Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se reanuda la sesión.

Corresponde tratar el segundo informe del proyecto de reforma constitucional del Poder Judicial.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 332-07 y figura en el número 9 de los documentos de la Cuenta de la sesión 59a., celebrada en 31 de marzo de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo, informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, me corresponde informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Justicia y Defensor del Pueblo.

De acuerdo con el Reglamento, este informe ha de referirse a las materias que a continuación se indican.

En primer lugar, con el objeto de no abundar en lo que ya consta en el informe, que tienen a su disposición los señores Diputados, me voy a referir a los artículos modificados en la Comisión.

En esta situación, se encuentran la letra b) del número 2 y la letra b) del número 6 del artículo único.

En efecto, al modificar el artículo 49 de la Constitución Política, que enumera las atribuciones del Senado de la República, en el primer informe nos referimos al número 8C del artículo 82 de la Constitución, en circunstancias de que dicha disposición se encuentra derogada. De manera que la modificación aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión sólo tiene por objeto actualizar la referencia que hace el artículo 49 a la numeración exacta del artículo 82 de la Carta Fundamental.

También por unanimidad se sustituyó el primero de los dos nuevos incisos agregados al artículo 79 de la Constitución, por el siguiente: "La Corte Suprema cautelará, permanente y efectivamente, el respeto oportuno, íntegro y cabal de los derechos que esta Constitución asegura a todas las personas.".

La modificación establece la concordancia entre este artículo y el 19 de la misma Constitución, que enumera los derechos y deberes constitucionales. Se consideró que la frase "todas las personas" resultaba más amplia que la expresión "habitantes del territorio de la República".

En segundo lugar, me referiré a las indicaciones rechazadas.

Se encuentra en esta situación, en primer lugar, la de los Diputados señores Espina, Ribera y Urrutia, para agregar un inciso final al artículo 74, del siguiente tenor: "El presupuesto de la Nación deberá considerar como mínimo, para el funcionamiento del Poder Judicial, la cantidad destinada al efecto en el año anterior, expresada en moneda del mismo valor.".

En segundo lugar, la del Diputado señor Ribera, para sustituir el inciso segundo del artículo 75 propuesto en el N° 4 del proyecto, según la cual dos tercios de los miembros de la Corte Suprema serán nombrados de entre los ministros de cortes de apelaciones y el tercio restante de entre abogados extraños a la administración de justicia.

En tercer término, la del Diputado señor Ribera, íntimamente vinculada con la anterior, para consagrar como nuevo inciso cuarto del artículo 75 el siguiente: "Excepcionalmente el Presidente de la República podrá nombrar, con acuerdo del Senado, ministros de la Corte Suprema que no provengan del Poder Judicial, para lo cual no requerirá de proposición alguna de dicha Corte.".

Igualmente, la del Diputado señor Espina, para sustituir el inciso cuarto del mismo artículo 75 por el siguiente: "El Presidente de la República podrá nombrar, con acuerdo del Senado, ministros de la Corte Suprema que no provengan del Poder Judicial, para lo cual no requerirá de proposición de dicha Corte.".

Y por último, la del Diputado señor Ribera elimina el número 7 del texto propuesto, que se refiere a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Disposiciones que el proyecto modifica o deroga: En primer lugar, se modifica el N° 14fi del artículo 32 de la Constitución, que faculta al Presidente de la República para nombrar a los ministros y fiscales de la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones, a los jueces y al miembro del Tribunal Constitucional que le corresponde designar. La Comisión estimó que en esta disposición sólo cabía consignar la atribución presidencial sin entrar, a regular el procedimiento de designación de los jueces, materia que se desarrolla en el nuevo artículo 75 de la Constitución que se propone.

En segundo lugar, se sustituyen los números 3) y 8) del artículo 49 de la Constitución.

En el primer caso se establece como atribución exclusiva del Senado conocer de los conflictos de jurisdicción, en reemplazo de los de competencia, entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, lo que significa que las contiendas de competencia, que son aquellas que se generan dentro de un poder, las resuelve el superior jerárquico de propio poder.

En el segundo se hace sólo una adecuación de referencia, como lo expliqué precedentemente, en la mención al artículo 82.

Por último, se modifica el artículo 49 de la Constitución, incorporándose un nuevo número, que agrega como atribución exclusiva del Senado, la de aprobar la proposición hecha por el Presidente de la República, respecto del nombramiento y designación de los ministros y del fiscal de la Corte Suprema.

En tercer lugar, se reemplaza el artículo 74 de la Constitución Política. La Comisión estimó que se texto actual, que obliga oír a la Corte Suprema cuando se quiera modificar la ley orgánica del Poder Judicial, ha sido fuente de frecuentes conflictos y problemas que han llevado al Tribunal Constitucional a declarar la in- constitucionalidad de forma de las disposiciones pertinentes si el proyecto no ha sido puesto en conocimiento de la Corte Suprema en el momento de la Cuenta; si, pese a habérsele remitido, no se ha obtenido respuesta, o si se han introducido modificaciones sustanciales al mismo sin volver a consultarla.

Por estas razones, la Comisión estimó necesario modificarlo, de modo que estos proyectos sean puestos en conocimiento, cualquier estado de tramitación, para que la Corte Suprema, si lo estima pertinente, dé a conocer la opinión que le merecen.

En cuarto lugar, se sustituye íntegramente el artículo 75 de la Constitución, el cual dice relación con el nombramiento de los jueces.

Este nuevo artículo 75 recoge la idea fundamental de que dos tercios de los miembros de la Corte Suprema sean nombrados de entre los ministros de las cortes de Apelaciones y el tercio restante de entre abogados extraños a la administración de justicia.

En quinto lugar, se sustituye el artículo 76 de la Constitución, para extender a todos los jueces, sin excepción, la responsabilidad por los delitos ministeriales cometidos en el desempeño o con ocasión del ejercicio del cargo. Se le entrega a una ley orgánica constitucional la determinación y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad.

En sexto lugar, se sustituye en el artículo 79 de la Constitución su inciso primero. La Comisión acordó que los tribunales militares de tiempo de guerra queden excluidos de esta superintendencia, como ocurre ahora, pero sólo en cuanto "se trate de delitos cometidos en territorio extranjero o por tropas extranjeras en territorio chileno.".

Del mismo modo, se le agrega un inciso que por un lado, establece la obligación de la Corte Suprema de cautelar el respeto oportuno, íntegro y cabal de los derechos que la Constitución asegura a todas las personas; y, por otro, impide a la Corte Suprema, en el ejercicio de sus facultades disciplinarias, "modificar, enmendar o invalidar resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley contemple recursos jurisdiccionales.". En opinión de la Comisión, la queja no puede ser una alternativa de tales recursos.

En séptimo lugar, se agrega, como capítulo VI bis, lo relativo a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, otorgándole rango constitucional. En términos generales, define sus funciones y estableciendo claramente cómo estará integrada, incorporando entre sus miembros al Ministro de Justicia, a dos ministros de la Corte Suprema, elegidos por ella en una sola votación, a dos ministros de corte de apelaciones, al Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, al Presidente del Colegio de Abogados con mayor número de miembros en el país, y a un abogado designado por el Senado en la forma que se indica.

Por último, se agrega la disposición transitoria trigésima quinta, que prescribe la forma de dar cumplimiento al sistema de designación de los magistrados de los tribunales superiores señalados en el nuevo artículo 75 propuesto, consignando que "las vacantes que se produzcan desde la vigencia de esta reforma se llenarán, alternadamente, con un abogado ajeno al Poder Judicial y con un ministro de corte de apelaciones".

Es todo cuanto puedo informar.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación el N° 1.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

Solicito al Diputado señor Elgueta explicar su contenido.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en el proyecto se propone que el Senado conozca de los conflictos de jurisdicción que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia. Sin embargo, quedó subsistente el inciso segundo del actual artículo 79 de la Constitución Política, que respecto de la Corte Suprema dice: "Conocerá, además, de las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, que no correspondan al Senado".

Si se aprobaran las normas que contiene el proyecto, este inciso segundo estaría absolutamente de más. Primero, no tendría oportunidad de aplicarse, porque en el proyecto se hablan de los conflictos de jurisdicción y las’ contiendas de competencia son una especie de conflictos de jurisdicción. Segundo, se refieren a las mismas autoridades políticas o administrativas; y, tercero, no tendría razón la frase "que no correspondan al Senado".

Es sabido que la jurisdicción no es nada más que la concreción de la norma general a un caso determinado. En este sentido, tienen jurisdicción las autoridades políticas, las administrativas y las judiciales. En cambio, cuando se habla de competencia, se refiere a una facultad especial del tribunal.

En consecuencia, cuando en el proyecto se propone que el Senado conozca de los conflictos de jurisdicción que se suscitan entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia, se está absorbiendo el inciso segundo del artículo 79 de la Constitución Política, relativo a las contiendas de competencia que no correspondan al Senado.

Con el objeto de hacer concordantes ambas materias, solicito al señor Presidente que recabe la unanimidad de la Sala para tratar esta indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación de los Diputados Bosselin y Elgueta con el quorum anterior.

Aprobada.

En votación la letra a) del número 2.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada.

En votación la letra c) del número 2.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos; por la negativa, 6 votos. No hubo abstenciones.

El señor GUZMAN.-

Más mi voto negativo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada.

En votación la letra a) del número 6.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 7 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación el número 8, que requiere un quorum de dos tercios para ser aprobado, es decir, 79 votos.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 7 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

En votación el número 9.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 27 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobado.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Se cambiará su voto, señor Diputado, pero, en verdad, no altera el resultado.

Si le parece a la Sala, se darán por aprobados los incisos primero y segundo del número 3, con un quorum superior a 72 votos.

Aprobados.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Urrutia.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, entre los acuerdos que tomamos, hubo uno ten-diente a que el Poder Judicial contara con un piso mínimo, similar a lo establecido en algunas leyes orgánicas para otras instituciones, como es el caso del Tribunal Constitucional.

Para que la justicia se imparta en forma eficiente, se requiere que el Presupuesto de la Nación, asigne al Poder Judicial un monto seguro, reajustado, de acuerdo con las variaciones que experimente el Índice de Precios al Consumidor. Con ello, los tribunales de la República tendrán asegurada, al menos, una cantidad mínima para su funcionamiento.

Por eso presentamos esta indicación; además, porque lo acordamos en la Co-misión. Incluso señalamos que debía ser exactamente igual en su redacción al artículo correspondiente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Junto con la incorporación de este piso mínimo al texto constitucional expresamos que se debía analizar la posibilidad de agregar en el Capítulo VI bis. Fue un acuerdo adoptado en la Comisión para que esto pudiera llevarse adelante. Ante la observación de los parlamentarios, de la Concertación en el sentido de que no era lógico incluir el presupuesto en la Constitución, nosotros sostuvimos las razones que nos asistían para proponerlo, así como las que teníamos para incluir a la Corporación Administrativa en la ley orgánica pertinente.

Para asegurar que el Poder Judicial tenga un financiamiento estable y con un peso mínimo, que le permita crear los juzgados necesarios para que exista una eficiente administración de justicia, hemos renovado esta indicación, y solicitamos a la Honorable Cámara su aprobación. No reformemos sólo puntos sustanciales del capítulo referido al Poder Judicial, sino que también otorguémosle la seguridad constitucional de que en el Presupuesto de la Nación se le asignará una cantidad, a fin de que no esté sujeto a los vaivenes políticos y circunstanciales futuros. Ese es el objetivo de esta indicación renovada.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, debo señalar que en la Comisión no acordamos incorporar una norma como ésta. De existir ese acuerdo, no habría sido necesaria la indicación renovada. Hubo criterios discrepantes, y nuestra bancada estima inconveniente su aprobación. Por ello, la rechazaremos.

Pero quiero aclarar nuestra posición, a raíz de algunas declaraciones que se han hecho respecto de la aguda crisis económica que aflige al Poder Judicial. El 1° de abril se publicó un acuerdo adoptado por la Corte de Apelaciones de Santiago y transcrito a la Corte Suprema, en la que se hace presente que la situación económica que afecta a los jueces es insostenible. En esa declaración, que fue profusamente divulgada por la prensa, se sostiene por los magistrados que la discusión de la reforma al Poder Judicial, a la que se encuentra abocada la Cámara, debería hacerse en un marco de respeto mutuo, reconociendo la labor sacrificada de los magistrados dentro de las limitaciones irritantes que hacen ímproba la labor de ejercer la jurisdicción que constitucionalmente les corresponde. Se agrega que con magras remuneraciones se ha trabajado con el mayor esfuerzo, silenciosamente y soportando con estoicismo las críticas tan injustas que se lanzan en su contra. Se aboga por que se asignen recursos suficientes y se liga el éxito de la reforma, en muchos de sus aspectos, al mejoramiento de las remuneraciones y a la creación de tribunales.

Considero necesario clarificar que ni en esta bancada ni en la Concertación, ni tampoco en ningún sector de la Oposición, existe, ni siquiera remotamente, la idea de desconocer que en nuestro país la judicatura en general ha sido postergada y que existen probos y honestos magistrados que se debaten en situaciones verdaderamente dramáticas para ejercer la alta investidura que a ellos les corresponde, además de las responsabilidades que constitucionalmente se les entrega. Pero ha sido endémico en nuestro país el hecho de que los otros poderes del Estado no han entregado al Judicial los aportes indispensables para el desarrollo de una magistratura más independiente y autónoma y, sobre todo, más eficaz que pueda llegar a los sectores que más la necesitan.

En 1961, para tomar los últimos treinta años, el porcentaje del Presupuesto de la Nación asignado al Poder Judicial sin considerar el del Ministerio de Justicia, era de 0,72 por ciento; en 1991, de 0,57 por ciento. El Poder Judicial nunca ha sobrepasado el 1 por ciento del Presupuesto en este período, lo que demuestra que debemos ir modificando gradualmente la actitud de los otros poderes del Estado.

Pero debe quedar bien en claro que la Cámara respeta la función judicial y la alta misión de los magistrados. No debe entrecruzarse esta situación con la necesidad de la reforma y pretender modificar, de una plumada, la dinámica de desconocimiento que viene trasladándose año a año en los presupuestos. Como lo hace el Gobierno, debemos iniciar un plan progresivo de mejoramiento de rentas, de apoyo tecnológico y de habilitación de juzgados, para que nuestra justicia sea más eficiente.

La norma que se propone no cumple este objetivo; es altamente inconveniente, incluso desde el punto de vista de la organización económica del Estado. Si al pie de la letra se estableciera que el Pre-supuesto de la Nación para el funciona-miento del Poder Judicial, como mínimo, debe considerar la cantidad destinada al efecto en el año anterior, expresada en moneda del mismo valor, nos encontraríamos con situaciones paradójicas. En primer lugar, los aportes extraordinarios que el Gobierno quisiera asignar al Poder Judicial serían imposibles a través del Presupuesto. Además se produciría una mecánica muy difícil de modificar, pues todo gobierno, sabiendo que existe un mínimo, no entregaría más, ya que estarían cumpliendo los porcentajes de ajustabilidad del Presupuesto de la Nación.

De tal manera que esta norma, en lugar de favorecer al Poder Judicial, es altamente peligrosa. Además, significa establecer un precedente que, aplicado a otros organismos del Estado sobre la base de un piso, nos llevaría, por lo menos, a un edificio de nueve o doce pisos en la Administración Pública, que, con igual derecho, reclamaría el mínimo reajustable en el mismo valor. Este sistema desarticularía el sistema presupuestario del Estado.

De modo que comprendemos las justas aspiraciones del Poder Judicial de mejorar sus remuneraciones; en esto estamos todos de acuerdo y respaldamos lo que ha hecho el Gobierno: duplicar sus ingresos en cinco años. Pero no votaremos a favor de una norma constitucional que puede utilizarse demagógicamente y esperamos que se imponga el buen criterio de rechazarla, por su sentido más bien totalitario y autoritario, que se empleó respecto de las Fuerzas Armadas, pero que no tiene por qué extenderse a los demás servicios y poderes del Estado.

Tarde o temprano, tendrá que derogarse la norma de excepción de las Fuerzas Armadas. Estamos en esa orientación. En consecuencia, mal podríamos establecer el precedente en función de otro poder del Estado, porque, de esta llanera, nosotros mismos estaríamos cercenando el argumento para eliminar la legislación que favorece indebidamente a las Fuerzas Armadas, respecto de otras instituciones básicas del Estado.

Por estas razones, estamos por favorecer el mejoramiento de remuneraciones del Poder Judicial, pero no a través de la indicación que se propone, que estimamos inconveniente y la votaremos en contra.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, la bancada radical-socialdemócrata comparte lo expresado por el colega señor Molina, por cuanto también estima altamente inconveniente la indicación presentada por Diputados de Renovación Nacional referida a la determinación constitucional de un piso en el presupuesto del Poder Judicial.

Iniciativas de este tipo deben ser re-chazadas, puesto que, a la larga, implican rigidizar el presupuesto anual de la Nación de modo tal que la conducción financiera del Estado podría transformarse en inmanejable y, en consecuencia, restar las atribuciones, facultades y potestades que en materia de asignación de recursos tiene el poder político, tanto el Ejecutivo como el Legislativo.

La elevación al rango constitucional de una norma como la propuesta, automáticamente, abre la posibilidad de que otras actividades del Estado empiecen a solicitar lo mismo. En la eventualidad de que se aprobara, no veo razones para que no existiera una igual para financiar, por ejemplo, las actividades del Poder Legislativo; las inversiones en vivienda, en salud, en educación, etcétera. Sin duda, sería perjudicial para el manejo del país, puesto que al Gobierno y al Parlamento restaría iniciativa, independencia y libertad para manejar el presupuesto o los fondos del Estado.

En materia de presupuesto, es un mal ejemplo homologar la situación del Poder Judicial con la de las Fuerzas Armadas y la norma que existe en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, puesto que si de nosotros dependiera, lo decimos sin recovecos, ya habríamos derogado las normas de las leyes orgánicas de las Fuer-zas Armadas y del Tribunal Constitucional que les asignan un piso en materia financiera. No lo hemos hecho, única y exclusivamente, por consideraciones políticas superiores y porque no tenemos los votos suficientes en el Senado.

Lamentamos que en la Constitución existan normas en tal sentido y esperamos que alguna vez el Congreso pueda derogarlas, en particular en lo que se refiere a las Fuerzas Armadas; que los entes políticos del país podamos definir, de una vez por todas, cuál es nuestro criterio en materia de gasto militar, mochila que heredamos y que, por cierto, nos está pesando de modo considerable y nos impide avanzar a los grados de desarrollo que quisiéramos.

Se dice que esta iniciativa tiende a solucionar el problema económico y financiero del Poder Judicial. Por el contrario, lo entrampa en una situación que, a la larga, si se aprueba la norma no va a salir. ¿Y por qué digo esto? Porque la práctica legislativa y la experiencia nos señalan que los pisos financieros se transforman en techos y los gobiernos, por una tendencia lógica y natural, sólo asignan los recursos mínimos por mandato de la norma jurídica.

Sabemos que las urgencias del Poder Judicial para modernizarse exigen o re-quieren de recursos económicos más cuantiosos que los entregados hasta ahora.

El señor Ministro de Justicia ha señala-do que la solución económica para el Poder Judicial está naturalmente, en el aumento real de la inversión pública. Esto es lo único que permite mejorar la renta de los magistrados, crear nuevos juzgados y entregar mayores recursos materiales a la judicatura. El Gobierno del Presidente Aylwin, sin alardes, ha señalado a la opinión pública su compromiso político de aumentar gradualmente, en un 20 por ciento, el presupuesto del Poder Judicial, de manera que al cabo de cinco años estará duplicado. Esta es la forma real y concreta de solucionar el problema del Poder Judicial y no a través de las meras maniobras, en cierto modo demagógicas, que en el fondo contiene la indicación.

Por estas razones, los Diputados radicales y socialdemócratas la votaremos en contra. Además, deploramos, francamente, que se hagan sugerencias de esta naturaleza. Hacemos un llamado a todas las bancadas para que, en su momento, deroguemos cualquier norma parecida que pueda afectar a otro servicio o entidad del Estado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, realmente, ya no entendemos qué se está discutiendo en la Sala. Algunos parlamentarios y el Ministro nos han tratado de explicar que el piso mínimo es el piso máximo, y que en cuanto al presupuesto del Poder Judicial, sería demagógico establecer una norma que diera garantías.

No estamos discutiendo sobre servicios o entidades del Estado, sino sobre la función de uno de los tres pilares del Estado.

En la aprobación del Presupuesto de la Nación participan los Poderes Ejecutivo y Legislativo; el Poder Judicial no participa en la distribución del gasto público.

El Ministro nos ha hablado del compromiso político de aumentar el presupuesto del Poder Judicial en los próximos años; pero lo que necesitamos es un compromiso jurídico que trascienda la coyuntura, las relaciones de poder. Sabemos que los compromisos políticos se celebran de acuerdo con las relaciones de poder, con la coyuntura; los compromisos jurídicos se hacen para todos los tiempos, con prescindencia de dichas relaciones y de la coyuntura.

Estamos de acuerdo en aumentar el presupuesto del Poder Judicial y de garantizarle un piso mínimo; pero la explicación de que el piso mínimo es el piso máximo es algo que no resiste el menor análisis. Se trata de garantizar que el Poder Judicial contará con un monto fijo, a lo menos, igual al del año anterior, aplicada la inflación respectiva.

En consecuencia, no planteamos un criterio que amarra en demasía el gasto público, sino que otorga seguridad y garantía al Poder Judicial, para que, más allá de los vaivenes y de los compromisos políticos, pueda contar con el sustento elemental, igual al del año anterior. La única amarra que produciría esta disposición sería impedir la rebaja del presupuesto. No es lo mejor para el Poder Judicial en materia financiera; pero, por otro lado, tampoco puede rechazarse esta disposición, que, como he señalado, es un compromiso político llevado a la norma jurídica.

Señor Presidente, el Diputado señor Schaulsohn me ha solicitado una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, agradezco al Diputado señor Ribera la interrupción; es sólo para clarificar dos cosas que la ameritan, desde mi punto de vista.

No es extraño que el Poder Judicial no participe en las asignaciones presupuestarias, ya que lo hacen los poderes del Estado que representan la soberanía popular: el Parlamento y el Ejecutivo. Por lo demás, en doctrina constitucional, así es en todos los países democráticos del mundo.

La independencia y soberanía del Poder Judicial para cumplir con las funciones que le son propias están garantizadas por la Constitución; las funciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son otras. De manera que no es un hecho negativo que el Poder Judicial no participe en el estudio y fijación del Presupuesto Público. El Parlamento y el Poder Ejecutivo, en último término, responden ante el pueblo si en una actitud o comportamiento mezquino fijan el día de mañana fondos insuficientes para la labor del Poder Judicial; pero un principio básico del ordenamiento democrático indica que los presupuestos de las naciones corresponden a los poderes del Estado que emanan de la soberanía popular.

Los Diputados señores Molina y Campos señalaron que el piso se transforma en techo por una cuestión de orden práctico. Es perfectamente posible que en el Parlamento, por ejemplo, el día de mañana, con el fin de abordar una situación extraordinaria; exista ambiente para hacer un aporte de fondos al Poder Judicial superior al del año anterior. La norma se traduciría en un factor de inhibición para el Parlamento, por el solo hecho de que la asignación sería automática en la Ley de Presupuestos del año, independiente de la marcha de las finanzas de la Nación.

La flexibilidad del presupuesto y la facultad del Congreso de aumentar o de reducir dicen relación, precisamente, con la sanidad fiscal en materias financieras, porque si fijáramos a todas las instituciones de cierta relevancia un piso permanente, podríamos caer en déficit fiscal. ¿Qué pasaría si mañana, porque la economía no marcha bien, no hay recursos para mantenerles el piso que se establecería a algunas instituciones por disposición de ley orgánica? ¿Recurriríamos a la emisión de dinero o a créditos externos? ¿Alteraríamos los balances macroeconómicos con el propósito de cumplir la ley?

En consecuencia, la observación de los Diputados señores Molina y Campos nos inclinó en la Comisión a no compartir el criterio de quienes propugnaron la indicación, por un asunto de carácter práctico y de sanidad fiscal. Se habla mucho de que el Estado tiene que administrarse con eficiencia; pero así como ninguna empresa fija sus gastos ad altemum, en función de los del año anterior, sino en relación con sus ingresos y posibilidades, el Estado los establece de acuerdo a las posibilidades del país.

Por último, el pueblo es soberano para resolver respecto de prioridades. A lo mejor, un año la prioridad puede estar en el Poder Judicial o en las Fuerzas Armadas, y no el que quiere un determinado sector político. De modo que la observación formulada es muy importante para el Poder Judicial.

Para terminar, haré mención a lo que ocurre con el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Si el Diputado señor Ribera conversara con las personas encargadas de ellas, con los Generales, advertiría que tienen un criterio distinto al suyo. Las Fuerzas Armadas se han visto perjudica-das por tener un piso en el Presupuesto dé la Nación, debido a que hay reticencia en aumentarlo, por la sencilla razón de que cualquier cambio pasa a ser de carácter permanente.

Por eso, desde el punto de vista práctico, es un error insistir en esta indicación, que, por lo demás, se aparta de nuestra tradición jurídica y de la de todos los países democráticos, en cuanto al ejercicio por cada poder del Estado de las funciones que le son propias. El hecho de amarrar las decisiones de los poderes soberanos para fijar cuestiones tan trascendentes como los asuntos de tipo presupuestario conlleve una noción de desconfianza permanente hacia los Poderes Legislativo y Ejecutivo.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Puede continuar el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, la indicación se refiere al piso mínimo para el funcionamiento del Poder Judicial, y la intención está claramente manifestada. Queremos que se garantice su funcionamiento mediante un piso indiscutible, sin perjuicio de que el Estado puede transferirle bienes o capitales sin tocar la disposición aludida por el Diputado señor Schaulsohn.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, si se revisan las declaraciones y discursos de todos los Presidentes de la Corte Suprema de los últimos veinte años, veremos que ellos jamás se han referido a la fijación del piso mínimo como aspiración del Poder Judicial. Por el contrario, siempre han reclamado autonomía financiera, punto absoluta-mente distinto al que plantea la indicación.

En segundo lugar, se ha dicho, con razón, que el piso mínimo significa, en la práctica, una verdadera congelación, y es así, porque si la economía del país crece, el Poder Judicial no se beneficia. Es lo que sucede con el presupuesto de las Fuerzas Armadas: crecen en forma nominal, por-que la moneda es del mismo valor; o sea, el valor se corrige monetariamente, pero el gasto no aumenta en proporción con el crecimiento del país. Por lo tanto, si el desarrollo económico es eficiente, como el actual, el Poder Judicial se perjudica con la indicación del Diputado señor Ribera.

Por otro lado, como también se ha dicho, ningún precepto constitucional fija el piso mínimo para un órgano del Estado; ni siquiera para el Congreso Nacional y mucho menos para el Ejecutivo. En con-secuencia, ¿a título de qué se introduciría en nuestra Carta Fundamental una especie de reivindicación gremial que llevaría a los efectos perjudiciales que estoy señalando? Esta materia puede quedar en leyes orgánicas, pero no en la Carta Funda-mental. Si se revisan los gráficos relativos al aporte fiscal real al Poder Judicial, se observa que en 1981 fue superior a 17 mil millones de pesos, pero cayó a casi 11 mil millones de pesos en 1983. En 1991, se recuperó y llegó a más de 15 mil millones de pesos. De manera que en estos dos años el Poder Judicial ha tenido un aumento efectivo, sin necesidad de modificar la Carta Fundamental.

Por último, es responsable la circunstancia de que esta indicación haya sido presentada a todos los jueces de la República, mediante cartas en que se les señaló que, incluida en la reforma de la Constitución, poco más o menos, resolvería el problema económico del Poder Judicial. Todos sabemos que esta actitud es demagógica y no corresponde a ningún efecto real de mejoramiento.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ha llegado a la Mesa una petición de cierre del debate, de parte del Comité Demócrata Cristiano.

Si le parece a los señores Diputados, se clausurará el debate.

No hay acuerdo.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 8 votos. Hubo 12 abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Clausurado el debate.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

En votación la indicación renovada.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado; por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 70 votos. Hubo 6 abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Rechazada.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, la discusión de las indicaciones permite referimos también a dos temas fundamentales: la independencia del Poder Judicial y la designación de los ministros de la Corte Suprema.

El 7 de enero del año en curso, a través de todos los medios de comunicación, mientras este proyecto se discutía en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, en la cual a mi juicio, intentó in-fluir en la decisión del Poder Legislativo, el Presidente de la Corte Suprema sostuvo que esta forma, a través de la designación que se proponía de los miembros de la Corte Suprema, afectaba la independencia del Poder Judicial, una de sus bases fundamentales y agregó que "en los momentos presentes se siente seriamente amenazada, mediante el estudio de reformas que se denominan del Poder Judicial", pero que estaban "sólo destinadas a destruir la actual organización de la Corte Suprema", mediante "la introducción de un tercio de ella con abogados extraños a la carrera judicial y de otros actos de origen netamente políticos".

Nos ha parecido oportuno salir al paso hoy de esas afirmaciones del señor Presidente de la Corte Suprema, que en variadas ocasiones las ha repetido sin que hayan sido debidamente contestadas en la Cámara.

Consideramos inaceptable que el Presidente de la Corte Suprema, es decir, el jefe de otro poder del Estado intervenga tan directamente en la discusión que rea-liza el Poder Legislativo. Por lo demás, son profundamente equivocadas sus apreciaciones de que, en este caso, por alterarse la designación o los mecanismos de designación de los miembros de la Corte Suprema, se estaría sometiendo a una injerencia política al máximo tribunal de la judicatura.

Las bases institucionales sobre las que descansa la estructura del Poder Judicial son la independencia, la inamovilidad, la forma de nombramiento y la responsabilidad de los jueces, agregándose, última-mente, dos requisitos: la inexcusabilidad y el imperio.

La independencia del Poder Judicial está asegurada en la Constitución por el artículo 73 de la Constitución, cuyo texto conocen muy bien los señores parlamentarios. Un complemento fundamental de ella es la inamovilidad, establecida en normas constitucionales que reiteran las consagradas en las constituciones de 1833 y de 1925. Pero se puede sostener categóricamente que la forma de nombramiento de los magistrados y, en especial, de los ministros de la Corte Suprema, no tiene ninguna vinculación real, como lo que ha sostenido un destacado constitucionalista, con la independencia del Poder Judicial.

Existen varios sistemas de nombramientos. Unos van desde la elección de los magistrados por votación popular; otros, a través de la autogeneración, y otro, mediante la intervención de varios poderes simultáneamente en esas designaciones; pero ninguno de ellos altera la independencia de un hombre probo y decente que debe ejercer como magistrado.

En consecuencia, se equivoca profundamente quien sostenga que por intervenir el Senado de la República en la designación de los ministros de la Corte Suprema, se está intentando manipularla, interna y políticamente.

En la Constitución de 1833 el Consejo de Estado tenía como misión, de acuerdo con su artículo 102, designar a los miembros del Poder Judicial. Y la composición del Consejo de Estado de la Constitución de 1833 era eminentemente política y se hacía a través de funcionarios tales como ministros y gobernadores, y de oficiales de agencias, miembros del poder eclesiástico y de ministros de despacho. Sin embargo, a lo largo de su vigencia nunca se escuchó que existiera injerencia política en la designación de los altos magistrados, y tampoco sucedió algo así a raíz de las sucesivas reformas de que fue objeto. Lo mismo ocurrió con la Constitución de 1925. De tal manera que con hacer intervenir a un poder distinto de la Corte Suprema, que actualmente actúa por cooptación, se perfecciona una norma de independencia del Poder Judicial, más que ponerla en peligro. Lo mismo se puede decir con la designación de personas extrañas a la judicatura.

Nadie -sustenta don Enrique Evans- podría afirmar que se altera la independencia del Poder Judicial porque se de-signen personas extrañas al mismo en el ejercicio de las funciones de la Corte Suprema. Sostiene: "No se divisa razón alguna que justifique una oposición a esa incorporación de abogados ajenos a la judicatura, a la Corte Suprema". Hay di-versas materias constitucionales, administrativas, tributarias, económicas, como legislación antimonopolios, inversión extranjera, ecología e informática y muchas otras, sobre las cuales el tribunal supremo de un Estado dé fines del siglo XX necesita contar -y algunos fallos lo demuestran- con conocimientos y experiencias diferentes de los tradicionales.

De tal manera que ha actuado bien la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y la Cámara al sostener que es indispensable integrar obligatoriamente un tercio de los magistrados de la Corte Suprema con abogados que, terminando su carrera como tales y dotados de alta experiencia y probidad, puedan enriquecer las discusiones y decisiones especializadas de la Corte.

Las indicaciones de los Diputados Ribera y Espina, que básicamente son lo mismo, intentan que la incorporación de un tercio extrañó a la Corte Suprema sea una facultad constitucional imperativa del Presidente de la República. Pero con ello se abre un gran peligro para que el procedimiento empleado se ponga en práctica.

Con esto se quiere crear un criterio en el Presidente de la República, para que, si lo estima conveniente, proceda a designar abogados extraños. Como ocurrió con la indicación anterior, lejos de cumplirse la finalidad que se persigue, se la está tergiversando, porque se entregaría al Presidente de la República un arma de manipulación interna sobre la Corte Suprema, puesto que tendría que recurrir al escalafón público que se indica en la disposición constitucional en discusión o no hacerlo y, en ese caso, designar abogados que no provienen del Poder Judicial; pero, entregado a su arbitrio.

La norma actual obliga a una composición estable de la Corte Suprema, al señalarla en el texto constitucional, impidiendo que el poder del Presidente de la República determine la ecuación, y, de esta manera, resguardar claramente la independencia e inamovilidad de los ministros.

Tanto los términos de la indicación del Diputado Ribera, que la establece en forma excepcional, como los de la del Diputado Espina, que elimina la excepcionalidad, pero dejando en manos del Presidente de la República una discrecionalidad, a nuestro juicio peligrosa, nos llevan a rechazarlas y esperamos que así lo haga la Cámara.

Gracias, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el proyecto de reforma constitucional que estamos conociendo constituye uno dentro de un conjunto de iniciativas que le corresponderá conocer a esta Cámara para modernizar la administración de justicia. Hago este alcance por cuanto la ciudadanía podría pensar que todo el debate de la Cámara de Diputados en relación con el proyecto del Poder Judicial está exclusivamente limitado a la forma cómo se designan los miembros de la Excelentísima Corte Suprema. De esa forma, aparece desvinculado de las necesidades que diariamente siente la población respecto de la administración de justicia. Sabemos que sólo un número muy pequeño de conflictos llega al Poder Judicial. La inmensa mayoría de los problemas de relevancia jurídica que afectan a los ciudadanos no están vinculados ni relacionados con las normas que modifican la composición de la Corte Suprema.

Es muy importante, entonces, precisar que hoy en esta materia estamos discutiendo uno de los proyectos de ley que esta Honorable Cámara deberá conocer en el transcurso de este año y que los otros abordarán materias relativas a procedimientos judiciales, mayor número de tribunales, creación de tribunales vecinales, etcétera.

Es evidente que los problemas que afectan al Poder Judicial son muchos más que los que estamos discutiendo aquí, pero, en nuestra opinión, inequívocamente, esta reforma contiene, a lo menos, cuatro grandes avances en lo que dice relación con ellos. En primer lugar, fortalece su independencia. En segundo lugar, eleva el nivel de eficiencia de los magistrados, al crear la carrera funcionaría con nivel constitucional. En tercer lugar, perfecciona la interpretación integral del Derecho, al permitir la incorporación de personas extrañas al Poder Judicial y, en cuarto lugar, impide, o al menos limita, el uso abusivo de una facultad disciplinaria de la Corte Suprema, la cual regularmente se traduce en una dilación de los procesos penales.

Entrando derechamente en las indicaciones, se ha sostenido que la participación del Senado en la incorporación de personas extrañas a la carrera judicial afectaría la independencia del Poder Judicial y contribuirían a su politización. Pretendo demostrar que ocurre exactamente lo contrario con la modificación de que conoce la Cámara de Diputados.

En mi concepto, lo que se hace es fortalecer la independencia del Poder Judicial y perfeccionar el funcionamiento de la Corte Suprema.

Nuestro ordenamiento jurídico, como bien lo señalaba el Diputado señor Molina, contempla cuatro principios claves en las bases de la institucionalidad respecto del Poder Judicial: la independencia, la inamovilidad, la forma del nombramiento de los jueces y la responsabilidad de estos últimos.

La Constitución de 1980 incorporó dos nuevos elementos. La inexcusabilidad, esto es que los jueces no pueden excusarse de administrar justicia, aun cuando no exista una norma que lo permita; y el imperio, esto es que los fallos de los tribunales de justicia se ejecutan y se cumplen recurriendo a la fuerza pública, cuando así fuere necesario.

Nuestra historia ha demostrado que no es la primera vez que en Chile se recurre a un procedimiento en el que interviene un elemento ajeno al Poder Judicial para el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema. Como se ha precisado el Consejo de Estado participaba según la Constitución de 1833, en el nombramiento de los Ministros de la Corte Suprema, y nadie en aquel entonces, ni la historia lo señala, manifestó que se afectaba por ese hecho el funcionamiento de la Corte Suprema. Incluso más, como recuerda don Enrique Evans en un artículo publicado hace algunos meses, don Manuel Montt fue Presidente de la Corte Suprema antes de acceder a la primera magistratura de la Nación, y nadie sostuvo que su gestión fue realizada al margen de la legalidad y de la independencia.

Ahora bien, otro elemento que demuestra que no es exacto que la participación del Senado pueda perturbar el funcionamiento de la Corte Suprema es el siguiente: esta Constitución, como las anteriores, hace acusables a los jueces a través del juicio político cuando se les comprueba notable abandono de sus funciones. Sin embargo, hasta la fecha, no hay casos en los cuales se pueda decir que, a pesar de que esta propia Cámara de Diputados pudiere remover a un juez por razones políticas, se haya actuado con irresponsabilidad en esta materia.

De manera que la sola circunstancia de que un poder político participe en la forma de designar a los miembros de la Corte Suprema no constituye, en sí misma, un elemento que pueda afectar la independencia del Poder Judicial.

Veamos qué dice el proyecto respecto de estos dos aspectos controvertidos: la participación del Senado y la incorporación de personas extrañas al Poder Judicial.

En este momento, los ministros de la Corte Suprema son elegidos de una quina que confecciona la propia Corte Suprema, de la cual el Presidente de la República escoge a un ministro. Actualmente, ¿existe en el alto tribunal un criterio de calificación real de los ministros incluidos en la quina? La verdad es que no hay un criterio claro y definido para determinar los ministros que la integrarán.

¿Por qué digo esto? Porque la inmensa mayoría de los ministros de corte están calificados en lista uno, y sólo una minoría aparecen en las listas dos o tres. Por lo tanto, no hay una verdadera carrera ni escalafón que permita saber claramente que los mejores jueces integrarán la quina de la cual el Presidente de la República escogerá al ministro de la Corte Suprema.

¿Qué hace el proyecto? Veamos si me-jora la situación actual o la empeora. El artículo 75 del proyecto crea la carrera funcionaría, con rango constitucional; esto es, establece que una vez al año se debe formar un escalafón de méritos sobre la base de diversos criterios que se fijarán en una ley orgánica: por la antigüedad en el ejercicio de su cargo, por la eficiencia de los jueces -lo que se mide por los números de recursos de queja que se han aceptado en contra de sus resoluciones-, por la calidad de sus fallos, por la experiencia y por su eficiencia. Además, constituye una sentida aspiración de los jueces el que, de una vez por todas, la carrera funcionaría tenga rango constitucional.

El proyecto incorpora dos requisitos adicionales en la carrera funcionaría. El primero exigir que la calificación sea pública, y, el segundo, que ésta debe ser fundada.

Por lo tanto, es fácil aseverar que resulta inequívoco que nuestro proyecto favorece, mejora y perfecciona el funcionamiento de la Corte Suprema, considerando lo que existe actualmente.

Ahora bien, la iniciativa señala que dos tercios de los miembros de la Corte Suprema serán funcionarios de carrera, es decir, jueces de carrera, y un tercio estará integrado por personas ajenas a la carrera judicial.

En el primer caso, los ministros de cortes de apelaciones que figuren en los dos primeros lugares de la lista de méritos ocuparán por derecho propio los dos primeros lugares en la quina y los otros tres se llenarán con los ministros que figuren dentro de los ocho lugares siguientes. De esa lista el Presidente de la República deberá escoger el nombre de la persona que posteriormente ratificará el Senado.

¿Qué ventajas presenta en relación con la norma actual? Primero, que se limita el eventual uso indebido por el Presidente de la República de la facultad que tiene actualmente de elegir, de la quina presentada, a los miembros de la Corte Suprema, a su discreción, sin ningún contrapeso de otro poder del Estado. Segundo, que la evaluación que deberá hacer el Senado no se efectuará arbitrariamente, sino en relación con los méritos y capacidades de los funcionarios designados.

En nuestra opinión, señor Presidente, la indicación que presentamos señala simplemente que el Presidente de la Re-pública puede escoger a un funcionario de carrera, un juez, para que ascienda a la Corte Suprema, o bien, a una persona extraña al Poder Judicial.

A nuestro entender, no existe razón para limitar esa posibilidad del Presidente de la República. Se podría llegar a una situación absurda: que existiera un juez de gran capacidad, y que, por encontrarse completa la nómina de los dos tercios de miembros del Poder Judicial, el Presidente de la República se viera impedido de nombrarlo, pues estaría obligado a recurrir a alguien extraño a la carrera judicial.

Nos parece que todo lo que signifique escoger al mejor juez, sea funcionario judicial o personas extrañas a ella, debe ser incentivado decididamente.

Por esta razón, estimamos que la indicación flexibiliza la intervención del Sena-do, como, asimismo, la que corresponde al Presidente de la República.

Por estas consideraciones, solicitamos a la Honorable Cámara que vote favorablemente la indicación presentada junto a los Diputados señores Teodoro Ribera y Raúl Urrutia.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la verdad es que estamos discutiendo un tema de trascendental importancia. En realidad, se trata del meollo de la reforma al Poder Judicial, sobre el cual tanto se ha hablado en los medios de prensa, y de lo más sustancial que queda del proyecto original. Es un debate que amerita ser tomado en serio por la Honorable Cámara, a pesar de que, por no haber almorzado, el hambre a todos nos embarga.

Escuché atentamente la intervención del Diputado señor Espina. Si uno la analiza, encontrará mucho mérito en sus afirmaciones; pero acá estamos frente a una definición de fondo, lo que me mueve a pronunciarme en contra de la indicación. No digo que las argumentaciones que se han dado no sean sólidas, porque lo son. Y cuando el Diputado señor Espina nos pone un ejemplo -como el que ha citado, de un magnífico y extraordinario magistrado que se ve impedido de acceder a la Corte Suprema porque no tiene cupo-, uno no puede menos que reflexionar. Pero como se trata de un problema de principios, debo decir que, desgraciadamente, no podemos legislar en función de ejemplos que, en su mayoría, son excepcionales. Debemos tomar una opción, y pienso que la mayoría de los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha tomado la correcta.

¿Qué es mejor para una sana administración de justicia al nivel de Corte Suprema? ¿Precaver eventuales situaciones de manifiesta injusticia que pueden marginar a un brillante ministro de la posibilidad de acceder a la suprema magistratura, o tener un sistema que garantice una interrelación de ministros que provienen de la carrera judicial con ministros que no proceden de ellas?

Es un problema de concepción fundacional de la Corte Suprema. Y en esta difícil opción, me quedo con el segundo criterio. Todos los países que tienen una administración de justicia dinámica, una Corte Suprema que está al corriente de los problemas y de las sensibilidades de la sociedad, que va evolucionando con los tiempos y que es capaz de representar de mejor manera el estado de ánimo, si se quiere, de la sociedad en el momento en que a esos magistrados les corresponde administrar justicia, han optado por un sistema de integración mixta o, derecha-mente, se han desvinculado del concepto de que el acceso a la Corte Suprema es fruto de una carrera.

La proporción establecida claramente en la iniciativa entre magistrados que provienen de la carrera judicial y otros, en un porcentaje que en este caso se fija en un tercio, que vienen de fuera es la mejor fórmula para garantizar una Corte Suprema dinámica, capaz de administrar justicia acorde con los tiempos. El principio que está en juego en este momento es el de la experiencia que aporta a la con-formación de la Corte Suprema el distinguido abogado o abogada que proviene del libre ejercicio de la profesión, que está al día en las transacciones comerciales más complejas, que conoce las nuevas tendencias del Derecho, porque las ha estado aplicando desde la óptica del profesional que ejerce, o, como bien me acota el Diputado señor Molina, el profesor de Derecho, que es un estudioso desde otra perspectiva. A lo anterior se agregan la serenidad y la sabiduría que le puede otorgar a un magistrado de la Corte Suprema el conocer por dentro el funciona-miento del sistema de la administración de justicia.

No sería partidario de un sistema que limitara la incorporación a la Corte Suprema de los ministros que provienen de la carrera judicial; pero tampoco soy partidario de mantener las cosas como están. La combinación de ambos, la savia fresca y altamente calificada que viene desde afuera junto con los magistrados también altamente calificados que vienen desde adentro, es un principio superior, que se debe garantizar por sobre la posibilidad cierta de cometer alguna injusticia durante la aplicación de esta ley.

Por eso, comprendiendo que las opciones son difíciles, creo que la Cámara hace bien, si así lo acuerda, en optar por un criterio claro

En segundo lugar, no puede ser discrecional, porque las normas de integración y de designación de un poder del Estado deben fijarse claramente en la ley y no quedar al arbitrio del Presidente de la República. Creo que el proyecto adopta el criterio más sano y razonable.

Por los motivos señalados, me manifiesto contrario a la indicación presentada por los Diputados de Renovación Nacional.

Y un último comentario. Hay una expresión que si bien utiliza la actual Constitución, no es menos cierto que aparece reñida con la esencia de la función de abogado. No se puede hablar de "abogados extraños a la administración de justicia". El hecho de que la Constitución vigente utilice esta terminología no debe llevar al Poder Legislativo a cometer el mismo error. Ningún abogado, por definición, es extraño a la administración de justicia. Por el contrario, somos parte de ella, coadjuvantes de la administración de justicia, sin ser funcionarios del Poder Judicial. En consecuencia, aun cuando para algunos sea un punto meramente semántico, dejo salvada mi responsabilidad en cuanto a que me habría parecido mejor utilizar una terminología diferente.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, nadie ignora que en Chile existe una crisis muy profunda en el Poder Judicial, de la cual hablan autores, abogados y también la opinión pública, como hay constancia clara de ello en la generalidad de las encuestas.

Creo que una parte importante de esta crisis se relaciona con el enclaustramiento de los miembros del Poder Judicial por el hecho de que a veces viven un poco o muy desconectados de la realidad y porque, en alguna medida, han llegado a constituir una casta cerrada dentro de nuestra realidad social. En tal sentido, esta enmienda a la Constitución tiende a abrir el Poder Judicial, expresado en su Corte Suprema, a savia nueva, especialmente a través de abogados que han ejercido activamente la profesión. Me parece que esta medida es sana y no tiene por qué ser lesiva para este poder del Estado, pues tenderá a hacer posible que viva más conectado con la realidad.

A mi juicio, esa desconexión se expresa en los aspectos social y cultural y en ciertos avances jurídicos, referidos éstos, por ejemplo, a las formas más modernas de interpretación de la ley, a las cuales normalmente la Corte Suprema ha rehuido o las ha desconocido.

Todo ello podría solucionarse, al menos en parte importante, con este sistema de abrir la Corte Suprema a profesionales que han ejercido activamente la profesión y que constituirían la savia nueva dentro del Poder Judicial.

Cuando el señor Presidente de la Corte Suprema fue invitado a nuestra Comisión, planteó que esto sería una verdadera ofensa a los ministros del alto tribunal -justamente es allí donde se quiere abrir la posibilidad a personas que vienen del ejercicio profesional- y señaló que constituiría un verdadero disparate, una insensatez. En verdad, y esto es conveniente que se diga, éste es el sistema que existe en prácticamente todos los países del mundo, al menos en los más adelantados jurídicamente. En nuestra Comisión se hizo referencia concreta a Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, España, Bélgica, Japón y a varios otros países.

El señor Presidente de la Corte Suprema, en su larga exposición -en la cual se refirió en dos oportunidades a una anécdota de tipo personal, muy respetable-, no pudo hacer alusión a ningún país en que exista este régimen de una Corte Suprema absolutamente cerrada a otras vertientes humanas o jurídicas que puedan enriquecer el Poder Judicial.

En ese sentido, es muy exacto lo ex-presado por el colega Espina, en el sentido de que este proyecto no tenderá a debilitar ni a politizar el Poder Judicial, sino, por el contrario, a fortalecerlo y a darle independencia.

Como muy bien lo han manifestado los colegas Molina y Schaulsohn, creemos que éste es un asunto de principios, esto es, que no debe circunscribirse al ejercicio de una facultad por el Presidente de la República o el Senado, que eventualmente colocaría en situación difícil a los ministros de cortes de apelaciones, sino que debe corresponder a un criterio aceptado por el legislador, de manera de dejar muy claramente establecido que dos tercios de los miembros de la Corte Suprema van a provenir de la carrera judicial, y un tercio de abogados que han ejercido libremente la profesión.

Podría hablar muy largamente -no lo voy a hacer- sobre el problema del aislamiento de la realidad por parte del Poder Judicial, lo que, a mi juicio, fue especial-mente dramático durante los 17 años de gobierno del General Pinochet. Allí existió, por ejemplo, un problema dramático para la sociedad chilena: la detención y desaparecimiento de personas.

Este problema fue planteado al Poder Judicial, concretamente a la Corte Suprema. No obstante que empezó a señalarse a fines de 1973 y que a partir de 1974, 1975 y 1976 la Iglesia Católica reiteradamente solicitó la designación de ministros en visita, la Corte Suprema se negó, en todas las oportunidades, a designarlos. Por primera vez reconoció la existencia de este problema social a principios de 1977, cuando designó un ministro en visita, hecho de mucha importancia, pues desde ese momento prácticamente terminó el problema de la detención y desaparecimiento de personas. Si no se hubiera producido este aislamiento tan grande de la Corte Suprema respecto de una situación tan dramática en la sociedad chilena, indudablemente habríamos tenido mucho menos víctimas.

Algo parecido podemos decir en cuanto al problema de los recursos de amparo. Se planteó reiteradamente por la Corte Suprema la existencia de una sentencia muy antigua de los tribunales que establecía la improcedencia de los recursos de amparo durante el estado de sitio.

Fue absolutamente incapaz de reconocer que estábamos frente a una nueva realidad, en que no había Parlamento que fiscalizara al Ministro del Interior ni detenciones arbitrarias ocasionales, sino un problema masivo de detención arbitraria de personas.

Es sorprendente que se hayan presentado aproximadamente 20 mil recursos de amparo y que, en definitiva, no se hayan acogido más de 4, 5, ó 6. Es sorprendente también que la Corte Suprema, justamente por desconexión con la realidad, haya sido incapaz de entender que el recurso de amparo debía ser un instrumento adecuado, de acuerdo con todas las convenciones internacionales, para defender no sólo la libertad de las personas sino también su integridad física. Me correspondió defender, por ejemplo, a personas que estaban 20, 30, 40 ó 50 días incomunicadas, y reiteradamente los tribunales declararon que el recurso de amparo no era procedente para poner término a incomunicaciones prolongadas. Cuando a éstas se agregaron acusaciones concretas de tortura, que después se comprobaron, se hizo más claro este absoluto aislamiento del Poder Judicial, en especial de la Corte Suprema, en cuanto a la realidad social vivida por el país.

Este es un nuevo ángulo que los señores Diputados deben considerar para ver lo importante que resulta que personas ajenas a esta casta un poco cerrada, que es el Poder Judicial, en un momento determinado contribuyan no a politizarlo, sino a enriquecerlo en un sentido jurídico y también en un aspecto de reconocimiento de la realidad.

Quiero terminar haciendo presente que esta desconexión de la Corte Suprema con la realidad vivida en Chile a partir de 1973 se ve muy claramente expresada cuando comparamos el documento, del cual brevemente voy a leer sólo dos párrafos, con realidades que nos tocan apreciar hoy a diario.

Cuando una moto pasa por el lado del auto del Presidente de la Corte Suprema, se reúne el Pleno y acuerda dirigir un oficio al Presidente de la República para representarle la gravedad de esa situación. '

Cuando se produce el desgraciado y condenable secuestro de Cristián Edwards, en 48 horas la Corte Suprema designa un ministro en visita, como lógicamente debía proceder.

Nada de esto se hizo a partir de 1973. Cuando una vez al año el Presidente de la Corte Suprema podía dirigirse a todo el país, concretamente a las autoridades, para plantearles esta realidad social delictual, de terrorismo de Estado existente en el país, no lo hacía, sino que, por el contrario, absolutamente desconectado de la realidad, asumía la defensa clara de la situación imperante.

De la exposición del Presidente de la Corte Suprema ante el Pleno de 1975, leeré dos párrafos muy cortos. Al comenzar, decía: "Como primera expresión declaro, con la veracidad que me exige la solemnidad de este acto, que los Tribunales han continuado actuando con la independencia que les confiere la ley, según su real saber y entender, ajenos a toda intromisión del Gobierno que ahora rige al país; pudiendo agregar que, con posterioridad a los hechos ocurridos en septiembre de 1973, las resoluciones de los Tribunales han sido cumplidas, sin excepción alguna, cuidando el Poder Ejecutivo de no menoscabar, ni en lo más mínimo, la autonomía, derechos y prerrogativas de los funcionarios judiciales.".

Esto revela un desconocimiento absoluto de lo que estaba sucediendo en aquellos días.

Respecto de los abogados que interponíamos recursos de amparo, la Corte Suprema nos calificaba en forma muy injusta e injuriosa, y expresaba, concretamente: "La Corte de Apelaciones de Santiago, y esta Corte Suprema han sido abrumadas en su trabajo con los numerosísimos recursos de amparo que se han interpuesto con pretextos que se suponen absolutamente subalternos.".

Es decir, cuando durante diecisiete años se detenía a miles y miles de personas, cuando había un promedio de tres actos de terrorismo de Estado con resultado de muerte por semana -ése es el término medio- la Corte Suprema, desconectada absolutamente de la realidad, reaccionaba en esta forma.

Y terminaba su exposición el Presidente de la Corte Suprema, expresando textualmente: "En cuanto a torturas y a atrocidades de igual naturaleza, puedo afirmar que aquí no existen paredones ni cortinas de hierro, y cualquiera afirmación en contrario se debe a una prensa proselitista de ideas que no pudieron ni podrán prosperar en nuestra patria". Señalaba, también, que malos tratos no han existido y que "la detenciones expedidas" han sido en procesos legalmente tramitados o en virtud de facultades especiales dadas por el estado de sitio.

He querido referirme específicamente a una experiencia histórica porque estimo que es muy aleccionadora, muy ejemplarizadora de lo que sucede cuando un Poder Judicial se constituye en una casta cerrada que vive al margen de la realidad.

Por eso, la solución que en definitiva se ha dispuesto en nuestra Comisión es buena para el prestigio del Poder Judicial y para Chile y está de acuerdo con los criterios aceptados prácticamente en la totalidad de las legislaciones más avanzadas en todo el mundo.

Por eso, soy contrario a la indicación que hace facultativa esta posibilidad de designar abogados que no conforman el Poder Judicial y partidario de aceptar el criterio de la mayoría de la Comisión -casi unánime-, para que sea obligatoria la integración de un tercio de los miembros de la Corte Suprema con abogados que han ejercido libremente la profesión.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Me guío por la nómina de las personas inscritas.

Tiene la palabra el señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, este tema es de la más alta trascendencia. Dice relación, nada menos, que con la administración de justicia, con los derechos de las personas, con la paz y la tranquilidad públicas.

En doctrina, en derecho comparado, existen diversos sistemas para estructurar la generación del Poder Judicial: nombra-miento de los magistrados por elección popular; por designación del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo; autogeneración o sistema de cooptación, y sistema mixto, en que se acepta la intervención de dos o tres poderes del Estado.

Para ir directamente al fondo de la materia en discusión, ¿cuál es la razón por la que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone que dos tercios de los miembros de la Corte Suprema sean nombrados de entre los ministros de cortes de apelaciones y el tercio restante de entre abogados extraños a la administración de justicia? ¿Por qué motivo se establece, en forma obligatoria, que un tercio de sus miembros no provendrán estrictamente de la carrera judicial y serán abogados que han ejercido su profesión con calidad y excelencia?

Se dictan las normas jurídicas y, sobre todo, las reformas constitucionales en consideración a una determinada realidad. A Chile le correspondió vivir como magistralmente lo señaló Andrés Aylwin, una realidad extraordinariamente dramática, que afectó el alma de nuestro país, el alma de la nación chilena. Se abrieron grandes heridas. Sin embargo, se ha lo-grado construir un camino hacia el futuro. Pero, frente a esas heridas y a esa realidad, desgraciadamente la Corte Suprema no cumplió con su misión esencial: resguardar los derechos de las personas.

Si analizamos esto ahora, cuando han transcurrido 10, 13, 14, ó 16 años de los hechos que comentamos, uno de los puntos que aflora como causal o fundamento de esa conducta de los ministros de la Corte Suprema es el aislamiento en el que se hallaban por el sistema establecido en la Constitución para su nombramiento, sin perjuicio de que, en mi personalísima opinión, ésa no constituye una excusa, bajo ninguna circunstancia. Es una explicación metodológica, sociológica, de por qué ocurrieron los hechos. Ellos forman, evidentemente, una estructura apartada de la sociedad.

El Colegio de Abogados realizó un congreso en 1987. Con posterioridad, su directiva nacional, a sugerencia especial de los directores afines con la UDI, los consejeros de la orden don Sergio García y don Felipe Montes, frente a la situación de la administración de justicia, emite una declaración pública que titularon "Crisis y superación de la administración de justicia". ¿Cuál era el diagnóstico que hacía el Colegio de Abogados? Representando la opinión, no me atrevo a decir unánime, pero sí sustancialmente mayoritaria del gremio, expresaba: "Existe una conciencia generalizada, entre aquellos ciudadanos que son o han sido partes, apoderados o abogados patrocinantes de litigios y entre ellos que de una u otra forma los han afectado determinadas resoluciones dictadas en ellos, que nuestro sistema judicial es ineficaz, producto de muchos factores, tales como procedimientos poco ágiles que en definitiva impiden que la justicia sea oportuna, falta de medios adecuados para una acción pronta, ausencia, en algunos casos, de funcionarios judiciales eficientes o independientes, delegación de las funciones del juez en funcionarios subalternos, que en algunos casos carecen de la formación adecuada, etcétera. En consecuencia, la falta de credibilidad se debe a un problema real del cual las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales no pueden seguir haciendo oídos sordos más aún si ya es un clamor general y cada vez más insistente, exigente y a veces hasta virulento.".

Y continúan los señores miembros del Directorio del Colegio de Abogados: "Más desorientaciones causan aún, actuaciones de la Corte Suprema, cuando recurriéndose a ella mediante recursos de queja, los cuales no todos sus miembros miran con simpatía, y conjuntamente con recursos de casación prefieren fallar la queja sin mayor fundamento, y negarse a fallar la casación que obliga al juez a fundarla, en circunstancias de que la Corte Suprema es por excelencia tribunal de casación, que fue establecido precisamente con el propósito de evitar que los jueces se apartaran de los textos legales y crearan normas jurídicas a su arbitrio.".

"Hemos visto en los tribunales superiores -añaden- la dilación en el conocimiento y en la dictación de los fallos. La vista de las causas tiene que esperar uno, dos -y agregaría tres- años. En cuanto al fallo de ellas, se dan casos en que Ministros tienen pendientes por años fallos de diversos recursos, incluso de aquellos que por su naturaleza requieren de una resolución casi inmediata. ¿Acaso esos Ministros pueden tener autoridad para amonestar a un inferior por la demora en la dictación de un fallo en tres o seis meses? Y si por lo mismo no sancionan a uno inferior por ello ¿cumplen con su deber? Y si lo llegaran a sancionar, ¿acaso el inferior que sabe de ello se siente sancionado?".

Y agregan: "Es un hecho conocido de todo el Foro que en la actualidad se utiliza cada vez más el acto conocido como "repaso" o "alegato privado", esto es, la conversación del abogado con el juez, no para pedir una actuación o diligencia sino para usar del influjo fuera de estrados, transgrediéndose así lo dispuesto en el artículo 320 del Código Orgánico de Tribunales, el que ordena a los jueces no dar oído a toda alegación que las partes, o terceras personas a su nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles fuera del tribunal. Sabido es que algunos jueces cumplen estrictamente con dicha disposición y que otros no lo harían. A tal punto que hoy día se busca para casos determinados cada vez más no al abogado sabio y recto, sino al influyente por amistad o parentesco con los jueces ante quien debe ejercer algún recurso. Es decir, el abogado a quien se le reconocen más posibilidades de éxito ante los tribunales, es el relacionador público con la consiguiente desventaja del abogado de provincia que no puede estar manejando el caso desde lejos, del de pocas relaciones o del joven de quien lo separan 40, 50 o más años del magistrado y, en consecuencia, no tienen posibilidad de amistad; y, lo que es más grave, se pretende obtener un fallo en razón de la influencia y no del derecho. Estas prácticas que en algunas ocasiones parecen tener éxito, en definitiva también le restan credibilidad al sistema judicial."^

El tema esencial que mencionaba Andrés Aylwin, relacionado con la interpretación de las leyes, fue el escudo formal que esgrimió la Corte Suprema para no acoger los recursos de amparo. ¿Qué dice el Colegio de Abogados? 'También preocupa profundamente el comprobar que, salvo honrosas excepciones, las resoluciones judiciales no tienen como principio informador básico consideraciones de justicia y equidad y no reflejan el ejercicio de las facultades conservadoras que resguardan las garantías constitucionales de todos los habitantes de la República. Por el contrario, la interpretación mecánica que se hace muchas veces de la ley, lleva a sacralizar un texto legal que implica entregar al gobernante el supremo poder de dictar cualquier norma legal y lograr su aplicación sin el discernimiento propio de la función judicial...".

"Todos los hombres de derecho -concluían- que se han dedicado a procurar una mejor administración de justicia, y en general los abogados cargamos con la frustración de ver como una vocación de servir a la justicia y colaborar a su administración, no puede cumplirse cabalmente, y pasan los años sin que las autoridades tomen conciencia que es imperioso y urgente una reforma global de nuestro sistema judicial, conciencia que, es necesario reconocer, no sólo no parece existir hoy día -se refería a los años de la dictadura-, sino tampoco en décadas pasadas. Lo que a comienzos de este siglo dijo para Italia el gran maestro Chiovenda es plenamente válido para el Chile de hoy. "Conviene decidirse por una reforma fundamental o renunciar a la esperanza de un serio progreso.".

Eso hizo, precisamente, el Supremo Gobierno. Presentó una reforma judicial que trata de dar al Poder Judicial una estructuración basada en los principios del derecho y en los principios democráticos.

Para lograr el acuerdo en la Cámara de Diputados y anticiparlo en el Senado, hemos llegado a un proyecto de reforma constitucional de consenso, que establece la reforma constitucional mínima que el país se merece para abrir las puertas a otros cambios más amplios en la estructuración de la administración de* justicia. De tal manera que cuando decimos que un tercio de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, lo hacemos con una fundamentación sociológica, histórica, política y cultural, basada en nuestra dramática realidad.

Por este motivo, protestamos enérgicamente en contra de los señores ministros de la Corte Suprema que se han referido en términos despectivos a la Cámara de Diputados e incluso se han sobrepasado, al hacer referencia al trabajo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

El señor Ministro de la Corte Suprema don Hernán Cereceda Bravo, en un artículo publicado en el diario "El Mercurio", titulado "Poder Judicial: Advertencias Desoídas", expresaba: "El entorno descrito amenaza con la consumación de un proceso que puede llegar a convertir en ley el ya no oculto interés político de supeditar a la Corte Suprema, en cuanto a su integración y jerarquía, transformándola en un organismo en la práctica dependiente de la Presidencia y del Senado de la República.".

Y agregaba: “En el penoso camino recorrido hemos podido apreciar la leve profundización que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados hizo del informe que sobre el proyecto de reforma emitió el más alto tribunal de la República.".

Eso no es efectivo, señor Presidente, porque nosotros, además de discutir el proyecto a lo largo de un año, acudimos a las universidades para analizar los estudios que durante mucho tiempo se hicieron en nuestro país. Lo hicimos con afecto, con cariño, con devoción, porque sabíamos que estábamos trabajando en una materia de carácter sustancial. En consecuencia, ningún ministro de la Corte Suprema puede argumentar lo que ha señalado el señor Ministro don Hernán Cereceda Bravo.

Por eso, también protestamos cuando añadía: "Lamentamos que nuestra voz no haya sido escuchada. El interés político de contrario es tremendamente más poderoso. Deploramos que el último afán del presidente de nuestra Corte Suprema haya caído en el vacío. En estas circunstancias sólo es posible precaver el mal volviendo a insistir ante la opinión pública que la mentada crisis del Poder Judicial no existe, salvo que por ella se entienda la absoluta carencia de tribunales.".

¡Es cierto que faltan tribunales en Chile! ¡Es cierto que es necesario crear mayor cantidad de tribunales! ¡Es cierto que es necesario aumentar las remuneraciones del Poder Judicial! También es necesario hacerlo con los restantes servidores del Estado y los trabajadores en general. Por este no es el nervio del asunto, no es el factor determinante de la realidad.

Cuando los señores Ministros de la Corte Suprema dicen que no existe crisis judicial, están reconociendo que se encuentran al margen de la realidad, porque la conciencia jurídica respetable señala que la crisis existe. No la hemos inventado los políticos ni los partidos políticos. De la crisis hablan, desgraciadamente, muchas muertes y muchos dramas personales.

Por estas razones, nosotros defendemos esta reforma judicial con vigor, con fuerza, con entereza, porque uno de los propósitos de la Concertación de partidos por la democracia, precisamente, es hacer un gran cambio en la administración de justicia. Esa es la experiencia que estamos recogiendo; esa es la experiencia que tenemos la obligación moral de plasmar de alguna forma durante el ejercicio de nuestra labor parlamentaria.

Nosotros estamos haciendo lo mínimo. Tanto drama en Chile merecía, por lo menos, una capacidad de acuerdo superior por parte de la Derecha. Sin embargo, trabajamos dentro de un marco constitucional determinado, con reglas del juego; nosotros las aceptamos. Pero pedimos que no nos encierren dentro de esas reglas del juego, que nos permitan hacer las cosas que la ciudadanía sabía que haríamos cuando llegara la democracia; que no nos cierren las puertas en el Senado, la mayoría del Senado no deje esta reforma judicial en nada, porque en eso se va a transformar si sustituimos "deberá" por un simple "podrá". Porque jamás se va a renovar el tribunal máximo y jamás se van a producir los cambios que esperan todos los funcionarios de la administración de justicia.

Se habla de independencia del Poder Judicial y los señores Ministros de la Corte Suprema dicen que van a venir influencias políticas desde afuera; pero, ¿qué reclaman los funcionarios de la administración de justicia? La independencia de adentro. No quieren sentir la presión del superior jerárquico para dictar los fallos. Tenemos pruebas fundadas de que estas influencias y presiones, en numerosas oportunidades, se ejercen respecto de los subalternos, quienes reclaman, en consecuencia, un grado de independencia superior. A través de esta reforma queremos fortalecer en la realidad la independencia del Poder Judicial. Tenemos admiración por el juez y por su función. El juez participa nada menos, en un acto casi divino: administra justicia. ¡Cómo no va a ser importante y cómo no vamos a valorar la actividad de la administración de justicia!

Sabemos que la mayoría de los miembros del Poder Judicial sus funcionarios, sus jueces y sus ministros son personas honestas, honradas; conocemos sus vidas modestas. Pero, en este tiempo, no podemos admitir que en la Corte Suprema se estructure un poder que se contrapone al poder soberano del pueblo. Aquí está expresada la mayoría del pueblo soberano y ella debe ser reconocida.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, no tiene sentido exponer argumentos ni plantear tesis, por cuanto en esta Sala, de ciento veinte Diputados, sólo estamos presente siete. Las intervenciones de fondo carecen de sentido. Esta situación me lleva a reflexionar que tenemos la obligación, como parlamentarios, de ir pronto a una reforma del Poder Legislativo, porque no puede continuar así. Estamos abocados, tal vez, a la reforma más importante de los dos años de este Gobierno; no existe otra más importante que ésta. Sin embargo, en la Comisión, de trece miembros, trabajamos en ella un promedio de siete Diputados.

Un proyecto del Gobierno sobre reforma constitucional del Poder Judicial se ha traducido en un texto entregado a los señores Diputados totalmente diferente, fruto del consenso a que llegamos. Enseguida, cuando a la Sala le corresponde tratarlo, discutir a fondo cada una de sus disposiciones, los Diputados no se encuentran presentes. Esto me hace pensar que el Poder Legislativo requiere de urgentes reformas; que todavía estamos viviendo en una época victoriana, donde el Legislativo tenía el poder político, económico, previsional, etcétera.

No podemos continuar así. La revista "Hoy" del día lunes menciona la crisis de los políticos; las encuestas señalan nuestra crisis. Cuando estamos abocados a reformar otro poder del Estado, tenemos la obligación de pensar en las reformas indispensables en el Legislativo.

¿Qué sentido tiene plantear una serie de observaciones en el segundo trámite reglamentario? Además de legisladores, aquí somos constituyentes, circunstancia que tiene mayor gravedad. Se trata de reformar la Constitución Política de la República, la ley fundamental.

Todos los argumentos que se puedan dar caerán en el vacío, porque, enseguida, regresarán los señores Diputados y votarán sin haber participado en la discusión.

Durante varios días -diría meses-, nos hemos preocupado de la Subsecretaría de Seguridad. En la Comisión, estudiamos a fondo el proyecto que elaboramos. A través de la prensa, me he impuesto que el Gobierno y la Oposición han llegado a acuerdo y presentarán uno nuevo, con modificaciones sustanciales. O sea, no somos nosotros los que estamos legislando; se está legislando entre partidos y Gobierno. Por eso, tiene mucha razón el Presidente de Italia cuando afirma que el sistema parlamentario no puede continuar y reclama para su República un poder ejecutivo fuerte.

Nos preocupa esta materia. Hace dos años, sostuvimos que la dieta de los parlamentarios debiera ser en proporción a las sesiones que asisten, como en cualquiera institución. Es necesario modificar la iniciativa y la calificación de las urgencias; modificar todo el sistema de trabajo de las comisiones y darles la asesoría suficiente. No pueden continuar estas discusiones sin sentido en la Sala, menos entre seis Diputados. Por eso, exclusivamente para los efectos de la historia de la ley, me permitiré hacer algunas observaciones al proyecto, referidas de manera expresa a la materia en discusión.

Estamos tratando la modificación del artículo 75 de la Constitución Política de la República. La norma actual para los efectos de integrar la Corte Suprema, señala expresamente, en la parte final de su inciso segundo: "pudiendo figurar personas extrañas a la administración de justicia.".

O sea, la Constitución contraría lo sostenido por el señor Presidente de la Corte Suprema y por muchos, en el sentido de que la integración de personas extrañas constituye una politización del Poder Judicial, al establecer que pueden ingresar a la Corte Suprema personas extrañas a la administración de justicia.

El proyecto señala una proporción expresa. El inciso segundo del artículo 75 que se propone, dispone: "Dos tercios de los miembros de la Corte Suprema serán nombrados de entre ministros de Cortes de Apelaciones, el tercio restante de sus miembros será nombrado de entre abogados extraños a la administración de justicia.". Frente a esto, la indicación del Diputado señor Ribera sostiene: "Excepcionalmente el Presidente de la República podrá nombrar, con acuerdo del Senado, ministros de la Corte Suprema que no provengan del Poder Judicial,". Y la indicación del Diputado señor Espina señala: "El Presidente de la República podrá nombrar...". En consecuencia, por el tenor literal, ambas indicaciones son improcedentes porque se oponen al inciso segundo del artículo 75 -cuya modificación no han solicitado- que habla expresamente de "dos tercios y un tercio". Ambas indicaciones son improcedentes porque pasarían a ser potestativas y quedaría sin aplicación la norma general aprobada por la Comisión, respecto de la cual no existe ninguna proposición.

Existen razones de peso para admitir a miembros ajenos al Poder Judicial. Ellas fueron debatidas en la Sala en general y en particular en la Comisión; no tiene sentido insistir.

Señor Presidente, las indicaciones son improcedentes; no corresponden ni modifican el actual artículo 75. Esto debe llevarnos a rechazarlas y a aprobar la redacción propuesta.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, me sumo al planteamiento del Diputado don Hernán Rojo, en cuanto a la profunda decepción que debe sentir la ciudadanía y el Poder Judicial, en particular, por el hecho de que estemos discutiendo una reforma tan trascendente para la vida del país prácticamente entre siete u ocho parlamentarios. El ideal de justicia distingue al ser humano y, por ello, en una reforma constitucional que impide en la estructura orgánica y funcional de la savia de su administración, los chilenos, la comunidad nacional tienen el legítimo derecho de exigirnos nuestros mejores esfuerzos y capacidades, porque, en definitiva, estamos operando sobre una condición distintiva del hombre como ente vital. Dicha comunidad puede preguntarse si acaso estamos haciendo el verdadero esfuerzo, si acaso la Cámara de Diputados está usando todas sus capacidades para entregar al país una estructura judicial que responda a los anhelos de la ciudadanía. La respuesta a esta inquietud quizás la puede dar esta Sala vacía.

La reforma que hoy analizamos y discutimos no resuelve ninguno de los problemas que el Diputado señor Bosselin expresó al leer un acuerdo del Colegio de Abogados. El mecanismo de designación de los miembros de la Corte Suprema, meollo de esta materia, ha adquirido mayor relevancia en el debate suscitado a raíz de los proyectos enviados por el Ejecutivo y relegado a nivel secundario aquellos exclusivamente técnicos, que inciden de manera más clara en los resultados efectivos de la administración de justicia para las grandes mayorías nacionales.

Es preciso hacer hincapié en este punto y conocer el porqué de este grado tan marcado de relevancia comparativa. En nuestra opinión, este rasgo demuestra que los sectores políticos tienen mayor preocupación por los problemas propios del poder del órgano jurisdiccional dentro de la estructura del Estado, que por los resultados verdaderos de la labor judicial para la generalidad de quienes acuden a ella en demanda de justicia, puesto que raramente se ven influidos por aquellos.

El grado de relevancia que adquiere la temática' en análisis resulta desde todo punto de vista anómalo y, por provenir tal anomalía de estamentos políticos, demuestra con evidencia que éstos -nosotros- deben mezclarse lo menos posible en materias de justicia.

Lo que decimos es coherente también con la circunstancia de que los sectores políticos se han inclinado por aumentar su propia participación en el mecanismo de designación de los miembros de la Corte Suprema.

Expresamos una advertencia de principios que nos causa profunda preocupación, tanto por incidir en un aspecto extremadamente delicado para la obtención de la completa independencia, imparcialidad y objetividad en los tribunales de justicia, cuanto por los resultados efectivos que la reforma en análisis pueda tener en los problemas judiciales habituales, permanentes y cotidianos de la ciudadanía.

Bien decía el Diputado señor Bosselin que ante el mecanismo de designación de los ministros de la Corte Suprema tenemos varias alternativas. Una es la designación de los magistrados por elección popular, sistema propio de los Estados Unidos y ajeno a nuestra tradición jurídica, a la iberoamericana y a la europea, en general.

El mecanismo de elección popular, como ventaja fundamental, presenta los mayores grados de legitimidad de los magistrados ante la mayoría de la opinión pública; pero, como desventaja, en el mismo orden de ideas, dicha legitimidad puede ser belicosamente disminuida en las minorías perdedoras en las elecciones respectivas. Además, introduce a los jueces en las condiciones sicológicas y operativas propias de toda elección pública, que pueden llevarlos a involucrarse en actividades y tendencias políticas orgánicas. Este mecanismo es ajeno a nuestra idiosincrasia y sus riesgos son enormes, lo que conduce a que lo descartemos de plano.

Otro mecanismo es la generación dentro de la propia estructura judicial, en su grado jerárquico más alto, que se conoce como autogeneración. Tiene la ventaja de desligar a los jueces -que por esencia han de ser personas fundamentalmente imparciales y objetivas- de los titulares de •las funciones políticas, campo este último en el cual hay humana y marcada tendencia a la parcialidad y a la subjetividad. Pero este sistema presenta una serie de desventajas muy importantes y que conocemos desde antiguo. Una de ellas es que da lugar a vicios propios de estructuras humanas autogenerativas, como el nepotismo y otros similares.

Otro demérito, conceptualmente relevante, consiste en que quedan designados sujetos que manifiestan la voluntad del Estado en sus decisiones judiciales, a través de organismos ajenos a la voluntad popular, lo que conduce o puede conducir a una decadencia de la legitimidad ante los destinatarios de dichas decisiones, factor que resulta peligroso para la conservación de la estructura del Estado y la paz social.

En función de estas razones sumaria-mente dichas, parece obvio que el mecanismo que más se ajusta a la satisfacción de las necesidades involucradas en esta temática ha de ser mixto y, a nuestro juicio, debe reunir los siguientes requisitos.

En primer lugar, debe tener un origen de tipo judicial, a manera de proposición plural, que permita una evaluación técnica por los entes más capacitados al efecto y que impida una subordinación a la autoridad política.

En segundo lugar, debe tener una complementación en el mecanismo de designación que provenga del estamento político, cuya autoridad emane de la voluntad popular, con el objeto de impedir los vicios propios de la autarquía judicial y de otorgar a los magistrados la legitimidad de poder propia de quien o quienes han sido elegidos por el pueblo.

Efectuada esta definición teórica, el problema consiste en la determinación de la identidad de la autoridad política que complementa el origen judicial de la designación, así como la modalidad de la misma. Este es el punto de quiebre de esta problemática.

¿Cuál es la posición de la UDI al res-pecto? Conceptualmente, como hemos dicho, la introducción de estamentos de poder en esencia políticos presenta la ventaja de otorgar legitimidad pública a los titulares de la potestad jurisdiccional. Por este motivo, descartada la elección popular de los jueces, la participación del poder político en la designación de los más altos magistrados resulta ineludible dentro de un régimen democrático. Además, esa participación elimina o atenúa las posibilidades de existencia de los vicios propios de los mecanismos de ‘auto- generación.

Sin embargo, esta participación política presenta el grave riesgo de involucrar, en mayor o menor grado, a los jueces en la contingencia política, toda vez que su designación queda decisoriamente sujeta a esa clase de autoridades, al menos en una etapa. Con ello se afecta su prescindencia política orgánica -que no podemos confundir con una enajenación cívica, como algunos de manera equivocada sostienen-, su independencia y, en último término, su imparcialidad y objetividad en el juzgamiento.

Todo indica que al definir el mecanismo de participación de la autoridad política en la designación de los miembros de la Corte Suprema, ha de tenerse presente este riesgo y atenuarlo al máximo.

Una consideración básica lleva a estimar que mientras más autoridades de tipo político se encuentren involucradas, mayor es el riesgo mencionado.

Otra consideración importante es que en nuestra tradición democrática la figura de la más alta autoridad política, la del Presidente de la República, alcanza grados de alguna ecuanimidad y objetividad propios de sus grandes responsabilidades. Estos grados han sido históricamente demostrados, incluso en situaciones políticas un tanto críticas. Por el contrario, estas características no siempre se encuentran presente en los cuerpos parlamentarios. La historia política nacional da sobrada cuenta de ello. Muchas disputas de menor calibre se han suscitado en estos organismos con una frecuencia de cierta importancia.

Así las cosas, la participación del Presidente de la República, como autoridad política, en el mecanismo de designación en estudio, es la que presenta menores riesgos desde este punto de vista.

La situación vivida en los últimos años no puede tomarse como base de análisis, por cuanto corresponde a una etapa en que el estado de derecho no se vivió en su integridad adecuada, y porque las últimas designaciones corresponden a un gobierno que llevaba un lapso de ejercicio excesivamente extenso, circunstancia que, de hecho, y por imperativo constitucional, no puede repetirse en normalidad institucional, que es la que analizamos.

En resumen, creemos que la designación de los miembros de la Corte Suprema ha de provenir de una proposición plural de aquella, resuelta por el Presidente de la República, porque esta última participación política cumple con los requisitos deseados y minimiza el riesgo ya explicitado.

Es fácil concebir que la participación de un cuerpo parlamentario puede conducir a contactos y a negociaciones indeseables, propias de los defectos de todo ser humano, ya sea entre candidatos al nombramiento y los sectores políticos, bien sea entre estos últimos, para el arribo de los quorum requeridos. Esta situación debe analizarse en una perspectiva de realidad y no meramente teórica. Es claro -en esta misma óptica sociopolítica- , que en un cuerpo colectivo las responsabilidades se diluyen con cierta facilidad, lo que conduce a una mayor posibilidad de incursión en conductas inadecuadas, lo que no ocurre en el órgano de la Presidencia de la República. Y estos riesgos no pueden aceptarse por la gravedad de su eventual concreción para la sanidad de la estructura jurisdiccional, que tiende a la realización del ideal de justicia, probablemente uno de los más importantes de la comunidad y de la humanidad misma.

Ahora bien, en cuanto a la proposición plural de la propuesta judicial, debe regularse con mayor publicidad y objetividad el sistema de calificación de los magistrados, y vincular aquella con la proposición en cuestión para asegurar que arriben al más alto tribunal los jueces más capacitados. Esa regulación debe asegurar una evaluación netamente técnica, razonada, fundada y objetiva.

También me quiero referir a la integración de la Corte Suprema con un tercio o hasta un tercio de ministros que provengan del ámbito externo del Poder Judicial, que es la indicación que discutimos, entre otras.

Mi primera observación, como ya lo planteamos en la discusión general, consiste en que esto tampoco es una cuestión relevante para la solución de los problemas judiciales de las grandes mayorías nacionales. Estamos en presencia de una cuestión que es simplemente de poder, sin connotación positiva alguna y que ha quedado manifiestamente claro en las intervenciones de quienes están de acuerdo con ella. Luego, la integración del más alto tribunal con abogados externos a la carrera judicial es importante en la medida en que puedan llegar a esa instancia criterios distintos y renovadores en la interpretación jurídica.

Esa es una aseveración discutible. Desde luego, no se ve por qué esta renovación no pueda también provenir de abogados distinguidos formados en la propia carrera judicial. En esta idea hay una especie de discriminación odiosa y arbitraria con los jueces de carrera. En otros términos, estos criterios externos llegan suficientemente a la administración de justicia a través de la institución de los abogados integrantes, que bien empleada, puede rendir los mejores frutos.

Por otra parte, y relacionando esta materia con el escaso atractivo de la carrera judicial diseñada por el Estado chileno, me parece que el texto aprobado y las indicaciones agravarán todavía más el evidente desinterés de los nuevos abogados hacia ella, puesto que se restringen las posibilidades de ascenso a la calidad de ministro de la Corte Suprema por las vías normales, en la medida en que la iniciativa propone que los miembros de origen externo sean nada menos que un tercio de los ministros de la Corte Suprema o, como lo plantea la indicación, hasta un tercio.

Finalmente, la idea de que estos miembros sean designados directamente por el Presidente de la República, me parece sencillamente aberrante y contradictoria con los principios generales del Derecho.

¿Cómo es posible que el Gobierno pro-clame a diestra y siniestra que su intención es fortalecer la independencia e imparcialidad de los Tribunales de Justicia y se proponga que un tercio o hasta un tercio de los ministros de la Corte Suprema sean designados directamente por el Presidente de la República, la autoridad política por esencia, sin previa proposición plural de organismo alguno?

A nuestro juicio, este punto hace que nos opongamos tanto a lo que está en el texto aprobado por la Comisión, como a las indicaciones presentadas.

Aquí también se ha hecho mucha cuestión de las opiniones vertidas por el Presidente de la Corte Suprema. Quiero res-catar la validez de ellas, porque no veo la razón de la crítica, más aun cuando por acuerdo unánime de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se le invitó. Por lo tanto, no debemos quejarnos de que opine si lo hemos invitado a esta propia Cámara de Diputados precisamente para eso.

Pero no sólo el Presidente de la Corte Suprema ha opinado. También lo han hecho distinguidos magistrados, quienes son incluso de distintas tendencias políticas. Todavía más, en "El Mercurio" del domingo recién pasado el ministro Luis Correa Bulo, designado de una quina por el propio Presidente Aylwin, planteaba públicamente sus críticas a lo que es la integración de la Corte Suprema por abo-gados ajenos al Poder Judicial.

¿Y qué nos dice el Ministro Luis Correa Bulo, a quien nadie puede criticar como heredado del gobierno anterior ni menos cuestionar sus relevantes condiciones de juez? El plantea que la integración de un tercio de abogados ajenos al Poder Judicial constituye un atentado contra la carrera judicial. Y agrega: "Y, segundo -y esto es muy delicado-, podría introducir el factor de politización dentro del Poder Judicial, lo que sería totalmente nefasto.". Y luego dice: "Existe un riesgo tanto o más grave: que los staff de abogados colocaran a uno de sus miembros en la Corte Suprema. Y aquí, en Chile, se podrá criticar la Justicia, pero nadie podrá decir que los ministros son corruptos".

El señor SEGUEL.-

¡Algunos sí!

El señor PEREZ (don Víctor).-

Un Ministro de la Corte Suprema de la calidad de don Luis Correa Bulo no podría ser criticado por nadie de las bancadas de la Concertación.

Lo planteado por el Diputado Seguel -como lo dijo el Diputado señor Rojo en una ocasión anterior- me parece una crítica irresponsable, porque él sabe que puede emitir cualquier opinión y está protegido por un fuero; y él sabe que lo puede decir, porque ningún ministro de la Corte Suprema podría realizar ninguna acción. Por lo tanto, no se puede ser irresponsable en este tipo de materias.

El señor SEGUEL.-

No he sido irresponsable.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Cuando estamos hablando de una reforma del Poder Judicial, hay que tener absolutamente claros los conceptos para establecer verdaderamente su modernización, de manera que responda adecuadamente a las necesidades reales de la ciudadanía chilena, de aquellos que concurren diaria y permanentemente a los tribunales y que constatan hoy que la administración de justicia tiene una serie de falencias. Estas, como otras iniciativas, no solucionan ninguna de las dificultades reales que los chilenos tienen cuando concurren a los tribunales de justicia en demanda de justicia.

Por lo tanto, votaremos en contra no sólo la indicación que en este momento discutimos, sino también las modificaciones de fondo del artículo 75, porque nos parecen solamente una cuestión de poder, que no ataca -reitero- los problemas reales, verídicos y concretos que sufren los chilenos, y, además, como lo planteé en mi intervención, implican un grave riesgo de politización del Poder Judicial o, como dice el Ministro don Luis Correa Bulo, un grave riesgo de desnaturalización de la función judicial.

Tenemos la obligación de entregarle al país una propuesta concreta para mejorar la administración de justicia y ello no lo estamos haciendo en este momento.

Por eso, vamos a votar que no.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, después de haber escuchado al Diputado señor Pérez, y a algunos que reclamaron sobre la falta de auditorio para escuchar sus ideas, me pregunto, cuando estamos hablando de una reforma de la Carta Fundamental, cuando estamos hablando de lo que es la esencia del Poder Judicial, cómo extrañarse de que estemos hablando del auténtico ejercicio del poder. Es un contrasentido afirmar que hablar o transformar o modificar o interesarse en cómo va estar constituido un Poder del Estado, es una especie de maldad, de pecado.

A la UDI, en general, a la Derecha, le hemos escuchado muchas veces estos anatemas. "No hay que politizar a las municipalidades", pero ellos llevan candidatos y son un partido político. "No hay que politizar al Poder Judicial", pero resulta que éste está en el Consejo de Seguridad del Estado, al cual ellos ahora le están pidiendo que resuelva el tema del espionaje político. Entonces, el Presidente de la Corte Suprema, que actúa en el Consejo de Seguridad del Estado, tendrá que opinar políticamente sobre el tema; seguramente, tal como lo desea la UDI. Si nos vamos al Tribunal Calificador de Elecciones, están también los miembros del Poder Judicial. Si revisamos una serie de instituciones, como el Tribunal Constitucional, los señores Ministros de la Corte Suprema están allí decidiendo cuestiones políticas.

Entonces, podríamos pensar, ¿se están civilizando los militares que están en estas instituciones, junto con los representantes de la soberanía popular? ¿Se están militarizando los jueces que también deciden cuestiones junto con los militares? ¿O se están, a su vez, politizando los jueces que actúan en toda esta clase de organismos?

Cuando se dictó la Constitución de 1980, se quiso establecer, como un sistema más de la seguridad nacional, una Corte Suprema, un Poder Judicial dócil, que estuviera apegado a los intereses y a los principios que sustentaba esa Constitución Política.

Tal vez sean árabes -yo no lo soy- estos señores que piensan que el integrar la Corte Suprema con un tercio de abogados extraños a la administración de justicia resultará maligno y vendrá el castigo a que aludía Mahoma, en el sentido de que un tercio de ellos se salvaría y los otros dos se condenarían.

Aquí lo que está en juego no es resolver la cantidad de procesos: es la calidad, o mejor dicho, si se hace o no justicia, si se mantiene la actual configuración de la Corte Suprema o si es necesario cambiarla. Eso es lo que está en juego. Eso ni siquiera tiene que ver con el aumento de los tribunales, porque en otros países donde se hace mejor justicia y los jueces son más respetados y tienen mejores remuneraciones hay menos tribunales, como es en Inglaterra.

Aquí se habla de independencia, y el propio Presidente de la Excelentísima Corte Suprema dijo en la Comisión: "¡Si nosotros hemos sido siempre independientes!". Tampoco es el problema si la Corte Suprema ha dejado o no de ser independiente.

Don Pablo Ruiz-Tagle, abogado, master en Derecho en la Universidad de Yale, en un artículo publicado en la revista de orientación derechista "Estudios Públicos", que nos llega a todos los parlamentarios, dice lo siguiente, refiriéndose al gobierno militar: "En estos últimos años el Poder Judicial no ha sido tocado en ninguna de sus partes sustanciales y en medio de la confusión constitucional y legislativa que caracteriza al período militar, los jueces han gozado de más independencia que nunca. La justicia ha quedado más postergada que nunca, cuando los independientes jueces de Chile se ganaron con obsecuencia la simpatía del gobierno y con ella consiguieron una ausencia total de control y responsabilidad a su labor, una casi total independencia orgánica y un sistema de autogeneración que derivó en nepotismo. La independencia judicial irresponsable de estos últimos años ha servido para entronizar una casta nepotista en un poder del Estado. Sólo en materia económica los jueces siguieron siendo dependientes. La verdad es que esto se justifica plenamente porque ellos son funcionarios públicos, pero contra esta dependencia los jueces han manifestado innumerables veces su disconformidad. Reafirmando entonces lo dicho, en este último período, no el Legislativo, ni el Ejecutivo, ni el Colegio de Abogados, ni ninguna otra institución, han controlado verdaderamente a los jueces. Ni siquiera los militares están en una situación de irresponsabilidad pública semejante. Los propios jueces perpetuaron la Corte Suprema y pretendieron, en complicidad con el Gobierno, controlarse a sí mismos, usando como garrote y zanahoria el sistema de ascenso. Qué pena da decirlo, pero qué mal lo han hecho algunos jueces chilenos habiendo sido independientes e irresponsables".

Esa es la situación que señalaba el propio Presidente de la Corte Suprema al expresar que ellos siempre han sido independientes, y quieren que esa independencia no sea abrogada mediante este proyecto.

Pero esta idea sobre la actitud de los jueces no sólo es compartida por este autor. Podemos citar un artículo de don Enrique Barros, titulado "Auctoritas, Non Potestas", publicado en el diario "El Mercurio", al que nadie puede tildar de las filas de los partidos de Gobierno; muy por el contrario. Dice: "Chile vive en esta materia uno de los momentos más críticos de su historia. Los tribunales hicieron abandono por años de su función conservadora de cautelar la libertad e integridad física de los chilenos. En el presente, su prestigio entre especialistas y legos, por otras múltiples razones, está a niveles impensables en una sociedad bien constituida. El problema es que este país ha llegado a ser mucho más que su organización judicial, lo que es un triste contrasentido. En ello, desde luego que han influido factores muy diversos. No se equivocan quienes ponen el acento en lo económico, pues Chile es de los países que destina un porcentaje más ínfimo de su producto a la función judicial.

"Pero lo verdaderamente grave es que no se han abierto las puertas a los mejores -porque en todas las jerarquías hay jueces y ministros espléndidos-, sino a los más cercanos. El verdadero vicio de la judicatura chilena es estructura oligárquica, en el sentido clásico, más ocupada de sus prerrogativas de poder que de su función pública. El sistema de autogeneración de la Corte Suprema, único en el mundo democrático y que en Chile tiene una historia más bien reciente, tampoco ha impedido la politización subrepticia de las designaciones, como consta a cualquier observador imparcial.".

Cabe precisar que el propio informe del CEP -y se ha señalado también aquí en el curso de los debates- indica que el régimen pasado nombró a catorce miembros de la Corte Suprema, nueve de los cuales fueron nominados prácticamente por un solo Ministro de Justicia, el señor Rosende.

Este sistema de cooptación que estableció la Constitución de 1925, y que prosiguió en la de 1980, ha sido criticado en diversas ponencias académicas. Este proyecto fue objeto del examen y de un informe del Seminario de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En él participaron don José Luis Cea Egaña, don Alejandro Silva Bascuñán, don Raúl Bertelsen Repetto, don Guillermo Bruna Confieras, don Ramiro Mendoza Zúñiga, señora Marisol Peña Torres, don Julio Lavín Valdés, las señoras María Pía Silva Gallinato y María Teresa Quirque Arrau y don Germán Concha Zavala.

¿Qué nos dicen en el informe remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia? Señala lo siguiente: "En lo que dice relación con el nuevo sistema de nombramientos de ministros y fiscales de la Corte Suprema, el Seminario celebra la modificación que apunta a asegurar que al menos un tercio de la Corte Suprema se integre con abogados que no provengan del Poder Judicial, por estimar que ello favorece la incorporación de personas ajenas a la administración de justicia, pero de gran experiencia y preparación.".

En consecuencia, el informe de la Universidad Católica de Chile respalda este proyecto del Gobierno.

Por otro lado, en un libro publicado por el Centro de Estudios Públicos -dirigido por don Eugenio Valenzuela Somarriva e integrado por los señores Enrique Barros, José Luis Cea, Hernán Correa de la Cerda, Juan Ignacio Correa, Juan Carlos Dórr, Manuel Guzmán, señora Nancy de la Fuente, señores Marcos Libedinsky, Carlos Peña, Guillermo Pumpin, Pablo Ruiz-Tagle, Mario Verdugo y Felipe Vial- se expresa que "el actual sistema estimula la autogeneración y el nepotismo judicial. En verdad, no encuentra símil alguno en los países analizados, los que conforman un universo representativo del actual estado del derecho contemporáneo". A continuación expresa: "Es necesario sustituir el actual sistema de nombramiento a nivel de ministros de Corte Suprema y mantenerlo renovado con criterios profesionales, en el caso de las cortes de apelaciones.

"En la composición de la Corte Suprema debe haber un componente técnico y uno político. Este último ha estado siempre presente, pero sin un reconocimiento explícito de su existencia. La Corte Suprema debiera tener una composición amplia, no corporativa, lo cual exige considerar un amplio universo de candidatos. No hay razón para que los miembros de la Corte Suprema deban provenir necesariamente de la carrera judicial.

"En la selección y designación de los candidatos, no debe tener poder decisorio final la institución cuyos miembros se quiere proveer. Al respecto, se recuerda que las conductas oligárquicas formuladas en la famosa "Ley de Hierro de las Instituciones", de Ostrogorsky y Michels, constituyen una tendencia inherente a todo tipo de organizaciones humanas".

Por eso propone que un tercio de los ministros de la Corte Suprema provenga de fuera del escalafón del Poder Judicial.

Como se observa, todos estos autores y estos estudios promueven la integración con un tercio de abogados extraños a la administración de justicia, siempre que reúnan, como es obvio, los requisitos de idoneidad y académicos que se requieren para este alto cargo.

La justicia está hecha por seres huma-nos. Se decía que en Occidente existen tres sociedades que son ademocráticas: el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Iglesia. En ellas no existen elecciones populares; pero todas, cual más cual menos, no se pueden constituir en sociedades absolutamente cerradas, más aún en el caso de la justicia, en que las personas que participan en ella deben aplicar esta virtud excelsa que el Señor entregó a los hombres.

La crisis del Poder Judicial o de la justicia no es un problema de pesos más o pesos menos. Aún en precariedad de condiciones, cualquier hombre que quiere cumplir su tarea eficientemente, lo hace. Por algo, los propios sectores productivos y empresariales, cuando se trata de au-mentar las remuneraciones, siempre señalan que eso rompe las leyes del mercado y genera cesantía. En cambio, cuando se trata de estas materias, la Oposición demanda del Estado aquello que no se exige a sí misma, cuando se trata del poder empresarial.

Los problemas de la justicia son muy viejos en nuestro país y en el mundo. Por algo, ya Hamlet nos hablaba, en su célebre monólogo, de las tardanzas y de las demoras de la justicia; ellas existen en Chile.

Ha habido períodos en este país, como en 1980, en que los jueces más modestos ganaban el equivalente a 3 mil dólares. Fue el propio gobierno militar el que después redujo sus ingresos prácticamente a 500 ó 600 dólares. Sin embargo, cuando existió una mejor remuneración para esos jueces, no se reflejó en la calidad de la justicia ni ésta llegó a todos los chilenos, ni todos los chilenos accedieron a ella.

Por eso, este es un problema de cómo se tiene que ejercer el poder, y éste lo ejercen los hombres.

Por mucho que se haya llegado a la cúspide de la Corte Suprema no se puede estar ajeno a la miseria del ser humano. Son personas, y éstas pueden hacer buena, regular o mala justicia. Nosotros estamos exigiendo -por eso se hacen estas reformas- que personas que llegan a los más altos cargos de la magistratura sean los mejores chilenos, los que tengan auténtica vocación y no sólo accedan a ellos por antigüedad o a través de una calificación que nadie conoce. Exigimos transparencia desde el grado más bajo hasta el más alto del Poder Judicial.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, el tema de fondo que motivó la presentación de estas indicaciones es garantizar y tratar de asegurar en mejor forma el principio de la calidad de la justicia en Chile.

Por lo tanto, no se trata de privilegiar en extremo la experiencia ni tampoco la especialidad ni la carrera funcionarla, sino permitir, desde mi punto de vista en casos excepcionales, la incorporación de abogados externos al Poder Judicial que, sin embargo, tienen algún grado de cono-cimiento o de especialización fundamentales para un caso y momento concretos en la Corte Suprema.

Sin lugar a dudas, la carrera funcionaría debe seguir siendo el pilar fundamental sobre el cual se proveen los diferentes cargos dentro del Poder Judicial. Así, los jueces hacen una larga carrera, adquieren conocimientos y se forman en la tarea de administrar justicia.

Se discute si debe existir o no un ingreso externo al Poder Judicial. Hay argumentos en favor de esta teoría, como también los hay para aseverar que no es conveniente. Unos la justifican señalando que la incorporación de abogados externos robustece u otorga nuevas visiones al Poder Judicial; los que están en contra argumentan que esto rompe la carrera funcionaría y provoca una des incentivación dentro de los jueces y subalternos.

No creo que la solución consignada en este proyecto de reforma constitucional sea la más conveniente. ¿Por qué debe ser un tercio de los ministros de la Corte Suprema los que tengan que venir necesariamente de afuera? ¿Por qué no pueden ser más, según algunos; por qué no pueden ser menos, según otros? Lo lógico es buscar una fórmula que permita superar estas cifras mágicas que no tienen fundamento y que permitan hacer más real el espíritu que anima esta iniciativa: garantizar la calidad del Poder Judicial.

En esta materia, la decisión de incorporar o no abogados externos a la Corte Suprema es siempre una decisión casuística, excepcional, que debe fundarse en algunos elementos que hagan necesario no utilizar la larga carrera funcionaría, sino privilegiar otra circunstancia.

Por lo tanto, desde mi punto de vista, el ingreso externo es siempre una situación excepcional, y como tal no es lo más conveniente que el Presidente de la República esté amarrado por una disposición constitucional que lo obligue siempre y en todo momento a que un tercio de los miembros de la Corte Suprema tengan que ser abogados externos al Poder Judicial. Más bien, lo conveniente es que el Ejecutivo decida, en cada caso particular y concreto, si es necesario privilegiar la carrera funcionaría o, por el contrario, incorporar personas que reúnan ciertas características sobresalientes y cuya pre-senda es necesaria dentro del Poder Judicial. Ello, lógicamente, hasta un tercio de los miembros de la Corte Suprema.

Existe un estudio realizado en 1988 por el constitucionalista señor Nogueira, que consigna la opinión de la Corte Suprema en cuanto a la incorporación de abogados externos. En esa oportunidad, no la rechazaba categóricamente, en la medida en que existiera una especialización en salas, esto es, la aceptaba porque ella permitía la participación de especialistas.

Como bien sabemos, la opinión que creo hoy día mayoritaria, apunta a que la Corte Suprema esté dividida en salas de especialización y que la jurisprudencia de cada una no puede ser modificada por otras, sino solamente por el pleno.

La indicación presentada por el Diputado que habla tiene por objeto garantizar al Presidente de la República plena libertad para decidir en un caso particular y concreto si la presencia de un abogado externo se justifica o no.

En cambio, el proyecto del Ejecutivo amarra las reformas constitucionales a proporciones predeterminadas que no tienen justificación alguna y que, en cierta medida, desconocen la larga y abnegada carrera funcionaría.

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Rojo.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, quería consultarle al Diputado señor Ribera cómo concilia su indicación con la norma, que no ha sido objeto de observación, contenida en el inciso segundo, que establece que el tercio restante "será nombrado", o sea, lo señala perentoriamente; a su vez, cómo la armoniza con la disposición trigésimo quinta, ya aprobada por esta Cámara, que indica la forma en que se llenará este tercio. Deseo saber cómo concilia su indicación con estas dos normas.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, la disposición transitoria fue aprobada con anterioridad. Por lo tanto, se produce un desfase entre la indicación que se revive en virtud del Reglamento y las disposiciones ya aprobadas por esta Corporación. Es un problema técnico que no zanja la discusión de visiones distintas sobre cómo debe estar integrada la Corte Suprema y en cuanto a privilegiar la calidad y no guarismos predeterminados.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la indicación para sustituir el inciso segundo del artículo 75, propuesto por el N° 4 del proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 16 votos; por la negativa, 71 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación la indicación para sustituir el inciso cuarto del mismo artículo 75.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 67 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

En votación la indicación del Diputado señor Espina para sustituir el inciso cuarto del artículo 75, propuesto por el N° 4 del proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 66 votos. Hubo 1 abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazada la indicación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

El Comité de Renovación Nacional.

Corresponde votar la interpretación del Diputado señor Schaulsohn.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos: por la negativa, 32 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Por lo tanto, queda aprobada la interpretación.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

La Mesa estima que durante la votación no es oportuno hacerlo, salvo por acuerdo unánime.

Tiene la palabra el Diputado señor Aylwin.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, llamo especialmente a la conciencia de los Diputados de Oposición, porque estamos ante una Constitución Política que aceptamos y que nos imponen quorum demasiado altos, difíciles de cumplir. Por esta razón, sin duda, debe haber entre nosotros el espíritu suficiente para posibilitar que los Diputados que por cualquier motivo se ausentan a ratos de la Sala puedan comparecer en un momento determinado. A veces, se presentan diversos problemas a los parlamentarios, incluso enfermedades y de tipo personal que no es del caso especificar.

Si hay una Constitución que nos impone tantas exigencias respecto del quorum, que nosotros aceptamos y acatamos no obstante encontrarlas injustas y arbitrarias, por lo menos, no se nos ponga en la situación tan difícil de obligamos a tener a todos los Diputados en la Sala permanentemente y se nos impida recurrir a la votación nominal.

Del contexto constitucional en que nos estamos moviendo y del que se desprende del propio Reglamento, del cual se deduce que debe haber una expresión de las mayorías exigidas por la Constitución y por la ley, deben crearse los mecanismos eficaces para que esa voluntad se exprese en forma soberana, pero sin los tropiezos que se nos pretenden imponer.

En tal sentido, debe haber reunión de Comités para hablar sobre estos problemas tan obvios, que debemos discutir entre nosotros, dentro del respeto mutuo que corresponde.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En votación la petición de votación nominal.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo una abstención.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Aprobada la petición de votación nominal.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bosselin.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, estamos votando una materia de extra-ordinaria importancia. No cabe la menor duda de que dice relación con la interpretación de las leyes. Estamos promoviendo una reforma judicial para que en Chile exista mejor justicia, cuyo problema esencial es cómo y de qué manera aplicamos las leyes y los reglamentos. Este es el nudo gordiano de la reforma judicial.

Algunos dicen que las leyes y los reglamentos sólo se pueden aplicar de acuerdo con su tenor literal. Son los formalistas; son los que sucumben a la materia. Pero en la interpretación de la ley, y bien lo sabe el señor Presidente, uno tiene que tratar de buscar el espíritu, el contexto, el sistema. Fue por esta precisa razón que en Chile falló la administración de justicia, porque los jueces se sometían al tenor literal y olvidaban que podían acudir al espíritu de la legislación y a los principios generales del Derecho.

Precisamente hoy hemos visto preterida esta norma de hermenéutica. Por eso, la administración de justicia está en crisis se reclaman modificaciones de esta naturaleza. Deseamos nosotros que...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo. Sírvase emitir su voto.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, voto afirmativamente el proyecto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cornejo.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, para quienes tuvimos la posibilidad de trabajar en lograr un acuerdo respecto de la reforma judicial, resulta lamentable que por una razón estrictamente coyuntural se eche por tierra la posibilidad de haber enviado al Senado una reforma constitucional sobre un poder del Estado con la mayor cantidad de consenso posible.

Al fundamentar mi voto afirmativo, quiero señalar que el artículo 75, que establece la intervención del Senado en la designación de los ministros de la Corte Suprema a proposición del Presidente de la República, fue una idea que presentó el Partido Renovación Nacional en el seno de la Comisión, por la vía de la indicación.

Francamente, no puedo entender cómo hoy, después de largos meses de tramitación y de negociación respecto de un proyecto tan importante, puede existir una contradicción. A estas alturas, me parece inexplicable.

Por esta razón, voto que sí. Por lo menos yo, siempre voy a estar dispuesto a respetar los acuerdos.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, lamentablemente, estamos frente a una de las situaciones de mayor engorro político que nos ha tocado presenciar en la Cámara de Diputados.

Durante seis meses, los Diputados integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia buscamos acuerdos que se plasmaron en una norma ampliamente discutida, que concitó pleno consenso. En una de sus partes, en la que todos estuvimos de acuerdo, dice que un tercio de los miembros de la Corte Suprema serán ajenos a la judicatura.

Hace poco rato, escuchamos al Diputa-do señor Espina alabar esta reforma. Decía que una de sus virtudes era permitir la participación del Senado; que se creaba una lista pública de méritos que permitía la transparencia y que el alto quorum del Senado hacía no sólo viable sino necesaria e imprescindible la reforma.

Pero, hoy por la ventaja de un voto, que le falta a la Concentración, se desploma la afirmación ética, legislativa y moral que tuvo Renovación Nacional para aprobar en la Comisión todas las indicaciones que constituyen la médula de la reforma. Y no podemos explicamos esto, porque la indicación del señor Espina que rechazamos sólo hacía referencia a la posibilidad de que fuera facultativo para el Presidente. No pensamos nunca que serviría de herramienta para desplomar una norma que entrega todas las atribuciones al Senado para participar; que entrega la lista de méritos, la transferencia y el alto quorum; que hace posible la finalidad que tuvimos en vista todos los partidos, tanto de Oposición como de Gobierno, para dar sentido a la reforma. Hoy, por una actitud absolutamente inconcebible, niegan lo que aceptaron.

Voto que sí.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, el tema preocupa al país. Aun cuando la mayoría de la gente no posea conocimientos técnicos suficientes sobre la materia, está conteste en la necesidad de introducir profundas modificaciones en el Poder Judicial, que aseguren el cumplimiento de deberes por parte de sus miembros y le otorguen el dinamismo que todos echamos de menos.

En tal sentido, las normas del artículo 75, indudablemente, contribuyen a crear ese mayor dinamismo.

Como se dijo en la Comisión es necesario porque va a producir una renovación en los espíritus.

Por eso, son particularmente estimables -y no entendemos la actitud de la Oposición- todas las disposiciones ten-dientes a asegurar el manejo administrativo autónomo y orgánico; el manejo de los recursos financieros, tecnológicos y mate-riales destinados al funcionamiento de los tribunales y a la formulación y evaluación de los planes y programas; a la organización de los mismos y de sus organismos auxiliares, todo lo cual se entrega a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Somos partidarios de la independencia del Poder Judicial, en eso estamos en esta oportunidad. Somos partidarios de dotar a sus miembros de los medios técnicos y económicos necesarios para el digno desempeño de sus funciones, para que lleven una existencia exenta de las presiones propias de la precariedad económica en que vive el Poder Judicial.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, quiero manifestar mi acuerdo con los planteamientos del colega Molina, en el sentido de que esta reforma es sumamente importante para el país. Por este motivo, se buscó y se llegó a acuerdos para aprobarla en la Honorable Cámara.

Más allá de los criterios discrepantes que puede haber en algunos puntos, tal vez su parte más importante es el artículo que está en votación. Ello quedó establecido luego de las intervenciones de los distinguidos colegas en la sesión del miércoles 8 de enero del presente año, en que el proyecto se discutió en general. Ahí el Diputado de Renovación Nacional, señor Alberto Espina, manifestó lo funda-mental que era esta reforma al Poder Judicial, específicamente en relación con el procedimiento de designación de los miembros de la Corte Suprema y con la participación en ella de personas extrañas al Poder Judicial.

Estamos enfrentados al requerimiento de quorum calificado para aprobar el artículo, situación que sin duda distorsiona la voluntad mayoritaria que existe en la Cámara. ¿Para qué vamos a insistir en que los quorum calificados fueron establecidos justamente para que no se realizaran las reformas que el país necesita para su mejor funcionamiento o para la democratización, perfeccionamiento o progreso de sus instituciones fundamentales?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

De acuerdo con el Reglamento, tengo cinco minutos, señor Presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado; sírvase emitir su voto.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Me faltó expresar lo más importante, señor Presidente.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, en todo momento manifesté mis aprensiones de que el nombramiento por parte del Presidente de la República fuera una facultad y dije que el tercio era un porcentaje rígido que no tenía ninguna fundamentación. De ello quedó constancia en la sesión en que tratamos en general el proyecto, como también en el informe a la Sala.

Sin embargo, a pesar de los sólidos argumentos expuestos, los Diputados de la Concertación no tuvieron la flexibilidad necesaria para aceptar esta pequeña 'modificación derivada de nuestros planteamientos, que hubiere superado sin problemas las dificultades que ahora se han presentado.

Sólo quiero ratificar que nuestra voluntad fue siempre flexibilizar la participación de miembros extraños y privilegiar la calidad de los miembros que deben componer la Corte Suprema.

Voto que no.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, los radicales presenciamos con asombro este debate. En efecto, a pesar de que no integramos la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, supimos que allí se había producido un consenso entre el Gobierno y la Oposición -como ha sido recordado en la Sala-, el cual es un elemento importante en el proceso de consolidación de la democracia. Lamentable-mente, hoy apreciamos que dicho acuerdo, anunciado por todos los medios de difusión del país, no es respetado. Los radicales creemos que esto no prestigia a la democracia, si es que efectivamente, como todo Chile lo supo, tal acuerdo existió. Pedimos respetuosamente a la Oposición, la cual ha cohonestado la Constitución antidemocrática que nos rige, que cumpla con la palabra empeñada durante la tramitación del proyecto de ley.

He dicho.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, sólo para dejar constancia de que se encuentran presentes en la Sala todos los parlamentarios de la Concertación y que hoy ha quedado de manifiesto ante la opinión pública un hecho nuevo: con la deserción del Diputado señor Palestro de las bancadas de la Concertación, ésta no tiene mayoría para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados.

Para los efectos de que la opinión pública tenga claro lo que ha sucedido hoy en esta Cámara de Diputados, cabe puntualizar que la responsabilidad directa de los hechos tiene que ver con que uno de los parlamentarios que fueron elegidos bajo las banderas de la Concertación, y específicamente bajo el alero del Partido Socialista de Chile, -ahora forma parte de la coalición denominada "Mida", del Partido Comunista de Chile- y que, en con-secuencia, no tenemos nosotros absolutamente ninguna responsabilidad en lo que está ocurriendo.

Me parece importante dejarlo en claro para los efectos de que la opinión pública sepa lo que ha sucedido hoy día en este Congreso.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, quisiera lamentar profundamente el hecho de que el Diputado Mario Palestro no se encuentre en la Sala. El salió elegido en San Miguel con los votos de la Concertación, con los votos de la Democracia Cristiana, especialmente con los míos. Ha sido un Diputado que en esta Sala, permanentemente ha reclamado justicia para este país; pero en los momentos de las definiciones políticas de esta envergadura, el Diputado Palestro, en forma irresponsable, deja en vergüenza a las comunas de San Miguel, de Pedro Aguirre Cerda y de Lo Espejo retirándose de la Sala.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, lamento profundamente las expresiones del Diputado señor Molina. Lamentablemente para él, cuando no tiene mayoría, hay "falta de ética legislativa". Nosotros mantuvimos una posición en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; tenemos un planteamiento sobre estas materias y advertimos en la mañana que podía faltar quorum para aprobar este artículo.

Estamos dispuestos a dar la unanimidad para que se revea la indicación que presentamos, porque como lo dijimos durante la tramitación en general del proyecto en esta Sala y en la Comisión, nos interesa profundamente realizar algunas reformas al Poder Judicial.

Lamentamos también que la Concertación, cuando no puede obtener la votación requerida, inmediatamente acuse a la Oposición y, en especial, a Renovación Nacional, de falta de democracia. Y ésa es una demostración clara y precisa de que quienes no quieren o no creen en la democracia, son justamente aquellos que, cuando tienen la mayoría, actúan con la más absoluta soberbia, como lo ha hecho la Concertación.

Por ello, señor Presidente, es funda-mental entender exactamente qué es la democracia y que las posiciones que tiene la minoría también sean respetadas en esta Cámara.

Voto que no.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, el Diputado Palestro no me ha pedido que lo defienda. Sin embargo, no es bueno culpar a un parlamentario por la falta de quorum para aprobar una materia, cualquiera que éste sea. Hoy ha sido el Diputado Palestro; ayer fueron otros, y, a lo mejor, mañana será alguno de nosotros.

Estamos hablando de un problema de justicia; pero no hemos pensado que el elemental derecho de toda noción de justicia es precisamente escuchar a la otra parte. Estoy seguro de que el Diputado Mario Palestro ha tenido algún problema.

En lugar de plantear reformas de esta naturaleza, lo que debe preocupar a la Concertación y a todos los hombres que realmente creen en la democracia, es cambiar el quorum, a fin de posibilitar este tipo de modificaciones.

Voto que sí.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, no soy miembro de la Comisión de Constitución que ha estudiado la reforma; sin embargo, tengo presente el debate suscitado a lo largo del país y también los planteamientos formulados en diferentes centros académicos, inclusive aquí en el Parlamento, respecto de esta ley.

Y tengo también presente que la mayoría de las opiniones se han orientado hacia la necesidad de modificar la estructura de la Corte Suprema. Más aún, diría que es antojadizo el pretender imponer también una proposición que ya fue rechazada. En efecto, el Presidente de la República queda absolutamente atado a las decisiones del Senado -donde existe una mayoría de Oposición, incluyendo Senadores designados- para designar no solamente ministros que provienen desde el mismo Poder Judicial, sino también de aquellos que están siendo incorporados por la vía de abogados extraños a la ad-ministración de justicia.

En consecuencia, se pretende, en definitiva, borrar con el codo lo que se ha estado diciendo durante mucho tiempo. No veo aquí el deseo concreto de que efectivamente en este país tengamos una Corte Suprema que haga justicia a todos los chilenos.

Por eso, y al margen de que hoy no tengamos la mayoría necesaria para modificar y aprobar este artículo, que, en definitiva, es la aspiración de todos los chilenos, existe aquí una clara responsabilidad de la Oposición en su no aprobación.

Voto favorablemente.

Efectuada la votación en forma nominal, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 40 votos. No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Rechazado el artículo por no haberse alcanzado el quorum constitucional.

Por la afirmativa, votaron los siguientes señores Diputados: Acuña, Aguiló, Arancibia, Araya, Aylwin (don Andrés), Bosselin, Campos, Caraball, Cardemil, Carrasco, Cerda, Concha, Cornejo, Devaud, Dupré, Elgue- ta, Elizalde, Escalona, Estévez, Faulbaum, Gajardo, Hamuy, Huenchumilla, Huepe, Jara (don Sergio), Jara (don Octavio), Jeame Barrueto, Kuzmicic, Latorre, Leblanc, Letelier, Maluenda, Martínez (don Gutenberg), Mar-tínez (don Juan), Matta, Molina, Montes, Muñoz Barra (don Roberto), Muñoz (doña Adriana), Naranjo, Ojeda, Olivares, Ortega, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joa-quín), Peña, Pizarro Mackay (don Sergio), Pizarro (don Jorge), Ramírez, Rebolledo, Re-yes, Rocha, Rodríguez (don Hugo), Rojo, Rojos, Sabag, Salas, Schaulsohn, Seguel, Smok, Sota, Soto, Tohá, Valenzuela, Velasco, Viera- Gallo, Vilicic, Villouta, Yunge.

Por la negativa, votaron los siguientes señores Diputados: Alamos, Alessandri Bal- maceda, Bartolucci, Bayo, Caminondo, Cante-ro, Coloma, Correa, Chadwick, Espina, Fan- tuzzi, García (don José), Guzmdn, Horvath, Hurtado, Kuschel, Leay, Longton, Lóngueira, Masferrer, Matthei, Melero, Morales Adria- sola (don Jorge), Munizaga, Orpis, Pérez (don Juan), Pérez Opazo (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle, Prokurica, Ribera, Ringeling, Rodríguez (don Claudio), Rodríguez (don Alfonso), Sotomayor, Taladriz, Ulloa, Urrutia, Valearce, Vilches.

No hubo abstenciones.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En discusión el N° 6, letra b).

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, dentro de la reforma constitucional, esta disposición es de la mayor importancia.

"La Corte Suprema cautelará, permanente y efectivamente, el respeto oportuno, íntegro y cabal de los derechos que esta Constitución asegura a todas las personas". Ella refuerza, a nivel de la Carta Fundamental, lo que han sido las faculta-des conservadoras de ese alto tribunal, explicitando el deber que le corresponde, como a todo poder del Estado; pero, en este caso, se recoge una experiencia que en los últimos 17 años fue extremadamente grave para el país.

La Corte Suprema abdicó de sus facultades conservadoras; no protegió los derechos humanos; no los tuvo en el primer lugar de sus preocupaciones, y el país debió sufrir una secuela interminable de atropellos y vejaciones, de las que intentamos reponemos a través de la rectificación de un criterio. Con esta disposición, la Corte Suprema no podría excusarse del abandono de funciones, como lo hizo en el pasado.

En mi opinión, aun cuando algunos estimen que esta es una norma redundante, constituye un paso importante el que ella se incorpore explícitamente a la Constitución. Esperamos que esta vez Renovación Nacional coincida con la modificación y la vote favorablemente.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, el artículo 79 de la Constitución establece las facultades o las atribuciones esenciales correspondientes a la Corte Suprema. En él se señala que la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la Nación. Posteriormente, describe el contenido de cada una de estas normas.

Se agrega, en el artículo 79, un inciso cuya importancia radica en que durante el gobierno militar, en una interpretación estricta de la Constitución Política, se prefirieron las normas transitorias a las permanentes, específicamente en el caso de la interposición de los recursos de amparo y protección, que estaban restringidos en virtud del artículo 24 transitorio.

Con una norma de esta naturaleza, queda en claro que es una obligación de la Corte Suprema, aunque otras disposiciones constitucionales ya lo establecen, cautelar, en forma permanente y efectiva, "el respeto oportuno, íntegro y cabal de los derechos que esta Constitución asegura a todas las personas.".

Al incorporar esta norma con rango constitucional, lo que efectivamente se está haciendo es marcar que la Corte Suprema debe poner un énfasis especial en esta materia. A nosotros nos parece importante que se robustezcan las facultades de la Corte Suprema y que el Parlamento le dé una señal clara para que, ante un conflicto de normas jurídicas, siempre haga prevalecer aquella que proteja de mejor forma los derechos de las personas.

Por esa razón, anunciamos que votaremos favorablemente esta disposición.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación la letra b) del número 6.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos negativos ni abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Aprobada.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 66 votos. No hubo abstenciones.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Rechazada.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, respecto de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quiero puntualizar que somos partidarios de su existencia, y lo somos, además, porque participamos de la redacción de este artículo. En lo que discrepamos en la Comisión, y ahora, en la Sala, es si esta disposición debe tener rango constitucional o ser materia de ley orgánica, situación que también fue objeto de debate en la mañana, cuando se tra- tá la norma que fijaba el piso de financia- miento para la Corte Suprema.

En nuestra opinión, esta disposición legal debiera tener rango de ley orgánica y no constitucional.

Quiero reiterar lo que expresamos en la Comisión: nuestro compromiso es que esta disposición sea incorporada en los términos en que actualmente está redactada, con las perfecciones de que pudiera ser objeto en su discusión, como ley orgánica constitucional. Por lo tanto, la discrepancia que se está suscitando aquí es simplemente un problema de técnica legislativa.

La Concertación ha estimado que la Corporación Administrativa del Poder Judicial debe tener rango constitucional. En nuestra opinión, no corresponde que ella aparezca en la Constitución; debe estar en la ley orgánica respectiva.

En consecuencia, nuestra indicación para suprimirla va acompañada del compromiso de que cuando esta entidad se debata y discuta en la ley orgánica respectiva, nosotros la votaremos favorable-mente.

Sin duda que éste es un tema opinable -incluso algunos parlamentarios nuestros estimaron inicialmente que podría tener rango constitucional- pero en el debate del segundo informe se consideró que lo correcto, en nuestra opinión, era que quedara con rango de ley orgánica constitucional.

Por esa razón, hemos solicitado que se suprima del texto de la Constitución, para incorporarla oportunamente en la ley orgánica que corresponda.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.'

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, el Diputado Espina no termina de sor-prenderme hoy día, porque nuevamente habla de que han contribuido a redactar el artículo, de que están plenamente a favor de él; pero que lo votarán en contra.

Esto se debe a que, según ellos, la norma debe tener rango de ley orgánica constitucional, en circunstancias de que, al tenor de los acuerdos que se lograron en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia -y que nosotros respetaremos hasta el final-, era obvio que, en la medida en que el Gobierno retiró normas como las relacionadas con el defensor público, con el Consejo Nacional de la Justicia, etcétera, la Corporación Administrativa del Poder Judicial adoptaba necesariamente un rango constitucional por las funciones que le correspondían. En ese entendido votamos la reforma.

Hoy día nos encontramos nuevamente con la sorpresa de que los acuerdos a que habíamos llegado se han desmoronado por la actitud de Renovación Nacional. De tal manera que al retirar su apoyo a la Corporación Administrativa, del Poder Judicial pierde sustentación una de las bases de esta reforma. En efecto, es muy distinto que ella esté en la ley orgánica, modificadle con mucha más facilidad que una norma constitucional, a que la establezcamos detalladamente en la Constitución misma, especialmente lo tocante a su integración.

De tal modo que ahora, en el último momento, después que el Gobierno retiró elementos sustanciales en esta reforma para lograr acuerdos, nos encontramos con que los parlamentarios de Renovación Nacional no están cumpliendo los compromisos contraídos pese -reitero- a que se retiró el Consejo Nacional de la Justicia y se votó en contra del artículo que le daba al Senado intervención para la designación de los Ministros de la Corte Suprema. De modo que será necesario rediscutir nuevamente este tema, de gran importancia, en el Senado. Pero es lamentable -lo digo con toda sinceridad- que durante 8 meses hayamos conversado para llegar a un convencimiento tan distinto en una y otra bancada.

Nosotros votaremos en favor de esta disposición.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, sólo deseo expresar que me asiste una duda en cuanto a si esto puede ser materia de ley orgánica constitucional lisa y llanamente. Para viabilizar la existencia de esta entidad, que no está contemplada en nuestra actual legislación, se hace menester una reforma constitucional; probablemente no en términos tan explícitos y taxativos como los que aquí se proponen. Si uno examina el tenor literal del artículo 74, podría pensar que la Corporación Administrativa del Poder Judicial escapa a la acepción de los términos "organización y atribuciones", en la forma contemplada en la Constitución. No tengo una convicción absoluta respecto de lo que estoy afirmando, pero planteó la duda, por cuanto la estructura básica de los tribunales de justicia está consignada en la Constitución. Este será un punto que habrá que dilucidar en el Senado de la República; pero quiero dejar planteada aquí mi duda. No estoy afirmando que sería conveniente que un enunciado respecto de la existencia de un organismo de esta naturaleza deba ser introducido en la Constitución. En todo caso, la fórmula de Corporación Administrativa del Poder Judicial es, en cierto modo, un residuo de la idea primitiva del Consejo Nacional de Justicia, que se buscaba implementar por esta vía.

Me parece, como lo ha dicho el Diputado señor Molina, que la idea contenida en esta disposición es muy loable y debería ser parte de la ley. Formulo votos para que en el Senado de la República se pueda lograr un acuerdo en este sentido.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, la UDI estima que un elemento fundamental para el fortalecimiento del Poder Judicial consiste en dotar a los propios tribunales de justicia de un órgano que permita verdaderamente perfeccionar sus sistemas de planificación y gestión de recursos humanos, físicos y financieros para el cumplimiento de sus objetivos funcionales dentro de una concepción de autonomía de operación y administración.

Este organismo, con capacidad profesional, permitirá entregar a la función jurisdiccional conocimientos que son propios de las ciencias de administración y economía, que no pueden sino resultar beneficiosos para el idóneo funcionamiento de un Poder del Estado. Contestes con esa idea fundamental, nos parece que elevar la corporación al rango constitucional carece de sentido y confunde su naturaleza que, a nuestro juicio alcanza sólo a funciones de planificación y gestión.

Pero no sólo votaremos en contra por esa razón, sino, además, por creer que su integración debe provenir sólo del estamento jurisdiccional. Si ello no es así, es-taremos atentando contra el principio de autonomía de gestión y administración de cada uno de los Poderes del Estado -que defendemos decididamente-, sin perjuicio de lo heterónomo de su control. Conceptualmente, a lo más podemos admitir entes extraños al Poder Judicial sólo con derecho a voz.

Esas son las dos razones fundamentales que nos llevan a votar en contra del número 7.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA-

Señor Presidente, lamentablemente, el Diputado señor Molina está faltando a la verdad con las afirmaciones hechas en esta oportunidad.

Digo lamentablemente, porque el señor Diputado habitualmente en esta materia ha actuado con la ponderación necesaria para buscar acuerdos. Entiendo que cuando éstos fracasan, por circunstancias no imputables a nosotros, pueda de alguna manera ofuscarse; pero eso no lo debe llevar jamás a alterar la verdad.

La verdad concreta, señores Diputados, es que esta indicación fue presentada en la Comisión hace más de dos meses y medio, de manera que no puede decir hoy que se ha visto sorprendido por ella. En la Comisión se le señaló que nosotros estábamos dispuestos a firmar un acuerdo político, del cual quedara constancia en las actas, con el objeto de que en el momento en que se discutiera el proyecto de reforma constitucional se incorporara una norma de esta naturaleza.

También quiero recordar a mi distinguido colega señor Molina que desde hace tres semanas la Oposición viene postergando la votación de este proyecto a solicitud de la Concertación, porque ésta no tenía el quorum necesario. Y durante ese lapso le venimos señalando que bastaba con aceptar una indicación nuestra, cuyo único objetivo era otorgarle facultades al Presidente de la República, para aprobar el artículo en su conjunto.

También le indicamos que en esta materia mantendríamos nuestra posición, cualesquiera fueran los cambios posteriores que el Senado introdujera.

Entonces, no es justo, no es correcto, tratar de distorsionar la realidad para sacar ventajas políticas.

La verdad es que tenemos dos discrepancias con la Concertación en este proyecto. Una de ellas, relativa a la facultad del Presidente de la República para nombrar un tercio de personas extrañas al Poder Judicial; la otra, referente al rango constitucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

En ambas oportunidades, las indicaciones se dieron a conocer en la Comisión y ésta nuestros Diputados la votaron a favor y los de la Concertación en contra. En ambas oportunidades se impuso la mayoría que la Concertación tiene en la Comisión; en ambas oportunidades les manifestamos que iban a correr un grave riesgo con el quorum 7, posteriormente, postergamos durante tres semanas esta votación.

Entonces, si queremos ser honestos, reconozcamos que la inflexibilidad para hacer una concesión que desde el punto de vista jurídico es absolutamente razonable condujo a que la Concertación no obtuviera la mayoría de votos que anhelaba; pero no puede acusarse de incumplimiento de un compromiso a la parte que sustenta una posición distinta.

Finalmente, para tranquilidad del Diputado señor Molina, debo señalar que este proyecto seguirá su tramitación en el Senado, que insistiremos en nuestros puntos de vista y en el artículo 75 completo, con nuestra indicación.

Espero que esto se haya debido, más que a una ofuscación, a una reflexión meditada del Honorable Diputado señor Molina.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, después de constatar la forma de actuar de Renovación Nacional en la votación del artículo 75, creía innecesario intervenir porque ya se había faltado gravemente a un compromiso contraído en la Comisión. Pero al escuchar nuevamente al Diputado señor Espina, quien ha tratado de justificar su conducta, no puedo guardar silencio.

El señor Espina intervino personalmente en la redacción del artículo 75 y del que se refiere a la Corporación Administrativa.

Lo emplazo públicamente a ver las actas de la Comisión y a constatar su participación. Sólo el 9 de enero de este año el Diputado señor Ribera presentó la indicación supresiva. Enseguida, en la votación, ellos estuvieron de acuerdo con las disposiciones que permiten la designación de un tercio de miembros ajenos al Poder Judicial y la creación de la Corporación Administrativa. El precio de ello fue retirar los artículos sobre el Consejo Nacional de la Justicia y el Defensor del Pueblo.

Si se llega a acuerdos y públicamente no se cumplen, nunca más podremos resolver o convenir con ellos algún asunto.

Que sepa el país cuál fue su conducta dentro de la Comisión y cómo hoy día están actuando en forma diferente.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, el colega señor Rojo debiera recordar la totalidad de la historia y no sólo parte de ella.

Él puede dar fe de que en todo momento manifesté una serie de prevenciones y dudas en cuanto al artículo 75, como también de mi oposición a otorgarle rango constitucional a esta famosa Corporación Administrativa del Poder Judicial. Esto lo hice presente tanto en la Comisión -usted es testigo, colega, y me gustaría que luego se refiriera a ello- como en la Sala, al momento de votarse el proyecto en general. Las indicaciones fueron largamente discutidas en la Comisión durante el segundo informe.

No considero apropiado incluir la Corporación Administrativa en la Constitución, porque ya establece un cúmulo de órganos de carácter técnico que bien podrían estar a nivel de ley orgánica constitucional.

Es más, sólo en la última sesión del primer informe se incorporó esta Corporación Administrativa con jerarquía constitucional, en circunstancia de que siempre estuvo en la mente de quienes discutieron el proyecto que tuviera rango de ley orgánica constitucional o simplemente legal.

Fuera de ello, las atribuciones otorgadas a la Corporación -y es la opinión personal del Diputado que habla-, como la de administrar (expresión muy amplia), y todo lo referente a los "programas relativos a la organización y funcionamiento", quizás van más allá de coordinar la política judicial.

Mi opinión es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial debe ser un órgano de carácter legal, con facultades para coordinar la política judicial; pero no podemos incluirla en la Carta Fundamental, porque ello significaría colocarla a la misma altura de la Corte Suprema.

Reitero, he mantenido una conducta inalterable en esta materia y creo que el Diputado señor Rojo podría ratificar perfectamente lo que he señalado.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, comprendo que el Diputado señor Espina necesite pretextos para justificar su inconsecuencia. Lamento que mis argumentos los haya dado con vehemencia; pero lo considero lógico, pues es una manera de protesta ante la burla a la buena fe en un acuerdo político que minuciosamente construimos para redactar este proyecto de reforma constitucional, separando por temas aquellos puntos donde teníamos discrepancias y agrupando los consensos. Al final, los acuerdos permitieron que el Gobierno retirara partes substanciales de su proyecto de reforma y que los parlamentarios nos abstuviéramos de formular indicaciones en la discusión general, basados en la seguridad que la Oposición nos había dado de que tal como estaba el proyecto no sólo sería aprobado en la Cámara, sino también en el Senado. Sin embargo, el resultado ha sido el que hoy vemos.

El Diputado señor Ribera mantuvo una indicación, pero en las discusiones de la Comisión fuimos enfáticos en sostener -y él mismo lo reconoció- que eso nos colocaba fuera del acuerdo, porque no habíamos planteado indicaciones que contrarrestaran las del señor Ribera.

En definitiva, presenciamos un lamentable episodio protagonizado por Renovación Nacional. En la práctica tendremos que reconocer el error, y obviamente, como lo señala el Diputado señor Espina, buscar en el Senado una reforma tan indispensable para el país, pero sabiendo ya qué terreno pisamos.

La postergación de la discusión en esta Sala, no se debe a mi persona y el señor Espina no puede estimarlas como una concesión que nos estaría haciendo a los demás. Es obvio que aquí ha habido aprovechamiento indebido del voto del Diputado que se ausentó de la Sala; pero los acuerdos adoptados en la Comisión eran, para nosotros, compromisos que no dependían de un voto. Ahora hemos visto que no era así.

Esa no es una posición de inflexibilidad, sino realismo político y recordar que, en definitiva, siempre debe primar en esta Sala la buena fe y la palabra empeñada.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio!

Tiene la palabra el señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, en relación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que se propone incluir en un nuevo capítulo de la Constitución, recuerdo a los estimados colegas de la Comisión presentes en esta Sala que cuando se discutió el proyecto y se incorporó este órgano a nivel constitucional, entre sus miembros hubo pleno acuerdo para que en la segunda discusión se de-batiera si este organismo debía establecerse en la Constitución o en la ley. Esta posición la sostuvimos la totalidad de los Diputados de Renovación Nacional. Menciono expresamente al Diputado señor Espina, que ha sido aludido por el Diputado señor Molina. Por eso, nos sorprende lo manifestado en esta Sala, cuando sólo hemos hecho uso de nuestro derecho de disenso al presentar indicaciones tendientes a modificar algunos aspectos del proyecto. En cuanto a la discusión sobre si esta Corporación Administrativa debe estar a nivel constitucional o legal, ella no es sólo de fondo sino también de forma, de ubicación, de lo que a nuestro criterio es una Constitución. Lo mismo ocurre respecto de la discusión de si la designación de miembros de la Corte Suprema por el Presidente de la República es una norma facultativa u obligatoria, por cuanto es una modificación que no afecta al fondo.

Pero no podemos tolerar que la Concertación, por una causa tampoco imputable a Diputados aquí presentes, como es que no haya reunido el quorum necesario para aprobar su proyecto, cuestiona ahora todas las indicaciones que presentamos y discutimos en la Comisión, que fueron rechazadas en ella y que, en uso de nuestro derecho, hemos renovado en la Sala.

Hoy no ha habido un desconocimiento inesperado y sorpresivo a algún acuerdo. Por el contrario, hemos mantenido nuestras indicaciones en todas las etapas de discusión del proyecto. Además, esta Sala ha suspendido su discusión en diversas oportunidades. Por eso, todos los Diputados conocían nuestra opinión y cuál iba a ser nuestra votación.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidentes-

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Ribera nos permite abordar un punto que está en el trasfondo de esta discusión relacionado con la concreción de las reformas que, en conjunto, hemos estimado necesarias. Por los antecedentes expuestos en esta Sala, se desprende que en la

Comisión existía la posibilidad de llegar a un acuerdo al respecto; más aún, de allí surgieron acuerdos políticos.

Sobre ese punto, queremos recabar una conducta consecuente de los parlamentarios de Renovación Nacional. No puede ser que la conducción política de ese partido juegue en forma oportunista con temas trascendentales sobre los cuales manifestaron opiniones en forma reiterada, no sólo en la Comisión sino públicamente. En ese sentido, es válida la recriminación en cuanto al comportamiento de Renovación Nacional y, en particular, a los términos expresados por el Diputado señor Espina sobre el tema, quien, en otras ocasiones señaló su acuerdo con los planteamientos de fondo que se discuten.

El cumplimiento honorable de los acuerdos adoptados, permite lograr consenso para legislar sobre temas de relevancia nacional. Eso es lo que hoy ha quedado en tela de juicio. Lo ocurrido es grave porque se ha afectado uno de los aspectos centrales que daba la posibilidad de alcanzar acuerdos respectos de muchas materias legislativas.

Este comportamiento de Renovación Nacional es irresponsable. La mejor prueba de ello es que, en medio de la discusión, dicha bancada, a través de su Jefe, censura a la Mesa, hecho que nunca había ocurrido en esta Corporación, menos aún como reacción ante un tema varias veces debatido en la Cámara. También es prueba de irresponsabilidad el hecho de que, minutos después, cuando ya había terminado la efervescencia sobre el punto, retirar la censura, imposibilitando la discusión respecto del problema de fondo que debemos abordar políticamente en la Sala.

En consecuencia, lamento lo sucedido hoy y señalo la gravedad que ello tiene para llegar a acuerdos necesarios, entre Gobierno y Oposición para legislar sobre materias muy relevantes para el país. Eso es lo que, con su comportamiento inconsecuente, han imposibilitado los Diputados de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, respecto de la intervención del señor Ribera deseo dejar expresa constancia de que; efectivamente, él mantuvo una posición discrepante dentro de la Comisión y que, incluso, es el autor de las indicaciones, hecho que no salva la responsabilidad del señor Espina, quien participó, personal y directamente, en la redacción de los artículos que hoy ha votado en contra.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Antonio Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, tuve una reunión con los Comités de Renovación Nacional y ellos decidieron retirar la censura. Por una parte comprendieron la actitud que la Mesa tuvo en el momento de interpretar el Reglamento; por otra, plantearon, desde su punto de vista, la necesidad de exigir el cumplimiento estricto del Reglamento. Esta es la versión, por lo menos, que yo he entendido.

Gracias, señor Presidente.