Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional que permite a las instituciones de Educación Superior realizar actividades en beneficio del desarrollo regional y nacional.

Diputado informante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencias y Tecnología, Deportes y Recreación, es el señor Ortiz.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 369-04 (S) y figura en el número 9 de los documentos de la cuenta de la sesión 67a., celebrada el 28 de abril de 1992.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, estimados colegas parlamentarios, el día 6 de junio de 1991 ingresó al Senado un proyecto de ley del Ejecutivo de dos artículos cuyo objeto fundamental era agregar sendos artículos finales a los estatutos de las Universidades de Valparaíso, de Tarapacá, de Atacama, de Magallanes, "Arturo Prat" y del Bíobío, de Concepción. El Supremo Gobierno consideró que no era equitativo ni razonable que algunas entidades de educación superior se rigiesen por las normas del derecho privado y otras no.

En su mensaje, junto con reiterar que la educación es una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno, como lo ha demostrado con la dictación de diferentes normas legales destinadas a mejorar sustancialmente los niveles y la calidad de la educación, destaca su especial preocupación por las universidades, encargadas, como todos sabemos, del cultivo de las ciencias, la tecnología, las artes y, en general, del perfeccionamiento integral del ser humano, así como del desarrollo regional y nacional. Por ello, dice que este proyecto de ley "permite a las instituciones de Educación Superior realizar actividades en beneficio del desarrollo regional y nacional".

Específicamente, ¿cuál fue la situación? En el Senado, teniendo en mano los informes, aprovecharon la instancia de las audiencias los rectores de estas siete universidades, que, por esas cosas del destino -creo importante recordarlo a algunos Honorables colegas- prácticamente todas de provincia y de regiones. Ellos, por escrito, demostraron que la única manera de financiar en el ciento por ciento los presupuestos de las universidades era a través de las asociaciones, fundaciones y corporaciones con personas jurídicas o naturales, para dar a los organismos de educación superior carácter económico y productivo; posibilidades de generar sus propios ingresos y de manejarse independientemente, sin comprometer el patrimonio académico.

La Comisión de Educación de la Cámara se reunió el 15 de abril en curso y -quiero ser reiterativo en lo que mencionó el Diputado señor Bartolucci- por la unanimidad de los presentes consideró de justicia cambiar el tenor del Senado, que agregó la frase "sin fines de lucro", la cual altera el objetivo del mensaje del Ejecutivo que establece cosas concretas y específicas, puede traer reducción de personal y, lamentablemente, significar aumento del déficit de estas universidades.

Por ejemplo, el 40 por ciento de financiamiento de la Universidad del BíoBío, de Concepción, se obtiene por aporte directo o indirecto del Estado; el 60 por ciento restante sólo puede ser conseguido a través de la creatividad de los organismos superiores respectivos.

En este caso, se planteó la situación del aserradero, de la unidad industrial maderera, con serios problemas de financiamiento debido a la falta de atribución legal.

Por esto, una vez que en diciembre de 1991 llegó a la Cámara de Diputados, un grupo de parlamentarios planteamos al Ejecutivo la necesidad de devolver el objetivo original al proyecto de ley, a fin de entregar a la Universidad de Chile las mismas atribuciones que le otorgó el decreto con fuerza de ley N° 153, de 1981, del Ministerio de Educación, que en la letra b) de su artículo 49 establece textualmente lo siguiente: "Crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio.".

El 31 de marzo del presente año, el Ejecutivo se hizo eco de la inquietud de estas siete universidades e ingresó una indicación de artículo único, que contiene las condiciones que anteriormente he leído. La Comisión de Educación, reunida el 15 de abril, con todos los Diputados que la integran, por unanimidad acordó apoyarla y solicitar a los Honorables colegas parlamentarios también aprobar en la Sala el proyecto de ley, tanto en general como en particular, pues será beneficioso para las instituciones de educación superior que involucra.

Hago presente que en la sesión del 15 de abril fundamentó el proyecto el Jefe del Departamento Jurídico del Ministerio de Educación, don Juan Vilches.

Es cuanto puedo comunicar a la Sala, y estoy a disposición de los colegas parlamentarios para cualquier consulta.

He dicho.

El señor KUZMICIC.-

Señor Presidente, como dijo el Diputado señor Bartolucci, para algunas de las universidades regionales desglosadas de la Universidad de Chile, el proyecto de ley es de extraordinaria importancia.

La docencia, la extensión y la investigación configuran la esencia de la universidad. Atendidos estos elementos, la Universidad Arturo Prat, de Iquique, se ha destacado por la investigación desarrollada en diversos ámbitos, en especial en las actividades pesquera y agrícolas de zonas semiáridas, con excelentes resultados. Nuestro país, en este año y en el anterior, exportó melones producidos en la pampa del tamarugal. Otras investigaciones tienen por objeto conocer la realidad de las riquezas dulceacuícolas y desarrollar energías de alternativa no tradicionales.

La Universidad Arturo Prat, sucesora de la Universidad de Chile, y las otras antiguas sedes de dicha casa de estudio, carecen de la facultad de crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones con objetivos que correspondan o complementen lo propio de cada institución, con aportes de fondos de su patrimonio.

Hoy, con la aprobación de este proyecto de ley, la Universidad Arturo Prat y las otras provenientes de la Universidad de Chile, podrán ampliar sus facultades de administración de los recursos, desarrollar la investigación y colaborar al progreso regional; cuestiones que, al menos la Universidad Arturo Prat, ha asumido en sus últimas administraciones, a pesar de tener un bajo aporte fiscal directo e indirecto.

El aporte fiscal directo de la Universidad Arturo Prat, en relación con los alumnos de las universidades de la zona norte, es uno de los más bajos, tal como lo demuestran las cifras del presente año. Así, la Universidad Católica del Norte, por ejemplo, con 3.400 alumnos, per cápita, recibe la suma de 538 mil pesos; la Universidad de Antofagasta, 392 mil pesos; la Universidad de Atacama, 369 mil pesos, y la Universidad Arturo Prat, apenas 127 mil pesos.

De esta forma, la facultad que se entregará a la Universidad Arturo Prat permitirá su crecimiento definitivo. Esta institución, con mucho esfuerzo e inventiva, ha sabido utilizar los recursos que obtiene en bien de la investigación, de la preparación de sus alumnos y docentes y del desarrollo de actividades que contribuyen al crecimiento económico, cultural y social de la Primera Región.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, tengo algunas dudas respecto del proyecto y me gustaría clarificarlas.

En primer lugar, si vamos a aprobar una norma de esta naturaleza, no veo la necesidad de mencionar una a una las universidades del Estado que existen. No sé si podría aprobarse algo más general, porque es perfectamente posible que en el futuro se creen otras universidades estatales, que quedarían en un plano de desigualdad jurídica respecto de las actuales, ya que no se les mencionaría. De crearse una nueva universidad, no le sería aplicable esta norma. Planteo la duda para que algún señor Diputado aclare el punto.

En segundo lugar, se considera el germen del autofinanciamiento de las universidades estatales. Francamente, tengo muchas dudas en cuanto a si es una sana doctrina en una universidad del Estado. ¿Qué ocurriría si el día de mañana una universidad estatal hace malos negocios? ¿Comprometería su patrimonio? ¿Qué pasaría con la comunidad estudiantil? Entiendo que pueda existir la mejor intención por parte de una universidad para obtener mayores recursos, con el propósito de financiar actividades de extensión académica, incluso de crecimiento y desarrollo de la propia institución; pero la incursión en el mundo de los negocios tiene riesgos propios.

¿Qué ocurriría si una universidad estatal, avalada por esta disposición legal, incursiona en el mundo de los negocios y compromete gravemente su patrimonio?

El señor KUZMICIC.-

La Universidad de Chile no ha tenido problema.

El señor SCHAULSOHN.-

La Universidad de Chile es la única que ha disfrutado de esta facultad. Yo pregunto porque me asiste la duda.

Señor Presidente, el Diputado señor Valenzuela me solicita una interrupción y se la concedo, porque quizás pueda clarificar este punto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valenzuela.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, la letra b) del artículo 49 rige para todas las universidades estatales, menos para las siete mencionadas en el proyecto. Establece lo siguiente: "b) Crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio.". De manera que las sociedades o asociaciones que se formen no pueden realizar cualquier actividad o negocio mercantil; sus objetivos deben corresponder a los de la Universidad.

La Universidad de Antofagasta, que pertenece a mi distrito, ha realizado una serie de actividades de tipo cultural y educativo en función de esta norma, pero no ha realizado negocios de carácter mercantil; las otras universidades han operado del mismo modo. Es decir, ningún caso justifica el temor del Diputado señor Schaulsohn.

En mi opinión, la norma es legítima y el día de mañana, si se crea otra universidad estatal, la ley del caso deberá contemplar la facultad que dispone esta iniciativa.

Nada más.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, según el artículo 49, la Universidad de Chile es la única que tiene esta facultad. No sé si el Diputado señor Valenzuela se refirió a la de Antofagasta o de Tarapacá.

El señor VALENZUELA.-

A la de Antofagasta.

El señor SCHAULSOHN.-

Porque la Universidad de Tarapacá es parte del proyecto; es decir, adquirirá la facultad una vez promulgada la ley.

Se da carácter de ley de quorum calificado a esta iniciativa; o sea, le es aplicable la disposición contenida en el número 21° del artículo 19 de la Constitución, que se refiere a las actividades empresariales del Estado. De modo que, a pesar de lo que se diga, es algo que va a resolver la propia universidad. Es como decir que una sociedad anónima o de responsabilidad limitada no puede incursionar en negocios que se aparten de su giro; y como las universidades no tienen giro comercial, en la letra b) del artículo 49 se utiliza "cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la Universidad, aportando a ellas fondos provenientes de su patrimonio.".

Pero, al ser aplicable el N° 21 del artículo 19, son aplicables también las normas del derecho común, como señala la propia Constitución. O sea, estamos facultando a las universidades a incursionar en negocios de tipo comercial, que naturalmente tienen que tener alguna relación con las actividades universitarias. Por ejemplo, se hablaba del aserradero de una universidad del sur que está dedicada a la investigación maderera. Mañana puede hacer un negocio maderero cualquiera, puesto que sería completamente legítimo de acuerdo con el proyecto; y como lo votaremos al amparo del artículo 19, N° 21, de la Constitución, serán aplicables las normas del derecho común. Esa universidad, si el negocio es malo, podría quebrar; comprometer todo su patrimonio y dejar a sus estudiantes sin profesores, sin iluminación, sin material didáctico. Es decir, ¿puede quebrar una universidad con la facultad que establece la ley que se propone? Creo que sí, y le serán aplicables las normas del derecho común.

No he participado ni soy miembro de la Comisión y en la Sala tenemos que estudiar a fondo el proyecto; por eso, no sé si antes de 1981 la Universidad de Chile tenía esta facultad. Me temo que no, por la sencilla razón de que el concepto de universidad estatal tradicional en Chile, con anterioridad al advenimiento de la economía social de mercado, era diferente; con financiamiento estatal y sin la posibilidad, por ejemplo, de contratar empréstitos, de emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a su patrimonio, como reza la letra c) del artículo 49.

Me gustaría debatir a fondo la concepción de universidad estatal de la Honorable Cámara, si estima que las universidades deben incursionar en el ámbito del comercio privado, en el mundo de los negocios, aunque sea con propósitos muy loables; y al mismo tiempo, asumir todos los riesgos muy loables; y al mismo tiempo, asumir todos los riesgos que conlleva dicha incursión con la aplicación de las normas del derecho privado. De no ser así, señor, el proyecto no sería de quorum calificado. Si nosotros facultáramos a una universidad cualquiera; la de Chile, la de Tarapacá, la Arturo Prat, para asociarse con particulares con fines de investigación, me parecería bien que exigiéramos algún tipo de quorum calificado al interior para la toma de decisiones en esta materia; porque ¿quién resuelve en el seno de una universidad si se invierte o no, si se compromete o no su patrimonio? La junta directiva, por simple mayoría.

La Constitución exige que la ley de quorum especial contenga normas especiales aplicables a las empresas del Estado que se creen. Se refiere a la aplicación de las normas del derecho común en el caso de que se autorice al Estado a iniciar actividades empresariales. Está expresamente citada en el informe de la Comisión. "En tal -caso o sea, si se autoriza al Estado para incursionar en las referidas actividades-, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares". Y enseguida viene la norma respecto de la cual quiero llamar la atención de los Honorables Diputados: "sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quorum calificado;".

Por ejemplo, cuando discutimos la ley que modificó la normativa que rige a Codelco para autorizarla a asociarse con capitales privados, consideramos un veto aditivo del Presidente de la República que fijó normas especiales, porque a la mayoría de la Cámara le pareció que Codelco no podía incursionar, pura y simplemente, en una asociación con particulares bajo el amparo del derecho común. Pero en el caso de la disposición para las universidades no se establece ningún tipo de limitación ni de protección para el patrimonio universitario.

Sobre esto, llamo la atención de los Honorables señores Diputados. Acepto, desde ya, que, a lo mejor, es producto de mi ignorancia; pero, en 1981, cuando se dictó este decreto ley -y el Honorable señor Bosselin va a estar muy de acuerdo-, la concepción de la Universidad de Chile apuntaba en una dirección bastante diferente, incluso respecto del rol de las universidades estatales.

El proyecto puede ser, perfectamente bien, un presente griego para las universidades estatales, porque serán autorizadas para incursionar en negocios, sentirán la presión para autofinanciarse y tendrán la tentación que ofrecen facultades muy amplias, carentes de toda protección legal. Por lo menos, deberíamos estudiar y establecer en la misma ley, -no sé si es factible- algún tipo de protección del patrimonio universitario, de manera que las decisiones de las juntas directivas o del cuerpo universitario que tome las determinaciones, estén sujetas a ciertos requisitos legales mínimos.

El proyecto no es de despacho fácil; es delicado, pues conlleva cierta concepción de universidad estatal respecto de la cual, sinceramente, tengo muchas reservas. Me gustaría que en la Honorable Cámara debatiéramos este punto de fondo, porque hay peligros para la integridad patrimonial de las universidades estatales, cuyas consecuencias pueden ser lamentables para los propios estudiantes y cuerpos académicos: bonanza en un momento y angustia y amargura en otro. Mi observación se funda en el hecho de que se hace aplicable, expresa y específicamente, el N° 21 del artículo 19 de la Constitución, que se refiere a la incursión en actividades empresariales sujetas por entero a las normas del derecho común.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Schaulsohn representa la posición del abogado del diablo, porque plantea un sinfín de dificultades que existen en el mundo del mercado y crea confusión entre los señores parlamentarios, que puede hacer peligrar la idea central del proyecto, que beneficiará a los sectores universitarios que lo han solicitado. Pero el Diputado señor Schaulsohn reconoce que las reglas del mercado o del comercio tienen riesgos y ventajas.

En relación con sus inquietudes, por ejemplo, desde 1982, la Fundación Chile ha creado 29 empresas, 24 de ellas en los últimos cuatro años. Ha tenido éxito debido a tres factores importantes. En primer lugar, porque ha contado con aporte de capital inicial de las universidades. En segundo lugar, porque la naturaleza jurídica que creó las hizo realmente operativas; son corporaciones de derecho privado, lo que, evidentemente, les da agilidad. Y, en tercer lugar, porque los recursos humanos y de remuneraciones están a nivel de mercado, lo que favorece la excelencia, la competitividad y el sistema de evaluación del personal.

Esa organización de desarrollo sin fines de lucro, después de ciertos análisis y seminarios, consideró muy importante este proyecto para que las universidades tengan posibilidad de crear corporaciones o fundaciones de su tipo, a fin de desarrollar otras actividades con la estructura de que disponen. La vinculación entre las universidades y el sector productivo debe darse desde el punto de vista operativo.

El proyecto tiene muchos méritos. Uno de ellos es que recoge lo que el señor Schaulsohn ha defendido en algunas oportunidades, a pesar de ser Diputado de Santiago: el propósito de regionalización del país señalado en el programa de la Concertación.

El proyecto entrega facultades a las universidades estatales y a algunas que provienen del ámbito estatal, que, sin embargo, no cuentan con la posibilidad de mayor amplitud. Reviste la importancia suficiente para ahuyentar cualquier preciosismo de análisis frente a su doctrina. Es importante porque las universidades que señala hoy están limitadas hasta extremos que resultan increíbles y si tienen la posibilidad legal de autofinanciarse, podrán desarrollar labores de extensión en las regiones en que están insertas.

Nadie discute que la universidad debe ser eficiente en la labor con sus alumnos; pero los riesgos que señaló el Diputado representante del PPD no sólo le permitirá trabajar bien, sino también que entender oportunamente lo que está pasando fuera de la universidad.

Es importante no tener miedo a los fines de lucro, si no se les tiene en una industria, menos debería tenérsele en una universidad, porque ella tiene que estar en contacto con el mundo y con todos los riesgos, para formar profesionales de nivel universal. Su vinculación con el sector productivo es imprescindible, y lo demuestra el mundo del mercado en que vivimos. La educación es un producto que requiere generar ingresos, con el agregado de la responsabilidad social que le corresponde, incluso, de proteger y dar acceso a los sectores que no lo tienen.

Todos sabemos -especialmente los que integramos la Comisión de Educación- que las universidades que reciben aporte estatal tienen serios problemas de financiamiento, y la vía para generar recursos está en la relación con el sector productivo, al cual no hay que temer. Por supuesto, con la creación de empresas se financiarán y los profesionales de las universidades, sin duda, van a tomar los resguardos y las medidas pertinentes.

Las universidades están involucradas, con responsabilidad ineludible, en el desarrollo del país. Es obvio que este proyecto de ley les otorgue la facultad de vincularse con el sector productivo, ya que les permitirá flexibilidad de acción en el mundo de la docencia e idoneidad académica del más alto nivel de las personas que las integrarán, que, los personeros de la Comisión de Educación, en sus diversas intervenciones, nos garantizaron que ello existía y que, por lo tanto, debería haber unanimidad a fin de no entorpecer la discusión de este proyecto de ley, cuyo tratamiento se ha prolongado durante muchos años.

Si hoy algunas universidades cuentan con mecanismos para crear instituciones que les permitan desarrollar diversas actividades, es justo que deban tenerlos también las que carecen de ellos, de manera de hacer exitosa la gestión de un sistema universitario, que no puede ser una cabeza de medusa que piense diferente frente a problemas reales, porque tiene una columna vertebral en este país. Esta iniciativa tiene la importancia adicional para las universidades de que les permite obtener excedentes que pueden reinvertir en beneficio propio.

El proyecto permitiría crear -y no me cabe dudas de que así será- fundaciones o corporaciones para asistencia técnica, capacitación y prestación de servicios a terceros.

Hoy, las actividades de mandos medios necesitan un fuerte apoyo de asistencia tecnológica. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la agricultura, en los parceleros, en los campesinos mapuches, en los pequeños minifundistas.

Así como la agricultura, todas las actividades de un mundo moderno como el que vivimos necesitan de esta asistencia para desarrollarse al más alto nivel.

Las universidades tendrán el control de estas empresas, de modo que podrán resguardar su calidad académica y fiscalizar su financiamiento.

La universidad debe vincularse con la empresa privada. Vastos sectores reconocen la innegable importancia de la empresa privada en el mundo de hoy. El hecho de que las universidades tengan esta aproximación a ese ámbito, permitirá esta extensión en términos amplios en materias de docencia, de investigación aplicada a las empresas que la requieran y de prestación de servicios.

Estos elementos, que constituyen una especie de triángulo: docencia, investigación y extensión, se encuentran íntimamente vinculados entre sí. La investigación que se generará a través de las posibilidades que abre el proyecto servirá para la docencia, y ésta para la investigación y la extensión. Un triángulo que el país evidentemente necesita.

En esta materia señalaré algunos aspectos que considero interesantes. La posibilidad de las universidades de crear corporaciones, asociaciones, fundaciones y otras instituciones no es una cosa superflua, porque aceptando el desafío que ellas tienen por delante, se les deben dar los medios para enfrentarlo en la mejor forma posible, en un escenario universitario altamente competitivo, donde hay entidades que se han transformado en grandes empresas con fuerte apoyo económico, pero, a la vez, con altísimos costos, los que un amplio sector de la juventud chilena no puede asumir.

Es bueno que esta Honorable Cámara sepa las cosas que se están haciendo rudimentariamente en muchas universidades. Desde este punto de vista, quiero señalar, por ejemplo, que la Universidad de BíoBío, como lo expresaba un parlamentario, tiene un aserradero con el 80 por ciento de su capacidad ociosa; solamente necesita un apoyo que beneficiará al área forestal, el gran mundo de la economía chilena en la próxima década.

Esa misma universidad tiene una imprenta en Chillón, que data de 1960, pero que no puede servir plenamente a la docencia, porque al no contar con recursos no se puede renovar su obsoleta maquinaria. Disponen de una radioemisora modulada en amplitud en Concepción, con un alcance muy limitado -dos kilovatios-, que le impide llegar con su labor formativa a diversos sectores del país.

El Canal de Televisión de Chillán, cuya potencia podría alcanzar a toda la provincia de Nuble, es de 1960, y el costo de operación ha sido cubierto por milagro, gracias al ingenio de los docentes, de los maestros y de los estamentos de relaciones públicas de esa Corporación.

El proyecto en discusión pretende desarrollar las universidades operativas de estas universidades, como de otras, razón por la cual debe ser aprobado en esta oportunidad en general y en particular, porque su tramitación se ha demorado demasiado y, además porque representa el deseo y el anhelo de muchos sectores de este país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carrasco.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, sólo para dar a conocer la importancia de este proyecto en relación con las regiones, si en estos momentos, en que estamos participando en un proceso interesante de regionalización, analizamos el retraso de muchas de las regiones, nos damos cuenta de que sus causas son la ausencia de universidad o la no vinculación de ésta con la región; otras veces son la falta de desarrollo y de medios de las universidades.

Por ello, consideramos fundamental la vinculación de la universidad con la región. Esta vinculación debe estar ligada, más que nada, al proceso de producción, a la investigación y a la innovación tecnológica en relación con los recursos naturales que la región posea. No se entiende el funcionamiento de una universidad regional sin esa vinculación con el proceso de desarrollo de cada una de las regiones. Por eso, a veces, no participamos de que algunas universidades mantengan cátedras o carreras que nada tienen que ver con la región en que ellas se encuentran, generándose un proceso de competencia que no conduce a nada provechoso.

En este sentido, al estudiar la Ley Orgánica de Regionalización, junto con el Diputado señor Elgueta, hemos hecho una indicación precisamente para que los gobiernos regionales que se crean mediante el proyecto respectivo, puedan promover y desarrollar actividades universitarias y apoyar la investigación y el desarrollo tecnológico. Este es un aporte importante y necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de las regiones.

Participo de la inquietud planteada por el Diputado señor Schaulsohn; puede ser motivo de preocupación. Sin embargo, el objetivo del proyecto no es crear empresas lucrativas que pongan en peligro la estabilidad económica de las universidades; no es ése el fin último. Cuando se autoriza a las universidades para "Crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones", se está pensando, más que nada, en la posibilidad de que estas universidades reciban algún tipo de aportes que les permitan desarrollar actividades de su competencia.

Dado el escaso presupuesto de las universidades regionales, el aporte extranjero para investigación y estudios resulta, a veces, fundamental, no obstante que, en algunos casos, estas mismas sociedades pueden significar también una sociedad de comercio lucrativo.

En el proyecto original se establecía como precaución que "la decisión de crear, participar, asociarse, incorporarse, retirarse, definir el monto de los aportes o aumento de ellos, deberá adoptarse por la Junta Directiva, a proposición del Rector, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.". Esa era una buena precaución y debería haber quedado establecida en la ley. Sin embargo, la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo al proyecto, reemplazando los dos artículos originales por uno solo, dejó sin efecto aquella norma. A lo mejor, un articulado de este tipo puede permitir que las medidas que se tomen para la creación de estas asociaciones de carácter lucrativo se hagan con mayor responsabilidad, se sopesen y se estudien más o, por lo menos, cuenten con la conformidad de quienes conforman el cuerpo directivo-docente del establecimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, reitero la necesidad de las universidades de desarrollar las actividades señaladas en el proyecto, y existe buen augurio de que ellas lo aprovecharán para desarrollarse junto con las regiones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, es interesante el debate que estamos sosteniendo esta mañana respecto del sistema universitario, porque nos ha permitido escuchar una serie de argumentos bastante válidos, y otros ya no vigentes porque pertenecen al pasado.

Recuerdo que en las décadas del 60 y del 70 especialmente, se hablaba de que la vinculación de la universidad con la empresa privada era negativa, pues ésta recibía profesionales gratuitamente por parte del Estado. Había toda una disputa con respecto a esta situación.

Si bien esto tiene relación con el proyecto en comento, aquí hay algo más de fondo, que se refiere a la filosofía del financiamiento universitario en este país, el cual deberemos abordar cuando se modifique la ley orgánica correspondiente; según tiene presupuestado el Gobierno, dentro de poco tiempo.

Por un lado, la Universidad de Chile está facultada en estos momentos para crear corporaciones de derecho privado y una serie de empresas productivas que desarrollen tecnología y ciencia en beneficio de las universidades y de las empresas privadas. Pero como está sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, sus trámites resultan engorrosos. Esto determina que sus empresas o miniempresas, que debieran ser productivas y rentables, no pueden competir con las de la Universidad Católica que, si bien es financiada por el Estado, puede hacer lo que estime conveniente con los recursos que obtiene, ya sea del extranjero o de otras instituciones. La Contraloría General solamente llega hasta los montos que el Estado le ha entregado para pagar los sueldos, por lo que le basta con mostrar el listado de los sueldos a ese organismo fiscalizador, y es suficiente. No sucede lo mismo con estas otras universidades, como la de Chile y las regionales, en que hay que dar cuenta de todos los ingresos que se obtienen gracias al esfuerzo extraordinario que realizan los profesores. Además, el gasto de un peso de esos dineros tiene que ser justificado tan exhaustivamente que quedan fuera de competencia respecto de las universidades privadas para conseguir recursos desde la empresa privada destinados a formar corporaciones, empresas o "joint ventures", a fin de concretar "aventuras" científicas y tecnológicas. En tales condiciones, se les hace "un mundo" enfrentar a las universidades privadas, que reciben el financiamiento fiscal como si fueran propiamente del Estado, pero cuya administración está claramente especificada en sus estatutos: cómo se desarrollan, cuáles son sus autoridades y cómo generan sus directivos.

Por otro lado, cuando en 1981, con la dictación de los decretos N° 150 y 151 y otros de Educación, se autorizaron las universidades regionales, no se pensó que podían crear algunas corporaciones como las que tenía la Universidad de Chile en ese entonces, como el Inta, el Instituto de Nutrición, y otras, como la Nasa, etcétera, por lo que no se consideró tal posibilidad en sus estatutos en esa oportunidad. Dar estas facultades a las universidades regionales, significaría incentivarlas a crear ciencia y tecnología aplicada, necesarias en un país en desarrollo como éste, más aun cuando el desarrollo en este sentido es general en todo Chile.

Las universidades necesitan desarrollarse en todas las regiones. Necesitan obtener recursos económicos para realizar "joint ventures" -como se dice en economía- con las empresas privadas, destinados al desarrollo de la ciencia y la tecnología, para luego traspasar la tecnología y los inventos -cuyas patentes permanecerán en manos de las universidades- a la empresa privada, a fin de que ésta se desarrolle y exporte.

Por otro lado, una de las mejores formas de incentivar a los profesores que hacen ciencia y tecnología -no necesariamente desde el punto de vista de sueldos, que mucho lo necesitan- es poder llevar dinero fresco a las universidades para comprar laboratorios y equipos. Esto es un real incentivo para los verdaderos académicos, para los verdaderos científicos de este país. Muchas veces a las universidades regionales, por no tener esta posibilidad jurídica de crear corporaciones o asociaciones con empresas, les es imposible contar con laboratorios o equipos para desarrollarse y fomentar en la juventud, en sus estudiantes, ese espíritu creativo tan necesario.

Señor Presidente, a lo mejor no se reconoce la importancia del tema que hoy tratamos, porque aparece como que se faculta sólo a seis universidades para crear corporaciones de derecho privado o de derecho público, o para realizar asociaciones; pero son tan preeminentes la trascendencia e importancia de la ciencia y de la tecnología, así como de la investigación que se puede hacer con estas corporaciones en estas dos áreas, que el desarrollo del país depende en gran medida de lo que nuestras universidades puedan realizar, especialmente en las regiones. El desarrollo tecnológico de un país subdesarrollado como el nuestro se hace casi en un 90 por ciento en las universidades, y las nuestras necesitan de estos recursos.

Por otro lado, cuando hablo de la filosofía del financiamiento universitario, entiendo que hay otras universidades, netamente privadas, que pueden hacer todo tipo de cosas, según les parezca, desde el punto de vista jurídico, respecto de la creación de corporaciones, asociaciones, etcétera.

Cuando tengamos que estudiar la Ley Orgánica de Educación, seré enfático en señalar, así como defiendo hoy a las universidades del Estado, que los alumnos que estudian en universidades privadas -llámense Universidad Blas Cañas o Universidad Diego Portales, etcétera-, son tan chilenos como los que estudian en las del resto del país, pero estos chilenos, aun si son de escasos recursos, no tienen posibilidad de acceso al crédito fiscal.

Aquí viene todo el trasfondo de esta filosofía de financiamiento, porque, como Estado, podemos orientar el otorgamiento del crédito fiscal. Porque no podemos negárselo a un joven que quiere estudiar en un instituto tecnológico, en que puede sacar una carrera en tres años, que ayudará al desarrollo del país y de su familia, y sí ofrecérselo en otra carrera como una pedagogía en Filosofía, en la que demorarán diez semestres en ser productivos, con evidente perjuicio para sus padres.

Sin embargo, el Estado envía esos mensajes y deja fuera a ese muchacho. Por otra parte, si hiciéramos una encuesta en las universidades financiadas por el Estado y con crédito fiscal, podríamos ver que existe tal distorsión, que el alumno más pobre de algunas universidades del centro del país, tiene la misma categoría del más rico de las universidades regionales. Y ese joven que en Santiago recibe aproximadamente un 50 por ciento del crédito fiscal, en las universidades regionales, por ser el más rico, recibe cero peso de crédito fiscal.

Todos los chilenos pueden acceder a la universidad si tienen los méritos necesarios; esa misma igualdad debería existir en cuanto al crédito fiscal para el pago de los estudios, tal como lo establece la Constitución de 1980.

Por otro lado, cuando estudiemos el financiamiento de la educación superior será necesario no tan sólo facultar a las universidades estatales para formar corporaciones, sino también permitirles una administración en la que la Contraloría General de la República fiscalice sólo los recursos que el Estado directamente les entrega y no toda su gestión financiera porque los que estuvimos en la creación de las universidades en 1981, y que consideramos que sus juntas directivas y sus aparatos administrativos eran los adecuados para su conducción, no podemos hoy decirles que no les daremos estas facultades.

Porque tengo confianza en las estructuras de estas instituciones y en su condición, votaré favorablemente en este caso. Asimismo, cuando estudiemos la filosofía del financiamiento universitario, propondré las condiciones necesarias para que todos los chilenos sean iguales ante la ley y ante los recursos del Estado para estudiar en la universidad, si sus méritos son los adecuados y si su inteligencia lo permite.

En caso de que su situación económica sea mala, el Estado tendrá que hacerse presente.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leblanc.

El señor LEBLANC.-

Señor Presidente, este proyecto reviste indudablemente una especial importancia para las universidades regionales, sobre todo para un grupo importante de ellas que carecen de las facultades que les entrega este proyecto.

Del mismo modo, ante la proliferación de universidades privadas ocurrida hace algunos años -las que no se caracterizan necesariamente por su compromiso con el medio en que están insertas, sino más bien tienen una marcada tendencia tecnocrática y profesionalizante- es de doble importancia rescatar algunos conceptos universitarios que van más allá de la docencia, de la investigación y de la extensión, y que dicen relación con el compromiso que las universidades deben tener con el desarrollo, con el avance científico y tecnológico y, en último término, con el desarrollo de los pueblos y sus habitantes.

Por eso, este proyecto de ley, que entrega estas facultades en forma especial a universidades regionales, reviste -como dije- una importancia de primer orden; más aun cuando no hay duda de que por fallas de la ley, hay una discriminación entre las universidades del centro del país y las regionales. Ya tendremos oportunidad de mejorar eso. Lo importante hoy es entregar estas facultades a las universidades estatales, sobre todo a las regionales, para que así sean consecuentes con lo que estamos viendo en materia de regionalización. Indiscutiblemente, señor Presidente, el destino de las universidades de las regiones, sobre todo el de las más lejanas, está íntimamente ligado con las facultades que se les entreguen para su progreso.

Entiendo las aprensiones del Diputado señor Schaulsohn. No hay duda de que, desde el punto de vista de la interpretación de la ley, aquí podría haber un riesgo; pero, como se ha dicho en esta Cámara, pienso que no podemos detenemos en preciosismos, sino que debemos ir al fondo. Y el fondo del problema es que estas universidades cuenten con las herramientas necesarias para progresar, para avanzar en cada una de las regiones.

Por otra parte, el mundo y su avance actual indica que no podemos pretender que las universidades sigan, como cajas de cristal, encerradas entre cuatro paredes y desligadas del mundo y de su entorno. Por eso es doblemente importante que puedan convenir, asociarse, contratar y crear fundaciones y corporaciones que les permitan insertarse decididamente en el medio en que se encuentran.

Es así como la Universidad de Tarapacá, ubicada en el distrito que represento, tiene una serie de iniciativas en el marco de la integración, pues ha realizado acuerdos con sus similares de Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. Sin embargo, no tiene los instrumentos legales que le permitan hacer realidad todo ese intercambio -académico, científico, tecnológico y de información- así como la posibilidad de crear empresas y realizar "joint ventures". O sea, tomar compromisos integradores que permitan ir más allá de lo que las cancillerías respectivas tanto proclaman, pero poco avanzan.

Por lo mismo, este instrumento legal podría entregar enormes posibilidades de crecimiento y de perfeccionamiento, sobre todo teniendo muy claro que en el norte la definición universitaria no puede ser dejada de lado. El rol fundamental de la universidad tiene que preservarse.

Tengo mucha confianza en las estructuras universitarias, sin perjuicio de que en otro tipo de legislación se puedan incluir medidas que den respuestas a las aprensiones que pudieran existir.

Estoy seguro de que no sólo su personal académico, docente, administrativo y alumnos, sino que toda una provincia y toda una ciudad que quiere y ama a esta institución, verá reflejada en esta iniciativa la posibilidad de que la Universidad de Tarapacá, la de todos los ariqueños, pueda recobrar un papel muy importante en el concierto del desarrollo de nuestra sociedad.

Por lo anterior, voy a votar favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, lo más probable es que en la discusión de este proyecto, que obviamente conlleva un beneficio o una respuesta satisfactoria a una aspiración planteada por varias universidades regionales, vamos a estar de acuerdo en que tiene sentido e importa ciertos beneficios. Sin embargo, quiero dar a conocer mi opinión como una reflexión respecto de lo que efectivamente estamos discutiendo con el proyecto.

En primer lugar, éste se refiere a aquellas universidades que tuvieron su origen en el desmembramiento de las estatales, es decir, la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, en un período posterior al proceso de intervención de las universidades chilenas, lo que significó afectar sustancialmente el carácter nacional y la importante cobertura regional que tenían en ese entonces esas casas de estudios superiores.

En 1981, se introdujo una disposición que permite a algunas universidades estatales -no todas- integrarse a un mecanismo establecido como una exigencia para todas ellas el del autofinanciamiento.

Estas disposiciones dicen relación con un hecho que en su intervención mencionaba el Diputado señor Valcarce. Las Universidades de Chile y Técnica del Estado, o las que habían surgido de su desmembramiento, se encontraban en una situación desmejorada en su competencia con las universidades privadas, particularmente con la Católica, tanto de Santiago como de Valparaíso, las que por su estructura jurídica y carácter privado, a pesar de recibir financiamiento del Estado, podían constituir corporaciones, fundaciones o instituciones, en este caso sin fines de lucro, que les permitían ofrecer a la comunidad una serie de servicios, por los cuales cobraban. Con ello generaban recursos que les ayudaban a su autofinanciamiento.

El hecho de que estas corporaciones fueran sin fines de lucro no era trascendental para ellas, porque el tema de la competencia entre las universidades incidía fundamentalmente en los sueldos, salarios y recursos que tuvieran para equipar laboratorios y centros de investigación. En consecuencia, la competitividad no estaba asociada a generar renta para la universidad, sino a que, en la competencia con las estatales o las que lo habían sido desde siempre, pudieran ofrecer mejores sueldos e ir equipándose para acceder a la investigación en forma ventajosa respecto de las otras universidades.

Esta disposición, de 1981, entrega a un conjunto de universidades la posibilidad de quedar en la misma condición que tenían las universidades privadas. De esa forma se posibilita -éste es el primer punto de reflexión que deseo traer a colación- la existencia de un mecanismo formal para que estas universidades se vayan habilitando en mejor forma para llegar al autofinanciamiento. O sea, detrás de este proyecto está la idea de que la educación superior debe autofinanciarse, incluso en aquellos casos en que existe subvención del Estado.

Cuando se plantea que las universidades se podrían acoger, a través de este proyecto, a disposiciones que les permiten formar asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, en verdad se les está entregando una atribución o facultad legal que les permite equilibrarse con aquellas que ya lo obtuvieron en 1981 y, en consecuencia, habilitarse en mejor forma para entrar en un sistema de autofinanciamiento.

Por lo tanto, el punto en discusión no está en si dichas universidades están reclamando algo justo, sino en que por esta vía estamos consolidando un planteamiento que, al menos para mí, es bastante discutible, cual es la exigencia del autofinanciamiento del sistema de educación superior.

Con la aprobación de este proyecto, estaremos en la línea de lo que hace algunos años critiqué directamente al régimen pasado, cuando le impuso a las universidades chilenas, particularmente a las estatales, la exigencia del autofinanciamiento. ¿Cómo entraron en ese sistema? Aquí deseo abocarme a la discusión de algunos de los alcances que se han hecho.

Cuando posibilitamos que una universidad que recibe un aporte importante del Estado entre a competir con otras empresas privadas, ya sea en la entrega de un servicio, en la elaboración de un producto o en la asesoría que pueden prestar sus equipos universitarios a cualquier función productiva, estamos introduciendo un mecanismo que claramente destruye o afecta un concepto que en nuestro país hoy día todos defendemos, y contra el cual -entiendo- nadie quisiera legislar: que efectivamente haya una sana competencia en todo lo que dice relación con servicios, producción o prestación de cualquier tipo de asesoría, etcétera.

Al respecto, quiero señalar algunos ejemplos. La Universidad de Chile en su Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas está conformada por distintas unidades, asociadas a departamentos de industria, geología, geodesia, obras civiles, químicas y física. En consecuencia, se halla en condiciones de prestar una serie de servicios al sector privado en mejor forma de lo que podría hacerlo cualquiera institución o empresa privada. ¿Por qué digo esto?

Porque al contar con una subvención del Estado, está en condiciones de competir sin incorporar en sus costos de funcionamiento las exigencias que tiene una empresa de asesoría o consultoría común y corriente.

Esta discusión ha existido durante todos estos años. No estoy diciendo que pueda haber en esto algo a lo cual debamos oponemos, sino, simplemente, menciono un hecho objetivo, como es que todos los colegios profesionales, sin excepción, han estado unánimemente en contra de la idea de que, por la vía de la exigencia de autofinanciamiento de las universidades, éstas, con recursos del Estado, se transformen en organismos que compitan con los profesionales que están intentando realizar los mismos servicios que las universidades están en condiciones de prestar.

El segundo aspecto que deseo plantear respecto de este asunto radica en que debemos tener conciencia de que con la aprobación de este proyecto, estamos posibilitando la constitución de empresas, corporaciones o fundaciones, con fines de lucro o sin ellos, las que, al tener la categoría de personas jurídicas de derecho privado y ser tratadas como tales, puedan acceder a créditos y a mecanismos financieros que escapan del control de lo que es el Estado propiamente tal. En consecuencia, por esa vía estamos entregando a esas corporaciones una atribución que les permite el endeudamiento.

Este es un punto que debemos tener presente, porque el aspecto a que hacía referencia el Diputado Carrasco dice relación con algo que inevitablemente tendremos que discutir cuando se estudie la posible asociación de los gobiernos regionales para constituir sociedades y corporaciones que puedan favorecer o propender al desarrollo de las regiones.

Por último, aquí existe una idea que no comparto. Las corporaciones educacionales que se constituyen por la vía de fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y están cumpliendo con su función educacional sin que eso les genere ventajas, es una falacia, porque la mayor parte de las instituciones de educación de carácter privado, tanto superior como media, asumen la estructura de corporación, porque ello les ofrece ventajas tributarias y les permite crecer sin las exigencias que tendrían una sociedad privada de tipo comercial. En consecuencia, no me atrevería a decir que el hecho de que estas instituciones privadas se constituyan como corporaciones garantiza de por sí que puedan estar cumpliendo con su papel, ya sea para favorecer el desarrollo educacional o el de una región.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Campos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Antes de ello, quiero solicitar el asentimiento de la Sala para votar este proyecto, en general, antes de que termine el Orden del Día.

Lo mismo solicito para el proyecto de acuerdo relativo al Convenio N° 144 de la Organización Internacional del Trabajo, debido a que estamos próximos a la celebración del 1° de Mayo.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

El señor SCHAULSOHN.-

No, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, no doy la unanimidad para votar este proyecto hoy día si el debate excede el tiempo del Orden del Día.

En cuanto al segundo proyecto, no tengo inconveniente en dar la unanimidad.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces el acuerdo sería sólo respecto del segundo proyecto.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en primer lugar, debo agradecer la interrupción concedida por el Diputado señor Latorre.

Creo que las reservas o prevenciones planteadas por los colegas Schaulsohn y Latorre no son meras fórmulas preciosistas, pues apuntan al fondo del tema en análisis.

Personalmente, estimo que este proyecto de ley pasa por definir la naturaleza misma de las universidades o, dicho de otro modo, cuál es el papel del Estado frente a la educación superior. Sobre este particular, soy de los que piensan que la educación es una actividad preferente del Estado y, por lo tanto, tiene la obligación de crear y financiar las denominadas universidades estatales.

Si se parte de esa premisa, y como lo reconoce tácitamente esta iniciativa, existen dos grandes tipos de universidades: las privadas y las estatales.

Si bien es cierto que ambas persiguen igual finalidad, es decir, existe en ellas identidad de propósitos, es evidente que se sujetan a reglas diferentes, en forma especial en materia de financiamiento o al modo en que deben allegar los recursos. En consecuencia, no son comparables. Y lo peor que podría ocurrir, desde el punto de vista legislativo, es que confundamos su existencia.

Entiendo que, en el fondo, el espíritu que anima a este proyecto de ley es llegar, a la larga, al autofinanciamiento de las universidades estatales, lo que francamente encuentro peligroso y lamento que en el Gobierno de la Concertación se envíen iniciativas de esta naturaleza, mucho más propias de la época en que la Universidad de Chile era dirigida por el señor Federici.

¿Por qué digo esto? Porque una vez que crearon el mecanismo para acopiar recursos por la vía de la actividad privada, el próximo paso será decirles: "Autofinánciense completamente". Con eso, naturalmente, se desvirtúa la afirmación inicial de que es deber preferente o una obligación fundamental del Estado financiar a las universidades. Mañana, si permitimos que incursionen extralimitadamente en la actividad privada, cuando empiecen a quebrar las sociedades o las corporaciones que hayan constituido, la tentación del gobernante, obviamente, será decirles: "Bueno, ahora vendan los laboratorios para que solventen sus gastos". Eso sería aplicar la máxima del "filósofo" del régimen pasado, que les dijo a los agricultores: "¡Cómanse las vacas!", lo que no puedo compartir en materia educacional.

Por último, hay que ser muy cuidadoso cuando se habla de la posibilidad de que las universidades, tanto estatales como privadas, participen en el ámbito empresarial, en la actividad privada, porque la competencia que se origina entre una universidad y la actividad privada, con los empresarios, es desleal y poco sana, puesto que se trata de entidades de distinta naturaleza, que tienen fuentes de recursos diferentes y no pueden competir en igualdad de condiciones. Pongo un ejemplo. Las escuelas de Derecho del país, que en gran parte ha formado el Estado y son financiadas por él, con ese criterio podrían transformarse en grandes estudios de profesionales, con los cuales las otras oficinas de abogados no podrían competir en un plano de igualdad. El mismo ejemplo lo podemos aplicar a cualquier otra profesión que se enseñe en estas instituciones.

Por esas razones, no estoy en condiciones de votar favorablemente este proyecto de ley. Lo encuentro, repito, altamente peligroso y no obedece a los principios que deberían inspirar una iniciativa legislativa de esta índole. Francamente, lamento que se haya presentado en este Gobierno.

Agradezco al Diputado señor Latorre la interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Letelier, para hacer un alcance.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, agradezco al colega Latorre la interrupción que me ha concedido.

Concuerdo con parte de la filosofía del proyecto, relacionada con la igualdad de situación entre las universidades que reciben un aporte fiscal.

Sin duda, la existencia de una discriminación es inexplicable. Por ello, apoyo la idea de que todas ellas deben regirse por una misma normativa y tener las mismas oportunidades.

Además, debo expresar mi preocupación por el hecho de tratar este proyecto sin antes estudiar la Ley Orgánica Constitucional de la Educación. Ahí es donde debemos abordar a fondo el problema del financiamiento universitario. Sin ese elemento de referencia, se puede llegar a la conclusión señalada por el colega Campos, en el sentido de que éste puede ser un "proyecto Federici" para priva tizar las universidades, a fin de que se tengan que autofinanciar.

No comparto el criterio de que las universidades deban autofinanciarse. La educación superior, al igual que la básica y la media, es una función social y el Estado debe cumplir el papel que le corresponde. Lamentablemente, a nivel de la educación superior -y recuerdo aquí las palabras del colega Baldemar Carrasco- esta función social no existe en todas las regiones de nuestro país. Por ejemplo, la Sexta -el colega Latorre lo sabe- es de las pocas zonas del país en la cual no existe una universidad. Lo absurdo es que es una de las regiones con mayor potencial de desarrollo en nuestro país, pero, al no contar con una institución de educación superior, sufre una acentuada "descapitalización" de profesionales.

Reitero, en primer lugar, estoy de acuerdo con la idea de que se establezca igualdad de condiciones entre las universidades que reciban un aporte fiscal. En segundo lugar, es necesario discutir, primero, el problema del financiamiento universitario y, en particular, la Ley Orgánica Constitucional de la Educación, antes de avanzar aceleradamente en otras materias.

Tengo mis reservas respecto del autofinanciamiento con esto no quiero decir que me opongo a que las universidades establezcan cierto tipo de relación con los empresarios. Al contrario, si la Universidad de Santiago tiene una integración educativa en cuanto a coordinación con liceos técnicos o politécnicos, sin duda puede establecer relaciones de servicios mutuos con empresarios, en particular pequeños y medianos, para garantizar que los profesionales que egresen de la educación superior de ésa u otra universidad cumplan una labor social necesaria para el país proyectado hacia el futuro; pero siempre con el criterio de que es función social del Estado cautelar el desarrollo de la educación superior.

Espero que en el mediano plazo logremos contar con universidades con aportes fiscales en todas las regiones del país, que termine la odiosa discriminación contra la Sexta y Undécima Regiones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Latorre

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, para finalizar, junto con señalar mi acuerdo con lo planteado por el Diputado señor Juan Pablo Letelier respecto de lo que ocurre en la Sexta Región, quiero expresar que en Chile, no hace muchos años, los movimientos universitarios lograron que se incorporara a los estatutos de todas las universidades chilenas, no sólo estatales sino también privadas, la idea de que la función básica de la universidad era cumplir tres roles: la docencia, la investigación y extensión. La crítica central que hacía el movimiento estudiantil -esto a algunos les puede parecer que ya es historia, pero todavía tiene vigencia- era que no se podía confundir la tarea de extensión universitaria con la de prestación de servicios.

Se insistía en que, para que las universidades no fueran "torres de cristal" -expresión que también utilizó un colega en su intervención- había que buscar un mecanismo para que se vincularan, efectivamente, con el medio en que estaban insertas. Pero -se decía expresamente- el día en que transformáramos a las universidades en empresas, y por esa vía se pretendiera que estaban cumpliendo un rol con la comunidad, estaríamos absolutamente equivocados.

El colega Letelier, manifestó que era bueno que las universidades se vincularan con el sector productivo, con la actividad privada. Obviamente, en eso todos estamos de acuerdo; pero ello no significa que las universidades, con financiamiento del Estado, empiecen a generar empresas, porque ese aspecto, en mi opinión al menos, merece una discusión un poco más profunda.

Es distinto que, a partir de este proyecto de ley, se les habilite para participar en corporaciones, fundaciones o asociaciones de ese tipo, por cuanto eso tiene una connotación absolutamente distinta. Pero en el debate, más de algún señor Diputado ha hablado de empresas, incluso de una universidad que tendría un aserradero. A mi juicio, eso está al margen de lo que debiera ser una institución dedicada a la educación superior.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, ha habido confusión respecto del mensaje del proyecto que estamos comentando.

Primero, porque todos los integrantes de la Comisión de Educación discutimos lo que significa el financiamiento de las universidades chilenas; aún más, del rendimiento de la reforma tributaria de 1990. De los 18 mil millones de pesos que se destinaron a educación, un tercio -6 mil millones- fue para la educación superior. Pero hay una realidad en nuestro país: es imposible continuar aumentando los presupuestos de educación en un mayor porcentaje. Por lo tanto, a todos nos interesa la Ley Orgánica Constitucional de la Enseñanza, la N° 18.962, publicada el 10 de marzo de 1990.

En este caso, hay un problema de fondo.

Existen siete universidades de regiones que, respecto de otras, no están en un plano de igualdad.

Lo que se quiere es, precisamente, que haya equilibrio y justicia. Por consiguiente, a pesar de que considero muy interesantes los planteamientos de todos los Honorables colegas, sería bueno que nos remitiéramos a la posibilidad que sobre esta materia implica la iniciativa del Ejecutivo.

Como Diputado informante señalé que una de estas universidades tenía un aserradero, información recibida en la Comisión de las personas que dirigen estas entidades. Sobre ello, hay que considerar que cuando los rectores o vicerrectores asumieron sus cargos -a la llegada del Gobierno democrático- se encontraron con una realidad asfixiante desde el punto de vista económico. Si hacemos un análisis de su administración en estos dos años y un mes, podemos concluir que han superado muchas situaciones difíciles, que, de lo contrario, habrían producido graves problemas a los estudiantes, y al personal docente.

Por eso, reitero, en el análisis que se hizo en la Comisión, en la cual estaban representadas todas las bancadas de la Cámara, se consideró de justicia aprobar este proyecto, porque aun cuando no es tema de discusión de fondo a nivel universitario, da a estas siete instituciones la posibilidad de lograr un plano de real equidad en relación con otras, en especial con la Universidad de Chile.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, el objetivo fundamental del proyecto que estudiamos, como acaba de señalar el Diputado señor Ortiz, es producir equidad entre la Universidad del país, incluido un instituto profesional, de manera que todas tengan la misma posibilidad para realizar sus actividades y unas no sean privilegiadas respecto de otras. Este es el fondo real y el principio que inspira la idea matriz del proyecto.

Respecto de las universidades que se creen, como se respondió, en las leyes respectivas se establecerá la facultad que estamos discutiendo, de manera que las nuevas tengan la posibilidad de acceder a los recursos y a las fórmulas que el proyecto señala.

El debate ha derivado a concepciones acerca del financiamiento mismo de las universidades y, de alguna manera, se ha ido caricaturizando el proyecto y el funcionamiento de las universidades estatales.

Como señalé, el principio fundamental de la iniciativa es equiparar a todas las instituciones de estudio superior del país; entregarles a las seis universidades y al instituto profesional que se mencionan la facultad de asociarse y de formar sociedades, corporaciones y fundaciones; abrir importantes perspectivas para su desarrollo.

No sólo debe repararse en los recursos, sino en la expansión interna de cada universidad y en la posibilidad de progresar en sus propias actividades.

La creación y organización de fundaciones o corporaciones permitirá a las universidades desarrollo tecnológico, actividad de extensión cultural y mejores condiciones para sus profesores y el propio quehacer académico. Con las facultades que se les otorgan, podrán cumplir sus objetivos de manera ágil y moderna, con menos entrabamientos; entrarán al mundo del siglo que termina y del próximo que se inicia, con una concepción de universidad actual, que sale del claustro para integrarse a la sociedad y obtener y nutrirse de lo mejor de ella a fin de desempeñar sus propias actividades.

El proyecto también les permitirá allegar recursos, vale decir, financiamiento; pero no el paso siguiente, el autofinanciamiento de las universidades estatales. No es su objetivo ni se tiene en mente. Es cierto que les permitirá allegar recursos; pero está muy lejos pensar que por esta vía obtendrán, en definitiva, el autofinanciamiento. Les abre la perspectiva de obtener mayores recursos, de allegar posibilidades económicas para su desarrollo interno; pero no a través de autofinanciamiento.

No descarta la entrega de recursos del Estado a las universidades.

El paso, siguiente a mi juicio, debe hacemos reflexionar. Como ya lo han planteado varios Diputados en la Sala, no debe cerrarse la posibilidad de actividades empresariales y comerciales de la universidad; debemos tomar los resguardos necesarios. Por lo demás, así lo hizo el Senado al estudiar el proyecto; sin embargo nuestra Comisión desestimó sus prevenciones sobre la materia.

Pero es evidente que ellas son dignas de ser consideradas; debemos reflexionar para que las universidades, como se ha dicho, no entren en actividades empresariales que signifiquen riesgo para su patrimonio y su actividad propia.

Es necesario buscar resguardos; plantear la situación, reflexionarla y encontrar alternativas que cautelen el patrimonio de la universidad; pero no deben llegar hasta el punto de cerrar la posibilidad de que participen en actividades empresariales o comerciales, que son legítimas. Debemos estar abiertos a que puedan desarrollarlas, sin perjuicio de buscar los resguardos necesarios.

Vamos a votar a favor del proyecto porque significa para todas las universidades del país un criterio de equidad y, al mismo tiempo, la posibilidad de desarrollo interno, de extensión universitaria; de formar fundaciones y corporaciones; de recibir recursos, sin llegar al autofinanciamiento; de realizar actividades empresariales o comerciales dentro de su propio marco.

En este aspecto, es muy importante entender que la facultad que se otorga a las universidades debe desarrollarse dentro de su propio ámbito, dentro de sus objetivos. Como dice la letra b) que se incluye, deben ser objetivos que correspondan a la universidad o que se complementen con ellos. Esto, evidentemente, es un primer resguardo importante para quienes tienen la prevención legítima de que las universidades no realicen actividades competitivas con el sector privado que salgan del marco de la docencia, la investigación y la legítima extensión. La actividad de las universidades, dentro de la facultad que les estamos otorgando, debe desarrollarse a través de sus objetivos propios o de la complementación de ellos; no a través de otros.

Todavía podemos tomar los resguardos del Senado, que nuestra Comisión no acogió. Como el proyecto debe volver allá, seguramente en la Comisión Mixta tendremos la oportunidad de plantear de nuevo el tema, de traerlo a la Sala y de incluir las limitaciones prudentes y legítimas en la ley.

No abortemos hoy la posibilidad de avanzar en la modernidad de las universidades, de equipararlas, de abrir las perspectivas para su desarrollo; de darles la posibilidad de formar fundaciones y corporaciones, de permitir su desarrollo tecnológico, su investigación y su extensión universitaria, y también de recibir recursos que puedan mejorar su propia actividad. No tengamos temor de que las universidades realicen actividades empresariales o comerciales, sin perjuicio de fijarles el resguardo que nos parezca prudente.

Por estas consideraciones, por la facultad que la letra b) del artículo 49 entrega a las universidades, votaremos favorablemente el proyecto.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, es importante precisar los verdaderos alcances del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Desde mi punto de vista, existen dos muy precisos.

En primer lugar, el proyecto busca evitar discriminaciones respecto del financiamiento de las universidades estatales. En segundo término, a diferencia de lo que varios parlamentarios han manifestado en la Sala, no plantea el autofinanciamiento, sino, simplemente, busca una fórmula para que las universidades alleguen recursos adicionales a su gestión.

Como estamos en la discusión general y particular, me gustaría hacer una reflexión más de fondo, porque es un punto muy rescatable.

Las universidades se encuentran insertas en el sistema educacional. En la actualidad, la cobertura de ellas está entre los 200 y los 300 mil alumnos y el sistema universitario se llevan más del 40 por ciento del presupuesto del sector; es decir, casi la mitad del presupuesto se destina a 200 ó 300 mil alumnos, y todo el resto del sistema educacional, que alcanza una cobertura de alrededor de 3 millones de alumnos, obtiene alrededor del 60 por ciento.

¿Cuál es la reflexión de fondo? El tema está estrechamente vinculado con la igualdad de oportunidades. ¿A cuántos Diputados no les ha tocado visitar distintos sectores modestos y comprobar las limitaciones de docentes, equipamiento y textos con que funcionan las escuelas? Tanto las universidades como las escuelas básicas, liceos y colegios técnicos están compitiendo por el presupuesto.

Por eso, el proyecto es un gran avance. Sin duda, las universidades son las únicas que pueden allegar recursos a su gestión mediante distintas fórmulas, los cuales pueden redistribuirse al gran universo del resto de la enseñanza del país, constituido por el nivel preescolar, básico e, incluso de estudio superior no universitario, que no tienen acceso a ningún crédito fiscal, salvo algunos casos muy particulares.

Quiero que la enseñanza superior tenga acceso a otras fuentes de financiamiento; que busquemos la mejor fórmula para interesar a las universidades a que alleguen recursos del sector privado u otras instituciones. También deseo que a través de esta fórmula, el Estado redistribuya de mejor forma los recursos entre el universo de 3 millones de estudiantes, en gran porcentaje modestos, para que tengan igualdad de oportunidades y algún día puedan llegar a ser universitarios.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Concedo una interrupción al Diputado señor Muñoz Barra, Presidente de la Comisión.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, en primer lugar, subrayo que el argumento central de quienes han planteado su oposición al proyecto pretende hacemos creer que busca el autofinanciamiento de estas universidades. Eso es absolutamente falso, porque persigue desarrollo, investigación y asesoría.

En segundo término, todas las universidades a que se refiere el proyecto, de Tarapacá, Arturo Prat, Atacama, Valparaíso, del Bío-Bío, Magallanes e Instituto Profesional de Osorno, provienen de la Universidad de Chile y constituyen una columna vertebral a lo largo del país.

Los distinguidos y apreciados colegas Diputados de Santiago no han señalado en sus argumentaciones la necesidad de suprimir esta disposición tan "injusta, arbitraria y mercantilista" y, en consecuencia, suprimir el derecho de la Universidad de Chile que queremos extender a las otras universidades del país.

Como Diputado de región, me duele que se estén dando argumentos, en alguna medida, muy ampulosos; pero que de ninguna manera señalan que resulta injusto para las universidades de provincia el hecho de que no se les haga extensiva la facultad de la Universidad Central de Santiago y de la Universidad de Chile, a la que no me opongo. Si no hay otro camino, bienvenido.

De manera que voto favorablemente el proyecto y, como Diputado de provincia, comprometo todas mis fuerzas y posibilidades para sacarlo adelante.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, el Diputado señor Latorre me ha pedido una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Creo que Su Señoría no debe dirigir el debate.

El señor LATORRE.-

Sólo le pregunta, señor Presidente. Es muy breve.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Así espero. Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, algunos colegas han adoptado la actitud de no escuchar las intervenciones o creen que porque ellos abordaron el tema en la Comisión, uno tiene que inhabilitarse para participar en la discusión general del proyecto.

De nuestros alcances, no se puede inferir que estemos en desacuerdo con la idea de hacer justicia a las universidades que tuvieron su origen en la Universidad de Chile, porque no todas las regionales salieron de ellas; hay una que nació de la ex UTE. Pero eso es lo de menos.

Dejo expresa constancia de que estoy de acuerdo en que si existe un elemento que equilibre la situación de todas las universidades, es procedente que se aplique; pero ello no significa eludir el problema de fondo. Los miembros de la Comisión de Educación debieron haber considerado seriamente el alcance que hizo el Senado. En muchas oportunidades he estado en desacuerdo con sus planteamientos, pero en este caso no.

La exigencia de que sean corporaciones o fundaciones sin fines de lucro obedece, precisamente, a evitar que el día de mañana la participación de una universidad-empresa equis signifique que la parte comercial pase a ser lo fundamental y la función docente lo accesorio; porque si para ella es mejor negocio el servicio externo y mal negocio la parte educativa, entonces, es obvio que habremos alterado el sentido real del proyecto de ley.

Lo planteado por los Diputados señores Orpis y Bartolucci, en el sentido de que por esta vía se garanticen equipamiento y mejores sueldos para los profesores, también es posible, sobre la base de personas jurídicas sin fines de lucro, porque de esta forma se reinvierte el excedente en beneficio de la actividad educativa de la propia corporación, lo que no necesariamente ocurre en una empresa, donde los excedentes pasan a ser de libre disposición.

No estoy en desacuerdo con el proyecto simplemente, hago estos alcances para que la Cámara de Diputados considere que lo fundamental es que esta autorización a las universidades redunde en la parte educativa y que la empresa no se constituya en el negocio más interesante. Esto se evita con el alcance del Senado, en cuanto a que sean personas jurídicas sin fines de lucro.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Bartolucci.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, el Senado ha hecho prevenciones sobre el proyecto y he señalado con claridad que son interesantes y, desde luego, tendrán que hacemos reflexionar durante el resto del debate. Estoy dispuesto a considerar las apreciaciones del Honorable Diputado señor Latorre, no tanto por el destino de los recursos que la universidad pueda obtener, porque no puedo imaginar que los utilice en una actividad distinta de la propia.

Quiero resaltar de nuevo que la facultad que otorga la letra b) del artículo 49 a la Universidad de Chile precisa: desarrollar actividades relativas a sus objetivos o, al menos, a sus complementos; pero no de otro tipo. Esta facultad está reglamentada; no es arbitraria -digámoslo así- y las universidades sólo podrán actuar dentro de su marco sin salirse de él.

Sin embargo, estoy dispuesto a considerar en el debate futuro las prevenciones del Senado y los resguardos que queremos tomar para las actividades "comerciales o empresariales" de las universidades; pero ahora llamo a aprobar el proyecto. Luego irá al Senado y podremos seguir debatiéndolo. No abortemos la posibilidad, sobre todo, de equiparar a estas universidades con las demás, por un aspecto, como hemos señalado, de mínima equidad.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, en votación la petición de clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 25 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Para aprobar el informe de la Comisión se requieren 60 votos.

En votación el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos: por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la proposición de la Comisión de Educación, que se remitirá nuevamente a ella para un segundo informe, pues hay indicaciones.

Terminada la discusión del proyecto.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

1.De los Diputados señores Bosselin y Elgueta para sustituir el artículo único por el siguiente:

"Artículo único.- Las Universidades de Tarapacá, Arturo Prat, Atacama, Valparaíso, del Bío-Bío, Magallanes e Instituto Profesional de Osorno, podrán crear y organizar con otras personas naturales o jurídicas, nacionales, extranjeras o internacionales, asociaciones, sociedades, corporaciones o fundaciones, cuyos objetivos correspondan o se complementen con los de la respectiva universidad o Instituto Profesional, aportando a ellos fondos provenientes de su patrimonio.

Las personas jurídicas mencionadas en el inciso precedente, podrán desarrollar conexamente actividades que produzcan excedentes o utilidades.".

2.Del Diputado señor Schaulsohn, para agregar el siguiente inciso al artículo único:

"En el ejercicio de estas facultades, las universidades no podrán constituir gravamen de ninguna especie sobre sus bienes inmuebles, ni comprometer más de un 5% de su patrimonio.".

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En conformidad con lo resuelto por la Sala, corresponde discutir el proyecto de acuerdo relativo al Convenio N° 144, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1976.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 556-10 y figura en los números 21 y 22 de los documentos de la Cuenta de la sesión 66a., celebrada el 15 de abril de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Dupré, Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Latinoamericana y Asuntos Interparlamentarios.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, el Convenio Internacional sobre Consultas Tripartitas que nos preocupa en este instante fue aprobado en el seno de la Organización Internacional del Trabajo, en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, en 1976, con el objeto fundamental de asociar a los empleadores, trabajadores y autoridades de gobierno al estudio permanente de las materias que interesan a la OIT al interior de los Estados miembros.

Los convenios son convenciones internacionales sujetos al trámite de ratificación. Por ello, Su Excelencia el Presidente de la República somete éste a la aprobación del Congreso Nacional antes de comprometer definitivamente al país en la aplicación de sus disposiciones en las instancias administrativas nacionales.

Desde el punto de vista jurídico, el proyecto de acuerdo que la Honorable Cámara considera se ajusta plenamente a la normativa de la OIT y a la normativa que nuestra Constitución ha previsto para la aprobación de los tratados.

Durante el estudio que efectuó la Comisión, se pudo constatar que el Convenio N° 144 se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 1978 y ha sido ratificado por 46 de los Estados que componen la Organización Internacional del Trabajo. Entre los países latinoamericanos que ya lo han ratificado se pueden señalar a título ilustrativo: Argentina, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

También debemos destacar que nuestro país participa en la Organización Internacional del Trabajo desde el año 1919 y ha promulgado cuarenta de estos convenios, varios de los cuales ya tienen incorporado a sus procedimientos específicos el principio del tripartismo, a fin de que los trabajadores, empresarios y Gobierno se consulten sobre la forma de darle mejor aplicación en el país. Así ocurre con los convenios relativos a trabajos nocturnos, al salario mínimo y a la no discriminación en el empleo y la ocupación.

Una visión de conjunto de las disposiciones del Convenio, nos permite señalar, con el propósito de circunscribir esta relación a lo más importante, que el compromiso fundamental que contrae nuestro país, como consecuencia de su incorporación al Convenio N° 144, es el de permitir que entre trabajadores, empleadores y autoridades de Gobierno, se pongan en práctica procedimientos para consultas efectivas en los asuntos relacionados con los proyectos que deban ser discutidos en la Conferencia Internacional de la OIT y vinculado con la aplicación en el ámbito nacional de las normas internacionales del trabajo.

Es importante destacar que la forma y naturaleza de los procedimientos queda entregada a la decisión de cada Estado para que las determine de acuerdo con sus propias prácticas y conforme a las consultas que celebre con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.

La participación de estos sectores de la sociedad en los procedimientos de consulta, queda regida por los principios de la libre elección de sus representantes, de la igual representación de ellos en los procedimientos que se establezcan y, por último, por el de la coordinación de las actividades de los organismos nacionales encargados de implementar los procedimientos.

Otro compromiso que contrae el Estado es el de que las autoridades públicas competentes serán responsables de los servicios administrativos de apoyo a los procedimientos de consulta, para lo cual deberá celebrar los acuerdos apropiados con la organizaciones de empleadores y de trabajadores para financiar la formación que puedan necesitar los participantes en las consultas.

Finalmente se contempla la posibilidad de informar anualmente a la OIT acerca del grado de cumplimiento que ha alcanzado la aplicación del Convenio en el plano nacional.

Me parece interesante señalar que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana recibió las opiniones del Subsecretario del Trabajo, don Eduardo Loyola, quien manifestó, en lo sustancial, que la incorporación de nuestro país al Convenio N° 144 responde a la política del Supremo Gobierno orientada a obtener el mayor consenso nacional en materia laboral y previsional, inclusive en las materias relacionadas con la aplicación de los convenios aprobados en la Organización Internacional del Trabajo.

Precisó, además, el señor Subsecretario que la participación de Chile en el Convenio N° 144 no significa promover el tripartismo en materias que legalmente están reservadas a la relación bipartita -empleadores, trabajadores-, como ocurre con los procedimientos de negociación colectiva, incluso en las empresas del Estado.

Quiero destacar, además, que la Comisión recibió la opinión escrita de la Confederación de la Producción y del Comercio, en la que se pronuncia por la aprobación de un mecanismo que responda a una práctica que siempre ha seguido Chile en los asuntos de la OIT.

Por último, quisiera señalar que estos procedimientos de consulta no importan instaurar un mecanismo de codecisión de las medidas que la autoridad pública deba adoptar en estas materias; sólo se trata de un proceso preparatorio que ayudará a la decisión pública, sin determinarla forzosamente, ya que la decisión final siempre será del Gobierno o del Parlamento encargado de aprobar las normas legales correspondientes para dar efectiva aplicación al Convenio. Por ello, se ha precisado que estas consultas previstas en el Convenio N° 144 tienen el carácter de "previas" a la decisión final.

El informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, que se encuentra a disposición de los señores Diputados, es amplio en sus explicaciones de las normas del Convenio.

La Comisión aprobó, por unanimidad, el proyecto de acuerdo propuesto por el Ejecutivo, con modificaciones formales de menor importancia, que se explican en el informe, que tienen por objeto identificar mejor la fecha en que se adoptó este Convenio en el seno de la Organización Internacional del Trabajo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado Orpis, para emitir el informe de la Comisión de Trabajo.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, nuestro país participa en la OIT desde su fundación, en 1919, y ha incorporado al orden jurídico interno cuarenta convenios internacionales del trabajo.

Los órganos de la OIT, desde su nacimiento, están integrados conforme al principio del tripartismo, es decir, entre trabajadores, empleadores y autoridades de gobierno.

La Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo citada, en su sexagésima primera reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1976, aprobó el Convenio sobre Consultas Tripartitas para promover las normas internacionales del trabajo, cuyo número es el 144. Dicho Convenio se encuentra vigente desde el 16 de mayo de 1978 y ha sido ratificado por 46 de los 150 estados miembros de la OIT.

La propia Constitución de la OIT, desde sus inicios, impuso a los estados una serie de derechos y obligaciones, entre los cuales se encuentra la de informar las dificultades que impiden o rechazan, por ejemplo, la ratificación de los Convenios. En general, los estados no cumplían con dichas obligaciones, con el objeto de hacer más exigible estas obligaciones precisamente, se originó la gestación, y posterior aprobación del Convenio 144, que consagra mecanismos de consulta tripartita sobre materias propias de la OIT relacionadas con la Conferencia Internacional del Trabajo, estudio y aplicación de convenios, reexamen de convenios no ratificados, memorias del gobierno de la OIT y propuestas de denuncias de convenios no ratificados.

Los convenios aprobados por la Conferencia -instancia máxima de la OIT, que se reúne anualmente-, son tratados internacionales sujetos a la ratificación interna de los estados miembros de la OIT, trámite que en nuestro país, y de acuerdo con el ordenamiento constitucional, el Presidente de la República debe someter a ratificación del Congreso Nacional para que tengan plena validez en nuestra legislación interna. En cambio, las recomendaciones, que son acuerdos adoptados por la Conferencia General destinados a orientar a los gobiernos sobre la aplicación de los convenios de la OIT, no tienen la fuerza obligatoria de estos y no están sujetos al trámite de ratificación.

Acerca del alcance de la obligación de consulta, tal como se consigna en el informe, cabe señalar que la Comisión de Expertos, en la aplicación de Convenios y Recomendaciones, constituida en el marco de la OIT, ha precisado, en el informe titulado "Consulta Tripartita," presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo en 1982, que el sentido exacto del término "consulta" entraña una realidad distinta de la simple información y codecisión. Indica que las opiniones formuladas con motivo de las consultas, no constituyen una participación en la decisión, sino una simple etapa del proceso que lleva la misma y que ayuda a la toma de decisión.

Destaca la Comisión de Expertos que, en el curso de los trabajos preparatorios del Convenio, se hizo notar que era un principio aceptado en general, que el resultado de las consultas no debería considerarse como obligatorio y que la decisión final debería depender del Gobierno o del Poder Legislativo, según el caso.

De acuerdo con lo anterior, es necesario dejar clara constancia en el sentido que la ratificación del presente Convenio en ningún caso representa interferencia en la legislación interna del país, ni en el tripartismo, y consagra la más plena independencia y libertad con que cada una de las partes involucradas pueden manifestar su opinión frente a cada uno de los convenios. Simplemente se trata de establecer mecanismos de consulta desde los estados representados por trabajadores, empleadores y gobierno respecto de materias propias de la OIT.

Los aspectos más relevantes del Convenio 144 son los siguientes:

1°.Todo miembro se compromete a poner en práctica procedimientos que aseguren las consultas efectivas entre los representantes del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores sobre asuntos relacionados con la OIT a que se refiere el artículo 5°, Párrafo I, del Convenio;

2°.La naturaleza y forma de los procedimientos se determinan en cada país, de acuerdo con la práctica nacional de cada uno, después de haber consultado a las organizaciones representativas;

3°.Los representantes de los empleadores y de los trabajadores serán elegidos libremente por la organización representativa respectiva;

4°.Los empleadores y trabajadores estarán en igualdad de condiciones en cualquier organismo de consulta;

5°.Los servicios administrativos de apoyo a las consultas serán de cargo de la autoridad respectiva;

6°.Celebrar los acuerdos apropiados entre la autoridad competente y las organizaciones representativas para financiar la formación que pueden necesitar los partícipes en estos procedimientos.

7°.Las consultas deberán celebrarse en intervalos apropiados, de común acuerdo, y al menos, una vez al año;

8°.Cuando la autoridad lo considere apropiado, la autoridad competente presentará un informe anual sobre el funcionamiento del procedimiento;

9°.La iniciativa de las consultas no es de iniciativa exclusiva del gobierno. También los empleadores y trabajadores pueden solicitarla, y

10°.El Convenio entrará a regir 12 meses después de la fecha en que las ratificaciones de los miembros hayan sido registradas por el director general. Desde ese momento el Convenio entrará en vigencia, para cada país, 12 meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

En la discusión de la aprobación de este Convenio participó el señor Subsecretario del Trabajo, quien entregó una serie de antecedentes y las razones por las cuales el Gobierno presentó este proyecto al Parlamento. Al respecto precisó que la incorporación de este Convenio al país no significa promover el tripartismo en los procesos de negociación colectiva, ya que es política del Gobierno mantenerlos en el plano de una relación bipartita -empleadores y trabajadores- incluso en el ámbito de las empresas del Estado.

Es todo cuando puedo informar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se ha tomado nota de su petición.

Tiene la palabra el Diputado señor Pizarro.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Señor Presidente, el Convenio N° 144 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la consulta tripartita para promover la aplicación de las normas internacionales, fue adoptado por la Sexagésima Primera Conferencia General de la OIT, celebrada en Ginebra los días 2 al 22 de junio de 1976, con el objeto fundamental de asociar, conforme al principio del tripartismo que caracteriza la composición de los órganos de la OTT, a los representantes de los empleadores, trabajadores y autoridades de Gobierno en un procedimiento nacional de consultas sobre la materia que son de la competencia de la OIT.

Nuestro país, que participa en la OIT desde su fundación, en 1919, ha incorporado al orden jurídico interno 40 convenios internacionales del trabajo. El primero fue el convenio sobre las horas de trabajo en la industria, ratificado por Chile en el año 1925. El último fue el relativo al peso máximo, cuya finalidad es la protección de los trabajadores contra los riesgos que conlleva el transporte manual de carga excesiva. Fue el último convenio internacional del trabajo al que el país se incorporó antes de caer en el período institucional que significó el quiebre democrático en el año 1973.

En el informe elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores se señala que varios de estos 40 convenios contemplan disposiciones que incorporan los procedimientos tripartitos para los fines propios del respectivo convenio, como sucede con los relativos a horas de trabajo, a descanso semanal, al trabajo nocturno, a los métodos para fijar salarios mínimos y al que dicta normas sobre discriminación en el empleo y la ocupación. De manera que el tripartismo no es un principio novedoso en nuestras prácticas y en nuestra normativa del trabajo. El convenio que nos preocupa en esta oportunidad sólo busca establecerlo con características generales válidas para toda la normativa que emane de la OIT.

Para no extenderme a materias que el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores expone ampliamente, me referiré, en términos muy generales, al contenido de las disposiciones, que reclamaba el Diputado señor Bosselin, del Convenio N° 144.

De conformidad con este Convenio, el Estado de Chile, como estado ratificante, se compromete a poner en práctica procedimientos efectivos de consulta entre los representantes del Gobierno, de los empleadores y de los trabajadores en las materias siguientes:

En primer lugar, las respuestas de los gobiernos a los cuestionarios relativos a los puntos incluidos en el Orden del Día de la Conferencia Internacional del Trabajo y los comentarios de los gobiernos sobre los proyectos de textos que deba discutir la Conferencia.

En segundo lugar, las propuestas que deban presentarse a la autoridad o autoridades competentes en relación con la sumisión de los convenios y recomendaciones, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución de la OIT.

En tercer lugar, el reexamen, a intervalos apropiados, de la ratificación eventual de convenios no ratificados y la aplicación de recomendaciones que no hayan tenido efecto anteriormente.

En cuarto lugar, las cuestiones que pueden plantear las memorias sobre convenios ratificados.

Por último, las propuestas de denuncias de convenios ratificados.

Este Convenio establece que la naturaleza y forma de los procedimientos de consulta deben determinarse de acuerdo con la práctica nacional, después de haber consultado a las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando existan. A ellas les corresponderá elegir libremente a sus representantes, quienes participarán en pie de igualdad en todo organismo en que se celebren las consultas.

Como puede apreciarse, señor Presidente, el Convenio N° 144 sólo incide en la aplicación de la normativa internacional y no importa llevar el tripartismo a materias que ahora están reservadas a la negociación entre trabajadores y empleadores. Por ello, el señor Subsecretario del Trabajo declaró en la Comisión de Relaciones Exteriores, que la incorporación de Chile al Convenio no significa promover el tripartismo en los procedimientos de negociación colectiva, ya que es política del Supremo Gobierno mantenerlos en el plano de la relación bipartita: empleadores y trabajadores, incluso en el ámbito de las empresas del Estado.

Hago notar, además, que la Comisión de Relaciones Exteriores recibió también la opinión de la Confederación de la Producción y del Comercio, la que, en lo substancial, se ha manifestado favorable a la incorporación de nuestro país a este Convenio N° 144, ya que las consultas tripartitas son una práctica que siempre ha existido en Chile respecto de los asuntos de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Nuestra Comisión también invitó a participar en sus trabajos a la Central Unitaria de Trabajadores, cuyos directivos, desgraciadamente, no pudieron asistir por impedírselo sus compromisos gremiales. No obstante, podemos dar fe de su adhesión plena a este Convenio, ya que las organizaciones de trabajadores de nuestro país tienen un largo historial democrático, en el cual está inserto el principio del tripartismo que este Convenio incorpora a nuestros procedimientos con un alcance general.

La Comisión de Relaciones Exteriores concluyó el estudio de este proyecto de acuerdo relativo al Convenio N° 144 de la OIT, prestándole su unánime aprobación y decidió sugerir a esta Honorable Cámara que le preste su aprobación en la forma expuesta en su informe, con las modificaciones de texto que en él se indican, las que son muy sencillas y no requieren de especial explicación, por cuanto sólo pretenden individualizar mejor la Conferencia General del Trabajo e indicar en forma completa la fecha en que se celebró la reunión que aprobó este Convenio.

Permítame, señor Presidente, evocar, en vísperas de la celebración del Día del Trabajo, en que universalmente se recuerda a los mártires del Chicago como símbolo del sacrificio del trabajador en aras de la justicia social, los principios que inspiran a la OIT y a este Convenio Internacional que aprobaremos esta mañana. Sabemos que ellos están contenidos básicamente en el preámbulo de su Constitución, texto integrante del Tratado de Versalles, y en la Declaración de Filadelfia, incorporado a la Constitución de la OIT. Estos principios son, fundamentalmente, los siguientes:

La paz universal y permanentemente sólo puede basarse en la justicia social;

El trabajo no es una mercancía;

La libertad de expresión y de asociación son esenciales para el progreso constante de los pueblos;

La lucha contra la necesidad debe proseguirse con creciente energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concentrado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático, a fin de promover el bienestar común;

Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y de dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, y

El logro de las condiciones que permitan llegar a este resultado, debe constituir el propósito central de la política nacional e internacional.

Señor Presidente, al final de este debate, aprobemos unánimemente este Convenio N° 144, como expresión de un saludo democrático a nuestros trabajadores de ayer y de siempre que, con su sacrificio y patriotismo, han contribuido, a través de la historia nacional, a la grandeza de nuestra Patria.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer una aclaración a la interpretación del Diputado señor Bosselin sobre el Convenio, ya que él plantea la necesidad de estudiarlo. Debo hacerle presente que el miércoles 15 y el jueves 16 de este mes, el Convenio estuvo en el hemiciclo, porque se iba a ver la semana anterior a la distrital. Por lo tanto, si está tan preocupado por el tema del Convenio, debería haberlo leído ya.

En segundo lugar, quiero dejar establecido que el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores es bastante amplio y completo respecto de un proyecto relativamente fácil de aprobar.

Me siento halagado de haber participado en la aprobación de este proyecto en la Comisión de Trabajo, porque era una petición que los trabajadores chilenos veníamos realizando por muchos años. Este Convenio dice relación con la participación que deben tener los trabajadores en los convenios internacionales.

El Gobierno democrático aprobará este Convenio con la ratificación de la Cámara y del Senado, lo que posibilitará, una vez más, que los trabajadores chilenos sigan en la senda que se inició en 1990: de diálogo, participación y reencuentro de la ciudadanía chilena. Con esto demostraremos internacionalmente, pues somos el país número doce de América que lo ratificará, la decisión política del Gobierno de que sus trabajadores puedan participar activamente en todo lo que se refiere a las políticas internacionales sobre las decisiones laborales, empresariales y de gobierno.

No deseo extenderme sobre el tema porque lo que corresponde es aprobar por unanimidad el convenio antes del 1° de mayo.

Además, anuncio que en los próximos días la Comisión de Trabajo enviará a este hemiciclo un proyecto de ley que engrosará las definiciones de los trabajadores chilenos en materias de educación y económicas. Ese proyecto también está en la línea planteada por el Gobierno y por el Presidente de la República, en el sentido de entregar mayores beneficios y posibilidades de acercamiento y de participación a los trabajadores chilenos.

Por lo tanto, manifiesto mi aprobación amplia a este proyecto, reiterando mi disgusto por el planteamiento del Diputado señor Bosselin.

El Diputado señor Cardemil me ha pedido una interrupción, la que, con su venia, señor Presidente, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil, por la vía de la interrupción.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, ya está explicada en detalle la conveniencia de aprobar el Convenio N° 144.

Usted, al iniciarse la sesión, pidió, con toda justicia, que este proyecto fuera tratado en forma preferente, pues nos acercábamos al 1° de Mayo, Día Internacional del Trabajo.

Espero que esta Cámara no se contente sólo con aprobar unánimemente esta iniciativa, sino que, antes o después del 1° de Mayo, rinda un homenaje, lo que siempre ha hecho, a los trabajadores con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Olivares.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, el informe de la Comisión de Trabajo nos recuerda que este Convenio N° 144 de la OIT está vigente desde el 16 de mayo de 1978, y ha sido ratificado por 46 de los 150 países miembros. Como Chile es miembro de la OIT desde 1919, fecha desde la que ha incorporado aproximadamente 40 convenios internacionales al orden jurídico interno, creemos que, por las razones dadas por el Diputado informante y por los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, esta Cámara debe aprobar en forma unánime el proyecto a que nos estamos refiriendo.

También es bueno llamar la atención de las autoridades. Se habla acá del tripartismo, y de que estas consultas no interferirán en la negociación colectiva; pero no sacamos nada con ratificar en la Cámara convenios aprobados por la OIT, si ellos, en la práctica, se transformarán en letra muerta.

Al respecto, el propio informe de la Comisión de Trabajo dice acá, cuando se refiere a convenios ratificados por nuestro país, lo siguiente: "Así, ocurre, por ejemplo, en los Convenios N° 1 y 30, sobre horas de trabajo; en el N° 14, sobre descanso semanal; en el N2 20, sobre trabajo nocturno;...".

Aparte de la persecución en contra de los trabajadores -a quienes pretendemos entregar esta mañana esta iniciativa como un homenaje-, ocurrida durante el gobierno del Capitán General, es decir, durante la dictadura, se privó a los trabajadores de muchas conquistas y beneficios, y se ignoró y pasó por encima de convenios internacionales. Dado que, el Convenio N° 20 contiene una referencia al trabajo, quiero leerlo en este momento. Dice: "Convenio relativo al trabajo nocturno en las panaderías.

"La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo;

"Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 19 de mayo de 1925 en su séptima reunión;

"Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo nocturno en las panaderías, cuestión que constituye el cuarto punto en el orden del día de la reunión, y

"Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

"Adopta, con fecha ocho de junio de mil novecientos veinticinco, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre el trabajo nocturno (panaderías), 1925, y que será sometido a la ratificación de los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:".

No deseo cansar a los Honorables colegas leyendo el resto del texto de este Convenio; pero sí es muy significativo, sobre todo cuando hablamos de rendirles homenaje a los trabajadores el 1° de Mayo, recordar que ayer se inauguró en Rancagua un Pleno Nacional de los Trabajadores de la Industria del Pan de nuestro país. A ese pleno concurren dirigentes de todos los sindicatos de panificadores de norte a sur de Chile. ¿Qué piden los trabajadores panificadores en el pleno, que se clausura esta noche? Primero, que se dicte el reglamento y la puesta en vigencia del Convenio N° 20 de la OIT; es decir, este Convenio a que nos estamos refiriendo, que reglamenta el trabajo nocturno en nuestro país, que ha sido ratificado ante la OIT, pero que, hasta la fecha, este convenio N° 20 no tiene ni reglamento ni está en vigencia.

Por lo tanto, junto con anunciar los votos favorables de la bancada del Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Humanista al Convenio N° 144, pido que se envíe oficio al Ministro del Trabajo, a fin de darle a conocer la aspiración de los trabajadores panificadores, quienes desean que, a la brevedad posible, se dicte el reglamento para que entre en vigencia el convenio N° 20, ya ratificado por nuestro país. Ojalá que con este convenio no vaya a pasar exactamente lo mismo.

Tengo el encargo de los dirigentes de la CUT -los cuales por las razones dadas por uno de los colegas que anteriormente usó de la palabra, no pudieron estar presentes en la Comisión de Trabajo ni en la de Relaciones Exteriores- de hacer llegar a la Sala su decisión de apoyar la aprobación del convenio en todas sus partes. Es el deseo no sólo de la directiva, sino de cada uno de los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores.

Por lo tanto, junto con anunciar los votos favorables de esta bancada, solicito al señor Presidente de la Corporación requerir el asentimiento de la Sala para que, en nombre de la Cámara de Diputados, se haga llegar una nota de felicitación a la Central Unitaria de Trabajadores, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario del 1° de Mayo y de la gesta de Chicago. Formulo esta petición en nombre de mi bancada.

Al mismo tiempo, deseo rendir un homenaje especial a todos los trabajadores chilenos con motivo de la aprobación de este convenio, y resaltar lo que significa el esfuerzo y aporte de todos los trabajadores, como el de los panificadores. No estoy haciendo demagogia,...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OLIVARES.... pero cada uno de los colegas sabe lo que significa el trabajo del panificador. Y cuando me refiero a lo que dispone el Convenio N° 20 sobre el trabajo nocturno, debo señalar que si hay un gremio de trabajadores perjudicados en este momento es justamente el de los panificadores, por la forma y condiciones en que realizan su trabajo.

Al ratificar este Convenio N° 144, hacia ellos va también nuestro homenaje, con motivo de estar celebrándose en la ciudad de Rancagua el pleno nacional de los trabajadores panificadores.

En consecuencia, reitero al señor Presidente las dos peticiones. Primero, que se oficie al señor Ministro del Trabajo para solicitarle que se dicte pronto el reglamento para la aplicación del Convenio N° 20. Al mismo tiempo, enviar felicitaciones a la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores, con motivo de estar conmemorando un aniversario más del 1° de Mayo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

¿Habría acuerdo de la Sala para enviar los oficios solicitados por el Diputados señor Olivares?

El señor ORPIS.-

No, señor Presidente.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Entonces, se enviarán en nombre del Diputado señor Olivares.

Un señor DIPUTADO.-

De todas nuestras bancadas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Y en nombre de la bancada de la Concertación.

El señor OLIVARES.-

Quiere decir que no era sincero el homenaje, señor Orpis.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OLIVARES.-

¡Para qué ratificaron los convenios, entonces! ¡No sean demagogos!.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio.

Tiene la palabra el Diputado señor Yunge.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, este Convenio constituye sin duda una iniciativa de gran trascendencia y significa un paso más en la línea de la concertación social que en nuestro país se ha estado llevando a cabo como fruto del esfuerzo democrático.

Junto con rendir un sincero homenaje a los trabajadores con motivo de la celebración y conmemoración del 1° de Mayo, deseo expresar que ha resultado impresionante la decisión, voluntad y responsabilidad con que la dirigencia sindical en Chile ha estado en una permanente actitud de defensa de los derechos de los trabajadores; pero entendiendo que ésta pasa por el desarrollo y consolidación de la democracia, en un ambiente de negociación, de concertación y de entendimiento con el sector empresarial, y por la línea de ir transformando y reformando la legislación y el clima que existe en el sector laboral en Chile, en pos de una situación mejor y más justa.

Desde el punto de vista del sector empresarial, quisiera ver una actitud tan decidida y comprometida como la de los dirigentes sindicales. En todo caso, éste es un proceso que está avanzando.

En estos días, se espera la culminación de las negociaciones para realizar un tercer reajuste del ingreso mínimo legal, de forma tal que en menos de dos años y medio del gobierno democrático el ingreso mínimo legal ha tenido un aumento verdaderamente espectacular, que se refleja en las últimas estadísticas, las cuales comprueban que el sector más pobre de nuestro país está avanzando desde el punto de vista de la participación de la riqueza producida a nivel nacional.

Hago estas consideraciones porque el Convenio en análisis, que requiere la ratificación de nuestro país, establece, en lo fundamental, un mecanismo tendiente a articular a trabajadores, empresarios y gobierno en tomo de la problemática de la legislación laboral, de las situaciones que conlleva el mundo del trabajo, de la propia participación en las conferencias generales de la OIT, a pesar de que, por iniciativa del Gobierno, en las oportunidades en que la delegación nacional durante estos dos años -compuesta también por trabajadores, empresarios y funcionarios de Gobierno- ha debido participar en las conferencias de la OIT, se ha producido esta articulación y coordinación.

Como ha dicho nuestro colega Olivares, este Convenio es un instrumento que establece un marco, un escenario para la concertación social. Desde este punto de vista, no me cabe duda de que existe la voluntad y la decisión de aplicarlo en el más breve plazo.

Los Diputados democratacristianos vamos a respaldar este proyecto, porque lo consideramos muy importante para el progreso del país en el objetivo de la plena concertación social, a fin de lograr el desarrollo con equidad y el crecimiento económico con justicia social que el Gobierno del Presidente Aylwin está impulsando.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, los Diputados de la Democracia Cristiana vamos a votar favorablemente este proyecto.

Quiero destacar que el Convenio sometido a nuestra consideración fue sancionado por la Conferencia Internacional del Trabajo, con el objeto de asociar, conforme al principio del tripartismo que caracteriza su funcionamiento, a los empleadores, trabajadores y autoridades de Gobierno, a fin de que se efectúen consultas sobre materias de la competencia de la OIT.

Sólo quiero señalar los hechos fundamentales.

En primer lugar, se trata de aprobar un convenio que obliga a los Estados a realizar consultas. En consecuencia, no se establecen mecanismos resolutivos, sino exclusivamente consultivos.

En segundo lugar, la temática sobre la cual han de versar estas consultas está claramente definida en el Convenio cuya aprobación estamos discutiendo. Así, en el artículo 5Q se señalan los temas o materias sobre los cuales los Estados que suscriben este instrumento deben celebrar consultas.

En tercer lugar, el mecanismo del tripartismo a nivel macroeconómico es un principio que se ha estado aplicando en el país con bastante éxito. En este sentido, las posibles dudas o aprensiones que pudieran haber surgido durante el debate de estos temas, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la de Trabajo, en cuanto a lo que podría significar el establecimiento de mecanismos de tripartismo en los procesos de negociación colectiva, están absolutamente fuera del Convenio. En consecuencia, no existe ningún temor de que esa situación ocurra, porque él es muy preciso. Primero, es un mecanismo de consulta, y segundo, las materias sobre las cuales es obligatorio para los Estados realizar las consultas, están claramente tipificadas en el artículo 5°.

Por otra parte, la práctica de consultar a trabajadores y empleadores en algunos temas importantes, vinculados con la política laboral, que el gobierno ha estado efectuando desde que asumió el poder, excede el marco que permite el Convenio. Es decir, se propone ratificar un documento que establece un mecanismo de consulta de menor competencia que los procedimientos que internamente el Gobierno ha estado efectuando en las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Por eso, vemos la aprobación de este Convenio como un paso muy positivo, pues estimamos que la participación de todos los sectores involucrados en el proceso económico constituye una garantía para la paz social y para un adecuado funcionamiento de la economía de los pueblos.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, a propósito de la discusión de este Convenio, si bien considero que no tiene mucha importancia, adhiero a los principios contenidos en él, pero no al procedimiento usado para buscar su súbita aprobación, que no tiene otro objetivo que llevárselo como una especie de trofeo a los trabajadores el 1° de Mayo.

El señor SEGUEL.-

¡Eso es una falta de respeto!

El señor MEKIS.-

No es una falta de respeto; simplemente, es la verdad.

Estoy haciendo uso de la palabra y no voy a conceder interrupciones mientras no termine de expresar la idea.

Creo que en política es bueno intentar...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar silencio. Está haciendo uso de la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, en política siempre es bueno intentar no contundir el interés particular o el beneficio propio con el interés de la sociedad. Por ello, no se deben usar instrumentos como éste para producir un efecto electoral en beneficio del Gobierno o de un determinado partido.

Respecto de este Convenio, me habría encantado haber visto en la Comisión de Relaciones Exteriores -donde estuvo tanto tiempo- el mismo entusiasmo que se observa ahora para despacharlo a toda carrera. Recuerden ustedes que no otorgué la unanimidad para alterar la Tabla esta mañana, justamente, por esta razón.

Sería más valioso para los trabajadores y tendrían más fe en este Parlamento si nos dedicáramos a discutir este Convenio -que muchos de los señores Diputados ni siquiera han leído- después del 1° de Mayo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, sólo para destacar que la aprobación de este Convenio es muy importante, porque introduce en nuestra legislación -y lo digo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley- un concepto que ha sido muy discutido y reclamado por los trabajadores organizados de este país: el tripartismo.

Por disposición constitucional, las normas de los convenios internacionales pasan a formar parte de nuestra legislación y en ella tienen un rango muy elevado. Si bien es cierto que el Convenio se refiere a las relaciones de los gobiernos con...

El señor ORPIS.-

De los Estados.

El señor SCHAULSOHN.-

De los Estados -valga la aclaración- con la Organización Internacional del Trabajo, contiene un artículo que relata específicamente las materias respecto de las cuales debe operar el tripartismo.

Avanzamos un paso al aprobar este Convenio que legitima el debate habido al interior del país respecto de si deben o no existir comisiones tripartitas para resolver los conflictos que se plantean en el ámbito nacional entre los trabajadores y los empresarios.

Sabemos que sobre este tema hay discrepancias. Las organizaciones empresariales, al concurrir a la aprobación de este tratado, por lo menos con su opinión, a través de los parlamentarios que las representan en esta Sala, han hecho expresa salvedad de que entienden que la aprobación de este Convenio en modo alguno introduce el tema del tripartismo como susceptible de ser practicado en las relaciones laborales en el país. Pero, más allá de la opinión -muy respetable, por cierto, de las organizaciones empresariales-, quiero dejar constancia de que, a nuestro juicio esto legitima el debate sobre la fórmula tripartita para enfrentar conflictos de gravedad social, en que los trabajadores requieren, aun en el marco de una economía de libre mercado, de la participación del Estado como un ente regulador de las relaciones entre dos entidades: empleador y trabajador, en las que, muchas veces, estructuralmente están en desigualdad de condiciones.

Por lo tanto, me alegro de la aprobación unánime que esta Honorable Cámara dará a este Convenio. Con ello, se abren las puertas de par en par para abordar, definitivamente, el tripartismo en las relaciones laborales a nivel nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Seguel.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, lamento las expresiones del Diputado señor Mekis, aunque las respeto.

No me parece adecuado calificar como un oportunismo del Gobierno y de los parlamentarios de la Concertación nuestra actitud sobre este proyecto. Participé activamente en la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Latinoamericana y Asuntos Interparlamentarios, donde el señor Diputado dio la misma opinión cuando le solicité que aprobásemos pronto esta iniciativa -y eso hace más de un mes- porque, justamente, se acercaba el 1° de Mayo y era bueno que el Congreso expresara a los trabajadores chilenos la voluntad de ratificar el Convenio N° 144, tan importante para ellos.

Además, debe saber el señor Diputado -que injurió a los trabajadores- que en este proyecto se incluye a los empleadores y a los gobernantes, es decir, a la comisión tripartita. Por lo tanto, no es exclusivamente para los trabajadores.

Por último, espero que las expresiones del Diputado señor Mekis hayan sido un lapsus mental del momento y que rectifique lo manifestado respecto de los trabajadores chilenos. Este Convenio no abarca solamente a la Central Unitaria de Trabajadores, sino al conjunto de los trabajadores chilenos, a los empresarios y a los gobiernos, tanto a éste como a los futuros, siempre que sean democráticos, porque si van a Ser como el que respaldó, obviamente no habrá ningún respeto por los trabajadores chilenos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Olivares.

El señor OLIVARES.-

Señor Presidente, en verdad, ya no me sorprenden los exabruptos de mi colega Mekis, porque, cada vez que se trata alguna iniciativa que de una u otra manera beneficia a los trabajadores, siempre ve el fantasma del oportunismo, de la demagogia, de la hipocresía, etcétera.

Quiero recordar al señor Mekis la posición del colega Schaulsohn en cuanto a los alcances y al verdadero significado de este Convenio, que me evita repetir las mismas cuestiones a las que nos referimos en el seno de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Además, a confesión de partes, relevo de pruebas. El propio señor Mekis, para intervenir en este proyecto y demostrar lo bien documentado que viene, comienza diciendo que no ha leído el proyecto ni el Convenio; sin embargo, opina al respecto.

También quiero decirle al señor Mekis, tal como lo acaba de mencionar en forma muy clara el colega Schaulsohn, que aquí se plantea el tripartismo, esto es, la formación de comisiones tripartitas. Y en el distrito del señor Mekis, desde ayer -y hasta hoy en la noche- están reunidos los trabajadores panificadores para elaborar su pliego de peticiones -y usted debiera apoyarlos- y en su punto cuarto señalan lo siguiente: "Formación de una comisión tripartita para el gremio de panaderías".

Vea lo que son las cosas de la vida. El señor Diputado le niega seriedad a este Gobierno, en circunstancias de que este hace lo que los trabajadores le piden: busca la manera de acercarlos para que, en la práctica, funcionen estas comisiones tripartitas y se vaya al encuentro de las soluciones que necesitamos.

¡Qué distinto era en 1976, el señor Mekis! Su Señoría no era Diputado, pero ya era una persona que, por su inteligencia, era capaz de razonar y de juzgar. Y acá tengo a la mano el decreto N° 942, de 1975, que no lo dictó la Unidad Popular -otro de sus temas preferidos- sino el Gobierno del Capitán General. Mediante ese decreto se declaró "la libre instalación y funcionamiento de las industrias que indica" y se derogó el artículo 353 del Código del Trabajo, lo que perjudicó a un gran número de trabajadores, entre ellos a los panificadores; además, eliminó el derecho al quintalaje, beneficio que tuvieron durante muchos años. Ahora ellos, para recuperar beneficios, acércanse a un salario más digno, a un trato más digno, a la previsión que merecen, están pidiendo el nombramiento de una comisión tripartita y el Ejecutivo envía un proyecto que nos conducirá a ellas. No veo dónde está la demagogia del Gobierno y la nuestra.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Muy bien.

Cuando se vote la clausura del debate, eso se tomará en cuenta.

En votación la clausura del debate.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 17 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Clausurado el debate.

En votación el proyecto de acuerdo que ratifica el Convenio N° 144.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Despachado el proyecto de acuerdo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Según el acuerdo adoptado por la Sala, corresponde tratar el informe de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 12 de la ley N° 18.525, con el objeto de extender los derechos específicos y las rebajas arancelarias de la banda de precios del trigo a la harina de trigo.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 520-01 y figura en el número 17 de los documentos de la Cuenta de la sesión 65a., celebrada el 14 de abril de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Acuña, Diputado informante de la Comisión de Agricultura.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, en mi calidad de Diputado informante, me corresponde exponer ante la Honorable Cámara los argumentos tenidos en consideración por la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo para dar su aprobación al proyecto de ley, de origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que modifica el artículo 12 de la ley N° 18.525, con el objeto de extender los derechos específicos y las rebajas arancelarias de la banda de precios del trigo a la harina de trigo.

Este proyecto de ley consta de un artículo único, muy corto; sin embargo, las siguientes son algunas terminologías que es necesario tener en cuenta, igual como lo hizo la Comisión:

Arancel ad valorem: es el porcentaje que significa el arancel total que un producto paga respecto del valor CIF que tiene. En Chile es uniforme y alcanza al 11 por ciento.

Valor CIF: es la suma del costo de la mercadería en el origen, FOB, a lo que se agrega el flete y el seguro para que el bien llegue a puerto por mar, aire o tierra.

Derecho específico: consiste en un arancel adicional expresado en dólares por kilo de mercadería. Permite hacer funcionar las bandas de precios para los productos agrícolas.

Relación de precio: es la división entre el precio del producto de mayor valor agregado y la materia prima básica que lo constituye. Se mide en la misma unidad de peso: precio-harina, precio-trigo.

Coeficiente de transformación técnica: hace referencia a la cantidad en kilos de insumo que se requiere para producir una unidad de producto final: un kilo 282 gramos de trigo para producir un kilo de harina.

La ley N° 18.267, de 1983, facultó al Presidente de la República para establecer sobretasas arancelarias a la importación de trigo.

La ley N° 18.525, publicada en julio de 1985, en su artículo 12, dispone el establecimiento de una banda de precios para la importación de trigo y determina el mecanismo para establecer un techo y un piso para la banda.

La ley N° 18.591, mediante su artículo 36, introduce ciertas modificaciones para la determinación del techo y el piso de la banda.

En virtud de la legislación señalada, la mecánica de la banda de precios del trigo establece que para determinar el techo y el piso de las bandas se deberán considerar los precios internacionales promedios mensuales registrados en los mercados relevantes en un período inmediatamente precedente, de cinco años para el trigo y las semillas oleaginosas y de diez años para el azúcar, eliminándose hasta el 25 por ciento de los valores más altos y hasta el 25 por ciento de los más bajos para cada uno de ellos, de modo que los valores inmediatamente siguientes constituyan la base para calcular el monto de importación máximo y mínimo, respectivamente. Para tal objeto, se utilizan las tarifas y gastos que corresponden a los normales en el proceso de importación de dichos productos en los seis meses anteriores.

Las enmiendas introducidas a este texto incorporan los aceites vegetales no incluidos en la ley N° 18.525 y establecen, además, que los promedios mensuales se ordenarán en series de mayor a menor y se eliminarán de las mismas hasta el 25 por ciento de los valores más altos y hasta el 25 por ciento de los valores más bajos. Se agregarán a los valores extremos resultantes los aranceles y gastos normales que se originen en el proceso de importación de dichos productos.

Más adelante, administrativamente se introdujo una modificación en la mecánica para determinar los valores extremos, la que consiste en reajustar los 60 precios promedios mensuales de acuerdo con la variación del índice de precios relevantes del comercio exterior de Chile, que, sobre la base de 1980, es igual a uno.

Entre las enmiendas introducidas por la ley N° 18.591, se agregaron los aceites vegetales al comprobarse que las bandas de precios, en el caso de las oleaginosas, eran soslayables por la vía de importar sus derivados, esto es, los aceites, bajo el régimen arancelario común; pero, lamentablemente, se omitieron los derivados del trigo, con lo cual quedó abierta la puerta para eludir la banda de precios del trigo mediante la importación de harina subsidiada.

La importación de harina, en virtud de las denuncias presentadas a la Comisión de Distorsiones de Precios del Banco Central, en 1982, quedó sometida a sobretasas por 6 meses renovables, generando a cada vencimiento las polémicas e investigaciones que hoy conocemos. Las autoridades dispusieron fijar una sobretasa provisoria del 10 por ciento, que tendría una validez de 60 días, mientras se realizaba la investigación que determinaría la sobretasa que regiría por 6 meses.

La incorporación de la importación de harina en el sistema de bandas de precios establecido por las leyes N°s 18.525 y 18.591 requiere de una mecánica diferente, en virtud de la no existencia de un mercado internacional transparente que proporcione precios promedios mensuales. La harina no se cotiza en bolsas de productos como el trigo.

El precio de la harina de exportación suele ser fijado en función de la situación de competencia existente en los mercados. Las exportaciones de harina por los grandes países productores se caracterizan por sus elevados subsidios, ya sea en forma directa o por la vía de la entrega de trigo a los molinos exportadores, a precios que no corresponden a las cotizaciones del mercado internacional.

En consecuencia, para evitar que sea vulnerada la banda de precios del trigo, es necesario establecer una relación directa entre el precio de la harina importada y el piso de la banda, mediante un factor representativo de esa relación.

El sector involucrado señaló ante la Comisión que la relación histórica existente entre el precio del trigo y el de la harina, deflactado por el IPC a enero de 1991, promedio entre 1975 y enero de 1991, fue de 1.606; y en 1990, de 1.614 veces el precio del trigo.

Por lo tanto, sobre esa base se sostiene que el piso de la banda para la harina sería 1.6 veces el piso de la banda para el trigo.

Por su parte, el señor Ministro de Agricultura señaló que la tasa de protección a la harina de trigo se basa en el mercado de referencia, que opera sobre listados de precios de los productos sujetos a banda, como el azúcar, y que, luego de considerar los referentes de todos los precios, el Supremo Gobierno aplica una tasa discrecional, calculada entre el techo y el piso referencial. La harina de trigo no tiene un mercado de referencia estable; su comportamiento en el mercado internacional suele ser errático e inconstante.

Las causas por las cuales se debió optar por establecer una protección a la importación de la harina de trigo obedece a que su banda es similar a la que se utiliza para el trigo, pero un 30 por ciento más alta. Es decir, el Ejecutivo ha considerado en su proyecto que si se concede un valor de 100 pesos al kilogramo de trigo, se otorga a la harina de trigo un valor de 130 pesos. La razón de aplicar el margen de 1.3 a la harina de trigo se sustenta en la relación de rendimiento entre el trigo y la harina, de modo que para producir un kilo de harina se necesitan 1.3 kilos de trigo.

El Gobierno posee atribuciones administrativas para aplicar medidas como el valor aduanero mínimo o de aforo mínimo, la sobretasa por distorsión, los derechos compensatorios aplicables a determinados países, etcétera; no obstante, estas salvaguardias son transitorias y obligan a agregar otros considerandos que justifiquen su adopción.

Tales circunstancias predisponen al Ejecutivo a someter esta norma que de forma genérica regularía la comercialización de la harina de trigo. No se aprecia aceptable fijar un margen de 1.5 ó de 1.6 a la harina, por cuanto una de esas cifras, en algún momento, podría afectar seriamente al consumidor, si establecido ese margen de comercialización, con posterioridad no se refleja en el comercio de la harina.

La relación histórica reciente ha tenido las siguientes fluctuaciones: 1.315, 1.348, en diciembre de 1990; 1.379, 1.418, 1.455, 1.47 y fracción; 1.374 y 1.32, en 1991, y, actualmente, 1.39.

El factor 1.3 que se propone es aplicable y corresponde a una determinación legítima, objetiva y realista, considerando el mercado interno en su actual desarrollo y desenvolvimiento. Si este margen de 1.3 no resulta suficiente, se cuenta con otras medidas de protección y de regulación, a las que me he referido anteriormente.

Por último, la finalidad del Gobierno, como la expresa en su mensaje, es establecer un sistema permanente de regulación, un margen de 1.3.

En el debate habido en la Comisión, se conocieron las diversas opiniones señaladas en su informe y, sobre la base de ellas, se ponderaron los diferentes coeficientes para la banda de precios de la harina. Por mayoría de votos, se aceptó la idea propuesta por el Ejecutivo.

Es cuanto puedo informar a la Honorable Cámara.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Arancibia, Diputado informante de la Comisión de Hacienda.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, vuestra Comisión de Hacienda me ha encomendado informar el proyecto en discusión cuyos aspectos fundamentales y antecedentes ya han sido dados a conocer por el Honorable Diputado señor Acuña. Por lo tanto, trataré de ser breve en mi exposición.

La Comisión de Hacienda se abocó a analizar con bastante detenimiento las características del sistema imperante desde hace largo tiempo y, particularmente, la eficacia para lograr los objetivos que se proponen en el proyecto; además, el impacto que tiene en la economía nacional y, en particular, los consumidores. Porque no se escapa a nadie que en la economía planteada por este Gobierno -respecto de la cual los distintos sectores del país, salvo muy contadas excepciones, coinciden en que debe funcionar sobre la base del mercado como gran mecanismo de reasignador de recursos- la existencia de este sistema de banda constituye, a lo menos, una cosa, si no enteramente excepcional -porque también es defendible que en su operación se apoyan las fuerzas propias del mercado- que no se condice necesariamente con lo que son el libre juego de las acciones de la oferta y la demanda.

En esta materia, la preocupación fundamental de la Comisión fue atender, primero, cuál es el objetivo de la banda de precios para la harina. Como quedó dicho, es un complemento casi indispensable e ineludible después de establecida la banda de precio para el trigo. Al existir este sistema de precios máximos y mínimos para las transacciones de trigo, en la medida en que el 80 por ciento de la producción de los cereales está destinada a producir harina -la actividad molinera depende de este abastecimiento fundamental- podría ocurrir, de aplicarse sólo el arancel vigente, que es de sólo 11 por ciento, que a la industria molinera, en determinadas circunstancias, le resultara más conveniente importar el trigo que consumir el nacional, con lo cual termina comprometiéndose una actividad que da ocupación a una parte importante de la superficie agrícola del país y, además, a un número muy importante de trabajadores.

Si hubiera que resumir el objetivo diría, en primer lugar, que éste es complementar la banda de precios de la harina por un sistema de tasas o de derechos específicos y de reducciones arancelarias para las importaciones de harina, como una medida de protección de la producción agrícola nacional.

Segundo, durante el tratamiento del proyecto en la Comisión se discutió mucho el problema, aquí ya consignado, sobre la falta de una relación estable y clara, a lo largo del tiempo, entre los precios del trigo, la harina y el pan, es decir, de toda la cadena.

Se reconoce por todos los sectores involucrados, y el Gobierno en primer lugar, que hay aquí un problema vinculado al carácter poco estable y errático del comportamiento de los precios internacionales de un producto como el trigo, que en los principales países productores es altamente subsidiado. El hecho de no adoptarse medidas especiales para regular su importación al país, termina afectando la producción nacional en favor de productos que son saldos exportables, que existen en cantidades importantes gracias a los subsidios destinados a asegurar una cierta rentabilidad a los agricultores en las economías que las generan.

El otro elemento que hizo poner en tela de juicio la pertinencia, por la Comisión, de esta medida, dice relación con la inexistencia de un mercado de la harina propiamente dicho a nivel internacional. Sobre esta materia es sumamente complejo establecer cuáles son los precios de referencia que se puedan emplear para aplicar esta banda en el caso del producto ya elaborado.

En Chile ha habido pequeñas importaciones de harina muy excepcionales y, además, el comercio internacional de este producto, incluso también el interno, enfrenta una serie de problemas técnicos, inclusive para determinarlo como un comercio más bien de importancia menor.

Se planteó también en qué medida esta banda de precios sobre la harina incide en el precio del pan y sobre un gasto adicional que los consumidores chilenos, sobre todo los de menores recursos, deben pagar por un consumo masivo tan importante que, además, termina siendo una medida excepcional que protegería sólo a un sector de la producción del país.

Al respecto, los representantes del sector agrícola, por supuesto, sostuvieron que el sistema de banda de precios para el trigo, primero, se apoyaba en las fuerzas del mercado, pero como explicó el Diputado señor Acuña, a partir justamente de las cotizaciones internacionales relevantes se determina esta banda; por lo tanto, en esa materia no se puede establecer que se trata de una medida puramente administrativa o impuesta o desalineada de lo que es el funcionamiento del mercado; y, segundo, que en el país hay un conjunto de tierras que, por razón de rotación de cultivo y porque hay muy pocos cultivos alternativos, hacen indispensable consultar medidas destinadas a sustentar o a sostener esta actividad importante para un sector de la agricultura nacional.

Las principales observaciones vinieron de los industriales molineros y de los industriales panificadores. Los primeros sostuvieron que la industria molinera en Chile es altamente eficiente, y que estaría en condiciones de operar, a plena eficacia, con sujeción a las transacciones de trigo que ellos necesitan como insumo, de acuerdo con las normas generales arancelarias existentes en el país, esto es, del 11 por ciento. Entienden, sin embargo, que en la medida en que exista la banda de precios para el trigo, también para ellos, si se quiere incentivar su consumo en la elaboración de harina en el país, se requiere este conjunto de medidas propuestas en el proyecto de iniciativa del Ejecutivo.

Sin embargo, los industriales molineros, sobre todo, objetaron la relación técnica planteada. Sostienen que lo fundamental no es tomar la relación técnica de 1.3, sino que la relación de precios, y que, a lo largo de los últimos 16 años, la relación correcta es 1.6; es decir, un coeficiente, un porcentaje mayor -que debería aplicarse sobre la harina- que el coeficiente puramente técnico.

Al respecto, se originó un extensa discusión; pero la Comisión concluyó que el criterio propuesto por el Ejecutivo parecía como más objetivo y más fácil de establecer. O sea, recurriendo al coeficiente técnico de que por cada unidad física de harina se necesita 1.3 de insumo de una misma unidad física de trigo se logra una relación estable objetivamente medible; pero si, en ciertas coyunturas, las relaciones de precios excedían esa relación técnica, de todas maneras quedan subsistentes las normas generales que permiten adoptar las medidas adicionales o complementarias que protejan la industria harinera nacional, tales como la comisión de distorsiones u otros instrumentos legales.

En segundo lugar, los industriales panificadores también advirtieron que el sistema de bandas de precio de trigo se había traducido en la existencia de una producción de este cereal a un costo mayor del que se puede pactar en los mercados internacionales, lo que significa, además, obtener un precio mayor en la harina y necesariamente en el producto final que, para estos efectos, es el pan.

Los industriales panificadores, entendiendo las justificaciones de la banda de precios del trigo, consideran -y en eso coinciden con los industriales molineros- que es una medida que debe ser fundamentalmente transitoria y debe plantearse en una perspectiva temporal.

Por otro lado, los industriales molineros sostienen que, en la medida en que se estableció una banda de precios para el trigo sin medidas complementarias para estandarizar y hacer exigencias, se ha producido un decaimiento sistemático en la calidad y precio del trigo disponible en el país, hecho que pueden demostrarlo con antecedentes.

Incluso, hoy se está adquiriendo trigo a más de 300 dólares la tonelada, en circunstancias de que en el mercado internacional argentino, se puede adquirir por un tercio de ese valor.

Hay, por lo tanto, un problema que para la Comisión es importante discutir con detenimiento: aquí hay una coyuntura, en la cual, por supuesto, si no hay alternativa, no queda sino reafirmar las medidas que permitan mantener la banda de precios del trigo. Pero esta Corporación, a través de su Comisión de Economía, y el Gobierno, por su parte, deberían abocarse a diseñar una política sana de más largo plazo, que permita desmantelar un sistema que indudablemente provoca impacto entre los consumidores.

Al final, la Comisión concordó en que no había otra opción que la de aceptar la propuesta del Ejecutivo: entender que el coeficiente 1.3 le da el resguardo básico requerido a la industria molinera y reconocer que hay mecanismos en la legislación vigente para mantener la protección de la industria molinera frente a coyunturas adversas; pero que, a la larga, habría que pensar en un sistema para que este conjunto de bandas de precios existentes sea, en definitiva, reducido hasta lograr su superación.

No se trata de volver, de manera dogmática, a concepciones -como diría- "revolucionistas" del mercado; pero tampoco se trata de mantener indefinidamente un sistema que distorsiona una más eficiente asignación de los recursos y que afecta a los chilenos en el consumo de un producto tan esencial, como el pan.

Por lo tanto, por cinco votos a favor, un voto en contra, y dos abstenciones, la Comisión de Hacienda recomienda a la Corporación la aprobación de la medida que propone el Ejecutivo, entendiendo que ella no es, por lo demás, enteramente nueva.

Quiero reiterar que si no ha habido ley sobre la materia, se debe a que hasta el año pasado, se aplicaba a estas importaciones el valor aduanero mínimo con la sobretasa y, además, un mecanismo muy sencillo. Cuando alguien quería importar harina, en vez de traerla de Argentina, el Banco Central planteaba que debía comprarla en los Estados Unidos, donde había una línea de crédito, hecho por el cual indudablemente, la adquisición terminaba siendo poco rentable.

Con su iniciativa, el Gobierno normaliza y estabiliza un sistema que se estima beneficioso para preservar la industria molinera y sostener la producción triguera, con las repercusiones y reservas planteadas en el curso del debate y que los señores Diputados pueden encontrar en el informe.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, conocemos en esta ocasión un mensaje del Ejecutivo a través del cual extiende los derechos específicos y la rebaja arancelaria de la banda del precio del trigo a la de la harina de este mismo grano.

Con esto se viene a llenar un vacío existente en nuestra legislación, por cuanto la banda de precios que se aplica para el precio del trigo podría ver disminuida su importancia o eficacia al no brindarse el mismo trato a la harina de trigo, producto en el cual se emplea la mayor parte del grano referido.

En efecto, la política de las bandas de precios existentes para el trigo, el azúcar y las oleaginosas tiene por objeto aminorar los efectos cíclicos de los precios de estos productos, otorgando una estabilidad en el tiempo y favoreciendo la producción nacional.

En este sentido, producto de la estrecha relación existente entre la producción de trigo y la de la harina, el aceptar la necesidad de una banda de precios para lo primero punto que desde ya advierto admite discusiones, pero en este análisis parto del supuesto de que existe, nos lleva a concluir que también debiera extenderse a la harina la forma de evitar que, por ejemplo, una fuerte baja del precio de la harina acarreara una crisis en el precio del trigo; como también podría darse la situación de que, por la vía de la importación de harina a bajo precio, se perjudicara el mercado del trigo.

La intención del Gobierno al presentar a nuestra consideración este mensaje es no sólo evitar que el control de estas fluctuaciones dependa únicamente de las medidas administrativas, actualmente en vigencia, como son el valor del aforo mínimo y la sobretasa arancelaria, sino también procurar que, por el contrario, exista un mecanismo estable para el mercado de la harina.

Ahora bien, resulta impensable establecer una banda separada para el precio de la harina, lo lógico -y ésta es la modalidad utilizada- es establecer una relación entre ambos productos, representada en la fórmula 1.3. Esta cifra, de carácter técnico, podría ser complementada con las medidas administrativas actualmente existentes en los casos en que la relación establecida no cubra el precio menor que se determine.

Esta temática cobra principal importancia para algunas zonas del país, como la provincia de Nuble, que represento en esta Honorable Cámara, la que, con 64.090 hectáreas, constituye la segunda, en el país, de producción triguera, sólo superada por Cautín.

Para quienes representamos a regiones en que la producción de trigo es una actividad muy gravitante en la economía local y, por tanto, en la calidad de vida de sus habitantes, cualquiera distorsión en su precio crea un grave problema socioeconómico que afecta especialmente a las comunas en que se practica este cultivo y que, en un alto porcentaje, están incluidas en las comunas consideradas más pobres del país.

Se puede discutir, desde el punto de vista de algunos principios económicos, el mecanismo de la banda de precios; pero es evidente que este sistema ha permitido mantener la actividad agrícola en zonas que cuentan con muy pocas alternativas de desarrollo y que, por lo tanto, justifican las medidas protectoras para evitar un mayor deterioro de su ya bajo nivel socioeconómico.

Estas consideraciones, que destacan los beneficios que las bandas de precios han significado para la mantención de la actividad agrícola, no deben interpretarse en forma alguna como una justificación para que éstas tengan el carácter de permanentes o indefinidas, sino que las creo beneficiosas, mientras no se implementen otras alternativas de desarrollo en las zonas que se busca proteger por medio de las bandas.

Al apoyar esta iniciativa, de acuerdo con mis principios, persigo el bien común, contrariamente a lo que sucede con sectores que llegan a ser socializantes cuando se enfrentan a las pérdidas, y sectarios y cerrados defensores de sus principios economicistas cuando vislumbran expectativas de utilidades.

Al apoyar este proyecto, velamos por el legítimo interés de los productores de este vital cereal, como también por el de todos los chilenos, especialmente de los más modestos consumidores de este alimento y principal producto final de la cadena, que es el pan.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el mercado internacional de los productos agrícolas tiene una característica fundamental: la gran variabilidad de sus precios, derivada, por una parte, de la naturaleza residual de estos mercados, la que se ve acentuada por políticas proteccionistas de "dumping" que aplican algunos países, muchas veces desarrollados, con el fin de asegurar a sus productores una determinada rentabilidad.

En el caso de una economía abierta hacia el exterior, como es la nuestra, las fluctuaciones de los precios internacionales también se transmiten, por consiguiente, hacia el mercado interno.

Con este objetivo y en aras de buscar una adecuada estabilidad a los precios de los productores agrícolas chilenos, neutralizando estas variaciones, a veces bruscas, de "dumping" que generan algunos países desarrollados, se diseñó, con singular éxito, hace ya casi una década, una banda de precios específicamente respecto de tres rubros: trigo, aceite y azúcar.

Estos productos, que han estado sujetos a este mecanismo de protección frente a esta competencia desleal en el mercado exterior, que se genera por la variabilidad de sus precios, en ningún sentido representan, a mi juicio, un subsidio para el productor, sino que tienen un carácter neutro que tiende a compensarse, en el mediano y largo plazo, en las transferencias entre los productores y los consumidores.

Si analizamos el caso del trigo, que estamos discutiendo hoy día, y vemos los resultados derivados de la aplicación de esta banda, podemos apreciar que la productividad, entre otros factores, se ha más que duplicado en los últimos años, precisamente en el período en que ha estado vigente este sistema de banda de precios, pasando de un rendimiento de 16.3 quintales por hectárea, entre 1982 y 1983, a cifras que superan los 36 quintales por hectárea en la temporada recién pasada.

Por consiguiente, el mejoramiento de la producción agrícola no sólo repercute en el empleo y en la inversión del sector, sino también en variables como el desarrollo armónico de las regiones, la reversión del proceso migratorio campo-ciudad, el mejoramiento de la calidad de vida en el sector rural, como otros beneficios que se generan en los sectores relacionados con las empresas trigueras.

El principal producto del trigo es, indudablemente, la harina, en cuya elaboración el costo de este insumo -el trigo- incide aproximadamente en un valor entre el 82 y 87 por ciento de su precio de venta final.

En consecuencia, el trigo y la harina son dos productos estrechamente relacionados entre sí, y las situaciones y políticas que afectan al primero, indudablemente afectan a la segunda. De ahí se deriva este proyecto, que impone una tasa arancelaria adicional.

No es menos cierto que existen otros mecanismos de mercado que, con una adecuada consagración legal, podrían contribuir a atenuar las fluctuaciones internacionales que se producen. Quizás el más claro ejemplo de una forma de buscar una atenuación de los efectos internacionales sobre nuestro trigo, es el caso de las bolsas de productos agrícolas, cuyo proyecto de ley se encuentra en tramitación en el Honorable Congreso, en nuestra Comisión de Agricultura, y que ya fue votado favorablemente en general. Son mecanismos que complementan y también ayudan en este sentido.

Deberemos ir evolucionando progresivamente en el tiempo hacia mecanismos más transparentes, con menor participación del Estado en la regulación de los precios internacionales, como sucede en una bolsa de productos agrícolas, para ir transitando hacia mecanismos de ese tipo. Pero no es el caso de la situación chilena; no hemos evolucionado aún hacia eso, y el tema de las bolsas de productos agrícolas está en su primera etapa.

También es cierto que además de las bandas de precios, el Ejecutivo dispone de mecanismos alternativos de aplicación transitoria, como la tasa de aforo u otras que permiten resolver algunas fluctuaciones que se generan en el mercado.

Situaciones como la descrita, en que el valor del producto importado -en este caso la harina de trigo- resulta menor que el costo de producirla internamente, harían imposible competir con el mercado externo, a menos que se disminuya el costo doméstico, para lo cual sería necesario reducir el precio de los insumos, es decir, del trigo.

Ahora bien, para corregir la situación enunciada, el Ejecutivo ha estimado que la actividad molinera debe tener un grado de protección equivalente al del conjunto de los sectores económicos e igual al otorgado por el nivel arancelario general del país, es decir, un 11 por ciento. Sobre la base de este postulado, determina que los derechos específicos y rebajas arancelarias de la harina deben ser los mismos del trigo, multiplicados por un factor igual a 1.3, que corresponde a la relación técnica de producción. Para el Ejecutivo, este mecanismo, además de simplificar su implementación administrativa, otorgaría una relación estable entre los costos de importación de trigo y harina.

Cabe señalar que el factor 1.3 que propone el proyecto, no tiene relación con la incidencia del costo del trigo en el costo de la producción de harina, sino que se trata de un coeficiente técnico que responde a una naturaleza física pero no económica. Si ha de procederse a la fijación de una banda, ello también debiera hacerse, a nuestro juicio, considerando todas las variables propias del rubro producción de harina y no sólo en función de la harina, que, como puntualizaba antes, es un porcentaje equivalente al 85 por ciento del total final de su precio.

Por consiguiente, para otorgar a la harina un tratamiento similar al del trigo, es indispensable considerar esta circunstancia, ya que, frente a protecciones efectivas distintas, se incentivará la importación de aquel bien que se beneficia con la menor de ellas.

Para enfrentar esta situación se requiere un análisis distinto, consistente en extender la banda de precios del trigo a la harina, sobre la base de los mismos criterios que se utilizan para su cuantificación, esto es, valores mínimos y máximos, acompañados de mecanismos arancelarios consistentes con esos valores y con la estructura de costos de importación de la harina.

Es correcto, tal como lo informaba el Diputado señor Arancibia, que hay dificultades o imposibilidades para contar con un mercado externo de la harina que sirva de referencia para determinar este efecto de asimilación que proponemos entre la banda de precios del trigo y de la harina; por consiguiente, se tendrá que hacer sobre la base de la estimación de algunos parámetros, y en especial, el valor FOB y el costo de la importación que tiene la misma.

Si hacemos un análisis histórico y consideramos que desde 1975 hasta 1991 la relación interna que se ha dado en el país entre el precio de la harina y el precio del trigo ha sido, en promedio, de 1.6, podemos concluir que, utilizando este coeficiente, se pueden estimar los niveles de la banda de harina y su precio internacional base FOB, tomando como referencia los antecedentes del trigo.

Los valores de la banda representan costos de importación de un producto, y éstos determinan los niveles máximos que pueden alcanzar los precios internos.

Por tanto, si creemos que hay una estrecha vinculación entre la harina y el trigo, y que se generan relaciones de precios internos relativamente estables a través del tiempo, tendremos que aceptar, entonces, que la relación histórica de 1.6 que se ha dado en un período de 16 años, debe mantenerse en el tiempo.

Esto es lo que nos ha llevado a concluir, señor Presidente, que el factor 1.3, propuesto por el proyecto del Ejecutivo -más allá de las consideraciones técnicas, más allá de las consideraciones de índole o naturaleza física más que económica, más allá de que existan otros mecanismos para atenuar estos efectos, para lo cual se debe hacer un esfuerzo legislativo y administrativo para implementarlos, y más allá del hecho de que el Ejecutivo también dispone de otros mecanismos discrecionales para atenuar estos efectos, entre los cuales he mencionado el tema del valor del aforo- es insuficiente para generar una protección adecuada frente a eventuales importaciones de harina, no se concilia con la realidad nacional histórica experimentada durante los últimos 16 años y genera dificultades sobre la aplicación del sistema.

Por consiguiente, estos análisis nos han llevado a rechazar el proyecto de ley en los términos propuestos y a proponer mecanismos alternativos de asimilación entre la banda de precios del trigo y la banda de precios de la harina, tomando como parámetro los coeficientes promedios que se han experimentado en las últimas décadas en el país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, me parece positivo que el Ejecutivo haya enviado este proyecto de ley, ya que complementa la banda de precios del trigo actualmente vigente.

No debemos olvidar que las fuertes fluctuaciones del precio del trigo y de otros productos agrícolas hicieron necesario establecer en el país una política de fijación de precios máximos y mínimos de dichos productos. Es lo que todos conocemos como "las bandas de precios".

Estas fluctuaciones y deformaciones de los precios en los mercados internacionales son particularmente graves en el caso del trigo, ya que muchas veces los grandes países productores pagan altos subsidios para desprenderse de los excedentes y, de esa manera, proteger a sus productores.

La aplicación de la banda permite que los precios nacionales queden protegidos de las grandes fluctuaciones internacionales; de esa forma, se le da estabilidad a los productores chilenos, y, lo que es más importante, se logra que puedan planificar sus siembras.

Por otra parte, el establecimiento de la banda de precio del trigo ha significado, durante los últimos ocho años, un ahorro de más de 100 millones de dólares al país.

Sin embargo, señor Presidente, la aplicación de la banda de precio del trigo tenía una gran debilidad, debido a la importación de harina, la cual no estaba afecta al sistema de bandas. De esta forma, importando harina de trigo, se eludían los derechos y beneficios específicos contemplados en la banda del trigo, que buscaban una protección contra la competencia desleal, lo cual afectaba gravemente la producción nacional debido a que el trigo es importantísimo para más de 150 mil productores nacionales que se dedican a este cultivo. Lógicamente, esta relación estrecha entre la harina y el trigo hace necesario establecer esta banda de precios.

Muchas veces la importación de harina provoca gran desaliento entre nuestros productores, ya que en la práctica significa importar trigo, vulnerando de esta manera, en los hechos, la aplicación de los beneficios y derechos específicos establecidos en la banda de precios.

Por eso, al tomar esta medida no puede olvidarse el efecto socioeconómico que tiene para el país la producción de trigo. Ya había manifestado que un alto número de productores a lo largo del país se dedican a esta actividad.

Comparto plenamente este proyecto que fija un coeficiente de 1.3 para el precio de la harina, porque estoy convencido que de esa manera no solamente se protege a los molineros y se auxilia a los productores de trigo, sino también, directa e indirectamente, se apoya y ayuda a los consumidores de pan, pues de esta forma se logra establecer un precio más estable y más justo en el tiempo, lo cual, a su vez, permite -como lo he sostenido- un ahorro al país.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, deseo invitar a mis colegas a rechazar este proyecto votando en contra de la idea de legislar.

Pienso que establecer una banda de precios para la harina es un paso en la dirección incorrecta, pues la aprobación de este proyecto significa, en la práctica, un impuesto al pan y la determinación, por ley, de los precios de un producto industrial.

Todas las medidas económicas tienen costos y beneficios. Es evidente que cuando se propone una medida económica hay personas que se benefician y otras que se perjudican. En este caso, estamos frente a una contradicción de intereses, que no es nueva en la historia del mundo, entre los que producen trigo y los que consumen pan.

Esta dialéctica económica, que ya ha tenido tantos capítulos en la historia, curiosamente encuentra hoy, con la evolución de la sociedad, a quienes defienden organizadamente a los que producen trigo, situación a la cual me voy a referir posteriormente; pero pocas voces se levantan para defender a los que consumen pan.

Me alegro que quienes representan distritos agrícolas, de la UDI y hasta de mi propia bancada, hoy día defienden este proyecto. Pero quiero invitarlos a reflexionar sobre si él representa la mejor solución técnica y la más eficaz para este problema.

El señor MELERO.-

Estamos en contra.

El señor ESTEVEZ.-

Diputado Melero, le pido excusas si lo he malinterpretado en su intervención.

Quiero señalar que mientras exista una banda de precios para el trigo habrá distorsiones en el mercado de la harina. Ese es un hecho real y claro. Pero no puede deducirse por ese hecho que la solución correcta sea trasladar la distorsión al mercado de la harina, porque entonces esto va a repercutir negativamente sobre las galletas, y así, sucesivamente, en la cadena de la economía.

Deseo resaltar la importancia del tema que estamos tratando para los sectores más pobres del país. De acuerdo con cifras del INE, el pan y las galletas, por sí solos, representan el 5 por ciento del gasto de todas las familias de Chile, solamente superado, como ítem, por la locomoción, que representa un poco más del 6 por ciento. Si no nos concentramos en todas las familias de Chile, sino en el 20 por ciento más pobre, el 15,5 por ciento de su gasto diario se destina sólo a pan y galletas y un 13 por ciento a locomoción.

En el caso de la locomoción, hemos conocido la existencia de un precio monopólico que dificulta la posibilidad de bajarlo. De hecho, mediante una acción sostenida y eficaz realizada por este Gobierno, el precio de 100 pesos nominales se ha mantenido, lo cual ha significado una disminución del costo real de la locomoción.

En el caso del pan, desgraciadamente la situación es la contraria. En los últimos cinco años, su precio ha subido 45 por ciento más que el de la harina y el del trigo, distanciándose de lo que aparentemente es su materia prima o insumo básico. El precio del pan se reajusta en UE, y se aumenta por los panaderos en relación con el cambio del IPC del mes anterior, en completa discordancia con el precio de la harina. De hecho, el precio de la harina y el del trigo ha caído en cerca de un 30 por ciento en términos reales, descontada la inflación, mientras que el precio del pan sigue subiendo o mantiene su valor real, creándose una diferencia.

El tema de la relación entre el precio del pan, la harina y el trigo es complejo, del cual sólo uno de los aspectos tiene que ver con este proyecto. He querido situar la reflexión que haré en este contexto, con el objeto de que entendamos que éste no es un problema técnico ni de especialistas, sino que tiene mayor incidencia en los seres humanos que componen este país, y más incidencia en la vida social de las personas que meses de estudios de Comisiones sobre la pobreza u otro tipo de temas. Y las repercusiones serán negativas si no somos capaces de plasmar en este proyecto medidas efectivas que cambien la realidad cotidiana de las personas.

Cuando aquí se nos ha dicho que el trigo se adquiere tres veces más caro que su valor de origen, por las protecciones que tiene, y al mismo tiempo sabemos que más del 15 por ciento de los ingresos de los sectores más modestos se destina a comprar pan y galletas, necesariamente debemos tratar más profundamente este tema.

Al respecto, deseo formularme cuatro preguntas: Primero, ¿necesita Chile proteger o subsidiar su producción de trigo?

El señor MELERO.-

¡Sí!

El señor RECONDO.-

¡Sí!

El señor ESTEVEZ.-

Segundo, en caso de hacerlo, ¿quién debe pagar el costo de esta protección o subsidio? Tercero, desde el punto de vista técnico, ¿es una banda de precios para un producto industrial la solución más eficiente con que el país cuenta? Cuarto, ¿es compatible una banda de precios de la harina con la orientación general de la economía chilena, en particular con la búsqueda de abrir los mercados agrícolas de la Comunidad Económica Europea y de otros países? ¿Es compatible lo que se nos propone con los acuerdos que Chile ha firmado en el Gatt?

Respecto del primer punto, sobre si Chile necesita proteger o subsidiar su producción de trigo, debo señalar que, en principio, no soy contrario a esa medida. Es un tema debatible, discutible, en el cual podemos buscar fórmulas eficaces para proteger esta producción mientras no haya otros cultivos rentables para determinadas zonas. Lo que no me parece razonable es adoptar una medida genérica, pues cuando uno recorre, por ejemplo zonas vecinas a Santiago, como Graneros, ve potreros sembrados de trigo en tierras que no necesitan subsidio o protecciones para generar una producción agrícola de alta rentabilidad y eficiencia. Reconozco que, a lo mejor, en otras zonas del país, quizás en las regiones Novena o Décima, el gobierno deba hacer un esfuerzo para subsidiar la producción de trigo. Por lo tanto, quiero dejar muy en claro que no me opongo a que haya una protección o subsidio a la producción de trigo en aquellas zonas que así lo requieren.

La segunda pregunta, en caso de que se concluyera, después de un análisis, que es necesario adoptar esa medida, es ¿quién debe pagar el subsidio? Tengo una respuesta muy clara: no el consumidor de La Pintana, no el consumidor modesto de todo Chile. No me parece que la solución para subsidiar el trigo sea encarecer el precio del pan, porque existen otras alternativas que se han sugerido en el debate nacional, entre otras, otorgar directamente un subsidio al productor contra quintal producido, lo cual se financiaría con los impuestos de los chilenos y sería pagado en forma proporcional, acorde con el pago de tributos. Si se hiciera efectiva la plena contabilidad del sector agrícola, a lo mejor quienes producen frutas de alta rentabilidad y tributan como si produjeran papas, al pagar los impuestos generarían los recursos necesarios para los otros sectores de la agricultura.

Este es un tema de amplio debate. Lo que sí me parece absolutamente categórico es que resulta injusto que el consumidor de La Pintana o de otras zonas populares del país sea quien finalmente vea recargado el costo de su canasta cotidiana para subsidiar la producción.

Puedo entender que un productor agrícola de la Novena, Séptima o Décima Regiones requiera apoyo; pero les pido que entiendan que el poblador de La Pintana también requiere apoyo y no es la persona indicada para ser recargada en un porcentaje con el fin de subsidiar un producto en el cual gasta el 15 por ciento de su ingreso diario.

A continuación, quiero preguntarme si desde el punto de vista técnico la banda de precios es la solución más eficiente. Me parece que la respuesta, claramente, es no.

Se nos ha dicho por las autoridades del Ministerio de Agricultura que el mercado de la harina es residual y que su banda de precios no puede fijarse sobre la base del precio internacional, porque éste no existe. Es decir, en el caso del trigo se fija una banda de precios que dice relación con su valor internacional, específicamente el precio del trigo de Estados Unidos, de cierta calidad y determinadas condiciones. En el caso de la harina, se nos propone un factor de 1.3, completamente artificioso, entre la harina y el trigo, con el argumento de que no existe un precio único internacional, dado que éste es un mercado residual.

Entonces, si este mercado corresponde a aquel trigo que no se vendió en otras condiciones y, por lo tanto, su precio oscila bruscamente, ¿es la manera adecuada establecer por ley una banda de precios, o no será necesario tomar otro tipo de medidas como, por ejemplo, las sobretasas arancelarias antidumping con que el país cuenta para los casos en que efectivamente se nos esté vendiendo un producto a precios que están bajo su costo? Creo que existen soluciones técnicas diferentes de las que se nos están planteando, precisamente porque no hay un precio de referencia al respecto.

Por último, ¿es compatible este tipo de políticas, de fijar por ley precios para productos industriales, con la orientación general de la política económica del país?

¿Es compatible acentuar las medidas de restricción en el campo agrícola para intentar abrir los mercados internacionales de la Comunidad Económica Europea y de Estados Unidos?

Naturalmente, un país puede fijarse como meta ser autosuficiente en sus productos agrícolas o un gran exportador de estos productos, golpear las puertas y criticar a la Comunidad Económica Europea y a Estados Unidos por proteger sus mercados. Pero es inconsistente pretender vender la mitad de la uva que comen los norteamericanos en sus mesas, abrir el mercado japonés y los de Europa si, por otra parte, no queremos la competencia de los argentinos porque producen más barato que nosotros. Eso no es consistente.

Más aún, el proyecto que se nos propone es contrario a los acuerdos que Chile ha firmado en el Gatt. Según lo manifestado por el Ministro de Agricultura en la Comisión de Hacienda, esta medida no reemplaza a las actuales normas administrativas, sino que se adiciona a ellas.

En primer lugar, en la actualidad existe un valor aduanero mínimo para importar estos productos; es decir, no se traen al precio que valen, sino, como se ha señalado, al doble o al triple, porque se fija por el Estado un valor de importación mínimo. Si el valor real alcanza a la mitad, no importa porque se les coloca ese mínimo.

En segundo lugar, en este momento hay una sobretasa arancelaria especial para el mercado de la harina, porque la Comisión pertinente determinó la existencia de una distorsión, y ahora se quiere agregar no reemplazara estas dos medidas administrativas una tercera restricción, por ley.

El texto del acuerdo del Gatt, firmado por Chile, no permite tener, al mismo tiempo, tres medidas administrativas para un producto. En consecuencia, si aprobamos este proyecto enviado por el Gobierno, nos crearemos un problema con el Gatt.

Finalmente, deseo reiterar que no soy contrario a que haya formas de protección y subsidio para quienes producen trigo en las zonas más debilitadas del país, pero si vamos a establecerlas, primero démosles un horizonte temporal; diez, veinte, treinta o cuarenta años, lo que se estime imprescindible desde el punto de vista técnico, para lograr un nivel de eficiencia compatible con una economía moderna.

En segundo lugar, fortalezcamos servicios como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, porque la verdadera solución es que Chile destine millones y millones de pesos, si es necesario, a investigar nuevas variedades, no sólo de trigo, para hacer eficientes las tierras que hoy producen en forma ineficiente o para investigar otro tipo de productos agrícolas que puedan cultivarse en reemplazo del trigo en aquellas zonas en que es factible efectuarlo. Por eso, cuando discutimos la Ley de Presupuestos, presenté indicaciones en favor del Inia porque soy partidario de que la regionalización -tema que discutiremos mañana- no se haga sólo con meras leyes o criterios normativos, sino buscando que cada región del país sea productivamente eficiente y proporcionándole la tecnología necesaria para competir con eficacia y sin subsidio en su producción.

Si esta orientación de mediano plazo se adopta, naturalmente en forma transitoria, podremos establecer mecanismos de subsidio; pero me parece que el camino segundo es inadecuado.

Concedo una interrupción al Diputado señor Melero.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el Diputado Estévez ha hecho en el debate de este proyecto de ley un interesante análisis, que es importante considerar más aun cuando una ortodoxia económica de libre mercado proviene de un socialista que se ha renovado en su planteamiento, y no lo digo peyorativamente sino en forma positiva. Es bueno que planteamientos de este tipo surjan de sectores que en el pasado fueron muy proteccionistas.

Quisiera contribuir a la discusión dando a conocer la otra cara de la moneda y analizando aspectos que demuestran, a mi juicio, que las bandas de precio del trigo y las protecciones arancelarias a la larga terminan siendo neutras por algunos beneficios adicionales que reportan al país, desde el punto de vista del ingreso de los productores y de la productividad agrícola en general, del menor gasto que significan para los consumidores, de la recaudación y del ahorro fiscal que se generan por tener que importar menos trigo a través de bandas que fortalecen y estimulan una mayor producción nacional.

Lo anterior demuestra que una banda de precio del trigo es una política en la dirección correcta y su efecto final termina siendo neutro sobre los sectores más pobres, a los cuales, igual que al Diputado señor Estévez, también nos interesa proteger.

Desde el punto de vista del ingreso de los productores, las proyecciones indican que en todos los años de operación de la banda, los agricultores incrementaron sus ingresos brutos como consecuencia de dos factores: la variación en el precio recibido y en la cantidad productiva.

El beneficio neto de los productores trigueros asociados a la política de banda de precios, que alcanza a 161,5 millones de dólares, demuestra -por tomar cifras de algunos años- que en 1984, el ingreso del productor fue de 10,7 millones de dólares, y el producto de la aplicación de la banda, en 1989, fue de 31 millones de dólares. A su vez, en 1985 la recaudación fiscal fue de 13,6 millones de dólares y en 1989, de 22,4 millones de dólares. Es decir, desde el punto de vista de la superficie sembrada a que me referí antes, significó un aumento de 16 a 35 quintales; pero también se debe tener presente que el efecto de las bandas generó un aumento de 161,5 millones de dólares, si se analizan los últimos 6 años de su aplicación, cifra que debe ser considerada como un ahorro del país.

Desde la perspectiva del gasto del consumidor como efecto del incremento de la producción y dada una demanda prácticamente inelástica, se redujeron las importaciones de grano. Esto involucra un ahorro para los consumidores. Si hay menos trigo importado, existe mayor ahorro para los consumidores, ya que aumenta la cantidad de trigo a precio interno.

Desde el punto de vista del efecto de la banda sobre los precios del trigo y, por consiguiente, respecto de los consumidores, en 1984 el costo de importación del trigo era de 224 dólares por tonelada y, con el efecto de la banda, alcanzaba a 193 dólares por tonelada. En el año 1990 bajó a 222 dólares por tonelada y, con el efecto de la banda, el precio interno fue, en promedio, de 185,9 dólares. Por consiguiente, existe un segundo efecto positivo: los precios internos del cereal se determinan en el mercado sobre la base de la producción disponible, la demanda y el costo de importación del trigo.

Desde el punto de vista de la recaudación fiscal, en el caso de los impuestos que afectan al producto importado, tales como arancel, derechos específicos e IVA, se consideraron las importaciones efectivas de trigo para pan con la banda y las que se habrían realizado sin la banda. Las proyecciones muestran que, a raíz de la existencia de la banda de precios del trigo, el Fisco habría dejado de recaudar 107.8millones de dólares por arancel general y 113,4 millones de dólares por IVA. Adicionalmente, la recaudación por derechos específicos habría generado un mayor ingreso fiscal de 14 millones de dólares.

De lo anterior se desprende que el efecto de la banda de precios no sólo debe enfocarse desde una perspectiva ilustrativa e importante, como lo ha hecho el Diputado señor Estévez, sino también desde el punto de vista de la recaudación del Fisco, del ahorro que genera, del ingreso de los agricultores de las zonas trigueras, en el que se incluye, además, todo el empleo que se origina. Si no hubiese existido la banda de precios, no habrían tenido ese ingreso, por consiguiente no importaba si el kilo de pan costaba 100, 150 ó 200 pesos: no habrían tenido ingreso para comprarlo. De tal manera que la política de banda de precios para el trigo, en términos monetarios, ha significado grandes beneficios e importantes millones de dólares, según las cifras que señalé. El resultado final de la política durante el período en que ha operado arroja una utilidad anual de 163.9millones de dólares para el país, recaudación que el Estado puede redistribuir hacia los sectores de menores ingresos.

Gracias por haberme concedido esta interrupción, Diputado señor Estévez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, el Diputado señor Naranjo también me ha pedido una interrupción. Yo se la concedería, siempre que me deje tiempo para terminar mi intervención.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Le quedan nueve minutos de su tiempo.

El señor ESTEVEZ.-

Entonces, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Naranjo.

El señor COLOMA (Vicepresiden te).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, creo en las buenas intenciones -entre ellas la de su renovación- dadas a conocer por el Diputado señor Estévez en sus planteamientos.

Sin embargo, se equivoca cuando piensa que la rebaja a los consumidores se transfiere mecánicamente. La práctica ha demostrado que eso no es efectivo. Además, Diputado señor Estévez, lo que se pretende corregir es una distorsión que se produce en el momento de la comercialización del trigo, la cual, muchas veces, ha ocasionado que la propia banda de precios del trigo no funcione.

En cuanto a que haya banda de precios en otras regiones, mientras no exista un mecanismo que haga más transparente el proceso de comercialización del trigo, las distorsiones que se produzcan evidentemente anularán su efecto. Hoy, como no hay impuesto a las importaciones de harina ni otras barreras para ellas, la banda de precios muchas veces no funciona. Esta medida ha generado un ahorro para el país de 110 millones de dólares, aproximadamente, y en ningún caso ha significado más costo.

Los procesos productivos, a diferencia de otros, hay que medirlos en el tiempo. No son situaciones mecánicas que se dan con el transcurso de los años. Frente a ellos, uno tiene que analizar la situación agrícola. Los datos nos demuestran que ha habido un ahorro y, por cierto, el gran beneficio ha sido el consumidor. Por eso, cuando se establezca una tasa a la importación de harina, no tengo la menor duda de que, a la larga, también se beneficiará el consumidor.

Gracias, Diputado señor Estévez.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, refutaré algunos conceptos que se han vertido, los cuales, en mi opinión, son erróneos.

En primer lugar, debo reiterar que éste es un tema complejo y yo no he planteado que hoy haya que suspender la banda de precios del trigo sin reemplazarla por otro mecanismo. He dicho que establecer por ley una banda de precios de la harina es un paso en dirección incorrecta y una solución fácil para un problema complicado, que va a enredar más las cosas en lugar de solucionarlas.

Desde ya, no me preocupan los comentarios sobre mayor o menor ortodoxia económica. En todo caso, siempre me he opuesto al criterio de ser capitalista en las ganancias y socialista en las pérdidas. Me parece inconsistente que el Estado intervenga en situaciones difíciles y no a la hora de las ganancias. En esto hay que ser consistentes en la vida.

Además, reitero que de ninguna manera me opongo a que, por ejemplo, se entregue un subsidio directo, incluso con un cheque, a cada productor de trigo por los quintales que haya producido, si se llegara a determinar que eso es necesario. En principio, no tengo oposición. Esa solución bajaría el precio del producto; en cambio, con una medida inversa, financiar esta protección o apoyo, encarecería el consumo -hay que tener presente que el pan y los otros productos derivados del trigo son consumidos preferentemente en los sectores más pobres del país-, lo que significaría un impuesto al pan. O no opera la banda y no tiene efecto, o es un impuesto al pan. Y me llama la atención que quienes tanto han hablado de no crear nuevos impuestos en Chile, guarden silencio frente a la posibilidad de crear un impuesto al pan.

Ahora, sobre las cifras mencionadas, tanto por el Diputado señor Melero como por el Diputado señor Naranjo, a mi juicio, son erróneas si corresponde a las entregadas por el Ministerio de Agricultura, porque contienen equivocaciones técnicas relevantes.

La primera equivocación técnica es que supone que la tierra no habría tenido nunca otro uso alternativo. El estudio de costo-beneficio no considera la posibilidad de que, de no existir este mecanismo, la gente hubiera producido frambuesas, espárragos, papas o cualquier otro producto y, por tanto, el cálculo contiene un serio error, la medida en que supone algo que no es razonable.

El segundo error es que no tiene en cuenta el efecto de la acción de Cotrisa, sin perjuicio de que -no quiero ser mal interpretado- significó un poder comprador del trigo excedentario que tuvo un efecto interno mucho más relevante que la banda de precios. Cotrisa, precisamente, favoreció la producción de trigo y, al mismo tiempo, impidió que su precio interno bajara.

Desde el punto de vista económico, no es correcto comparar el costo internacional con el precio sostén o mínimo de Cotrisa para decir que los consumidores se beneficiaron. Habría que señalar que si se hubiera dejado bajar el precio del trigo, naturalmente, los consumidores habrían pagado un precio inferior.

No recomiendo esta opción, porque su efecto es negativo para la producción de trigo del país. Pero los argumentos técnicos del Ministerio de Agricultura se sostienen en un cálculo equivocado. Lo correcto en cualquier tema económico es comparar las opciones; es decir, saber si determinada banda es eficiente respecto, por ejemplo, del subsidio directo al productor o de otras medidas.

Pero no estamos para discutir la banda del precio del trigo, aunque me gustaría hacerlo en las Comisiones Unidas de Economía o de Hacienda y de Agricultura, porque es de gran relevancia; estamos para discutir si vale la pena fijar por ley precios de productos industriales.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Terminó el tiempo de su primer discurso; puede continuar en los 10 minutos de su segundo discurso.

El señor ESTEVEZ.-

Sólo necesito una pequeña fracción. Muchas gracias.

La norma en discusión no es necesaria, porque existe el mecanismo de la sobretasa arancelaria. Se ha señalado que no puede seguir ocupándose porque constituye una distorsión del mercado internacional. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿El mercado internacional de la harina está distorsionado o no? Si el Ministerio argumenta que el mercado internacional de la harina está distorsionado porque hay "dumping", entonces, se justifica que la Comisión de Distorsiones coloque una sobretasa y no necesitamos ley.

Por el contrario, si no hay argumentos que justifiquen la fijación de una sobretasa, no podemos señalar que el mercado es de "dumping" y el precio del producto que se trae es irreal. Tenemos que decir derechamente que queremos enfrentar la producción y la competitividad con medidas inadecuadas.

Por lo tanto, invito a mis colegas a rechazar en general el proyecto, primero, porque hay una opción inmediata, la mantención de la sobretasa, que no produce ningún efecto dañino. Y segundo, porque esta decisión va a obligar a las autoridades a buscar una solución más elaborada, quizás más dificultosa; pero que signifique un real estímulo a la producción de trigo, compatible con el modelo económico exportador que el país ha adoptado, y, al mismo tiempo, que coloque en la balanza los intereses de los consumidores de pan, en particular, del 20 por ciento más pobre de Chile.

A quienes tienen que votar, les repito que no dejen de considerar que el 15 por ciento del ingreso diario de cada familia pobre se destina a comprar pan y otros derivados de la harina. La votación tendrá una gran incidencia.

En cualquier caso, si se aprueba la idea de legislar, con mi opinión y mi voto en contra, he presentado indicación para que la sobretasa, de ninguna manera, sea simultánea con la banda de precios y los derechos aduaneros mínimos, porque, en este caso, como lo señalé en mi primera intervención, el mecanismo triple de protección para un mismo producto atentaría directamente contra los acuerdos internacionales del Gatt y Chile tendría consecuencias adversas para sus exportaciones.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Galilea.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, no es la oportunidad de discutir acerca de la protección o banda de precios del trigo, a pesar de que son atendibles los argumentos que se han entregado.

Por otra parte, hago mías las opiniones del Diputado señor Melero, expresadas hace unos minutos. Se pueden agregar algunos que se han señalado en la sesión.

El proyecto en discusión busca otorgar a la harina de trigo un derecho específico, equivalente 1,3 veces al que se aplica al trigo, lo cual constituye nuestro principal punto de discordancia.

A nuestro juicio, la aplicación de este factor somete a serio riesgo el funcionamiento de la banda de precios del trigo, ya que para determinarlo sólo se tomó en consideración el coeficiente técnico de transformación del trigo a la harina; es decir, el razonamiento de que si para producir 1 kilo de harina se requieren 1,3 kilos de trigo, entonces la banda de la harina debe ser 1,3 veces superior a la del trigo.

Tal razonamiento es equivocado, pues no toma en cuenta para nada la relación de precio harina-trigo, que históricamente ha sido, en promedio, de 1,606; además, parte del supuesto de que tal relación es estable en el tiempo, lo que tampoco es efectivo, y supone que en el mercado internacional la relación es de 1,3 igual que en Chile, lo que tampoco se ajusta a la realidad. En otros países, la relación del precio harina-trigo llega a cifras del 1,8 de manera que es razonable el factor de 1,6 propuesto por nosotros.

El peligro del proyecto radica en que al ser insuficiente el factor de 1,3, el tratamiento de protección para la harina, en algún momento, sea inferior al del trigo, lo que vulneraría su precio interno y produciría su consiguiente caída. Como fácilmente puede ocurrir esto, la cadena de consecuencias es predecible. Desde luego, podría quedar sin efecto práctico la banda de precios del trigo, con lo cual se destruiría la política triguera, que hasta hoy ha sido exitosa.

Para justificar el proyecto, el Ejecutivo señala que de no regularse la comercialización de la harina podría vulnerarse en forma seria la política triguera del país. Compartimos esta aseveración; pero consideramos que una protección con el factor propuesto la expone aún más.

Si la protección de la harina llegara a ser inferior a la del trigo, el Gobierno ha señalado que la autoridad podría hacer uso de algunos de los mecanismos administrativos complementarios a la banda, como el valor aduanero mínimo, las sobretasas por distorsión o los derechos compensatorios, y de esta forma ajustar la diferencia. Tales medidas, además de ser indeseables, precarias y aleatorias, no siempre se pueden establecer con certeza en países productores, de forma que justifiquen las medidas compensatorias. Además, su aplicación deberá ser suficientemente ejecutiva y expedita para evitar efectos negativos, cuestión que no es posible garantizar.

Los argumentos para que el factor sea de 1,6, que defendimos en la Comisión de Agricultura, son contundentes y compartidos por agricultores y molineros. Por una parte, se respeta la relación histórica del precio harina-trigo en el mercado interno; se proyecta la banda de la harina con los mismos criterios de la del trigo, si se asumen ciertos criterios para su establecimiento, y se otorga un trato igualitario a ambos productos, sin necesidad de recurrir a medidas administrativas que constituyan tratos distintos.

El proyecto de artículo único podría ser compartido por nosotros si utilizara el factor 1,6, que es más razonable. Los parlamentarios no tenemos facultades para proponer indicación en tal sentido y el Ejecutivo, como se señaló en la Comisión, no tiene ánimos de modificarlo, por lo que Renovación Nacional se verá en la obligación de votarlo en contra.

Sin embargo, deseamos dejar en claro que el fondo de la proposición es atendible, incluso recomendable, para evitar distorsiones. Nuestra disconformidad se centra en el factor propuesto, que puede afectar la política triguera, que ha estimulado la utilización de los suelos, ha dado trabajo a miles de trabajadores agrícolas y ha llevado la producción nacional, en términos de rendimientos, a los índices más altos del nivel mundial.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en el fondo de la discusión, como han señalado el señor Estévez y otros Diputados que han hecho uso de la palabra, está el problema de si debe o no protegerse a determinados sectores de la economía.

Sin duda, la banda de precios del trigo puede ser ampliamente discutida, pero ha resultado eficiente para proteger al sector en su conjunto, independiente de la región del país en que se produzca, del tamaño del predio y de las características tecnológicas que se empleen.

Es discutible si esto es bueno o no para el país. Hoy, en el diario "La Época", en la página 19, aparece un artículo titulado "TASC: Las bandas de precios son ineficientes para trigo y azúcar". Están consignadas las opiniones de Felipe Morandé y Jorge Quiroz, investigadores de trabajo de asesoría económica al Congreso (TASC) según se cita. Ellos señalan que "la aplicación del mecanismo de bandas de precios es injustificado en el caso del trigo y para el azúcar podrían encontrarse instrumentos más eficientes, que aseguren estabilidad al sector y costos mínimos de producción para Iansa".

Como lo mencionó el Diputado señor Estévez hace un momento, agregan que "en el caso del trigo, el rol que juega Cotrisa en la estructura del mercado interno implica disminuir aún más la volatilidad de sus precios". Consignan que "el efecto de Cotrisa sobre la estabilización de precios, así como sobre las transferencias de recursos desde los consumidores y el Fisco hacia los productores, sería de una magnitud similar a las bandas. Esta situación fue reforzada con la decisión del organismo de anunciar sus precios antes de conocer las áreas sembradas".

Cito el artículo aparecido en la prensa de hoy para señalar que aun en materia de bandas de precios del trigo, es mucho lo que se puede discutir sobre su conveniencia y alcances. En lo personal me sumo a lo afirmado por el Diputado señor Estévez, ya que en el país no se justifica una banda general de precios para el trigo, por cuanto las condiciones y relaciones técnicas de producción son muy diferentes. Lo que puede ser razonable para la Octava, Novena o Décima Regiones, no tiene justificación en la Séptima, Metropolitana u otras.

Pero, como señaló el Diputado señor Galilea, el proyecto no se refiere directamente a la banda de precios del trigo, sino a la creación de una banda de precios de la harina, que es injustificada. Por esta razón, lo votaré en contra e invito a los colegas a que lo hagan de la misma manera.

En primer lugar, como lo señaló el señor Ministro en las Comisiones de Hacienda y de Agricultura y como lo expresó el Diputado informante de la Comisión de Agricultura, el Gobierno posee atribuciones administrativas para aplicar medidas como el valor aduanero mínimo o de aforo mínimo, la sobretasa de distorsión y los derechos compensatorios aplicables en determinados países; atribuciones que han sido utilizadas en el pasado desde la creación de la propia banda de precios del trigo. Por esta razón, no se justifica un instrumento adicional en la materia, utilizado sólo una vez desde que se fijó el sistema, por una importación relevante de harina al país.

Es cierto que todos los años ha habido importación de harina, en particular para zonas de difícil acceso de los productores de trigo de la zona central; pero sólo una vez en todos estos años ha habido una importación relevante, equivalente a dos días de consumo de harina en la ciudad de Santiago.

Por lo tanto, hay mecanismos establecidos por ley para evitar que se importe harina y el Gobierno los ha utilizado eficientemente hasta ahora. En este sentido, uno se pregunta: ¿por qué razón se quiere un mecanismo adicional, que, como muy bien se señaló en la Sala, no es sustitutivo de los existentes, sino complementario? y si es complementario y no sustitutivo, quiere decir que se pretende usar junto con los existentes, lo que significará aplicar a la importación de harina una tasa arancelaria superior a las que se facultan hoy. Si el gobierno, en uso de sus atribuciones, determina que en el mercado de la harina existan una tasa permanente y otras sobretasas adicionales, habrá como consecuencia un alza en el precio de la harina. Es lo que quieren los productores de harina y será el efecto del proyecto de ley en el evento de que la Honorable Cámara le dé su aprobación.

En la discusión habida en las distintas Comisiones se prestó atención a los diversos sectores involucrados: a los productores de trigo, a los molineros y al gobierno. Sin embargo, en la Comisión de Agricultura, por algún motivo que ignoro, no se escuchó a uno de los sectores más importantes, cual es el de los industriales panificadores. Concurrieron a la última sesión de la Comisión de Hacienda en que se trató el proyecto, y en la página 11 del informe correspondiente se consigna su opinión: "El punto de vista de los industriales panificadores, expresado en la Comisión, es favorable a que la banda del trigo se vaya eliminando con el tiempo, de modo que no son partidarios de que se aplique a la harina el mismo trato. Sostienen que cualquier sobretasa que se aplique a la harina significará un mayor precio del pan y que, en cambio, la posibilidad de una importación masiva de harina es muy remota, por lo que el mecanismo sería inconducente al propósito perseguido.".

Los industriales panificadores sostienen esto, en primer lugar, porque fueron los únicos que realizaron una importación relevante de harina, desde la vigencia del sistema de banda de precios del trigo. Por lo tanto, saben de las dificultades administrativas que se presentan, y, además, de las dificultades técnicas para realizar los acopios y las distribuciones, en la medida en que una importación de harina es relevante. En segundo lugar, porque conocen muy bien la característica, desde el punto de vista de la organización industrial, tanto de la industria del pan como de la molinera y del trigo.

Estamos hablando de una cadena que debiéramos analizar en conjunto y no parcialmente como se pretende con el proyecto de ley en trámite. La industria panificadora es muy diversificada a lo largo del país y cuenta, con muchos pequeños productores, la mayor parte independientes. En algunas regiones existen cadenas, aún no relevantes dentro del conjunto. Pero la industria molinera no es diversificada, puesto que está en manos de 15 familias e incide en el precio del trigo para los productores y en el del pan para los consumidores; porque, en definitiva, fija él precio de compra del trigo y el precio de venta de la harina, y mediante la fijación de este último, determina el precio del pan a los consumidores.

En este sentido, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo no favorece a los productores de trigo ni a los consumidores de pan, sino que a la industria harinera, molinera, tremendamente concentradas, con gran poder oligopólico y oligopsónico, y por lo tanto, son capaces de distorsionar los efectos, aun de las políticas públicas, tanto en el ámbito del trigo como en el de los consumidores de pan.

Por este motivo, es razonable lo que sostienen los industriales panificadores, de que cualquier sobretasa que se aplique a la harina significará mayor precio del pan. Ellos sostuvieron en la Comisión de Hacienda que, de aprobarse la sobretasa del 13 para el precio del trigo respecto del de la harina, el precio del pan tenderá a subir entre el 5 y el 15 por ciento. ¿Qué significará que el precio del pan suba entre el 5 y el 15 por ciento?

Lamentablemente, el Diputado señor Estévez -creo que cometió un error- dijo que las Comisiones que estudiaron el tema de la pobreza aparecen irrelevantes frente a la discusión de un proyecto de esta magnitud. Señaló que el 15,5 por ciento del 20 por ciento más pobre de la población, de acuerdo con cifras del INE, es consumidor de subproductos de la harina: pan y galletas; y que, por lo tanto, el alza del 5 por ciento del precio del pan haría a ese 20 por ciento más pobre del país un uno por ciento aún más pobre; es decir, por este proyecto, un número importante de familias ya no caería en la condición de pobreza, sino de indigencia.

Si el alza del precio del pan fuera del 15 por ciento, su efecto sobre esas familias sería de empobrecimiento de más del 2 por ciento, y cerca de 200 mil personas pasarían de la condición de pobreza a la de indigencia. Esta sería la consecuencia de aplicar una sobretasa de esta magnitud.

Algunos señores Diputados podrán argumentar que no tendría efecto en el precio de la harina y, por lo tanto, en el precio del pan, con lo cual la ley sería absolutamente redundante y se demostraría que las actuales disposiciones del Gobierno son suficientes para evitar las distorsiones que se pretende corregir. Pero, como creen los industriales panificadores y varios parlamentarios inclusive algunos que han hecho uso de la palabra, esto sí tiene efecto, cual es que hará subir el precio de la harina, porque no tiene sentido poner una protección para que ella no rija. Ahora, si esta protección es para que suba el precio de la harina, lo cual se traducirá en un alza del precio del pan, ella significará proteger a un sector industrial importante, pero reducido, y perjudicar o hacer más pobres a muchos chilenos. Este será el efecto definitivo de una medida de esta índole. Esta medida, o es inútil o su efecto será empobrecer a chilenos que ya lo son, o llevar a la condición de pobreza a otros que están en el límite de ella.

Por esta razón, es razonable y justo discutir a fondo el problema de la banda de precios del trigo, sobre la necesaria reconversión de importantes sectores agrícolas del país, en particular de la zona central, y sobre el necesario apoyo que puede ser un subsidio no me opongo a que se subsidien procesos de reconversión en los sectores conocidos como el granero de Chile, en las regiones Octava, Novena y Décima; pero esta discusión debe ser profunda y considerar todas las alternativas, no una discusión marginal como la que se ha producido ahora a raíz de la proposición del Ejecutivo.

En consideración a lo expuesto, invito a mis Honorables colegas a que voten en contra de la idea de legislar sobre esta materia. En subsidio, retiraré una indicación que presenté, porque es más razonable adherir a la que anunció el Diputado señor Estévez, para que haya incompatibilidad con las actuales atribuciones administrativas del Ejecutivo si el Congreso, de todas maneras, aprueba la banda de precios de la harina, a la que me opongo.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, en mi condición de Diputado informante, no pude dar mi opinión favorable al proyecto del Gobierno.

Valoro las reflexiones que han manifestado el colega Estévez y el colega Andrés Palma, que se oponen al proyecto del Ejecutivo por razones totalmente distintas de las de la UDI y de Renovación Nacional.

Los colegas de la Derecha se oponen al proyecto porque encuentran poco el coeficiente de 1,3 que el Gobierno propone al Congreso para su aprobación; desean un apoyo más categórico a la empresa molinera mediante el coeficiente de 1,6, como lo manifestaron en la Comisión de Agricultura.

Es necesario reconocer las intervenciones de los colegas Estévez y Andrés Palma, en el sentido de que no advierten puntos de vista negativos en la idea de conversar respecto del subsidio a los productores de trigo. Con la misma vehemencia que ellos defienden a los consumidores de pan del país -y yo les encuentro razón-, nosotros debemos defender a los miles de pequeños productores de trigo, que sin la tecnología de los grandes agricultores, sin posibilidades de detectar las señales contrarias a la agricultura, con medidas tan importantes como la mantención de bandas de precios para productos fundamentales son los primeros que dejan de sembrar. Los grandes siembran y, si se produce déficit, se recuperan con el precio del trigo, que igualmente sube.

Hay un sector que nunca pierde, que de una u otra manera apoyan los colegas de la Derecha en esta oportunidad, porque dicen -está en las actas de las Comisiones de Hacienda y de Agricultura-que el coeficiente propuesto es bajo y, por lo tanto, debe elevarse. Distinta es la defensa de los colegas Andrés Palma y Estévez; pero tanto ellos como los de la Derecha, rechazan la idea de legislar, lo que me parece grave, puesto que el Gobierno se ha caracterizado, precisamente, por dar señales claras y transparentes a un sector importante de la economía del país como es la agricultura.

Siempre se habla de que Chile goza de buena imagen en cuanto a exportación de frutas y de otros productos y al desarrollo de la industria pesquera. Por eso, cuando ayer supimos que ingresó a la Cámara un proyecto de ley acerca del bosque nativo, que en una de sus partes apunta a subsidiar a pequeños productores y a otros más grandes, estimé innecesario introducir los temas que confunden mayoritariamente a los productores pequeños, medianos y grandes de Chile.

Cuando se anunció este proyecto de ley, precisamente en la Novena y Décima Regiones, los dirigentes de las sociedades agrícolas más importantes, que representan a los productores, reclamaron enormemente. Y fueron ellos quienes proclamaron que la agricultura iba a colapsar, que nadie pensaba sembrar y que, por lo tanto, no se iba a producir.

Hoy, terminada la temporada de cosecha en nuestro país, hemos comprobado cómo Cotrisa prácticamente no ha debido comprar trigo, porque el valor del quintal fue superior al que aquella había fijado.

Esto demuestra que las reglas claras fijadas en la agricultura por este Gobierno han hecho posible que la tranquilidad exista hoy en nuestros campos. De rechazarse este proyecto, precisamente estaríamos dando señales negativas a los productores chilenos.

Justamente aquí se comenta que el precio internacional del trigo ha subido y eso es así. Entonces, claramente, esto significa que el precio local de este producto va a subir. Por lo tanto, el que se diga que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a esta Sala hará subir el precio del pan, no corresponde a la realidad.

Esta discusión, que en general me parece interesante, debe hacemos meditar, puesto que hace muchos años hubo quienes manifestaron ideas parecidas, con justificaciones también coincidentes con la de algunos señores parlamentarios, para defender precisamente a la gente más pobre de este país. Y ellos fueron los que dijeron -en un tono totalmente peyorativo- que si a los productores les sobraban, en ese caso, las vacas, se las tenían que comer. Después de eso se produjo realmente un descalabro en la agricultura chilena. Pero se puede decir que a partir de la implantación de las bandas de precios, hoy ella está en un buen pie.

Quiero, precisamente, que en nuestro país los pequeños, medianos -y por qué no decirlo- los grandes agricultores, sigan produciendo, para que la gente pueda abaratar precisamente su alimentación.

Anuncio mi voto favorable a este proyecto de ley del Ejecutivo.

Muchas gracias.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, lamento en primer lugar, la ausencia, en esta Sala, del señor Ministro de Agricultura en la discusión de un tema tan importante y, en segundo término, que el Diputado señor Acuña, una vez más, resulta un muy mal intérprete de las posiciones de la UDI. No es nuestra posición ni estamos en esta discusión defendiendo a los grandes agricultores. Estamos en la discusión de un problema mucho más de fondo y mucho más importante: la defensa de las bandas de precios. Y en eso quiero centrar el análisis que la UDI desea efectuar en este momento.

Estamos en la defensa de las bandas de precios para algunos productos y, especialmente, de las que hoy se conocen para el trigo, oleaginosas y azúcar, porque ha resultado indispensable establecer un sistema que dé estabilidad en el largo plazo y que proteja, de alguna manera, de las grandes fluctuaciones de precios que estos productos tienen en el mercado internacional.

¿Y cuáles son las razones por las que existen estas grandes fluctuaciones de precio? Fundamentalmente, las fluctuaciones se deben a que los países desarrollados subsidian las producciones de estos cereales. Al hacerlo, cuando tienen excedentes, generan una distorsión grave en el mercado, colocando en una situación insostenible a los productores nacionales.

Esa es una de las razones de fondo por las cuales se ha establecido un sistema de bandas de precios.

El establecer bandas de precios tiene ventajas tanto desde el punto de vista económico como del productivo y del social. Desde el primero, cuando el Estado de alguna manera subsidia algunos productos o a productores, está compartiendo el costo entre los productores y los consumidores. Cuando el precio internacional ha caído demasiado y es necesario proteger, por la vía de un aumento de la tasa específica, a los productores nacionales, obviamente que el costo se está cargando a los consumidores. Cuando la situación es a la inversa y el precio internacional ha subido demasiado, por la vía de rebajas arancelarias logramos mantener el precio en un nivel más adecuado, caso en el cual se está cargando a los productores el costo del sistema de la banda.

Por lo tanto, en el largo plazo, la medida resulta ser neutra desde el punto de vista incluso fiscal, porque se tienden a equiparar los mayores gastos en que incurre el Estado cuando tiene que proteger a las menores recaudaciones obtenidas cuando debe hacer rebajas arancelarias.

Hemos querido poner el acento en las ventajas de tipo productivo y de tipo social que tiene el establecimiento de bandas de precios, porque en la discusión se ha puesto en tela de juicio este sistema. Desde que se establecieron las bandas de precios, especialmente para el trigo, los niveles de productividad, los rendimientos que ha tenido este país, prácticamente se han duplicado tanto en el sector de los grandes productores agrícolas del país -lo que molesta tanto al señor Acuña- como en el sector de los pequeños, que son los más beneficiados.

¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque el trigo es un rubro tradicional, y como tal existe en algunas regiones, en las cuales prácticamente se transforma en un monocultivo, especialmente en los pequeños productores que habitan en las zonas de los secanos costeros, que no tienen otra alternativa de producción. Por esa razón la banda de precios del trigo, desde el punto de vista productivo y social, es de gran beneficio para el sector de los pequeños productores y de los más marginales de este país.

El resultado de este beneficio, evidentemente, está a la vista en la mayor productividad reflejada en los aumentos de los rendimientos y, por otro lado, en lo que el propio Diputado señor Acuña y otros han sostenido aquí: el autoabastecimiento de nuestro país en materia de trigo y los ahorros derivados de divisas como consecuencia de no tener que hacer grandes importaciones.

El señor ACUNA.-

¿Me permite una interrupción, señor Diputado?

El señor RECONDO.-

- A continuación se la daré, Diputado Acuña. Quiero terminar la idea.

Hay otras razones que igualmente nos llevan a tener esta posición de defensa de las bandas de precios.

Una, es que ciertamente estos rubros presentan una gran estacionalidad, dado que, por una parte, tienen el flujo de la producción en un período muy determinado y, por otra, el de la comercialización, que se realiza a lo largo del año.

Por otro lado, también existen los países que no teniendo muchas veces, producciones excedentarias que los lleven directamente a subsidiar sus producciones, aplican subsidios indirectos, como es el caso, por ejemplo, de Argentina, lo que ha originado debates importantes con respecto a la integración y a los acuerdos bilaterales que pueden perjudicar la agricultura nacional. Si bien es cierto que Argentina no aplica un subsidio directo al trigo, subsidia otros productos, como, por ejemplo, el petróleo, con lo cual está indirectamente subsidiando a todos los otros sectores, y especialmente al agrícola, que de alguna manera en materia de labranzas, de siembra, de cosecha, etcétera, utiliza ese combustible.

Estas son las distorsiones por las cuales es conveniente proteger algunos sectores, especialmente de ciertas regiones en las cuales no hay mayores posibilidades de variabilidad de cultivo por condiciones climáticas, de suelo, ecológicas, etcétera.

Desde la perspectiva expuesta, estamos absolutamente de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo en discusión, en orden a extender la banda de precios del trigo a la de la harina. Si de esta forma se otorga mayor estabilidad al sector, al no existir la banda de la harina se podría echar por tierra toda esta protección, puesto que el 87 ó 90 por ciento del trigo se destina a la elaboración de harina. Por lo tanto, en esta relación directa, si no protegemos desde esa misma perspectiva a este producto, podríamos entonces bloquear de una plumada todo el sistema de protección que significa la banda de precios del trigo.

Aquí se ha dicho que el único objetivo que. tiene la banda de precios de la harina es subir el precio del pan. Ese no es el objetivo de este proyecto ni de la banda de precios de la harina. Se trata de evitar las fluctuaciones de los precios en el largo plazo y que, por esa vía, se quiebre el sistema de bandas para los productores de trigo. Ese es el sentido más importante de este proyecto.

Desde esta misma perspectiva, muchos señores Diputados han hecho incluso, un cuestionamiento global del sistema de bandas y, por lo tanto, opinan que no debieran existir protecciones para algunos sectores. Sin embargo, los mismos que hoy plantean una tesis tan ortodoxa como esa, no han tenido ningún inconveniente, en esta misma Cámara de Diputados, para aprobar proyectos que han significado un subsidio importante -por ejemplo, para la industria automotriz de este país-, otorgando importantes cantidades de dinero a un sector que, a diferencia del triguero, no tiene ni una gran captación de mano de obra, ni una gran diversidad de productores, ni tampoco están involucrados sectores tan marginales como los pequeños productores.

De la misma manera, esta Corporación no ha tenido ningún inconveniente en aprobar seis millones de dólares para la compra de un predio, como el de Quinquén, que ha favorecido a un grupo reducido de familias.

Aquí, entonces, ha habido un doble estándar para analizar este problema.

Por estas razones, nosotros estamos en la defensa de lo que es el sistema de las bandas de precios; pero en la misma forma y con los argumentos dados, anteriormente por el Diputado señor Melero, estamos en contra de este proyecto, porque encontramos que no satisface la relación planteada entre la banda de trigo y la banda de la harina, en la forma propuesta en esta iniciativa. Esta es la razón de fondo por la cual nos opondremos.

He puesto como un ejemplo el caso de Quinquén, porque fue una iniciativa del Ejecutivo, al igual que este proyecto, y quiero hacer notar el doble estándar y la diferencia entre un subsidio y otro.

Señor Presidente, antes de finalizar, deseo conceder por su intermedio, una interrupción al Diputado señor Acuña.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, después de la exposición sobre las bandas de precios, ha quedado claramente establecido que estamos de acuerdo en que éstas han significado un gran apoyo para la economía agraria de este país; sin embargo, en mi exposición, expresé claramente que la posición de la UDI no va al fondo del problema de esta iniciativa, cual es justificar el porqué ellos se oponen al 1.3. Aquí no está en discusión el tema de las bandas de precios, sino por qué el 1.3 es un coeficiente que debe mantenerse en la legislación: para que, definitivamente -y ésta es la esencia y fondo del tema-, se regle un vacío que existe respecto de las bandas de precios. Este es todo el secreto. La razón -tal como lo expresé en mi exposición- de aplicar el margen de 1.3 a la harina de trigo, se sustenta en la relación de rendimiento entre el trigo y la harina, pues se necesitan 1.3 kilos de trigo para producir un kilo de harina.

Es efectivo que el Gobierno posee atribuciones administrativas para aplicar medidas, como las que aquí se han señalado: el valor aduanero mínimo o de aforo mínimo, la sobretasa por distorsión, derechos compensatorios aplicables a determinados países; no obstante, y esto es lo clave, estas salvaguardias son transitorias y obligan a agregar otros considerandos que justifiquen su adopción.

Por estas circunstancias el Gobierno propone esta normativa que, de forma genérica, regularía la comercialización de la harina de trigo. No se considera aceptable fijar un margen distinto de este 1.3. Encuentro que los colegas de la UDI y de Renovación Nacional no han sabido defender ese coeficiente ahora, el que sí sustentaran en la Comisión de Agricultura, y que coincide con la posición de los molineros de éste país.

Aquí no se ha dicho que se podría afectar seriamente al consumidor si se fijase un coeficiente de 1.5 ó 1.6, que posteriormente, no se reflejara en el comercio de la harina.

En 1991, la relación histórica ha tenido las siguientes fluctuaciones: 1,315; 1,348, en diciembre de 1990; 1,379; 1,418; 1,455; 1.47 y fracción; 1,374, y 1,32 y actualmente 1.39.

El factor 1.3 que se propone, es perfectamente aplicable y corresponde a una determinación legítima. Al respecto, llamo a los colegas señores Palma y Estévez a que la acepten, incluso reconociendo la necesaria discusión que debe tenerse respecto del tema general de la agricultura chilena. Es legítima, objetiva y realista, considerando el mercado interno en su actual desarrollo y desenvolvimiento, como lo han dicho los colegas señores Naranjo y Tohá.

Si este margen de 1.3 no resulta suficiente, se cuenta con otras medidas de protección y de regulación.

Termino señalando que la finalidad del Supremo Gobierno es establecer un sistema de regulación permanente con un margen de 1.3.

Señor Presidente, agradezco al Diputado señor Recondo el concederme esta interrupción.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Recondo.

El señor RECONDO.-

Señor Presidente, es efectivo que la harina cuenta hoy día con algunas protecciones derivadas del valor aduanero mínimo y con algunos derechos específicos, como el aforo, que se pueden aplicar administrativamente.

Nosotros defenderemos el sistema de bandas por la estabilidad que entrega al sector productor. Sin embargo, estas protecciones de tipo administrativo no dan estabilidad al sector, porque su aplicación por la autoridad es absolutamente discrecional, en circunstancias de que lo que necesita el productor es mantener esa estabilidad a largo plazo.

Por ello, somos partidarios de mantener el precio de la banda de la harina. En lo que no estamos de acuerdo es en aplicar la relación a que usted ha hecho mención.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención lo que han planteado mis colegas, tanto de un sector como de otro.

No me cabe ninguna duda de que los habitantes de los grandes centros urbanos de este país quieren comer siempre barato. Para ello la panacea sería poder comprar los productos agrícolas a precio de huevo; obtener baratas las papas, el trigo, la harina, el maíz, las lentejas, la carne, etcétera. Así, ellos comerán en óptimas condiciones. Pero esto se pretende hacer sobre la base de empobrecer al sector rural de este país, entendiéndose en él a los campesinos, agricultores y productores.

Cuando uno escucha a economistas tan interesantes y tan versados como los que integran esta Honorable Cámara a quienes respeto, porque son hombres que han estudiado sus materias, ve que ellos rechazan este proyecto, ya que afectará a los consumidores, pues subirá el precio del pan. Naturalmente, es una apreciación que habrá que comprobarla en el futuro.

Deseo recordar que antes del año 1982 no existían las bandas de precios en este país, porque se suprimieron durante algunos años.

Señor Presidente, con su venia concedo la interrupción que me solicita el Diputado señor Huepe.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor HUEPE.-

Señor Presidente, la verdad es que la discusión no apunta a lo que dice el proyecto. Hemos entrado a un debate más general: la conveniencia o inconveniencia de que existan bandas de precios para determinados productos agrícolas. Es otra la discusión que tiene que ver con este proyecto, mucho más específico y concreto, pues parte del hecho real de que hay bandas de precios del trigo; en consecuencia, tenemos que ver qué hacemos con la harina, que es un derivado de este cereal. Por lo tanto, distorsionamos el debate si entramos en el problema de si deben o no existir bandas de precios.

Todos los países fijan protección a sus productos, y en la medida en que la economía ha sido más abierta, la tendencia de esa protección, expresada en los aranceles, ha sido la de fijarlos cada vez más bajos y parejos, lo que sucede con la mayoría de los productos.

Ahora bien, en una economía abierta, en una economía de mercado, como en la que Chile vive, la pregunta central tiene que ver efectivamente con lo planteado por el señor Estévez, pero no con este proyecto en cuestión. ¿Hay o no necesidad de que exista una banda de precios?

En primer lugar, la banda de precios no es esencialmente una protección; lo que pretende es atenuar las variaciones internacionales de precios mediante un mecanismo bastante ingenioso, que elimina las distorsiones internacionales, pues tomar los precios de los últimos cinco años y elimina el 25 por ciento inferior y el 25 por ciento superior. Por lo tanto, se da una cierta constante que permite entregar señales a los agricultores para que siembren trigo y tengan una cierta garantía del precio que obtendrán por el producto.

Podrá discutirse si ese procedimiento conviene o no, como lo expresa el Diputado señor Estévez, quien se pregunta con razón si ese hecho produce una distorsión, porque tierras que pueden tener otro uso alternativo, estén destinándose al cultivo de trigo.

Pero ése no es el problema. La situación es que tenemos que analizar este proyecto a partir de la existencia de una banda de precios del trigo. Frente a eso lo recordaba muy bien el Diputado Palma, la protección de esta banda de precios se fijó en el año 1984. ¿Cómo se ha operado con la harina hasta este momento? Mediante dos mecanismos: fijándole una tasa arancelaria y un valor aduanero. Sin embargo, el Gobierno ha enviado este proyecto, pero no para que necesariamente sea un mecanismo adicional; no quiere decir que se vayan a aplicar a las sobretasas que existen para el trigo, otra de 1.3 veces. Teóricamente, existe esa posibilidad; pero lo que nos han informado en la Comisión es que el mecanismo que se usará, para no tener problemas con las importaciones de harina, será reemplazar lo que había anteriormente.

Insisto en que no se van a aplicar simultáneamente estos mecanismos. El problema es que aquí una cadena: si hay una sobretasa para el trigo, también debe existir una para la harina.

Se ha planteado también, señor Presidente, el problema del GATT. Reitero lo que dijo el representante del Ministerio de Agricultura en la Comisión, en cuanto a que Chile está dispuesto a mantener un arancel consolidado del 35 por ciento, que es a lo que están obligados todos los países que participan en ese Acuerdo. Además, existe una oferta de Chile para pagar el arancel consolidado a un 26 por ciento, mediante un ritmo de 10 por ciento de reducción al año; también hay avances en la reducción arancelaria de otros productos agrícolas.

Por eso, puedo señalar que este proyecto no atenta contra nuestros convenios del GATT.

Por último, señor Presidente, para referirme específicamente a este proyecto, partiendo de la base de que no está en discusión el problema sobre si deben existir o no bandas de precios, sino corregir las distorsiones que la del trigo genera en la actividad molinera, de modo que el nivel de producción efectivo sea equivalente al del resto de la economía, es decir, de 11 por ciento.

Este proyecto apunta a que la actividad molinera tenga el mismo nivel de protección efectiva que cualquier otra actividad económica, como la textil, etcétera, que alcanza a 11 por ciento. Está claro que cuando el precio internacional del trigo cae dentro de la banda, no se justifica ninguna sobretasa ni rebaja arancelaria de la harina. En ese caso, tanto el producto harina como el insumo trigo estarán sujetos a un arancel nominal de 11 por ciento.

Entonces, la pregunta relevante es qué sobretasa arancelaria hay que aplicar a la harina cuando el precio internacional del trigo está por debajo del límite inferior de la banda. Aquí está la diferencia con lo planteado por la Derecha. A nuestro juicio, lo correcto es aplicar una sobretasa a la harina equivalente a la sobretasa aplicada al trigo, multiplicada por la relación técnica -transformación del trigo en harina-, que es de 1.3 aspecto que nadie discute.

Sin embargo, se insiste e incluso se anuncia el rechazo de este proyecto porque el coeficiente no es 1.6. Este coeficiente significaría subsidiar no sólo el aumento del precio del trigo, sino el eventual cambio de precio de todos los otros insumos utilizados en la producción de harina.

Lo anterior podría quedar claramente ilustrado con el siguiente ejemplo que se dio en la Comisión. Si se aplica una sobretasa de 10 dólares por tonelada de trigo, dado que por cada tonelada de harina se requiere 1.3 toneladas de trigo, el costo del molinero se incrementaría en 13 dólares por tonelada de harina. Por lo tanto, para compensar la pérdida de competitividad del molinero, sería necesario aplicar una sobretasa de 13 dólares por tonelada de harina importada, lo que equivale a 1.3 veces la sobretasa aplicada al trigo. Ese es el problema de fondo. Como existe una banda de precios para el trigo, lo lógico es que, siguiendo la cadena, se aplique también una sobretasa a la harina equivalente a 1.3 veces la sobretasa aplicada al trigo.

Por esa razón, hago un llamado a los señores Diputados para que aprobemos este proyecto de ley, que sólo pretende corregir una distorsión que se está produciendo en el mercado de la harina a causa de la banda de precios existente en el mercado del trigo. Si es necesario corregir el mecanismo, acudamos al procedimiento del segundo informe y a las posibles indicaciones que se han anunciado. Sería un grave error rechazar en general este proyecto y terminar con la posibilidad de seguir su discusión, en circunstancias de que de todos los sectores han reconocido, particularmente la Derecha, que hay lógica en aplicar una sobretasa a la harina por existir esta banda de precios del trigo.

Reitero el llamado a votar favorablemente este proyecto y a estudiar en Comisiones las posibles correcciones o enmiendas.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ramírez.

El señor RAMIREZ.-

Señor Presidente, me parece bien la intervención de mi colega Huepe, sobre todo porque ha sido corta y bastante concreta.

En todo caso, quiero insistir en que a los habitantes de los grandes sectores urbanos les interesa tener productos baratos; pero cuando ello ocurre significa que un sector campesino y agrícola recibe precios deteriorados, por lo cual su condición económica va empeorando. Esto no se visualiza, porque aquí se habla de que la gente de las grandes ciudades debe tener pan barato, cuando eso ocurre, quiere decir que 700 mil propietarios agrícolas del país han recibido por sus productos precios de quiebra. Se señala también que esto afecta al 10 ó 15 por ciento de la población.

Tengo en mi poder un proyecto de acuerdo -me lo acaban de entregar- que, al parecer, se iba a tratar hoy. Está firmado por los Diputados señores Alamos, Galilea, Letelier, Acuña, Tohá, Soto, Melero, Jara, Devaud y Naranjo y su objeto es instituir el mes y el día del campesino. Ellos afirman que según las estadísticas, los campesinos, considerados como población económicamente activa, alcanzan a unos 700 mil, y que su aporte a la economía es bastante significativo, porque producen el 50 por ciento del trigo que se cosecha en el país, el 45 por ciento del arroz, el 75 por ciento de las papas, el 55 por ciento del maíz, y el 60 por ciento de los porotos, además de contribuir al desarrollo de la ganadería.

Cuando estos señores Diputados reconocen que el 50 por ciento del trigo lo producen los pequeños propietarios, no cabe duda alguna de que al eliminar el sistema de banda de precios se afecta a miles de personas muy modestas de los sectores rurales del país, que tienen una alta tasa de desempleo y problemas de salarios, pues, de acuerdo con las estadísticas, en estos sectores hay una alta tasa de miseria.

Sin embargo, se plantea que la solución consiste en eliminar las bandas de precios, las que, como ya dije, se eliminaron en un tiempo. Durante cuatro años, antes del 1982, no las hubo, y la consecuencia fue que la producción agrícola llegó al 20 por ciento, y que los mismos personeros que propusieron eliminarlas después exigieron su reposición. El hecho de haberlas reinstaurado ha significado que este país tenga una producción interna de trigo para su consumo, que los precios hayan sido normales, y un ahorro de 108 millones de dólares para los consumidores nacionales, según lo consigna el informe.

De manera que la banda de precios no ha sido contraria a los consumidores y, en ningún caso, ha empobrecido a la gente. Creo que tienen razón quienes proponen una banda de precios para la harina. ¿Qué ocurriría si no establecemos esa banda? Qué se empezaría a traer harina de Argentina, y hoy puede llegar mucho más barata. Como al molinero le conviene traer harina más barata, dejaría de comprar el trigo chileno. En tal caso, o entra a comprar Cotrisa, con un alto costo para el Estado, o simplemente baja el precio del trigo y de nuevo pagan las consecuencias los productores nacionales.

No sólo soy partidario de las actuales bandas de precios, sino que, dadas las condiciones en que hoy se maneja el mercado, la única solución para salvar a los pequeños propietarios agrícolas del país consisten en que también haya bandas de precios para otros productos durante un largo tiempo, que no puede ser inferior a diez años, mientras se cambia la estructura productiva del país.

Como lo he sostenido muchas veces, los señores Diputados de las ciudades, que conocen el campo porque van a veranear eso -es lo que sucede-, por cuanto tienen un familiar que los invita a pasar sus vacaciones, o viajan a otros países para estudiar allá lo que ocurre en la agricultura, después quieren dictamos cátedra sobre el problema agrícola. Les cuesta muy poco hablar de cómo se produce trigo, maíz o papas. Y La verdad de las cosas es que ellos no entienden este asunto.

Como nunca han sembrado, no saben de este problema.

La agricultura es una actividad muy distinta. Se sabe cuánto se gasta, pero se ignora cuánto produce. Y cuando no se sabe eso, tampoco se conoce cuáles serán los ingresos, porque depende de otros factores.

El señor ESTEVEZ.-

¿Me permite una interrupción?

El señor RAMIREZ.-

Ya se la voy a dar, colega.

Hoy día tenemos un caso concreto. Todos los pequeños productores de la zona central están con el problema de la producción de porotos. Mientras el año pasado vendieron a 10 ó 12 mil pesos el quintal, y el anterior a 25 mil pesos, este año no tienen un precio superior a 7 mil pesos.

En El Mercurio podemos ver los precios hasta hace un mes, el quintal de maíz costaba 6.800 pesos. Hoy día nadie paga más de 4.800. Y no es problema de siembras, porque son las mismas 100 mil hectáreas sembradas el año pasado. Lo que pasa es que se importa maíz más barato. Vuelvo a repetir que quienes siembran estos productos son miles y miles de pequeños agricultores, los cuales pagan las consecuencias.

Hagamos una diferencia. Hay una agricultura de exportación. La pueden realizar determinadas personas, que son las menos. Ellas tienen precios más remunerativos, y las felicito por haberlo logrado. Pero también existe una agricultura tradicional que no tiene esas posibilidades. Entonces, vamos buscando las condiciones para mejorar su situación.

Soy partidario no sólo de contar con estas bandas de precios, sino de ampliarlas a varios cultivos tradicionales, por lo menos en los próximos diez años, para dar estabilidad a la agricultura y permitir que los pequeños agricultores puedan pagar sus deudas y solucionar sus problemas. Que en estos diez años se efectúen los estudios necesarios, se inviertan capitales, se concedan préstamos, créditos para mejorar la agricultura y ayudar a estos pequeños propietarios. Pero antes de proceder en tal sentido, pienso que es suicida para el país suprimir las bandas de precios.

Hoy día la banda de la harina es absolutamente necesaria. Considero que el 1.6 ó el 1.3, es un asunto que puede estudiarse. Los molineros dicen que durante 15 años esta relación debió ser de 1.6, y el Gobierno propone que sea de 1.3. En cualquier caso, no creo que se pueda desestimar este proyecto porque estamos en desacuerdo en el 1.3 o en el 1.6, pues lo peor que puede ocurrirle hoy día a los productores es que no exista proyecto, ya sea con uno u otro guarismo. Si no puede hacerse de otra manera, debería aprobarse, por lo menos, el 1.3, porque así tenemos alguna posibilidad de defensa. De no aprobarse esta iniciativa, llegarán miles y miles de quintales de harina al país, porque hoy día el precio en Argentina es muy inferior al fijado en Chile. Tiene razón el colega Recondo, pues allí se subsidia de cualquier forma y se exportan los excedentes.

Chile no puede competir con la industria molinera argentina ni con la triguera, maicera o de productos tradicionales, porque todos los países del mundo, desde los más capitalistas, defienden su agricultura. Lo hace Estados Unidos, el Mercado Común Europeo, los países latinoamericanos y los asiáticos. Nosotros queremos ser "más papistas que el Papa", y la verdad es que no podemos exponer nuestra gente a esta situación.

El sábado pasado asistí a una reunión en la provincia de Curicó -junto con varios señores parlamentarios, Senadores y Diputados- de todas las asociaciones de agricultores del país, desde la Cuarta hasta la Undécima Regiones. Se plantearon asuntos importantes, no sólo el relativo al endeudamiento, que es clásico para ellos, sino también la manera de seguir enfrentando los problemas agrícolas, dieron a conocer el problema del trigo, de los convenios con Argentina y, obviamente, para ellos la banda de precios es una buena forma de defender sus productos.

No he escuchado a ningún productor de este país que esté en contra de la banda de precios del trigo. Muchos políticos, economistas y dirigentes sociales la rechazan. Piensan que con esa actitud abaratarán el pan.

Se nos dice que hoy el precio internacional del trigo es de 100 dólares, y aquí pagamos 300. Este año ocurre eso. No siempre es así. En el próximo puede suceder una situación diferente y darse una relación inversa.

Hay que establecer una banda de precios permanente, que no sólo tenga incidencia en un año. Al respecto, es bueno recordar lo ocurrido a los agricultores después que pidieron terminar con dichas bandas porque existía una relación de precios internacionales que los favorecía, la que no se mantuvo, por lo cual debieron sufrir las consecuencias. No podemos cometer el mismo error, a pesar de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Por eso, soy partidario de lo que se propone. En primer lugar, se defiende la producción agrícola de este país. En segundo término, se beneficia a miles de campesinos de esta nación. En tercer lugar, porque la producción triguera de Chile, que proviene de 400 ó 500 mil hectáreas, significa trabajo estable para más de medio millón de personas. Si se deja de sembrar trigo, ¿dónde están las industrias y los otros medios de producción que absorberán a esos trabajadores? Sin duda, se produciría una gran cesantía. Es posible que coman un pan por diez pesos menos; pero esas 500 mil personas no tendrán cómo comprar un kilo de pan si no pueden trabajar. Eso es lo que hay que entender.

Todas las utopías y los planteamientos de escritorio pueden ser hermosos, teóricamente perfectos; pero la realidad es otra. El país es distinto, lleno de contradicciones. Tiene productores pobres y ricos; campesinos que siembran trigo y que no pueden dedicarse a otra cosa.

Aquí se nos dice: ¿Cómo es posible que en Rancagua o en la Séptima Región se siembre trigo? Se siembra trigo en esas regiones porque hay tierras de secano que no sirven para otra cosa; y se hace como término de un cultivo rotativo, donde después de cuatro o cinco hay que sembrar trigo para empastar. Por eso se aprovecha el trigo. No es un negocio sembrarlo, menos por el precio que hoy tiene, porque en la actualidad el valor de los productos tradicionales produce pérdida. No hay ninguno de estos productos en que no se pierda plata. El que trabaja en la agricultura sabe que es así, por muy bien que lo haga. Debe pedir créditos, que generan intereses, comprar semillas y fertilizantes caros, arrendar maquinarias a petróleo caro, y cuando produce, baja el precio, que es manejado por determinados sectores en este país.

Por las razones expuestas, no sólo estoy de acuerdo con este proyecto sobre banda de precios de la harina de trigo, sino también con ampliarla a otros productos agrícolas, aunque para muchos esto suene como un problema de otro mundo. Pero Chile es un país de determinadas condiciones, y debemos saber que existen; por ello, uno tiene que arar, como bien dicen los huasos, con los bueyes que tiene, no más; no con los prestados.

Me alegro de entender este asunto. Espero que la voz de mis distinguidos colegas que han pedido votar en contra de este proyecto sea desoída. Si la Cámara de Diputados optara por ese criterio, me gustaría que en los próximos días nos reuniéramos en todas las provincias agrícolas del país y que los mismos señores Diputados que anuncian que votarán en contra vayan a explicar a los productores, campesinos, pequeños propietarios y minifundistas de este país, por qué se opusieron. Seguramente les dirán: "Para que el pan sea más barato", y ellos responderán: "Sí, señor, pan más barato, pero nosotros estamos muertos de hambre, en quiebra o al borde del suicidio".

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado don Sergio Pizarro.

El señor PIZARRO (don Sergio).-

Señor Presidente, en esta Sala cada parlamentario expone sus puntos de vista y exhibe sus propias realidades. Yo daré una versión distinta a la de mi querido amigo el Diputado señor Ramírez.

Leo en las ideas fundamentales o matrices del proyecto que se justifica porque "incorpora a la harina de trigo en el sistema de bandas de precios para la importación de trigo, fundándose en las sobretasas y las rebajas de la banda del trigo y de la harina, sobre la base del coeficiente técnico trigo-harina, de manera que se asegure un nivel de protección idéntico al que se registra para todas la actividades productivas del país.". Lo repito: "nivel de protección idéntico al que se registra para todas las actividades productivas del país.".

Esto no es así. En primer lugar, alguien paga este proteccionismo. En segundo término, las regiones del norte del país son eminentemente exportadoras y somos parte de Chile; producimos cobre, hierro, fruta, productos del mar, fertilizantes y productos químicos. A nosotros nadie nos protege contra las fluctuaciones del mercado internacional ni contra las alzas en el valor externo de los insumos para producirlos. Tampoco nadie nos protege frente a la devaluación del dólar, elemento que afecta directamente la factibilidad de las exportaciones chilenas.

Nuestras regiones del norte tienen un costo de vida apreciablemente más alto que en el centro y sur del país; no me refiero al extremo sur de Chile. Ciertamente, el libre mercado, con aranceles bajos y uniformes, hace y hará que los precios de los alimentos en las regiones del norte sean más reales. Estas normas de excepción, como todas las bandas de precios, protegen a un sector productivo del país en desmedro de otros.

Se argumenta que estas medidas evitarían paralización y cesantía en las áreas trigueras del país, lo que puede ser efectivo. Pero, ¿acaso en el norte de Chile no hay hoy aún una grave cesantía en algunas comunas? Es mucho lo que el norte aporta al país. Sólo la Tercera Región entrega aproximadamente el 10 por ciento del valor total de nuestras exportaciones, y es muy poco lo que recibimos a cambio. Basta observar la calidad de vida entre el norte y el centro-sur del país.

Estamos llevando las cosas demasiado lejos en materia proteccionista, especialmente si consideramos que, días atrás, Senadores de Renovación Nacional solicitaron abiertamente que también se aplicara banda de precios al arroz o, como lo ha dicho un Honorable señor Diputado de la UDI, que se elevara el coeficiente del 1.3 por ciento, porque es insuficiente. En el fondo, más proteccionismo. ¿Dónde está quedando, entonces, la función del mercado? Moraleja: el mercado para otros, no para mí.

Esta política se toma extremadamente peligrosa al establecer un precedente adicional de proteccionismo comercial en nuestro país, en particular ahora, cuando hemos pedido una política mundial de liberación del comercio en el Gatt; cuando públicamente hemos solicitado, prontos acuerdos en la Ronda Uruguay; cuando estamos reclamando de la Comunidad Económica Europea derogar barreras arancelarias a los productos chilenos que afectan a algunos sectores de la agricultura, por ejemplo, la francesa; cuando la diplomacia chilena y Prochile hacen esfuerzos en el sudeste de Asia para liberar trabas arancelarias y cuotas de importación que distorsionan el comercio en esa zona y limitan nuestras posibilidades potenciales de colocar nuestros productos allí.

Concedo una interrupción al Diputado señor Mekis.

El señor, COLOMA (Vicepresidente).-

Con la venia de Su Señoría, tiene la palabra el Diputado señor Mekis.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Pizarro francamente es una verdadera síntesis de lo que pienso sobre este tema.

Pregunto, ¿por qué existe tanta contradicción entre los planteamientos de los Diputados señores Ramírez y Estévez?

El Diputado señor Ramírez expresa que se debe a que unos habitan en la ciudad y otros en el campo; pero creo que el punto no está necesariamente ahí, porque cuando así lo plantea para defender la banda del trigo, probablemente tenga razón, pero no al intentar extrapolar esa situación a la de la harina.

Los argumentos del Diputado señor Estévez me parecieron muy convincentes, especialmente dos: brindar protección a quienes estamos obligados a dársela, a los consumidores y, entre ellos, como apuntaba mejor el Diputado señor Palma, a los más necesitados o a los que están al borde de ingresar en el terreno de la pobreza.

Asimismo me convencía el Diputado Estévez con aquel argumento referente al Gatt, también señalado por el Diputado Sergio Pizarro. Chile intenta abrir sus mercados; sin embargo, dice una cosa fuera del país, e internamente nos plantea otra distinta.

Mi convencimiento, sin tener ninguna especialización en esta materia, es que después de cada subsidio viene otro.

Cuando hablamos de este subsidio, me pregunto ¿cuál plantearán los panificadores u otras actividades productivas del país?

Me parece que ése no es el camino correcto en una sociedad abierta en lo económico, como la que queremos tener. Y se da la paradoja de que observamos que en sociedades capitalistas y netamente abiertas en lo económico, por décadas, han comenzado a ingresar, también por década, medidas proteccionistas, y hoy se debaten en graves crisis internas. Por ejemplo, la agricultura norteamericana tiene problemas serios como consecuencia del establecimiento de políticas de subsidios.

Me parece que la banda de precios del trigo surgió en Chile exclusivamente porque no se producía trigo, ya que no era competitivo hacerlo. Se quiso, a través de la existencia de la banda, ayudar a numerosas personas. Pero, ¿qué sucederá si después de ellas se ayuda a quienes viven en otras zonas del país, en las urbes, en las ciudades? Sin duda, se pueden producir consecuencias negativas.

Comprendo, pero no comparto del todo las razones del Diputado Galilea para fundar el voto negativo de Renovación Nacional.

En particular, cuando en una materia como ésta comenzamos a discutir factores de subsidio, que son siempre distorsionadores del mercado. Y cuando ello, ocurre en un mercado que no arroja anomalías, finalmente se desprotegen o incluso se atacan, los intereses del consumidor final.

Por eso, votaré en contra de este proyecto.

También fundo mi decisión en esa sospecha qué surgía del argumento del Diputado señor Palma, cuando señaló: "Si este proyecto no va a producir el alza del precio del trigo ni del pan, y es redundante, ¿por qué su existencia?

El ser humano es sumamente contradictorio; yo también. Uno de los temas en que se nota, es cuando nos acusamos mutuamente de tener dobles estándares. Pero en una materia discutible como ésta porque no son dogmas ni una cuestión moral; tampoco lo son los principios de una economía de mercado, me parece que cada una de las posiciones es legítima. Las he oído con atención y he tomado la decisión de votar en contra de este proyecto.

He dicho.

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

Señor Presidente, retomo la palabra.

Dado que el proyecto de ley es de iniciativa de mi Gobierno, por esta vez me abstendré; sin embargo, en el futuro, votaré en contra de cualquier proposición que implique bandas de precio. No digo que "se coman las vacas" o que "las quiebras del sector agrícola son buenas"; ciertamente, no participo de estas aberraciones. Pero tampoco considero de justicia proteger a algunos, a costas del encarecimiento de la vida de otros. ¡Es un privilegio irritante!

Afortunadamente, son pocos estos sectores productivos y tiene que superarse en un plazo razonable; dejar de depender de la protección del Estado, vía bandas de precios u otros medios, que constituyen un mal precedente para Chile en el mercado mundial, un trato excepcional para una minoría de productores de sólo una parte del territorio chileno; que afectan negativamente el costo de vida en regiones que hoy atraviesan por serias dificultades objetivas y que, sin embargo, no cuentan con privilegios ni medidas excepcionales de ninguna especie.

El Diputado señor Arancibia me ha pedido una interrupción y, con su venia, se la concedo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, agradezco la interrupción al Diputado don Sergio Pizarro; será muy breve, para puntualizar dos o tres cosas en tomo de un debate tan trascendente.

Ha sido reafirmado que no estamos discutiendo la banda de precios del trigo. Por supuesto, habría que discutirla y analizarla en todas sus implicaciones como secuela de su existencia -ojalá en una tarea sistemática- en las Comisiones de Economía, de Hacienda y de Agricultura, a lo menos, porque el país se enfrenta a un problema serio por su mantención de largo plazo, situación de que se dejó constancia en Comisión de Hacienda; estamos discutiendo la consecuencia de la banda del precio del trigo, que hoy sólo se puede mantener, más allá de que se justifique o no, a menos que emprendamos una política sistemática de mediano plazo, que efectivamente termine la distorsión de la asignación de recursos, como acaba de insistir, entre otros, el Diputado Mekis, tema que, por desgracia, no estamos en condiciones de abordar.

No puede ser que siempre los competidores estén subsidiados y nosotros no. En esta materia, hay mucho paño que cortar. Se cita el caso de Argentina. ¡No me venga a decir que el petróleo es un gran insumo en la producción de trigo argentino! Además, es un país autoabastecido en combustibles. Sus ventajas están en otro lado, en la calidad de sus tierras, en la abundancia de agua, etcétera. Hay toda una temática que, por hacer uso de una interrupción, no puedo abordar; pero está planteada y es necesario que la debatamos. Así lo sugirió la Comisión de Hacienda.

En lo que se refiere a la banda de precios de la harina, subrayo el hecho de que algunos Honorables colegas no se han ajustado a la realidad. Ni los molineros ni los panaderos piden las bandas de precios; es más, dejaron constancia expresa en sus intervenciones de que considera inconveniente la mantención de la banda de precios.

Si se suprime o se rechaza el proyecto de ley, afectará muy poco el precio del pan, porque en la serie disponible y aquí mismo se ha reconocido, el precio del trigo y de la harina ha tenido tendencia a caer y el del pan a subir. En consecuencia, por mucho que el proyecto sea rechazado, el precio del pan no se verá alterado, porque, además, esta iniciativa legal persigue, precisamente, impedir o dificultar la importación.

Comparto parte de la argumentación sobre el funcionamiento del esquema de economía de mercado. Tampoco hay que entusiasmarse demasiado con la retórica, porque, a veces, la realidad no funciona de acuerdo con la teoría. En verdad, la culpa no la tiene la realidad si no somos capaces de entender los problemas que impiden que la realidad funcione como la teoría dice que debe funcionar. Quiero remarcar este hecho.

Por último, este instrumento parece necesario como fórmula para evitar que cada seis meses la industria tenga que hacer todo el trámite y entregar una serie de antecedentes a fin de obtener la fijación de una sobretasa, que a partir de esta ley puede considerarse estable. Para enfrentar coyunturas determinadas, el Gobierno tendrá otros medios. Esta ley, lisa y llanamente, persigue evitar que la actividad molinera y triguera quede expuesta a decisiones administrativas cada seis meses y a una incertidumbre que afecta en conjunto a la cadena harina-trigo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera la palabra el Diputado don Sergio Pizarro.

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

Señor Presidente, antes de terminar, el Diputado señor Gajardo me ha pedido una interrupción, que concedo con su venia.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, quiero ser bastante breve y preciso en este tema.

El proyecto es muy sencillo. Parte de la premisa que existe una banda de precios del trigo y no de la harina. En consecuencia, desde este punto de vista parece lógico, dentro de la racionalidad, incorporar también a la harina en el mecanismo. Sin embargo, esto tiene efectos negativos para extensos sectores de la población, en particular para grandes regiones del país, porque, como aquí muy bien se ha recordado, es un beneficio que alguien paga, que pagan los consumidores, sobre todo aquellos que no tienen ninguna relación con los sectores productivos, que evidentemente recibirán los beneficios.

Soy Diputado de Antofagasta. Mi estimado amigo y colega Ramírez preguntó: "¿Qué saben de trigo, de harina, de papas los que no conocen el campo?". Yo soy de los que no conocen el campo y no sé cómo se producen las papas ni sé cómo se comercializa la harina; pero sí sé que los habitantes de mi zona tiene que pagar precios muy altos por mantener estás protecciones. De tal manera que mientras no se defina una política nacional para atender a las zonas que tienen particulares condiciones y, en consecuencia, también necesitan de un trato especial, me opondré a estos mecanismos parciales. Si es necesario establecer alguno, soy partidario del subsidio directo, que paga el Estado, y no del subsidio expresado en el precio que pagan todos los consumidores.

Repito, mi región no gana nada con el proyecto; sin embargo, todos sus habitantes pagarán el precio que significará si se aprueba.

Por esta razón, anuncio mi voto en contra.

Agradezco al Diputado señor Pizarro Mackay su interrupción.

El señor PIZARRO MACKAY (don Sergio).-

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde votar la petición de clausura del debate.

Si le parece a la Sala, se aprobará.

En votación general el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazado en general el proyecto.