cuya comercialización está prohibida en los países del norte. En esta materia, estimamos que este paso debe ser completado con la reglamentación para la introducción e importación de pesticidas, herbicidas y fungicidas usados en la agricultura nacional, con componentes tóxicos que han hecho que muchos de los alimentos que consumimos a diario estén altamente contaminados. La comercialización y el uso de gran parte de estos productos importados, están prohibidos en los países de origen.

Asimismo, a la vez que aprobamos el proyecto de acuerdo, es necesario avanzar en la legislación sobre el tratamiento de los desechos industriales altamente peligrosos que se producen al interior de nuestras fronteras, porque la normativa actual sobre la materia, en nuestra opinión, es realmente lamentable. Diversas industrias descargan sus desechos tóxicos de manera directa en los cauces de agua, lo que contamina y afecta la calidad de vida de los chilenos.

Por lo anterior, valoramos que se nos haya mandado al Congreso este Convenio para su ratificación; y manifestamos nuestra alegría de que haya ocurrido, como, asimismo, nuestro absoluto acuerdo de que contemple la situación especial de la Antártida. Esperamos que sea uno de varios pasos que sirva para que el medio ambiente deje de ser una bandera discursiva y sea una materia de preocupación real de todos los parlamentarios; deseamos que sea indicación para que la Conferencia mundial sobre medio ambiente, que se realizará próximamente en Brasil, llegue a conclusiones valederas, y no, como dicen varias organizaciones ecologistas, una mera reunión de jefes de Estado y representantes de gobiernos que no lograrán ningún avance significativo.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Faulbaum.

El señor FAULBAUM.-

Señor Presidente, los Diputados de la bancada radical socialdemócrata apoyamos entusiastamente el proyecto de acuerdo. Sin embargo, llamamos la atención en el sentido de que la Organización de las Naciones Unidas promueve el convenio por un problema que origina la actividad humana, fundamentalmente, en países desarrollados.

En este sentido, es importante reflexionar sobre los modelos de crecimiento que países subdesarrollados, como el nuestro, deben implementar para los efectos de salvaguardar el medio ambiente y la ecología a nivel mundial.

De manera tal que con esta consideración muy breve, los Diputados radicales y socialdemócratas vamos a aprobar el proyecto de acuerdo.

He dicho.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Reyes.

El señor REYES.-

Señor Presidente, el proyecto de acuerdo que hoy nos ocupa obedece a la necesidad de ratificar el Convenio de Basilea, sobre control de movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, suscrito por Chile el 31 de enero de 1990, el cual, para que tenga efecto en nuestro ordenamiento jurídico, debe ser ratificado por el Presidente de la República, con la correspondiente aprobación por parte del Congreso Nacional.

En nuestro caso, es importante analizar el Convenio desde la perspectiva de la salud de la población y del medio ambiente, bienes jurídicamente reconocidos y protegidos por nuestro ordenamiento institucional, y también, como se ha dicho, desde el punto de vista de los intereses de Chile en el territorio antártico.

En cuanto a la salud de la población y al medio ambiente, las ideas centrales del Convenio apuntan a reducir al máximo la producción de desechos peligrosos; a facilitar, especialmente a los países desarrollados y en desarrollo, la disposición final de sus desechos; a proteger al medio ambiente y la salud contra los efectos dañinos de los desechos; a asistir a los países que carecen de tecnología adecuada para la eliminación de sus desechos, y a incrementar la solidaridad y la cooperación internacional para atacar los problemas que se generan por el desarrollo industrial.

Desde el punto de vista de la protección del territorio antártico, la situación de nuestro país, en cuanto a la posibilidad de oponerse al traslado de desechos hacia esa zona, en la actualidad es bastante precaria, ya que sólo es factible respecto de los desechos nucleares y no de otros, con el agregado de que tal oposición es válida únicamente respecto de los Estados miembros del Tratado Antártico.

Al ratificar la Convención de Basilea, Chile podrá oponer sus normas a los demás países firmantes, consecuencia, impedir el traslado de todo tipo de desechos peligrosos al territorio antártico.

Ahora, en cuanto a las observaciones formuladas en especial por el Diputado señor Palestra, tal como lo señaló el colega señor Dupré, las normas contenidas en el Convenio que aprobaremos apuntan justamente a establecer medidas de control conducentes, por ejemplo, a que cada Estado es soberano para prohibir la importación y exportación de desechos peligrosos, atribución reconocida y garantizada por el Tratado.

La intención de exportar desechos debe ser comunicada por el exportador a las autoridades competentes de su Estado y de los que participen como Estados de tránsito o importadores. La información debe ser lo suficientemente clara y precisa para que las autoridades en cuestión estén en condiciones de evaluar los riesgos que la operación pueda generar. El movimiento internacional de desechos peligrosos sólo puede realizarse lícitamente previo acuerdo explícito de los países en tránsito o importadores.

Al mismo tiempo, señala que las autoridades del país exportador deben negar la autorización para exportar esos desechos a países que no cuenten con las facilidades necesarias para una disposición eficiente y ambientalmente racional de los mismos. Las Partes no pueden exportar o importar desechos a terceros Estados, salvo sobre la base de acuerdos regionales o bilaterales concordantes con la Convención de Basilea en cuanto a sus exigencias y controles.

Agrega que se deben establecer procedimientos sancionatorios en caso de violaciones a las exigencias del pacto. Finalmente, en materia de control, prevé también negociaciones posteriores sobre los problemas de responsabilidad y compensación por los daños resultantes de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos.

Las normas del Convenio guardan concordancia con las disposiciones internas que estamos aprobando en la Cámara, especialmente en el proyecto de ley en trámite, cuyo segundo informe está pendiente. Le daremos nuestro voto favorable porque su objetivo apunta a preservar, desde el punto de vista de los desechos peligrosos y de su internación al país, los intereses nacionales.

Muchas gracias.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Horvath.

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, el control de los desechos peligrosos, su reciclaje y la ubicación adecuada para su depósito final es una materia de gran trascendencia y un problema en cuanto al tema ambiental se refiere, el cual, por ser creciente y de carácter global, sólo puede ser resuelto en buena forma mediante convenios internacionales como el que comentamos.

En segundo lugar, en la Cámara se encuentra en tramitación un proyecto de ley incluso más restrictivo que este Convenio, puesto que no sólo prohíbe la internación de residuos peligrosos sino que establece un control transfronterizo.

Además, Chile ha sido uno de los países signatarios de este Convenio y, en consecuencia, estamos aprobando una predisposición que venía del gobierno pasado, en el buen sentido de legislar en forma internacional respecto de esta materia.

El Convenio no considera un punto que habrá que perfeccionar más adelante, relativo a las vías de transporte de los desechos, residuos o elementos peligrosos que no son transfronterizos, pero que por su trayectoria, sea aérea, espacial o marítima, con riesgo de accidente o elementos de otra naturaleza, puedan comprometer la seguridad de nuestro país. A nuestro juicio, esa norma contiene un vacío que deberá perfeccionarse en un convenio internacional futuro, por cuanto fue imposible solucionarlo en la moción por tratarse de legislaciones de otros países.

Por estas razones, más las señaladas en el informe, vamos a dar nuestros votos favorables al proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio de Basilea.

He dicho,

Señor Presidente, solicito la lectura del texto.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Señor Diputado, hemos leído dos veces el texto. Creo que es innecesario hacerlo nuevamente.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 17 votos, por la negativa, 37 votos. Hubo 8 abstenciones.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Rechazada la reserva.

En votación el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio en los términos despachados por el Senado y la Comisión.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo dos abstenciones.

El señor DUPRE (Presidente accidental).-

Aprobado.

Terminado el Orden del Día.