Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde seguir la discusión en particular del proyecto, en primer trámite constitucional, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias y funcionales.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N°111-06 y figura en el número 26 de los documentos de la Cuenta de la sesión 38°, celebrada en 7 de enero de 1992.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, si bien, en principio, lo que señala el Diputado García, don José, es correcto, resulta que una persona puede tener más de un domicilio. Por lo tanto, lo que expresa el artículo 5° es diferente de lo establecido en el 36. El primero dispone que sólo se puede participar en una junta de vecinos de una unidad vecinal. En cambio, el segundo prohíbe que uno participe en más de una junta de vecinos, independientemente de la unidad vecinal; es decir, si uno tiene más de un domicilio, igualmente sólo puede participar en una sola junta de vecinos. Lo lógico es que escoja el domicilio en el cual tiene residencia.

Por lo tanto, estos artículos no se refieren a la misma materia.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, comparto también lo manifestado por el Diputado señor José García, en el sentido de que se trata de la misma idea, cual es que, en conformidad con el fallo del Tribunal Constitucional, cada vecino pertenezca y participe sólo en una junta de vecinos.

Me parece que esta idea debería ser eliminada en uno de los dos artículos.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, se había consignado que la constitución de las juntas de vecinos se efectuaría ante un notario u oficial del Registro Civil competente en la respectiva comuna. Pero se suprimió la expresión "competente en la comuna respectiva", pues de acuerdo con el artículo 400, del Código Orgánico de Tribunales, ningún notario podrá ejercer sus funciones sino en su respectivo territorio. Lo mismo sucede con el oficial del Registro Civil, ya que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Registro Civil dispone que no podrá ejercer sus funciones fuera de los límites de la comuna.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, quiero pedirle que solicite la unanimidad de la Sala para volver al artículo 9a, porque su inciso segundo contiene un error de redacción sobre el cual conversamos hace un rato con el Honorable señor Montes.

Dicho inciso señala que en caso de que sean observados los estatutos, será el secretario municipal quien cite para realizar la asamblea extraordinaria que elegirá al directorio definitivo, redacción absolutamente ajena a la voluntad y al espíritu que se tuvo en la Comisión.

Por eso, le ruego solicitar la unanimidad para rever el artículo 9a y proponer, en conjunto con el Diputado señor Montes, una redacción alternativa al inciso segundo.

Gracias, señor presidente.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se accederá a lo planteado por el Diputado señor García.

Acordado.

¿Podría leer la propuesta?

El señor GARCIA (don José).-

Gracias, señor Presidente.

Proponemos modificar la redacción del inciso segundo, para dejarlo de la siguiente manera: "En caso contrario, la asamblea a que se refiere el inciso anterior se realizará entre los 30 y los 60 días siguientes a la recepción de la comunicación que el secretario municipal deberá remitir por carta certificada, dirigida al directorio provisional, informando que han sido subsanadas las observaciones pertinentes.".

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, este artículo 12 contiene una disposición extremadamente peligrosa para el funcionamiento de las juntas de vecinos: exigir que los afiliados estén al día en el pago de las cuotas para ejercer todos sus derechos, incluso el de presentar cualquier iniciativa, proyecto, proposición o estudio al directorio de la junta de vecinos. Estar al día en el pago de las cuotas debiera ser una exigencia contemplada en los estatutos. Y no una prohibición legal, pues los actos que prohíbe la ley son nulos.

En consecuencia, las juntas de vecinos se verán entrabadas por el hecho de que un vecino que no esté al día en el pago de sus cuotas ejecute alguno de estos actos prohibidos por esta disposición, dado que la exigencia fundamental, la condicionante legal, consiste en que esté al día. A posteriori, con frecuencia se producirán impugnaciones de las sesiones, sobre todo en juntas de vecinos constituidas por gente modesta, porque intervinieron personas que no estaban al día en el pago de las cuotas.

Pido la unanimidad de la Sala para desglosar el último inciso, dejando a los estatutos de las juntas de vecinos regular la exigencia de estar al día en el pago de las cuotas. En caso contrario, estamos introduciendo un elemento de constante discusión y distorsión de las reuniones.

He dicho.

El señor MEKIS.-

Como se ha alterado la proposición anterior tengo dudas sobre cómo votar esto. Pienso que estamos confirmando una cosa que puede resultar adversa al interés de las propias juntas de vecinos: que sus miembros se encuentren al día en el momento de la elección; luego dejen de estarlo, sus actos sean efectivamente válidos. No sé si conviene que durante el proceso se mantenga la legitimidad, consecuencia de la auténtica voluntad de permanecer en la junta de vecinos.

Por eso, pienso que el tema debe discutirse, a pesar de haber un acuerdo que de votar sin discusión; pero como se ha desglosado, hay un elemento nuevo.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, uno de los temas más delicados que normalmente se presentan en organizaciones de tipo vecinal es el de las cuotas que deben pagar los vecinos.

Cuando se forman comités para resolver problemas puntuales, de pavimentación, luz, etcétera, hay personas que reciben los beneficios sin aportar absolutamente nada. En cualquier tipo de organización, sus miembros deben cumplir con todas las obligaciones que se les imponen, dentro de las cuales están las cuotas.

No me parece legítimo que la gran mayoría de los socios paguen sus cuotas, y que otros queden liberados de hacerlo y puedan, eventualmente participar.

Creo que el objetivo central radicaba en que la obligación era para todos quienes participan.

Si las personas no participan ni pagan sus cuotas, están marginadas de las juntas de vecinos. Si queremos fortalecerlas, el espíritu debe consistir en que las exigencias sean iguales para todos sus socios y no sólo para quienes hacen el sacrificio de conducir o movilizar a la población en la búsqueda de soluciones.

He dicho.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, coincido con el Diputado señor Molina en cuanto a que condicionar por ley la participación, por el hecho de no estar al día en el pago de las cuotas, es una restricción demasiado dura, pues bien lo puede establecer cada junta de vecinos en sus estatutos. De manera que el derecho del vecino a participar, previo pago de sus cuotas, puede quedar resguardado en el Estatuto correspondiente y ahí se verá la flexibilidad que se quiera dar a los miembros que no estén al día en el pago de sus cuotas.

Dejar esto en un cuerpo legal dificulta mucho la tarea de los vecinos, particularmente en lugares apartados, donde a la gente le cuesta llegar a pagar la cuota, aunque tengan el dinero, porque están muy retirados, etcétera.

Concuerdo, en supeditar ciertos derechos al pago de determinadas obligaciones, pero en ninguna parte se les prohíbe, por ejemplo, a los funcionarios públicos o a los parlamentarios hacer uso de sus derechos porque no han pagado los impuestos, lo que también constituye una obligación que no está consagrada en un ley general, sino en la Ley de Impuesto en la parte que les corresponde. Creo que en este caso la organización tiene la facultad de regular el pago de las cuotas y de dar flexibilidad para ejercer el derecho de los ciudadanos dentro de las juntas de vecinos.

He dicho.

EL señor LATORRE.-

Señor Presidente, en mi opinión el argumento central es el señalado por el Diputado señor Molina, que responde a la inquietud del Diputado Mekis, en el sentido de que si un vecino ha participado en una decisión sin haber pagado sus cuotas, se pondrá en tela de juicio el acuerdo de la junta, lo cual me parece un absurdo. En consecuencia, la exigencia del pago de las cuotas debe restringirse solamente al momento en que se elija la mesa directiva de la junta de vecinos.

Por lo demás, es la única exigencia que se les impone a todas las organizaciones gremiales: que en el momento de votar sus socios estén al día, y no en el período entre una y otra elección.

He dicho.

El señor MEKIS.-

Señor Presidente, siguiendo el planteamiento del Diputado señor Latorre, también surge como ejemplo el de sociedades colectivas civiles, en las cuales el affectio societatis de quienes quieran agruparse en esa sociedad no basta con el espíritu romántico de ser miembro de ella, sino de mantenerse al día en las contribuciones que la sociedad impone a sus obligados. Con igual lógica, si se extiende ese criterio, en toda la línea debiera exigirse lo mismo en las juntas de vecinos que, por lo demás, pueden existir, en un mismo territorio, competitivamente.

El señor MARTINEZ (don Juan).-

Señor Presidente, me parece bastante acertada la intervención del Diputado señor Molina sobre esta disposición. Más aún, si se considera que el artículo 13, establece las obligaciones de los integrantes de las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias, entre las cuales figura el pago de las cuotas. Es decir, es una obligación que contrae cualquier persona que se asocia a una junta de vecinos, cuya regulación se entrega a los estatutos de la organización. Desde ese punto de vista, me parece peligrosa la severa restricción que impone el artículo 12. Por ello, prefiero que se elimine esta parte y se deje sólo la disposición del artículo 13, en lo relativo al pago de las cuotas sociales.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, de acuerdo con la realidad de las juntas de vecinos, especialmente de los sectores más modestos, me inclino por mantener este párrafo.

En primer lugar, establece la obligación del pago de la cuota, pero no su monto; de manera que sea regulado en los estatutos de la junta de vecinos.

En segundo lugar, en el terreno práctico, muchas veces, esas pequeñas cuotas contribuyen al funcionamiento de esas organizaciones al menos, mínimamente, como, por ejemplo, financiar ciertos trámites que realizan sus dirigentes.

Eliminar esta obligación legal, lejos de fortalecer a las organizaciones vecinales, las debilitará porque, normalmente, funcionan con pequeñas cuotas que permiten a sus dirigentes representar en mejor forma los intereses de los vecinos.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, y de acuerdo con el Reglamento, solicito que este inciso se vote separadamente, hasta la expresión "inciso anterior", porque el resto se refiere a una materia diferente.

En segundo lugar, al igual que el Diputado señor Molina, considero que en este caso se aplica una doble sanción.

Primero se dice: "El ejercicio de estos derechos se supeditará a la condición de que el afiliado esté al día en el pago de las cuotas de la organización.". O sea, quien no lo esté, no podrá participar.

Pero, más adelante, se establece una segunda sanción.

La letra c) del artículo 15, señala: "Podrá ser considerada grave la falta de pago de cuotas por más de seis meses consecutivos, sin causa justificada.".

En consecuencia, sobre la situación de fondo, es conveniente que se vote la sanción que se le aplica al afiliado que no está al día en el pago de sus cuotas y que no puede participar, pero que, se vote separadamente el último párrafo de este inciso.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, tal como Su Señoría lo ha señalado, el artículo 15 indica en qué casos se pierde la calidad de afiliado a las juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias.

La letra c) de esta disposición señala: Por exclusión, acordada en asamblea extraordinaria por los dos tercios de los miembros presentes, fundada en infracción grave de las normas de esta ley, de los estatutos o de sus obligaciones como miembro de ella. Podrá ser considerada grave la falta de pago de cuotas por más de seis meses consecutivos, sin causa justificada.

"El acuerdo será precedido de la investigación correspondiente.".

No cabe la menor duda de que las organizaciones tales como juntas de vecinos, al igual que las corporaciones o fundaciones, están dotadas de un determinado poder de policía. Es decir, de resguardo del orden o de la integridad en el funcionamiento interno de esa comunidad. Pero bajo ninguna circunstancia una asamblea puede arrogarse, al amparo de una disposición de semejante naturaleza, la facultad de excluir a un determinado miembro. Ello significa que asumiría funciones de un órgano de carácter judicial. La atribución de conocer causas, de juzgarlas, de fallarlas y de aplicar sanciones corresponde al Poder Judicial. Mediante este artículo se entregan facultades para investigar la comisión de determinadas infracciones y establece una sanción, sin señalar a quién se podrá reclamar de su aplicación. Esto quiere decir la indefensión absoluta, el desconocimiento de las normas del debido proceso y, obviamente, la transgresión completa de las normas constitucionales.

Por estas razones y en consideración a que la disposición de la letra c) es absolutamente inconstitucional, solicito que se divida la votación de este artículo, toda vez que transgrede claramente la Constitución.

He dicho.

La señora CARABALL.-

Señor Presidente, discrepo de lo señalado por el colega Bosselin. Está en la esencia de la organización la capacidad de aceptar o excluir a los miembros que a ella pertenecen.

Por supuesto, la persona excluida de una organización tiene el derecho de recurrir a los tribunales para que le repongan su calidad, si estima que la sanción fue aplicada injustamente. Así sucede en las organizaciones gremiales. Al respecto puedo dar un ejemplo concreto. Cuando fui presidenta del Colegio de Arquitectos, se expulsó a dos profesionales. Ellos recurrieron a la Corte, la que acogió sus peticiones y fueron reincorporados al Colegio.

Por ello, considero que es de la esencia de una organización y del derecho a asociación, el poder aceptar o eliminar libremente a un miembro de sus registros. También es de la esencia del derecho de las personas, recurrir a los tribunales correspondientes en caso de sentirse afectados por alguna decisión.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, en cuanto a la intervención de la Honorable Diputada señora Eliana Caraball, tiene razón en lo que se refiere a los colegios profesionales correspondiente a la época en que tuvo la calidad de presidenta del Colegio de Arquitectos. Normas semejantes se contemplaban en la ley del Colegio de Abogados. Pero en todas ellas se establecían disposiciones que permitían reclamar ¡reclamar! ante los tribunales de justicia, a través de un procedimiento determinado, rápido y expedito.

Pregunto a la Diputada señora Caraball y a los demás miembros de la Comisión, mediante qué procedimiento podrá reclamar un vecino ante los tribunales de justicia cuando es excluido de la organización, en un acto abusivo ¿A través de un procedimiento ordinario que dura diez años? ¿A través de un recurso de protección? ¿A través de un juicio sumario?

¿Cuál es la norma procesal que permitirá defenderse al ciudadano de un acto eventualmente arbitrario de una junta de vecinos? No hay norma alguna. Simplemente se aplicarán las del derecho común. La persona tendrá que recurrir al juicio ordinario.

Por esa razón de fondo, objeto esta disposición. Veo que no está en armonía con los preceptos de carácter constitucional. No podemos asimilamos a la situación de los colegios profesionales, que se rigen por disposiciones legales y resguardos de distinta naturaleza, contemplados en esta disposición.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, discrepo absolutamente de lo señalado por el Diputado señor Bosselin.

La letra c) de este artículo no es sino la copia de una disposición de la ley N° 18.893. Lo único que se le agrega es la frase: "sin causa justificada.". Tiene una larga tradición, incluso, en la primitiva ley se contemplaba esta misma situación. En consecuencia, se trata de una reiteración, a través de distintos textos legales, de una norma que autoriza a una asociación expulsar o excluir a algunos de sus miembros, si concurren respecto de él determinadas causales.

Además, en estos casos procede el recurso de protección, porque el artículo 20 de la Constitución menciona el número 15° del artículo 19, referente al derecho de asociarse. Por lo tanto, cualquiera persona que se sienta excluida por un acto arbitrario, amenazada o perturbada en este derecho de asociación, puede interponerlo.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, estamos ante una situación que se podría corregir por la unanimidad de la Sala. Es muy distinto no estar procesado ni cumpliendo condena por un delito que no estar procesado ni condenado; hay quienes han sido condenados y no cumplen condena. En consecuencia, para rectificar esta ambigüedad, que consistiría en que algunas personas están condenadas, pero como no cumplen condena podrían actuar. Técnicamente sería más apropiado decir "no estar procesado ni condenado por delito que merezca pena aflictiva".

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, entiendo la inquietud del colega Molina, pero, en realidad, la redacción que él propone en alguna medida sería todavía peor. Porque significaría que la persona condenada estaría indefinidamente destinada a no tener jamás la posibilidad de dirigir algún organismo comunitario. No me parece justo que una persona que delinquió a los 18, 19 ó 20 años después de cumplir los 30, 35 ó 50 años no pudiera postular a un cargo dentro de una organización comunitaria. De manera que si se trata de redacciones, prefiero la actual.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, no obstante que el artículo está reglamentariamente aprobado, solicitaría la unanimidad de la Sala para los efectos de suprimir la frase "solidariamente, y", porque constituye un grave error de concepto. Esto significa que mañana un director, que no tiene ninguna responsabilidad en un acto de un organismo comunitario o de una junta de vecinos, sin embargo tendría que responder con todo su patrimonio.

A mi juicio, queda perfectamente bien el artículo con la idea central, de que los dirigentes serán responsables hasta de la culpa leve. Pero me parece muy fuerte pensar que un director responda con todo su patrimonio por un acto en el cual no ha intervenido o pueda haber tenido una conducta contraria a la mayoría.

Concretamente, solicito que se suprima la frase "solidariamente, y", y quede: "siendo los dirigentes responsables hasta de la culpa leve". De tal manera que cada director responderá por los actos dolosos o culpables que haya cometido.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, en la letra f), nuevamente nos encontramos con que aquellos directores que están procesados o cumpliendo condena pueden cesar en sus cargos. Aquí me parece cada vez más indispensable que se especifique que al hablar de procesado o condenado por delitos, no nos estamos refiriendo a los miembros de las juntas de vecinos, sino que a su directorio, a la cabeza dirigente, a quienes participan en la responsabilidad de conducir la organización. Aquel que sea condenado por un delito, debe estar .excluido de la posibilidad de dirigir y de asumir esa responsabilidad, sin perjuicio de que pueda ser miembro de la organización. En consecuencia, en este caso insisto en que debe decirse: "encontrarse procesado o condenado por delito que merezca pena aflictiva y no cumpliendo condena"; a la vez que le hago presente al Diputado señor Aylwin que, precisamente, por la responsabilidad y por el cargo de excepción que el dirigente de una junta de vecinos tiene en su carácter público, de representación judicial y extra judicial, se hace aconsejable esta precisión, que yo concordaría con el artículo anterior, porque ahí priman también las mismas razones.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, este concepto establecido en la letra f), el que también está contenido en la Constitución Política de la República, ha sido motivo de debate en esta Sala. En el fondo, el tema en discusión es el señalado por el colega Aylwin, respecto de si una persona pierde sus derechos ciudadanos por estar procesado o por haber sido condenado. Soy de opinión similar a la del señor Aylwin. Una persona no debe perder sus derechos ciudadanos por estar procesado porque esta situación no demuestra por sí que haya culpabilidad, ni tampoco posteriormente, al haber cumplido una condena, dado que si cometió un delito contra la sociedad o contra particulares, ya ha cumplido su condena y, por lo tanto, debería considerarse rehabilitado para ejercer todos sus derechos ciudadanos.

Por ello, aceptaría reabrir la discusión respecto de la letra f) para buscarle una redacción distinta; pero, en mi opinión, muy diferente a la señalada por el colega señor Molina. Estaría porque la letra f) dijera: "Por encontrarse cumpliendo condena por delito que merezca pena aflictiva".

El señor DEVAUD.-

Señor Presidente, la situación del artículo 25 hay que distinguirla perfectamente de lo que ocurre en el artículo 21. Este se refiere a la postulación como candidato al directorio de la junta de vecinos, en tanto que el anterior se refiere a la cesación en los cargos.

Acerca de la letra f), que es la materia en discusión, lo que debiera decir en realidad es "que la causal para cesar en el cargo es por encontrarse procesado por delito que merezca pena aflictiva", y eliminar la frase "o cumpliendo condena", porque una vez elegido y cumpliendo el cargo, basta, por un principio de sanidad moral, que se encuentre procesado por delito que merezca pena aflictiva para que cese en el cargo. No es necesario, en este caso, explicitar o especificar que se encuentra cumpliendo condena. Sin embargo, cuando se trata de la postulación al cargo, es absolutamente indispensable, por el mismo principio de sanidad moral, que este candidato a dirigente no se encuentre actualmente procesado por delito que merezca pena aflictiva ni esté condenado. En esa parte, participo de la idea que había planteado el Diputado señor Molina.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, cuando se trató esta materia, todavía no había sido aprobada la reforma constitucional sobre gobiernos regionales y administración comunal.

La idea matriz del artículo 37 es que las unidades vecinales respectivas serán determinadas por el alcalde. Pero el inciso quinto del artículo 107 de la Constitución Política dice: Las municipalidades podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales,...". En consecuencia, no corresponde al alcalde establecer las unidades vecinales, sino a las municipalidades.

El inciso primero de la misma disposición constitucional señala que la administración local de cada comuna o agrupación de ellas reside en la municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el consejo.

En consecuencia, la indicación propone adecuar el artículo 37 al artículo 107 de la Constitución Política del Estado.

Por lo demás, el artículo 29 de la actual Ley de Juntas de Vecinos señala que el Codeco, previo informe del alcalde respectivo, subdividirá el territorio de la comuna o agrupación de comunas en unidades vecinales.

Como se explica, el artículo 107 de la Constitución Política modificó esa situación y, por consiguiente, la indicación tiene por objeto adecuar el artículo 37 a la normativa constitucional. Para eso solicito la unanimidad.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, siguiendo la argumentación del Diputado señor Elgueta, la indicación tiene el mismo sentido del artículo 37 del proyecto, porque establece que el alcalde hará la proposición a petición de los vecinos interesados; pero el órgano municipal, de conformidad con la ley, aceptará o no la creación de las unidades vecinales. Ambas instancias han sido consideradas: el alcalde, en su carácter de ejecutivo, y el consejo, en su calidad de normativo. Más aún, también está incorporada en el proceso la petición concreta de los vecinos.

Por lo tanto, el artículo 37 está acorde con el 107 de la Constitución y debe ser aprobado en los términos en que se ha planteado a la Sala.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, si bien el Diputado señor Elgueta tiene razón, no es menos cierto que el artículo 37 establece expresamente: "Las unidades vecinales respectivas serán determinadas por el alcalde, de propia iniciativa o a petición de los vecinos interesados, con el acuerdo del órgano municipal.". El artículo 107 de la Constitución Política señala que la municipalidad está integrada por el alcalde y los órganos. Es decir, a mi juicio, está salvada la situación en el artículo 37.

Por lo tanto, la indicación está de más.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, respetuosos del fallo del Tribunal Constitucional respecto de la existencia de una o más juntas de vecinos por unidad vecinal, presentamos indicación en el sentido de que efectivamente este tipo de organizaciones sean representativas y unitarias de las aspiraciones de la gente acerca de la solución de sus problemas concretos.

Acotar en un porcentaje el número de vecinos que deban participar en la junta permite su consolidación, impide su atomización y posibilita la existencia de un número adecuado de juntas de vecinos, a lo menos, de tres.

Esto refleja algo que ha ocurrido, sin necesidad, inclusive, de ser acotado en la ley. Estadísticamente, en las diferentes unidades territoriales la gente inicialmente creó innumerable cantidad de juntas de vecinos, lo que las hizo poco representativas. Sin que la ley así lo determine, se han reducido a una junta de vecinos.

Respetando el fallo del Tribunal Constitucional, la norma va a hacer realidad lo planteado en todas las uniones comunales de juntas de vecinos, en las juntas de vecinos mismas y en los congresos de vecinos que se han realizado a lo largo del país.

En consecuencia, vamos a votar favorablemente la indicación.

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, recurrimos al Tribunal Constitucional, básica y fundamentalmente, porque considerábamos que la existencia de una sola junta de vecinos por unidad vecinal impedía que los chilenos ejerciéramos el derecho que la Constitución nos da en el artículo 19, N° 15. Es decir, no se nos puede obligar a ingresar a alguna asociación si queremos participar en las actividades que realizan las juntas de vecinos. El establecimiento de una sola junta de vecinos impide que ejerzamos la libertad de asociación.

La indicación de los parlamentarios de la Concertación, indudablemente, no respeta el fallo del Tribunal Constitucional, como lo ha señalado el Honorable señor Elizalde. No lo respeta porque imposibilita que los chilenos ejerzamos la libertad de asociación. Sabemos que en las unidades vecinales jamás participa más allá del 10 por ciento de los vecinos y no procede obligar la participación de al menos el 30 por ciento de las personas que viven en una unidad vecinal para constituir una junta de vecinos. Por ejemplo, si en una unidad vecinal viven 15 mil personas, se requeriría la participación de 4.500 personas, a lo menos, de acuerdo con la indicación de los Honorables colegas. Esto hace imposible ejercer el derecho de constituir una o más juntas de vecinos en las unidades vecinales.

Incluso, señor Presidente, usted debería declarar inadmisible la indicación por inconstitucional, porque el artículo 19, Ne 26, de la Constitución de 1980, que hoy rige a nuestro país, expresamente dispone: "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio."

El establecimiento de un porcentaje tan alto como el que se señala en la indicación, hace imposible el ejercicio del derecho garantizado en el artículo 19, N° 15.

La indicación, en consecuencia, burla el fallo del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, solicito a Su Señoría que se sirva declararla inadmisible por las razones señaladas.

Por último, Renovación Nacional va a votar en contra de la indicación.

He dicho.

El señor URRUTIA.-

Señor Presidente, considero que la indicación lesiona la esencia del derecho y hace imposible su ejercicio, porque en una unidad vecinal donde existan 15 mil habitantes, por ejemplo, para establecer más de una junta se necesitará reunir, en la primera de ellas, 4.500 personas. Por lo tanto, ni siquiera podrá haber una junta de vecinos si no se reúne ese número de personas afiliadas. Y para constituir una segunda, se requerirá otro 30 por ciento, es decir, sumadas a las anteriores, 9 mil personas, todo lo cual hace imposible que efectivamente se pueda ejercer el derecho de libertad de asociación que establece el artículo 19, número 15, de la Constitución.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, las palabras que utilizó el Diputado señor Urrutia fueron contradictorias. El no sólo reclamó que se fijara un porcentaje; sostuvo que el mismo es muy alto. Por lo tanto, al colega no le gusta que se fije como base un porcentaje alto de vecinos para constituir una junta de vecinos; pero no puede alegar que es inconstitucional fijar un porcentaje.

Según su apreciación subjetiva, este porcentaje es alto, en circunstancias de que para otros miembros del Parlamento es bajo y debiera ser todavía superior. Me parece que el 30 por ciento es insuficiente, porque permite la constitución de tres juntas de vecinos en una unidad vecinal, y yo, respetando el fallo del Tribunal Constitucional, estimo que debiera haber sólo dos; una de la UDI y Renovación Nacional, y otra del resto de los vecinos porque, en la práctica, la UDI y Renovación Nacional han utilizado la ley que dictaron cuando eran gobierno, bajo el mando del General Pinochet, para establecer juntas de vecinos paralelas a las que representan a la totalidad de los vecinos, y, como son pocos los militantes de la UDI y de Renovación Nacional, necesitan números exiguos.

La fijación de un porcentaje es perfectamente pertinente desde el punto de vista constitucional. El hecho de que el Diputado señor Urrutia hay reclamado que sea alto revela que es constitucional fijar un porcentaje en lugar de un número.

Por lo demás, si uno considera que el artículo propuesto por la Comisión de Gobierno Interior establece que en el sector rural debiera haber un mínimo de 30 personas para constituir una junta de vecinos, y que el artículo 37, inciso último, señala que en dicho sector deberá procurarse que se definan los límites de cada unidad vecinal en función de cada comunidad rural, uno podría estimar que la fijación de 30 personas es inconstitucional, porque hay muchas comunidades rurales con menos de 60 u 80 habitantes, y que el número de 30 establecería que sólo podría existir una junta de vecinos. En ese sentido, dicho número es excesivo y, por lo tanto, parece mucho más razonable fijar un porcentaje del número de personas, que en algunas comunidades rurales podría ser traducido a números enteros inferior a 30.

Por esta razón, desde el punto de vista constitucional, me parece del todo admisible transformar en porcentajes los números que aparecen en el artículo 39, y razonable que sea el 30 por ciento de los habitantes habilitados para votar en una elección de juntas de vecinos. En este sentido, las opiniones del Diputado señor Urrutia deben ser rechazadas y aprobarse la indicación que ha sido renovada en esta Sala.

He dicho.

El señor ALESSANDRI BALMACEDA.-

Señor Presidente, lamento la intervención del Diputado señor Palma, porque él tiene experiencia sobre lo que ha significado democratizar las juntas de vecinos y no politizarlas. En ese sentido, creo que en los primeros años de esta Gobierno se malentendió esa labor.

Daré mi opinión como representante de una comuna bastante populosa, con más de 400 mil habitantes. Que quede sumamente claro que nosotros queremos la participación de los vecinos, lo cual significa ordenarla. Ojalá existiera sólo una unión comunal y una unidad vecinal por sector, y al mismo tiempo la mayor cantidad posible de juntas de vecinos. Observemos, por ejemplo, la realidad de las diferentes villas. Si en una unidad vecinal hay 60 villas y en cada una de ellas viven alrededor de mil o dos mil personas, lo óptimo sería lograr la participación de toda esa gente mediante la organización de una junta de vecinos por cada villa. De esa manera, dependerán de una unidad vecinal que las representará en la unión comunal.

Es muy diferente buscar la manera de ordenar el sistema que restringir la participación. Obviamente, me parece absurdo poner como base el 30 por ciento de los habitantes, cuando hay sectores La Florida, por ejemplo, en que una unidad vecinal representa a 20 mil ó 30 mil habitantes.

Por ello, si hacemos un análisis sin tratar de politizar la discusión, buscando un objetivo sobre la base de que si uno cruza una avenida se da cuenta de que en una villa se está discutiendo cómo aumentar el voltaje de las ampolletas, y en la villa del frente cómo instalar alcantarillado, pienso que una manera responsable de atacar el problema es vivirlo tal cual es en la realidad. Ojalá existiera, repito, la mayor cantidad de juntas de vecinos posible, con un ordenamiento entre ellas para que sus inquietudes sean representadas en la unión comunal por intermedio de una unidad vecinal.

Estimo conveniente no aumentar la cifra de 100 personas, la cual encuentro justa y lógica para tener personalidad jurídica, dependiendo de este ordenamiento. Pero no limitemos la participación de la gente ni menos aún politicemos el problema, porque si hay algo que ha traído nefastas consecuencias hasta el momento ha sido la politización de las juntas de vecinos, la cual en nada conduce al progreso de cada una de las comunas que representamos.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, en verdad, éste es el tema medular del proyecto de ley. El resto de los temas están asociados con él, como asimismo el rol de las juntas de vecinos.

En definitiva, aquí se han planteado dos posiciones:

Una, contenida en la actual Ley de Juntas de Vecinos, establece la posibilidad de que existan cuantas juntas quieran, con un mínimo de cien.

La otra posición fue la que sostuvo en su proyecto el Ejecutivo. Decía que en cada unidad vecinal debía haber sólo una junta de vecinos, plural, representativa y con capacidad para tomar iniciativas en su territorio.

Un fallo del Tribunal Constitucional cuestionó el proyecto del Ejecutivo y lo que esta Cámara había acordado. Frente al fallo, quedaba la alternativa de volver a la ley vigente, en el sentido de que en una unidad vecinal se organizaran cuantas juntas de vecinos se quisiera, o ponerles algún límite.

Hemos presentado una indicación, la cual establece que para constituir una junta de vecinos a lo menos el 30 por ciento de ellos debe respaldar la iniciativa.

¿Cuál es su propósito de fondo, más allá de los problemas de admisibilidad? Nos preocupa que haya desarrollo y participación en las comunas y pensamos que subdividir las comunas en territorios que representen unidades vecinales, y allí generar órganos de participación de la comunidad, es una idea creativa, de grandes posibilidades y proyecciones que en democracia sólo tuvo cinco años para desarrollarse antes de la dictadura. Sólo ahora estamos recuperando la capacidad de participación y de gestión a nivel vecinal. Los problemas de una unidad vecinal son fundamentalmente territoriales. Los problemas de la vereda, del pavimento, de la escuela, del consultorio, afectan a todos los vecinos.

En la medida de que en este territorio, dentro de la unidad vecinal, se permita más de una junta de vecinos, se debilitarán todas estas organizaciones. En definitiva, se permite que no quede en claro quién se entiende con el consultorio, con la escuela, con la municipalidad, etcétera.

Discrepo absolutamente del enfoque del Diputado señor Alessandri, en el sentido de que haya la mayor cantidad de juntas de vecinos. Él sabe muy bien que en comunas como La Florida, donde hay 420 poblaciones o villas, si hubiera 420 juntas de vecinos, ninguna de ellas tendría capacidad para influir en la solución de los problemas comunales. Estarían muy debilitadas, con un rol muy preciso a nivel local, pero ninguna tendría la posibilidad de influir en el destino de los recursos, en las grandes decisiones del conjunto de la comuna.

En este proyecto de ley está quedando un gran vacío, no sólo en el artículo 37, porque resulta lamentable que la definición de las unidades vecinales materia que incluso está contenida en la Constitución Política de la República sea tan genérica. Las proposiciones que hagan las unidades vecinales y que apruebe el concejo, han quedado, en definitiva, sujetas al criterio de los alcaldes. La base de la participación consiste en un buen criterio para definir las unidades vecinales. Al interior de la comuna debe haber criterios de descentralización, de desarrollo y de participación, y no dejar todo sujeto a la decisión del alcalde, con aprobación de los concejos.

Hemos presentado esta indicación para poner el límite de 30 por ciento, que consideramos plenamente admisible, porque la ley ya establecía un mínimo de 100, o una cantidad determinada. Hemos dicho que haya un 30 por ciento, lo cual implica, teóricamente, que se puedan constituir a lo menos tres juntas de vecinos. Pero además habrá fluidez, facilidad para reasociarse y reencontrarse entre los vecinos, en la medida que las juntas existentes no respondan adecuadamente a lo que ellos quieren y a las posibilidades de desarrollo.

Insistimos en que esta indicación apunta a rescatar la historia de este país en materia de participación a nivel vecinal; apunta a darle estabilidad, a evitar el paralelismo y la politización. Yo le preguntaría a mi colega del distrito, señor Alessandri, ¿Cuántas juntas de vecinos ha formado la Derecha, en unidades vecinales que perdió de acuerdo con el criterio de que hubiera una junta de vecinos por unidad vecinal? ¿Cuántas juntas paralelas ha creado en las unidades vecinales, dado que es minoría dentro de éstas? ¡Hartas! Entonces, ellas se van politizando y repolitizando, atomizando y debilitando.

Si queremos democracia, si desde la base deseamos crear mecanismos adecuados de participación, pedimos a la Sala que apruebe esta idea del 30 por ciento de los vecinos, que estimamos plenamente admisible y permite rescatar, en parte a lo menos, nuestra historia y tradición de participación, en el sentido de que los vecinos tengan posibilidades de generar organizaciones con capacidad de influir en los problemas que les afectan.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, tengo la impresión de que, como consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional, este proyecto ha quedado descalabrado; es difícil de articular. No obstante, deseo contestar algunas observaciones del Diputado Urrutia.

Estimo que el fallo del Tribunal Constitucional -que califico como una aberración jurídica, una de las más importantes cometidas por éste, con relación a la Ley de Juntas de Vecinos y que, a mi juicio, tuvo una motivación netamente política- no tiene por objeto convertir las unidades vecinales en una especie de coto de caza, donde cualquier grupo puede instalar su tienda, denominándola junta de vecinos, y así competir en algo que es absolutamente paralizante de la organización social y de base, cual es no ser tomado en cuenta por la autoridad, porque en la medida en que proliferan y se multiplican estas organizaciones, menos relevancia tienen, no sólo en cuanto a su representación social, sino a la influencia que pueden ejercer en las decisiones municipales.

Lo que se pretende es extender este fallo de manera tal de dejar abierta esta posibilidad de neutralización de las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias. Así como el Tribunal Constitucional tiene el criterio de que no se puede imponer la creación de una sola junta de vecinos, el Poder Legislativo puede también postular que es necesario limitarlas. Esto podría plantearse con base en la Constitución, porque se trata del derecho de asociación, y, en el caso de las juntas de vecinos, son entidades que gozan de personalidad jurídica por ministerio de la ley.

El derecho de asociarse sin permiso previo, está condicionado en la propia Carta Fundamental al hecho de que para gozar de personalidad jurídica, las asociaciones deben constituirse en conformidad a la ley. El Tribunal Constitucional ha dicho, reiteradamente, que la ley que le otorga personalidad jurídica a estas organizaciones por su solo ministerio, puede establecerles requisitos y condiciones. Ello no significa impedir el derecho constitucional, sino regularlo.

La regulación referida al número mínimo de ciudadanos para constituir una junta de vecinos figura en el artículo 39 del proyecto. Es decir, por ley se establece un requisito referido al número. Los Diputados que apoyan la indicación estiman que así como se puede establecer esta limitación, es posible también plantear otra a través de un porcentaje de los vecinos, siendo ambos derechos plenamente válidos, de acuerdo con el precepto constitucional. Aquí se está eligiendo una opción. Creemos que es mejor establecer un porcentaje que, de alguna manera, limite la atomización de estas organizaciones, lo cual está plenamente de acuerdo con la Constitución.

El Diputado señor Urrutia exagera la interpretación, porque la proposición no tiene nada de inconstitucional.

Para darle consistencia y estabilidad al movimiento comunitario en Chile y, al mismo tiempo, para asegurarle representación e incidencia en el gobierno local, es preferible consignar estos parámetros dentro del contexto tanto de la Constitución como de la propia ley.

He dicho.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, deseo referirme, especialmente, a la intervención del Diputado señor Palma, don Andrés.

Es lamentable la forma en que se expresó, porque no nos podemos sacar la suerte entre gitanos aquí en esta Sala. Y en la indicación se nota claramente la intención de que en la práctica exista sólo una junta de vecinos. Bien sabemos, por los argumentos que se han dado, que sólo por excepción se puede constituir más de una. Así que simplemente se está reponiendo, por otra vía, lo que les fue rechazado por el Tribunal Constitucional. Y aunque lo dijo en forma irónica el Diputado señor Palma, así se entiende claramente de su intervención.

En segundo lugar, creo que él está obnubilado por la política y además se ha desenmascarado. El ha dicho que la Oposición UDI y Renovación Nacional estaría tratando de formar sus juntas de vecinos, porque en la forma que venía en el proyecto sería imposible.

Al respecto, existe un concepto errado, porque ya discutimos largamente si estábamos encauzando a las Juntas de Vecinos a una politización absoluta. Si vamos a centrar la discusión sobre la base de cuántas juntas de vecinos tiene la Democracia Cristiana, el Partido Socialista o la Oposición en este momento, vamos por un camino sumamente errado. Y esto queda demostrado por la forma en que se expresa el Diputado señor Palma. Todos los días surge una cantidad de ejemplos que favorecen nuestra postura.

En el día de ayer, en un sector de la comuna de Puchuncaví, vecina a la Quinta Región, estuve en una junta de vecinos recién constituida por la comunidad organizada tengo entendido que por don Fernando Castillo Velasco, quienes son propietarios de una serie de construcciones en un lugar cercano a una playa y que, por tener intereses compartidos, formaron una junta de vecinos para luchar especialmente por ellos.

Ahora, si esa junta de vecinos quisiera aspirar a algo de nivel más global, se unirá con otras para satisfacer esas inquietudes. Pero, ¿por qué limitar la posibilidad de organización a un grupo de personas vinculadas por intereses comunes?

En mi opinión existe una cuestión de fondo al igual como lo decía el Diputado señor Montes que es libertad o uniformidad. Ese es el aspecto de fondo, porque no hay ningún problema en que, para tener peso las organizaciones vecinales puedan agruparse en uniones comunales o simplemente como asociación cuando intereses comunes las obliguen a hacer alguna presentación a la municipalidad. Pero limitar de esta forma el que haya comunidades que por cualquier causa se deban agrupar, porque es lógico, me parece realmente lamentable.

Además, es un error político la forma en que está planteado, obviamente, el número 26 del artículo 19, que podría ser nuevamente interpretado por el Tribunal Constitucional si es necesario recurrir a él. Pareciera que como que se pretende burlar la norma vigente, por lo que vamos a caer en el mismo problema de la vez anterior.

En mi opinión se deben aplicar criterios y no la forma que sugiere la Mesa o los Diputados señores Molina o Palma, quienes opinan que si teóricamente se cumple el fondo, no estamos dejando de cumplir la norma constitucional. Eso es obvio. Todos sabemos que en esta forma sólo es posible una junta de vecinos. El Tribunal Constitucional también se va a dar cuenta de eso; por lo tanto, tiene plena aplicación el número 26 del artículo 19, de la Constitución.

Por lo anterior, me parece lamentable el camino que se ha seguido, porque nuevamente se tendrá que ver esta parte, debiendo readecuarla al dictamen que al respecto emita el Tribunal Constitucional.

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, quiero decirle al Diputado señor Montes, colega de distrito, que no entendió nada de lo que yo dije. La unión comunal, la unidad vecinal y las juntas de vecinos son cosas distintas.

Por ello, no puedo aceptar que para una petición de consultorio deba hacerse una presentación a la municipalidad. De partida, se tiene que hacer ante la unión comunal y ésta a la municipalidad. Así lo entiendo claramente, respetando el ordenamiento, porque obviamente el problema del consultorio lo va a abordar una junta de vecinos, que lo planteará a la unión comunal, la que como ya se ha dicho se lo hará presente a la municipalidad.

Lo que tampoco puedo aceptar a mi colega señor Montes es que dispare al aire la pregunta de cuántas juntas de vecinos ha formado el Diputado Alessandri en La Florida, ya que justamente él ha dicho en reiteradas oportunidades que no hemos aprovechado la ley actual para constituir juntas de vecinos. Y bien sabe el Diputado señor Montes que no hemos formado más de 15, justamente donde no se ha permitido la participación de gente que no comparte la opinión de los que dirigían a algunas existentes. Porque si hay algo en lo que realmente hemos cooperado, es en lograr un óptimo triunfo y una muy buena administración de la unión comunal, la cual ha sido desastrosa en estos dos primeros años de transición a la democracia, en los que han tenido que cambiar y renunciar las directivas de la Concertación por malversación de fondos, situación frente a la cual siempre hemos estado silenciosos.

¡Qué ahora vengan a preguntar cuántas juntas de vecinos hemos formado de acuerdo con la ley, lo encuentro una vergüenza y un descaro! Es bien sabido que hemos concurrido, justamente, para que se aclaren las cosas y se determine la verdad acerca de la dirección de la Unión Comunal de La Florida, en este período.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, lamento que esta materia se aborde con dogmatismo. En definitiva, hay distintas visiones para determinar la realidad social y la participación ciudadana.

En verdad, deploro el planteamiento del Diputado señor Palma, ya que no se trata de cuántas juntas de vecinos puede formar cada partido, sino de establecer si la participación ciudadana se fortalece en la diversidad o en el centralismo.

En tal sentido me inclino a pensar, por la experiencia que me ha tocado vivir, que la participación vecinal se fortalece mucho más en la diversidad. Obviamente, eso hay que complementarlo con todo un proceso, como el que se está desarrollando, muy ajeno y lejano a lo que fue la ley dictada en la década del sesenta sobre esta materia. Hoy en día se está viviendo un proceso de subdivisión comunal las comunas son mucho más pequeñas que facilita que la autoridad tenga una participación mucho más directa con respecto a los vecinos. Quiero retomar un tema que reafirma lo que estoy señalando. Si se analiza lo que está ocurriendo a nivel de comunas, es posible constatar que las organizaciones más fuertes son aquellas que tienen una gestación voluntaria. Son los comités de adelanto que nacen para solucionar un problema específico. No están establecidos por ley, pero muchas veces resuelven más cosas que las propias juntas de vecinos.

Me inclino por la diversidad porque, normalmente, en sectores densamente

poblados, las juntas de vecinos representan una unidad territorial. Sin embargo, siguiendo la línea de la argumentación del Diputado señor Alessandri, muchas veces el vínculo del vecino se da más con su propia población que con la junta de vecinos.

Las realidades dentro de un territorio son muy variadas y distintas. Son problemas diferentes. Creo que esa diversidad es la que tiene que recoger la ley, pues es la que permite unirse en tomo de problemas comunes, al mismo tiempo que resulta mucho más efectiva, ya que existe un compromiso mucho más real de los vecinos y de los dirigentes con los problemas concretos que los afectan.

Para la solución de problemas mayores, la ley contempla la posiblidad de que se unan en tomo de las uniones comunales, para hacerlos representativos a través de esas organizaciones superiores. Pero, en definitiva, la participación comunal se fortalece mucho más en la diversidad, porque va recogiendo la variedad de problemas existentes a nivel comunal. Cerrar a los vecinos la posibilidad de organizarse en torno de juntas de vecinos, que requieren de una cantidad razonable de personas, es mucho más efectivo para encauzar verdaderamente la participación de los vecinos a nivel comunal, teniendo presente, además, el proceso de subdivisión comunal que acerca mucho más a los vecinos con las autoridades.

Por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, quienes trabajamos en el proyecto, hemos recogido los planteamientos expresados en esta Sala por los Diputados señores Alessandri y Orpis.

El artículo 39 está directamente vinculado con el artículo 40, según el cual en cada junta de vecinos podrán existir comités para atender los problemas de villas, de calles, de pasajes, etcétera, y otros específicos de los diferentes sectores. De tal manera que la junta de vecinos reúne a los vecinos de una unidad vecinal, y les permite constituirse en un cuerpo de unidad y de referencia ante la municipalidad, y no limita la posibilidad de que cada uno de los diferentes sectores y estamentos también resuelvan sus necesidades.

Más aún, el que en la Ley de Partidos Políticos se establezca una afiliación mínima del 0,5 por ciento del electorado que hubiere sufragado en la última elección de Diputados, nos permite que la podamos bacer homologa al proyecto que hoy día estamos discutiendo. Por lo menos, deberían votar 385 mil personas por un partido político para que éste exista.

¿Y para qué se fija este 0,5 por ciento de afiliación mínima para los partidos políticos? Para que éstos tengan una representatividad real y para que no existan tantos movimientos, grupos o partidos que, en definitiva, sólo se representen a sí mismos y no a la gente.

Además, el porcentaje está dentro del fallo del Tribunal Constitucional, de tal manera que la constitucionalidad no está en juego.

En último término, hay que analizar la ley en su conjunto. Así como el Diputado señor Alessandri mencionó el caso de La Florida, en la zona que represento tampoco nos interesa que subsistan unidades vecinales con 20, 25 ó 30 mil personas. Por eso, se faculta al alcalde, a los vecinos y al concejo para fijar nuevas unidades vecinales. Y en la medida en que la unidad vecinal como tal y esto es lo verdaderamente importante, permita que la gente se incorpore a una, dos o tres juntas de vecinos, serán efectivamente representativas de los intereses comunes de la población.

Esto es lo realmente importante, en lugar de insistir en que aquí se impide, a través de la fijación de este porcentaje, que la gente resuelva sus problemas, porque eso, tal como lo he mencionado, está resuelto en el artículo 40 para problemas específicos de villas, calles o sectores aledaños a cada una de las unidades vecinales.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, estimo que también corresponde analizar aquí el argumento del Diputado Elizalde respecto de los partidos políticos.

En primer lugar, es un contrasentido que a los partidos políticos se les exija el 0,5 por ciento del electorado para constituirlos o para que se mantengan y que a las juntas de vecinos se les establezca el 30 por ciento de los residentes en la unidad vecinal. Si es un asunto de analogía, ¿por qué no mantenemos el mismo porcentaje exigido a los partidos políticos para que las personas se asocien en una junta de vecinos? Esa es la lógica del argumento: un 0,5 por ciento.

En segundo lugar, sigo manteniendo el criterio de la diversidad. El Diputado señor Alessandri la planteó básicamente en términos de la existencia de comités de adelanto. Mi planteamiento va mucho más allá. El criterio de la diversidad se plantea a nivel de junta de vecinos y, obviamente, a través de los comités de adelanto, porque esas dos normas, complementariamente, son las que permiten una mayor participación en los problemas reales a nivel muy local.

He dicho.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, en primer lugar, y refiriéndome a lo que acaba de señalar el colega Orpis, creo que él incurre en un error cuando trata de asimilar los porcentajes que la ley va a exigir para la constitución de una junta de vecinos, a aquellos que la Ley de Partidos Políticos preceptúa para la formación de este tipo de organizaciones. Y por una razón muy simple: se trata de entidades diversas, y si son distintas en su naturaleza, las exigencias para constituirse son diferentes. Por el contrario, esa distinción está demostrando o evidenciando nuestro interés en no asimilar, por ningún concepto, las juntas de vecinos a los partidos políticos, pues estaríamos sumando peras con manzanas.

En segundo lugar, quiero referirme a dos cuestiones más sustantivas.

La primera de ellas es que aquí se ha hablado mucho de la politización de las juntas de vecinos. Deseo reiterar algo que hemos manifestado en oportunidades anteriores: que la politización de la actividad vecinal será una consecuencia de la aplicación del fallo del Tribunal Constitucional. Desde el momento en que ese Tribunal permitió que existiera más de una junta de vecinos en una unidad determinada, ello implicará la completa politización de la actividad comunitaria. En la práctica, eso ya está ocurriendo, puesto que los departamentos poblacionales de los partidos se están transformando en juntas de vecinos. Así hablamos de juntas de vecinos del Gobierno o de Oposición, ya que cada partido de Gobierno y de Oposición está procurando hacer lo propio. Y ello repito no es más que una consecuencia del fallo del Tribunal Constitucional que, equivocadamente como lo precisó el colega Molina, y extralimitando el sentido de la libertad de asociación, nos ha llevado a la aberración que tendremos que lamentar.

Una segunda cuestión general se refiere a la supuesta inadmisibilidad de la indicación que estamos conociendo, en el sentido de que se estaría violando la Constitución al establecerse el requisito de la voluntad del 30 por ciento de los residentes de una unidad vecinal para constituir una junta de vecinos, porque se imposibilitaría el ejercicio del derecho de asociación.

Las argumentaciones dadas en ese sentido, naturalmente son equivocadas, puesto que si extrapolamos el argumento de los colegas de la Derecha, quienes sostienen que esta indicación es inadmisible, le estaríamos negando a este Congreso Nacional la facultad para reglar el ejercicio dse cualquier derecho. Si hay algo de la esencia de un Poder Legislativo, es regular el ejercicio de cualquier derecho. El Congreso Nacional puede reglamentar la libertad o el derecho de asociación, uno de los derechos que consagra nuestra Constitución Política, en la medida en que no haga imposible su ejercicio.

Como bien lo señaló el Presidente de esta Corporación al declarar admisible la indicación comentada, naturalmente que, desde un punto de vista teórico y práctico, la proposición no está haciendo imposible el ejercicio del aludido derecho de asociación.

Si siguiéramos extralimitando el criterio de los colegas de Renovación Nacional, que han argumentado en contra de esta indicación, tendríamos que derogar el Código Civil, porque, en parte, regla el ejercicio del derecho de propiedad; en circunstancias de que la mera regulación de un derecho no implica el cercenamiento o la abolición del mismo.

Ahora, se dice que el porcentaje establecido en la indicación es discutible. ¡Por supuesto que es controvertido! Siempre, desde un punto de vista legislativo, será materia de controversia determinar porcentajes, guarismos, exigencias concúrsales o requisitos para el funcionamiento por el ejercicio de un derecho; pero, naturalmente, eso no afecta el fondo de la indicación o su admisibilidad. Puede haber colegas que estimen que es muy poco fijar un 30 por ciento, pues podría haberse establecido un 40; otros querrán que sea un 10 por ciento. Las mayorías parlamentarias deberán indicar cuál es el porcentaje correcto. Pero eso vuelvo a repetir y es lo que quiero rescatar al término de mi intervención no puede significar, por ninguna circunstancia, que el Congreso Nacional abrogue o renuncie a su facultad de reglamentar el ejercicio de cualquier derecho constitucional, que es lo que estamos haciendo en la situación que nos interesa.

Señor Presidente, el colega don Andrés Palma me ha solicitado una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.