Labor Parlamentaria

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Corresponde iniciar el estudio, en primer trámite constitucional, del proyecto de reforma constitucional referente a la doble dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta.

El texto del proyecto está impreso en el boletín N° 567-07 y se encuentra en el número 25 de los documentos de la Cuenta de la sesión 38a., celebrada en 7 de enero de 1992.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, informo el proyecto de reforma constitucional sobre dependencia funcional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio del Interior, originado en un Mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, de urgencia "simple", en cuyo estudio se contó, en vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, con la presencia de los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Justicia, don Enrique Krauss Rusque, don Patricio Rojas Saavedra y don Francisco Cumplido Cereceda, respectivamente; del Subsecretario de Carabineros, don Jorge Kindermann; del Subsecretario de Investigaciones, don Jorge Pantoja; del General Director de Carabineros, don Rodolfo Stange Oelckers; del Director General de la Policía de Investigaciones, don Horacio Toro Iturra; del Jefe del Gabinete del Ministerio del Interior, don Jorge Burgos, y del asesor jurídico de ese Ministerio, don Luis Toro.

Cabe recordar que durante el curso de la campaña presidencial de 1989, el programa de la Concertación proclamaba que un concepto democrático de la seguridad del Estado, el respeto por los derechos humanos y la vigencia efectiva de un estado de derecho, requerían algunas de las siguientes medidas: "Reforma del Cuerpo de Carabineros, reforzando su carácter de policía profesional, dependiente del Ministerio del Interior. Sus funciones consistirán en la prevención y represión del delito común y resguardo del orden público; restablecimiento de la dependencia de la Policía de Investigaciones del Ministerio del Interior, sin perjuicio de las facultades constitucionales que respecto de ella correspondan a otros Poderes del Estado.".

En la exposición de motivos del proyecto se recuerda que ya en el Mensaje presidencial del 21 de mayo de 1990, se advertía la necesidad de volver a la normalidad funcional en lo relativo a la dependencia del Cuerpo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, atendido el grado de consenso ciudadano sobre la materia, para lo cual se anunciaba una propuesta de reforma constitucional.

La Constitución Política de 1980 contempló, en el Capítulo X un apartado especial sobre las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública; estableció una clara diferenciación entre las Fuerzas Armadas y las Orden y Seguridad, estando estas últimas integradas sólo por Carabineros y el Servicio de Investigaciones, y declaró la dependencia de todas ellas del Ministerio encargado de la Defensa Nacional.

Según el Profesor de la Universidad Católica de Chile, don Fernando Jiménez Larraín en un artículo denominado "Las Bases Constitucionales de las Fuerzas Armadas", publicado en la Revista de

Derecho Público, 1986, Valparaíso, esta dependencia establecida en la Carta Fundamental "reafirma el principio de la subordinación del poder militar al poder civil, ya que las funciones, metas y objetivos de ellas se encuadran dentro de la política general del Estado, la cuales fijada por la autoridad civil dentro de los marcos jurídicos y doctrinarios establecidos en la Constitución Política, ya que conforme con el artículo 24 del texto, el Gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República.

La dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad pública del Ministerio de Defensa Nacional no tiene precedentes históricos ni jurídicos en nuestro país, ya que, ellas siempre dependieron del Ministerio del Interior. Baste señalar que el decreto del l2 de febrero de 1837 estableció que correspondía al Ministerio del Interior la gobernación interior, relaciones exteriores, policía y todo lo que no fuera encargado a otros ministerios.

La Ley Orgánica de Ministerios el DFL N° 7.912, de 30 de noviembre de 1927 reafirma la misión del Ministerio del Interior como encargado del orden y la seguridad interna del país. Por lo demás, el decreto con fuerza de ley N° 2.484, del 27 de abril del mismo año, creó el Cuerpo de Carabineros, fusionando las policías fiscales y comunales y el cuerpo de Carabineros, con dependencia del Ministerio del Interior.

Posteriormente, se dicta el decreto con fuerza de ley N° 213, nueva Ley Orgánica de Carabineros. Su artículo 2° prescribe que "Carabineros dependerá directamente del Ministerio del Interior.". Sin embargo, por ser institución de carácter militar, el personal de Carabineros goza del fuero militar y queda sometido en materia de jurisdicción penal, civil y disciplinaria al Código de Justicia Militar. Sus grados de jerarquía tienen denominaciones análogas a las del Ejército, según decreto supremo N° 1.300, de 1955, del Ministerio del Interior.

Según apuntaba el tratadista constitucional don Alejandro Silva Bascuñán, en su obra "Tratado del Derecho Constitucional", tomo III, página 341: "No obstante estas asimilaciones de origen puramente legal, Carabineros de Chile no ha perdido, pues, su condición básica de cuerpo de policía, y la incorporación que se ha hecho de esta institución al orden militar no llega a sujetarla para los efectos de la Carta Fundamental, a las reglas dictadas por ésta para las Fuerzas de mar y tierra.".

La dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa Nacional fue dispuesta por el decreto ley N2 444, de 4 de mayo de 1974, el cual creó la Subsecretaría de Carabineros. En su exposición de motivos, el mencionado decreto ley estableció que no era conveniente que estuviese supeditado al Ministerio del Interior, que se preocupa de la política contingente, lo cual significó, antes del pronunciamiento de 1973, que Carabineros fuera instrumentalizado y empleado en logros diversos a sus fines esenciales de orden y seguridad públicos.

A su vez, el Servicio de Investigaciones fue separado de Carabineros por la ley N° 5.180, de 19 de junio de 1933, con dependencia del Ministerio del Interior. Por decreto ley N° 646, de 17 de setiembre de 1974, Investigaciones pasó a depender del Ministerio de Defensa Nacional.

La legislación orgánica de Carabineros proviene posteriormente del decreto ley N° 1.063, de 12 de junio de 1975, y ya bajo la vigencia de la actual Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros ley N° 18.961, que establece: "Dependerá directamente del Ministerio de Defensa Nacional y se vinculará administrativamente con éste a través de la Subsecretaría de Carabineros.

"Carabineros se relacionará con los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y demás autoridades regionales, provinciales o comunales, por intermedio de la Dirección General, altas reparticiones y unidades, según corresponda.".

El Servicio de Investigaciones tiene por Ley Orgánica el decreto ley N° 2.460, del 24 de enero de 1979, como dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, vinculándose con las intendencias, gobernaciones, alcaldías y otros organismos regionales, provinciales, comunales, mediante las jefaturas de zonas, prefecturas, comisarías y unidades menores, según corresponda.

Merece especial comentario la circunstancia de que ni el anteproyecto preparado por la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución, de 1980, ni el elaborado por el Consejo de Estado, que presidió don Jorge Alessandri Rodríguez, contemplaban la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública del Ministerio de Defensa Nacional, por lo que sólo el texto definitivo, preparado por la Junta de Gobierno, introdujo esta subordinación constitucional de tales fuerzas respecto del citado Ministerio.

Como se observa, las Fuerzas de Orden y Seguridad siempre dependieron de un solo Ministerio: antes de 1974, del Ministerio del Interior; después, del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el proyecto en estudio propone una modalidad diversa, consistente en una dependencia diferenciada: en lo funcional, del Ministerio del Interior, y en lo demás, del Ministerio de Defensa.

En verdad, la sustancia del proyecto en cuestión es la siguiente: ¿de quién debe depender la Fuerza Pública? ¿Del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa o de ambos a la vez?

La dependencia diferenciada según se indicó en la Comisión tiene precedente en legislaciones extranjeras, como de Italia, España y Francia. En Italia existen cinco cuerpos de policía estatal, con subordinación variable en lo funcional, operacional y administrativo, dependiendo, según el caso, del Ministerio del Interior en forma exclusiva y del de Defensa Nacional en otros casos, y en forma mixta, como se explica profusamente en las páginas 17 a 19 del informe que obra en vuestro poder. Así, la Policía del Estado es exclusiva del Ministerio del Interior; Carabineros, en ese país, es de doble dependencia; la Guardia de Finanzas depende del Ministerio de Finanzas y accidentalmente del Ministerio del Interior; la Policía Penitenciaria se subordina al Ministerio de Gracia y Justicia, y en materia de orden público al Ministerio del Interior; el Cuerpo Forestal del Estado tiene doble dependencia: del Ministerio de Agricultura y del Interior.

La situación de España se reseña en las páginas 20 a 22 del informe, señala que existe: Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Policía Judicial, Policías Autonómicas y Policías Municipales. El Cuerpo Nacional de Policía depende del Ministerio del Interior; la Guardia Civil, del Ministerio del Interior y de Defensa; la Policía Judicial, del Poder Judicial y del Ministerio del Interior.

En Francia, la Policía Nacional Francesa, dentro de la cual se halla la Surete Nationale, se subordina al Ministerio del Interior; y la Gendarmerie, que es una policía militar, depende en general del Ministerio de Defensa Nacional; pero para ciertas materias de orden público y tranquilidad ciudadana, recibe órdenes del Ministerio del Interior.

Durante la discusión, la mayoría sostuvo que, conforme al artículo 24 de la Constitución, corresponde al Presidente de la República el gobierno y la administración del Estado, y que su autoridad se extiende a la conservación, en especial, del orden público, la seguridad y tranquilidad ciudadana, responsabilidad que, por lo demás, se imputa al Gobierno cuando se juzga la delincuencia y su peligrosidad, por lo que es natural que sea el Ministerio del Interior, con arreglo al decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, que organiza las secretarías del Estado, en relación con el artículo 19 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, el que asuma las funciones de "proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector."

Por ello, Carabineros de Chile, que tiene como finalidad primordial garantizar y mantener el orden público, debe depender funcionalmente, a lo menos, del Ministerio que tiene esas mismas funciones, que no es otro que el Ministerio del Interior.

En ese orden de ideas, se achaca una responsabilidad al Ministerio del Interior frente a situaciones de inseguridad pública, pero éste carece de la necesaria superioridad jerárquica sobre Carabineros e Investigaciones, teniendo en la actualidad una relación de facto. Asimismo, se expresó en la Comisión que el Cuerpo de Carabineros es partidario de una dependencia como la propuesta, lo cual también sostuvo el señor Director General de Investigaciones, respecto de su servicio.

Conviene resaltar que la idea primitiva del Gobierno era la dependencia única del Ministerio del Interior; pero fue Carabineros el que propuso y aceptó esta doble dependencia, como se escuchó en la lectura de documentos reservados emanados de ambos cuerpos policiales, realizada en sesión secreta.

Señor Presidente, respecto de esta materia, pido que en su oportunidad adopte el acuerdo necesario para que se lea en esta sesión, el informe emitido por el alto mando de Carabineros y que se encuentra en poder del señor Secretario de la Comisión y del señor Ministro del Interior.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Se leerá después de que Su Señoría termine de informar.

Puede continuar.

El señor ELGUETA.-

Otros señores Diputados manifestaron que de todas las soluciones propuestas, la doble dependencia era la peor, como quiera que no existirá una eficiente coordinación entre los organismos de seguridad y que el cambio de dependencia no mejoraba el combate contra la delincuencia, según se anotaba en el propio Mensaje.

Por 7 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se aprobó el proyecto en general. Durante su discusión en particular, se presentó una indicación del Diputado señor Jorge Molina para establecer una dependencia única de Carabineros e Investigaciones del Ministerio del Interior, la que fue rechazada por 4 votos, 2 a favor y 5 abstenciones. El proyecto se aprobó en particular por 6 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

El proyecto materializa estas ideas en un artículo único, compuesto de tres normas permanentes y una transitoria. La primera establece la dependencia funcional de las Fuerzas de Orden y Seguridad del Ministerio del Interior; la segunda adecúa el inciso tercero del artículo 90, de la Constitución Política, que pasa a ser cuarto fijando la integración y misión de dichas fuerzas; el tercero manda que los ingresos, los nombramientos, ascensos y retiros de la Policía de Investigaciones se efectúen de acuerdo con su ley orgánica. Se agrega una disposición transitoria, la trigesimaquinta, que dispone que "Todas las actuales disposiciones legales y reglamentarias en que se establece que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependen del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, se entenderán aplicables, sólo en lo funcional, al Ministerio del Interior.".

Por último, es menester precisar que, por disposición del artículo 116 de la Constitución Política, de 1980, las reformas de su Capítulo X requieren, para su aprobación, del voto conforme de las dos terceras partes de los Diputados y Senadores en ejercicio.

En consecuencia, vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recomienda aprobar el proyecto en discusión.

He dicho.

El señor ROJO.-

Señor Presidente, anoche escuchamos en esta Sala la intervención del Diputado señor Orpis, referida a la distorsión producida en la acción política y, en forma especial, en la labor parlamentaria.

Tenemos plena conciencia de que es urgente realizar una serie de reformas para adecuar el funcionamiento del Congreso Nacional a los tiempos actuales. Así, en conjunto con el Diputado señor Bosselin y otros parlamentarios, hemos presentado varias mociones sobre la materia.

Hoy tenemos la oportunidad de demostrar con hechos nuestra adhesión a estos principios de cambio.

Se trata de analizar, discutir y aprobar una reforma constitucional que nada tiene que ver con reformas electorales, sino con una materia que dice relación directa con problemas que preocupan a la comunidad nacional.

Tenemos la obligación de ser consecuentes con lo que hemos sostenido públicamente. Se imputa responsabilidad al Gobierno, al Ministerio del Interior, por no otorgar la protección, la seguridad que la ciudadanía reclama. Pero acto continuo, cuando debemos legislar sobre esta materia, llevados tal vez por afanes electorales y por una adhesión mal entendida, se pretende rechazar una reforma que no sólo es necesaria, sino indispensable.

Ayer nos pidieron públicamente que nos dedicáramos a legislar. Aceptamos el emplazamiento. Legislemos sin pasión, sin intereses mezquinos. Aboquémonos al conocimiento de este proyecto como auténticos legisladores.

La primera contradicción que se nos presenta es el Capítulo X de la Constitución, que dicta normas sobre dos instituciones absolutamente diferentes. Una de ellas, son las Fuerzas Armadas, históricamente han tenido un objetivo esencial, cual es la defensa o la ampliación de las fronteras nacionales a través de la guerra. La fuerza moral que ha nutrido a los ejércitos es la idea de la patria. Los ejércitos son unidades sociales, deliberadamente construidos y reconstruidos para alcanzar objetivos específicos. La profesión, el ejército y estilo de vida forman un solo todo difícil de separar.

Las Fuerzas Armadas tienen objetivos y métodos propios, y para ello requieren de una formación, disciplina, jerarquía, que corresponda a su forma de ser. En cambio, la policía, que indebidamente, al igual que la Constitución, la denominamos Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, tienen otros objetivos y métodos diferentes.

El diccionario de la Real Academia Española define a la "policía" como cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de la ciudadanía, a las órdenes de las autoridades políticas.

La policía chilena, según la Constitución Política, tiene como objetivo garantizar el orden público y la seguridad pública interior, y dar eficacia al derecho. En razón de estos objetivos le corresponde depender directamente del Ministerio del Interior.

Para reubicar a la policía en el lugar que le corresponde dentro de la comunidad nacional, es necesario reformar prontamente sus leyes orgánicas, pues su organización y forma de actuar son ajenas a su naturaleza y a su actual disciplina de tipo militar.

El señor General Director de Carabineros sostuvo ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia que Carabineros era una institución militar, sometida a la disciplina militar y al Código de Justicia Militar.

En un análisis de fondo sobre lo que debe ser la policía, cuyos objetivos ya hemos señalado, debemos concluir que no puede ser una institución militar ni estar sometida a dicha disciplina y menos al Código de Justicia Militar.

La policía chilena debe ser una institución civil, altamente profesionalizada y especializada, sometida a la disciplina normal de todos los ciudadanos y a las normas del derecho común.

Hemos señalado que las Fuerzas Armadas tienen objetivos y métodos propios, que corresponden a sistemas universalmente aceptados; que actúan en medios diferentes y requieren necesariamente de una disciplina militar por su forma de actuar y por los efectos que su actuar representa.

En cambio, el policía es un profesional que debe dominar disciplinas como el Derecho Penal, procedimiento procesal, los derechos de los ciudadanos, la criminalística, la siquiatría, la sicología, la balística; especializarse en accidentes de tránsito, en delitos económicos, en derecho de menores, en todo lo referido al narcotráfico.

Creo que todos estamos de acuerdo en que debemos compatibilizar los derechos y la dignidad de las personas con la acción policial.

No queremos una policía militar, con mentalidad guerrera, represiva, autoritaria. Queremos una policía humana, científica, que entienda su misión de dar eficacia al derecho; que vea en el delincuente al enfermo, al dislocado social que es necesario regenerar, readaptar, reinsertar en la sociedad.

Para desterrar de nuestra policía todo vestigio militarista, desde sus uniformes, grados, estandartes, su organización perfectamente puede adaptarse a la de la Policía de Investigaciones.

Carabineros tiene una acción importante que desarrollar. Debe olvidar los límites estrechos del cuartel militar. Su futuro está, precisamente, en lo que ha logrado cuando se dedica de lleno a la labor policial.

Allí están las Comisarías de Accidentes del Tránsito, SIAT, una acción seria, profesional y responsable. Allí, sus brigadas sobre narcotráfico; y en la Policía de Investigaciones, la Brigada de Delitos Económicos, BRIDE; sus brigadas sobre asaltos.

La policía debe formar parte de un plan general que toda la comunidad debe abordar. Y así, frente a la delincuencia, corresponderá al Gobierno atacar las causas: capacitar, educar, construir viviendas, entregar una mejor atención de salud; otorgar los recursos, planificar la acción. A la policía, realizar su acción preventiva, dar protección, investigación y reinserción.

Además, debe existir un sistema carcelario que permita la readaptación, y tribunales con competencia racionalizada. Al entender y comprender lo que debe ser la policía, concluiremos que debe dejar de depender del Ministerio de Defensa Nacional, por dos razones:

Primero, las Fuerzas Armadas jamás en su historia han considerado a Carabineros como parte de ellas.

Y, segundo, porque la policía tiene un lugar más importante que el que hoy está ocupando.

Para poner en funcionamiento un plan de seguridad es indispensable que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones dependan directamente del Ministerio del Interior. Y como en estos momentos ello no es posible, la solución buscada a través de este proyecto de reforma constitucional resuelve la situación. Así, a través de una dependencia directa del Ministerio del Interior y sólo en lo administrativo del Ministerio de Defensa, podremos colocar en marcha un plan donde el policía efectivamente pase a cumplir la misión que le corresponde.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, la dependencia de las Fuerzas de Orden es un problema complejo, cuya solución no aparece ni evidente ni fácil. Al respecto, pueden adoptarse varias posiciones para cumplir las tres misiones que le señala el artículo 90 de la Constitución; la de orden y seguridad pública, la seguridad nacional y el orden institucional de la República.

El problema de la dependencia de Carabineros no es asunto de Constitución, Legislación y Justicia, sino una materia netamente técnica, que, a nuestro entender, tiene tres posibilidades para resolverse:

1.- Dependencia del Ministerio del Interior, como lo fue desde su creación hasta el año 1974.

2.- Dependencia del Ministerio de Defensa, como lo ha sido desde 1974 hasta hoy día; y

3.- Dependencia de ambos Ministerios, en lo funcional del Ministerio del Interior, como lo propone el Gobierno en este proyecto de ley.

A mi juicio, esta tercera solución: la dual y no diferenciada como se ha expuesto hoy en un muy buen ejercicio intelectual, es la peor de las tres soluciones, por las razones que señalaré a continuación.

Primero, nunca ha sido, desde el punto de vista orgánico, una buena solución, especialmente para instituciones jerarquizadas, la dependencia dual que sugiere el Gobierno.

Si bien esta dependencia puede funcionar en situaciones normales y tranquilas, las cosas se complican en momentos difíciles o de crisis, o frente a problemas complejos, como son los de orden y seguridad nacional.

Segundo, es muy difícil, casi imposible, separar las funciones como si fueran trozos de una torta. Los problemas siempre son interdependientes.

Tercero, se creará aunque no sea eso lo que se busca una institución de carácter híbrido, como consecuencia de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, que recaerán sobre ella desde dos Ministerios. Esto llevará, obviamente, a que Carabineros tienda a adaptarse en forma natural a las normas que más le convengan o acomoden.

Cuarto, por la misma razón, se hará más difícil el manejo de los asuntos propios de los dos Ministerios que tienen tuición sobre Carabineros. En situaciones normales y sencillas como ya lo dije parecen fáciles, pero las cosas se complican en el momento en que aparecen problemas complejos y, sobre todo, cuando se asumen las responsabilidades.

Quinto, lo anterior puede agravarse, con desastrosos resultados, ante la existencia de personalidades difíciles, dominantes, absorbentes o hipersensibles, y como nadie puede aseguramos de que autoridades del más alto nivel no tengan estas características, la teoría nos dice que no hay que crear, desde la partida, situaciones que después pueden producir problemas de este tipo, porque las instituciones sufren las consecuencias, de suyo delicadas, y por ende, en este caso, el país completo.

Sexto, el Gobierno será uno de los más perjudicados, puesto que verá restringida su libertad de acción, si pretende, por ejemplo, dar estímulos especiales a Carabineros, como se ha hecho hasta ahora. Será muy difícil que ellos lo puedan hacer sólo en el campo funcional, ya que recaerá necesariamente en el Ministerio de Defensa.

Séptimo, las naturales diferencias entre las Fuerzas Armadas y de Orden, que cuando permanecen en un solo Ministerio se muestran como naturales, desde su gestación hasta su consumación, tenderán a agravarse cuando, de partida, se crean condiciones diversas desde sectores diferentes. En este último caso, hay condiciones para que se magnifiquen y aumenten por depender de autoridades tan diferentes, como son las castrenses y las civiles, tan difíciles de armonizar.

Esto en nada favorecerá repito la armonía y cohesión entre las Fuerzas Armadas y de Orden, lo cual es grave para la estabilidad del país, porque si hay o ha habido algunas rivalidades, ellas se acentuarán.

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué pretende el Gobierno con esta situación de doble dependencia?

En primer lugar, quiero precisar que la intención del Gobierno, reiterada y manifestada públicamente, era traspasar Carabineros al gobierno interior, volviendo como también se dice a la tradicional dependencia existente hasta antes del Gobierno militar. También se afirma que ésa es el área lógica, aunque se ha manifestado, y está probado, que Carabineros trabajó en forma normal y eficiente durante el Gobierno militar, cuando dependió del Ministerio de Defensa Nacional.

Además, el Gobierno nos dice en su Mensaje que el mero traslado operacional no soluciona el problema del mejoramiento de la función policial.

Entonces, a nuestro juicio, lo que el Gobierno persigue, sin dudas, es una motivación superior y diferente aunque se me diga que estoy prejuzgando. El motivo no puede ser otro que sacar a Carabineros del área castrense y modelar esta institución según una orientación político partidista para crear una fuerza de contrapeso frente a las otras Fuerzas Armadas, y en especial, frente al Ejército.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor NAVARRETE.-

En otro Ministerio pueden otorgárseles los medios necesarios, independiente de las otras instituciones del Ministerio de Defensa Nacional.

Esta solución, por encima de cualquier documento reservado o secreto que se dice se va a mostrar, tengo la absoluta convicción de que no gustó ni gusta a Carabineros, especialmente a la oficialidad joven. Por eso se tuvo que adoptar una situación de compromiso de doble dependencia.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Terminó el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el tiempo de su segundo discurso.

El señor NAVARRETE.-

En todo caso, esta solución de compromiso sólo permite salir del paso; los efectos se presentarán en el tiempo, con graves consecuencias para las instituciones y para el país.

Por otra parte, es conveniente tener presente, como cosa previa, que la seguridad interior no es equivalente al orden público, concepto que, aunque es importante, está incluido como uno de los logros derivados de la seguridad interior.

Por esto, este último concepto más amplio, es parte de la seguridad nacional que representa el conjunto de disposiciones legales, instituciones, actividades, teorías y actitudes que todos los integrantes de la Nación y del Estado deben realizar o tener presente para asegurar la supervivencia nacional.

La seguridad nacional, entonces, no es consecuencia de una doctrina o de una política contingente. Está destinada a asegurar la supervivencia nacional y no a conseguir determinados objetivos políticos inmediatos, como muchos creen.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor NAVARRETE.-

La seguridad nacional se ejerce en el campo interno y externo. La inteligencia que precisa se ejerce también en ambos campos, que cada día están más interrelacionados. La seguridad nacional, en suma, es una sola, y se mantiene y existe para dar orden y tranquilidad a la ciudadanía.

En los casos de normalidad, actúan las autoridades administrativas y las instituciones policiales. En un país tranquilo y estable, lo normal es que los problemas de orden público estén dentro de la competencia del Ministerio del Interior.

Sin embargo, cuando se generan problemas más serios y se pasa de la delincuencia al terrorismo, en sus diferentes formas y etapas, y comienza a actuar gradualmente la guerrilla urbana y rural, el Gobierno puede dictar estados de excepción, como los de emergencia, sitio, asamblea y hasta catástrofe. Entonces, pasan a operar las autoridades militares y se ponen en ejecución los planes de seguridad interior. Así, las Fuerzas de Orden pasan a cumplir sus tareas dentro de las exigencias que les impondrán los mencionados planes, junto a las Fuerzas Armadas.

Lo interesante es tener un sistema de seguridad que tenga la flexibilidad para pasar de situaciones normales a otras en que predominen mayores niveles de violencia, sin necesidad de estar improvisando, cambiando dependencia ni creando organismos.

En consecuencia, sólo la dependencia del Ministerio de Defensa garantiza que Carabineros pueda cumplir la importante misión de garantizar la seguridad interna del Estado, sin readecuación alguna y sin necesidad de disposiciones especiales que regulen el traspaso de una función a otra.

De todo esto, podemos concluir que Carabineros, bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, es la forma más adecuada y conveniente para el país, aunque la tradición o la costumbre imperante hasta 1974, haya sido que dependa del Ministerio del Interior.

La razón que se tuvo para traspasar la dependencia de Carabineros del Ministerio del Interior al Ministerio de Defensa la conoce perfectamente bien el país. Se debió, fundamentalmente, a la acción de muchos dirigentes políticos que buscaron inhibir, paralizar y maniatar la acción de Carabineros en búsqueda de fines electoralistas del momento.

Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar en contra de este proyecto de ley porque, a mi juicio, lo único que busca es repito crear un poder paralelo para meter otra cuña, como se ha pretendido tantas veces, entre Carabineros y las Fuerzas Armadas. Y es un paso más en esta tarea de tan escaso éxito, de demoler toda la institucionalidad forjada durante los años del Gobierno militar, institucionalidad que vamos a defender en todo lo grande y valioso que tiene. No vamos a permitir que, día a día, paso a paso, sea destruida en forma tan insensata.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, esta mañana hemos escuchado una no muy luminosa exposición del Honorable Diputado señor Navarrete, que corresponde naturalmente a una versión troglodita de lo que es la seguridad nacional, llena de amenazas y de advertencias que alcanzan, incluso al límite de estar incitando a la subversión.

Risas.

El señor BOSSELIN.-

Pido al señor Navarrete que revele cuáles son sus contactos con los oficiales jóvenes de Carabineros. Es ilustrativo saber qué piensa el Cuerpo de Carabineros sobre esta materia.

El 12 de abril de 1991, en el diario "El Mercurio" se informa: "El General Director de Carabineros dijo ayer en la Moneda que la doble dependencia que tendrá en el futuro la institución policial, tanto del Ministerio de Defensa como del Ministerio del Interior, según el plan del Gobierno contra la delincuencia, normaliza una situación que de hecho se da desde hace bastante tiempo.

"No es el Ministerio de Defensa el que me ha dado instrucciones cuando hay que hacer algún servicio policial especial, o cuando hay que planificar una cosa semejante, desde siempre ha sido el Ministerio del Interior. Ahora se va a normalizar lo que se está haciendo desde el año pasado".

El General Director de Carabineros no quiso calificar las opiniones de sectores de la oposición política que critican este traspaso funcional al Ministerio del Interior.

Ante la pregunta de si Carabineros podría experimentar una politización bajo su nueva dependencia del Ministerio del Interior, comentó que "tenemos la ley orgánica institucional que puntualiza cómo deben desarrollarse los servicios.". Explicó que hay muchos factores que fue necesario considerar y por los cuales Carabineros no pasará a depender completamente del Ministerio del Interior. Manifestó que uno de ellos es la parte previsional de la policía uniformada.

Vale decir, el criterio correcto e institucional del Cuerpo de Carabineros, expresado a través de los medios de comunicación, es que esta reforma constitucional va en el camino correcto, porque es uno de los instrumentos para combatir precisamente la delincuencia. Es esto lo que está haciendo el Gobierno. La Oposición, en cambio, desarrolla una política demagógica; le hace exigencias al Gobierno, pero le niega los instrumentos jurídicos y políticos para llevarlas a cabo. De eso tienen que responder al país.

En la mañana de hoy hemos tomado conocimiento de algunos hechos gravísimos que se producen en la ciudad de Santiago, en los que está actuando el Cuerpo de Carabineros, al cual hay que darle apoyo. Y sustento constitucional, porque hasta este momento son situaciones de hecho que se plantean en el Ministerio del Interior con relación a ellos. Lo que no quiere reconocer la Oposición es que a Carabineros hay que darle el respaldo legal y constitucional adecuado.

En consecuencia, se niegan en la práctica a combatir eficazmente la delincuencia y el terrorismo. Esa es la verdad que ellos no quieren reconocer hoy.

El proyecto de reforma constitucional sobre la dependencia de las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, se inserta dentro de la política destinada a fortalecer la defensa de la seguridad interior y a garantizar eficazmente el orden público para, de esa manera, lograr disminuir las tasas de delincuencia.

El Ministerio del Interior, de acuerdo con lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 1927, tiene por finalidad o función pública todo lo relativo al gobierno político y local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. Por dicha razón, como lógica y natural consecuencia de tal cometido, ese Ministerio debe tener bajo su dependencia las fuerzas policiales o de seguridad pública, porque así podrá cumplir correctamente sus altas misiones de resguardo del orden público.

En ese contexto se propone esta reforma constitucional, que consagra una dependencia diferenciada de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones.

En lo funcional, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán del Ministerio del Interior y la dependencia administrativa continuará radicada en el Ministerio de Defensa Nacional.

De esta forma, las materias relacionadas con las estructuras de las instituciones policiales, las normas estatutarias por las que se rige su personal, su formación, perfeccionamiento, especialización y régimen previsional, permanecen en el Ministerio de Defensa en la situación actual, sin modificaciones de ninguna especie.

La reforma constitucional no afecta los planes de seguridad del Estado Mayor de la Defensa Nacional, ni la ejecutoria ni la operatividad de los estados de excepción constitucional como erróneamente sostiene el Diputado señor Navarrete; ni compromete de modo alguno la integración de Carabineros a las Fuerzas Armadas en la forma prescrita en la Constitución, a propósito de la misión de garantizar el orden institucional de la República.

En la legislación comparada hecho que también desconoce la Oposición se observa la existencia de casos relevantes de doble dependencia de la policía, como sucede en España, Italia y Francia.

En España, el Cuerpo Nacional de Policía, organización armada de carácter civil, depende del Ministerio del Interior. La Guardia Civil, institución armada de naturaleza militar, depende del Ministerio del Interior en lo relativo a destinos, acuartelamientos, materiales, etcétera, y del Ministerio de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que se le encomienden.

En Francia, la Policía Nacional Francesa se halla bajo el mando de un director general y constituye una de las tres direcciones generales del Ministerio del Interior. La policía militar uniformada, la gendarmería, en razón de la naturaleza de sus funciones, forma parte de las Fuerzas Armadas, y para todos los efectos generales administrativos depende del Ministerio de Defensa. Tratándose de la tranquilidad del país, la mantención del orden y la ejecución de las leyes y reglamentos de la administración, las medidas para asegurarlas emanan del Ministerio del Interior.

En Italia, la Policía del Estado es un cuerpo de policía civil que depende exclusivamente del Ministerio del Interior, tanto administrativa como funcionalmente.

El decreto con fuerza de ley N° 8.352, de 1927, estableció que Carabineros dependería directamente del Ministerio del Interior, pero cuando el Presidente de la República lo estimare conveniente quedaría a disposición del Ministerio de Guerra.

En el decreto ley N° 444, de 1974, se estableció la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional y se creó la Subsecretaría de Carabineros en ese Ministerio. En los considerandos de dicho cuerpo legal se manifiesta que se adoptan tales medidas con el propósito de que Carabineros no estuviera supeditado a un ministerio abocado a la política contingente, lo que significaba una inadecuada instrumentalización de dicho Cuerpo.

Sin embargo, en los tiempos actuales, en el Chile de hoy, no existen razones de ninguna especie que justifiquen dejar a Investigaciones y a Carabineros bajo la dependencia absoluta del Ministerio de Defensa Nacional, ya que éste no está encargado por la ley del resguardo del orden público y la tranquilidad interna. Obviamente, las Fuerzas Armadas deben estar bajo la tuición o dependencia del Ministerio de Defensa.

La dependencia de ese Ministerio, por otra parte, no significó para Carabineros, entre los años 1973 y 1990, desarrollo alguno. Baste recordar que en 1973 su dotación se componía de 28 mil personas y en 1990 de 29 mil. Es decir, en todo el tiempo que estuvo bajo la dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, durante el Gobierno militar, la planta del Cuerpo de Carabineros no creció. En consecuencia, el Gobierno democrático ha tenido que invertir y cambiar la política en relación con Carabineros, reforzarlo y darle los recursos adecuados.

Para combatir la delincuencia es necesario respaldar, constitucionalmente, la relación o vinculación que de hecho se produce entre el Ministerio del Interior y el Cuerpo de Carabineros de Chile. No aprobar esta reforma constitucional conlleva implícito un rechazo al propósito de la comunidad nacional de luchar contra la delincuencia y asegurar la vida, la integridad física y la propiedad de las personas.

A veces, conviene volver a las fuentes, a los orígenes. Veamos las razones por las cuales se creó el Cuerpo de Carabineros en la historia que la misma institución dio a conocer el año antepasado, al conmemorar un nuevo aniversario de su fundación. Dijo: "Era preciso reinstaurar el principio de autoridad: y para ello se hacía imperioso disponer de funcionarios de orden público adiestrados en lo moral, lo físico y lo intelectual, para reajustar el esquema de tal manera que la seguridad de las gentes y el resguardo de la tranquilidad de todos descansaran en guardianes aptos para extender a la sociedad una garantía de solvencia, probidad y entereza ética.

"La lógica señalaba el camino: fusionar los servicios policiales, organizarlos en un solo cuerpo, distribuir racionalmente sus efectivos ya depurados e integrar el conjunto homogéneo resultante bajo una sola cabeza rectora.

"La idea, en rigor, estaba lanzada desde el 30 de marzo de 1927, cuando el entonces Ministro del Interior, coronel Carlos Ibáñez del Campo, adelantaba en un discurso oficial: "El Gobierno está organizando la forma en que los servicios de Carabineros y Policía puedan unirse desde Tacna hasta Punta Arenas...".

"Redactado el decreto 2.484, de 27 de abril, Ibáñez, en su calidad de Vicepresidente de la República, lo firmaba en las últimas horas de la tarde del jueves 28, para dar vida al nuevo organismo en términos categóricos: "Fusiónense los servicios de Policías y Carabineros, formando con su personal, dependencias, armamentos y demás elementos, una sola institución que llevará el nombre de Carabineros de Chile... El Jefe superior de los Carabineros de Chile será el Ministro del Interior.".

"Por cierto, las atribuciones de orden público del Ministerio del Interior se ratificaron en diciembre del mismo año, por un decreto de reorganización de las Secretarías de Estado que asignó a esa Cartera todas las materias relativas al gobierno político y local del territorio y el mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. Por tal disposición se reconfirmó la misión encomendada a Carabineros como organismo dependiente del Ministerio del Interior.".

Así fue la creación del Cuerpo de Carabineros. Su vinculación le dio prestigio y la hizo una institución estimada y querida en nuestra nación. Nosotros queremos, precisamente, restablecer esa institucionalidad, que es el camino correcto.

El Gobierno propone una reforma constitucional responsable, sólida, fundada, que no puede ser rechazada por la Oposición por razones demagógicas, sin siquiera haberla estudiado. Tan pronto se planteó, la rechazó a través de los medios de comunicación. Allí están las declaraciones de los Diputados señores Teodoro Ribera y Raúl Urrutia, quienes dijeron que constituía, incluso, sólo un volador de luces, desconociendo la propia opinión del General Director de Carabineros.

Reclamamos, en consecuencia, conciencia y responsabilidad política y pública de la Oposición; que no eluda su responsabilidad y que no siga con la demagogia que practica a través de los medios de comunicación, de decir que el Gobierno no está combatiendo la delincuencia. El Gobierno lo está haciendo a través de los caminos correctos, mediante los instrumentos del Derecho, sin brutalidad, sin campos de concentración, sin torturas.

¡Qué no venga el señor Navarrete a hacemos amenazas de situaciones que podrían darse! Chile conquistó la democracia, ganó la democracia y nosotros la estamos sosteniendo a través del Derecho, de la justicia. Esa es la tarea fundamental que nos ha encargado el pueblo soberano.

En consecuencia, vamos a votar favorablemente la reforma constitucional, por constituir un paso más en la tarea de consolidación de la democracia.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, entre las declaraciones de los Ministros del Interior y de Defensa Nacional, quienes plantearon que esta materia debe ser abordada con criterio suprapartidista, y la exposición que hemos escuchado de parte del Diputado señor Bosselin, obviamente, hay una diferencia sustancial.

La circunstancia de que una medida de esta naturaleza se estime improcedente o procedente no va a determinar, en caso alguno, si es eficaz o no las acción que se quiere realizar para enfrentar con éxito la delincuencia.

Por lo tanto, se reafirma la posición sostenida por algunos parlamentarios de que cada vez que se impulsa una iniciativa de esta naturaleza, lejos de hacerse un análisis acerca de si es conveniente o inconveniente, inmediatamente se comienza con las descalificaciones, con la suposición de intenciones.

No dudo de los buenos propósitos que puedan animar al Gobierno, ni me corresponde dudar de la buena fe que pueda inspirarlo en una iniciativa de esta naturaleza. Sin embargo, tengo el legítimo derecho de estar o no de acuerdo en que una medida puntual es eficaz para combatir la delincuencia.

Para enfrentar con éxito la delincuencia en el país, se requiere una política nacional compartida por amplios sectores y que, a lo menos, aborde tres áreas distintas. En primer lugar, las medidas de carácter preventivo que dicen relación con el corto y el largo plazo.

Entre las de largo plazo y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, son imprescindibles las medidas que permitan mejorar los niveles de educación, fundamentalmente de la juventud que hoy, en alto porcentaje, enfrenta el mundo laboral sin ninguna capacitación. Esto genera, sin duda, un grado de frustración y de desesperanza que conduce a muchos jóvenes al vicio de la droga y del alcohol y los deja por ende, a las puertas de la delincuencia.

Sobre esta materia, nosotros colaboramos con el proyecto respectivo cuando el Gobierno lo requirió, como les consta a los señores Ministros del Interior y de Educación.

Entre otras medidas, está la práctica del deporte en forma masiva, como lo han hecho otros países. Indiscutiblemente, en los sectores más necesitados es un instrumento para que los jóvenes tengan actividades recreativas, eviten el ocio durante varias horas del día y por lo tanto, no sean tentados por la delincuencia.

Algunas medidas de corto plazo, cabe reconocerlo con toda honestidad, han sido abordadas por el Gobierno. Entre ellas, el aumento del patrullaje policial, de la dotación policial, de los recursos para que la policía pueda desempeñar eficazmente su función; la realización de campañas públicas para coordinar la acción policial, la decisión de la autoridad de Gobierno y la contribución de la ciudadanía en general.

La segunda etapa la constituyen las medidas que tienden a perfeccionar los sistemas de captura de los delincuentes, para poner término al llamado "círculo vicioso de impunidad delictual". A lo menos, dos están pendientes y deben abordarse: una, acortar los procesos penales, cuya larga duración hace que la ciudadanía no tenga incentivo para colaborar con la justicia, porque entiende que por esta vía, realmente, no se sanciona a quien comete un delito; y la otra, regular lo que dice relación con la libertad provisional, que permite que el delincuente a los pocos días de ser detenido por los servicios policiales, quede en libertad.

Una tercera etapa, tan importante como lo anterior, son las medidas de rehabilitación. Ellas, fundamentalmente, tienen que apuntar a los primerizos en cometer delitos, por lo general jóvenes, para que tengan posibilidades efectivas de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad.

El día en que exista una política definida, que comprometa a los distintos sectores a aportar toda su creatividad e ingenio para que el país conozca claramente las medidas que se van a adoptar en el mediano y en el largo plazo y los recursos del Estado que habrá que sacrificar en otros frentes para llevarlas adelante, entonces, por cierto, tendremos la posibilidad de enfrentar con éxito a la delincuencia

Desde ya, en esta oportunidad, reiteramos a los señores Ministros presentes nuestra disposición a conseguir, en las instancias y de la forma que estimen convenientes, el consenso en estas materias para derrotar el flagelo de la delincuencia, que no distingue condición social y económica ni militancia política.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Señor Espina, el Diputado señor Latorre desea hacerle una pregunta. ¿Le concede una interrupción?

El señor ESPINA.-

Sí, señor Presidente.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Con la venia del señor Espina, tiene la palabra, Su Señoría.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, por su intermedio, pido al Diputado señor Espina que señale, con el máximo de claridad, creo que le hace muy bien a su partido si la opinión entregada aquí por el Diputado señor Navarrete es también la opinión oficial de Renovación Nacional.

Gracias.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Puede continuar el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, la opinión del Diputado señor Navarrete es la de un parlamentario de nuestra bancada. Sus juicios son compartidos por nuestros Diputados, que legítimamente sin perjuicio de los matices y énfasis particulares pueden tener entre sí las opiniones de los miembros del Parlamento. Pero, cada vez que hable un señor Diputado no se le puede pedir un certificado del presidente de su partido para saber cuál es el matiz que él, desde su perspectiva y su propia experiencia, estima necesario poner en consideración para permitir la mejor decisión del debate.

Ahora, continuando mi exposición, debo decir en primer lugar, que la cantidad de ofensas gratuitas que el Diputado señor Bosselin ha lanzado, no representa a lo mejor sí ni el espíritu ni el propósito de todos los Diputados del Partido Demócrata Cristiano y de los señores Ministros presentes en la Sala. Cada parlamentario tiene derecho y respeto el del señor Bosselin a exponer su pensamiento, y será la opinión pública y el resto de los señores parlamentarios quienes evaluarán si sus juicios son compartidos o no.

En segundo lugar, despejaré un punto que puede llevar a confusión.

No quiero motivar ninguna discusión respecto de períodos políticos pasados, pero hay un hecho que es evidente. Que en 1973, para que los tribunales de justicia pudieran hacer uso de la fuerza pública se requería de la autorización del Ministerio del Interior o bien de los intendentes o gobernadores. Esa situación, que fue criticada y que generó desconfianza, en términos de que los tribunales de justicia no contaban con un mecanismo para imponer el imperio de la ley si no era a través de una autoridad política, está resuelta en una norma de la actual Constitución, que no dice relación con la materia que estamos discutiendo. Hoy, que Carabineros dependa del Ministerio del Interior o del de Defensa, nada tiene que ver con que los tribunales de justicia, en un momento determinado, puedan hacer cumplir o no sus fallos, por cuanto el inciso final del artículo 73 de la Constitución establece que "la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar". El inciso anterior señala que el Poder Judicial podrá impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducente de que dispusieren. Para que la opinión pública no se confunda, me parece claro precisar que la circunstancia de que los tribunales puedan requerir la fuerza pública en nada dice relación con que Carabineros dependa de un ministerio o de otro.

En tercer lugar, haré algunas precisiones respecto de la colaboración de la Oposición.

En esta materia, durante un largo período hemos tenido discrepancia con el Gobierno. Sostuvimos, en un momento determinado, que éste no actuaba con la claridad y con la energía para enfrentar con éxito la delincuencia. El Gobierno sostenía, hace un año, que los delitos no habían aumentado, y ésa fue una discrepancia propia de dos visiones distintas respecto del problema.

Pero lo que no se puede desconocer es que la Oposición, y, particularmente, mi partido, Renovación Nacional, no se quedó en la crítica no más, sino, muy por el contrario, junto con ella, que es propia de un enfoque distinto respecto de un tema de esta naturaleza, hicimos diversos aportes a través de iniciativas legales que desde nuestra visión contribuían en forma eficaz a resolver el tema de la delincuencia. Así, presentamos proyectos en materia de educación técnico-profesional, de ley de alcoholes, de drogadicción, de legítima defensa, de vigilantes privados acordado con parlamentarios de la Democracia Cristiana, de lesióneselos cuales han sido enriquecidos con el aporte de parlamentarios de todos los partidos. Por eso no consideramos justo y rechazamos el hecho de que se nos acuse de ser demagógicos o de no haber tenido la responsabilidad de aportar junto con criticar, porque a cada crítica que hemos formulado hemos presentado los proyectos alternativos que podrán ser enriquecidos por el Parlamento en su discusión. Y aquellos que han sido de origen de parlamentarios de la Concertación, por ejemplo, el de la violencia doméstica, que sus autores saben que hemos visto con buenos ojos estamos dispuestos a discutirlos y a apoyarlos, si sirven al país.

El señor CERDA (Vicepresidente).-

Diputado señor Espina, se terminó el tiempo de su primer discurso; puede continuar en el del segundo.

El señor ESPINA.-

En cuarto lugar, ¿qué estamos discutiendo? Si desde el punto de vista administrativo, de funcionamiento, es más útil que Carabineros dependa de dos ministerios distintos: en su parte operativa del Ministerio del Interior y en la administrativa del Ministerio de Defensa, o que dependa de un solo Ministerio, sea del Ministerio de Interior o del Ministerio de Defensa. Eso es lo que estamos discutiendo. No estamos discutiendo el conjunto de normas que van a posibilitar enfrentar con mayor éxito la delincuencia. Y si la norma que hoy propone el Gobierno se aprueba, no nos ilusionemos y no supongamos que irá a disminuir la delincuencia. A la inversa, si se rechaza, tampoco supongamos que con ello la delincuencia seguirá actuando o se le facilitará su acción. Me parece que hay que centrar el debate en lo que objetivamente corresponde.

Esta discusión y no hay que ser pitoniso no va a transformar en definitiva en más eficaz o menos eficaz, la acción del Estado y sus poderes en conjunto para enfrentar la delincuencia.

Hecho este análisis, y admitiendo que ésta es una materia opinable, hemos llegado a la conclusión de que la propuesta del Gobierno, en este momento y en estas circunstancias, no resulta útil para hacer más eficaz una acción policial desde la perspectiva del plano administrativo. ¿Y por qué? En primer término, porque un principio elemental de administración indica que no es sano ni aconsejable que exista un cuerpo de carácter militar aun cuando se trata de un servicio policial, pero así lo dispone su ley orgánica, jerarquizado y que posea una dualidad de dependencia. Tanto es así que en el programa de la Concertación no se plantea la dualidad, sino que la dependencia del Ministerio del Interior, y, por lo tanto, creemos que debe depender de uno o de otro Ministerio, pero no nos parece correcta la situación dual.

En segundo término, porque es al Presidente de la República a quien corresponde el resguardo del orden público. Así lo dispone el artículo 24 de la Constitución al señalar que a él le corresponde, en particular, resguardar o cautelar el orden público interior. Es su responsabilidad, obviamente delegada en los miembros de sus ministerios y en los servicios policiales que existan en el país.

Y, desde esa perspectiva, más allá de la dependencia de uno u otro ministerio, es el Presidente de la República quien en definitiva tiene la obligación de instruir e impartir las órdenes para una eficaz política delictual.

¿Por qué Carabineros depende del Ministerio de Defensa? Porque, además de su función de dar eficacia al derecho, además de su función de garantizar el orden público interior, le corresponde garantizar el orden institucional de la República con las demás ramas de las Fuerzas Armadas. Y esa función es, en su esencia, propia del Ministerio de Defensa. Y esa función, en nuestra opinión, requiere que las instituciones armadas, junto con Carabineros, estén entregadas a un solo Ministerio. Alguién preguntará como se resuelve el problema planteado por el señor Ministro, puesto que él es el responsable de contar con los instrumentos para hacer más eficaz la acción policial. Ese tema aparece abordado por el artículo 33 de la Constitución, que establece que "El Presidente de la República podrá encomendar a uno o más Ministros la coordinación de la labor que corresponde a los Secretarios de Estado...". De manera que sin necesidad de modificar la dependencia de Carabineros, por la vía legal o reglamentaria es absolutamente posible adoptar todas las medidas de coordinación que el Presidente estime procedentes para permitir que, no obstante la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa, en todo lo relativo a la dirección del orden y seguridad pública, el Ministerio del Interior adopte las medidas correspondientes para que se cumpla eficazmente esta función. En nuestra opinión, no es necesario modificar la Constitución para que el Ministro del Interior cumpla eficazmente con el mandato de ser encargado de la seguridad pública.

Ahora bien, se han citado profusamente casos de la legislación extranjera. Demostraré que son distintos.

España, el Cuerpo Nacional de Policía depende administrativa y operativamente del Ministerio del Interior. El Cuerpo de la Guardia Civil depende orgánica y administrativamente del Ministerio de Defensa, como fuerza de orden público, y, operativamente, del Ministerio del Interior. En Francia, la Gendarmería Francesa al igual como se establece en la legislación chilena, pertenece a una de las instituciones encargadas de la defensa del país, y, como tal, está subordinada directamente al Ministerio de Defensa. Está dirigida por un Director General que cuenta con 90 mil hombres, de los cuales 2.500 son oficiales, y, aparte de sus tareas de defensa y policía militar, presta servicios en el Ministerio del Interior para el resguardo del orden público y en el Ministerio de Justicia como policía judicial; pero su dependencia es, única y exclusivamente, del Ministerio de Defensa.

Nos parece que ésta es una materia en que es legítimo tener discrepancias. Nuestro análisis, hecho con responsabilidad, nos lleva al convencimiento de que la modificación no concreta los propósitos de buena fe que pudo tratar de perseguir el Gobierno; no conduce a los efectos que él quiere. Y, aún más, en ese caso, Carabineros tiene dependencia también de otros ministerios. En el parque automotor, con el Ministerio de Transportes; en el tema de la salud, con el Ministerio de Salud Pública, y así, dependiendo del área, de la función que le corresponde desempeñar, Carabineros se vincula con los distintos Ministerios, porque no sólo se preocupa del orden público interno, en términos de la delincuencia, sino de una serie de otras materias que están entregadas en su ley orgánica.

En conclusión, en nuestra opinión no es conveniente darle al país una señal de que cualquiera que sea la decisión que adopte el Parlamento, la delincuencia aumentará o disminuirá. Esa es una materia que el Gobierno ha planteado. Nosotros no dudamos de sus buenos propósitos, pero creemos que es equivocada, y porque creemos que lo es, votaremos en contra. Pero reitero, estamos abiertos a colaborar en las instancias que el Gobierno quiera para construir juntos una política nacional que permita sacar de la discusión político-partidista un tema en que todos coinciden en que se debe estar allí, pero que a la larga sigue estándolo.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, el proyecto sobre reforma constitucional que establece la dependencia de la función policial de Carabineros y de la Policía de Investigaciones del Ministerio del Interior constituye, sin duda, una medida fundamental, tanto para el proceso de normalización institucional democrática, como también para desarrollar políticas y planes de seguridad ciudadana efectivos y concordantes con el conjunto de la política de seguridad interior del Estado.

En efecto, el proyecto del Ejecutivo restablece un principio y norma histórica en nuestro país respecto de la dependencia del Ministerio del Interior de los cuerpos policiales, sólo interrumpida en el período del régimen militar, con graves repercusiones para la imagen y autonomía de las fuerzas de orden y seguridad pública. La dependencia de los organismos policiales del Ministerio del Interior constituye una norma sustantiva en todos los sistemas democráticos, a fin de otorgar instrumentos reales y eficaces al Ministerio que, por definición, tiene la labor de resguardar y proteger la seguridad ciudadana y el orden público.

Tal como lo señala el Presidente Aylwin en el Mensaje que da origen al proyecto, no existe justificación política ni jurídica para mantener la dependencia de los cuerpos policiales del Ministerio de Defensa, el cual, por su naturaleza, está encargado de la tuición de las Fuerzas

Armadas para la defensa de nuestro país frente a terceros y, por ende, no le corresponde el control o protección del orden público interno.

La reforma propuesta por el Gobierno no sólo restablece una norma histórica sustantiva a toda sociedad democrática, como ya lo señalé, sino, lo que es más relevante, permite dotar al Ministerio del Interior, entidad responsable de resguardar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, de un mecanismos directo para relacionarse con las fuerzas de orden y seguridad pública, constituidas por Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, para implementar con eficacia una política coherente de seguridad ciudadana, con pleno respeto de los derechos de las personas. Todo lo anterior, sin menoscabar las actuales prerrogativas y derechos de su personal, en la medida en que mantiene su dependencia del Ministerio de Defensa en todos aquellos aspectos no relacionados con la función policial.

La posición de Renovación Nacional y de la UDI de rechazo a esta iniciativa, expresada públicamente en las últimas semanas y reiterada en la Sala, resulta incomprensible y, además, ética y políticamente inaceptables, toda vez que, en reiteradas oportunidades, estos mismos sectores han criticado duramente al Gobierno por no abordar, a juicio de ellos, el problema de la seguridad ciudadana con la seriedad y urgencia que ello requiere.

Las largas explicaciones formuladas por el Honorable señor Espina, sobre cómo abordar el problema de la seguridad pública a nivel nacional, desagregando un conjunto de medidas de distinto orden que habría que adoptar, en verdad no hacen más que esconder la falta de argumentos respecto de esta materia específica, porque debemos reconocer que en otras, en particular Renovación Nacional, efectivamente ha sugerido y propuesto proyectos de ley o mociones que abordan otras temáticas. Al referimos a este proyecto en particular, que no es uno más en una veintena de mociones o iniciativas, estamos hablando de una iniciativa medular para restablecer efectivamente en plenitud el orden público y resguardar la seguridad ciudadana en nuestro país.

El colega Espina señaló, entre otras cosas, que no resulta útil en este momento y en esta circunstancia lo subrayo, que este proyecto sea aprobado para que la dependencia funcional de las fuerzas policiales y de orden pasen al Ministerio del Interior. La pregunta es obvia: ¿cuál sería el momento y la circunstancia? La Oposición dice que efectivamente en este momento hay graves problemas de seguridad pública en nuestro país, que en este momento y no en otro arrecia la actividad terrorista y de los sectores delincuenciales. Entonces, ¿cuál sería el otro momento respecto del cual la Oposición estimaría oportuno que una medida tan clave y tan crucial pudiera concretarse?

La verdad es que tras un conjunto de argumentos ambiguos no existe una razón clara, explícita, para oponerse a tan trascendente iniciativa. Sin embargo, precisamente cuando el Gobierno propone dos medidas fundamentales para enfrentar dicho problema, como son la presente reforma constitucional y el proyecto de ley para crear la Subsecretaría de Seguridad Pública, la Oposición las rechaza in viabilizando una política de seguridad ciudadana responsable, coherente y eficiente.

Renovación Nacional y la UDI, de una vez por todas, deben demostrar al país su real voluntad de contribuir a la solución de los problemas nacionales. Es imperativo que la crítica descalificatoria que hasta ahora han mantenido se convierta en una actitud de compromiso con las soluciones.

Si la Oposición materializa su rechazo definitivo a este proyecto de ley, se privará al Gobierno de un instrumento valioso y trascendente para enfrentar el problema de la delincuencia y la seguridad ciudadana, demostrando al mismo tiempo a la opinión pública, que la Derecha sólo apoya caminos autoritarios y represivos para controlar la población, tal como lo hizo en el pasado.

No obstante, el Gobierno y los parlamentarios de la Concertación seguiremos proponiendo y concretando medidas efectivas y reales que, en un contexto democrático, brinden cada vez más seguridad a todas las personas en nuestro país.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al colega Jorge Molina.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, me ha impresionado el dramático llamado hecho por el Ministro del Interior que, emplazado por la Oposición continuamente para encarar en representación del Gobierno la lucha contra la delincuencia, pide a esta Cámara los instrumentos jurídicos necesarios para tener sobre Carabineros e Investigaciones la tuición que le corresponde al Gobierno en materia de tan alta importancia para la seguridad ciudadana.

Es interesante ver qué reacción tendrá la Oposición, porque hasta el momento los argumentos que han dado no logran convencerme de la necesidad de mantener bajo la dependencia exclusiva del Ministerio de Defensa a Carabineros e Investigaciones.

Quisiera señalar que he sido partidario de la dependencia absoluta de ambas instituciones del Ministerio del Interior. Así propuse una indicación en la Comisión y espero continuar insistiendo en ella, porque ésa es la norma clara y nítida.

Pero reconozco que si es necesario llegar progresivamente a esa meta, este proyecto de reforma constitucional se justifica plenamente.

Aquí está en juego, como se preguntaba el Diputado señor Espina, una cuestión de fondo. ¿Qué se debate? Se debaten dos lógicas diferentes y se ponen en juego dos maneras o criterios de enfrentar, no sólo la lucha contra la delincuencia, sino también la noción misma del orden público.

Hay una lógica democrática, en que el orden público es concebido como la pacífica y armónica convivencia de los ciudadanos en el estado de derecho. En este sistema, se ordena la lucha contra la delincuencia siempre en base a una fórmula en que el Jefe de Estado es el encargado de la seguridad y el orden público y de la mantención de la tranquilidad ciudadana a través de uno de sus Ministerios. Tradicionalmente en Chile ese Ministerio ha sido el del Interior.

Existe en el Estado democrático una separación nítida, organizativa y jerárquica entre Fuerzas Armadas y Orden y Seguridad Pública. Nunca se las confunde, de manera que una y otra jueguen papeles semejantes. En un sistema democrático jamás las Fuerzas Armadas pueden ejercer funciones policiales y, a la inversa, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública no deben revestirse de la lógica militar. Esa es una clave del sistema democrático.

Las policías, como cuerpos armados, poseen una lógica y deben ser adiestrados con criterios diferentes a la de los soldados y hombres de armas. El militar, frente a la lucha y contra la violencia que viene del exterior, tiene por misión aniquilar al adversario, destruirlo, neutralizarlo, hasta tal punto que debe siempre vencer. El policía está inmerso en la sociedad civil. Su lógica no debe ser la militar. Aplicando siempre una convivencia y articulación con el mundo civil, debe tratar de prevenir, reducir la violencia y hacer imperar el estado de derecho.

En la lógica autoritaria se transforman todos estos criterios. El orden es concebido como supeditación de los ciudadanos y de las instituciones a la autoridad que domina.

El señor BARTOLUCCI.-

¿Me permite una interrupción?

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Señor Molina, hay dos Diputados que le están solicitando una interrupción.

El señor MOLINA.-

No, señor Presidente. Desgraciadamente, no tengo tiempo para concedérselas.

Ya estoy haciendo uso de una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Quiere terminar el Diputado señor Molina.

El señor MOLINA.-

En las Fuerzas Armadas, el orden es concebido de esa manera y los cuerpos armados se confunden con los cuerpos policiales. De esta manera, la lógica militar impregna tanto a los cuerpos militares como a la policía civil y uniformada. El mando supremo se ejerce vertical y articuladamente, de tal modo que el orden público pasa a ser siempre una cuestión supeditada a la lógica militar.

Aplicando ese criterio, se lucha contra la delincuencia como en una guerra y permanentemente se mantiene a los cuerpos policiales en una actitud constante de sospecha sobre la sociedad civil. Los operativos sobre las poblaciones, los allanamientos, la forma en que se produjeron durante los casi diecisiete años de la pasada administración, acciones policiales netamente militarizadas, dan cuenta de la perversión y trastrocación de valores a que nos lleva una lógica de tipo militar y autoritaria, aplicada a los cuerpos de seguridad.

Contra eso ha estado reaccionando el Gobierno: restablecer la concepción del estado de derecho democrático, pidiendo la intervención jerárquica suficiente del Ministerio encargado del orden y de la seguridad ciudadana.

De esta manera, se llegó a la dictación del decreto de ley N° 444. Fue tal la perversión ideológica con que se pasó a Carabineros a depender del Ministerio de Defensa, que la lectura de los considerandos de ese decreto lo explica todo. El número 4° dice: "Que se hace imprescindible, para mantener la unidad de doctrina y la uniformidad de acción, que Carabineros de Chile que adecúe a las nuevas exigencias y procesos renovadores, excluyendo su dependencia del Ministerio del Interior y se integre e incorpore al Ministerio de Defensa, a fin de no estar supeditado a una Secretaría de Estado por excelencia preocupada y absorbida por la política contingente y que es el nexo tradicional entre el Gobierno y los partidos políticos, lo que significó antes del pronunciamiento que Carabineros fuera instrumentalizado y empleado en logros diversos a sus fines esenciales de orden y seguridad públicos, en desmedro de su eficiencia y perfeccionamiento técnico policiales...".

Por otra parte, se plantea que el 11 de septiembre ambas instituciones actuaron hermanadas en actividades heroicas y mancomunadas para preservar el patrimonio nacional, en las cuales primó, por sobre cualquier otro valor subalterno, la cohesión interinstitucional en aras del interés sagrado de la Nación.

El señor PEREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, el Diputado Molina ya no está haciendo uso de una interrupción.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Está haciendo uso de una interrupción en el tiempo del Diputado señor Aguiló. Todavía le quedan cuatro minutos.

El señor MOLINA.-

Noten ustedes Sus Señorías la sobreideologización de los considerandos que se tuvieron en vista en esa época para pasar a Carabineros e Investigaciones a la dependencia exclusiva del Ministerio de Defensa.

Y ¿qué ocurrió con la institución? Fue un allegado, un apéndice, que pagó un alto costo por esta supeditación a un cuerpo armado que regía prácticamente toda la política de seguridad interior. Los resultados se han dado a conocer por el señor Ministro: Carabineros no experimentó ningún avance tecnológico ni institucional en estos diecisiete años.

La pregunta que nos nace es ésta: ¿Mantendremos en el estado de derecho democrático esta lógica de enfrentamiento? ¿Mantendremos a Carabineros imbuido permanentemente de la lógica militar, supeditado al Ministerio de Defensa exclusivamente?

Es probable que ésa sea la voluntad final: Tratar de mantener un enclave autoritario en un área que es significativa y clave para el desarrollo de las instituciones democráticas. Pero una parte de esa dependencia tendrá que trasladarse inevitablemente con el tiempo, en la medida en que impere el estado de derecho plenamente, como se debe concebir en un orden democrático, a los Ministerios que les corresponde velar por la seguridad ciudadana, de acuerdo con las normas democráticas.

El llamado que se hace a la Oposición es que hoy demuestre ante el país su voluntad de entregarle tuición al Ministerio del Interior para manejar funcionalmente también el tema de la seguridad ciudadana. Si se le resta esa capacidad, quiere decir que la Oposición está haciendo un juego contradictorio. Por un lado, critica al Gobierno porque no asume plenamente el control de la delincuencia y, por el otro, le niega los instrumentos para que pueda hacerlo en forma coordinada y eficiente.

Este es el gran desafío para la Oposición. Estamos convencidos de que la aprobación de este proyecto dará esos instrumentos. La negativa a aplicarlos, estará demostrando que, en definitiva, se quiere neutralizar una política de seguridad pública que el Gobierno está desarrollando paulatinamente, a pesar de todos los obstáculos que encuentra en el camino.

He dicho.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, pensamos que desde el punto de vista histórico, de la teoría jurídica y también de la naturaleza de la función policial, no existen argumentos para sostener que la dependencia de Carabineros corresponde al Ministerio de Defensa Nacional.

Aportaré algunos antecedentes en relación con esta materia.

Mediante el decreto supremo N° 2.484, de abril de 1927, fue creada la institución policial con el nombre de Carabineros de Chile. Del examen de los hechos y del derecho, podemos concluir que Carabineros, como cuerpo armado de policía, según lo concibe la doctrina del Derecho Administrativo de Policía, ya había nacido mucho antes de la fecha indicada.

En efecto, por decreto supremo N° 1.230, de 16 de marzo de 1906, se sancionó un estatuto jurídico que organizó y estructuró el Regimiento de Carabineros del Ejército. Ya en esa fecha el mencionado decreto señalaba que Carabineros estaba destinado a velar por la seguridad pública y a asegurar el mantenimiento del orden y la observancia de las leyes en todo el territorio de la República y, en particular, en los campos y caminos.

Desde ese momento, la institución queda ligada íntimamente a la vida nacional, en su actividad de mantenimiento del orden público.

Se crearon diversas unidades en distintos puntos del país, especialmente en las áreas rurales. Disciplinariamente, y en todo su rodaje administrativo, en esos años dependió del Ejército, pero en sus funciones policiales está subordinado a la autoridad de Gobierno interior, a través de los intendentes y gobernadores.

Por decreto supremo N° 2.484, de 1927, se crea esta institución con el nombre de Carabineros de Chile. Desde su fundación, dependió del Ministerio del Interior, hasta abril de 1974, fecha en que por el decreto ley N° 444 se cambia esta dependencia al Ministerio de Defensa Nacional.

Impugnamos el cambio, porque es improcedente sustraer a Carabineros de Chile, la institución policial de mayor importancia, de la dependencia directa del Ministerio del Interior, que en un estado democrático, es el responsable del orden público y el centro de la actividad administrativa del país. Por ende, la actividad de policía es de la competencia del Ejecutivo. Este criterio tiene consagración constitucional en el artículo 24 de la Carta Fundamental, que entrega al Presidente de la República el gobierno y la administración del Estado, cuya autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior del país. En concordancia con lo anterior, el artículo 33 de la Constitución establece que los Ministros son los colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado.

En el caso del Ministerio del Interior, el artículo 3° del decreto con fuerza de ley Ne 7.912, de 1927, señala que corresponde a dicha Secretaría de Estado todo lo relativo al gobierno político local del territorio y al mantenimiento de la seguridad, tranquilidad y orden público. Más aún, para reforzar esta responsabilidad y función exclusiva del Ministerio del Interior, nuestro ordenamiento jurídico reconoce en éste su carácter de garante del orden público, entregándole la titularidad de la acción ante los tribunales de justicia en leyes directamente relacionadas con la seguridad pública, tales como la de Seguridad Interior del Estado, la de Control de Armas y la que fija y sanciona las Conductas Terroristas.

Para traspasar Carabineros al Ministerio de Defensa, el Gobierno anterior sólo tuvo presente argumentos emotivos o de coyuntura política, como "la cohesión interinstitucional", "la unidad de doctrina" y además, el hecho de que la autoridad administrativa durante el período 7073 retardó y a veces negó la fuerza pública a los tribunales de justicia. Sin embargo, este riesgo, que a veces se ha usado como argumento para mantener a Carabineros en el Ministerio de Defensa, quedó superado el 12 de junio de 1975 con la dictación del decreto ley N° 1.063 y, posteriormente, con el artículo 73 de la Constitución Política del Estado, que permite a los tribunales ordenar directamente a la fuerza pública, sin observar la mediación del Ministerio del Interior o de los intendentes y gobernadores.

En consecuencia, los argumentos para traspasar Carabineros al Ministerio de Defensa sólo podían encontrar justificación en el anterior Gobierno, por tratarse de un período de excepción en la vida democrática e institucional de Chile.

La doctrina jurídica del Derecho Administrativo especializada en actividad de policía y el derecho comparado concluyen que la dependencia de la institución corresponde al ministerio encargado del orden público. Esta doctrina no aconseja ni recomienda que un ministerio castrense, encargado de las instituciones de la defensa nacional externa, tenga a su cargo las instituciones policiales. Desde los puntos de vista histórico y jurídico, no existe argumento alguno que justifique que no sea el Ministerio del Interior el que tenga a su cargo las instituciones policiales

Por otra parte, si se analizan los objetivos fundamentales de Carabineros, también concluimos que en un estado democrático debe depender de la autoridad encargada del mantenimiento del orden público.

El primer objetivo de Carabineros consiste en dar eficacia al derecho. Esta es una de las misiones esenciales de la fuerza pública que, con una organización eficiente, un régimen legal de procedimiento y estando a disposición de los tribunales ordinarios de justicia, encama la fuerza del derecho en una nación civilizada.

Por lo tanto, Carabineros e Investigaciones conforman, exclusivamente, la fuerza organizada de coacción que tienen la autoridad y el derecho para conseguir y lograr sus objetivos de justicia.

La segunda función es garantizar el orden público. La doctrina del Derecho Administrativo sobre esta actividad de policía nos señala mayoritariamente que los elementos integrantes del concepto de orden público son la tranquilidad, la seguridad y la salubridad.

De lo anterior podemos colegir la amplitud e importancia del orden público en una nación organizada, pues constituye uno de los bienes jurídicos vitales para la paz y el progreso de la sociedad.

De ahí que todas las legislaciones modernas consoliden las potestades de policía en el Ejecutivo, particularmente en el ministerio encargado del orden público.

El tercer objetivo de Carabineros consiste en garantizar la seguridad pública, en un triple aspecto. Primero, amparar que las personas ejerzan sus derechos y cumplan los deberes que establece la Constitución; segundo, permitir el normal funcionamiento de los poderes públicos y servicios de utilidad pública y, tercero, concurrir en labores de auxilio y rescate en períodos de emergencia y catástrofe.

Del análisis de sus funciones, se puede concluir que ninguna de ellas, por su naturaleza, justifica la dependencia del Ministerio de Defensa, encargado de la seguridad externa del país y de su soberanía, salvo en aquellas ocasiones en que expresamente la Constitución Política o la ley incluyan a las Fuerzas Armadas en materias de orden público, como ocurre en los estados de excepción constitucional o en el resguardo de los actos electorales y plebiscitarios, casos en los cuales no hay problemas de coordinación ni de mando, por cuanto en esos períodos de excepción constitucional existen mandos únicos determinados por la propia Constitución y la ley.

Si se recurre al derecho comparado, en estados democráticos, no existen experiencias de que la policía encargada del orden público dependa del Ministerio de Defensa. A lo más, existen normas que consagran la doble dependencia.

Por último, hay argumentos de hecho y prácticos que nos obligan a cambiar la dependencia de las fuerzas policiales.

En efecto, es tarea prioritaria de la sociedad chilena la seguridad ciudadana.

El Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para mejorar la infraestructura, el prestigio y el funcionamiento de las instituciones policiales, como también para entregar las herramientas legales que hagan más eficientes su labor en beneficio de la población.

La Oposición sistemáticamente ha criticado al Gobierno por su manejo en materias de orden público. Reconocemos su preocupación en este aspecto. Efectivamente, ha presentado, como se ha dicho en esta Sala, numerosas mociones sobre el tema.

A ellos les consta que no sólo han contado con la totalidad de nuestro apoyo, sino que hemos contribuido a su aprobación y perfeccionamiento en el trabajo legislativo. Desde esa perspectiva valorizamos su actitud, toda vez que sitúa el tema del orden público y la seguridad como un problema de Estado y de toda la sociedad chilena.

Todo esto demuestra, y así debe ser considerado, que la tarea de represión de la violencia delictual es de responsabilidad de todos y en particular de los poderes públicos. Pero cuando en esta tarea queremos dotar a la autoridad encargada del orden público con las herramientas para que cumpla eficazmente su rol, los partidos de Oposición se niegan a que se legisle para optimizar el trabajo de la autoridad y las fuerzas policiales lo que contraría, incluso, la opinión de las propias instituciones afectadas: Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Es decir, se da la paradoja de que el Gobierno, las instituciones policiales y todos los partidos políticos coinciden en la necesidad de garantizar la seguridad pública; pero cuando se presenta la oportunidad de hacerlo no entregan al ministerio encargado del orden público las herramientas legales y constitucionales para que enfrente su responsabilidad con mayor eficacia.

Esta actitud demuestra que, para algunos, el tema de la seguridad de los chilenos no es una tarea de Estado, sino una materia objeto de cálculo político, que desmiente su voluntad de contribuir positivamente a resolver el tema que hoy preocupa a los chilenos.

He dicho, señor Presidente.

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, a la luz del debate que hemos sostenido, nos parece indispensable hacer una primera reflexión, referida a la situación actual de Carabineros y a los problemas de seguridad ciudadana que el país enfrenta.

El Gobierno y el Ministerio del Interior han contado en estos dos años con los elementos suficientes para enfrentar la situación de orden público y de seguridad ciudadana. No podemos aceptar que se señale que la grave situación de orden público y de seguridad que el país vive, tenga su origen en que Carabineros no dependa del Ministerio del Interior en este momento. Esa no es la verdadera causa del problema. Son otras las razones que ya se han debatido en esta Cámara por las cuales el país enfrenta esta situación.

Hemos representado al Gobierno, con mucha fuerza y en numerosas oportunidades, la falta de prevención en materia de seguridad y control de la actividad delictual y terrorista. Y no es ésta la causa que el Gobierno puede invocar frente a nuestros requerimientos.

No es la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa lo que ha traído al país inseguridad, delincuencia y terrorismo, de lo que, incluso en la mañana de hoy, hemos tenido una nueva manifestación. Son otras las razones.

El Gobierno ha contado con la colaboración de Carabineros y puede tener la coordinación suficiente para que éste actúe y controle, en la medida de sus posibilidades, la situación que enfrenta al país.

Pero no podemos aceptar que en el debate de esta reforma, en las actas de las sesiones, en la historia de ley, en lo que se dice en la Cámara y ante la opinión pública, el Gobierno trate de evitar la responsabilidad que le cabe en la mantención del orden público, fundándose en la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa.

Es más, estamos absolutamente convencidos de que los problemas de seguridad, delincuencia y terrorismo no encontrarán una solución con el cambio de dependencia de Carabineros al Ministerio del Interior y, menos todavía, con esta dependencia dual que se pretende establecer.

Por lo tanto, nuevamente nuestro requerimiento al Gobierno es para que el problema en la seguridad ciudadana, en especial de las poblaciones, sea enfrentado en sus raíces reales, en sus verdaderas causas y se tomen todas las medidas necesarias para controlar definitivamente la actividad delictual y el terrorismo en el país.

Hemos señalado en esta Cámara cuáles han sido los errores del Gobierno, cuáles han sido sus actos inconvenientes y cuáles han sido las falencias en que ha incurrido, y no es una de ellas, y jamás lo hemos dicho ni puede pretenderse establecerlo, la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa.

En cuanto al fondo del tema, la pregunta, desde luego, es de quién debe depender Carabineros. Reconocemos que es un punto debatible y controvertido, que hay opiniones al respecto y que puede haber distintas respuestas.

Existen diversas alternativas sobre esta materia, según la función que corresponde a Carabineros en virtud de lo establecido en el artículo 90 de la Constitución, podríamos dar varias respuestas a la pregunta.

Por ejemplo, respecto de la misión de dar eficacia al Derecho, podríamos concluir que Carabineros debería depender del Ministerio de Justicia; por la función de garantizar el orden público y la seguridad pública, del Ministerio del Interior; por la misión de garantizar el orden institucional de la República del Ministerio de Defensa.

Hay diferentes alternativas y reconocemos que el tema como he señalado da para opinar.

Pero existe un punto que tenemos absolutamente claro: de quién no deben depender; cuál es la solución que no debe darse y ésa es precisamente la que el Gobierno nos propone: la dependencia dual, diferenciada, doble dependencia, o como quiera llamarse. Es contrario al más elemental criterio de buena administración que un organismo del Estado dependa, al mismo tiempo, de dos Ministerios. Someter a una institución, a una autoridad o a un funcionario a una relación jerárquica dual significa, en la práctica, falta de claridad, descoordinación e interferencias que, desde luego, son nefastas para el buen funcionario de cualquier órgano del Estado. Más aún, la Administración del Estado, por definición, es eminentemente jerárquica, y esto reviste una especial relevancia en el caso de las Fuerzas de Orden y Seguridad, las cuales, según el propio artículo 90 de la Constitución, son jerarquizadas y disciplinadas; por ello requieren, sin lugar a dudas, de un mando único.

Además, se presentarán, evidentemente, en la práctica, problemas relacionados con esta doble dependencia, como, por ejemplo, la asignación de recursos o las calificaciones para quienes forman parte de Carabineros.

Es difícil entender que dos Ministerios tengan responsabilidad en una misma materia. Es indispensable para el buen funcionamiento de este órgano del Estado, que se entregue toda su dependencia a un solo organismo.

Somos partidarios de la mantención de Carabineros en el Ministerio de Defensa y no someterlo a una doble dependencia. Ello, por la naturaleza constitucional de Carabineros, que no es un servicio público, sino un órgano del Estado; por las misiones que la Carta Fundamental le encomienda y por su propia naturaleza.

En especial, debemos mencionar la misión de garantizar el orden institucional de la República, la que sólo puede cumplirse desde la dependencia del Ministerio de Defensa.

Sería absurdo buscar la posibilidad de cumplirla si dependiera del Ministerio del Interior.

Entendemos, sí, la necesidad del Ministerio del Interior de llevar adelante su función legal de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana. Pero, para eso, no es útil ni indispensable, ni el cambio de su dependencia al Ministerio del Interior, ni menos como he señalado, esta dependencia dual.

La solución es la que hasta ahora se ha aplicado. El Ministro del Interior ha tenido una coordinación perfecta, estricta, conveniente con Carabineros.

El Ministerio no puede sostener que, porque Carabineros no dependa directamente de él, no ha podido cumplir con las funciones que le encomienda la ley. Eso todos sabemos ha operado perfectamente y, por lo tanto, puede continuar así. Es más, como ya se ha citado, el artículo 33 de la Constitución entrega la posibilidad de la coordinación, que puede asumir un Ministro, para llevar adelante funciones entre distintos Ministerios.

Con esa facultad, que de hecho tiene el Ministerio del Interior, es posible lograr la coordinación necesaria y suficiente para que los servicios policiales cumplan la función de mantener el orden público y la seguridad ciudadana.

Por los argumentos que he reseñado, la Unión Demócrata Independiente votará en contra de la disposición que hoy se nos propone, con el objeto de mantener el orden constitucional vigente, el esquema que en éste se señala, la naturaleza misma de Carabineros, el cumplimiento de su misiones, y porque estamos convencidos de que, tal como hasta ahora ha sucedido, en el futuro no habrá ningún inconveniente para que el Ministerio del Interior cuente con este órgano del Estado, para el cumplimiento de la misión, que la ley le ha encomendado, de mantener el orden público, combatir el terrorismo y dar la seguridad que los ciudadanos requieren.

Señor Presidente, con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Andrés Chadwick.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, no me referiré a los aspectos técnicos que fundamentan nuestro rechazo a esta reforma, porque comparto plenamente lo que han expresado sobre ellos los Diputados Bartolucci, Espina y Navarrete. Pero, sí, tomaré dos o tres argumentos aducidos durante el curso del debate. Se ha planteado que el rechazo de la Oposición a esta reforma constitucional implicaría una incoherencia en nuestros planteamientos: que, por una parte, denunciamos los problemas de delincuencia común existentes en el país y la falta de acción del Gobierno en este tema, y, por otra, que, con nuestros votos en contra, la posibilidad de aprobar una reforma constitucional que, eventualmente, apuntaría hacia ese objetivo. No existe ningún fundamento para sostener esa afirmación.

En primer lugar, no vemos, a nuestro juicio, que exista relación alguna entre las herramientas necesarias para combatir la delincuencia y la necesidad de aprobar una reforma constitucional que establezca una doble dependencia de Carabineros.

Durante los últimos años, Carabineros ha dependido del Ministerio de Defensa y ello no ha sido obstáculo para que, tanto el Gobierno pasado como éste, hayan desplegado sus máximos esfuerzos para combatir la delincuencia.

Nadie ha supuesto que, por el hecho de que Carabineros durante el régimen anterior dependía del Ministerio de Defensa, el Gobierno no actuaba con la suficiente diligencia o eficiencia en el combate contra la delincuencia. Por lo tanto, no existe una relación causal entre la dependencia de Carabineros del Ministerio de Defensa y la eficacia para atacar la delincuencia, de parte de las autoridades de Gobierno. No lo demuestra así la experiencia que hemos tenido durante el Gobierno pasado y el actual.

Además, existe hoy, a través de la Ley Orgánica de Carabineros, normas que expresamente establecen la facultad de coordinar la acción de Carabineros con las autoridades encargadas del orden público. Señalar que éstas no tienen las herramientas necesarias para combatir la delincuencia o resguardar la seguridad pública, significaría que ha sucedido uno de dos fenómenos, que son extremadamente graves. El primero de ellos, que el Ministro del Interior no ha actuado con la debida diligencia para coordinar la acción de Carabineros en la materia que le es propia, la seguridad del orden público, existiendo las herramientas legales para que el señor Ministro efectúe esa coordinación; o quizás algo mucho más grave aún: que Carabineros no ha sabido responder a esa coordinación con que el Ministro del Interior pueda dotarlo o a esa dependencia o relación que Carabineros debe tener con el Ministerio del Interior para los efectos del orden público. Ambas situaciones son extremadamente graves. Por lo tanto, si se insiste en establecer un nexo causal en cuanto a que el Ministerio de Defensa y no el Ministerio del Interior no tiene las herramientas necesarias para garantizar el orden público, porque Carabineros depende del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior, tendríamos que concluir, a la luz de las normas existentes, que uno de ambos ha cometido una grave irresponsabilidad o ha incurrido en una grave falta o que no ha ejercido sus facultades para el efecto de garantizar el orden público y coordinarse con Carabineros, o bien, Carabineros no ha obedecido al Ministro del Interior en el ejercicio de esas facultades. Nadie podría afirmar que eso es lo que ha sucedido en estos dos años durante el actual Gobierno. Por lo tanto, el nexo causal no existe.

Finalmente, también hay que tener presente que si se insiste en esa argumentación, de rechazarse esta reforma cómo es posible, quedaríamos en la situación de que el Ministerio del Interior (o el Ministro del Interior), no estaría en condiciones, porque le faltarían las herramientas legales de garantizar la seguridad pública, lo que, obviamente, lo imposibilitaría para ejercer su cargo.

Por lo tanto, queda demostrado en el pasado que el establecimiento de este nexo causal no es real. Por las disposiciones legales actuales, sólo podríamos concluir que alguien está incurriendo en una grave falta en sus deberes. Y si lo aplicamos hacia el futuro, en caso de rechazarse la reforma constitucional, habría una autoridad que nos estaría confesando que no tiene las herramientas legales para cumplir las funciones que se le han encomendado, y, por lo tanto, estaría inhabilitada para el ejercicio de su cargo.

Además, quiero aducir otro argumento. Si se establece que la Oposición actúa en forma incoherente, porque reclamaría por la situación de orden público y de delincuencia en el país y rechazaría algunas de las proposiciones que el Presidente de la República ha planteado como medida legislativa, precisamente para combatir la delincuencia ¿cómo podrán responder los sectores de la Concertación acerca del retiro por el Gobierno del proyecto de ley del Presidente de la República que rebajaba la responsabilidad penal de 16 a 14 años de edad? ¿Acaso son incoherentes o inconsecuentes por ello? ¿O necesariamente las proposiciones del Presidente de la República, para los efectos de ser consecuente entre lo que uno denuncia y lo que uno quiere, las tenemos que aprobar a fardo cerrado?

Nuestra capacidad de legislar consiste en determinar, libremente, aquello que nos parece bien o aquello que nos parece mal de las proposiciones gubernativas. Y eso es igualmente válido para la Concertación como para los partidos de la Oposición, y se aplica igual analogía a quienes han rechazado el proyecto de rebajar la edad, como a quienes estamos rechazando el proyecto de la doble dependencia de Carabineros. Ambos somos coherentes en cuanto a lo que creemos que debe hacerse y a las medidas que consideramos adecuadas para solucionar los problemas.

Pero no se nos puede acusar de incoherencia por no aceptar, a fardo cerrado, lo que el Gobierno propone.

En segundo lugar, se ha planteado lo han dicho el Diputado señor Bosselin y algunos otros señores parlamentarios que este proyecto viene a consolidar el sistema democrático.

Yo no sé si habrá pasado algo hoy en la mañana, pero no hemos sido informados de que el Ministro de Defensa no ha sido designado por el Presidente de la República o de que el Ministro del Interior sea más democrático que el Ministro de Defensa, o de que la dependencia de uno y otro haga más democrático el sistema. No me he impuesto de ninguna noticia en la mañana que me permita afirmar que las facultades del Ministro de Defensa no están establecidas en la Constitución ni en las leyes correspondientes, o que el Ministro del Interior es más democrático que el de Defensa.

Por lo tanto, creo que cuando se afirma algo similar hay que atenerse a las consecuencias de lo que se señala.

Por último, como se está planteando una dependencia mixta, estaríamos dentro de un proceso de consolidación de la democracia también mixto. Entonces, hemos consolidado a medias la democracia con este proyecto, porque todavía queda una parte que depende del Ministerio de Defensa.

Creo que la argumentación se sustenta por sí sola. Finalmente, se ha argumentado con algo que siempre usan los sectores de la Concertación: de que esto ocurre en todo el mundo, menos en Chile. Es un argumento bastante repetido, y cuando incluimos a España, llegamos ya al máximo Evangelio de la verdad revelada, en cuanto a lo que debiéramos hacer en nuestro país.

Es cierto que el hecho de que Carabineros dependa del Ministerio de Defensa puede ser una particularidad única en Chile; pero está inserto dentro de un elemento también muy particular: que Carabineros, por disposición de la Constitución, se une a las Fuerzas Armadas en carácter de garante de la institucionalidad. Como eso no se modifica en la reforma, entiendo que es aceptado, a lo menos, por ahora.

Por consiguiente, no se puede utilizar como contraargumento, para los efectos de postular que Carabineros debiera depender el Ministerio del Interior y no del de Defensa, el hecho de que así ocurra en otros países. En ningún otro país Carabineros se une a las Fuerzas Armadas como garante de la institucionalidad y, por eso, en Chile, la Constitución señala, dentro de una estructura armónica, que depende del Ministerio de Defensa. Si se quiere hacer una reforma real, consecuente y lógica, partamos del fundamento, no del efecto.

En consecuencia, no existen, a nuestro juicio, razones valederas que fundamenten técnicamente el proyecto; no vemos que exista relación alguna con una mayor consolidación democrática, como se ha señalado; ni menos que pueda existir un vínculo causal entre la dependencia, de Carabineros, del Ministerio del Interior y el combate eficaz contra la delincuencia.

Por eso, rechazaremos esta reforma constitucional, por no considerarla ni técnica, ni oportuna, ni necesaria para combatir la delincuencia, ni menos para la consolidación democrática del país.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, creo que nuestra sociedad, nuestra cultura y tradición tenían hasta 1973 clara concepción del papel de Carabineros e Investigaciones, siempre considerados como fuerzas de orden, cuyos objetivos eran el mantenimiento de la seguridad, la tranquilidad y de orden público. Pero en 1974, con motivo de las circunstancias históricas vividas, que lamentamos aunque no por ello somos incapaces de entender, dada la contingencia que se vivía, variaron el destino y el papel de Carabineros, institución a la que me referiré en esta intervención.

En 1984, se escribía lo siguiente: "Con motivo de la vigencia de la Carta Constitucional, Carabineros de Chile ha quedado, en definitiva, como integrante de las Fuerzas Armadas y ha pasado a depender del Ministerio de Defensa Nacional, sin ser considerado en absoluto en igualdad de condiciones con las tres fuerzas básicas de la Defensa, lo que ciertamente es obvio. En los primeros años podía justificarse, ya que la situación de emergencia del país aconsejaba una unión y cooperación acendrada.

Pasado un período adecuado han surgido en diferentes ámbitos de opinión concepciones distintas sobre esta dependencia." Y agrega el autor: "El Mercurio", en su editorial de 25 de noviembre de 1981, analiza las atribuciones propias de la policía uniformada y, luego de reflexiones y consideraciones de fondo, concluye en que es aconsejable que Carabineros en razón de sus actividades y atribuciones, pase a depender del Ministerio del Interior. Destaca aspectos generales que no hacen aconsejable que pase a depender del Ministerio del Interior. Destaca aspectos generales que no hacen aconsejable persistir en su dependencia al Ministerio de Defensa Nacional, dados los ámbitos diferentes en que deben desempeñar sus funciones. Destaca interesantes aspectos en que se enmarcan los procedimientos policiales y su inconveniencia a adaptarlos al criterio más rígido, de absoluta obediencia que caracterizan a un mando militar. La policía precisa de un ambiente más bien amplio, en el cual se barajen alternativas de buen criterio en las cambiantes situaciones en que actúa.".

Carabineros se incorporó a la represión, a la lucha contra el que considerará enemigo: prestó sus hombres a los organismos más siniestros del país: la Dina y la CNI. La doctrina de seguridad nacional campeó sin obstáculos y la institución, hecha para la paz, se convirtió en importante apoyo para quienes sostenían la lógica de la guerra.

El mismo autor dice lo siguiente: "La dictadura se sirve y se aprovecha de la institución policial. Esta, con cierta ceguera de sus directivos, no reacciona favorablemente dentro de lo que le exige la ciudadanía de ser garante de sus derechos. Carabineros se olvida del más numeroso ambiente ciudadano, y se preocupa por cumplir con entrega total su servicio al Estado. Solamente priman los puntos de vista del Gobierno se refiere a la dictadura. Y sin quererlo, la enmarcan por un rumbo conflictivo que le ocasionará daños irreparables. Es la fuerza violentamente utilizada en los casos de Lonquén, Yumbel, Cuesta Barriga; el de los sicópatas de Viña. Posteriormente, los sangrientos sucesos en que se ve vinculado su organismo Dicomcar, los numerosos casos de muerte de estudiantes, pobladores, etcétera, en los que son ya claramente inculpados por tribunales, van marcando a la institución. Pero la institución es algo más que un nombre. Son miles de funcionarios, son sus familias; entre ellos, hijos que van a la escuela, al liceo, a la universidad y observan un mundo diferente, y que, quiéranlo o no, sufren esta dicotomía que les es injusta y dolorosa. La institución continúa este autor es también tradición y pertenece a los miles de funcionarios, muchos ya desaparecidos, otros, en retiro, que entregaron sus valiosos esfuerzos por engrandecerla, hacerla útil y profesional.

"Todo ello el Estado poderoso lo olvida. Su interés es servirse al máximo de ella, no importando mayormente que se desprestigie. Como consecuencia de ello, la institución adquiere notoriedad nacional, pero negativa. La ciudadanía se siente asombrada por sus actividades que caen en un terreno en el que jamás se imaginó. Su prestigio internacional desaparece".

Estas citas fueron escritas por un antiguo oficial de Carabineros, lamentablemente fallecido, don Héctor Jacob Sánchez, un hombre orgulloso de su institución y que murió lamentando la situación en que ésta se encontraba.

Carabineros, dependió siempre del Ministerio del Interior, salvo durante el Gobierno Militar.

Aprovecho de agradecer al Diputado señor Bartolucci por estimar que la dependencia, por lo menos, es debatible, a diferencia del Diputado señor Navarrete, que anteriormente planteó poco menos que un dogma de fe.

Por eso, son extrañas las razones prácticas que el General Director de Carabineros según el informe que los señores Diputados tienen en su poder dio para seguir en Defensa: "los elementos con que se trabaja, como aviones y embarcaciones menores, cuya utilización requiere de permisos especiales que es más expedito obtener estando en ese Ministerio; el régimen previsional, que es similar al de las Fuerzas Armadas y que desean mantener; el sistema de nombramientos, ascensos y retiros, etc.".

Una última cita del distinguido ex oficial señor Jacob: "las Fuerzas Armadas tienen como misión la defensa de un país con esto respondo al Diputado que afirmó que era igual pertenecer al Ministerio de Defensa o al del interior, para lo cual se preparan anímica y formalmente para el aniquilamiento, destrucción y neutralización de las fuerzas enemigas, formándoseles una mentalidad acorde con estas necesarias funciones. La policía en cambio, tiene como meta el cumplimiento y acatamiento de la ley y el orden a connacionales y avecindados. Para ello, le es también necesaria la formación de una mentalidad aplicable al esquema de trabajo, que posea flexibilidad, capacidad de persuasión y adecuación a los medios. Ambas posiciones, la de los institutos armados y la de la policía, no siempre pueden o deben ser coincidentes.

"Preocupa desde hace algún tiempo a esta parte, el carisma negativo que ofrece el policía. Armado más allá de lo conveniente, actúa aparentemente con el deseo de amedrentar, más que de persuadir. El uso de la metralleta desmejora su imagen de policía benefactor y amigo confiable. Cuesta acercarse a un carabinero concluye Jacob para pedirle una atención profesional cuando éste, con gesto duro, como corresponde a "su circunstancia", golpea con las manos y hace sonar su temida arma. Se experimenta un sentimiento de rechazo al acercarse a efectuarle una pregunta.".

¿Con qué razón puede exigirse al Gobierno una mano más eficaz contra la delincuencia o el terrorismo, si el Ministerio del Interior no tiene las facultades para dirigir la lucha contra estos flagelos? No debe olvidarse que el proyecto se halla inserto en un programa global ofrecido por el Gobierno a la ciudadanía, en su esfuerzo por lograr la paz social. Negar estos medios significa que los responsables de su rechazo deberán responder ante la ciudadanía por su obcecación, su incapacidad para entender el momento que vive el país y su falta de visión, en contraposición al esfuerzo angustioso por preservar el sistema democrático.

Como se ha repetido esta tarde, siempre Carabineros dependió del Ministerio del Interior y no hubo politización. ¿Por qué hoy ha surgido este temor, en presencia de un Gobierno honesto, eficiente, que está echando las bases del sistema en que todos estamos participando? Carabineros debe volver a sus orígenes, a sus raíces.

Con la aprobación del proyecto de reforma constitucional, tenemos la certeza de que quienes quieran conocer la historia futura de Carabineros lo harán en textos escritos por especialistas y estudiosos. Nunca más en la crónica roja o en la historia oculta de una dictadura, que desearíamos no haber vivido.

Los Diputados radicales votaremos favorablemente el proyecto.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Honorable señor Campos.

El señor CAMPOS.-

Señor Presidente, los Diputados radicales votaremos favorablemente este proyecto de ley, como ya lo expresó en la discusión general el Diputado señor Rocha, por cuatro razones.

En primer lugar, como se ha reiterado varias veces, simplemente se trata de reconocer, desde el punto de vista jurídico constitucional, una situación que ya existe de hecho en nuestro país desde hace bastante tiempo.

En segundo término, porque esta iniciativa del Gobierno se inserta claramente dentro de las medidas que el Supremo Gobierno está implementando y que tienen por objeto robustecer la cantidad de recursos que requiere el Poder Ejecutivo para mantener el orden público.

En tercer lugar, como se expresa en el oficio enviado por el General Stange al Ministro del Interior, Carabineros de Chile también está de acuerdo con esta iniciativa.

Por último, votaremos favorablemente por cuanto estimamos que no es efectivo el argumento constitucional dado por algunos colegas, en el sentido de que, en última instancia, Carabineros de Chile, más que depender de un Ministerio determinado, dependería de Su Excelencia el Presidente de la República, en conformidad con lo previsto en el artículo 24, de la Constitución, que dice: "El gobierno y la administración del Estado corresponden al Presidente de la República, quien es el Jefe del Estado.

"Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.".

El decreto con fuerza de ley N° 7.912, de 5 de diciembre de 1927, que es la Ley Orgánica de los Ministerios, determina específicamente que le corresponde al del Interior todo lo relativo a la mantención de la tranquilidad y el orden público.

En consecuencia, la facultad o el derecho que establece el artículo 24 de la Constitución Política del Estado, se vincula con el resto de nuestro ordenamiento jurídico; y desde hace muchos años que la Ley Orgánica de los Ministerios está señalando que el orden público depende del aludido Ministerio del Interior.

En consecuencia, señor Presidente, y más allá de los sofismas y silogismos que hemos escuchado en esta oportunidad, creemos que este proyecto de reforma constitucional es conveniente para el país y para la nación; lo desea Carabineros de

Chile, y está inserto en las políticas que el Gobierno necesita para controlar el orden público.

Por tal razón, los Diputados radicales y socialdemócratas lo vamos a votar favorablemente.

Mi voto es sí, señor Presidente.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, sin perjuicio de los fundamentos que se expusieron durante el debate y que motivan que esta bancada vote en contra de este proyecto de ley de reforma constitucional, quiero señalar y precisar sus principales causas:

En primer lugar, Carabineros pertenece hoy día al Ministerio de Defensa, porque, además de la función de dar eficacia al derecho y de garantizar el orden público, la Constitución le confiere una facultad nueva, que no tenía en el pasado, cual es la de garantizar el orden institucional de la República. Esa facultad la ejerce en conjunto con las demás ramas de las Fuerzas Armadas, y todas ellas dependen única y exclusivamente del Ministerio de la Defensa Nacional.

Por lo tanto, la dependencia de Carabineros de ese Ministerio es de la esencia para que pueda cumplir la función que la Constitución le ha otorgado: garantizar la institucionalidad de la República.

En segundo lugar, un principio elemental de administración demuestra que una institución policial jerarquizada no puede ni debe tener una doble dependencia, que sólo contribuirá a una mayor descoordinación y no a una mayor eficacia en la acción policial.

En tercer lugar, más allá del Ministerio que corresponda, quien tiene la responsabilidad de la seguridad interior y exterior del Estado es el Presidente de la República, y por lo tanto, él delega en cualquiera de los Ministerios las facultades que la Constitución le ha otorgado.

En cuarto lugar, el artículo 33 de la Constitución expresamente señala que se faculta al Presidente de la República para dictar todas las normas de orden reglamentario que estime conveniente para coordinar las funciones que cumplen los Ministerios. De manera que si hay alguna facultad de Carabineros que estime que debe ser cumplida por el Ministerio del Interior, puede hacerlo perfectamente por la vía reglamentaria, sin necesidad de afectar la dependencia actual del Ministerio de Defensa.

En quinto lugar, la legislación extranjera, como ocurre en el caso de Francia respecto de la Gendarmería Nacional, que se asimila a la situación de Carabineros, demuestra que al depender del Ministerio de Defensa, perfectamente puede coordinar su acción de seguridad pública a través, como he señalado, de normas reglamentarias, siendo falso el argumento de que en todas partes del mundo depende del Ministerio del Interior.

En último término, Carabineros también tiene que relacionarse con otros Ministerios, como el de Transportes y Telecomunicaciones, en lo que dice relación con el parque automotriz, y el Ministerio de Salud, respecto de todos los problemas de la salud pública.

Con el criterio que quiere implantar el Ejecutivo, Carabineros tendría que depender de todos los Ministerios del Gobierno.

Por esas razones, nos parece que una modificación de esta naturaleza, lejos de hacer más efectiva la acción policial, la entorpecería; y su único propósito, más allá de las inspiraciones correctas o incorrectas que animen al Gobierno, no es conducente para un país que requiere una política nacional contra la delincuencia y no medidas que no solucionarán el flagelo que hoy día afecta a nuestra sociedad.

He dicho.

El señor MOLINA.-

Señor Presidente, fundamentaré el voto de la bancada del Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Humanista.

Votaremos favorablemente este proyecto. Pero, en nuestra opinión, la reforma constitucional sobre esta materia debería ser más drástica, ya que debiera devolver la dependencia de Carabineros y de Investigaciones al Ministerio del Interior en forma total y absoluta, como ha sido históricamente en la democracia chilena. Hemos formulado indicación en ese sentido y continuaremos haciéndolo.

Sin embargo, estimamos que este proyecto es un paso adelante en esa dirección. Por esta razón, sabiendo que no existen condiciones objetivas para avanzar más rápido, y que en el Senado los señores Senadores designados seguramente tendrán posiciones contrarias a esta iniciativa, avanzaremos por este proceso legislativo hasta llegar a esa meta.

El orden y la seguridad ciudadana en el Estado democrático dependen del Gobierno y, en particular, del Ministerio del Interior.

Cuando Carabineros fue adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, el propio decreto N° 444, que estableció esa dependencia, lo hizo fundado en razones que en definitiva se enmarcan en la doctrina de la seguridad nacional, felizmente superada, que consagra la hegemonía de los institutos militares sobre la sociedad civil.

En consecuencia, la lógica contenida en esa dependencia era autoritaria y antidemocrática, pues pretendía, llevar adelante en una sola mano la lucha contra la delincuencia y, a la vez, la lucha antisubversiva que derivó en lo que se llamó la "guerra sucia", que tan tristes recuerdos dejó en América Latina.

Nuestra idea se basa en que al restablecer la dependencia del Ministerio del Interior, consolidaremos el estado de derecho, la defensa de los derechos humanos, la libertad y la dignidad de las personas. Este no es un proyecto que pase marginalmente por estas ideas centrales. El restablecimiento de Carabineros e Investigaciones a una línea jerárquica civil, fundado en el estado de derecho democrático, nos parece clave.

La Oposición, a través de su negativa, busca colocar al Gobierno en una posición imposible. Por un lado, lo ataca por no disponer de todos los elementos necesarios para combatir la delincuencia y, por otro, le niega esta herramienta elemental, constitucionalmente establecida, de organizar adecuadamente la seguridad y la paz ciudadanas a través de su tuición sobre Carabineros e Investigaciones.

En definitiva, se está aprovechando políticamente de una situación en la cual el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, hace presente a la Cámara dramáticamente la necesidad de contar con esos elementos. Se los niegan, pero lo atacan, porque no tendría una política de seguridad ciudadana.

Si consideramos, además, los brotes delictuales que en estos momentos se manifiestan dramáticamente en Santiago, pensamos que hoy más que nunca el Ministerio del Interior debe tener la tuición y coordinación que la Oposición le está negando.

Por las razones anteriores, con todo énfasis nuestra bancada vota positivamente el proyecto.

Voto que sí.

El señor ORTEGA.-

Señor Presidente, en nombre de uno de los Comités de la Democracia Cristiana, anuncio que votaremos a favor del proyecto.

En primer lugar, estimamos que en el orden legal, lo que preceptúa es un principio elemental de coherencia: la Constitución "Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior...". Por su parte, la Ley de Ministerios dispone que al del Interior le corresponde la mantención de la seguridad, la tranquilidad y el orden público.

En segundo lugar, la coherencia implica que en una buena administración a pesar de lo que diga el Diputado señor Espina la dependencia es más eficiente que la coordinación. La dependencia funcional que se reclama es obviamente una garantía de eficiencia justamente para aquellos que reclaman mayor capacidad del Gobierno en su lucha contra el terrorismo y la delincuencia.

En tercer lugar, queremos consignar nuestra protesta, porque de las palabras del Diputado señor Navarrete se desprende una abierta insinuación a la deliberación.

El Cuerpo de Generales de Carabineros, ha dado a conocer en forma clara su opinión institucional frente a este tema.

Por lo tanto, no se puede decir en esta Cámara que hay jóvenes oficiales de Carabineros que se oponen a esta medida.

Por último, en respuesta a las palabras del Diputado señor Chadwick, quiero señalar que si existe libertad para decidir lo que parece bien o mal, yo reivindico para esta bancada la libertad de denunciar la incoherencia de la Oposición.

Voto favorablemente.

El señor PALESTRO.-

Agradezco a la Derecha que en un gesto de generosidad me permita hacer uso de la palabra, porque así los que hemos luchado durante tantos años, tenemos la posibilidad de decir algo que puede incidir o no en el resultado de este debate.

Según mi memoria, cada vez que el Ejército ha salido a la calle ha habido víctimas, lo que puedo afirmar con fechas muy claras, aparte de las que ocasionó después del golpe de 1973.

Es increíble que exista una mala imagen de Carabineros. Si hacemos un poco de historia, antes de septiembre de 1973 esa institución jamás intervino en alguna masacre o en algún crimen colectivo. Es increíble que sólo cuando las Fuerzas Armadas salieron a la calle a reprimir se hayan producido esos hechos tan graves, sobre los cuales puedo repito darles las fechas y ustedes los podrán constatar en la prensa de aquel tiempo.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

He conversado con un oficial del servicio de la Cámara y le he planteado que a nosotros nos gustaría ver a Carabineros como antes del golpe, insertos en el trabajo de las poblaciones, participando como dirigentes de los clubes deportivos de su barrio, yendo por la calle del brazo de sus vecinos, sin escapar como verdaderos delincuentes u obligados a vestir de civil en las calles por temor a recibir alguna repulsa.

Todas esas cosas han pasado y por lo tanto, creo que podemos ayudar a que...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó el tiempo de Su Señoría.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALESTRO.-

Carabineros recupere de una vez por todas el aprecio y el cariño del pueblo. Por eso, estimo debe estar directamente bajo el mandato del Ministerio del Interior, como ha sido tradicional.

Voto que sí.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, vamos a aprobar esta medida a sabiendas de que no es lo que quisiéramos. Efectivamente, el programa de la Concertación por la Democracia y nuestro propio pensamiento indican la conveniencia de que Carabineros e Investigaciones dependan institucionalmente del Ministerio del Interior en todo lo que a ellas compete.

En este caso, hemos aceptado la fórmula propuesta por razones similares a las expresadas por el Diputado señor Molina al fundamentar su voto.

Consideramos que este proyecto de reforma constitucional es parte de un conjunto de medidas que abordan seriamente el problema de seguridad ciudadana por primera vez en más de 17 años. Así la aprobación de esta iniciativa constituye una parte fundamental de lo que será la superación de los problemas de delincuencia, del narcotráfico y del terrorismo que existen en el país, sobre cuyo origen no se puede responsabilizar al actual momento político.

Por otra parte, hemos escuchado la opinión institucional de Carabineros, que está de acuerdo con esta reforma constitucional.

No quiero profundizar más en los juicios entregados por el Diputado señor Ortega respecto de la intervención del Diputado señor Navarrete, en cuanto a la presunta deliberación de oficiales jóvenes de Carabineros, que sería considerado por las bancadas de la Derecha en mayor medida que la opinión institucional.

En el debate desarrollado en la Cámara no se ha dado argumento alguno de carácter técnico en contra del cambio de esta dependencia.

Varios señores DIPUTADOS ¡Cómo que no!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor PALMA (don Andrés).-

El Consejo de Seguridad Nacional es aquel que garantiza, o en el cual las Fuerzas Armadas...

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, tengo cinco minutos.

Protestas en la Sala.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

No, señor Diputado.

El señor PALMA (don Andrés).-

Según el Reglamento, a cada Comité le corresponden cinco minutos. La Democracia Cristiana tiene cuatro Comités, y no uno.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Reglamentariamente no es así.

En todo caso termine su idea rápidamente, señor Diputado.

El señor PALMA (don Andrés).-

Gracias, señor Presidente.

Lo manifestado por la UDI y por el Diputado señor Espina, en cuanto a que Carabineros debe permanecer en el Ministerio de Defensa por ser garante de la defensa nacional junto con las demás ramas no refleja al estar estas otras en dicho Ministerio, su participación en esa Cartera, sino en el Consejo de Seguridad Nacional.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Emita su voto, señor Diputado.

El señor PALMA (don Andrés).-

En definitiva, vamos a votar afirmativamente, porque el proyecto se inserta en el objetivo nacional de la lucha por el orden y la seguridad ciudadana.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto de rechazo a esta iniciativa. Dentro de lo mucho que hay que decir, voy a tocar un punto que acaba de mencionar el honorable señor Palma que hoy día provoca confusión para aprobar el proyecto: la condición de garantes de la constitucionalidad que la Carta Fundamental asigna a Carabineros de Chile, la cual está dada en su participación dentro del Consejo de Seguridad Nacional. Ella se ve seriamente afectada con un proyecto como éste, ya que hay una clara intervención de parte del Ministerio al cual le compete velar real y efectivamente por el orden y la situación de política interna del país.

Sin duda alguna, ése es el punto más delicado en el que se fundamenta nuestro voto de rechazo. Consideramos que este proyecto no logrará concretar su objetivo, ni arreglará lo que pretende corregir.

Finalmente, lamento profundamente la poca memoria del colega señor Palestro, porque a él muchas veces se le oyó gritar y fomentar una odiosidad contra Carabineros, a los que hoy intenta defender. ¡Esto sí que es incomprensible!

Voto que no.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, deseo fundamentar mi voto.

El señor VIERA-GALLO (Presidente).-

Tiene la palabra, Su Señoría.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, el Gobierno presentó este proyecto de reforma constitucional con el objeto de garantizar en mejor forma el orden público y la seguridad ciudadana en nuestro país. Esto es indudable, más allá de las descalificaciones contenidas en diversas intervenciones de la Oposición, alguna de las cuales rayan, francamente en una actitud sediciosa.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor YUNGE.-

Este Ejecutivo ha dado un respaldo verdaderamente inédito a Carabineros e Investigaciones, ambas instituciones policiales. Prueba de ello es que durante los cuatro años de este Gobierno se crearán 6.400 nuevas plazas en la policía uniformada de Carabineros, lo que representa un aumento del 20 por ciento de la dotación de la institución, a diferencia de lo que aconteció durante los 17 años del gobierno pasado. Además, se le entregará un aporte extraordinario de 10 mil millones de pesos para equipamiento e instalaciones.

Por otra parte, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones han expresado una opinión favorable respecto de esta reforma.

Es absurdo argumentar que Carabineros de Chile debe coordinarse con los Ministerios de Salud y de Transportes de acuerdo con la actual legislación, porque se les pone al mismo nivel que el Ministerio del Interior, el cual es responsable de la seguridad ciudadana.

Estamos por la reforma porque con ella el Gobierno podrá cumplir su política de seguridad pública en beneficio del país.

Votar contra esta iniciativa, sin dar razones de peso, es obstruir la labor que el Gobierno está obligado a realizar; significa no instrumentalizar el tema de la seguridad ciudadana, lo que será repudiado por todos los chilenos.

La Oposición se ha puesto una vez más de espalda a la historia, añorando el pasado felizmente superado por nuestro país.

Voto que sí.