Labor Parlamentaria

El señor CERDA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, de conformidad con los acuerdos adoptados, corresponde tratar, en primer lugar, las observaciones del Presidente de la República al proyecto que sustituye el artículo 90 de la ley N° 18.768, sobre distribución de los ingresos provenientes del sistema de pronósticos deportivos.

Las observaciones del Presidente de la República figuran en el número 9 de los documentos de la Cuenta de la sesión 45a., celebrada el 21 de enero de 1992.

El informe de la Comisión de Hacienda recaído en dichas observaciones figura en el número 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 57a., celebrada el 19 de marzo de 1992.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, en el proyecto despachado por el Parlamento que modifica el artículo 90 de la ley N° 18.768 y establece otras disposiciones relacionadas con el sistema de pronósticos deportivos, el Ejecutivo formuló observaciones a la frase final del inciso segundo del artículo 1°, agregado por la Comisión Mixta del Honorable Congreso, que dispone a priori que una parte de los recursos que se otorgan a la Digeder será regionalizada e invertida por los gobiernos regionales; asimismo agregó un artículo nuevo relativo a la vigencia del inciso segundo del artículo 1°, que será a contar de 1993, puesto que a la fecha de aprobación del proyecto, el nivel y estructura de gastos de la Dirección de Deportes y Recreación para 1992 ya se encuentran sancionados en la Ley de Presupuestos. Por lo tanto, los mayores ingresos derivados de la aplicación de la ley no tendrían consecuencia sobre el nivel de gastos, sino sólo sobre la forma de financiamiento, porque sustituye el aporte fiscal financiado con transparencia de la Polla, por aportes directos de ésta a la Digeder.

La frase final del inciso segundo del artículo 1°, agregada por el Congreso, se circunscribe en la idea de impulsar la regionalización; pero su redacción no permite que sea aplicable ni que pueda ejecutarse en términos prácticos. No es compatible con los criterios del acuerdo político a propósito de la ley de gobiernos regionales.

En estas circunstancias, se propone una disposición coherente con los criterios de regionalización antes indicados, que se asimila a los mecanismos implícitos en el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Chile y permite, por tanto, regionalizar los recursos por parte de la Digeder. La frase dice: "La mitad del resto, en aquella parte que se defina anualmente para inversión, se incluirá en los ítems de inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política de la República de Chile".

La observación busca que la regionalización, que estuvo en el ánimo de la Comisión Mixta, sea concordante con el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política, como el propio texto lo señala; y corregir aspectos de redacción que harían confusa o dificultosa la aplicación de lo aprobado por el Congreso.

Por estas consideraciones, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala la aprobación del veto.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, en realidad, carece de todo fundamento el veto sustitutivo del Presidente de la República. Los argumentos dados para avalar su consistencia jurídica son insuficientes como para revertir el criterio acordado por la Comisión Mixta.

La disposición aprobada por la Cámara no es contraria a la Constitución. No existe incompatibilidad entre criterios y mecanismos implícitos en materia constitucional ni jurídica y el hecho de que hayamos establecido por ley, sea ésta orgánica constitucional o de otro tipo, un modo de distribución de los recursos fiscales que necesariamente tienen que ir a las regiones. No hay impedimento para que podamos, por medio de una ley especial, hacer una asignación particular de recursos de una entidad específica. En este caso, se trata de la asignación de recursos provenientes del sistema de pronósticos deportivos.

No está prohibido en la ley ni en la Constitución; no hay ninguna incompatibilidad en la Constitución o en la ley para establecer esta distribución específica. Se contempla un mecanismo básico de asignación de los recursos del Presupuesto Nacional. Esto es lo que está contenido en la Constitución; pero no puede considerarse un impedimento para que el Congreso Nacional, que es el Poder Legislativo, por medio de una ley, asigne nuevos recursos a las regiones. Lo que el Congreso Nacional ha hecho está enteramente dentro del ámbito de sus facultades.

Ignoro si hay otras razones que muevan al Ejecutivo a impugnar esta norma y a sustituirla.

Además, en esta materia tenemos que ser muy cuidadosos, porque el trámite legislativo se cumplió. Los vetos, ya sean supresivos, aditivos o sustitutivos, son para situaciones muy particulares, pero no un mecanismo habitual mediante el cual el Ejecutivo puede enmendar la plana del Poder Legislativo. En la medida en que éste ha actuado dentro de sus facultades y ha legislado de acuerdo a sus atribuciones, en mi opinión, debe primar el criterio del Congreso.

Por lo demás, al aprobar esta disposición, el Congreso lo hizo muy conscientemente y después de un largo debate respecto de cómo deben asignarse los fondos de los pronósticos deportivos. Yo mismo sostuve la tesis contraria cuando se discutió el proyecto. Estuve en desacuerdo con el fondo de la iniciativa propuesta, entre otros, por el distinguido colega don Jorge Pizarro; pero, una vez que el Congreso la aprobó, de la sola lectura del fundamento del veto sustitutivo, éste debe ser rechazado.

Urjo a los Honorables señores Diputados a leer con atención el informe que obra en su poder, para que se formen un criterio objetivo de si el argumento del Ejecutivo es válido o no. Sinceramente, estoy convencido de que no es válido. A lo mejor, al Presidente de la República no le gusta lo que aprobó el Congreso; tiene derecho. Pero el fundamento del veto sustitutivo, de que la disposición es incompatible con criterios implícitos, no resiste el menor análisis desde el punto de vista jurídico.

Por lo tanto, anuncio que votaré por mantener el criterio del Congreso.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, por lo menos, quiero dejar en claro la voluntad del Congreso al legislar respecto de esta materia.

La iniciativa fue nuestra, patrocinada por el Ejecutivo, para otorgar mayores recursos al deporte. La discusión se produjo respecto de quiénes los administraban. Hubo criterio unánime, tanto en el Senado como en la Cámara, para que el 42,5 por ciento de los fondos generados por el sistema de pronósticos deportivos y por los juegos Polla, Loto y Bingo, se destinara para ser invertido en el desarrollo del deporte en las regiones.

De manera que el Ejecutivo envía el veto sólo para corregir o adecuar la voluntad del legislador, que puede no haber quedado expresada del todo bien.

Básicamente, la voluntad es entregar recursos a las regiones para desarrollar el deporte; se adecúa a la legislación referente a los nuevos gobiernos regionales, que el Honorable Congreso está estudiando.

Para llevar a cabo una política nacional de desarrollo del deporte y la recreación, se requiere de un proceso bastante complejo. El sistema o la red de instituciones deportivas están compuesta por más de 30.000 clubes y más de 1.500 asociaciones; más de un centenar de federaciones deportivas, en fin. Hay consejos locales de deportes y actividades de toda índole que no están coordinados por una institución específica. Ni siquiera la Dirección de Deportes del Estado, en la actualidad, tiene establecida por ley una coordinación a nivel regional. Lo hace de hecho con funcionarios de la Dirección de Deportes, que no tienen base, desde el punto de vista de la ubicación, en los gobiernos regionales o en la propia Digeder.

El Ejecutivo no está pasando a llevar la voluntad de los legisladores. Por el contrario, está buscando un mecanismo eficiente, acorde con lo que aprobó el Congreso.

La última frase del inciso segundo del artículo l9 que reemplaza el veto, que establece: "La mitad del resto, en aquella parte que se defina anualmente para inversión, se incluirá en los ítems de inversión sectorial de asignación regional a que se refiere el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución Política de la República.", en mi opinión, corresponde aprobarla tal como la propone el Ejecutivo.

Distinto es lo referente al artículo 4° que agrega el veto, que expresa: "Lo establecido en el inciso segundo del artículo 1° regirá a contar de 1993." Esa es una situación distinta. En esta materia, quisiera detenerme un poco, porque este proyecto de ley se discutió mucho e incluso llegamos a la formación de una Comisión Mixta. Lamento que no se encuentre presente en este momento el colega Schaulsohn, quien tenía más dudas que todos al respecto. Normalmente, él acostumbra a hablar de todos los temas; pero cuando uno le trata de explicar algo, no se encuentra en la Sala. En todo caso, para los efectos de que tenga claridad sobre el tema, pido que se le haga llegar copia de nuestras intervenciones de hoy. Además, cuando el colega Schaulsohn quiera interpretar el espíritu del legislador, debe escuchar por lo menos a los 10 Diputados de las distintas bancadas que presentamos esta moción.

En cuanto al artículo 2°, se trata de una materia distinta, que se discutió mucho y dice relación en la forma de distribuir algunos de los recursos destinados al Comité Olímpico de Chile y a las federaciones deportivas afiliadas a él.

En este aspecto, manifesté mi opinión en contrario, tanto en la discusión en esta Sala como en la efectuada en la Comisión Mixta. Pero en la Comisión, junto con los Senadores, adoptamos un acuerdo que después fue ratificado por esta Honorable Sala. Soy partidario de reafirmar la voluntad de los Diputados, en el sentido de que corresponde agregar mayores recursos para la promoción del deporte y la recreación. Eso, a mi juicio, no puede hacerse a partir de 1993, sino de inmediato, porque necesitamos dar una demostración de voluntad en cuanto a que nos interesa generar más recursos para el deporte.

Respecto del tema de los fondos con que actualmente cuenta la Digeder, aprobados en la Ley de Presupuestos, pienso que los recursos que genere este proyecto de ley deben ser adicionales a los mencionados, y permitir ampliar algunos programas de fomento, de desarrollo del deporte y de recreación a niveles nacional y regional.

De manera que, a mi juicio, corresponde rechazar el artículo 42, nuevo, agregado, a fin de que prime el criterio adoptado por esta Sala. En resumen, mi voto será afirmativo, para la primera parte de las observaciones, pues estimo que corresponden a una necesidad de concordancia con el proyecto de ley sobre regionalización que se discute. Respecto de la segunda parte del veto, me pronunciaré negativamente para reafirmar la voluntad del Congreso en cuanto a que los recursos generados con esta modificación tengan distribución inmediata.

Le concedo una interrupción al Diputado señor Bombal.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

A pesar de que no soy el Diputado informante, sino el colega Estévez, entiendo que esa fecha obedece a que la Dirección General de Deportes y Recreación ya tiene un presupuesto aprobado, del orden de los 8.171 millones de pesos, el cual es superior a lo que puede generar la modificación al artículo 90. Entonces, pareciera que lo propuesto por el Ejecutivo es que estos ingresos no se empiecen a recibir de inmediato, porque ya estarían establecidos en el presupuesto que cubrirá todo el programa de desarrollo del deporte y la recreación que está llevando a cabo la Digeder de acuerdo con las instancias regionales.

Sólo puedo dar algunas cifras.

En la actualidad, de esos 8.171 millones de pesos se está destinando a las regiones prácticamente el 60 por ciento. Esa es la razón -y por eso no votaré favorablemente esta parte del veto- por la cual sostengo, colega Bombal que me gustaría que estos recursos generados por nuestra modificación deben ser considerados adicionales al presupuesto ya aprobado, porque la voluntad nuestra al legislar y aprobar este proyecto fue generar más recursos para el deporte, teniendo conciencia de que esto puede significar alrededor de tres mil y tantos millones de pesos extras -por decirlo así- para el actual presupuesto, lo cual estimamos que será, por lo menos en mi opinión personal, tremendamente positivo para el desarrollo del de-porte y la recreación.

Por esa razón, rechazaré el veto en su segunda parte, y aprobaré lo referente a la regionalización, a fin de hacerla concordante con la nueva ley.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, las observaciones del Ejecutivo inciden en dos aspectos del proyecto.

El primero se refiere a un acuerdo logrado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados, tendiente a destinar a las regiones el 50 por ciento de los fondos que se recauden mediante esta nueva ley.

El Ejecutivo sostiene que sólo se deben regionalizar los fondos destinados a inversión regional y no el total de ellos, porque la Constitución dispone que sólo se regionalizan los fondos sectoriales destinados a inversión. En este sentido, expresa que este proyecto de ley debe ser compatible con la Constitución.

Señor Presidente, Renovación Nacional no comparte el criterio del Ejecutivo y está por la tesis expuesta por el Diputado señor Schaulsohn, cuyos argumentos no repetiré. No tiene absolutamente nada que ver la Ley de Regionalización con el proyecto que estamos tratando, desde el momento que los nuevos fondos asignados al deporte no son sectoriales. El espíritu de los parlamentarios que propusieron este proyecto fue incrementar el fomento y desarrollo del deporte, a nivel nacional. En consecuencia, no son fondos para gastos de operación o pago de remuneraciones. Es decir, no hay ninguna razón para no regionalizar el total del pre-supuesto, porque si lo hacemos sólo con los fondos de inversión, resultará que únicamente el 15 por ciento, o cuando más el 20 por ciento de los nuevos recursos, se destinarán a las regiones.

En la actualidad de los ocho mil millones de pesos, más o menos, que tiene asignados la Digeder, destina 1.200 millones de pesos para la administración central. Sin embargo, le reprocha al Comité Olímpico que gaste 80 millones de pesos en la administración central, en circunstancias de que el deporte federado administra 40 federaciones afiliadas al Comité.

Por consiguiente, no hay ninguna razón legal ni de buen juicio que impida regionalizar el 50 por ciento de los nuevos fondos.

Por eso, insisto en que votaremos en contra de estas observaciones.

El segundo veto del Ejecutivo se refiere a la entrada en vigencia de esta ley, ya que posterga en un año la distribución de los fondos que recibirá el deporte y, muy especialmente, el Comité Olímpico de Chile. Creo que sería muy difícil para los parlamentarios explicarle al país cómo, luego de transcurrir más de un año desde la presentación de este proyecto -recuerdo la fecha, el 15 de mayo de 1990- sólo en diciembre de 1991, prácticamente veintidós meses después, hayamos logrado ponemos de acuerdo en que el 15 por ciento de los fondos que se asignen a la Digeder sean para el Comité Olímpico de Chile. Lo Conseguimos, señor Presidente, y no puede ser posible que, pese a existir consenso, un veto del Ejecutivo nos haga volver atrás, postergue en un año la entrada en vigencia de la ley e impida que el Comité Olímpico posea autonomía e independencia para contar con un financiamiento estable, seguro y legal, para no seguir dependiendo de la buena voluntad o de la discrecionalidad de la autoridad administrativa de turno, la Digeder.

Por todo lo dicho, Renovación Nacional votará en contra de las dos observaciones del Ejecutivo, porque son contrarias al espíritu de la iniciativa de ley y a un acuerdo unánime del Senado y de la Cámara de Diputados. Las razones que nos han dado no son en absoluto convincentes ni convenientes.

He dicho.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, en forma muy breve daré a conocer la posición de la bancada radical- socialdemócrata porque, como lo señaló el parlamentario que me antecedió en el uso de la palabra, este proyecto lleva más de un año de discusión, la cual ha sido bastante acalorada y apasionada. Tal vez ese impulso ha impedido que el proyecto haya tenido un trámite más fluido.

Muchos de los argumentos dados esta mañana ya los conocemos. El objeto de este proyecto, simplemente, es readecuar la entrega de recursos a todas estas entidades que constitucionalmente pueden recibir aportes públicos.

Sobre esta materia, es evidente que uno de los puntos centrales del debate ha sido si la distribución de recursos, con ingresos de los nuevos juegos de azar, se aplicará con la misma regla a todas las entidades que antes recibían sólo el aporte de la Polla Gol, una Polla Gol que fue quedando "desplumada" porque aparecieron numerosísimos juegos de azar en el país lo cual ha repercutido en que este primitivo concurso tenga mucho menos entradas. De ahí, entonces, que decrecieran los aportes a las diferentes entidades, especialmente a 42 federaciones deportivas que, en conjunto, concretan lo que llamamos y conocemos como el deporte de elite, al cual los técnicos consideran fundamental darle la importancia, porque a través de ellos se consigue lo que nos preocupa a los parlamentarios, es decir, su masificación.

Aunque algunas entidades han incrementado sus recursos con los nuevos juegos de azar, se ha estimado conveniente que estas 42 federaciones -que aglutinan a cerca de 2 millones de deportistas- tengan el mismo tratamiento. Este deporte recibe hoy día una suma similar a la que numéricamente se le entregaba en 1979.

La bancada radical-socialdemócrata aprobará, con algunas observaciones la primera parte del veto del Ejecutivo que habla de la entrega de recursos a las regiones. Lo hará solamente con el afán de coordinar la intención con la futura ley de regionalización, y en^ función de esos aspectos, porque la Digeder señaló que tradicionalmente a las regiones se les entregaba más del 50 por ciento de los fondos, lo que nos parece bien porque debemos reconocer -especialmente los parlamentarios que somos de provincias- que en regiones el deporte funciona a chispazos, en forma incoherente y no existe una planificación para que las asociaciones hagan un aporte al deporte nacional.

Sobre esta materia tenemos fundadas esperanzas de que este proyecto de ley se coordine con la ley de regionalización y con la nueva ley del deporte, que deberá ser debatida por este Parlamento.

Por tanto, la bancada radical-socialdemócrata aprobará la primera parte del proyecto, pero rechazará la segunda, que pone una fecha para que los organismos reciban los recursos pertinentes.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, quiero destacar que cuando se discutió este proyecto, la proposición de la Comisión Mixta fue aprobada unánimemente por la Sala, por cuanto respondía a un acuerdo de los sectores que pugnaron intensamente en el debate del proyecto con posiciones diferentes con relación al reparto, a los pisos que debía corresponder en la asignación de recursos y a otros temas. Pero lo esencial es que el Congreso llegó a un acuerdo donde se acomodaron las distintas posiciones.

Ahora, si el Ejecutivo siguió las distintas fases del proyecto y no estaba de acuerdo con estas posiciones acomodadas y votadas por unanimidad, debió hacerlo presente con el objeto de que su posición también se considerara en la discusión final.

Nos sorprende este veto en sus dos aspectos. En primer lugar, a nuestro juicio, no es lo mismo sostener que la mitad del resto de los fondos será regionalizado para ser invertido por los gobiernos regionales, que afirmar que la mitad del resto, en aquella parte que anualmente se defina para inversión, se incluirá en los ítems de inversión sectorial de asignación regional que menciona el artículo 104 de la Constitución Política. Y no es lo mismo porque con ese cambio de redacción, en la práctica, ese porcentaje baja de un 50 a un 15 por ciento, como lo han señalado algunos señores Diputados, especialmente el Diputado señor Navarrete.

En mi opinión, ello significa cambiar absolutamente un acuerdo político, el cual fue alcanzado después de largo debate.

Tampoco me parece atinado que se postergue la asignación de los recursos hasta el año 1993, como se señala en la segunda parte del veto. Es decir, que rija a contar desde ese año la distribución que se ha asignado en la ley.

Al respecto, estimo buena la observación del Diputado señor Pizarro, en cuanto a que los fondos que se acumulen de acuerdo a este mecanismo sean considerados adicionales; pero que el reparto se haga de inmediato, a través de operaciones concretas que beneficien tanto al 15 por ciento del COCH como al resto de las instituciones que se benefician con las normativas de esta ley.

En definitiva, no le encuentro fundamento al veto del Ejecutivo en esta parte. Aún más, pienso que la Cámara de Diputados debiera resguardar el acuerdo político votando en contra ambas normas, tanto la relativa a la inversión regional como la que dice relación con la postergación en la entrega de los fondos hasta el año 1993. De esta manera, mantendríamos el equilibrio de opiniones, que es lo que se salvó al aprobarse por unanimidad este proyecto.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, en beneficio del tiempo y debido que se han dado todos los fundamentos, anunciamos que la Unión Demócrata Independiente va a rechazar el veto del Ejecutivo, por cuanto el criterio con que se asignan los fondos de regionalización debe corresponder a la totalidad de los recursos y no a una sola asignación de fondos de inversión, como se ha señalado. En ese sentido, suscribimos todo lo expresado por el Diputado señor Navarrete, como también lo recientemente dicho por el Diputado señor Molina.

También nos parece que la fecha debe ser la establecida en el acuerdo adoptado por unanimidad y después de un largo debate en la Comisión Mixta, en el Senado, en el sentido de que la ley debe regir en la forma señalada en la proposición, a la cual el Ejecutivo ha querido agregarle un artículo a través del veto.

A nuestro juicio, el proyecto debe ser aprobado tal como lo despachó el Congreso Nacional. No entendemos el veto, toda vez que, incluso, el propio Diputado señor Pizarro nos anuncia ahora que no está de acuerdo con la fecha en que entrará a regir. Es decir, después de lo discutido, el veto prácticamente no tiene sentido.

Por las razones dichas, a las cuales nos sumamos, rechazamos el veto del Ejecutivo en sus dos partes.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, cuando se tratan problemas relacionados con el deporte, inmediatamente surge la falencia económica con que se dirigen los distintos deportes en nuestro país.

Place pocos días, una pequeña república obtuvo un triunfo en tenis, en la Copa Davis. Allí, más que nada, quedó en evidencia la falencia de jugadores que tiene Chile y cómo se debe masificar un deporte en un país, como lo ha estado haciendo Cuba. La delegación cubana manifestaba con mucha satisfacción -tenían la razón para hacerlo así- que contaban con diez, quince o veinte jugadores de la misma calidad de los que vinieron a ganar en el tenis a los jugadores chilenos, quienes también se defendieron en forma digna. Esa misma falencia económica se advierte en estos mismos instantes no tan sólo en el desarrollo del deporte, sino en la vida misma de los que lo practican.

Hoy en la mañana, en la sede de la Asociación Nacional de Boxeo, se declaró en huelga de hambre el campeón de Chile y del mundo, Allí Gálvez, hombre sencillo, de extracción humilde y modesta que ha buscado el duro camino de boxear para poder salir de la miseria -"salir de abajo", como se dice-, a raíz del acuerdo tomado por el Colegio Médico, que no se puede contradecir así no más, porque tiene sus razones; pero en el país, si alguien se preocupara de ver cómo y quiénes practican el deporte, esas cosas no podrían suceder.

En el boxeo -y en esto no hay propaganda de ninguna especie-, vemos que Cuba también es una de las primeras potencias mundiales, y jamás ha tenido que lamentar la muerte de algunos de sus boxeadores. Ello, porque ahí se les protege-

Por lo demás, es sabido que el hombre que come, vive y duerme bien, y está tranquilo con sus familiares, es un boxeador que aunque fuera en una pelea muy violenta, no saldría dañado, como ha sucedido aquí, en nuestro país, donde nadie presta atención ni protección al deportista.

Por ello, cuando estamos hablando de distribución de dineros y de plazos para entregar las cuotas que corresponden, estamos perdiendo soberanamente el tiempo. Como digo, se requiere que el Parlamento, en forma muy especial, a través de todas sus bancadas, pueda llegar rápidamente con una inyección de dinero, para poder superar todos estos problemas y no volver a sufrir la vergüenza de la derrota del deporte chileno, y la actuación nunca vista, vergonzosa, de nuestros deportistas. Y no por culpa de ellos, sino por la dirigencia en los últimos Panamericanos también realizados en Cuba. Parece que Cuba es fatal para Chile en esto del deporte, porque ésa fue la peor actuación de una delegación de deportistas chilenos.

Justamente, a lo que voy es que si estamos discutiendo repartir dinero de los juegos de azar y, al mismo tiempo, postergamos el otorgamiento de estos recursos, que debería efectuarse a la brevedad posible, en cierta manera también nos hacemos cómplices de ese olvido, de esa ignorancia que ha habido con respecto a cómo debe manejarse el deporte y cómo debe ser masificado, protegido y sobre todo cómo deben vivir los que se dedican a los deportes más duros, especialmente referido al boxeo, que es practicado por nuestro pueblo.

Señor Presidente, aprobaré la primera parte del veto del Ejecutivo y rechazaré lo que se refiere a retrasar la entrega de estos recursos hasta el próximo año 1993.

He dicho.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, creo que se ha producido una gran confusión respecto del tema en debate y del impacto que tendría la aprobación o no del veto.

En primer lugar, señalaré que el veto no posterga ninguna entrega de recursos para el deporte. Lo que hace es alterar un mecanismo de distribución respecto de otro, mecanismo que, por el contrario, puede generar una parálisis de los recursos deportivos en el país, situación que se busca evitar a través del veto.

Actualmente, la Digeder destina más del 60 por ciento de su presupuesto a los gastos en comunas o en regiones, y este proceso requiere armonizar cerca de 30 mil clubes, 1.500 asociaciones y más de un centenar de federaciones. Lo que se plantea acá es que modificar en este momento y en lo inmediato la forma de vinculación y presentación de proyectos de estos 30 mil clubes y 1.500 asociaciones para este año, implicará, posiblemente, que los gobiernos regionales -todavía no existen, no tienen las cuentas ni los mecanismos establecidos hasta que no se apruebe la ley orgánica regional en el Congreso- queden paralizados y sin los aportes requeridos para este año. Es decir, si no se aprueba el veto, vamos a tener una acumulación de fondos a la espera de la creación de los gobiernos regionales y de los mecanismos contables y presupuestarios que permitan su entrega. En cambio, si se aprueba el veto, no se paraliza la entrega de recursos, sino que su distribución simplemente se continúa haciendo por el actual mecanismo utilizado por la Digeder.

Concedo una interrupción al Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, la exposición del Honorable señor Estévez es clarificadora en cuanto a los efectos específicos que puede tener la materia que estamos debatiendo; pero recuerdo a la Honorable Cámara que aquí hay un principio en juego: la facultad del Congreso de asignar recursos adicionales para las regiones. Eso es lo que está en juego, en razón del fundamento otorgado por el Ejecutivo para su veto sustitutivo.

El Ejecutivo dice que por el hecho de que la Ley Orgánica y la Constitución establecen un sistema de asignación de recursos, no corresponde asignar una determinada porción de dinero proveniente del Sistema de Pronósticos Deportivos. Este mismo principio se podrá aplicar en el futuro a cualquier otra asignación específica de recursos.

En consecuencia, debe rechazarse el veto en razón del principio entregado en la fundamentación del Ejecutivo, que me parece peligrosa y errónea y va en detrimento de la posibilidad de que este Congreso asigne recursos en el futuro a las regiones por medio de éste u otro concepto.

Agradezco la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, entiendo que la discusión se ha centrado en principios o ideas respecto del deporte.

Lamentablemente, el veto no se refiere a estos principios o ideas, sino que busca que tales conceptos tengan aplicación práctica; por tanto, lo que debemos juzgar es su capacidad práctica para hacer las cosas.

El Diputado señor Schaulsohn afirmó que el Congreso busca asegurar recursos adicionales para las regiones. Este es el criterio que informa el proyecto.

Señor Presidente, deseo dejar salvada la responsabilidad respecto del funcionamiento del deporte regional en el resto de este año. Quiero que quede muy claro en la versión que si no hay un mecanismo real para distribuir estos fondos a los 30 mil clubes y a las más de 1.500 asociaciones, el resultado que se obtendrá es contrario del señalado por el Honorable Colega Diputado señor Schaulsohn, ya que el sistema se paralizará, pues no se podrá entregar fondos a organismos inexistentes que, por tanto, no tienen cuentas para trabajarlos.

No se trata de desconocer una facultad del Congreso, sino que de proponerle a esta Corporación que sopese un veto que no surgió de corregir un acuerdo político, como dijo el Diputado señor Molina, -porque nunca hubo un acuerdo político de esa naturaleza respecto del mecanismo de distribución- sino que sobre la idea central que informa la iniciativa. Sin embargo, ha quedado mal redactada una frase, cosa que le puede ocurrir a cualquier poder del Estado, por lo que su actual redacción no permite que el precepto sea aplicable, porque no existen las cuentas o la manera de llevarlo a la práctica.

Aquí no está en juego una disminución o un aumento de los recursos para las regiones; por el contrario, está garantizado, si la ley opera, un incremento de los recursos que se les otorgan. Lo que está en discusión son los mecanismos de distribución de estos recursos.

No sólo tiene sustento lo que propone el Ejecutivo, sino que, además, da una solución más eficiente a la administración de las cuentas del Estado.

Por tanto, invito a mis colegas a votar favorablemente el veto, en el entendido de que ello impedirá una interrupción en el flujo de recursos que se destinarán este año a clubes y a modestas instituciones que practican deportes a nivel comunal.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, estimo que no existe una alteración de las facultades del Congreso, pues el veto sólo busca que las nuevas normas sobre estos recursos estén en concordancia con una sana política económica.

La participación de los gobiernos regionales en la inversión de los recursos públicos y en la ejecución de las políticas nacionales sobre las diversas funciones que les son propias, se establece en el inciso tercero del artículo 104 de nuestra Constitución Política, que dispone expresamente: "La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región corresponderá al gobierno regional.".

En este mismo sentido el veto, al agregar el artículo 4Q, está en concordancia con esta disposición, pues se consigna que nos corresponderá legislar sobre los gobiernos regionales y provinciales. Mientras no exista la norma, es conveniente establecer que la destinación de los fondos regirá a contar de 1993.

Por estas consideraciones y para guardar una concordancia con las normas legales y con la política sostenida por el Gobierno, considero que debemos aprobar el veto en la forma propuesta por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor CERDA (Vicepresidentes.-

Corresponde tratar el proyecto de ley que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, y deroga los artículos 30, 31 y 33 de la ley N° 18.755.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 365-01 y figura en el Nº 13 de los documentos de la Cuenta de la sesión 58ª, celebrada en 26 de marzo de 1992.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, me corresponde entregar a la Sala el segundo informe de la Comisión de Agricultura en relación con el primer trámite constitucional del proyecto de ley que crea la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

Esta iniciativa no sufrió grandes transformaciones. Sólo se hicieron algunos cambios formales.

En primer lugar, la Comisión aprobó por unanimidad la indicación del Diputado señor Alamos al artículo 4°, que incorpora a esa norma la siguiente oración: "Los servicios especializados que presta la Oficina, sometidos a cobro de precios o tarifas, serán determinados mediante decreto supremo.".

En segundo lugar, los incisos finales de los artículos 5ª y 6ª pasaron a ser artículos 2° y 3° transitorios, respectivamente.

En tercer lugar, la Comisión rechazó por unanimidad la indicación del Ejecutivo al artículo 8a que señalaba que el encasillamiento no podrá representar disminución de remuneraciones, pues el Estatuto Administrativo contempla la protección de las remuneraciones de los trabajadores, ya que en la definición de renta incluye la asignación profesional y otras asignaciones.

Luego, el artículo 11 fue rechazado porque existe una legislación orgánica que regula la creación de los servicios de bienestar.

Finalmente, se incorporó un artículo 4° transitorio, nuevo, que reemplaza el inciso primero del artículo único transitorio.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor JARA (don Sergio).-

Señor Presidente, la bancada de la Democracia Cristiana estima que este proyecto es muy importante para modernizar nuestro sector agrícola, tanto para satisfacer las necesidades internas como para incentivar el modelo exportador que actualmente despierta consenso en el país.

En consecuencia, hemos aprobado todas las disposiciones útiles de este proyecto de ley, y estamos absolutamente de acuerdo con las proposiciones de la Comisión de Agricultura, que acaba de reseñar su Diputado informante.

Por lo tanto, anunciamos el voto afirmativo de la bancada de la Democracia Cristiana a este proyecto de ley y a las modificaciones planteadas.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en relación con la inquietud del colega Schaulsohn, el artículo 7a no altera la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Sólo establece algunos requisitos específicos más exigentes para el ingreso a la planta, en particular, de profesionales, cuyo objetivo es velar por la calidad de los integrantes de esta Oficina. Estudiado detenidamente este punto, vimos que no incidía ni afectaba la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

Respecto de la pregunta del colega Carrasco, le recuerdo que en varias ocasiones, cuando hemos discutido y despachado otras iniciativas en este Congreso, se hace esta diferenciación. Los grados para los secretarios ministeriales dicen relación con el tamaño de las plantas y de sus responsabilidades. Sin duda, hay algunas regiones, en las que la actividad agrícola es muy relevante, lo que justifica la diferencia de grados.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta para resolver las divergencias surgidas entre el Senado y la Cámara respecto del proyecto que modifica el sistema de subvenciones estatales de la educación, establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 1989.

El texto de la proposición de la Comisión Mixta figura en el número 10 de los documentos de la Cuenta de la sesión 55a., celebrada en 18 de marzo de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley que divide la jurisdicción de los Juzgados de Letras de Concepción y Talcahuano y crea el Cuarto Juzgado del Crimen de Concepción.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 573-07-1 y se encuentra en el número 6 de los documentos de la Cuenta de la sesión 51a., celebrada en 25 de febrero de 1992.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde tratar el segundo informe del proyecto que modifica el N° 4, del artículo 10 del Código Penal, con el objeto de fortalecer el derecho de legítima defensa.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el Diputado señor Espina.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N- 386-07 y figura en el número 11 de los documentos de la Cuenta de la sesión 55a., celebrada en 18 de marzo de 1992.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, me corresponde dar a conocer el segundo informe sobre el proyecto originado en una moción parlamentaria, que tiene por objeto fortalecer el derecho de legítima defensa establecido en el número cuarto del artículo 10 del Código Penal.

Brevemente y para la adecuada comprensión de los señores Diputados, quiero recordar los contenidos básicos de este proyecto, y posteriormente, entrar de lleno en la indicación que ha sustituido parte del texto que, en su primer trámite, fue aprobado en general. Asimismo, quiero referirme a las indicaciones que fueron rechazadas, muchas de las cuales lo fueron básicamente por haber quedado comprendidas en la indicación sustitutiva presentada en la Comisión y aprobada por la unanimidad de los parlamentarios presentes en ella.

En alcances generales del proyecto es unánime la posición de la Comisión de Constitución, en cuanto a que el resguardo del orden público y la garantía de la seguridad ciudadana corresponden, única y exclusivamente, a Carabineros e Investigaciones. Así lo dispone expresamente la Constitución Política del Estado.

No obstante ello, nuestra legislación, desde sus orígenes, como la legislación comparada, han contemplado situaciones de carácter excepcional en que la policía no puede estar presente en el instante en que una persona es objeto de un ataque y, por lo tanto, la legislación, concurriendo a determinados requisitos, permite a una persona defenderse de un ataque ilegítimo.

La ley contempla básicamente tres situaciones que dan origen a la legítima defensa: la legítima defensa personal; esto es, cuando la víctima se defiende de un ataque del que ella ha sido objeto; la legítima defensa de parientes, cuando la víctima ha sido objeto de una ataque a sus parientes, y la legítima defensa de extraños.

Cada una de éstas contiene requisitos puntuales y específicos que aparecen mencionados en el artículo 10, número 4, del Código Penal, y que corresponden a las causales de exención de responsabilidad penal.

Las causales generales de la legítima defensa son: que la persona sea objeto de una agresión ilegítima, que exista proporcionalidad en el medio que emplea para defenderse, y que haya faltado provocación suficiente por parte del que se defiende, de tal manera que no pudiera autogenerar una situación que, posteriormente, vía una provocación, pretendiera ampararse en una causal de eximente de responsabilidad penal.

La legítima defensa de parientes agrega sólo un elemento a los que he señalado, que consiste en que no haya procedido provocación de parte del acometido, y finalmente, la legítima defensa de terceros, establece que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo.

Además, existe lo que se denomina la legítima defensa privilegiada. Ella consiste, básicamente, en que la ley, en determinadas y muy particulares circunstancias, presume que una persona ha actuado en legítima defensa, dadas las circunstancias en que ha ocurrido este hecho.

¿Cuáles son los casos que nuestra legislación contempla actualmente en la legítima defensa privilegiada? Básicamente dos: cuando una persona es objeto de un ataque en su casa o en un departamento habitado; es decir, en el lugar en que hay moradores habituales, que el atacante o agresor sea sorprendido escalando o fracturando los cercados, paredes o entradas y que el ataque se produzca de noche; y cuando, segunda hipótesis, la persona sea víctima del delito de robo con violencia o intimidación en la persona.

El estudio de la Comisión, y las razones que motivaron la moción fueron, simplemente, permitir que circunstancias igualmente excepcionalísimas y que hoy no están contempladas en nuestra legislación, por la propia evolución que los hechos delictuales han tenido en el país durante las últimas décadas, han llevado a contemplar estas situaciones que están en la misma condición que aquellas que hoy contempla la ley. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, no aparecen para nada contemplados en la legislación los ataques que se producen durante el día en las casas o los que se pueden producir en los locales comerciales, o la defensa que se pueda hacer de un familiar, el hijo o la esposa, quienes no tienen la legítima defensa privilegiada, o los ataques por delito de secuestro, violación u homicidio calificado. Hoy día están limitados simplemente al robo con violencia.

Por lo tanto, el proyecto apunta a incluir estas nuevas hipótesis en la legítima defensa privilegiada. En la página 2 del informe, la Comisión estableció un artículo que señala: "Se presumirá legalmente que concurren estas tres circunstancias -los tres requisitos de la legítima defensa- respecto de aquel que rechaza la entrada indebida o el escalamiento en los términos indicados en el artículo 440, número 1) de este Código, de una casa o departamento habitado o de sus dependencias, o si es de noche, de un local comercial o industrial, cualquiera que sea el daño que en ambos casos ocasione al agresor.".

¿Cuáles son los cambios en relación con lo aprobado en el primer informe? En primer lugar, se establece que la presunción es simplemente legal, es decir, que admite prueba en contrario; que la víctima, o mejor dicho, el supuesto agresor, está habilitado para aprobar que no concurrieron los requisitos de la legítima defensa, y por lo tanto, no cabe que la persona o el supuesto defensor pueda invocarlos para eximir su responsabilidad penal.

La Comisión resolvió un conflicto que ha venido presentándose en los tribunales de justicia durante muchos años, ya que en algunas oportunidades se ha estimado que ésta es una presunción de derecho, en la cual no cabía prueba en contrario.

Al respecto, se ha estimado que en materia jurídica-penal, siempre debe permitirse la prueba en contrario, a fin de desvirtuar la legítima defensa en caso de que se hubiere esgrimido equivocadamente.

El segundo cambio consiste en incorporar un elemento tendiente a rechazar la entrada indebida a un lugar determinado, a los que ya me referiré. Debo señalar que por entrada indebida se ha entendido aquella entrada que se hace en forma impropia, contraria a la voluntad de los moradores de la casa, o sea, la que se hace en forma irregular y anormal. Se ha agregado este elemento, manteniendo el concepto del escalamiento, pero perfeccionándolo al remitirse a un artículo del Código Penal que expresamente define lo que se entiende por escalamiento, el 440, número 1).

La otra modificación que se introduce, y que interesa particularmente a los Diputados porque fue objeto del debate en la discusión general, distingue entre los ataques que se producen a cualquiera hora del día con aquellos que se producen en la noche.

En qué consiste la diferencia.

Si el ataque se produce en una casa, departamento habitado o en sus dependencias, la persona podrá esgrimir la legítima defensa, cualquiera que sea la hora del ataque. Sin embargo, si el ataque se produce en un local comercial o industrial, esta legítima defensa privilegiada se limita a los ataques producidos exclusivamente de noche. La razón es evidente. En los locales comerciales o industriales el movimiento diario de la gente impide que se pueda saber cuándo una persona está ingresando a un lugar en forma debida o indebida.

Sin embargo, en los ataques que se producen en las casas particulares resulta mucho más claro distinguir cuándo la persona ha hecho un ingreso indebido a esa casa.

Esta indicación fue presentada por el Diputado señor Elgueta y recogió las distintas opiniones que se habían vertido tanto en la Sala como en la Comisión respecto de este punto, la que -como señalé- fue aprobada por unanimidad.

Respecto de las indicaciones que se rechazaron, y que figuran en la página 5 del informe, debo señalar que la primera corresponde a una indicación del Diputado señor Concha, que mantenía la disposición vigente en cuanto a que los ataques sólo debían producirse en la noche.

Posteriormente, hubo una indicación del Diputado señor Schaulsohn, cuyos aspectos esenciales se incorporan a la indicación del Diputado señor Elgueta.

Por lo tanto, la Comisión al considerar que ya había acogido la indicación del Diputado señor Elgueta estimó que no era necesario entrar a revisar aquella otra, cuyos aspectos esenciales ya estaban comprendidos por la modificación que aprobó la Comisión.

Hubo también una indicación del Diputado señor Rojo, que fue incorporada, el delito de sodomía que elimina que una persona pueda esgrimir para la legítima defensa privilegiada. La razón es que el delito de sodomía requiere de la voluntad de ambas partes, por lo que no existe víctima ni victimario; atacante ni defensor. Por ello, no cabía ni tenía razón de ser el incorporar una figura que, para que se tipifique, para que sea delito, se requiere de la concurrencia de la voluntad de ambas partes.

Finalmente, fue declarada inadmisible una indicación presentada por los Diputados señores Bosselin y Elgueta, puesto que aparecen recogidas en otro proyecto que en este momento está estudiando la Comisión y que traeremos próximamente a la Sala, referida básicamente a los aspectos procesales relativos a la excarcelación y a la libertad provisional en los casos de la legítima defensa privilegiada o legítima defensa simple.

En lo demás, el proyecto mantiene los términos planteados en el primer informe debatido en la Sala.

En lo sustantivo, los cambios apuntan en cuatro direcciones. En primer lugar, permiten que la persona que hace las veces de atacante tenga el derecho de probar que no concurrieron los requisitos de la legítima defensa, al establecer que se trata de una presunción meramente legal y no de derecho. En segundo lugar, permiten que una persona no sólo se defienda cuando es objeto de robo o de hurto, sino que también puede hacerlo cuando va a ser objeto de ataque de un delincuente, para cometer un delito de homicidio, de violación o de secuestro de un menor de edad. En tercer lugar, extiende estas situaciones a los locales comerciales e industriales, pero limitándolas exclusivamente a la noche. En cuarto lugar, permite que la legítima defensa privilegiada no sólo se ejerza cuando los ataques son respecto de la persona que se defiende, sino también cuando, son respecto de sus cónyuges, parientes e, incluso, en determinadas hipótesis, de extraños.

Estos son los contenidos de las indicaciones que se someten a consideración de la Honorable Cámara en el segundo informe del primer trámite constitucional.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, concurriré con mi voto favorable al proyecto de ley, sin embargo comentaré una frase que se introdujo al número 42 del artículo 10 del Código Penal, referente al que rechaza la entrada indebida.

Esta disposición tiene su fundamento en el hecho de que hoy, frecuentemente, se dan situaciones de personas que se presentan en la morada, residencia o domicilio de las futuras víctimas, engañando a sus moradores, haciéndose pasar por mecánicos, gasfíter u otras ocupaciones, quienes aduciendo diversos argumentos, ingresan a la vivienda y proceden a cometer distintos delitos en su interior. Esto puede ocurrir de día y no sólo de noche, como establece la actual norma del Código Penal que se pretende modificar. En estas condiciones, la futura víctima se encuentra indefensa.

Cabe señalar que la defensa privilegiada se basa en la circunstancia de que el atacado no puede adivinar fácilmente las intenciones del atacante e ignora la magnitud y la gravedad del ataque. En este caso, cuando se realiza la entrada o ingreso indebido al domicilio, la residencia o la vivienda, también existe ignorancia respecto de la gravedad o magnitud de la ofensa que el agresor se propone efectuar. De allí que se privilegie la legítima defensa que haga la víctima.

Esta disposición está contenida en el Código Penal español. En forma sintética, establece normas muy breves relativas a la legítima defensa.

Pero, como nuestro Código Penal está vigente desde hace mucho tiempo, es indudable que fue acertado el criterio de la Comisión de no adoptar todas las disposiciones del Código Penal español, lo que se habría traducido en un trastorno en cuanto a varias disposiciones vinculantes con el sistema de legítima defensa privilegiada.

Por estas razones, la conclusión a que llegó la Comisión es acertada y concurriré con mi voto a su aprobación.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, quiero hacer algunas consultas en relación con el concepto de "entrada indebida" a que hicieron referencia el señor Elgueta y el señor Diputado informante.

Por su parte, el señor Schaulsohn agrega que se trata de cualquier persona que no tenga la llave. No sé si el comentario es serio o vale la pena tomarlo como tal.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Le ruego dirigirse a la Mesa, señor Diputado.

El señor DEVAUD.-

Lo estoy haciendo; a usted le estoy hablando, señor Presidente.

En todo caso, el concepto de "entrada indebida" no tiene precisión jurídica en ninguna parte. Por ejemplo, si se pretende circunscribirlo en el artículo 440, N° 3°, del Código Penal como dijo el Diputado señor Elgueta, la introducción mediante el engaño está perfectamente delimitada en ese número, que señala: "3° Introduciéndose en el lugar del robo mediante la seducción de algún doméstico, o a favor de nombres supuestos o simulación de autoridad.".

En materia penal, la descripción y la delimitación de los tipos penales y de las figuras y conductas delictivas está hecha en función de la seguridad de las personas y de la sociedad evidentemente, para no incurrir en lo que se ha dado en llamar "leyes penales en blanco" o "extensiones irritantes", situaciones que, en realidad, perjudican los derechos de las personas.

A mí me preocupa la "entrada indebida" por su imprecisión jurídica. El término "escalamiento" está definido en el mismo artículo 440 del Código Penal, "entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos, o fractura de puertas o ventanas.". No contempla ninguna otra suposición jurídica.

Por lo tanto, soy de opinión de rechazar el concepto de "entrada indebida", por su imprecisión.

Pero lo que más me preocupa es la extensión de la presunción legal -afortunadamente concebida como presunción legal y no de derecho- desde el punto de vista de los jueces, si es que se aprueba esta modificación; me preocupa de todas maneras la extensión de la defensa respecto de extraños, que establece el artículo 10, N° 6a, del Código Penal, por cuanto dentro de los tipos o figuras delictivas a la que se pretende extender la defensa de extraños y, en este caso, la presunción legal de legítima defensa, está el robo por sorpresa y podría darse la siguiente situación, por ejemplo: en una calle cualquiera, un lanza ataca a una persona y le roba la cartera. Un transeúnte cualquiera saca un revólver, le pega un balazo en la cabeza y lo mata. Esta es la descripción final de la extensión de la presunción de legítima defensa respecto del tercero, que, en este caso, asume la condición de vengador público de las ofensas a la sociedad.

Esta extensión es peligrosa. Cuando se debatió el proyecto en su primer informe, hice presente la peligrosidad que reviste para quien, en definitiva, es la víctima final, porque también puede darse el caso supuesto de legítima defensa y la prefabricación de delitos.

La presunción, aun cuando es simplemente legal, está concebida en beneficio de quien utiliza, por ejemplo, un arma de fuego y ultima a quien dice que lo atacó en forma ilegítima, incurriendo en un delito. El problema está en que quien muere en esta situación no puede ni tiene los medios como defenderse y destruir la presunción legal que le está afectando.

Por lo tanto, mantengo mi votación, que hice presente en el debate del primer informe.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, las consideraciones del Diputado señor Devaud respecto del ingreso ilegítimo serían muy pertinentes y razonables si se tratara de tipificar un delito. Pero aquí no se trata de tipificar un delito; no se crea un delito. Simplemente, se establece una presunción legal que afecta a la víctima de un delito. De modo que no es necesario precisarlo en la forma que él señala, con todos los riesgos, que comparto como reflexión general, porque no estamos creando un delito. Estamos estableciendo una presunción legal simplemente. Más allá de la broma que hice al inicio del debate, de la persona que no tiene la llave, que además, en cierto modo, es efectivo, la preocupación del señor Devaud no afecta la corrección del proyecto de ley. Lo que hace es extender la legítima defensa a situaciones que, a todas luces, lo ameritan.

El señor Devaud me solicita una interrupción.

Con su venia, señor Vicepresidente, se la concedo encantado.

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, un ejemplo que puede orientar el debate en otro sentido es la eventual legitimidad que podría tener una persona que sí tiene la llave de la casa, como sería el padre que no tiene la tuición de su hijo y que por resolución judicial puede visitarlo en días determinados. Puede existir una separación de hecho, una separación de cuerpos, aprobada por un juez de menores; puede tener la llave e ir a su casa, respecto de la cual tiene prohibición de ingresar; puede abrir la puerta y sacar a su hijo. Esto podría significar la concepción, de acuerdo con el proyecto de ley, del delito de sustracción de menores, lo que sería una exageración.

Los tipos penales tienen que ser limitados, precisamente, porque deben ser aplicados a situaciones constitutivas de delito, que tienen una causal de justificación, y no a situaciones que pueden asemejarse a delitos.

Muchas gracias por la interrupción, señor Diputado.

Es todo.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rojo.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, se trata de modificar el artículo 10 del Código Penal, disposición muy importante, y discutimos o analizamos sólo la parte que se modifica.

El artículo 10 del Código Penal se refiere a la exención de responsabilidad criminal. Establece que: "están exentos de ella el loco o demente, el menor de 16 años y, en cuarto lugar: "El que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

"Primera. Agresión ilegítima.

"Segunda. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

"Tercera. Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.".

O sea, el legislador, para considerar la legítima defensa, exigió la concurrencia de estos tres elementos. Pero, acto continuo, señaló lo que se llama la legítima defensa privilegiada, en que se presume que concurren estos tres requisitos en un escalamiento de noche a una casa habitación, y cuando se trata de robo con violencia o intimidación.

Mediante la reforma propuesta, se altera sustancialmente la situación de la legítima defensa privilegiada. En el afán de privilegiar una defensa, estamos estableciendo el derecho a repeler, el derecho a matar, el derecho a defendemos por nosotros mismos. Llamo la atención porque esta situación es grave y puede significar, en el hecho, que estemos permitiendo todo lo contrario de lo que hemos sostenido a través de diversos proyectos de ley.

Parto considerando las observaciones que hace un momento formulara el Diputado señor Devaud. En realidad, el concepto de "entrada indebida", por mucha presunción simple de que se trate, es grave porque puede prestarse para varias interpretaciones. Sostuve en la Comisión, y aquí en la Sala, que la situación era más grave aún cuando esta defensa privilegiada la hago extensiva a otra serie de delitos que van a permitir que se cometan toda clase de injusticias o que se legitimen, simplemente, asesinatos.

El artículo 141 del Código Penal tipifica el delito de secuestro que se comete cuando a una persona se le priva de su libertad. Y voy a colocar un ejemplo absurdo, pero que por absurdo puede servir para ilustrar: Un funcionario de Investigaciones o de Carabineros, de civil, pro-cede a detener a una persona porque la ha sorprendido en delito flagrante. Un pariente o amigo de él repele al funcionario y lo mata, y sostendrá después que era en legítima defensa porque en ese momento estaba siendo secuestrado. Se señalará expresamente que será aplicable al secuestro la defensa que el antiguo legislador circunscribió exclusivamente a los casos de robos con violencia y asaltos.

El Código se refiere también al delito de violación. Lo tipifica al establecer "el varón que yace", cuando se produce la relación. Y lógicamente, con el mismo sentido extensivo, cualquier situación que en apariencia constituya una violación permitirá que me ampare en la legítima defensa.

Se señala que la presunción es legal y que, en consecuencia, admite prueba en contrario. Y si la pareja estaba sola en un parque, en un lugar aislado, ¿quién acredita o desvirtuará mañana esa presunción si la única persona que podría sostenerla está muerta?

El señor PROKURIKA.-

El peritaje.

El señor ROJO.-

Pero el peritaje me indicará exclusivamente que hay un hecho, un muerto que no puede hablar. Aquí no se señalan cuáles deben ser las circunstancias del tiro, de la reacción, sino que estamos frente a un hecho.

El señor DEVAUD.-

No puede destruirse la presunción.

El señor ROJO.-

Considero que el objetivo es loable: tratar de defender a la sociedad frente a la delincuencia; pero la forma como se ha planteado el proyecto no es buena. Por eso, propuse una indicación para eliminar, por inconvenientes, a todas las otras referencias que se hicieron a lo que el Código señala en los artículos 433 y 436: que exclusivamente el robo está contemplado en la legítima defensa privilegiada. No es posible permitir el libre derecho de hacerse justicia por sí mismo.

Sobre la base de estos antecedentes, formulo mis observaciones a este proyecto de ley.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, recogeré las observaciones formuladas por los honorables Diputados señores Devaud y Rojo, porque discrepo de ellas. Creo que la interpretación que han dado de la norma es parcial y que sus ejemplos no corresponden a la realidad de la aplicación de la legítima defensa.

En primer lugar, es bueno recordar que estamos hablando de una situación excepcional. Cuando se hace presente que se permite hacerse justicia por las propias manos, se está suponiendo que una persona podría agredir a otra frente a cualquier conflicto en una circunstancia normal. Eso no es así y significa desconocer absolutamente el artículo 10, N° 4), del Código, que se refiere a aquellas hipótesis en las que una persona es objeto de una agresión actual e inminente, en que la policía no puede estar presente para socorrerla. La pregunta que tenemos que hacemos es si el derecho, la ley, la legislación, la va a amparar o no. Y cuando hablo de amparar, lisa y llanamente, estoy sosteniendo que se invierta el peso de la prueba; que respecto de quien, está en el interior de su casa con su familia y es atacado por un delincuente -como ocurre permanentemente-, la pregunta que tenemos que formulamos es: ¿Qué hace esa persona? ¿Le dice al delincuente que espere porque va a llamar a la policía para defenderse? Obviamente, ño lo puede hacer. ¿Se deja agredir? ¿Deja que se consuman los delitos, incluso cuando lo que está en juego es su propia vida? Obviamente, no puede hacerlo. ¿Lo está legitimando para usar el arma discrecionalmente, cualquiera sea la relación de las armas que tienen las partes? Obviamente, tampoco.

Es importante que los Honorables Diputados comprendan los precisiones que he hecho, porque en los dos casos que han puesto, tratándose del padre que ingresa a su casa y que está separado de su señora, o del funcionario público, policía, que detiene a una persona, no se configura la existencia de una agresión ilegítima, porque el padre que ingresa a la casa a retirar a sus hijos no está agrediendo en forma ilegítima a nadie, y el policía que detiene a una persona tampoco está agrediendo a nadie; por el contrario, está realizando una acción lícita, regulada y aceptada por la legislación vigente.

De manera que la ley ha sido extraordinariamente clara en señalar que esta presunción sólo se invoca y puede ser razonable y aceptada cuando concurren los requisitos que establece: que la víctima sea objeto de una agresión ilegítima, y la jurisprudencia unánime de los tribunales chilenos ha indicado que la agresión ilegítima debe ser actual e inminente, es decir, en el instante, en el momento; debe ser rechazada en el mismo momento en que se materializa; ni siquiera se acepta la legítima defensa cuando la persona ha tenido el tiempo necesario, o han transcurrido los minutos necesarios, para adoptar cualquiera otra decisión que no sea responder por la fuerza el ataque de que ha sido objeto.

En segundo lugar, como bien lo señalaba el Diputado señor Schaulsohn, los requisitos establecidos no se refieren a la tipificación de un delito, sino a la tipificación de un eximente de responsabilidad. Y él ha dicho que es subjetivo calificar una entrada indebida y en qué consiste. Ya lo explicó el Diputado señor Elgueta, autor de la indicación. Pero también podría ser subjetiva la necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo. La proporcionalidad de los medios es un criterio que también podría ser absolutamente subjetivo; siempre va a depender de factores subjetivos: de la edad de quien se defiende, de la edad del agresor, del arma que se utiliza -uno para atacar; el otro para defenderse-, de las circunstancias del caso en que se produce, y todos esos elementos subjetivos, obviamente, son elementos de valoración que al juez corresponde ponderar, de acuerdo con los medios probatorios que se le alleguen durante la investigación.

Señor Presidente, el Diputado señor Elgueta me ha pedido una interrupción sobre este punto y, con su venia, se la concedo.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Dejo constancia de que quedan cuatro minutos para el término del Orden del Día, y que también ha solicitado la palabra el Esputado señor Campos.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el concepto de "ingreso indebido" está precisado en el Código español y también en el nuestro. El artículo 144 del Código Penal, relativo a la violación de domicilio o morada, se refiere al que entra contra la voluntad del residente o de la persona que allí habita; también al que entra con violencia o intimidación. En el concepto "contra la voluntad", no hay duda de que se encuentran todas las formas inimaginables de entrar en forma fraudulenta, engañosa, haciendo presión, etcétera, que establece nuestro propio Código Penal.

He dicho.

El señor COLOMA (Vicepresidente).-

Recupera la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, finalmente, me referiré a las otras figuras.

Pregunto a los Honorables señores Diputados ¿qué razón existe para que en la legislación actual una persona esté protegida de una agresión cuyo objeto es consumar el delito de robo, y no lo esté cuando la finalidad única del delincuente es matar o violar a una menor de edad; por ejemplo?

¿Qué razón existe para que en un caso la ley le diga a quien se defendió: "usted va a estar amparado por una mera presunción", porque, insisto, no discutimos el hecho de que una persona sea declarada inocente. Estamos discutiendo que si la ley cambia el peso de la prueba, permitirá que la víctima -habitualmente, la mayoría de las personas- sea amparada en términos de no dejarla detenida en la cárcel por presumir que cometió un delito, porque su único pecado fue defenderse en su casa de una agresión inminente de una persona que ingresó a ella en forma irregular. La persona que se defendió, además, tuvo que usar proporcionalidad en los medios para repeler el ataque de que fue objeto.

No hay ninguna razón, y así ha sido avalado por los informes que la Comisión recibió, en su oportunidad, del profesor Etcheverry, del propio Ministerio de Justicia, que incluso extendía los alcances más allá de lo que el proyecto establece.

Por lo tanto, nos encontramos con que no hay una razón, desde el punto de vista de la mínima lógica, para que la ley considere legítimo defenderme cuando me quieran robar, pero no me ampare la presunción cuando reaccione frente al intento de secuestro de mi hijo o violación de mi hija menor. Estos casos son situaciones absolutamente discriminatorias de la actual legislación.

Finalmente, del concepto de entrada indebida, como todas las normas jurídicas, debe empezar a ordenarse por la casuística. Son los hechos inimaginables que se producen en su ejecución, como lo ha señalado el Diputado señor Elgueta, los que permiten a los jueces ir determinando cuándo estamos en presencia real de lo que es una entrada irregular y cuándo no.

Así lo ha hecho siempre la jurisprudencia. Lo hizo incluso para determinar qué era una agresión ilegítima, agregándole que tenía que ser actual e inminente; para determinar cuándo hay proporcionalidad en los medios; para establecer cuándo debe haber falta de provocación suficiente por el que se defiende ¿Qué se entiende por provocación? ¿Cuándo hay provocación? Son con gestos, con hechos; son horas antes, horas después.

Todos estos alcances están en la norma de hace más de cincuenta años, y la jurisprudencia siempre ha ido interpretándola en términos de darle el verdadero sentido que quiere el constituyente.

Y la norma por la que nosotros señalamos la entrada indebida es evidente. Son conocidos los casos de delincuentes que entran a una casa legal y regularmente tocando la puerta, sin romper puertas ni ventanas, manifestando que van a tomar el estado del medidor de la luz, que requieren un número de teléfono, que necesitan la guía de teléfonos.

Pero en estos casos de acuerdo con la actual legislación, los moradores de esas casas no están amparados por la legítima defensa privilegiada. O sea, si el delincuente echa abajo la puerta, rompe la ventana e ingresa, yo estoy amparado por la legítima defensa privilegiada.

El señor DEVAUD.-

No hable de la legítima defensa. Hable de la presunción.

El señor ESPINA.-

Entonces la presunción de la legítima defensa, a que se refiere el Diputado Devaud, porque el término que él utiliza es el correcto, apunta precisamente a eso. Simplemente a presumir que en determinados casos y circunstancias una persona ha estado en el derecho de defenderse frente a una agresión actual e inminente. Lo único que nosotros estamos diciendo es esto: señor, dadas estas especialísimas circunstancias, vamos a presumir -presumir no más- que usted estuvo en legítima defensa, pero ¡ojo! porque el juez está obligado a investigar esta presunción y puede destruirla. Si la destruye, no hay legítima defensa; si no se reúnen los requisitos, la persona va a ser procesado como autora del delito de homicidio o lesiones.

Esos son, señor Presidente, los alcances a las consideraciones de los demás señores Diputados.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, cuando este proyecto se discutió en general en esta Sala, voté en contra de la idea de legislar, por cuanto -como lo expresé- no es mucho lo que beneficia o perfecciona nuestra legislación penal, sino que, desde un punto de vista técnico, avanza en un sentido contrario.

Ahora, en este segundo trámite, a pesar de las indicaciones aprobadas por la Comisión, que en alguna medida restringen el ámbito de aplicación propuesto en la iniciativa, francamente, mis reservas y prevenciones sobre este tema no han desaparecido.

Por una parte vuelvo a recordar a mis Honorables colegas que, en materia de Derecho Penal, las causales de justificación son una excepción. La regla general es que los hechos típicos sean también antijurídicos, y aquí estamos legislando en relación con una causal de justificación, como lo es la legítima defensa.

En segundo término, vuelvo a recordar a los colegas que la institución de la legítima defensa es también una excepción en nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la regla o la tendencia general plantea que al Estado le corresponde defender a los ciudadanos, y no es a los particulares a quienes nos compete, desde un punto de vista jurídico, defendernos de las agresiones de terceros. Luego, si ampliamos el ámbito de aplicación de la legítima defensa, estamos también ampliando el ámbito de aplicación de una excepción.

Y, en tercer lugar, vuelvo a recordar que las presunciones en materia de Derecho Penal, sean éstas de derecho o simplemente legales, también son una excepción en nuestro ordenamiento punitivo. La regla general es que las instituciones o los requisitos o las cosas no se presuman. Sólo en casos muy excepcionales y muy calificados, el legislador ha establecido presunciones. Incluso más, la tendencia en el Derecho Penal es la de suprimir, la de eliminar las presunciones y no aumentarlas.

Por ello, señor Presidente, estimo que en este caso estamos legislando en la excepción de la excepción. Estamos excepcionando algo que ya es excepcional, situación entonces, que nos debe inducir a ser muy cuidadosos al legislar o al reglamentar este tipo de instituciones.

Esta institución de la legítima defensa presunta o de la legítima defensa privilegiada, ha sido objeto de larga discusión. Y no somos pocos los que, en más de una oportunidad, hemos planteado la necesidad de eliminar de nuestro Código Penal. Y a muchos nos parece que es una barbaridad lo que ya consagra el artículo 10, N° 4, en su parte final, cuando permite a un simple particular causar cualquier tipo de daño, incluso en la vida o en la integridad corporal ajena, presumiendo que concurren algunos de los hechos o circunstancias que consigna el Código.

Eso -repito- en un Derecho Penal que debe estar fundado en el principio de la culpabilidad, naturalmente que contraría o se aparta de esa tendencia. Y por eso - les reitero- existe una tendencia mayoritaria en nuestro ordenamiento jurídico para abolir incluso esta presunción.

Sin embargo, en este proyecto se está planteando algo muy diverso: aumentar el ámbito de aplicación de la presunción, razón por la que, evidentemente, uno tiene que actuar en un plano de absoluta cautela.

En cuarto término, el colega Alberto Espina, en su última intervención, ha dicho que no existen razones para justificar la existencia de esta presunción en relación con el delito de robo con violencia y que la presunción no opera en relación con otro delito, como podría ser, por ejemplo, el delito de homicidio, o el delito de parricidio, o el delito de violación.

Claro que hay una razón, señor Presidente. Esta presunción del artículo 10, N° 4, no fue un mero capricho del legislador. Esto se insertó en todo un programa de política criminal, que se desarrolló en épocas pasadas, tendientes precisamente a combatir el delito de robo; particularmente, el delito de robo con violencia. Más específicamente esto se hizo para combatir los asaltos y el "cogoteo".

Además, en la ampliación que se está haciendo aquí en la letra b) -señala cuatro, cinco, seis o siete nuevos delitos, en los cuales esta presunción se aplicará-, advierto inconvenientes técnicos de extraordinaria gravedad. Me gustaría que los partidarios de este proyecto, por ejemplo, le explicaran a esta Honorable Cámara, desde un punto de vista técnico, cómo se puede impedir o tratar de impedir la comisión de delitos, que, técnicamente, son delitos permanentes. O cómo se puede impedir o tratar de impedir delitos, como el de violación, que de acuerdo con la ley, están consumados desde el momento que existe principio de ejecución.

Eso, francamente, desde un punto de vista técnico, es de una complejidad -por no decir de una dificultad-, enorme. Ello, naturalmente, fundamenta nuestras reservas en relación con este tipo de proposiciones.

Cuando el legislador circunscribió esta presunción sólo al delito de robo con violencia y en ciertos casos muy calificados, tuvo en consideración que éste admite su división desde un punto de vista cronológico, en relación con la teoría del iter criminis. Aquí, se está ampliando esta legítima defensa presunta o esta legítima defensa privilegiada a incriminaciones que son muy complejas o muy difíciles de dividir, desde el punto de vista del iter criminis.

Todos sabemos las complejidades del iter criminis en relación con el delito de homicidios. Ese no es un problema fácil. ¿Dónde está la diferencia o cómo se diferencia un homicidio frustrado de un homicidio atentado? Pero, ¡Si ése es el tormento, no solamente de los abogados, sino también de los estudiosos del Derecho Penal!

Por ello, señor Presidente, verdaderamente encuentro considerables reparos técnicos a esta iniciativa, por lo cual no estoy en condiciones de votarla favorablemente.